Datasets:

NCube

/

europa-random-split

like 0

Follow

Neural Network Nomads (We are GLOSS) 4

62017CJ0601

es

La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) n. o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n. o 295/91 ( DO 2004, L 46, p. 1 ). Esta petición se presentó en el marco de un litigio seguido entre los Sres. de Harms y sus cuatro hijos, por un lado, y Vueling Airlines, S.A., por otro, en relación con el reembolso del precio de billetes comprados con la intermediación de Opodo Ltd. Marco jurídico El artículo 2, letra f), del Reglamento n. o 261/2004 define el término «billete» como «todo documento válido que dé derecho al transporte, o su equivalente en forma no impresa, incluida la electrónica, expedido o autorizado por el transportista aéreo o por su agente autorizado». El artículo 5 del Reglamento, titulado «Cancelación de vuelos», establece lo siguiente en su apartado 1: «En caso de cancelación de un vuelo: a) el transportista aéreo encargado de efectuar el vuelo ofrecerá asistencia a los pasajeros afectados conforme al artículo 8 […] […]». El artículo 8 de ese mismo Reglamento, titulado «Derecho al reembolso o a un transporte alternativo», prevé lo siguiente en su apartado 1: «Cuando se haga referencia a este artículo, se ofrecerán a los pasajeros las opciones siguientes: a) – el reembolso en siete días, según las modalidades del apartado 3 del artículo 7, del coste íntegro del billete en el precio al que se compró […] – un vuelo de vuelta al primer punto de partida […] […]». El artículo 10 del mismo Reglamento, titulado «Cambio de clase», establece lo siguiente en su apartado 2: «Si un transportista aéreo encargado de efectuar un vuelo acomoda a un pasajero en una plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el billete, en siete días, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 7, reembolsará: a) el 30 % del precio del billete del pasajero para todos los vuelos de 1500 kilómetros o menos, o b) el 50 % del precio del billete para todos los vuelos intracomunitarios de más de 1500 kilómetros […] y para todos los demás vuelos de entre 1500 y 3500 kilómetros, o c) el 75 % del precio del billete para todos los vuelos no comprendidos en a) o en b) […]». Litigio principal y cuestión prejudicial El Sr. Harms compró en el sitio web opodo.de billetes con los que viajar con su esposa y sus cuatro hijos desde Hamburgo (Alemania) hasta Faro (Portugal), con escala en Barcelona, en un vuelo realizado por la compañía aérea Vueling Airlines. Opodo facturó al Sr. Harms por dicha compra la cantidad de 1108,88 euros, enviándole una confirmación a tal efecto en la que se indicaba el importe en cuestión sin más precisiones. Opodo remitió paralelamente a Vueling Airlines la cantidad de 1031,88 euros. Sin embargo, el vuelo que debía tomar la familia de Harms no se realizó con arreglo al plan de viaje establecido por Vueling Airlines, y según el tribunal remitente dicha situación debe asimilarse a su cancelación a efectos del Reglamento n. o 261/2004. En nombre propio y en el de sus cuatro hijos, los Sres. de Harms sostienen ante el tribunal remitente que, en virtud del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n. o 261/2004, la compañía Vueling Airlines está obligada a reembolsarles la totalidad de los 1108,88 euros que les facturó Opodo. Vueling Airlines no rebate dicha reclamación en lo que atañe a los 1031,88 euros que le remitió Opodo, que indica que son el precio de los billetes que compró el Sr. Harms. Por el contrario, estima que no tiene que reembolsarle la diferencia entre dicha cantidad y los 1108,88 euros que percibió Opodo, alegando que esa diferencia de 77 euros no es parte del precio mencionado. Así las cosas, el Amtsgericht Hamburg (Tribunal de lo Civil y Penal de Hamburgo, Alemania) acordó suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la cuestión prejudicial siguiente: «¿Debe interpretarse la expresión “reembolso […], según las modalidades del apartado 3 del artículo 7, del coste íntegro del billete en el precio al que se compró”, recogida en el artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n. o 261/2004, en el sentido de que se refiere a la cantidad que ha abonado el pasajero por el billete o únicamente a la cantidad percibida efectivamente por la compañía aérea, cuando en el proceso de reserva ha intervenido una empresa intermediaria que ha cobrado la diferencia entre lo pagado por el pasajero y lo percibido por la compañía aérea, sin exponer abiertamente este extremo?» Sobre la cuestión prejudicial Mediante su cuestión prejudicial el tribunal remitente pregunta en esencia si el Reglamento n. o 261/2004, y concretamente su artículo 8, apartado 1, letra a), deben interpretarse en el sentido de que el precio del billete que se tomará en consideración a la hora de calcular el importe del reembolso que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de cancelación del vuelo incluye la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida por dicho transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una persona que participó como intermediaria entre ambos. A tenor del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n. o 261/2004, en relación con su artículo 5, apartado 1, letra a), corresponderá al transportista aéreo ofrecer como asistencia a los pasajeros afectados, en caso de cancelación del vuelo, el reembolso del coste íntegro de su billete al precio al que se compró y, llegado el caso, un vuelo de vuelta al primer punto de partida. La formulación del artículo 8, apartado 1, letra a), del Reglamento n. o 261/2004 vincula directamente el concepto de «billete» con la expresión «coste íntegro […] al precio al que se compró», ya que dicho billete puede ser adquirido por los pasajeros afectados tanto directamente al transportista aéreo como pasando por un intermediario que bien puede ser el agente autorizado al que se refiere el artículo 2, letra f), del mismo Reglamento. Cuando con tal motivo un intermediario de esas características percibe de un pasajero una comisión, como sucede en el litigio principal, se plantea la cuestión de si dicha comisión es un elemento integrante del precio del billete que el transportista aéreo en cuestión ha de reembolsar a ese pasajero en caso de cancelación del vuelo de que se trate y, de ser así, en qué medida lo es. Sobre ese particular, resulta oportuno señalar a nivel general que entre los objetivos del Reglamento n. o 261/2004 está no solo salvaguardar un elevado nivel de protección de los pasajeros sino también garantizar un equilibrio entre los intereses de esos mismos pasajeros y los de los transportistas aéreos (sentencia de 19 de noviembre de 2009, Sturgeon y otros, C‑402/07 y C‑432/07 , EU:C:2009:716 , apartado ). Procede entender a la vista de esos objetivos que, si bien en principio debe considerarse que la comisión que el intermediario percibe del pasajero en la venta del billete es un elemento integrante del precio que ha de reembolsarse a dicho pasajero en caso de cancelación del vuelo en cuestión, tal inclusión estará sujeta a determinados límites, habida cuenta de que es contraria a los intereses de los transportistas aéreos. En relación con este último particular, con arreglo al artículo 2, letra f), del Reglamento n. o 261/2004 el «billete» es un documento o equivalente no impreso, incluido el electrónico, expedido o autorizado por un transportista aéreo o por un agente autorizado por este. De dicha definición se desprende que en cualquiera de los casos los distintos aspectos del billete (también su precio) deben haber sido autorizados por el transportista aéreo, si es que el billete no ha sido expedido por este, y que por tanto no pueden fijarse a sus espaldas. Esa interpretación se ve corroborada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, de la que se desprende que el reembolso parcial del «precio del billete» que se establece en el artículo 10, apartado 2, letras a) a c), del Reglamento n. o 261/2004 para el caso de que el transportista aéreo acomode al pasajero en una plaza de clase inferior a aquella por la que se pagó el billete debe calcularse tomando únicamente en consideración los elementos de ese precio que sean «inevitables», en el sentido de que resulte necesario abonarlos para disfrutar a cambio de los servicios ofrecidos por el transportista aéreo (sentencia de 22 de junio de 2016, Mennens, C‑255/15 , EU:C:2016:472 , apartado ). Pues bien, no puede considerarse que un elemento del precio del billete que se haya fijado a espaldas del transportista aéreo resulte necesario para disfrutar de los servicios por este ofrecidos. Habida cuenta de todos los argumentos anteriores, ha de contestarse a la cuestión prejudicial planteada que el Reglamento n. o 261/2004, y concretamente su artículo 8, apartado 1, letra a), deben interpretarse en el sentido de que el precio del billete que se tomará en consideración a la hora de calcular el importe del reembolso que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de cancelación del vuelo incluye la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida por dicho transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una persona que participó como intermediaria entre ambos, salvo si esa comisión se fijó a espaldas del transportista aéreo, extremo este que corresponde comprobar al tribunal remitente. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de incidente promovido ante el órgano jurisdiccional remitente, corresponde a este resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: El Reglamento (CE) n. o 261/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2004, por el que se establecen normas comunes sobre compensación y asistencia a los pasajeros aéreos en caso de denegación de embarque y de cancelación o gran retraso de los vuelos, y se deroga el Reglamento (CEE) n. o 295/91, y concretamente su artículo 8, apartado 1, letra a), deben interpretarse en el sentido de que el precio del billete que se tomará en consideración a la hora de calcular el importe del reembolso que el transportista aéreo adeuda al pasajero en caso de cancelación del vuelo incluye la diferencia entre la cantidad abonada por dicho pasajero y la recibida por dicho transportista aéreo, cuando tal diferencia corresponda a la comisión percibida por una persona que participó como intermediaria entre ambos, salvo si esa comisión se fijó a espaldas del transportista aéreo, extremo este que corresponde comprobar al tribunal remitente. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.

62007TJ0144

ro

Prezenta cauză are ca obiect o serie de cereri de anulare a Deciziei C(2007) 512 final a Comisiei din 21 februarie 2007 privind o procedură prevăzută de articolul 81 [CE] (cazul COMP/E‑1/38.823 − Ascensoare și scări rulante) (denumită în continuare „decizia atacată”), al cărei rezumat a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene din 26 martie 2008 (JO C 75, p. 19), sau, în subsidiar, de reducere a cuantumului amenzilor aplicate reclamantelor. În cadrul deciziei atacate, Comisia Comunităților Europene a considerat că următoarele societăți au încălcat articolul 81 CE: –        Kone Belgium SA (denumită în continuare „Kone Belgia”), Kone GmbH (denumită în continuare „Kone Germania”), Kone Luxembourg Sàrl (denumită în continuare „Kone Luxemburg”), Kone BV Liften en Roltrappen (denumită în continuare „Kone Țările de Jos”) și Kone Oyj (denumită în continuare „KC”) (denumite în continuare, privite împreună sau separat, „Kone”); –        Otis SA (denumită în continuare „Otis Belgia”), Otis GmbH & Co. OHG (denumită în continuare „Otis Germania”), General Technic‑Otis Sàrl (denumită în continuare „GTO”), General Technic Sàrl (denumită în continuare „GT”), Otis BV (denumită în continuare „Otis Țările de Jos”), Otis Elevator Company (denumită în continuare „OEC”) și United Technologies Corporation (denumită în continuare „UTC”) (denumite în continuare, privite împreună sau separat, „Otis”); –        Schindler SA (denumită în continuare „Schindler Belgia”), Schindler Deutschland Holding GmbH (denumită în continuare „Schindler Germania”), Schindler Sàrl (denumită în continuare „Schindler Luxemburg”), Schindler Liften BV (denumită în continuare „Schindler Țările de Jos”) și Schindler Holding Ltd (denumită în continuare „Schindler Holding”) (denumite în continuare, privite împreună sau separat, „Schindler”); –        ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV (denumită în continuare „TKLA”), ThyssenKrupp Aufzüge GmbH (denumită în continuare „TKA”), ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH (denumită în continuare „TKF”), ThyssenKrupp Elevator AG (denumită în continuare „TKE”), ThyssenKrupp AG (denumită în continuare „TKAG”), ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl (denumită în continuare „TKAL”) și ThyssenKrupp Liften BV (denumită în continuare „TKL”) (denumite în continuare, privite împreună sau separat, „ThyssenKrupp”); –        Mitsubishi Elevator Europe BV (denumită în continuare „MEE”). Reclamantele, TKLA, TKA, TKF, TKAL, TKE, TKAG și TKL, aparțin grupului de societăți ThyssenKrupp, care își desfășoară activitatea în domeniul ascensoarelor, al oțelului, al industriei autovehiculelor, al tehnologiei și al serviciilor. Societatea‑mamă a grupului este societatea cotată la bursă TKAG. TKE este o filială deținută integral de TKAG și este principala întreprindere din cadrul grupului responsabilă în domeniul ascensoarelor, în calitate de societate holding intermediară [considerentele (33)-(37) ale deciziei atacate]. ThyssenKrupp își exercită activitatea în domeniul scărilor rulante și al ascensoarelor prin intermediul unor filiale naționale. Printre acestea se numără, în Belgia, TKLA, în Germania, TKA și TKF, în Luxemburg, TKAL, și, în Țările de Jos, TKL [considerentele (33)-(37) ale deciziei atacate]. Spre deosebire de TKL, care nu este o filială a societății TKE, celelalte filiale menționate mai sus sunt filiale directe sau indirecte deținute integral de TKE și de TKAG. Procedura administrativă 1. Investigația Comisiei În vara anului 2003 au fost transmise Comisiei informații privind posibila existență a unei înțelegeri între principalii patru producători europeni de ascensoare și de scări rulante care exercită activități comerciale în Uniune, și anume Kone, Otis, Schindler și ThyssenKrupp [considerentele (3) și (91) ale deciziei atacate]. Belgia Începând cu 28 ianuarie 2004 și în cursul lunii martie 2004, în temeiul articolului 14 alineatele (2) și (3) din Regulamentul nr. 17 al Consiliului din 6 februarie 1962, Primul regulament de punere în aplicare a articolelor [81] CE și [82] CE (JO 1962, 13, p. 204, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 3), Comisia a efectuat o serie de verificări, printre altele, la sediile filialelor din Belgia ale Kone, Otis, Schindler și ThyssenKrupp [considerentele (92), (93), (95) și (97) ale deciziei atacate]. Kone, Otis, ThyssenKrupp și Schindler au formulat succesiv o serie de cereri în temeiul Comunicării Comisiei privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (JO 2002, C 45, p. 3, denumită în continuare „Comunicarea privind cooperarea din 2002”). Aceste cereri au fost completate de întreprinderile în cauză [considerentele (94), (96), (98) și (103) ale deciziei atacate]. La 29 iunie 2004, Kone a primit imunitate condiționată în conformitate cu punctul 8 litera (b) din comunicarea menționată [considerentul (99) al deciziei atacate]. Între septembrie și decembrie 2004, Comisia a trimis de asemenea, în temeiul articolului 18 din Regulamentul (CE) nr. 1/2003 al Consiliului din 16 decembrie 2002 privind punerea în aplicare a normelor de concurență prevăzute la articolele 81 [CE] și 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1, Ediție specială, 08/vol. 1, p. 167), o serie de cereri de informații întreprinderilor care au participat la încălcare în Belgia, mai multor clienți din acest stat membru și asociației belgiene Agoria [considerentele (101) și (102) ale deciziei atacate]. Germania Începând cu 28 ianuarie 2004 și în cursul lunii martie 2004, în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 17, Comisia a efectuat o serie de verificări, printre altele, la sediile filialelor din Germania ale Otis și ThyssenKrupp [considerentele (104) și (106) ale deciziei atacate]. La 12 și la 18 februarie 2004, Kone și‑a completat cererea în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, formulată la 2 februarie 2004 în privința Belgiei, cu o serie de informații privind Germania. De asemenea, în perioada cuprinsă între lunile martie 2004 și februarie 2005, Otis și‑a completat cererea privind Belgia cu o serie de informații privind Germania. La 25 noiembrie 2004, Schindler a prezentat o cerere în temeiul comunicării menționate, care cuprindea informații privind Germania, cerere care a fost completată în intervalul cuprins între decembrie 2004 și februarie 2005. În sfârșit, în cursul lunii decembrie 2005, tot în temeiul acestei comunicări, ThyssenKrupp a transmis Comisiei o cerere privind Germania [considerentele (105), (107), (112) și (114) ale deciziei atacate]. Între septembrie și noiembrie 2004, Comisia a trimis de asemenea, în temeiul articolului 18 din Regulamentul nr. 1/2003, o serie de cereri de informații întreprinderilor care au participat la încălcare în Germania, mai multor clienți din acest stat membru și asociațiilor VDMA, VFA și VMA [considerentele (110), (111) și (113) ale deciziei atacate]. Luxemburg La 5 februarie 2004, Kone și‑a completat cererea formulată la 2 februarie 2004 în privința Belgiei cu o serie de informații referitoare la Luxemburg. Otis și ThyssenKrupp au formulat oral o cerere în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, referitoare la Luxemburg. O cerere referitoare la Luxemburg în temeiul aceleiași comunicări a fost formulată de Schindler [considerentele (115), (118), (119) și (124) ale deciziei atacate]. Începând cu 9 martie 2004, în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 17, Comisia a efectuat o serie de verificări, printre altele, la sediile filialelor din Luxemburg ale Schindler și ale ThyssenKrupp [considerentul (116) al deciziei atacate]. La 29 iunie 2004, Kone a primit imunitate condiționată în conformitate cu punctul 8 litera (b) din Comunicarea privind cooperarea din 2002 în ceea ce privește partea din cererea sa referitoare la Luxemburg [considerentul (120) al deciziei atacate]. În septembrie și în octombrie 2004, Comisia a trimis, în temeiul articolului 18 din Regulamentul nr. 1/2003, o serie de cereri de informații întreprinderilor care au participat la încălcare în Luxemburg, mai multor clienți din acest stat membru și Fédération luxembourgeoise des ascensoristes (Federația Luxemburgheză a Producătorilor de Ascensoare) [considerentele (122) și (123) ale deciziei atacate]. Țările de Jos În luna martie 2004, Otis a formulat în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002 o cerere privind Țările de Jos, care a fost ulterior completată. În cursul lunii aprilie 2004, a fost formulată o cerere în temeiul acestei comunicări de către ThyssenKrupp, care a fost de asemenea completată ulterior în mai multe rânduri. În sfârșit, la 19 iulie 2004, Kone și‑a completat cererea din 2 februarie 2004 privind Belgia cu informații privind Țările de Jos [considerentele (127), (129) și (130) ale deciziei atacate]. La 27 iulie 2004, Otis a primit imunitate condiționată în conformitate cu punctul 8 litera (a) din comunicarea menționată [considerentul (131) al deciziei atacate]. Începând cu 28 aprilie 2004, în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 17, Comisia a efectuat o serie de verificări, printre altele, la sediile filialelor din Țările de Jos ale Kone, ale Schindler, ale ThyssenKrupp și ale MEE, precum și la sediul asociației Boschduin [considerentul (128) al deciziei atacate]. În septembrie 2004, Comisia a trimis, în temeiul articolului 18 din Regulamentul nr. 1/2003, o serie de cereri de informații întreprinderilor care au participat la încălcare în Țările de Jos, mai multor clienți din acest stat membru și asociațiilor VLR și Boschduin [considerentele (133) și (134) ale deciziei atacate]. 2. Comunicarea privind obiecțiunile La 7 octombrie 2005, Comisia a adoptat o comunicare privind obiecțiunile care era adresată, printre altele, societăților menționate la punctul 2 de mai sus. Toți destinatarii comunicării privind obiecțiunile au transmis observații scrise ca răspuns la obiecțiunile reținute de Comisie [considerentele (135) și (137) ale deciziei atacate]. Întrucât niciunul dintre destinatarii comunicării privind obiecțiunile nu a formulat o cerere în acest sens, nu a avut loc nicio audiere [considerentul (138) al deciziei atacate]. 3. Decizia atacată La 21 februarie 2007, Comisia a adoptat decizia atacată, prin care a constatat că societățile destinatare ale acesteia participaseră la patru încălcări unice, complexe și continue ale articolului 81 alineatul (1) CE în patru state membre, împărțindu‑și între ele piețele și înțelegându‑se sau punându‑se de acord cu privire la atribuirea cererilor de ofertă și a contractelor legate de vânzarea, instalarea, întreținerea și modernizarea ascensoarelor și a scărilor rulante [considerentul (2) al deciziei atacate]. În ceea ce privește destinatarii deciziei atacate, Comisia a considerat că, pe lângă filialele din Belgia, din Germania, din Luxemburg și din Țările de Jos ale întreprinderilor în cauză, societățile‑mamă ale respectivelor filiale trebuiau să fie declarate răspunzătoare în solidar pentru încălcările articolului 81 CE săvârșite de filialele fiecăreia dintre acestea, ca urmare a faptului că fuseseră în măsură să exercite o influență decisivă asupra politicii lor comerciale în perioada în care a avut loc încălcarea și că se putea prezuma că au folosit această posibilitate [considerentele (608), (615), (622), (627) și (634)-(641) ale deciziei atacate]. Societățile‑mamă ale MEE nu a fost declarate răspunzătoare în solidar pentru comportamentul filialei lor, deoarece nu s‑a putut dovedi că au exercitat o influență decisivă asupra comportamentului acesteia [considerentul (643) al deciziei atacate]. În vederea calculării cuantumului amenzilor, Comisia a utilizat în cadrul deciziei atacate metodologia cuprinsă în Liniile directoare privind metoda de stabilire a amenzilor aplicate în temeiul articolului 15 alineatul (2) din Regulamentul nr. 17 și al articolului 65 alineatul (5) [CO] (JO 1998, C 9, p. 3, Ediție specială, 08/vol. 3, p. 69, denumite în continuare „Liniile directoare din 1998”). Comisia a examinat de asemenea dacă și în ce măsură întreprinderile în cauză îndeplineau cerințele stabilite de Comunicarea privind cooperarea din 2002. Comisia a calificat încălcările ca fiind „foarte grave” având în vedere caracterul lor și faptul că fiecare dintre ele acoperea întregul teritoriu al unui stat membru (Belgia, Germania, Luxemburg sau Țările de Jos), chiar dacă impactul lor real nu putea fi măsurat [considerentul (671) al deciziei atacate]. Pentru a ține seama de capacitatea economică efectivă a întreprinderilor în cauză de a produce un prejudiciu semnificativ concurenței, Comisia le‑a împărțit, pentru fiecare țară, în mai multe categorii, în funcție de cifra de afaceri realizată pe piața ascensoarelor și/sau a scărilor rulante, inclusiv, după caz, în ceea ce privește serviciile de întreținere și de modernizare [considerentele (672) și (673) ale deciziei atacate]. În ceea ce privește înțelegerea realizată în Belgia, Kone și Schindler au fost incluse în prima categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii, stabilit în funcție de gravitatea încălcării, de 40 000 000 de euro. Otis a fost inclusă în a doua categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 27 000 000 de euro. ThyssenKrupp a fost inclusă în a treia categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 16 500 000 de euro [considerentele (674) și (675) ale deciziei atacate]. Cuantumului de plecare al amenzii impuse societății Otis i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 1,7, iar cuantumului de plecare al amenzii stabilite în ceea ce privește societatea ThyssenKrupp i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 2, pentru a ține seama de dimensiunea și de resursele globale ale acestora, astfel încât cuantumurile de plecare ale amenzilor societăților în cauză au ajuns la 45 900 000 de euro și, respectiv, la 33 000 000 de euro [considerentele (690) și (691) ale deciziei atacate]. Întrucât încălcarea a durat șapte ani și opt luni (de la 9 mai 1996 la 29 ianuarie 2004), Comisia a majorat cuantumul de plecare al amenzii întreprinderilor în cauză cu 75 %. Cuantumul de bază al amenzii a fost astfel stabilit la 70 000 000 de euro pentru Kone, la 80 325 000 de euro pentru Otis, la 70 000 000 de euro pentru Schindler și la 57 750 000 de euro pentru ThyssenKrupp [considerentele (692) și (696) ale deciziei atacate]. Comisia a apreciat că trebuia să se considere că ThyssenKrupp a fost autorul unor încălcări repetate și, ca urmare a acestei circumstanțe agravante, a majorat cuantumul amenzii sale cu 50 % [considerentele (697), (698) și (708)-(710) ale deciziei atacate]. Nu a fost reținută nicio circumstanță atenuantă în favoarea întreprinderilor în cauză [considerentele (733), (734), (749), (750) și (753)-(755) ale deciziei atacate]. În temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, Kone a beneficiat de imunitate totală la amenzi. Otis a beneficiat, pe de o parte, de o reducere de 40 % a cuantumului amenzii în limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf prima liniuță din comunicarea menționată și, pe de altă parte, de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor. ThyssenKrupp a beneficiat, pe de o parte, de o reducere de 20 % a cuantumului amenzii în limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf a doua liniuță din această comunicare și, pe de altă parte, de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor. Schindler a beneficiat de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor [considerentele (760)-(777) ale deciziei atacate]. În ceea ce privește înțelegerea realizată în Germania, Kone, Otis și ThyssenKrupp au fost incluse în prima categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 70 000 000 de euro. Schindler a fost inclusă în a doua categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 17 000 000 de euro [considerentele (676)-(679) ale deciziei atacate]. Cuantumului de plecare al amenzii impuse societății Otis i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 1,7, iar cuantumului de plecare al amenzii stabilite în ceea ce privește societatea ThyssenKrupp i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 2, pentru a ține seama de dimensiunea și de resursele globale ale acestora, astfel încât cuantumurile de plecare ale amenzilor societăților în cauză au ajuns la 119 000 000 de euro și, respectiv, la 140 000 000 de euro [considerentele (690) și (691) ale deciziei atacate]. Întrucât încălcarea săvârșită de Kone, de Otis și de ThyssenKrupp a durat opt ani și patru luni (de la 1 august 1995 la 5 decembrie 2003), Comisia a majorat cuantumul de plecare al amenzii acestor întreprinderi cu 80 %. Întrucât încălcarea săvârșită de Schindler a durat cinci ani și patru luni (de la 1 august 1995 la 6 decembrie 2000), Comisia a majorat cuantumul de plecare al amenzii acestei întreprinderi cu 50 %. Cuantumul de bază al amenzii a ajuns astfel la 126 000 000 de euro pentru Kone, la 214 200 000 de euro pentru Otis, la 25 500 000 de euro pentru Schindler și la 252 000 000 de euro pentru ThyssenKrupp [considerentele (693) și (696) ale deciziei atacate]. Comisia a apreciat că trebuia să se considere că ThyssenKrupp a fost autorul unor încălcări repetate și, ca urmare a acestei circumstanțe agravante, a majorat cuantumul amenzii sale cu 50 % [considerentele (697)-(707) ale deciziei atacate]. Nu a fost reținută nicio circumstanță atenuantă în favoarea întreprinderilor în cauză [considerentele (727)-(729), (735), (736), (742)-(744), (749), (750) și (753)-(755) ale deciziei atacate]. Kone a beneficiat, pe de o parte, de reducerea maximă de 50 % a cuantumului amenzii prevăzută la punctul 23 litera (b) primul paragraf prima liniuță din Comunicarea privind cooperarea din 2002 și, pe de altă parte, de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor. Otis a beneficiat, pe de o parte, de o reducere de 25 % a cuantumului amenzii în limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf a doua liniuță din comunicarea menționată și, pe de altă parte, de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor. Schindler a beneficiat, pe de o parte, de o reducere de 15 % a cuantumului amenzii în limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf a treia liniuță din comunicarea amintită și, pe de altă parte, de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor. ThyssenKrupp a beneficiat de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor [considerentele (778)-(813) ale deciziei atacate]. În ceea ce privește înțelegerea realizată în Luxemburg, Otis și Schindler au fost incluse în prima categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 10 000 000 de euro. Kone și ThyssenKrupp au fost incluse în a doua categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 2 500 000 de euro [considerentele (680)-(683) ale deciziei atacate]. Cuantumului de plecare al amenzii impuse societății Otis i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 1,7, iar cuantumului de plecare al amenzii stabilite în ceea ce privește societatea ThyssenKrupp i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 2, pentru a ține seama de dimensiunea și de resursele globale ale acestora, astfel încât cuantumurile de plecare ale amenzilor societăților în cauză au ajuns la 17 000 000 de euro și, respectiv, la 5 000 000 de euro [considerentele (690) și (691) ale deciziei atacate]. Întrucât încălcarea a durat opt ani și trei luni (de la 7 decembrie 1995 la 9 martie 2004), Comisia a majorat cuantumul de plecare al amenzii întreprinderilor în cauză cu 80 %. Cuantumul de bază al amenzii a ajuns astfel la 4 500 000 de euro pentru Kone, la 30 600 000 de euro pentru Otis, la 18 000 000 de euro pentru Schindler și la 9 000 000 de euro pentru ThyssenKrupp [considerentele (694) și (696) ale deciziei atacate]. Comisia a apreciat că trebuia să se considere că ThyssenKrupp a fost autorul unor încălcări repetate și, ca urmare a acestei circumstanțe agravante, a majorat cuantumul amenzii sale cu 50 % [considerentele (697), (698) și (711)-(714) ale deciziei atacate]. Nu a fost reținută nicio circumstanță atenuantă în favoarea întreprinderilor în cauză [considerentele (730), (749), (750) și (753)-(755) ale deciziei atacate]. În temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, Kone a beneficiat de imunitate totală la amenzi. Otis a beneficiat, pe de o parte, de o reducere de 40 % a cuantumului amenzii în limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf prima liniuță din comunicarea menționată și, pe de altă parte, de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor. Schindler și ThyssenKrupp au beneficiat numai de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor [considerentele (814)-(835) ale deciziei atacate]. În ceea ce privește înțelegerea realizată în Țările de Jos, Kone a fost inclusă în prima categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 55 000 000 de euro. Otis a fost inclusă în a doua categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 41 000 000 de euro. Schindler a fost inclusă în a treia categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 24 500 000 de euro. ThyssenKrupp și MEE au fost incluse în a patra categorie, cu un cuantum de plecare al amenzii de 8 500 000 de euro [considerentele (684) și (685) ale deciziei atacate]. Cuantumului de plecare al amenzii impuse societății Otis i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 1,7, iar cuantumului de plecare al amenzii stabilite în ceea ce privește societatea ThyssenKrupp i‑a fost aplicat un factor multiplicator de 2, pentru a ține seama de dimensiunea și de resursele globale ale acestora, astfel încât cuantumurile de plecare ale amenzilor societăților în cauză au ajuns la 69 700 000 de euro și, respectiv, la 17 000 000 de euro [considerentele (690) și (691) ale deciziei atacate]. Întrucât încălcarea săvârșită de Otis și de ThyssenKrupp a durat 5 ani și 10 luni (de la 15 aprilie 1998 la 5 martie 2004), Comisia a majorat cuantumul de plecare al amenzii acestor întreprinderi cu 55 %. Întrucât încălcarea săvârșită de Kone și de Schindler a durat 4 ani și 9 luni (de la 1 iunie 1999 la 5 martie 2004), Comisia a majorat cuantumul de plecare al amenzii acestor întreprinderi cu 45 %. Întrucât încălcarea săvârșită de MEE a durat 4 ani și o lună (de la 11 ianuarie 2000 la 5 martie 2004), Comisia a majorat cuantumul de plecare al amenzii acestei întreprinderi cu 40 %. Cuantumul de bază al amenzii a ajuns astfel la 79 750 000 de euro pentru Kone, la 108 035 000 de euro pentru Otis, la 35 525 000 de euro pentru Schindler, la 26 350 000 de euro pentru ThyssenKrupp și la 11 900 000 de euro pentru MEE [considerentele (695) și (696) ale deciziei atacate]. Comisia a apreciat că trebuia să se considere că ThyssenKrupp a fost autorul unor încălcări repetate și, ca urmare a acestei circumstanțe agravante, a majorat cuantumul amenzii sale cu 50 % [considerentele (697), (698) și (715)-(720) ale deciziei atacate]. Nu a fost reținută nicio circumstanță atenuantă în favoarea întreprinderilor în cauză [considerentele (724)-(726), (731), (732), (737), (739)-(741), (745)-(748) și (751)-(755) ale deciziei atacate]. În temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, Otis a beneficiat de imunitate totală la amenzi. ThyssenKrupp a beneficiat, pe de o parte, de o reducere de 40 % a cuantumului amenzii în limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf prima liniuță din comunicarea menționată și, pe de altă parte, de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor. Schindler și MEE au beneficiat de o reducere de 1 % a cuantumului amenzii pentru necontestarea faptelor [considerentele (836)-(855) ale deciziei atacate]. Dispozitivul deciziei atacate are următorul conținut: „Articolul 1 (1)      În ceea ce privește Belgia, următoarele întreprinderi au încălcat articolul 81 [CE] prin faptul că au convenit în mod regulat și colectiv, în perioadele indicate, în cadrul unor acorduri și al unor practici concertate la nivel național referitoare la ascensoare și la scările rulante, să își împartă piețele, să își aloce reciproc cererile de ofertă publice și private și alte contracte în conformitate cu cotele prestabilite de vânzare și instalare și să nu concureze unele cu celelalte pentru contractele de întreținere și de modernizare: –        Kone: [KC] și [Kone Belgia]: de la 9 mai 1996 la 29 ianuarie 2004; –        Otis: [UTC], [OEC] și [Otis Belgia]: de la 9 mai 1996 la 29 ianuarie 2004; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Belgia]: de la 9 mai 1996 la 29 ianuarie 2004 și –        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] și [TKLA]: de la 9 mai 1996 la 29 ianuarie 2004. (2)      În ceea ce privește Germania, următoarele întreprinderi au încălcat articolul 81 [CE] prin faptul că au convenit în mod regulat și colectiv, în perioadele indicate, în cadrul unor acorduri și al unor practici concertate la nivel național referitoare la ascensoare și la scările rulante să își împartă piețele, să își aloce reciproc cererile de ofertă publice și private și alte contracte în conformitate cu cotele prestabilite de vânzare și instalare: –        Kone: [KC] și [Kone Germania]: de la 1 august 1995 la 5 decembrie 2003; –        Otis: [UTC], [OEC] și [Otis Germania]: de la 1 august 1995 la 5 decembrie 2003; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Germania]: de la 1 august 1995 la 6 decembrie 2000 și –        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] și [TKF]: de la 1 august 1995 la 5 decembrie 2003. (3)      Referitor la Luxemburg, următoarele întreprinderi au încălcat articolul 81 [CE] prin faptul că au convenit în mod regulat și colectiv, în perioadele indicate, în cadrul unor acorduri și al unor practici concertate la nivel național referitoare la ascensoare și la scările rulante, să își împartă piețele, să își aloce reciproc cererile de ofertă publice și private și alte contracte în conformitate cu cotele prestabilite de vânzare și instalare și să nu concureze unele cu celelalte pentru contractele de întreținere și de modernizare: –        Kone: [KC] și [Kone Luxemburg]: de la 7 decembrie 1995 la 29 ianuarie 2004; –        Otis: [UTC], [OEC], [Otis Belgia], [GTO] și [GT]: de la 7 decembrie 1995 la 9 martie 2004; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Luxemburg]: de la 7 decembrie 1995 la 9 martie 2004 și –        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] și [TKAL]: de la 7 decembrie 1995 la 9 martie 2004. (4)      În ceea ce privește Țările de Jos, următoarele întreprinderi au încălcat articolul 81 [CE] prin faptul că au convenit în mod regulat și colectiv, în perioadele indicate, în cadrul unor acorduri și al unor practici concertate la nivel național referitoare la ascensoare și la scările rulante, să își împartă piețele, să își aloce reciproc cererile de ofertă publice și private și alte contracte în conformitate cu cotele prestabilite de vânzare și instalare și să nu concureze unele cu celelalte pentru contractele de întreținere și de modernizare: –        Kone: [KC] și [Kone Țările de Jos]: de la 1 iunie 1999 la 5 martie 2004; –        Otis: [UTC], [OEC] și [Otis Țările de Jos]: de la 15 aprilie 1998 la 5 martie 2004; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Țările de Jos]: de la 1 iunie 1999 la 5 martie 2004; –        ThyssenKrupp: [TKAG] și [TKL]: de la 15 aprilie 1998 la 5 martie 2004 și –        [MEE]: de la 11 ianuarie 2000 la 5 martie 2004. Articolul 2 (1)      Pentru încălcările care au avut loc în Belgia menționate la articolul 1 alineatul (1), se aplică următoarele amenzi: –        Kone: [KC] și [Kone Belgia], în solidar: 0 euro; –        Otis: [UTC], [OEC] și [Otis Belgia], în solidar: 47 713 050 de euro; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Belgia], în solidar: 69 300 000 de euro și –        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] și [TKLA], în solidar: 68 607 000 de euro. (2)      Pentru încălcările care au avut loc în Germania menționate la articolul 1 alineatul (2), se aplică următoarele amenzi: –        Kone: [KC] și [Kone Germania], în solidar: 62 370 000 de euro; –        Otis: [UTC], [OEC] și [Otis Germania], în solidar: 159 043 500 de euro; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Germania], în solidar: 21 458 250 de euro și –        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE], [TKA] și [TKF], în solidar: 374 220 000 de euro. (3)      Pentru încălcările care au avut loc în Luxemburg menționate la articolul 1 alineatul (3), se aplică următoarele amenzi: –        Kone: [KC] și [Kone Luxemburg], în solidar: 0 euro; –        Otis: [UTC], [OEC], [Otis Belgia], [GTO] și [GT], în solidar: 18 176 400 de euro; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Luxemburg], în solidar: 17 820 000 de euro și –        ThyssenKrupp: [TKAG], [TKE] și [TKAL], în solidar: 13 365 000 de euro. (4)      Pentru încălcările care au avut loc în Țările de Jos menționate la articolul 1 alineatul (4), se aplică următoarele amenzi: –        Kone: [KC] și [Kone Țările de Jos], în solidar: 79 750 000 de euro; –        Otis: [UTC], [OEC] și [Otis Țările de Jos], în solidar: 0 euro; –        Schindler: Schindler Holding […] și [Schindler Țările de Jos], în solidar: 35 169 750 de euro; –        ThyssenKrupp: [TKAG] și [TKL], în solidar: 23 477 850 de euro și –        [MEE]: 1 841 400 de euro. […]” Procedura și concluziile părților Prin cererile introductive depuse la grefa Tribunalului la 7 mai 2007 (în cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07) și la 8 mai 2007 (în cauza T‑154/07), reclamantele au introdus prezentele acțiuni. Pe baza raportului judecătorului raportor, Tribunalul (Camera a opta) a decis deschiderea procedurii orale în prezentele cauze și, în cadrul măsurilor de organizare a procedurii prevăzute la articolul 64 din Regulamentul de procedură, a adresat în scris o serie de întrebări părților și le‑a solicitat să prezinte anumite documente. Părțile au dat curs acestei cereri în termenul acordat. Pledoariile părților din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 și răspunsurile acestora la întrebările orale adresate de Tribunal au fost ascultate în ședințele din 3, din 7 și din 10 septembrie 2009. Procedura orală în cauzele T‑144/07 și T‑148/07 a fost apoi terminată. În urma unor cereri formulate de Tribunal în cadrul ședințelor, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 au prezentat anumite documente. Prin scrisorile din 14 și din 15 septembrie 2009, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 au depus la grefă un „corrigendum”, referitor la motivul invocat de acestea cu privire la constatarea eronată a existenței unor încălcări repetate. Prin ordonanțele din 20 octombrie 2009, a fost redeschisă procedura orală în cauzele T‑144/07 și T‑148/07. „Corrigenda” formulate de reclamante au fost depuse la dosar în cauzele menționate la punctul 37 de mai sus. Comisia și‑a prezentat observațiile cu privire la aceste „corrigenda” și a invocat, printre altele, inadmisibilitatea acestora. Reclamantele și‑au prezentat observațiile cu privire la acest aspect, procedura orală în aceste cauze fiind apoi terminată. După ascultarea părților cu privire la acest aspect în cursul ședinței, Tribunalul a decis să conexeze prezentele cauze în vederea pronunțării hotărârii în conformitate cu articolul 50 din Regulamentul de procedură. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 solicită Tribunalului: –        anularea deciziei atacate în măsura în care se referă la reclamante; –        în subsidiar, reducerea cuantumului amenzii aplicate; –        obligarea Comisiei la plata cheltuielilor de judecată. În fiecare cauză, Comisia solicită Tribunalului: –        respingerea acțiunii; –        obligarea reclamantelor la plata cheltuielilor de judecată. Cu privire la fond 1. Observații introductive Acțiunile introduse de reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 au un obiect dublu, și anume, în principal, mai multe cereri de anulare a deciziei atacate și, în subsidiar, o serie de cereri de anulare sau de reducere a cuantumului amenzilor aplicate reclamantelor. În susținerea acțiunilor formulate, reclamantele au invocat zece motive. Primele două motive, întemeiate pe necompetența Comisiei și, respectiv, pe stabilirea abuzivă a răspunderii solidare pentru încălcare, privesc cererile de anulare a deciziei atacate. Celelalte opt motive invocate de reclamante se referă la stabilirea cuantumului amenzilor și privesc, așadar, cererile de anulare sau de reducere a amenzilor. Primul motiv, invocat de reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07, este întemeiat pe încălcarea principiului non bis in idem . Al doilea motiv, invocat de reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07, este întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității și a principiului egalității de tratament, precum și a dreptului la apărare în ceea ce privește stabilirea cuantumului de plecare al amenzilor în funcție de gravitatea încălcărilor. Al treilea motiv, invocat de toate reclamantele, este întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității, a articolului 253 CE și a principiului egalității de tratament în ceea ce privește aplicarea factorului multiplicator de grup în vederea urmăririi obiectivului de descurajare în cadrul stabilirii cuantumului de plecare al amenzilor. Al patrulea motiv, invocat de toate reclamantele, este întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității și a dreptului la apărare în ceea ce privește majorarea cu 50 % a cuantumului de bază al amenzilor ca urmare a repetării încălcării. Al cincilea motiv, invocat de toate reclamantele, este întemeiat pe încălcarea Comunicării privind cooperarea din 2002 și a principiului protecției încrederii legitime, precum și a principiului egalității de tratament în ceea ce privește aprecierea cooperării reclamantelor. Al șaselea motiv, invocat de toate reclamantele, este întemeiat pe încălcarea principiului protecției încrederii legitime, a principiului egalității de tratament, a principiului proporționalității și a principiului bunei administrări în cadrul stabilirii nivelului reducerii amenzilor acordate pentru cooperarea în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002. Al șaptelea motiv, invocat de toate reclamantele, este întemeiat pe încălcarea articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003. În sfârșit, al optulea motiv, invocat de reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07, este întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității în ceea ce privește calculul cuantumului final al amenzilor. 2. Cu privire la cererile de anulare a deciziei atacate Cu privire la motivul întemeiat pe necompetența Comisiei Prezentul motiv urmează să fie analizat făcând distincție între cele două aspecte pe care le cuprinde. Primul aspect este întemeiat pe încălcarea articolului 81 alineatul (1) CE, determinată de faptul că înțelegerile în cauză nu ar afecta comerțul dintre statele membre. Al doilea aspect, formulat în subsidiar, este întemeiat pe încălcarea Regulamentului nr. 1/2003, a Comunicării Comisiei privind cooperarea în cadrul rețelei autorităților de concurență (JO 2004, C 101, p. 43, Ediție specială, 08/vol. 4, p. 111) (denumită în continuare „Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei”) și a principiilor egalității de tratament și protecției încrederii legitime, întrucât Comisia ar fi trebuit să lase investigarea încălcărilor în sarcina autorităților naționale competente. Cu privire la primul aspect, întemeiat pe încălcarea articolului 81 alineatul (1) CE, determinată de faptul că înțelegerile în cauză nu ar afecta comerțul dintre statele membre În considerentul (602) al deciziei atacate, Comisia susține că „aplicarea și implementarea de către cei patru principali producători de ascensoare și de scări rulante (incluzând și societatea [MEE] în cazul Țărilor de Jos) a sistemului de atribuire a proiectelor, în fiecare stat membru vizat, în contextul politicilor lor de trimitere, puteau să ducă la deturnarea modelelor comerciale în raport cu orientarea pe care ar fi avut‑o în lipsa acestora”. Comisia se bazează în această privință pe următoarele elemente. În primul rând, Comisia constată că „anumite tranzacții transfrontaliere referitoare la vânzarea și la instalarea de ascensoare și de scări rulante, precum și la furnizarea de servicii de întreținere și de modernizare au loc în cadrul Uniunii” [considerentul (86) al deciziei atacate; a se vedea de asemenea considerentul (596) al deciziei atacate]. Potrivit Comisiei, dosarul său „cuprinde mai multe exemple de schimburi comerciale transfrontaliere care implică în principal IMM‑uri, dar și cel puțin o mare întreprindere, [MEE, care] aprovizionează și piața belgiană prin intermediul filialei sale din Țările de Jos” [considerentul (87) al deciziei atacate]. În plus, Comisia constată că „principalii patru producători răspund de asemenea ocazional unor cereri de ofertă transfrontaliere în cadrul Uniunii” și citează câteva exemple în sprijinul acestei afirmații [considerentul (88) al deciziei atacate; a se vedea de asemenea considerentul (78) al deciziei atacate]. Potrivit Comisiei, „clienții au din ce în ce mai mult tendința să se aprovizioneze în afara frontierelor naționale” [considerentul (596) al deciziei atacate]. Pe de altă parte, potrivit Comisiei, există „o tendință ca marile întreprinderi (multinaționale) și grupurile de întreprinderi care sunt prezente în mai multe state membre, precum lanțurile de hoteluri internaționale, să prefere să încheie contracte care acoperă mai multe state membre” [considerentul (89) al deciziei atacate]. În al doilea rând, Comisia se referă la politica de trimitere practicată de primii patru producători de ascensoare și de scări rulante din Europa. Potrivit Comisiei, „numărul de tranzacții transfrontaliere ar fi mai ridicat dacă [acești] […] producători nu ar aplica o politică deliberată de a refuza aproape toate cererile transfrontaliere de oferte de prețuri și de a îndrepta clienții către filiala națională desemnată” [considerentul (90) al deciziei atacate; a se vedea de asemenea considerentul (596) al deciziei atacate]. În al treilea rând, Comisia subliniază în cadrul aprecierii juridice pe care o efectuează că „faptul că o înțelegere orizontală nu privește decât un singur stat membru nu înseamnă că acordurile ilicite nu pot afecta comerțul dintre statele membre” [considerentul (595) al deciziei atacate]. Comisia amintește în plus că, potrivit unei jurisprudențe constante, „influența pe care o poate avea un acord asupra comerțului dintre statele membre se apreciază în special ținând seama de poziția și de importanța avute de părți pe piața produselor în cauză [Hotărârea Curții din 28 aprilie 1998, Javico, C‑306/96, Rec., p. I‑1983, punctul 17]” [considerentul (600) al deciziei atacate]. Comisia susține de asemenea că, „[având în vedere] ponderea foarte ridicată reprezentată de cifra de afaceri a principalilor patru producători de ascensoare și de scări rulante în domeniul vânzării, instalării, întreținerii și modernizării de ascensoare și de scări rulante și având în vedere faptul că aceștia au instituit și pus în aplicare un sistem de atribuire a proiectelor care acoperea întregul teritoriu al Belgiei, al Luxemburgului, al Germaniei și, respectiv, al Țărilor de Jos, combinat cu politica lor de trimitere, este justificată presupunerea că a fost restrânsă capacitatea întreprinderilor străine de a‑și vinde produsele și serviciile în țările respective, întrucât acestea ar fi trebuit, în aceste țări, să concureze cu un grup de producători care reprezentau împreună cea mai mare parte a ofertei de pe piață” [considerentul (600) al deciziei atacate]. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin, în esență, că încălcările nu au afectat în mod semnificativ comerțul dintre statele membre, astfel încât acestea nu ar constitui o încălcare a articolului 81 CE. Astfel cum rezultă din chiar textul articolelor 81 CE și 82 CE, pentru ca normele de concurență ale Uniunii să se aplice în ceea ce privește o înțelegere sau o practică abuzivă, trebuie ca aceasta să poată afecta comerțul dintre statele membre (Hotărârea Curții din 13 iulie 2006, Manfredi și alții, C‑295/04-C‑298/04, Rec., p. I‑6619, punctul 40). Interpretarea și aplicarea acestei condiții referitoare la efectele asupra comerțului dintre statele membre trebuie să aibă ca punct de pornire finalitatea acestei condiții, care este aceea de a determina, în materia reglementării concurenței, domeniul dreptului Uniunii în raport cu cel al statelor membre. Astfel, aparține domeniului dreptului Uniunii orice înțelegere și orice practică susceptibilă să afecteze libertatea comerțului dintre statele membre într‑un sens care ar putea aduce atingere realizării obiectivelor pieței unice dintre statele membre, în special prin separarea piețelor naționale sau prin modificarea structurii concurenței în cadrul pieței comune (Hotărârea Manfredi și alții, punctul 54 de mai sus, punctul 41, Hotărârea Curții din 23 noiembrie 2006, Asnef‑Equifax și Administración del Estado, C‑238/05, Rec., p. I‑11125, punctul 33, și Hotărârea Curții din 25 ianuarie 2007, Dalmine/Comisia, C‑407/04 P, Rep., p. I‑829, punctul 89). Pentru a fi susceptibilă să afecteze comerțul dintre statele membre, o decizie, un acord sau o practică trebuie, pe baza unui ansamblu de elemente de fapt și de drept, să permită să se considere, cu un grad de probabilitate suficient, că poate exercita o influență directă sau indirectă, actuală sau potențială asupra schimburilor comerciale dintre statele membre, iar aceasta într‑un asemenea mod încât să creeze temerea că poate constitui un obstacol pentru realizarea unei piețe unice între statele membre. Este necesar, în plus, ca această influență să nu fie nesemnificativă (Hotărârea Javico, punctul 52 de mai sus, punctul 16, Hotărârea Curții din 21 ianuarie 1999, Bagnasco și alții, C‑215/96 și C‑216/96, Rec., p. I‑135, punctul 47, Hotărârea Manfredi și alții, punctul 54 de mai sus, punctul 42, Hotărârea Asnef‑Equifax și Administración del Estado, punctul 55 de mai sus, punctul 34, și Hotărârea Dalmine/Comisia, punctul 55 de mai sus, punctul 90). Astfel, afectarea schimburilor comerciale intracomunitare rezultă în general din întrunirea mai multor factori care, examinați în mod individual, nu ar fi în mod necesar determinanți (Hotărârea Bagnasco și alții, punctul 56 de mai sus, punctul 47, Hotărârea Manfredi și alții, punctul 54 de mai sus, punctul 43, și Hotărârea Asnef‑Equifax și Administración del Estado, punctul 55 de mai sus, punctul 35). Potrivit reclamantelor, încălcările menționate la articolul 1 din decizia atacată nu afectează comerțul dintre statele membre întrucât activitățile din domeniul ascensoarelor și al scărilor rulante sunt organizate la nivel național, sau chiar local, având în vedere în special faptul că instalarea și întreținerea ascensoarelor și a scărilor rulante reprezintă lucrări pentru profesioniști experimentați care nu pot fi efectuate decât la nivel local din motive de eficiență economică, necesitatea de a se asigura termene de intervenție rapide și existența unor reglementări naționale. De altfel, tranzacțiile interstatale ar fi excepționale. Chiar Comisia ar considera că înțelegerile erau naționale. Trebuie să se constate că reclamantele nu contestă că cele patru înțelegeri constatate la articolul 1 din decizia atacată acopereau întregul teritoriu al Belgiei, al Germaniei, al Luxemburgului și al Țărilor de Jos [considerentele (595) și (600) ale deciziei atacate]. Or, dintr‑o jurisprudență constantă reiese că o înțelegere care acoperă întregul teritoriu al unui stat membru are ca efect, prin chiar natura sa, consolidarea împărțirii piețelor la nivel național, împiedicând astfel întrepătrunderea economică urmărită de tratat (Hotărârea Curții din 17 octombrie 1972, Vereeniging van Cementhandelaren/Comisia, 8/72, Rec., p. 977, punctul 29, Hotărârea Curții din 19 februarie 2002, Wouters și alții, C‑309/99, Rec., p. I‑1577, punctul 95, Hotărârea Manfredi și alții, punctul 54 de mai sus, punctul 45, Hotărârea Asnef‑Equifax și Administración del Estado, punctul 55 de mai sus, punctul 37, Hotărârea Tribunalului din 22 octombrie 1997, SCK și FNK/Comisia, T‑213/95 și T‑18/96, Rec., p. II‑1739, punctul 179, și Hotărârea Tribunalului din 14 decembrie 2006, Raiffeisen Zentralbank Österreich și alții/Comisia, T‑259/02-T‑264/02 și T‑271/02, Rec., p. II‑5169, punctul 180). Din această jurisprudență rezultă că există cel puțin o puternică prezumție că o practică de restrângere a concurenței aplicată pe întregul teritoriu al unui stat membru poate contribui la împărțirea piețelor și poate afecta schimburile comerciale intracomunitare. Această prezumție poate fi înlăturată numai în cazul în care analiza caracteristicilor acordului și a contextului economic în care se încadrează demonstrează contrariul (Hotărârea Raiffeisen Zentralbank Österreich și alții/Comisia, punctul 60 de mai sus, punctul 181). În primul rând, contrar susținerilor reclamantelor din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07, Comisia nu s‑a bazat numai pe această jurisprudență pentru a ajunge, în decizia atacată, la concluzia că înțelegerile pot afecta comerțul dintre statele membre în sensul articolului 81 alineatul (1) CE. Astfel, rezultă din cuprinsul punctelor 47-52 de mai sus că Comisia s‑a bazat de asemenea, în cadrul deciziei menționate, pe existența anumitor tranzacții transfrontaliere referitoare la vânzarea și la instalarea de ascensoare și de scări rulante, precum și la furnizarea de servicii de întreținere și de modernizare la care au participat cei patru principali producători menționați în decizia atacată [considerentele (87), (88) și (596) ale deciziei atacate]. În continuare, trebuie să se constate că argumentele reclamantelor referitoare la caracteristicile specifice pieței în cauză, care ar demonstra caracterul național, sau chiar local, al acesteia, nu sunt de natură să afecteze forță probantă a mijloacelor de probă scrise citate în decizia atacată [considerentele (88) și (90) ale deciziei atacate], care demonstrează existența unor schimburi comerciale între statele membre pe piața avută în vedere în decizia atacată. La fel stau lucrurile în ceea ce privește argumentele referitoare la caracterul excepțional al tranzacțiilor interstatale, care pun în discuție numai faptul că ar fi fost afectate în mod semnificativ schimburile comerciale dintre statele membre, iar nu chiar existența unor astfel de schimburi. În sfârșit, astfel cum reiese din decizia atacată, politica de trimitere a societăților Kone, Otis, Schindler și ThyssenKrupp „reprezintă în sine o indicație a faptului că există un oarecare interes din partea clienților de a se adresa unor furnizori din afara frontierelor naționale” [considerentul (596) al deciziei atacate]. În plus, Comisia a subliniat în special participarea unor întreprinderi străine la cereri de ofertă naționale [considerentul (78) al deciziei atacate] sau existența unor cereri de ofertă transnaționale [considerentul (89) al deciziei atacate]. Se poate considera, astfel cum arată Comisia în considerentul (90) al deciziei atacate, că numărul de tranzacții transfrontaliere ar fi mai ridicat dacă cei patru mari producători citați anterior nu ar aplica o politică deliberată de a refuza aproape toate cererile transfrontaliere de oferte de prețuri și de a îndrepta clienții către filiala națională desemnată. În această privință, trebuie respins argumentul reclamantelor potrivit căruia politica de trimitere ar fi determinată de natura activității în cauză. Astfel, acest argument este contrazis chiar de existența anumitor tranzacții transfrontaliere pe piața în cauză. În consecință, trebuie să se constate că este întemeiată concluzia Comisiei, bazată pe constatările de fapt evidențiate la punctele precedente și pe aplicarea unei jurisprudențe constante (a se vedea punctul 60 de mai sus), potrivit căreia înțelegerile menționate la articolul 1 din decizia atacată pot afecta schimburile comerciale dintre statele membre. În ceea ce privește aspectul dacă modul în care au fost afectate aceste schimburi poate fi calificat drept semnificativ, trebuie amintit că influența pe care o poate avea un acord sau o practică concertată asupra comerțului dintre statele membre se apreciază în special ținând seama de poziția și de importanța avute de părți pe piața produselor în cauză (Hotărârea Curții din 10 iulie 1980, Lancôme și Cosparfrance Nederland, 99/79, Rec., p. 2511, punctul 24, Hotărârea Javico, punctul 52 de mai sus, punctul 17, și Hotărârea Tribunalului din 14 iulie 1994, Parker Pen/Comisia, T‑77/92, Rec., p. II‑549, punctul 40). Or, producătorii avuți în vedere în decizia atacată „reprezentau împreună cea mai mare parte a ofertei de pe piață” [considerentul (600) al deciziei atacate], și anume aproximativ 81 % din vânzările de ascensoare și de scări rulante din Europa (valoare pentru anul 2004, exprimată în volum al vânzărilor) [considerentul (83) al deciziei atacate]. Acești producători aveau, așadar, o dimensiune și o putere economică suficient de importante pentru ca practicile lor avute în vedere în decizia atacată să poată afecta în mod semnificativ comerțul dintre statele membre (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 1 februarie 1978, Miller International Schallplatter/Comisia, 19/77, Rec., p. 131, punctul 10, și Hotărârea SCK și FNK/Comisia, punctul 60 de mai sus, punctul 181). Pe de altă parte, și contrar afirmațiilor reclamantelor, Comisia nu avea obligația să demonstreze că acordurile în litigiu avuseseră în practică un efect semnificativ asupra schimburilor comerciale dintre statele membre sau că schimburile comerciale interstatale ar fi sporit după încetarea încălcărilor. Astfel, articolul 81 alineatul (1) CE prevede numai ca acordurile și practicile concertate care restrâng concurența să poată afecta comerțul dintre statele membre (Hotărârea Asnef‑Equifax și Administración del Estado, punctul 55 de mai sus, punctul 43, și Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2006, FNCBV și alții/Comisia, T‑217/03 și T‑245/03, Rec., p. II‑4987, punctul 68). Rezultă din toate cele de mai sus că este întemeiată concluzia Comisiei potrivit căreia înțelegerile menționate la articolul 1 din decizia atacată au afectat în mod semnificativ comerțul dintre statele membre în sensul articolului 81 alineatul (1) CE. Prin urmare, primul aspect trebuie să fie respins. Cu privire la al doilea aspect, întemeiat pe încălcarea Regulamentului nr. 1/2003, a Comunicării privind cooperarea în cadrul rețelei și a principiilor egalității de tratament și protecției încrederii legitime, întrucât Comisia ar fi trebuit să lase investigarea încălcărilor în sarcina autorităților naționale de concurență competente În considerentul (543) al deciziei atacate, Comisia își justifică după cum urmează competența de a aplica articolul 81 CE în cazul înțelegerilor avute în vedere în respectiva decizie: „[…] Regulamentul nr. 1/2003 a menținut sistemul comunitar de competență paralelă în ceea ce privește aplicarea articolului 81 alineatul (1) [CE]. În special, acesta nu a modificat competența Comisiei de a investiga orice presupusă încălcare și de a adopta decizii în temeiul articolului 81 [CE], inclusiv în cazul încălcărilor care își produc principalele efecte într‑un singur stat membru. Comunicarea [privind cooperarea în cadrul rețelei] stabilește orientări privind repartizarea sarcinilor între Comisie și autoritățile de concurență ale statelor membre. Nici Regulamentul nr. 1/2003, nici Comunicarea [privind cooperarea în cadrul rețelei] nu creează, în ceea ce privește o întreprindere, vreun drept sau vreo așteptare referitoare la examinarea cauzei sale de către o anumită autoritate de concurență și nimic nu împiedică Comisia să intervină în cazul unei presupuse încălcări a articolului 81 [CE], inclusiv în cadrul cauzelor care sunt limitate la teritoriul unui singur stat membru […]”. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin în esență că, chiar dacă articolul 81 CE ar fi aplicabil, Comisia nu era competentă să inițieze procedura și să aplice amenzi. Inițierea procedurii de către Comisie ar constitui o încălcare a Comunicării privind cooperarea în cadrul rețelei și a principiului protecției încrederii legitime. În conformitate cu articolele 5 și 35 din Regulamentul nr. 1/2003 și cu punctele 8 și 14 din Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei, autoritățile naționale de concurență competente ar fi fost cele mai apte să investigheze încălcările. Reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 afirmă de asemenea că Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei ar avea forță obligatorie în ceea ce privește autoritățile de concurență, ceea ce ar rezulta din principiul legalității în cadrul gestionării administrative, din principiul egalității de tratament și din cel al respectării încrederii legitime. În sfârșit, reclamantele din cauzele T‑147/07 și T‑149/07 subliniază că investigarea încălcărilor de către autoritățile naționale de concurență ar fi fost mai eficientă, având în vedere „carențele lingvistice” ale funcționarilor Comisiei însărcinați cu respectivul dosar. Potrivit reclamantelor menționate, faptul că Comisia a lăsat în sarcina autorității austriece de concurență investigarea unei încălcări paralele a articolului 81 CE pe piața ascensoarelor și a scărilor rulante din Austria ilustrează caracterul arbitrar al aplicării principiilor de atribuire a competenței prevăzute de Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin în această privință că au beneficiat de un tratament mai puțin favorabil decât în cazul în care ar fi fost sesizate autoritățile competente în temeiul Comunicării privind cooperarea în cadrul rețelei, întrucât le‑ar fi fost acordate decizii de imunitate de către autoritățile de concurență belgiene, luxemburgheze și olandeze. În primul rând, trebuie amintit că, în ceea ce privește repartizarea competențelor între Comisie și autoritățile naționale de concurență, Regulamentul nr. 1/2003 pune capăt regimului centralizat anterior și instituie, în conformitate cu principiul subsidiarității, o asociere mai amplă a autorităților naționale de concurență. Astfel, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul nr. 1/2003, statele membre trebuie să desemneze autoritatea sau autoritățile de concurență responsabile cu aplicarea articolelor 81 CE și 82 CE, iar articolul 5 din Regulamentul nr. 1/2003 abilitează autoritățile menționate să pună în aplicare dreptul concurenței al Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 8 martie 2007, France Télécom/Comisia, T‑339/04, Rep., p. II‑521, punctul 79). Cu toate acestea, cooperarea instituită prin Regulamentul nr. 1/2003 între Comisie și autoritățile naționale de concurență nu permite să se considere că, în speță, Comisia ar fi trebuit să lase investigarea diferitor încălcări în sarcina autorităților naționale de concurență competente. Dimpotrivă, reiese din dispozițiile Regulamentului nr. 1/2003 că Comisia păstrează un rol preponderent în identificarea și în constatarea încălcărilor normelor de concurență ale Uniunii, care nu este afectat de competența paralelă de care dispun autoritățile naționale de concurență în temeiul regulamentului menționat. Astfel, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1/2003, Comisia poate iniția o procedură în vederea adoptării unei decizii chiar dacă o autoritate națională analizează deja o cauză, după consultarea acesteia din urmă. În plus, în conformitate cu dispoziția menționată, inițierea unei proceduri de către Comisie privează autoritățile naționale de concurență de competența lor de a aplica normele de concurență ale Uniunii într‑o astfel de cauză. În ceea ce privește Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei, care, în opinia reclamantelor, ar fi fost încălcată în speță, trebuie subliniat că, potrivit punctului 31 din comunicare, aceasta nu conferă întreprinderilor implicate un drept individual de a le fi examinată cauza de o anumită autoritate. Reclamantele nu sunt, așadar, îndreptățite să susțină că, potrivit acestei comunicări, aveau un drept sau o așteptare legitimă ca autoritățile naționale de concurență să investigheze încălcările constatate în decizia atacată (a se vedea în acest sens Hotărârea France Télécom/Comisia, punctul 75 de mai sus, punctul 83). Prin urmare, Comisia a apreciat în mod corect, în considerentul (543) al deciziei atacate, că „nici Regulamentul nr. 1/2003, nici Comunicarea [privind cooperarea în cadrul rețelei] nu creează, în ceea ce privește o întreprindere, vreun drept sau vreo așteptare referitoare la examinarea cauzei sale de către o anumită autoritate de concurență”. În plus, chiar presupunând că Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei ar putea da naștere, în ceea ce privește întreprinderile, dreptului sau încrederii legitime ca o cauză să fie examinată de o anumită autoritate, argumentele reclamantelor, care se bazează pe punctele 8 și 14 din comunicarea menționată, nu pot fi primite. În această privință, trebuie subliniat, primo , că punctul 8 din Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei, care enunță condițiile în care „[o] autoritate poate fi considerată bine plasată pentru a instrumenta [o cauză]”, este lipsit de forță obligatorie. Folosirea verbului „a putea” demonstrează că este vorba despre o simplă posibilitate de distribuire a sarcinilor, care nu poate fi considerată ca impunând Comisiei să nu examineze o cauză atunci când sunt îndeplinite condițiile prevăzute la punctul 8 (Hotărârea France Télécom/Comisia, punctul 75 de mai sus, punctul 84). Secundo , în măsura în care punctul 14 din Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei ar putea da naștere unor drepturi sau unor așteptări legitime, prin faptul că afirmă că Comisia „este” deosebit de bine plasată atunci când sunt întrunite anumite condiții pe care le enunță, acesta ar confirma competența Comisiei de a examina prezenta cauză. Astfel, în conformitate cu punctul 14 din Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei, trebuie să se considere că Comisia este deosebit de bine plasată „în cazul în care unul sau mai multe acorduri sau practici […] au efecte asupra concurenței din mai mult de trei state membre”, ceea ce este cazul încălcărilor constatate în decizia atacată. Tertio , în ceea ce privește punctul 15 din Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei, care, în lipsa unei încălcări unice, ar constitui, în opinia reclamantelor, singurul temei al competenței Comisiei și ale cărui condiții nu ar fi întrunite în speță, este suficient de observat, în acord cu Comisia, că această dispoziție nu este pertinentă în ceea ce privește prezenta cauză, întrucât se referă la o ipoteză în care Comisia ar fi deosebit de bine plasată pentru a instrumenta o cauză. Întrucât Comunicarea privind cooperarea în cadrul rețelei nu a fost încălcată în speță, nu este necesar ca Tribunalul să se pronunțe cu privire la pretinsa încălcare a principiului legalității în cadrul gestionării administrative și a principiului egalității de tratament, care ar sta la baza forței obligatorii a comunicării menționate. În al doilea rând, nici adoptarea de către autoritatea austriacă de concurență a unei decizii cu privire la o încălcare națională paralelă nu este de natură să demonstreze că Comisia ar fi trebuit să lase în sarcina autorităților naționale de concurență competente investigarea încălcărilor din Belgia, din Germania, din Luxemburg și din Țările de Jos. Astfel, după cum reiese din analiza efectuată la punctele 75-78 de mai sus, nicio dispoziție din dreptul Uniunii nu impune o astfel de obligație Comisiei. Pe de altă parte, reiese în orice caz din explicațiile acesteia din urmă că abordarea adoptată nu a fost arbitrară. Astfel, nu este contestat faptul că investigațiile referitoare la cele patru înțelegeri menționate în decizia atacată au fost inițiate cu 32 de luni înaintea inițierii unei investigații privind înțelegerea din Austria și că, la momentul depunerii primei cereri întemeiate pe Comunicarea privind cooperarea din 2002 referitoare la înțelegerea din Austria, investigațiile privind înțelegerile menționate în decizia atacată fuseseră deja finalizate și fusese deja întocmit un proiect de decizie. Motivul pentru care investigația Comisiei a fost limitată la cele patru înțelegeri menționate în decizia atacată a fost, așadar, riscul întârzierii examinării acestor cauze. În al treilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 nu se pot referi la pretinsele decizii de imunitate pe care le‑ar fi obținut din partea autorităților de concurență belgiene, luxemburgheze și olandeze pentru a‑și susține argumentele potrivit cărora Comisia ar fi trebuit să lase în sarcina autorităților naționale menționate investigarea încălcărilor. Astfel, aceste decizii naționale erau provizorii (a se vedea punctele 167-174 de mai jos) și nu depășeau cadrul unei proceduri naționale. Or, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1/2003, Comisia poate, în orice moment, să inițieze o procedură și să preia astfel competența autorităților de concurență ale statelor membre. În al patrulea rând, în ceea ce privește argumentul reclamantelor din cauzele T‑147/07 și T‑149/07 referitor la pretinsele „carențe lingvistice” ale funcționarilor Comisiei însărcinați cu respectivul dosar, acesta trebuie respins, întrucât Comisia este o instituție multilingvă care trebuie considerată a fi capabilă să lucreze în toate limbile oficiale ale Comunității (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 15 martie 2000, Cimenteries CBR și alții/Comisia, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95-T‑32/95, T‑34/95-T‑39/95, T‑42/95-T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95-T‑65/95, T‑68/95-T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 și T‑104/95, Rec., p. II‑491, punctul 640). Reclamantele nu pot pretinde nici că notificarea comunicării privind obiecțiunile și a deciziei atacate în engleză, în condițiile în care reclamantele ar fi utilizat în cadrul procedurii administrative limba germană sau limba olandeză, a afectat exercitarea dreptului acestora la apărare, întrucât recunosc că au acceptat notificarea documentelor în limba engleză și întrucât afirmațiile lor nu sunt, în orice caz, demonstrate. Rezultă din toate cele de mai sus că nici al doilea aspect al prezentului motiv nu poate fi admis. Prin urmare, motivul întemeiat pe necompetența Comisiei trebuie respins în totalitate. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiilor care guvernează stabilirea răspunderii pentru încălcările articolului 81 CE, pe încălcarea prezumției de nevinovăție, a principiului individualizării sancțiunilor, a principiului egalității de tratament și a dreptului la apărare, precum și a articolului 253 CE în ceea ce privește imputarea societăților‑mamă a încălcărilor săvârșite de filialele acestora Observații introductive Prin intermediul acestui motiv, care se referă, pe de o parte, la legalitatea constatării unei încălcări în ceea ce privește societățile‑mamă menționate la articolul 1 din decizia atacată și, pe de altă parte, la legalitatea amenzilor aplicate respectivelor societăți‑mamă la articolul 2 din decizia atacată, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 contestă răspunderea solidară a societăților TKE și TKAG pentru comportamentele anticoncurențiale ale filialelor lor din Belgia, din Germania, din Luxemburg și din Țările de Jos. În ceea ce privește răspunderea solidară a unei societăți‑mamă pentru comportamentul filialei sale, trebuie amintit că faptul că o filială are personalitate juridică distinctă nu este suficient pentru a înlătura posibilitatea ca societății‑mamă să i se impute comportamentul acesteia (Hotărârea Curții din 14 iulie 1972, Imperial Chemical Industries/Comisia, 48/69, Rec., p. 619, punctul 132). Astfel, dreptul concurenței al Uniunii vizează activitățile întreprinderilor, iar noțiunea de întreprindere cuprinde orice entitate care exercită o activitate economică, independent de statutul juridic al acestei entități și de modul său de finanțare (a se vedea Hotărârea Curții din 10 septembrie 2009, Akzo Nobel și alții/Comisia, C‑97/08 P, Rep., p. I‑8237, punctul 54 și jurisprudența citată). Instanțele Uniunii au precizat de asemenea că noțiunea de întreprindere, plasată în acest context, trebuie să fie înțeleasă în sensul că desemnează o unitate economică chiar dacă, din punct de vedere juridic, această unitate economică este constituită din mai multe persoane fizice sau juridice (a se vedea Hotărârea Curții din 12 iulie 1984, Hydrotherm Gerätebau, 170/83, Rec., p. 2999, punctul 11, Hotărârea Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 55 și jurisprudența citată, și Hotărârea Tribunalului din 29 iunie 2000, DSG/Comisia, T‑234/95, Rec., p. II‑2603, punctul 124). S‑a subliniat astfel că, în vederea aplicării normelor privind concurența, nu este determinantă separarea formală dintre două societăți, rezultată din personalitatea lor juridică distinctă, importantă fiind existența sau inexistența unui comportament unitar al acestora pe piață. Astfel, poate fi necesar să se stabilească dacă două societăți cu personalități juridice distincte formează sau fac parte din una și aceeași întreprindere sau entitate economică ce prezintă un comportament unic pe piață (Hotărârea Imperial Chemical Industries/Comisia, punctul 90 de mai sus, punctul 140, și Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 2005, DaimlerChrysler/Comisia, T‑325/01, Rec., p. II‑3319, punctul 85). În cazul în care o astfel de entitate economică încalcă normele privind concurența, răspunderea pentru această încălcare revine entității respective, potrivit principiului răspunderii personale (a se vedea Hotărârea Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 56 și jurisprudența citată). Astfel, comportamentul unei filiale poate fi imputat societății‑mamă în special atunci când, deși are personalitate juridică distinctă, această filială nu își decide în mod autonom comportamentul pe piață, ci aplică în esență instrucțiunile care îi sunt date de societatea‑mamă, având în vedere, mai ales, legăturile organizatorice, economice și juridice care unesc cele două entități juridice (a se vedea Hotărârea Curții din 16 noiembrie 2000, Metsä‑Serla și alții/Comisia, C‑294/98 P, Rec., p. I‑10065, punctul 27, Hotărârea Curții din 28 iunie 2005, Dansk Rørindustri și alții/Comisia, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P-C‑208/02 P și C‑213/02 P, Rec., p. I‑5425, punctul 117, și Hotărârea Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 58 și jurisprudența citată). Într‑adevăr, într‑un asemenea caz, societatea‑mamă și filiala sa fac parte din aceeași unitate economică și, prin urmare, formează o singură întreprindere, în sensul jurisprudenței menționate la punctul 91 de mai sus. Astfel, faptul că o societate‑mamă și filiala sa constituie o singură întreprindere în sensul articolului 81 CE, permite Comisiei să adreseze o decizie prin care se aplică amenzi societății‑mamă fără să fie necesară stabilirea implicării personale a acesteia din urmă în cadrul încălcării (Hotărârea Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 59). În cazul particular în care o societate‑mamă deține 100 % din capitalul filialei sale care a săvârșit o încălcare a normelor privind concurența ale Uniunii, pe de o parte, această societate‑mamă poate exercita o influență decisivă asupra comportamentului acestei filiale și, pe de altă parte, există o prezumție relativă potrivit căreia societatea‑mamă respectivă exercită în mod efectiv o influență decisivă asupra comportamentului filialei sale (a se vedea Hotărârea Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 60 și jurisprudența citată). În aceste condiții, este suficient să se dovedească de către Comisie că întregul capital al unei filiale este deținut de societatea sa mamă pentru a prezuma că aceasta din urmă exercită o influență decisivă asupra politicii comerciale a acestei filiale. Prin urmare, Comisia va fi în măsură să considere societatea‑mamă răspunzătoare în solidar pentru plata amenzii aplicate filialei sale, cu excepția cazului în care această societate‑mamă, căreia îi revine obligația de a răsturna această prezumție, prezintă elemente de probă suficiente de natură să demonstreze că filiala sa se comportă în mod autonom pe piață (a se vedea Hotărârea Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 61 și jurisprudența citată). În plus, deși este adevărat că, la punctele 28 și 29 din Hotărârea din 16 noiembrie 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Comisia (C‑286/98 P, Rec., p. I‑9925), în afara deținerii a 100 % din capitalul filialei, Curtea a evocat și alte împrejurări, precum necontestarea influenței exercitate de societatea‑mamă asupra politicii comerciale a filialei sale și reprezentarea comună a celor două societăți în cursul procedurii administrative, nu este mai puțin adevărat că împrejurările menționate nu au fost evidențiate decât în scopul de a expune ansamblul elementelor pe care Tribunalul își întemeiase raționamentul, iar nu pentru a condiționa punerea în aplicare a prezumției menționate la punctul 96 de mai sus de prezentarea unor indicii suplimentare referitoare la exercitarea în mod efectiv a unei influențe a societății‑mamă (Hotărârea Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 62). În lumina principiilor amintite mai sus, urmează să fie examinată imputarea societăților TKE și TKAG a încălcărilor săvârșite de TKLA, TKA, TKF și TKAL, precum și imputarea societății TKAG a încălcării săvârșite de TKL. Cu privire la imputarea societăților TKE și TKAG a încălcărilor constatate la articolul 1 din decizia atacată În considerentele (634), (635), (636) și (641) ale deciziei atacate, Comisia a considerat că trebuia ca TKE, în calitate de societate‑mamă intermediară în proporție de 100 %, să fie declarată răspunzătoare în solidar pentru încălcările săvârșite de filialele sale TKLA, TKAL, TKA și TKF în Belgia, în Luxemburg și, respectiv, în Germania. Comisia a considerat de asemenea că trebuia ca TKAG, în calitate de societate‑mamă care deține integral celelalte societăți din cadrul grupului, să fie declarată răspunzătoare în solidar pentru încălcările săvârșite de filialele sus‑menționate, precum și de TKL în Țările de Jos [considerentele (634), (635), (636), (637) și (641) ale deciziei atacate]. În considerentul (639) al deciziei atacate, Comisia explică următoarele: „[…] astfel cum s‑a arătat în considerentul (619) [al deciziei atacate], Comisia consideră că este neîntemeiat argumentul societății TKE potrivit căruia răspunderea sa ar fi exclusă ca urmare a lipsei vreunei suprapuneri în ceea ce privește consiliile de administrație ale TKE și ale filialelor sale în perioada în care au avut loc încălcările. Pe de altă parte, astfel cum s‑a arătat în considerentul (626), stabilirea răspunderii unei societăți‑mamă nu necesită nicio suprapunere între activitățile celor două întreprinderi. Prin urmare, Comisia consideră că este insuficient argumentul societății TKE potrivit căruia «TKE este o simplă societate holding intermediară care nu gestionează activitățile curente ale societăților pe care le deține» și potrivit căruia, în consecință, TKE nu ar fi putut exercita o influență asupra acestor filiale. Astfel, în cadrul unei entități economice, se poate prezuma că filiala aplică în esență instrucțiunile societății‑mamă și că nu este necesar ca aceasta din urmă să gestioneze în mod direct activitățile curente ale filialei pentru a exercita o influență decisivă asupra politicii sale comerciale. Faptul că TKE a emis o instrucțiune internă în cadrul grupului prin care a cerut filialelor sale să se concentreze asupra piețelor lor interne și că filialele au urmat această instrucțiune demonstrează că TKE a utilizat posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra activităților comerciale ale filialelor sale. […]” Comisia subliniază de asemenea, în considerentul (640) al deciziei atacate, că, „[î]n cadrul răspunsurilor lor la comunicarea privind obiecțiunile, TKE și filialele sale implicate nu au prezentat nicio informație care să clarifice relațiile sociale existente între ele, structura ierarhică și obligațiile de informare, pentru a combate prezumția potrivit căreia filialele nu își decideau în mod autonom comportamentul pe piață” și trage concluzia că „TKAG și filiala sa deținută în proporție de 100 %, TKE, nu au răsturnat prezumția de răspundere în ceea ce privește încălcările săvârșite în Belgia, în Germania, în Luxemburg și în Țările de Jos”. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin în esență că au fost încălcate principiile privind imputabilitatea societăților‑mamă a comportamentului ilicit al filialelor acestora. În plus, reclamantele menționate invocă mai multe argumente prin care urmăresc să demonstreze că filialele grupului ThyssenKrupp menționate la punctul 99 de mai sus (denumite în continuare „filialele ThyssenKrupp”) își decid în mod autonom politica comercială, fără a fi influențate de societățile lor mamă. Acestea afirmă în final că Comisia a încălcat principiul individualizării sancțiunilor, prezumția de nevinovăție, dreptul lor la apărare, precum și obligația sa de motivare. –       Cu privire la prezumția de răspundere a societăților TKAG și TKE în ceea ce privește comportamentele filialelor lor Trebuie subliniat, în primul rând, că este cert că, în perioada încălcării, TKAG deținea direct 100 % din capitalul societății TKE, care deținea la rândul său direct 100 % din capitalul societății TKA și, indirect, 100 % din capitalul societăților TKAL, TKLA și TKF. În plus, TKAG era societatea‑mamă care deținea în ultimă instanță și societatea TKL. Prin urmare, având în vedere jurisprudența citată la punctul 96 de mai sus, există o prezumție potrivit căreia TKAG și TKE au exercitat o influență decisivă asupra comportamentului filialelor pe care le dețineau. În consecință, reclamantele din cauzele T‑149/07 și T‑150/07 nu pot pretinde că Comisia a încălcat principiile referitoare la repartizarea sarcinii probei dependenței filialelor în raport cu societatea lor mamă. Reclamantele din cauzele T‑149/07 și T‑150/07 susțin în plus că imputarea unei societăți‑mamă a comportamentului filialelor sale nu este posibilă în cazul în care aceasta nu a participat efectiv la încălcare, în conformitate cu principiul individualizării sancțiunilor, care ar rezulta de asemenea din practica decizională a Comisiei. În această privință, trebuie subliniat că, potrivit principiului individualizării pedepselor și a sancțiunilor, care este aplicabil în orice procedură administrativă care poate conduce la sancțiuni în temeiul normelor privind concurența ale Uniunii, o întreprindere nu trebuie să fie sancționată decât pentru faptele care îi sunt imputate în mod individual (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 13 decembrie 2001, Krupp Thyssen Stainless și Acciai speciali Terni/Comisia, T‑45/98 și T‑47/98, Rec., p. II‑3757, punctul 63). Acest principiu trebuie însă să fie interpretat în acord cu noțiunea de întreprindere Astfel, nu o relație de instigare privind încălcarea între societatea‑mamă și filiala sa, nici, cu atât mai puțin, o implicare a celei dintâi în respectiva încălcare, ci faptul că acestea constituie o singură întreprindere în sensul articolului 81 CE permite Comisiei să adreseze societății‑mamă a unui grup de societăți decizia prin care se aplică amenzi (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 30 septembrie 2003, Michelin/Comisia, T‑203/01, Rec., p. II‑4071, punctul 290). Or, trebuie să se constate că TKAG și TKE au fost personal sancționate pentru o serie de încălcări pe care se consideră că le‑au săvârșit ele însele ca urmare a legăturilor economice și juridice strânse care le unesc cu filialele lor (a se vedea în acest sens Hotărârea Metsä‑Serla și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctul 34). Pe de altă parte, în ceea ce privește invocarea de către reclamante a practicii decizionale a Comisiei, trebuie subliniat că evaluările Comisiei cu privire la împrejurările de fapt ale cauzelor anterioare nu pot fi transpuse în prezenta cauză (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2007, Sun Chemical Group și alții/Comisia, T‑282/06, Rep., p. II‑2149, punctul 88) și că deciziile referitoare la alte cauze nu pot avea decât un caracter indicativ, din moment ce circumstanțele cauzelor nu sunt identice (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 21 septembrie 2006, JCB Service/Comisia, C‑167/04 P, Rec., p. I‑8935, punctele 201 și 205, și Hotărârea Curții din 7 iunie 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Comisia, C‑76/06 P, Rep., p. I‑4405, punctul 60). Rezultă că principiul individualizării sancțiunilor nu a fost încălcat în speță. În al doilea rând, reclamantele din cauzele T‑149/07 și T‑150/07 susțin că imputarea unei societăți‑mamă a comportamentului filialei sale nu poate fi avută în vedere decât în cazul în care acest lucru este necesar din punct de vedere obiectiv pentru asigurarea eficienței practice a normelor de concurență. O asemenea afirmație este rezultatul unei interpretări greșite a jurisprudenței menționate la punctele 90-98 de mai sus și trebuie, prin urmare, să fie respinsă. Astfel, în măsura în care este întemeiată concluzia Comisiei că TKAG, TKE și filialele ThyssenKrupp constituie, din punctul de vedere al aplicării articolului 81 CE, o întreprindere unică și în care, în consecință, această întreprindere a fost personal sancționată pentru o serie de încălcări pe care se consideră că le‑a săvârșit ea însăși, Comisia nu are obligația, în cadrul examinării imputabilității unei încălcări săvârșite de o filială societății sale mamă, să verifice dacă o astfel de imputare este necesară pentru a asigura „eficiența practică” a dreptului concurenței al Uniunii. În al treilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 consideră că prezumția de răspundere menționată la punctul 96 de mai sus încalcă prezumția de nevinovăție și este incompatibilă cu articolul 6 paragraful 2 din Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „CEDO”), și cu articolul 48 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, proclamată la 7 decembrie 2000 la Nisa (JO C 364, p. 1) (denumită în continuare „carta”). Trebuie arătat că principiul prezumției de nevinovăție, astfel cum rezultă în special din articolul 6 paragraful 2 din CEDO, se numără printre drepturile fundamentale care, potrivit jurisprudenței Curții, reafirmată de altfel la articolul 6 alineatul (2) UE, precum și la articolul 48 alineatul (1) din cartă, sunt recunoscute în ordinea juridică a Uniunii. Având în vedere natura încălcărilor în cauză, precum și natura și nivelul de gravitate al sancțiunilor aferente acestora, principiul prezumției de nevinovăție se aplică în special procedurilor referitoare la încălcări ale normelor de concurență aplicabile întreprinderilor care pot conduce la aplicarea unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu (a se vedea Hotărârea Tribunalului din 5 aprilie 2006, Degussa/Comisia, T‑279/02, Rec., p. II‑897, punctul 115 și jurisprudența citată). Principiul prezumției de nevinovăție implică faptul că orice persoană acuzată este prezumată nevinovată până în momentul în care vinovăția ei a fost legal stabilită (Hotărârea Tribunalului din 6 octombrie 2005, Sumitomo Chemical și Sumika Fine Chemicals/Comisia, T‑22/02 și T‑23/02, Rec., p. II‑4065, punctul 106). În ceea ce privește aspectul dacă o normă privind imputabilitatea unei încălcări precum cea enunțată în jurisprudența citată la punctul 96 de mai sus este compatibilă cu articolul 6 paragraful 2 din CEDO, trebuie subliniat că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a considerat că această dispoziție nu se opune prezumțiilor de fapt sau de drept care se regăsesc în reglementările cu caracter penal, ci impune ca acestea să fie încadrate în limite rezonabile, luând în considerare importanța mizei pe care o reprezintă pentru acuzat și asigurând dreptul la apărare (a se vedea Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Salabiaku împotriva Franței din 7 octombrie 1988, seria A, nr. 141‑A, § 28; a se vedea de asemenea în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Grayson și Barnham împotriva Regatului Unit din 23 septembrie 2008, Recueil des arrêts et décisions , 2008, § 40). Astfel, nu poate avea loc o încălcare a prezumției de nevinovăție atunci când, în cadrul procedurilor privind concurența, se trag anumite concluzii pe baza experienței dobândite din derularea firească a evenimentelor, cu condiția ca întreprinderile afectate să aibă posibilitatea de a infirma aceste concluzii (a se vedea, prin analogie, punctul 93 din Concluziile avocatului general Kokott prezentate în cauza în care s‑a pronunțat Hotărârea Curții din 4 iunie 2009, T‑Mobile Netherlands și alții, C‑8/08, Rep., p. I‑4529, I‑4533). Or, în speță, Comisia a stabilit mai întâi, în cadrul deciziei atacate, fără a recurge la vreo prezumție de fapt sau de drept, că filialele ThyssenKrupp au săvârșit încălcări ale articolului 81 CE în Belgia, în Germania, în Luxemburg și în Țările de Jos. Având în vedere faptul că articolul 81 CE se referă la comportamentele întreprinderilor, Comisia a examinat în continuare dacă entitatea economică ce a săvârșit aceste încălcări includea și societățile‑mamă ale filialelor ThyssenKrupp. Comisia a stabilit că TKAG și TKE au exercitat o influență decisivă asupra comportamentului filialelor lor bazându‑se pe prezumția de răspundere care rezultă printre altele din jurisprudența citată la punctul 96 de mai sus. În sfârșit, în conformitate cu dreptul la apărare, aceste societăți‑mamă, care au fost destinatarele comunicării privind obiecțiunile, au avut posibilitatea să răstoarne această prezumție prezentând elemente de probă de natură să demonstreze autonomia filialelor lor. Comisia a apreciat însă, în considerentul (641) al deciziei atacate, că prezumția nu a fost răsturnată. Dat fiind că prezumția menționată la punctul 96 de mai sus este relativă, că aceasta nu se referă decât la imputarea societății‑mamă a unei încălcări a cărei săvârșire a fost constatată deja în ceea ce privește filiala și că, în plus, această prezumție se înscrie în cadrul unei proceduri în care dreptul la apărare a fost respectat, motivul întemeiat pe încălcarea principiului prezumției de nevinovăție trebuie, în consecință, să fie respins. În al patrulea rând, reclamanta din cauza T‑149/07 susține că aplicarea unei amenzi societății TKE nu este motivată din punct de vedere obiectiv și este în contradicție cu faptul că Comisia nu a aplicat amenzi altor societăți intermediare. Un astfel de argument trebuie de asemenea să fie respins. Astfel, posibilitatea de a aplica o sancțiune pentru comportamentul ilicit al unei filiale societății‑mamă care o deține în ultimă instanță nu împiedică sancționarea unei societăți holding intermediare sau chiar a filialei, în măsura în care Comisia a putut considera că respectivele societăți constituiau o singură întreprindere. Astfel, într‑o asemenea ipoteză, Comisia poate alege, dacă sunt întrunite condițiile privind imputabilitatea, să sancționeze filiala care a participat la încălcare, societatea‑mamă intermediară care a controlat‑o în această perioadă și societatea‑mamă aflată la conducerea grupului (a se vedea în acest sens Hotărârea Raiffeisen Zentralbank Österreich și alții/Comisia, punctul 60 de mai sus, punctul 331). Din toate cele de mai sus rezultă că trebuie să fie respinse toate motivele referitoare la aplicarea în speță a prezumției de răspundere a societăților TKAG și TKE pentru comportamentul filialelor lor. –       Cu privire la elementele prezentate de reclamante pentru a răsturna prezumția de răspundere a societăților TKAG și TKE pentru comportamentul filialelor fiecăreia dintre acestea Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin în esență că, chiar dacă ar exista o prezumție de răspundere a societăților TKAG și TKE pentru comportamentul filialelor lor, această prezumție ar fi fost răsturnată deoarece i s‑ar fi demonstrat Comisiei, în cursul procedurii administrative și, în special, în cursul a două întâlniri din 1 martie 2005 și din 20 septembrie 2006, că filialele ThyssenKrupp au acționat și ar acționa în mod autonom din punct de vedere economic și juridic. În primul rând, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că TKAG nu ar fi decât o societate holding care nu ar deține participații în societățile locale care au luat parte la înțelegeri decât prin intermediul altor societăți holding și că TKE nu ar fi decât o societate holding intermediară care nu ar participa la activitățile de exploatare în domeniul ascensoarelor și al scărilor rulante. Astfel de argumente trebuie să fie respinse, întrucât simpla calitate de societate holding sau de societate holding intermediară nu este, în sine, de natură să răstoarne prezumția de răspundere a unei societăți‑mamă pentru comportamentul filialelor sale. În această privință, se impune precizarea că, în contextul unui grup de societăți, precum în speță, un holding este o societate destinată să grupeze participații în diverse societăți, al cărei rol este să asigure o conducere unitară (Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2008, Schunk și Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisia, T‑69/04, Rep., p. II‑2567, punctele 60 și 63). În al doilea rând, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 afirmă că, dată fiind structura operațională descentralizată a segmentului „Ascensoare” al ThyssenKrupp, filialele ThyssenKrupp, care ar dispune de propriile lor resurse umane și materiale, ar fi participat la încălcări fără să fie supuse vreunei influențe din partea societăților TKE și TKAG. Astfel de afirmații nu sunt de natură să răstoarne prezumția de răspundere a societăților TKAG și TKE pentru comportamentul filialelor ThyssenKrupp, întrucât nu sunt susținute de elemente de probă. În orice caz, trebuie să se constate că împărțirea filialelor societății TKAG în segmente, precum segmentul „Ascensoare”, de care răspunde societatea TKE, care reunește toate filialele ThyssenKrupp, inclusiv TKL, chiar dacă aceasta nu este o filială a societății TKE, constituie mai degrabă un indiciu privind exercitarea de către societățile‑mamă respective a unei influențe decisive asupra filialelor menționate. În al treilea rând, nu poate fi primit nici argumentul reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 potrivit căruia nu a existat nicio suprapunere între organele de conducere ale societăților TKE și TKAG și filialele acestora în cauză. Trebuie subliniat că aceste afirmații nu sunt susținute de niciun mijloc de probă scris, deși astfel de mijloace de probă ar fi putut fi prezentate în ceea ce privește, printre altele, lista nominală a membrilor organelor statutare ale respectivelor întreprinderi la data săvârșirii încălcării (a se vedea în acest sens Hotărârea Schunk și Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisia, punctul 122 de mai sus, punctul 69). În plus, legăturile organizatorice, economice și juridice existente între TKAG, TKE și filialele ThyssenKrupp pot stabili existența unei influențe a primelor asupra strategiei respectivelor filiale și, în consecință, pot justifica faptul de a fi considerate o singură entitate economică (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2007, Akzo Nobel și alții/Comisia, T‑112/05, Rep., p. II‑5049, punctul 83). În al patrulea rând, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 subliniază că au participat în mod autonom la procedură și că au prezentat un răspuns individual la comunicarea privind obiecțiunile. Nici o astfel de argumentare nu este de natură să răstoarne prezumția de răspundere a societăților TKAG și TKE pentru comportamentul filialelor lor. Este adevărat că Curtea a considerat că faptul că societatea‑mamă se prezintă ca fiind singurul interlocutor al Comisiei în ceea ce privește încălcarea în cauză poate indica exercitarea efectivă a unei influențe decisive asupra comportamentului filialei (Hotărârea Stora Kopparbergs Bergslags/Comisia, punctul 98 de mai sus, punctul 29). Cu toate acestea, prezentarea de către filialele unui grup a unor răspunsuri separate la comunicarea privind obiecțiunile nu poate constitui, în sine, o dovadă a autonomiei respectivelor filiale. În al cincilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că considerentul (639) al deciziei atacate ar fi inexact, întrucât Comisia ar fi considerat că influența decisivă a societății TKE asupra comportamentului filialelor sale rezulta din emiterea de către TKE a unei instrucțiuni interne în cadrul grupului prin care cerea filialelor sale să se concentreze asupra piețelor lor interne, în condițiile în care această solicitare nu ar face decât să exprime politica comercială urmată de filialele naționale. Concentrarea asupra piețelor naționale ar decurge dintr‑o împărțire a sarcinilor între filiale, rezultată din condițiile specifice ale pieței. Un astfel de argument este rezultatul unei interpretări greșite a considerentelor (634)-(639) ale deciziei atacate. Reiese astfel din considerentele menționate că concluzia Comisiei potrivit căreia TKE trebuia să fie considerată răspunzătoare pentru încălcările săvârșite de filialele sale s‑a bazat pe deținerea de către TKE a 100 % din capitalul filialele sale și pe prezumția, care nu a fost răsturnată, rezultată din această deținere privind influența decisivă exercitată asupra politicii comerciale a respectivelor filiale. Este adevărat că, în considerentul (639) al deciziei atacate, Comisia a indicat de asemenea că faptul că TKE a emis o instrucțiune internă în cadrul grupului prin care cerea filialelor sale să se concentreze asupra piețelor lor interne și că filialele au urmat această instrucțiune demonstra că TKE utilizase posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra activităților comerciale ale filialelor sale. Acest motiv constituia însă un răspuns la argumentul, formulat în cadrul răspunsului societății TKE la comunicarea privind obiecțiunile, potrivit căruia TKE nu era decât o simplă societate holding intermediară care nu gestiona activitățile curente ale societăților pe care le deținea (a se vedea punctul 122 de mai sus). În orice caz, și contrar susținerilor reclamantelor, emiterea de către TKE a unei instrucțiuni adresate filialelor grupului care făceau parte din segmentul „Ascensoare” de a se concentra asupra piețelor lor naționale indică, astfel cum a subliniat Comisia, influența decisivă exercitată de TKE nu numai asupra comportamentului filialelor sale, ci și asupra celui al societății TKL, care, astfel cum a afirmat reclamanta din cauza T‑149/07 în cadrul ședinței, face de asemenea parte din segmentul menționat. Din toate cele de mai sus reiese că este întemeiată concluzia Comisiei, cuprinsă în considerentul (641) al deciziei atacate, potrivit căreia reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 nu au răsturnat prezumția de răspundere a societăților TKAG și TKE pentru încălcările săvârșite de filialele ThyssenKrupp în Belgia, în Germania, în Luxemburg și în Țările de Jos. Cu privire la încălcarea obligației de motivare și a dreptului la apărare Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin, în esență, că Comisia și‑a încălcat obligația de motivare sub mai multe aspecte. În primul rând, decizia atacată nu ar fi motivată în ceea ce privește constatarea existenței unei unități economice între TKAG, TKE și filialele ThyssenKrupp și nu ar indica de ce nu au fost suficiente elementele prezentate de societățile din grupul ThyssenKrupp pentru a răsturna prezumția de răspundere. În al doilea rând, Comisia nu ar fi ținut seama de mai multe elemente prezentate de reclamantele din cauzele T‑149/07 și T‑150/07 ca răspuns la comunicarea privind obiecțiunile. În sfârșit, considerentul (639) al deciziei atacate ar cuprinde o serie de greșeli de raționament și s‑ar referi în plus la constatări făcute de Comisie în ceea ce privește grupul Otis. Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, potrivit unei jurisprudențe constante, chiar dacă, în motivarea unei decizii pe care o adoptă pentru a asigura aplicarea normelor de concurență, Comisia nu este obligată să discute toate aspectele de fapt și de drept, precum și considerațiile care au determinat‑o să ia o astfel de decizie, nu este mai puțin adevărat că instituția este datoare, în temeiul articolului 253 CE, să menționeze cel puțin situația de fapt și considerațiile care prezintă o importanță esențială în economia deciziei, acordând în felul acesta instanțelor Uniunii și părților interesate posibilitatea de a cunoaște condițiile în care a efectuat aplicarea tratatului (a se vedea Hotărârea Tribunalului din 15 septembrie 1998, European Night Services și alții/Comisia, T‑374/94, T‑375/94, T‑384/94 și T‑388/94, Rec., p. II‑3141, punctul 95 și jurisprudența citată). În primul rând, trebuie să fie respinse argumentele reclamantelor din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 referitoare la faptul că nu ar fi motivată constatarea existenței unei unități economice între societățile grupului ThyssenKrupp care sunt destinatare ale deciziei atacate. Astfel, trebuie să se constate că reiese din considerentele (633)-(641) ale deciziei atacate că Comisia a prezentat, corespunzător cerințelor legale, motivele pentru care comportamentele filialelor ThyssenKrupp sunt imputabile societăților lor mamă, TKE și/sau, respectiv, TKAG. Astfel, în cadrul acestor considerente, Comisia s‑a referit la jurisprudența menționată la punctul 96 de mai sus pentru a considera că trebuia ca TKAG și TKE să fie considerate răspunzătoare pentru comportamentul filialelor lor care participaseră la încălcările articolului 81 CE. Comisia a considerat în plus că reclamantele nu reușiseră să răstoarne prezumția de răspundere. În al doilea rând, argumentarea reclamantelor din cauzele T‑149/07 și T‑150/07 potrivit căreia Comisia a trecut sub tăcere anumite argumente formulate ca răspuns la comunicarea privind obiecțiunile nu poate fi admisă. Astfel, în ceea ce privește invocarea de către TKE, în cadrul răspunsului său la comunicarea privind obiecțiunile, a lipsei unor dispoziții supranaționale și a acțiunii separate a societății TKE și a filialelor sale în cadrul procedurii administrative, trebuie arătat că, în considerentul (639) al deciziei atacate, Comisia a apreciat că „[f]aptul că TKE a emis o instrucțiune internă în cadrul grupului prin care a cerut filialelor sale să se concentreze asupra piețelor lor interne și că filialele au urmat această instrucțiune demonstrează că TKE a utilizat posibilitatea de a exercita o influență decisivă asupra activităților comerciale ale filialelor sale”. În plus, chiar dacă este adevărat că, în decizia atacată, Comisia nu a răspuns la argumentul referitor la acțiunea separată a societății TKE și a filialelor sale în cadrul procedurii administrative, trebuie să se constate că un astfel de argument nu poate avea o importanță fundamentală în economia deciziei atacate și nu necesita, așadar, având în vedere jurisprudența citată la punctul 133 de mai sus, un răspuns explicit din partea Comisiei. În plus, Comisia a răspuns și argumentelor formulate de TKAG în răspunsul său la comunicarea privind obiecțiunile. În cadrul acestuia, TKAG susținuse efectiv că prezentarea unei cereri în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002 nu poate justifica răspunderea materială a societății TKAG, că aceasta din urmă nu participase nici direct, nici indirect la încălcare, că sectorul ascensoarelor și al scărilor rulante era organizat în mod descentralizat și era gestionat în mod autonom de filialele naționale, că TKAG era o simplă societate holding care nu intervenise în activitățile operaționale ale filialelor sale care își desfășurau activitatea în sectorul ascensoarelor și al scărilor rulante, că societățile operaționale nu se conformaseră directivelor privind respectarea legilor care le fuseseră comunicate de TKE, prin care erau chemate să pună capăt încălcării, că dosarul Comisiei nu conținea elemente care să dovedească exercitarea unei influențe efective a societății TKAG asupra societăților operaționale și că TKAG intervenise întotdeauna în procedura administrativă separat de celelalte societăți. Or, astfel cum arată în mod corect Comisia, punctele 74-87 din răspunsul societății TKAG la comunicarea privind obiecțiunile cuprind în esență observații referitoare la criteriul juridic care trebuie aplicat în cadrul imputabilității unei societăți‑mamă a comportamentului filialelor sale, cu privire la care Comisia a luat poziție în cadrul considerentelor (603)-(605) și (639) ale deciziei atacate. În ceea ce privește afirmațiile factuale cuprinse în răspunsul menționat, TKAG nu prezintă niciun element de probă, limitându‑se să facă trimitere la directivele referitoare la respectarea dreptului concurenței, care nu au fost de altfel anexate la răspunsul său la comunicarea privind obiecțiunile. În sfârșit, în ceea ce privește argumentul referitor la acțiunea separată a societății TKAG și a filialelor sale în cadrul procedurii administrative, nici acesta nu necesita, având în vedere jurisprudența citată la punctul 133 de mai sus, un răspuns explicit din partea Comisiei. Prin urmare, motivul întemeiat pe nemotivare trebuie respins. În al treilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07 și T‑149/07 susțin că considerentul (639) al deciziei atacate nu este motivat și reprezintă o „greșeală de logică”, în condițiile în care Comisia ar fi considerat că, în cadrul unei anumite entități economice, s‑ar putea prezuma că filiala aplică în esență instrucțiunile societății‑mamă, ceea ce ar însemna că se deduce din concluzia la care se dorește să ajungă analiza (în speță, existența unei entități economice) chiar condiția unei astfel de concluzii (în speță, lipsa unor indicii privind independența comercială a filialelor societății ThyssenKrupp). În plus, ar fi ilogic să se respingă un motiv care permite răsturnarea prezumției – în speță, lipsa unor legături personale între consiliul de administrație al TKE și cele ale filialelor sale – prin afirmarea faptului că o suprapunere în ceea ce privește organele de conducere nu ar constitui o condiție a existenței prezumției. Nici această argumentare nu poate fi acceptată. Astfel, pe de o parte, aceasta nu ține seama de regimul prezumției de răspundere astfel cum rezultă din jurisprudența menționată la punctele 96 și 97 de mai sus și mai ales de faptul că respectiva prezumție poate fi răsturnată de societatea‑mamă prin prezentarea unor elemente de probă care pot demonstra autonomia filialelor sale. Pe de altă parte, Comisia nu a respins argumentul reclamantelor referitor la lipsa unor suprapuneri între TKE și filialele sale prin afirmarea faptului că suprapunerea în ceea ce privește organele de conducere nu constituia o condiție a existenței prezumției de răspundere a societății‑mamă. Dimpotrivă, din trimiterea făcută la considerentul (619) al deciziei atacate, precum și din considerentul (640) al deciziei menționate reiese că Comisia a respins acest argument ca urmare a faptului că TKE nu prezentase niciun element de probă în susținerea sa. Trebuie subliniat în această privință că nici în cursul procedurii desfășurate în fața Tribunalului, afirmațiile reclamantelor referitoare la lipsa unei suprapuneri între organele de conducere ale societăților TKE și TKAG și filialele acestora în cauză nu au fost susținute de niciun mijloc de probă scris (a se vedea punctul 125 de mai sus). În ceea ce privește considerentul (639) al deciziei atacate, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin de asemenea că le‑a fost încălcat dreptul la apărare ca urmare a faptului că motivarea cuprinsă în considerentul menționat ar face trimitere la considerentul (626) al deciziei atacate, referitor la existența unei unități economice între societățile din grupul Otis, și că pasajele determinante ale considerentelor (622)-(625) ale deciziei atacate nu ar fi fost divulgate de Comisie societății ThyssenKrupp. În această privință, trebuie să se constate că reclamantele nu explică în ce mod a afectat dreptul la apărare în cursul procedurii administrative trimiterea făcută de considerentul (639) al deciziei atacate la considerentul (626) al deciziei menționate. În măsura în care motivul formulat la punctul 141 de mai sus trebuie interpretat în sensul că prin acesta se invocă nemotivarea deciziei atacate, trebuie să se constate că, în ceea ce privește trimiterea, cuprinsă în considerentul (639) al deciziei atacate, la considerentul (626) al acesteia, Comisia s‑a limitat la a aprecia că, „astfel cum s‑a arătat în considerentul (626), stabilirea răspunderii unei societăți‑mamă nu necesită nicio suprapunere între activitățile celor două întreprinderi”. Or, trebuie să se constate că explicațiile la care face trimitere considerentul (639) nu se regăsesc în considerentul (626) al deciziei atacate, care nu a fost considerat confidențial în raport cu societățile din grupul ThyssenKrupp, ci figurează în considerentul precedent, și anume în următorul pasaj din considerentul (625), care nu a fost, nici acesta, considerat confidențial în raport cu societățile din grupul ThyssenKrupp: „[…] [S]tabilirea răspunderii pentru comportamentul pe piață al unei filiale nu necesită o suprapunere cu activitățile comerciale ale societății‑mamă și nici o legătură strânsă cu activitatea filialei. Este absolut normal ca diferite activități și specializări să fie atribuite unor diferite entități din cadrul unui grup de întreprinderi.” Prin urmare, reclamantele nu pot susține în mod valabil că principiile juridice pe care s‑a bazat Comisia în considerentul (639) al deciziei atacate nu erau clare. În aceste condiții, motivul formulat la punctul 141 de mai sus trebuie, așadar, să fie de asemenea respins. În al patrulea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin că, în memoriile sale în apărare, Comisia a prezentat o serie de argumente noi, care nu pot compensa faptul că decizia atacată nu este motivată. Aceste argumente ar fi tardive și inadmisibile și, în orice caz, ar fi neîntemeiate. Astfel cum s‑a amintit la punctul 133 de mai sus, în temeiul articolului 253 CE, Comisia trebuie să menționeze cel puțin situația de fapt și considerațiile care prezintă o importanță esențială în economia deciziei sale, acordând în felul acesta instanțelor Uniunii și părților interesate posibilitatea de a cunoaște condițiile în care a efectuat aplicarea tratatului. În plus, rezultă din jurisprudență că, cu excepția cazului în care există împrejurări excepționale, motivarea unei decizii trebuie să fie cuprinsă în textul acesteia și nu poate fi formulată pentru prima dată și a posteriori în fața instanței (a se vedea Hotărârea European Night Services și alții/Comisia, punctul 133 de mai sus, punctul 95 și jurisprudența citată). Astfel, în principiu, motivarea trebuie comunicată persoanei interesate în același timp cu decizia cauzatoare de prejudiciu (a se vedea Hotărârea Dansk Rørindustri și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctul 463 și jurisprudența citată). Astfel cum s‑a constatat deja la punctul 134 de mai sus, reiese din considerentele (633)-(641) ale deciziei atacate că Comisia a prezentat, corespunzător cerințelor legale, motivele pentru care comportamentele filialelor ThyssenKrupp sunt imputabile societăților lor mamă, TKE și/sau, respectiv, TKAG. În această privință, trebuie subliniat că argumentele care figurează în memoriile în apărare ale Comisiei urmăresc doar să răspundă argumentelor cuprinse în memoriile reclamantelor, nu să compenseze pretinsa nemotivare a deciziei atacate. Rezultă că nici acest din urmă motiv nu poate fi admis. Prin urmare, toate motivele invocate de reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 cu privire la încălcarea articolului 253 CE și a dreptului la apărare referitor la imputarea societăților TKAG și TKE a încălcărilor săvârșite de filialele ThyssenKrupp trebuie să fie respinse. Cu privire la cererile de măsuri de cercetare judecătorească În susținerea argumentului lor potrivit căruia societățile din grupul ThyssenKrupp ar fi explicat în mod amănunțit organizarea descentralizată din cadrul respectivului grup a segmentelor de activitate la care se referă decizia atacată, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 propun, în conformitate cu articolul 65 litera (c) din Regulamentul de procedură, să fie audiată persoana din cadrul Comisiei responsabilă de dosarul în cauză, un funcționar al Comisiei care a efectuat inspecțiile din Germania din 28 și din 29 ianuarie 2004, precum și un membru al organului de conducere al TKE. În plus, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 propun să fie audiat un reprezentant al societății TKAG. Reclamanta din cauza T‑149/07 solicită de asemenea Tribunalului să oblige Comisia să prezinte Decizia C(2005) 4634 din 30 noiembrie 2005 privind o procedură în temeiul articolului 81 [CE] (cazul COMP/38.354 – Saci industriali), al cărei rezumat este publicat în Jurnalul Oficial din 26 octombrie 2007 (L 282, p. 41), din care ar reieși că nu există niciun motiv obiectiv pentru a aplica o amendă în solidar unei holding intermediare atunci când a fost deja aplicată o amendă filialelor care au săvârșit încălcarea și holdingului care se află la conducerea grupului. În ceea ce privește aprecierea cererilor de măsuri de cercetare judecătorească formulate de o parte la un litigiu, trebuie amintit că numai Tribunalul este competent să se pronunțe asupra eventualei necesități de a completa informațiile de care dispune în legătură cu cauzele cu care este sesizat (a se vedea Hotărârea Curții din 22 noiembrie 2007, Sniace/Comisia, C‑260/05 P, Rep., p. I‑10005, punctul 77 și jurisprudența citată). Pe de o parte, în ceea ce privește cererile de audiere a unor martori care ar permite să se demonstreze că societățile din grupul ThyssenKrupp au explicat în mod amănunțit organizarea descentralizată din cadrul respectivului grup a segmentelor de activitate la care se referă decizia atacată, trebuie să se rețină că Comisia nu contestă faptul că societățile din grupul ThyssenKrupp au prezentat explicații orale referitoare la pretinsa organizare descentralizată a acestuia. Comisia a considerat însă că argumentele societăților din grupul ThyssenKrupp nu erau susținute de elemente de probă scrise și erau chiar contrazise de anumite elemente din dosar. Pe de altă parte, în ceea ce privește cererea de prezentare a Deciziei C(2005) 4634 a Comisiei, aceasta nu poate fi considerată ca fiind necesară pentru soluționarea litigiului, întrucât o practică decizională a Comisiei nu ar putea servi drept cadru juridic pentru amenzile în materie de concurență (Hotărârea JCB Service/Comisia, punctul 108 de mai sus, punctele 201 și 205, Hotărârea Britannia Alloys & Chemicals/Comisia, punctul 108 de mai sus, punctul 60, și Hotărârea Tribunalului din 8 octombrie 2008, Carbone‑Lorraine/Comisia, T‑73/04, Rep., p. II‑2661, punctul 92). Cererile de măsuri de cercetare judecătorească trebuie, prin urmare, să fie respinse, elementele aflate la dosar fiind suficiente pentru a permite Tribunalului să se pronunțe cu privire la prezentul motiv. Din toate cele de mai sus reiese că prezentul motiv trebuie să fie respins. 3. Cu privire la cererile de anulare sau de reducere a cuantumului amenzilor aplicate Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiului non bis in idem În considerentul (655) al deciziei atacate, Comisia respinge după cum urmează argumentul invocat de ThyssenKrupp potrivit căruia orice amendă care i‑ar fi aplicată ar încălca principiul non bis in idem în raport cu pretinsele decizii de imunitate adoptate de autoritățile naționale de concurență din Belgia, din Luxemburg și din Țările de Jos: „Aplicarea principiului [ non bis in idem ] presupune […] să fi fost adoptată o decizie cu privire la aspectul dacă a fost efectiv săvârșită o încălcare sau să fi fost reexaminată legalitatea respectivului comportament. În speță, niciuna dintre autoritățile naționale de concurență menționate de ThyssenKrupp nu a examinat cauza și nici nu a adoptat o decizie definitivă cu privire la fondul acesteia. Principiul non bis in idem nu împiedică Comisia să își exercite competența atunci când a fost adoptată la nivel național o decizie provizorie în ceea ce privește imunitatea. În plus, în speță, toate pretinsele decizii naționale menționate de ThyssenKrupp au fost adoptate după inițierea unei proceduri de către Comisie în sensul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1/2003. În temeiul acestei dispoziții, în astfel de împrejurări, toate autoritățile naționale de concurență își pierd competența de a aplica articolul 81 [CE] […]” Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin că decizia atacată încalcă principiul non bis in idem . Ele afirmă în această privință că Comisia nu le putea aplica amenzi pentru încălcările săvârșite de ThyssenKrupp în Belgia, în Luxemburg și în Țările de Jos, întrucât ar fi făcut obiectul unor hotărâri definitive pronunțate în cadrul unor procese pentru respectivele încălcări, în sensul articolului 54 din Convenția de punere în aplicare a acordului Schengen din 14 iunie 1985 între guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania și Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO 2000, L 239, p. 19, Ediție specială, 19/vol. 1, p. 183) (denumită în continuare „CAAS”), de către autoritățile de concurență belgiene, luxemburgheze și olandeze. Reclamantele menționate se referă în această privință la decizia adoptată de Corps des rapporteurs din Belgia [ confidențial ]( ), la decizia de imunitate a autorității de concurență luxemburgheze [ confidențial ] și la acordul de imunitate (clementietoezegging) al autorității de concurență olandeze [ confidențial ]. Reclamantele subliniază de asemenea că deciziile autorităților de concurență naționale sunt anterioare inițierii procedurii de către Comisie, la 7 octombrie 2005, astfel încât nu se poate considera că autoritățile de concurență naționale își pierduseră competența, în temeiul articolului 11 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1/2003, la momentul la care au adoptat deciziile menționate. Trebuie amintit că principiul non bis in idem , consacrat deopotrivă prin articolul 4 din Protocolul nr. 7 la CEDO, constituie un principiu fundamental al dreptului Uniunii a cărui respectare este asigurată de instanță (Hotărârea Curții din 29 iunie 2006, SGL Carbon/Comisia, C‑308/04 P, Rec., p. I‑5977, punctul 26, și Hotărârea Tribunalului din 18 iunie 2008, Hoechst/Comisia, T‑410/03, Rep., p. II‑881, punctul 598). În domeniul dreptului concurenței al Uniunii, s‑a stabilit deja că acest principiu interzice ca o întreprindere să fie sancționată sau urmărită din nou de către Comisie pentru un comportament anticoncurențial pentru care a fost sancționată sau cu privire la care a fost declarată ca nefiind răspunzătoare printr‑o decizie anterioară a Comisiei care nu mai poate fi atacată (Hotărârea Curții din 15 octombrie 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P-C‑252/99 P și C‑254/99 P, Rec., p. I‑8375, punctul 59, Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Archer Daniels Midland și Archer Daniels Midland Ingredients/Comisia, T‑224/00, Rec., p. II‑2597, punctele 85 și 86, Hotărârea Tribunalului din 29 aprilie 2004, Tokai Carbon și alții/Comisia, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01-T‑246/01, T‑251/01 și T‑252/01, Rec., p. II‑1181, punctele 130 și 131, și Hotărârea FNCBV și alții/Comisia, punctul 69 de mai sus, punctul 340). Aplicarea principiului non bis in idem presupune, așadar, să fi existat o decizie cu privirea la existența efectivă a încălcării sau să fi fost controlată legalitatea aprecierii efectuate cu privire la aceasta (Hotărârea Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctul 60). Astfel, principiul non bis in idem interzice numai o nouă apreciere pe fond cu privire la existența efectivă a încălcării, care ar avea drept consecință fie aplicarea unei a doua sancțiuni, care se adaugă primei, în cazul în care răspunderea ar fi din nou reținută, fie aplicarea unei prime sancțiuni, în cazul în care răspunderea, care fusese exclusă de prima decizie, ar fi reținută de cea de a doua (Hotărârea Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctul 61). În ceea ce privește aspectul dacă o decizie a unei autorități de concurență naționale poate împiedica Comisia să sancționeze sau să urmărească din nou aceeași întreprindere, trebuie amintit că aplicarea principiului non bis in idem este supusă unei triple condiții de identitate a faptelor, de unitate a contravenientului și de unitate a interesului juridic protejat. Acest principiu interzice, așadar, să se sancționeze aceeași persoană mai mult de o dată pentru aceeași conduită ilicită în scopul protejării aceleiași valori juridice (Hotărârea Curții din 7 ianuarie 2004, Aalborg Portland și alții/Comisia, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P și C‑219/00 P, Rec., p. I‑123, punctul 338, Hotărârea FNCBV și alții/Comisia, punctul 69 de mai sus, punctul 340, și Hotărârea Hoechst/Comisia, punctul 158 de mai sus, punctul 600). Întrucât acțiunea autorităților de concurență ale statelor membre, pe de o parte, și a Comisiei, pe de altă parte, atunci când urmăresc și sancționează întreprinderile pentru încălcări ale articolelor 81 CE și 82 CE, pe baza competențelor care le‑au fost atribuite prin articolele 5 și, respectiv, 14 din Regulamentul nr. 1/2003, urmărește protejarea aceleiași valori juridice, și anume menținerea liberei concurențe în cadrul pieței comune, care constituie, potrivit articolului 3 alineatul (1) litera (g) CE, un obiectiv fundamental al Comunității (a se vedea în acest sens Hotărârea SGL Carbon/Comisia, punctul 158 de mai sus, punctul 31), trebuie să se considere că principiul non bis in idem interzice ca o întreprindere să fie sancționată sau urmărită din nou de Comisie ca urmare a unei încălcări a articolelor 81 CE sau 82 CE pentru care a fost sancționată sau cu privire la care a fost declarată ca nefiind răspunzătoare printr‑o decizie anterioară a unei autorități de concurență naționale, adoptată în temeiul articolului 5 din Regulamentul nr. 1/2003 și rămasă definitivă. Este necesar, așadar, să se examineze, în primul rând, dacă actele invocate la punctul 157 de mai sus constituie decizii ale autorităților naționale de concurență prin care reclamantele au fost sancționate sau au fost declarate, în mod definitiv, ca nefiind răspunzătoare pentru încălcările săvârșite în Belgia, în Luxemburg și în Țările de Jos și constatate în decizia atacată. Trebuie să se constate că actele autorităților naționale de concurență în cauză fac referire la imunitatea de care ar putea, eventual, beneficia societățile care fac parte din grupul ThyssenKrupp pentru încălcările din Belgia, din Luxemburg și din Țările de Jos care au fost ulterior constatate și sancționate în decizia atacată. Cu toate acestea, astfel cum subliniază în mod corect Comisia în considerentul (655) al deciziei atacate, „niciuna dintre autoritățile naționale de concurență menționate de ThyssenKrupp nu a […] adoptat o decizie definitivă cu privire la fondul [cauzei]”. Întrucât actele autorităților naționale de concurență la care se referă reclamantele nu se pronunță asupra existenței efective a încălcărilor săvârșite în Belgia, în Luxemburg și în Țările de Jos, acestea nu pot împiedica Comisia, în conformitate cu jurisprudența citată la punctul 160 de mai sus, să constate și să sancționeze respectivele încălcări în decizia atacată. Potrivit reclamantelor din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07, o examinare sumară a încălcărilor de către o autoritate de concurență națională ar fi totuși suficientă în vederea aplicării principiului non bis in idem . Reclamantele menționate se referă în această privință la articolul 54 din CAAS și la Hotărârea Curții din 11 februarie 2003, Gözütok și Brügge (C‑187/01 și C‑385/01, Rec., p. I‑1345, punctul 30), care ar fi invalidat Hotărârea Limburgse Vinyl Maatschappij și alții/Comisia, punctul 159 de mai sus (punctul 60). Deciziile de imunitate ale autorităților de concurență naționale ar îndeplini condițiile articolului 54 din CAAS. În această privință, trebuie subliniat că articolul 54 din CAAS prevede că „[o] persoană împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre definitivă într‑un proces pe teritoriul unei părți contractante nu poate face obiectul urmăririi penale de către o altă parte contractantă pentru aceleași fapte […]”. Potrivit Hotărârii Gözütok și Brügge, punctul 165 de mai sus (punctele 30 și 31), împotriva unei persoane a fost pronunțată o hotărâre definitivă atunci când, în urma unei proceduri naționale, acțiunea penală se stinge în mod definitiv, chiar dacă în cadrul unei astfel de proceduri nu a intervenit nicio instanță judecătorească. Chiar presupunând că articolul 54 din CAAS, în măsura în care constituie expresia unui principiu general al dreptului Uniunii, și anume principiul non bis in idem , ar putea fi invocat în domeniul dreptului concurenței al Uniunii, ar trebui să se constate că o decizie de imunitate provizorie adoptată de o autoritate de concurență națională nu poate, în orice caz, să fie considerată ca încadrându‑se în sfera acestei dispoziții. Astfel, acordarea unei imunități provizorii nu îndeplinește condiția caracterului definitiv al stingerii acțiunii penale impusă de articolul 54 din CAAS. În ceea ce privește, primo , pretinsa decizie a autorității de concurență belgiene, trebuie să se constate că aceasta, [ confidențial ], a fost emisă de Corps des rapporteurs din Belgia. Potrivit comunicării comune a Consiliului Concurenței și a Corps des rapporteurs privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la înțelegeri (denumită în continuare „Comunicarea belgiană privind imunitatea”), cererile de imunitate adresate autorității de concurență belgiene sunt examinate mai întâi de Corps des rapporteurs (punctele 7 și 8 din Comunicarea belgiană privind imunitatea). Cu toate acestea, întrucât „[…] Consiliul Concurenței […] este organul jurisdicțional care are competența de decizie” (punctul 7 din Comunicarea belgiană privind imunitatea), numai această din urmă autoritate poate adopta decizii de imunitate definitive „[d]upă finalizarea investigației […] pe baza raportului de investigație întocmit de raportor […]” (punctul 8 din Comunicarea belgiană privind imunitatea; a se vedea de asemenea punctele 21 și 22 din Comunicarea belgiană privind imunitatea). Prin urmare, având în vedere cadrul juridic belgian, o scrisoare a Corps des rapporteurs referitoare la o cerere de imunitate este întotdeauna provizorie. Caracterul provizoriu al scrisorii Corps des rapporteurs [ confidențial ] reiese de altfel din conținutul acesteia, întrucât în cadrul ei se confirmă că cererile „[…] îndeplinesc, prima facie , condițiile pentru obținerea imunității […]”. Nu se poate, așadar, considera că scrisoarea care emana de la Corps des rapporteurs [ confidențial ] determină stingerea definitivă a acțiunii penale în ceea ce privește participarea societății ThyssenKrupp la încălcarea din Belgia. Întrucât împotriva societății ThyssenKrupp nu „a fost pronunțată o hotărâre definitivă” în sensul articolului 54 din CAAS de către autoritatea de concurență belgiană, Comisia avea, în speță, în continuare posibilitatea de a constata și de a sancționa, la articolul 1 alineatul (1) și, respectiv, la articolul 2 alineatul (1) din decizia atacată, participarea acestei întreprinderi la încălcarea din Belgia. În ceea ce privește, secundo , decizia de imunitate a Consiliului Concurenței luxemburghez, [ confidențial ] trebuie să se constate că prin această decizie TKAL și TKE sunt informate că s‑a luat act de faptul că au formulat o cerere de imunitate cu privire la încălcarea din Luxemburg și se confirmă că această cerere va fi luată în considerare în cadrul procedurii din Luxemburg (articolele 1 și 2 din decizia de imunitate). Cu toate acestea, la fel ca în cazul scrisorii Corps des rapporteurs din Belgia, nu a fost adoptată nicio hotărâre definitivă cu privire la respectiva cerere de imunitate. Astfel, Consiliul Concurenței luxemburghez a considerat că este „adecvat să suspende pronunțarea pe fond cu privire la cererea de imunitate pentru a aștepta finalizarea investigației efectuate de Comisie […]” (punctul 6 și articolul 3 din decizia de imunitate). În aceste condiții, nici împotriva societății ThyssenKrupp nu „a fost pronunțată o hotărâre definitivă” în sensul articolului 54 din CAAS ca urmare a adoptării deciziei de imunitate [ confidențial ] a Consiliului Concurenței luxemburghez. În consecință, această decizie de imunitate nu împiedica Comisia să constate și să sancționeze, la articolul 1 alineatul (3) și, respectiv, la articolul 2 alineatul (3) din decizia atacată, participarea acestei întreprinderi la încălcarea din Luxemburg. În ceea ce privește, tertio , acordul de imunitate al autorității de concurență olandeze [ confidențial ], trebuie să se constate că nici acesta nu are caracter definitiv. Astfel, acesta nu acordă imunitate societăților TKAG și TKL decât în ipoteza în care autoritatea de concurență olandeză ar examina și ar investiga ea însăși încălcarea din Țările de Jos, fie la cererea Comisiei, fie din proprie inițiativă (punctul 7 din acordul de imunitate). Or, întrucât această ipoteză nu s‑a verificat, în speță, acordul de imunitate și‑a păstrat tot timpul caracterul provizoriu și nu a determinat stingerea definitivă a acțiunii penale împotriva societății ThyssenKrupp pentru participarea acesteia la încălcarea din Țările de Jos. În aceste condiții, acordul de imunitate nu împiedica Comisia să constate și să sancționeze, la articolul 1 alineatul (4) și, respectiv, la articolul 2 alineatul (4) din decizia atacată, participarea societății ThyssenKrupp la încălcarea din Țările de Jos. Prin urmare, Comisia a apreciat în mod corect, în considerentul (655) al deciziei atacate, că actele autorităților de concurență naționale citate la punctul 157 de mai sus constituiau decizii de imunitate provizorii care nu o împiedicau să își exercite competența. În al doilea rând, având în vedere constatările de mai sus, sunt inoperante argumentele reclamantelor potrivit cărora Comisia a apreciat în mod greșit, în considerentul (655) al deciziei atacate, că, la momentul la care au adoptat actele menționate la punctul 157 de mai sus, autoritățile naționale de concurență menționate își pierduseră competența, în conformitate cu articolul 11 alineatul (6) din Regulamentul nr. 1/2003. Astfel, chiar presupunând că respectivele autorități mai erau competente să adopte decizii de imunitate la momentul la care au adoptat actele menționate la punctul 157 de mai sus, trebuie să se constate că actele menționate nu sunt suficiente, în speță, pentru a permite aplicarea principiului non bis in idem , întrucât nu se pronunță cu privire la existența efectivă a încălcării și întrucât au, în orice caz, caracter provizoriu. La fel stau lucrurile în ceea ce privește argumentele referitoare la supremația principiului non bis in idem în raport cu dreptul derivat al Uniunii, întrucât, în orice caz, nu sunt îndeplinite în speță condițiile aplicării respectivului principiu. În al treilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 invocă încrederea legitimă pe care o aveau cu privire la faptul că actele autorităților naționale de concurență menționate la punctul 157 de mai sus le protejau de o nouă investigație efectuată de Comisie. Dreptul de a invoca protecția încrederii legitime aparține oricărui particular aflat într‑o situație din care reiese că administrația Uniunii, prin furnizarea unor asigurări precise, l‑a determinat să nutrească speranțe întemeiate [Hotărârea Curții din 15 iulie 2004, Di Lenardo și Dilexport, C‑37/02 și C‑38/02, Rec., p. I‑6911, punctul 70, Hotărârea Tribunalului din 17 decembrie 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamentul European, T‑203/96, Rec., p. II‑4239, punctul 74, și Hotărârea Tribunalului din 15 noiembrie 2007, Enercon/OAPI (Turbină eoliană), T‑71/06, nepublicată în Repertoriu, punctul 36]. În schimb, o persoană nu poate invoca încălcarea principiului protecției încrederii legitime în lipsa unor asigurări precise furnizate de administrație (Hotărârea Tribunalului din 14 septembrie 1995, Lefebvre și alții/Comisia, T‑571/93, Rec., p. II‑2379, punctul 72, și Hotărârea Tribunalului din 29 ianuarie 1998, Dubois et Fils/Consiliul și Comisia, T‑113/96, Rec., p. II‑125, punctul 68). Constituie astfel de asigurări, indiferent de forma în care sunt comunicate, informațiile precise, necondiționate și concordante emise de surse autorizate și de încredere (Hotărârea Tribunalului din 21 iulie 1998, Mellett/Curtea de Justiție, T‑66/96 și T‑221/97, RecFP, p. I‑A‑449 și II‑1305, punctele 104 și 107). Trebuie să se constate că reclamantele nu indică niciun element din care să reiasă că ar fi primit din partea Comisiei asigurări precise că actele autorităților naționale de concurență menționate la punctul 157 de mai sus le vor proteja de orice investigație și de orice sancțiune pentru încălcările din Belgia, din Luxemburg și din Țările de Jos constatate și sancționate în decizia atacată. Tot astfel, și independent de aspectul dacă comportamentele autorităților naționale de concurență pot determina justițiabilii să nutrească o încredere legitimă de natură să afecteze legalitatea unei decizii a Comisiei, reclamantele nu indică niciun element de natură să demonstreze că au primit din partea autorităților naționale de concurență asigurări precise că actele menționate la punctul 157 de mai sus vor împiedica Comisia să constate și să sancționeze respectivele încălcări. În sfârșit, astfel cum s‑a constatat deja la punctele 168-175 de mai sus, reiese din conținutul respectivelor acte că acestea aveau caracter provizoriu și nu puteau, prin urmare, să dea naștere niciunei speranțe legitime că ThyssenKrupp nu va face obiectul unei investigații și nu va fi sancționată pentru încălcările constate în decizia atacată. Argumentul referitor la principiul protecției încrederii legitime trebuie, așadar, să fie respins. În al patrulea rând, în subsidiar, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin că, chiar dacă principiul non bis in idem nu ar fi aplicabil, faptul că nu au fost luate în considerare în cadrul deciziei atacate deciziile naționale de imunitate adoptate în privința lor ar constitui o eroare vădită de apreciere și o încălcare a principiului bunei administrări, precum și a principiului securității juridice. Mai întâi, astfel cum rezultă din cuprinsul punctelor 158-175 de mai sus, actele autorităților de concurență naționale la care se referă reclamantele constituie decizii de imunitate provizorii care nu împiedică Comisia să își exercite competența. În continuare, din jurisprudența invocată de reclamante în susținerea argumentului lor reiese că, atunci când stabilește cuantumul amenzii, Comisia este obligată, în temeiul principiului echității, să țină seama de sancțiunile care au fost deja aplicate aceleiași întreprinderi pentru aceeași faptă, atunci când este vorba despre sancțiuni aplicate pentru încălcări ale normelor juridice privind înțelegerile ale unui stat membru și, în consecință, săvârșite pe teritoriul Uniunii (Hotărârea Curții din 13 februarie 1969, Wilhelm și alții, 14/68, Rec., p. 1, punctul 11, și Hotărârea Curții din 14 decembrie 1972, Boehringer Mannheim/Comisia, 7/72, Rec., p. 1281, punctul 3, și Hotărârea Archer Daniels Midland și Archer Daniels Midland Ingredients/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctul 87; a se vedea de asemenea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 27 septembrie 2006, Roquette Frères/Comisia, T‑322/01, Rec., p. II‑3137, punctul 279). Cu toate acestea, este clar că o astfel de situație nu se regăsește în speță, întrucât este cert că actele autorităților de concurență naționale menționate la punctul 157 de mai sus nu au impus nicio sancțiune reclamantelor. În sfârșit, în orice caz, jurisprudența citată la punctul 185 de mai sus privea deciziile luate de autoritățile naționale de concurență într‑o perioadă în care nu era în vigoare Regulamentul nr. 1/2003 și se referea la riscul aplicării unor sancțiuni paralele, în temeiul dreptului intern și în temeiul dreptului concurenței al Uniunii, pentru aceeași încălcare. Astfel cum subliniază în mod corect Comisia, un astfel de risc este în prezent exclus datorită rețelei europene de concurență create prin Regulamentul nr. 1/2003, dispozițiilor referitoare la cooperarea dintre Comisie și autoritățile de concurență ale statelor membre cuprinse în regulamentul menționat și Comunicării privind cooperarea în cadrul rețelei. În speță, având în vedere cele de mai sus, niciun principiu al dreptului Uniunii nu obliga Comisia să țină seama, la momentul stabilirii amenzilor în decizia atacată, de deciziile de imunitate provizorii menționate la punctul 157 de mai sus. Argumentul invocat în subsidiar de reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 trebuie, așadar, să fie de asemenea respins. În aceste condiții, motivul referitor la încălcarea principiului non bis in idem trebuie să fie respins în totalitate. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității și a principiului egalității de tratament, precum și a dreptului la apărare în ceea ce privește stabilirea cuantumului de plecare al amenzilor în funcție de gravitatea încălcărilor Observații introductive În cadrul acestui motiv, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/08, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 contestă stabilirea de către Comisie a cuantumului de plecare al amenzilor. Cu titlu introductiv, trebuie amintit că rezultă dintr‑o jurisprudență constantă că Comisia beneficiază de o largă putere de apreciere în ceea ce privește metoda de calcul al amenzilor. Această metodă, definită în Liniile directoare din 1998, cuprinde diferite elemente de flexibilitate care permit Comisiei să își exercite puterea de apreciere în conformitate cu dispozițiile articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 3 septembrie 2009, Papierfabrik August Koehler și alții/Comisia, C‑322/07 P, C‑327/07 P și C‑338/07 P, Rep., p. I‑7191, punctul 112 și jurisprudența citată). Gravitatea încălcărilor dreptului concurenței al Uniunii trebuie stabilită în funcție de numeroase elemente, precum, printre altele, împrejurările specifice cauzei, contextul său și caracterul descurajator al amenzilor, aceasta fără să se fi stabilit o listă obligatorie sau exhaustivă a criteriilor care trebuie luate în considerare în mod obligatoriu (Hotărârea Curții din 19 martie 2009, Archer Daniels Midland/Comisia, C‑510/06 P, Rep., p. I‑1843, punctul 72, și Hotărârea Curții din 3 septembrie 2009, Prym și Prym Consumer/Comisia, C‑534/07 P, Rep., p. I‑7415, punctul 54). Astfel cum s‑a arătat la punctul 25 de mai sus, Comisia a stabilit cuantumul amenzilor în speță aplicând metoda definită în Liniile directoare din 1998. Deși Liniile directoare din 1998 nu pot fi calificate drept normă de drept pe care administrația ar fi, în orice caz, obligată să o respecte, acestea prevăd totuși o regulă de conduită care indică practica ce trebuie urmată și de la care administrația nu se poate îndepărta, într‑un caz particular, fără a indica motive care să fie compatibile cu principiul egalității de tratament (a se vedea Hotărârea Dansk Rørindustri și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctul 209 și jurisprudența citată, și Hotărârea Carbone‑Lorraine/Comisia, punctul 153 de mai sus, punctul 70). Adoptând asemenea norme de conduită și anunțând, prin publicarea acestora, că le va aplica în viitor situațiilor vizate de acestea, Comisia își limitează propria putere de apreciere și nu se poate abate de la aceste norme fără să riște să fie sancționată, dacă este cazul, în temeiul unei încălcări a principiilor generale de drept, precum egalitatea de tratament sau protecția încrederii legitime (a se vedea Hotărârea Dansk Rørindustri și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctul 211 și jurisprudența citată, și Hotărârea Carbone‑Lorraine/Comisia, punctul 153 de mai sus, punctul 71). În plus, Liniile directoare din 1998 determină, în mod general și abstract, metodologia pe care Comisia și‑a impus‑o în scopul stabilirii cuantumului amenzilor și asigură, prin urmare, securitatea juridică a întreprinderilor (Hotărârea Dansk Rørindustri și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctele 211 și 213). În sfârșit, trebuie amintit că Liniile directoare din 1998 prevăd, în primul rând, aprecierea gravității încălcării ca atare, pe baza căreia poate fi stabilit un cuantum de plecare general (punctul 1 A al doilea paragraf). În al doilea rând, gravitatea este analizată în raport cu natura încălcărilor săvârșite și cu caracteristicile întreprinderii respective, în special dimensiunea acesteia și poziția sa pe piața relevantă, ceea ce poate conduce la ponderarea cuantumului de plecare, la împărțirea întreprinderilor în categorii și la stabilirea unui cuantum de plecare specific (punctul 1 A al treilea‑al șaptelea paragraf). Decizia atacată În primul rând, în cadrul secțiunii din decizia atacată consacrată gravității încălcărilor (secțiunea 13.6.1), Comisia examinează în paralel cele patru încălcări constatate la articolul 1 din decizie, pentru motivul că acestea „prezintă unele elemente comune” [considerentul (657) al deciziei atacate]. Această secțiune este împărțită în trei subsecțiuni, prima dintre acestea fiind intitulată „Natura încălcărilor” (subsecțiunea 13.6.1.1), a doua fiind intitulată „Mărimea pieței geografice relevante” (subsecțiunea 13.6.1.2), iar a treia fiind intitulată „Concluzii privind gravitatea încălcării” (subsecțiunea 13.6.1.3). În subsecțiunea intitulată „Natura încălcărilor”, Comisia explică următoarele în cuprinsul considerentelor (658) și (659) ale deciziei atacate: „(658) Încălcările care fac obiectul prezentei decizii constau în principal într‑o înțelegere secretă a concurenților pentru a‑și împărți piețele sau a îngheța cotele de piață prin alocarea reciprocă a proiectelor de vânzare și de instalare de ascensoare și/sau de scări rulante noi și pentru a nu concura unii cu ceilalți în ceea ce privește întreținerea și modernizarea ascensoarelor și a scărilor rulante (cu excepția Germaniei, unde activitatea de întreținere și de modernizare nu a făcut obiectul unor discuții între membrii înțelegerii). Astfel de restricții orizontale reprezintă, prin chiar natura lor, unele dintre cele mai grave încălcări ale articolului 81 [CE]. Încălcările săvârșite în această cauză au lipsit în mod artificial clienții de avantajele pe care ar fi putut spera să le obțină dintr‑un proces de ofertă concurențială. Este de asemenea interesant de remarcat că unele dintre proiectele trucate erau contracte de achiziții publice finanțate prin impozite și realizate tocmai în scopul de a primi oferte competitive, care să prezinte în special un raport bun între calitate și preț. (659)      Pentru a evalua gravitatea unei încălcări, elementele referitoare la obiectul acesteia sunt în general mai semnificative decât cele referitoare la efectele sale, în special atunci când acordurile, astfel cum se întâmplă în prezenta cauză, privesc încălcări foarte grave, precum stabilirea prețurilor și împărțirea pieței. Efectele unui acord sunt în general un criteriu care nu este concludent pentru evaluarea gravității încălcării.” Comisia afirmă că „nu a încercat să demonstreze efectele exacte ale încălcării, deoarece [era] imposibil să se determine cu suficientă certitudine care ar fi fost parametrii concurențiali aplicabili (preț, condiții comerciale, calitate, inovație etc.) în lipsa încălcărilor” [considerentul (660) al deciziei atacate]. Cu toate acestea, Comisia consideră că „este […] evident că încălcările au avut un impact real” și arată în această privință că „faptul că diferitele acorduri anticoncurențiale au fost puse în aplicare de membrii înțelegerii sugerează în sine existența unui impact asupra pieței, chiar dacă efectul real este dificil de măsurat, deoarece nu se știe, printre altele, dacă și câte alte proiecte au făcut obiectul unei trucări a ofertelor și nici câte proiecte este posibil să fi fost împărțite între membrii înțelegerii fără să fi fost necesare contacte între aceștia” [considerentul (660) al deciziei atacate]. În cadrul aceluiași considerent, Comisia adaugă că „[c]otele de piață cumulate ridicate ale concurenților indică efecte anticoncurențiale probabile și [că] relativa stabilitate a acestor cote de piață pe întreaga durată a încălcărilor ar confirma aceste efecte”. În considerentele (661)-(669) ale deciziei atacate, Comisia răspunde argumentelor invocate de reclamante în cursul procedurii administrative prin care acestea urmăreau să demonstreze impactul redus al încălcărilor asupra pieței. În subsecțiunea intitulată „Mărimea pieței geografice relevante”, Comisia susține, în considerentul (670) al deciziei atacate, că „[î]nțelegerile care fac obiectul deciziei [atacate] acopereau întregul teritoriu al Belgiei, al Germaniei, al Luxemburgului și, respectiv, al Țărilor de Jos” și că „[r]eiese în mod clar din jurisprudență că o piață geografică națională care acoperă întregul teritoriu al unui stat membru reprezintă deja în sine o parte substanțială a pieței comune”. În subsecțiunea intitulată „Concluzii privind gravitatea încălcării”, Comisia indică, în considerentul (671) al deciziei atacate, că fiecare destinatar a comis una sau mai multe încălcări foarte grave ale articolului 81 CE, „[ț]inând seama de natura încălcărilor și de faptul că fiecare dintre ele acoperea întregul teritoriul al unui stat membru (Belgia, Germania, Luxemburg sau Țările de Jos)”. Concluzia Comisiei este că „acești factori sunt de o asemenea natură încât trebuie să se considere că încălcările sunt foarte grave, chiar dacă impactul lor real nu poate fi măsurat”. În al doilea rând, în secțiunea din decizia atacată intitulată „Tratamentul diferențiat” (secțiunea 13.6.2), Comisia stabilește pentru fiecare întreprindere care a participat la diferitele înțelegeri (a se vedea punctele 28-31 de mai sus) un cuantum de plecare al amenzii care ține seama, potrivit considerentului (672) al deciziei atacate, de „capacitatea economică efectivă a autorilor încălcărilor de a produce un prejudiciu semnificativ concurenței”. Comisia explică, în considerentul (673) al deciziei atacate, că, „[î]n acest scop, întreprinderile [au fost] împărțite în mai multe categorii în funcție de cifra de afaceri realizată pe piața ascensoarelor și/sau a scărilor rulante, inclusiv, după caz, în ceea ce privește piața serviciilor de întreținere și de modernizare”. Cu privire la pretinsa nelegalitate a cuantumurilor de plecare generale ale amenzilor În primul rând, în ceea ce privește încălcarea din Germania, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 afirmă că Comisia a încălcat principiul proporționalității și propria practică decizională atunci când a stabilit cuantumul de plecare al amenzii. Astfel, aceasta ar fi stabilit cuantumul de plecare al amenzii bazându‑se pe dimensiunea pieței ascensoarelor și a scărilor rulante, a cărei valoare ar fi mai mare de 500 de milioane de euro [considerentul (664) al deciziei atacate]. Or, înțelegerile nu ar fi afectat decât vânzările de scări rulante și o mică parte din vânzările de ascensoare din Germania, care ar corespunde proiectelor de anvergură sau de prestigiu. Astfel, valoarea pieței care a făcut obiectul acordurilor nu ar depăși 170 de milioane de euro. Piața proiectelor de anvergură ar constitui o piață distinctă de celelalte piețe din domeniul ascensoarelor, pe care nu ar fi prezente decât Otis, Schindler, Kone și ThyssenKrupp și pe care condițiile de concurență ar fi atât de speciale încât înțelegerile referitoare la aceasta nu ar fi putut avea efecte semnificative asupra pieței ascensoarelor standard, fapt care ar reieși dintr‑un raport de expertiză prezentat de reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 (denumit în continuare „raportul de expertiză”). În orice caz, potrivit reclamantelor din cauzele T‑149/07 și T‑150/07, speculațiile referitoare la existența unor efecte mai importante nu pot fi luate în considerare, întrucât acestea nu ar fi figurat în comunicarea privind obiecțiunile, cu încălcarea dreptului lor la apărare. Primo , este important de subliniat că reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu contestă legalitatea metodologiei prezentate la punctul 1 A din Liniile directoare din 1998, referitoare la stabilirea cuantumurilor de plecare generale ale amenzilor. Or, această metodologie răspunde unei logici forfetare potrivit căreia cuantumul de plecare general al amenzii, determinat în funcție de gravitatea încălcării, este calculat în funcție de natura și de întinderea geografică a încălcării, precum și de impactul real al încălcării asupra pieței, atunci când acesta poate fi măsurat (Hotărârea Tribunalului din 15 martie 2006, BASF/Comisia, T‑15/02, Rec., p. II‑497, punctul 134, și Hotărârea Tribunalului din 6 mai 2009, Wieland‑Werke/Comisia, T‑116/04, Rep., p. II‑1087, punctul 62). Contrar celor susținute de reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07, Comisia nu a stabilit cuantumul de plecare general al amenzii pentru încălcarea din Germania bazându‑se pe dimensiunea pieței pretins afectate. Astfel, după cum reiese din considerentele (657)-(671) ale deciziei atacate, Comisia și‑a bazat concluzia referitoare la aprecierea gravității încălcărilor pe natura respectivelor încălcări și pe întinderea lor geografică. În această privință, este important de subliniat că dimensiunea pieței relevante nu reprezintă în principiu un element obligatoriu, ci doar un element pertinent printre altele pentru a aprecia gravitatea încălcării, Comisia nefiind de altfel obligată, potrivit jurisprudenței, să realizeze o delimitare a pieței relevante sau o apreciere a dimensiunii acesteia atunci când încălcarea în cauză are un obiect anticoncurențial (a se vedea în acest sens Hotărârea Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 193 de mai sus, punctele 55 și 64). Astfel, pentru a determina cuantumul de plecare general al amenzii, Comisia poate, fără a fi obligată în acest sens, să aibă în vedere valoarea pieței care face obiectul încălcării (a se vedea în acest sens Hotărârea BASF/Comisia, punctul 207 de mai sus, punctul 134, și Hotărârea Wieland‑Werke/Comisia, punctul 207 de mai sus, punctul 63). Astfel, Liniile directoare din 1998 nu prevăd calcularea cuantumului amenzilor în funcție de cifra de afaceri globală sau de cifra de afaceri realizată de întreprinderi pe piața relevantă. Totuși, acestea nici nu interzic luarea în considerare a unor astfel de cifre de afaceri în vederea stabilirii cuantumului amenzii în scopul de a respecta principiile generale ale dreptului Uniunii și atunci când împrejurările speței o impun (Hotărârea Archer Daniels Midland și Archer Daniels Midland Ingredients/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctul 187). Prin urmare, argumentul reclamantelor potrivit căruia cuantumul de plecare general al amenzii stabilite pentru încălcarea din Germania ar trebui să reflecte dimensiunea pretins limitată a pieței relevante este bazat pe o premisă greșită și trebuie să fie respins. Urmează, așadar, să fie respins argumentul reclamantelor potrivit căruia Comisia ar fi încălcat principiul proporționalității prin faptul că nu a ținut seama de aspectul că, în ceea ce privește piața ascensoarelor, înțelegerile nu ar fi afectat decât proiectele de anvergură sau de prestigiu și că, prin urmare, valoarea pieței care a făcut obiectul înțelegerilor nu ar fi depășit 170 de milioane de euro. În plus, argumentul referitor la încălcarea practicii decizionale a Comisiei nu poate fi admis, întrucât, astfel cum a fost amintit la punctul 153 de mai sus, o astfel de practică nu poate servi drept cadru juridic pentru amenzile în materie de concurență. În orice caz, trebuie să se constate că, chiar pe baza estimărilor prezentate de reclamante, potrivit cărora valoarea pieței relevante nu ar fi depășit 170 de milioane de euro, cuantumul de plecare al amenzii de 70 de milioane de euro ar reprezenta aproximativ 41 % din valoarea pieței. Or, s‑a stabilit deja că, în cazul unor încălcări foarte grave, pot fi justificate astfel de procentaje ridicate ale cuantumurilor de plecare (a se vedea în acest sens Hotărârea BASF/Comisia, punctul 210 de mai sus, punctele 130 și 133-137). În acest context, nu poate fi primit nici argumentul referitor la pretinsa încălcare a dreptului la apărare al reclamantelor din cauzele T‑149/07 și T‑150/07. Pe lângă faptul că, contrar susținerilor respectivelor reclamante, Comisia nu a stabilit gravitatea încălcării pe baza volumului pieței afectate de înțelegere și nici a impactului acesteia din urmă, trebuie să se constate că, în comunicarea privind obiecțiunile, în special, la punctele 77-83, precum și 579 și 583 din aceasta, Comisia a considerat că înțelegerea din Germania privea întregul sector al ascensoarelor și al scărilor rulante. În plus, în ceea ce privește aprecierea gravității fiecărei încălcări în vederea stabilirii cuantumului amenzii, Comisia a indicat, la punctul 617 litera (b) din comunicarea privind obiecțiunile, că urma să țină seama de faptul că „acordurile se extindeau asupra întregului sector al ascensoarelor și al scărilor rulante”. Secundo , în ceea ce privește argumentul reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 potrivit căruia înțelegerile nu au avut efecte asupra pretinsei piețe distincte a ascensoarelor standard, trebuie amintit că, în ceea ce privește aprecierea gravității încălcării, Liniile directoare din 1998 indică, la punctul 1 A primul și al doilea paragraf, următoarele: „La evaluarea gravității încălcării, trebuie să se țină seama de natura sa, de impactul real asupra pieței, atunci când acesta poate fi măsurat, și de mărimea pieței geografice relevante. Încălcările sunt, așadar, împărțite în trei categorii: încălcări minore, încălcări grave și încălcări foarte grave.” Prin urmare, în conformitate cu punctul 1 A primul paragraf din Liniile directoare din 1998, Comisia trebuie, în cadrul aprecierii gravității încălcării, să efectueze o examinare a impactului real asupra pieței numai în cazul în care se constată că acest impact poate fi măsurat (a se vedea în acest sens Hotărârea Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 193 de mai sus, punctul 74, Hotărârea Archer Daniels Midland și Archer Daniels Midland Ingredients/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctul 143, și Hotărârea Degussa/Comisia, punctul 112 de mai sus, punctul 216). Potrivit unei jurisprudențe constante, pentru aprecierea impactului real al unei încălcări asupra pieței, Comisia are obligația să se raporteze la concurența care ar fi existat în mod normal în lipsa încălcării (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 16 decembrie 1975, Suiker Unie și alții/Comisia, 40/73-48/73, 50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 și 114/73, Rec., p. 1663, punctele 619 și 620, Hotărârea Tribunalului din 14 mai 1998, Mayr Melnhof/Comisia, T‑347/94, Rec., p. II‑1751, punctul 235, Hotărârea Archer Daniels Midland și Archer Daniels Midland Ingredients/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctul 150, și Hotărârea Carbone‑Lorraine/Comisia, punctul 153 de mai sus, punctul 83). În considerentul (660) al deciziei atacate, Comisia afirmă că „nu a încercat să demonstreze efectele exacte ale încălcării, deoarece [era] imposibil să se determine cu suficientă certitudine care ar fi fost parametrii concurențiali aplicabili (preț, condiții comerciale, calitate, inovație etc.) în lipsa încălcărilor”. Chiar dacă, în considerentul (660) al deciziei atacate, Comisia consideră că este evident că înțelegerile au avut un impact real, din moment ce au fost puse în aplicare, ceea ce sugerează în sine existența unui impact asupra pieței, și chiar dacă, în considerentele (661)-(669), Comisia a respins argumentele întreprinderilor în cauză prin care acestea urmăreau să demonstreze efectele reduse ale înțelegerilor, trebuie să se constate că, în decizia atacată, aprecierea gravității încălcărilor nu a luat în considerare eventualul lor impact asupra pieței. Așadar, în considerentul (671) al deciziei atacate, Comisia își bazează concluzia privind aprecierea gravității încălcărilor exclusiv pe natura respectivelor încălcări și pe întinderea lor geografică. Astfel, în considerentul menționat, Comisia concluzionează că, „[ț]inând seama de natura încălcărilor și de faptul că fiecare dintre ele acoperea întregul teritoriul al unui stat membru (Belgia, Germania, Luxemburg sau Țările de Jos) […], [trebuie să se considere că] fiecare destinatar a săvârșit una sau mai multe încălcări foarte grave ale articolului 81 CE”. În special, în ceea ce privește încălcarea din Germania, din cuprinsul considerentului (664) al deciziei atacate, în care Comisia răspunde de altfel afirmației făcute de Kone și de Otis cu privire la pretinsul impact limitat al încălcării, reiese că era „imposibil să se demonstreze efectele exacte ale încălcării” și că acordurile din Germania nu au afectat numai scările rulante și proiectele privind ascensoare cu o valoare ridicată, Comisia considerând că era probabil ca „activitățile înțelegerii referitoare la proiectele privind ascensoarele de mai mult de un milion de euro, care includ ascensoarele de mare viteză și cu o valoare mare, să fi influențat funcționarea restului pieței ascensoarelor”. În considerentul amintit, Comisia a arătat de asemenea că valoarea totală a unui proiect era mai importantă decât numărul și tipul de ascensoare, că era imposibil să se demonstreze efectele exacte ale încălcării și că elementele de fapt demonstraseră în mod clar că intenția părților nu era să excludă anumite tipuri de produse, ci să cadă de acord asupra proiectelor în privința cărora concurența putea fi eliminată mai ușor. În speță, trebuie să se constate că reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu susțin că impactul încălcării din Germania putea fi măsurat, ci numai că încălcarea ar fi privit o piață care avea, potrivit acestora, o dimensiune redusă și că înțelegerile nu ar fi putut avea un efect semnificativ asupra pretinsei piețe a ascensoarelor standard. În aceste condiții, reclamantele nu au demonstrat că, în conformitate cu Liniile directoare din 1998 și cu jurisprudența citată la punctul 215 de mai sus, Comisia era obligată să țină seama de impactul real al încălcărilor în vederea aprecierii gravității acestora, astfel încât argumentul lor nu poate fi admis. Având în vedere cele de mai sus, nu este necesar ca Tribunalul să se pronunțe cu privire la admisibilitatea raportului de expertiză, contestată de Comisie, care urmărește să demonstreze că înțelegerea din Germania nu a privit decât o parte a pieței ascensoarelor, și nici să admită cererile privind efectuarea unor activități de cercetare judecătorească propuse în această privință de reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07, care urmăresc să demonstreze admisibilitatea raportului de expertiză. În ceea ce privește respectivul raport, trebuie în orice caz să se constate că, deși, potrivit reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07, valoarea pieței pretins afectate de acorduri nu depășește 170 de milioane de euro și nu a putut avea efecte semnificative asupra pieței ascensoarelor standard, raportul de expertiză indică, pe de o parte, că ascensoarele de mare viteză (High‑Tech/Premium) au reprezentat în 2003 între 11,5 și 13,04 milioane de euro și, pe de altă parte, că proiectele de anvergură includ atât ascensoare de mare viteză, cât și ascensoare standard. Prin urmare, chiar presupunând că ar trebui să se considere că înțelegerea privea numai pretinsele proiecte de anvergură, nu poate fi exclus impactul acestora asupra pretinsei piețe a ascensoarelor standard, întrucât proiectele de anvergură includ în mod evident un număr mare de ascensoare standard. În plus, trebuie subliniat că, presupunând chiar că Comisia ar fi intenționat să țină seama de acest element facultativ care este impactul încălcării asupra pieței și că ar fi trebuit, în consecință, să prezinte în decizia atacată indicii concrete, credibile și suficiente care să permită aprecierea influenței efective pe care a putut să o aibă încălcarea în raport cu concurența pe piață (Hotărârea Curții Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 193 de mai sus, punctul 82), trebuie să se considere că, în orice caz, Comisia a îndeplinit această obligație. În ceea ce privește încălcarea din Germania, Comisia a reținut în special că Kone, Otis, Schindler și ThyssenKrupp dețineau, ca valoare, mai mult de 60 % din piața ascensoarelor și aproape 100 % din piața scărilor rulante [considerentele (51) și (232) ale deciziei atacate]. În plus, ulterior anului 2000, cei trei participanți la înțelegere dețineau împreună aproximativ 75 % din piața scărilor rulante și aproximativ 50 % din piața ascensoarelor [considerentele (278) și (280) ale deciziei atacate]. Pe de altă parte, obiectivul înțelegerii era de a îngheța cotele de piață ale fiecăreia dintre întreprinderile implicate [considerentul (236) și următoarele ale deciziei atacate]. Comisia a subliniat de asemenea frecvența întâlnirilor [considerentele (217) și (218) ale deciziei atacate] și precauțiile participanților pentru a‑și disimula contactele [considerentele (219)-(221) ale deciziei atacate]. Astfel, după cum s‑a arătat la punctul 217 de mai sus, Comisia a ajuns, în considerentul (660) al deciziei atacate, la concluzia că faptul că diferitele acorduri anticoncurențiale au fost puse în aplicare sugera în sine existența unui impact asupra pieței, chiar dacă efectul real era dificil de măsurat, deoarece nu se putea stabili, printre altele, dacă și câte alte proiecte făcuseră obiectul unei trucări a ofertelor și nici câte proiecte este posibil să fi fost împărțite între membrii înțelegerii fără să fi fost necesare contacte între aceștia. Comisia a adăugat că cotele de piață cumulate ridicate ale concurenților indicau efecte anticoncurențiale probabile și că relativa stabilitate a acestor cote de piață pe întreaga durată a încălcărilor ar confirma aceste efecte. Din considerațiile prezentate mai sus rezultă că cuantumul de plecare de 70 de milioane de euro stabilit în ceea ce privește încălcarea din Germania nu este disproporționat în raport cu gravitatea deosebită a încălcării, chiar dacă s‑ar demonstra, astfel cum afirmă reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07, că, în ceea ce privește ascensoarele, înțelegerea nu afectase decât proiectele de anvergură. Tertio , reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că înțelegerea nu a avut efecte decât în Germania și numai asupra unei părți neglijabile a pieței, astfel încât cuantumul de plecare de 70 de milioane de euro stabilit în ceea ce privește încălcarea din Germania ar trebui să fie redus, având în vedere piața geografică relevantă. În această privință, trebuie amintit că cuantumul de plecare general al amenzii este stabilit, printre altele, în funcție de întinderea geografică a încălcării. În plus, potrivit unei jurisprudențe constante, o piață geografică de mărime națională corespunde unei părți substanțiale a pieței comune (Hotărârea Curții din 9 noiembrie 1983, Nederlandsche Banden‑Industrie‑Michelin/Comisia, 322/81, Rec., p. 3461, punctul 28, și Hotărârea Tribunalului din 27 iulie 2005, Brasserie nationale și alții/Comisia, T‑49/02-T‑51/02, Rec., p. II‑3033, punctul 176). Dat fiind că nu este contestat faptul că înțelegerea din Germania privea întregul teritoriu al acestui stat membru, trebuie să se considere că aceasta acoperea o parte substanțială a pieței comune. Având în vedere, pe de o parte, caracterul deosebit de grav al înțelegerii și, pe de altă parte, faptul că aceasta acoperea o parte substanțială a pieței comune, trebuie să se considere că stabilirea de către Comisie a unui cuantum de plecare de 70 de milioane de euro în ceea ce privește încălcarea din Germania nu aduce atingere principiului proporționalității. În subsidiar, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că, chiar dacă ar fi bazat pe volumul total al pieței ascensoarelor, cuantumul de plecare de 70 de milioane de euro stabilit în ceea ce privește încălcarea din Germania este excesiv, întrucât întreprinderile care au participat la procedură ar fi reprezentat mai puțin de 50 % din volumul total al pieței germane a ascensoarelor [considerentul (280) al deciziei atacate]. Cu toate acestea, un astfel de argument trebuie respins întrucât, astfel cum s‑a arătat la punctele 208-210 de mai sus, Comisia nu era obligată să stabilească – și, în speță, nu a stabilit – cuantumul de plecare general al amenzii pentru încălcarea din Germania bazându‑se pe dimensiunea pieței pretins afectate. În orice caz, reclamantele nu contestă faptul că, în anul 2003, întreprinderile care au participat la înțelegerea din Germania reprezentau 48 % din piața globală a ascensoarelor, estimată la 506 milioane de euro [considerentul (280) al deciziei atacate], și 75 % din piața scărilor rulante, estimată la 70 de milioane de euro [considerentele (82) și (278) ale deciziei atacate]. Cuantumul de plecare de 70 de milioane de euro ar reprezenta astfel 23,7 % din cifra de afaceri realizată de întreprinderile care au participat la înțelegerea germană. Or, un astfel de procentaj nu poate fi considerat excesiv având în vedere, pe de o parte, caracterul deosebit de grav al înțelegerii și, pe de altă parte, întinderea geografică a acesteia. Cu titlu mai subsidiar, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că, atunci când a stabilit cuantumul de plecare al amenzii pentru încălcarea din Germania, Comisia s‑a îndepărtat de la modul de calcul al cuantumului amenzii aplicat în decizia atacată. Întrucât Comisia a recunoscut că sfera înțelegerilor din Germania ar fi mai limitată decât în cele trei țări din Benelux, aceasta nu putea aplica aceleași criterii pentru calculul cuantumului amenzii aplicate în ceea ce privește încălcarea săvârșită în Germania. În această privință, trebuie să se rețină că, deși Comisia nu a încercat să demonstreze care sunt efectele exacte ale încălcării [considerentul (660) al deciziei atacate], aceasta a stabilit totuși, în ceea ce privește încălcarea din Germania, un cuantum de plecare redus pentru a ține seama, în favoarea întreprinderilor în cauză, de posibilitatea ca înțelegerile să nu fi afectat direct întreaga piață a ascensoarelor. În acest sens, după cum se arată în considerentul (664) al deciziei atacate, Comisia a ținut efectiv „seama de faptul că [era] posibil ca activitățile înțelegerii [în Germania] să nu fi afectat direct întreaga piață a ascensoarelor” atunci când a stabilit cuantumul de plecare al amenzii. Astfel, se constată că, în ceea ce privește înțelegerea din Germania, cuantumul de plecare al amenzii a fost stabilit la un nivel inferior celor aplicate pentru celelalte înțelegeri care fac obiectul deciziei atacate, având în vedere dimensiunea piețelor relevante. Chiar presupunând că, atunci când Comisia constată mai multe încălcări foarte grave în cadrul aceleiași decizii, aceasta ar trebui să asigure o anumită coerență între cuantumurile de plecare generale și dimensiunile diferitor piețe afectate, nu există în speță niciun element care să indice că cuantumurile de plecare generale stabilite pentru încălcările din Belgia, din Germania, din Luxemburg și din Țările de Jos nu ar fi coerente sau că s‑ar fi abătut de la un pretins mod de calcul aplicat în decizia atacată. Astfel, examinarea datelor pertinente arată că Comisia a stabilit în mod coerent cuantumurile de plecare generale ale amenzilor, având în vedere dimensiunea piețelor afectate. Așadar, Comisia a stabilit cuantumuri de plecare generale cu atât mai importante cu cât era mai importantă dimensiunea pieței, fără a recurge însă la o formulă matematică exactă, ceea ce, în orice caz, nu era obligată să facă (a se vedea punctele 207-210 de mai sus). În acest sens, pentru piața care era în mod clar cea mai importantă, cea a Germaniei, care reprezintă 576 de milioane de euro, cuantumul de plecare general a fost stabilit la 70 de milioane de euro; pentru următoarele două piețe în ordinea importanței acestora, cea a Țărilor de Jos și cea a Belgiei, care reprezintă 363 de milioane de euro și, respectiv, 254 de milioane de euro, cuantumul de plecare general a fost stabilit la 55 de milioane de euro și, respectiv, la 40 de milioane de euro; în sfârșit, în ceea ce privește piața luxemburgheză, care are o dimensiune semnificativ mai redusă, reprezentând 32 de milioane de euro, Comisia a considerat oportun să limiteze acest cuantum la 10 milioane de euro, deși Liniile directoare din 1998 prevăd, în ceea ce privește încălcările foarte grave, stabilirea unui cuantum ca urmare a gravității care depășește „suma de 20 de milioane [de euro]” (a se vedea în acest sens Hotărârea BASF/Comisia, punctul 207 de mai sus, punctul 136). Motivul invocat de reclamante trebuie, așadar, să fie respins. Rezultă că toate motivele invocate cu privire la stabilirea cuantumului de plecare pentru încălcarea din Germania trebuie să fie respinse. În al doilea rând, în ceea ce privește încălcarea din Luxemburg, reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 invocă existența unei disproporții între cuantumul de plecare general al amenzii și dimensiunea pieței care face obiectul încălcării. În această privință, este important de subliniat că nici reclamanta din cauza T‑148/07 nu contestă legalitatea metodologiei prezentate la punctul 1 A din Liniile directoare din 1998, referitoare la stabilirea cuantumului de plecare al amenzii, care, astfel cum s‑a amintit la punctul 207 de mai sus, răspunde unei logici forfetare. În plus, în conformitate cu jurisprudența citată la punctul 209 de mai sus, dimensiunea pieței relevante reprezintă doar un element pertinent pentru a aprecia gravitatea încălcării, pe care Comisia nu este obligată să îl ia în considerare în vederea stabilirii cuantumului de plecare al amenzii. Or, la punctul 208 de mai sus s‑a amintit că, în speță, astfel cum reiese din considerentele (657)-(671) ale deciziei atacate, Comisia și‑a bazat concluzia referitoare la aprecierea gravității încălcărilor pe natura respectivelor încălcări și pe întinderea lor geografică. Prin urmare, argumentul reclamantelor privind caracterul excesiv al cuantumului de plecare stabilit pentru încălcarea din Luxemburg, având în vedere dimensiunea pieței care face obiectul încălcării, trebuie să fie respins. În orice caz, trebuie subliniat că Comisia a stabilit cuantumul de plecare general al amenzii pentru încălcarea din Luxemburg la 10 milioane de euro. Astfel, chiar dacă Comisia a stabilit gravitatea încălcării în funcție de natura sa și de întinderea sa geografică, aceasta a considerat oportun să stabilească un cuantum de plecare general al amenzii care reprezintă jumătate din pragul minim de 20 de milioane de euro care este în mod normal prevăzut de liniile directoare pentru acest tip de încălcare foarte gravă (a se vedea punctul 1 A al doilea paragraf a treia liniuță din Liniile directoare din 1998). Rezultă că argumentul reclamantelor din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 trebuie să fie respins. În al treilea rând, în ceea ce privește încălcarea din Țările de Jos, reclamantele din cauzele T‑150/07 și T‑154/07 susțin că Comisia nu a ținut seama de impactul limitat al încălcării asupra pieței, dat fiind că mai puțin de 10-15 % din piață ar fi fost afectată de înțelegere, fapt care ar fi fost confirmat de toate întreprinderile care au participat la încălcarea din Țările de Jos. În plus, chiar dacă Comisia nu era obligată să constate consecințele exacte ale încălcării asupra pieței olandeze, aceasta ar fi trebuit să țină seama de volumul foarte redus al pieței afectate de înțelegere. În această privință, este important de subliniat că nici reclamanta din cauza T‑154/07 nu contestă legalitatea metodologiei prezentate la punctul 1 A din Liniile directoare din 1998, referitoare la stabilirea cuantumului de plecare al amenzii, care, astfel cum s‑a amintit la punctul 207 de mai sus, răspunde unei logici forfetare. În plus, în conformitate cu jurisprudența citată la punctul 209 de mai sus, dimensiunea pieței relevante reprezintă doar un element pertinent pentru a aprecia gravitatea încălcării, pe care Comisia nu este obligată să îl ia în considerare în vederea stabilirii cuantumului de plecare al amenzii. Or, la punctul 208 de mai sus s‑a amintit că, în speță, astfel cum reiese din considerentele (657)-(671) ale deciziei atacate, Comisia și‑a bazat concluzia referitoare la aprecierea gravității încălcărilor pe natura respectivelor încălcări și pe întinderea lor geografică. Prin urmare, argumentul reclamantelor privind caracterul excesiv al cuantumului de plecare stabilit pentru încălcarea din Țările de Jos, având în vedere dimensiunea pieței care face obiectul încălcării, trebuie să fie respins. În plus, astfel cum afirmă în mod întemeiat Comisia, pe de o parte, declarațiile participanților la înțelegerea din Țările de Jos referitoare la proiectele în privința cărora se susține că au fost afectate de înțelegere se bazează numai pe numărul de proiecte cu privire la care respectivii participanți au recunoscut în mod expres existența unei înțelegeri. În această privință, astfel cum a arătat Comisia în considerentul (384) al deciziei atacate, nu era necesară împărțirea tuturor proiectelor în cadrul înțelegerii din Țările de Jos, întrucât întreprinderile implicate nu trebuiau să discute decât despre proiectele care nu fuseseră atribuite automat uneia dintre ele ca urmare a unei relații stabilite cu un client existent. Pe de altă parte, în orice caz, chiar dacă este adevărat că Otis și ThyssenKrupp au afirmat că numărul total de proiecte pentru atribuirea cărora au avut loc discuții nu reprezenta decât o mică parte din totalul proiectelor care trebuiau executate [considerentul (492) al deciziei atacate], calculele pe care le‑au prezentat în această privință prezintă diferențe substanțiale [considerentele (494), (495), (496), (497) și (499) ale deciziei atacate]. Rezultă că argumentele întemeiate pe caracterul excesiv al cuantumului de plecare pentru încălcarea din Țările de Jos trebuie să fie respinse. Prin urmare, toate motivele invocate cu privire la cuantumurile de plecare generale ale amenzilor trebuie să fie respinse. Cu privire la pretinsa nelegalitate a cuantumurilor de plecare specifice ale amenzilor Trebuie amintit că, în cadrul calculului amenzilor aplicate în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003, un tratament diferențiat între întreprinderile vizate este inerent în cadrul exercitării competențelor care revin Comisiei în temeiul acestei dispoziții. Într‑adevăr, în cadrul competenței sale de apreciere, Comisia are obligația să individualizeze sancțiunea în funcție de comportamentele și de caracteristicile proprii întreprinderilor vizate în vederea garantării, în fiecare caz în speță, a deplinei eficacități a normelor privind concurența ale Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 7 iunie 1983, Musique Diffusion française și alții/Comisia, 100/80-103/80, Rec., p. 1825, punctul 109, și Hotărârea Britannia Alloys & Chemicals/Comisia, punctul 108 de mai sus, punctul 44). Astfel, Liniile directoare din 1998 prevăd că, pentru o încălcare de o anumită gravitate, poate fi necesar, în cazurile în care sunt implicate mai multe întreprinderi, cum este cazul cartelurilor, să se aplice o ponderare a cuantumului de plecare general pentru a stabili un cuantum de plecare specific ținându‑se seama de ponderea și, prin urmare, de impactul real al comportamentului ilicit al fiecărei întreprinderi asupra concurenței, în special atunci când există o diferență considerabilă între dimensiunile întreprinderilor care au săvârșit o încălcare de același tip (punctul 1 A al șaselea paragraf). Cu precădere, este necesar să se țină seama de capacitatea economică efectivă a autorilor încălcării de a cauza prejudicii semnificative altor operatori, în special consumatorilor (punctul 1 A al patrulea paragraf). Liniile directoare din 1998 precizează de asemenea că principiul egalității sancțiunii pentru același comportament poate conduce, în cazul în care circumstanțele impun acest lucru, la aplicarea unor amenzi diferite întreprinderilor implicate, fără ca această diferențiere să aibă la bază un calcul aritmetic (punctul 1 A al șaptelea paragraf). Astfel cum s‑a arătat la punctul 210 de mai sus, rezultă din jurisprudență că Liniile directoare din 1998 nu prevăd calcularea cuantumului amenzilor în funcție de cifra de afaceri realizată de întreprinderi pe piața relevantă. Astfel, pentru a evalua influența unei întreprinderi pe piață sau, potrivit termenilor liniilor directoare, capacitatea sa economică efectivă de a cauza un prejudiciu semnificativ celorlalți operatori, Comisia nu are obligația să realizeze o delimitare prealabilă a pieței, precum și o apreciere a dimensiunii acesteia (Hotărârea Curții Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 193 de mai sus, punctul 63). Cu toate acestea, Liniile directoare din 1998 nici nu interzic luarea în considerare a unor astfel de cifre de afaceri în vederea stabilirii cuantumului amenzii în scopul de a respecta principiile generale ale dreptului Uniunii și atunci când împrejurările speței o impun (Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2002, LR AF 1998/Comisia, T‑23/99, Rec., p. II‑1705, punctele 283 și 284, Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Cheil Jedang/Comisia, T‑220/00, Rec., p. II‑2473, punctul 82, și Hotărârea Tribunalului din 25 octombrie 2005, Groupe Danone/Comisia, T‑38/02, Rec., p. II‑4407, punctul 157). În speță, din considerentele (672)-(685) ale deciziei atacate reiese că Comisia a aplicat, pentru fiecare dintre încălcările constatate la articolul 1 din decizia atacată, „un tratament diferențiat întreprinderilor pentru a ține seama de capacitatea economică efectivă a autorilor încălcărilor de a produce un prejudiciu semnificativ concurenței” [considerentul (672) al deciziei atacate]. Comisia a realizat, pentru fiecare încălcare, o împărțire pe categorii a întreprinderilor în vederea stabilirii cuantumurilor de plecare specifice ale amenzilor, în funcție de cifra de afaceri realizată de acestea pe fiecare piață națională a produselor vizate [considerentele (673)-(685) ale deciziei atacate]. Cu excepția stabilirii cuantumului de plecare specific pentru Schindler ca urmare a participării sale la înțelegerea din Germania, Comisia s‑a bazat, în vederea stabilirii cuantumurilor de plecare specifice ale celorlalte întreprinderi, pentru fiecare încălcare, pe cifra de afaceri din 2003, care este, potrivit Comisiei, anul cel mai recent în cursul căruia respectivele întreprinderi erau membri activi ai înțelegerilor în cauză [considerentele (674), (676), (680) și (684) ale deciziei atacate]. În primul rând, în ceea ce privește încălcarea din Belgia, reclamantele din cauzele T‑149/07 și T‑150/07 susțin, în cadrul argumentelor lor referitoare la cuantumul de plecare al amenzilor, că ThyssenKrupp a deținut, în perioada în care a avut loc încălcarea în Belgia, o cotă de piață mult inferioară celor deținute de Kone și de Schindler, astfel încât cuantumul amenzii ar trebui să fie redus. În conformitate cu punctul 1 A al șaptelea paragraf din Liniile directoare din 1998, diferențierea amenzilor întreprinderilor care au participat la aceeași încălcare nu trebuie să aibă la bază un calcul aritmetic. Astfel, principiul proporționalității și cel al egalității de tratament nu impun ca cuantumul de plecare al amenzii să reprezinte pentru toți membrii unei înțelegeri același procent din cifra de afaceri individuală (Hotărârea BASF/Comisia, punctul 210 de mai sus, punctul 149). Prin urmare, pentru a verifica dacă repartizarea membrilor unei înțelegeri pe categorii este conformă cu principiile egalității de tratament și proporționalității, Tribunalul, în cadrul controlului său privind legalitatea exercitării puterii de apreciere de care Comisia dispune în materie, trebuie să se limiteze la verificarea faptului dacă această repartizare este coerentă și justificată în mod obiectiv (Hotărârea Tribunalului din 19 martie 2003, CMA CGM și alții/Comisia, T‑213/00, Rec., p. II‑913, punctele 406 și 416, Hotărârea Tokai Carbon și alții/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctele 220 și 222, Hotărârea BASF/Comisia, punctul 210 de mai sus, punctul 157, și Hotărârea Schunk și Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisia, punctul 122 de mai sus, punctul 184). Or, în speță, contrar susținerilor reclamantelor din cauzele T‑149/07 și T‑150/07, Comisia a ținut seama de poziția relativ mai puțin importantă a societății TKLA pe piața belgiană, încadrând‑o într‑o categorie distinctă, cu un cuantum de plecare net inferior cuantumurilor de plecare stabilite pentru ceilalți participanți la înțelegerea din Belgia. Astfel, spre deosebire de Kone și de Schindler, care au fost incluse în prima categorie, cu un cuantum de plecare de 40 de milioane de euro, și de Otis, care a fost inclusă în a doua categorie, cu un cuantum de plecare de 27 de milioane de euro, ThyssenKrupp a fost inclusă în a treia categorie, cu un cuantum de plecare de 16,5 milioane de euro, care este, de altfel, inferior pragului minim de 20 de milioane de euro prevăzut în mod normal de liniile directoare pentru acest tip de încălcare foarte gravă (a se vedea punctul 1 A al doilea paragraf a treia liniuță) (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 9 iulie 2003, Daesang și Sewon Europe/Comisia, T‑230/00, Rec., p. II‑2733, punctul 58). În aceste condiții, argumentele reclamantelor din cauzele T‑149/07 și T‑150/07 referitoare la pretinsul caracter nelegal al cuantumului de plecare specific al amenzii care le‑a fost aplicată ca urmare a participării societății TKLA la încălcarea din Belgia trebuie să fie respinse. În al doilea rând, în ceea ce privește încălcarea din Germania, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 invocă, primo , existența unui pretins tratament discriminatoriu ca urmare a faptului că cuantumul de plecare al amenzii care le‑a fost aplicată ar fi fost calculat numai pe baza naturii și a dimensiunii geografice a comportamentelor ilicite, pe când cel al amenzii aplicate societății Schindler ar fi ținut seama de faptul că respectivele comportamente ar fi privit numai o parte din piața produselor în cauză. Aplicarea în cazul reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 a abordării alese de Comisie în ceea ce privește societatea Schindler ar trebui să aibă ca rezultat o reducere a cuantumului de plecare al amenzii acestora. Trebuie mai întâi să se constate că reiese în mod clar din decizia atacată, și în special din considerentele (676)-(679) ale acesteia, că, pentru a împărți în categorii întreprinderile care au participat la încălcarea din Germania, Comisia s‑a bazat, atât în ceea ce privește societatea Schindler, cât și în ceea ce privește ceilalți participanți la înțelegerea din Germania, pe cifra de afaceri realizată de respectivele întreprinderi pe piața afectată de înțelegere. Trebuie să se constate în continuare că, în ceea ce privește încălcarea din Germania, situația societății Schindler este diferită de cea a societății ThyssenKrupp. Astfel, nu este contestat faptul că, pe toată durata participării societății Schindler la înțelegerea din Germania, în perioada cuprinsă între august 1995 și decembrie 2000, aceasta din urmă nu privea decât scările rulante [considerentul (213) al deciziei atacate și articolul 1 alineatul (2) din aceasta]. Schindler nu a participat, așadar, decât la latura referitoare la scările rulante a încălcării constatate la articolul 1 alineatul (2) din decizia atacată. În schimb, ThyssenKrupp a participat la ambele laturi ale încălcării, și anume la cea referitoare la scările rulante, în perioada cuprinsă între august 1995 și decembrie 2003, și la cea referitoare la ascensoare, în perioada cuprinsă între decembrie 2000 și decembrie 2003 [considerentele (212) și (213) ale deciziei atacate și articolul 1 alineatul (2) din aceasta]. Or, aplicarea unui tratament diferențiat urmărește tocmai să țină seama de diferențele existente între întreprinderi în ceea ce privește capacitatea lor de a produce un prejudiciu semnificativ concurenței, care, în cazul societății Schindler, era în mod necesar mai redusă întrucât aceasta nu a participat la latura înțelegerii referitoare la ascensoare. În aceste condiții, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu pot susține în mod valabil că a existat un tratament discriminatoriu ca urmare a luării în considerare, în cazul societății Schindler, numai a cifrei de afaceri realizate pe piața scărilor rulante în vederea stabilirii cuantumului de plecare specific al amenzii. Dimpotrivă, luarea în considerare a diferențelor dintre situația societății Schindler, pe de o parte, și cea a celorlalți participanți la înțelegere, pe de altă parte, este, în special, cea care a determinat Comisia să țină seama, cu respectarea principiului egalității de tratament, de cifre de afaceri diferite pentru cele două categorii de întreprinderi implicate. Secundo , reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că au fost încadrate greșit în prima categorie, întrucât, potrivit datelor de care dispun, Comisia nu ar fi ținut seama de situația reală a cotelor de piață. Pentru a‑și susține argumentul, reclamantele menționate se referă, pe de o parte, la cotele de piață ale societății Schindler pe piața ascensoarelor și a scărilor rulante în 2003, care ar fi anul de referință. Pe de altă parte, reclamantele afirmă că nu dețin cote de piață echivalente celor ale societăților Kone și Otis pe piața germană, în ceea ce privește scările rulante și proiectele de ascensoare de anvergură. În această privință, Comisia nu ar fi divulgat calculele care au stat la baza definirii categoriilor din punctul de vedere al cotelor de piață nici după ce reclamantele i‑au solicitat să facă acest lucru. Trebuie amintit mai întâi că, în vederea stabilirii cuantumurilor de plecare specifice ale amenzilor, Comisia a realizat o împărțire pe categorii a întreprinderilor în funcție de cifra de afaceri realizată de acestea pe fiecare piață națională a produselor vizate [considerentul (673) al deciziei atacate] (a se vedea punctul 251 de mai sus). În această privință, Comisia a apreciat, în considerentul (678) al deciziei atacate, că, „ținând seama de similitudinea cotelor de piață și a capacității economice a societăților Kone, Otis și ThyssenKrupp, nu trebuie să li se aplice un tratament diferențiat în cadrul calculului amenzii.” În plus, trebuie subliniat că faptul că cuantumul de plecare al amenzii nu reprezintă în mod necesar pentru toți membrii unei înțelegeri același procent din cifrele de afaceri ale fiecăruia dintre aceștia este inerent metodei constând în împărțirea întreprinderilor în categorii, care determină o stabilire forfetară a cuantumului de plecare pentru întreprinderile din aceeași categorie. Or, Tribunalul a stabilit deja că o astfel de metodă, deși are ca rezultat faptul că nu se ține seama de diferențele de dimensiune dintre întreprinderile din aceeași categorie, nu poate, în principiu, să fie criticată (Hotărârea CMA CGM și alții/Comisia, punctul 254 de mai sus, punctul 385, Hotărârea Tokai Carbon și alții/Comisia, punctul 159 de mai sus, punctul 217, și Hotărârea BASF/Comisia, punctul 210 de mai sus, punctul 150). În speță, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu contestă afirmațiile care figurează în considerentele (673) și (678) ale deciziei atacate. Or, pe de o parte, întrucât înțelegerea la care a participat Schindler nu privea decât scările rulante, este întemeiată decizia Comisiei de a lua în considerare numai cifra de afaceri realizată de această întreprindere în acest sector în vederea stabilirii cuantumului de plecare specific pentru aceasta. Prin urmare, argumentul reclamantelor bazat pe o comparare cu cotele de piață ale societății Schindler pe piața ascensoarelor și a scărilor rulante în anul 2003 nu poate fi admis. Pe de altă parte, întrucât reclamantele nu contestă că Comisia a realizat o împărțire pe categorii a întreprinderilor pe baza cifrei de afaceri realizate de acestea pe fiecare piață națională a produselor vizate [considerentul (673) al deciziei atacate] și dat fiind că, pentru a evalua influența unei întreprinderi pe piață sau, potrivit termenilor Liniilor directoare din 1998, capacitatea sa economică efectivă de a cauza un prejudiciu semnificativ celorlalți operatori, Comisia nu are obligația să realizeze o delimitare prealabilă a pieței, precum și o apreciere a dimensiunii acesteia (Hotărârea Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 193 de mai sus, punctul 63), argumentele reclamantelor referitoare la cotele de piață ale întreprinderilor implicate în ceea ce privește scările rulante și, în sectorul ascensoarelor, proiectele de anvergură nu pot în orice caz să fie admise. Rezultă că argumentul reclamantelor potrivit căruia ar fi fost încadrate greșit în prima categorie trebuie respins. În aceste condiții, nu este necesar să fie admisă cererea de măsuri de organizare a procedurii formulată de reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 și având ca obiect obligarea Comisiei să comunice calculele sale referitoare la cotele de piață de pe piața germană. În al treilea rând, în ceea ce privește încălcarea din Luxemburg, reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 arată că ThyssenKrupp nu ar fi fost capabilă, având în vedere dimensiunea sa redusă și cota sa de piață modestă, să cauzeze un prejudiciu celorlalți operatori și consumatorilor (punctul 1 A din Liniile directoare din 1998). Primo , Comisia ar fi încadrat societățile ThyssenKrupp și Kone în a doua categorie, în condițiile în care Kone ar fi deținut o cotă de piață mult mai ridicată, aproape de două ori mai mare decât cea a societății ThyssenKrupp [considerentul (680) al deciziei atacate]. În această privință, trebuie să se constate că, astfel cum rezultă din cuprinsul considerentului (680) al deciziei atacate, în 2003, cifrele de afaceri ale societăților Kone și ThyssenKrupp pe piața luxemburgheză erau relativ similare și erau, ambele, de trei-patru ori mai mici decât cifrele de afaceri ale societăților Otis și Schindler pe această piață. Prin urmare, Comisia nu a depășit în mod vădit marja de apreciere de care dispune prin faptul că a încadrat societățile Schindler și Otis în prima categorie și societățile Kone și ThyssenKrupp în a doua categorie, această clasificare fiind coerentă și justificată în mod obiectiv. Secundo , o comparare a cotelor de piață ale societății ThyssenKrupp și ale societăților Otis și Schindler ar demonstra că includerea societății ThyssenKrupp în a doua categorie ar fi fost greșită din punct de vedere obiectiv. Astfel, Otis și Schindler ar fi fost încadrate în prima categorie și ar fi deținut în 2003 cote de piață de aproximativ cinci ori mai mari decât cea deținută de ThyssenKrupp. Cuantumul de plecare al amenzi aplicate ThyssenKrupp ar reprezenta un sfert din cuantumul de plecare stabilit pentru Otis și Schindler, deși cota de piață a ThyssenKrupp nu ar reprezenta decât aproximativ o cincime din cotele de piață ale acestor două întreprinderi și numai aproximativ jumătate din cota de piață a societății Kone. Această disproporție ar fi în contradicție cu practica decizională a Comisiei potrivit căreia cuantumurile de bază pentru categoriile inferioare ar fi fost întotdeauna scăzute proporțional în raport cu cuantumul stabilit pentru prima categorie. Acest argument trebuie de asemenea să fie respins. Astfel, diferența importantă dintre cotele de piață deținute de Otis și de Schindler, pe de o parte, și de Kone și de ThyssenKrupp, pe de altă parte, a justificat o împărțire a participanților în două categorii. Cu toate acestea, pe lângă faptul că stabilirea unui cuantum de plecare pentru fiecare categorie nu are la bază un calcul aritmetic care să trebuiască să exprime orice diferențiere constatată în ceea ce privește cotele de piață între întreprinderi în funcție de apartenența lor la prima sau la a doua categorie, este necesar să se constate că, întrucât, în speță, cifra de afaceri realizată de una dintre întreprinderile din prima categorie este de aproximativ patru ori mai mare decât cifra de afaceri a societății ThyssenKrupp, care face parte din a doua categorie, stabilirea unui cuantum de plecare pentru ThyssenKrupp care reprezintă 25 % din cuantumul de plecare aplicat întreprinderilor din prima categorie este, în orice caz, coerentă și justificată în mod obiectiv. Tertio , în Luxemburg, Comisia ar fi aplicat sistemul categoriilor în mod greșit, întrucât, în comparație cu clasificarea realizată în ceea ce privește societățile TKLA și TKL în cadrul încălcărilor din Belgia și din Țările de Jos, Comisia ar fi trebuit, pentru a ține seama de cota de piață redusă a societății ThyssenKrupp în Luxemburg, să o încadreze într‑o categorie inferioară celei în care a fost încadrată societatea Kone și să îi stabilească, în consecință, un cuantum de bază inferior. În această privință, astfel cum s‑a constatat deja la punctul 270 de mai sus, Comisia nu a depășit în mod vădit marja de apreciere de care dispune prin faptul că a încadrat societățile Kone și ThyssenKrupp în a doua categorie, această clasificare fiind coerentă și justificată în mod obiectiv. În plus, argumentul referitor la tratamentul diferențiat aplicat de Comisie altor societăți din grupul ThyssenKrupp în cadrul altor încălcări nu este pertinent, întrucât scopul aplicării unui tratament diferențiat este tocmai acela de a ține seama în mod corespunzător, pentru fiecare încălcare, de importanța pe care o au pe piețele relevante întreprinderile implicate unele în raport cu celelalte. Argumentele reclamantelor trebuie, așadar, să fie respinse. Quatro , reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 invocă o pretinsă încălcare a principiului proporționalității, determinată de raportul care există între cifra lor de afaceri realizată pe piața pertinentă și cuantumul de plecare al amenzii care le‑a fost aplicată. Astfel, potrivit reclamantelor din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, cuantumul de plecare care le‑a fost atribuit este [ confidențial ] decât cifra de afaceri pe care au realizat‑o pe piața luxemburgheză în anul 2003. Or, pe de o parte, astfel cum reiese din cuprinsul punctului 218 de mai sus, cuantumul de plecare general al amenzilor a fost stabilit ținând seama de natura încălcărilor și de mărimea pieței geografice relevante. Pe de altă parte, cifrele de afaceri realizate de întreprinderile în cauză pe piața luxemburgheză au fost luate în considerare de Comisie numai în cadrul aplicării unui tratament diferențiat întreprinderilor implicate, pentru a ține seama de importanța pe care o aveau acestea unele în raport cu celelalte pe piața relevantă și de capacitatea economică efectivă a acestora de a produce un prejudiciu semnificativ concurenței [considerentul (672) al deciziei atacate], ceea ce este de altfel conform cu jurisprudența citată la punctele 247 și 250 de mai sus. Așadar, comparația făcută de reclamante între cifra de afaceri pe care ar fi realizat‑o pe piața relevantă și cuantumul de plecare al amenzii lor nu poate fi admisă. Prin urmare, și dat fiind că, în orice caz, în dreptul Uniunii nu există un principiu de aplicare generală potrivit căruia sancțiunea trebuie să fie proporțională cu importanța întreprinderii pe piața produselor care fac obiectul încălcării (Hotărârea Archer Daniels Midland/Comisia, punctul 193 de mai sus, punctul 75), argumentul întemeiat pe caracterul excesiv al cuantumului de plecare specific aplicat societății ThyssenKrupp pentru încălcarea din Luxemburg trebuie să fie respins. Din toate cele de mai sus reiese că trebuie să fie respinse toate obiecțiile reclamantelor referitoare la cuantumurile de plecare specifice ale amenzilor. Prin urmare, prezentul motiv trebuie să fie respins în totalitate. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității, a articolului 253 CE și a principiului egalității de tratament în ceea ce privește aplicarea factorului multiplicator de grup în vederea urmăririi obiectivului de descurajare în cadrul stabilirii cuantumului de plecare al amenzilor În cadrul deciziei atacate, Comisia amintește necesitatea de a stabili un nivel al amenzilor care „să le asigure un efect suficient de descurajator, ținând seama de dimensiunea fiecărei întreprinderi” [considerentul (686) al deciziei atacate]. Astfel, după ce a constatat că, „[a]vând o cifră de afaceri mondială de 47 100 000 000 de euro și, respectiv, de 34 300 000 000 de euro, ThyssenKrupp și UTC/Otis sunt actori mult mai importanți decât ceilalți destinatari”, Comisia a considerat că „cuantumul de plecare [al amenzii] trebui[a] să fie ajustat în sensul majorării acestuia pentru a ține seama de dimensiunea și de resursele globale” ale acestor întreprinderi și că „[era] indicată aplicarea unui factor multiplicator de 2 (majorare de 100 %) cuantumului de plecare al amenzii care urma să fie aplicată societății ThyssenKrupp și de 1,7 (majorare de 70 %) cuantumului de plecare al amenzii care urma să fie aplicată societății UTC/Otis” [considerentul (690) al deciziei atacate]. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin că Comisia a încălcat Liniile directoare din 1998, principiul proporționalității și principiul egalității de tratament prin faptul că a aplicat un factor multiplicator de 2 cuantumurilor de plecare ale amenzilor aplicate societăților din grupul ThyssenKrupp în cele patru state membre în cauză, în vederea asigurării unui efect suficient de descurajator al amenzilor menționate. Reclamanta din cauza T‑154/07 invocă de asemenea nemotivarea deciziei atacate în ceea ce privește coeficientul multiplicator aplicat. În primul rând, obiecția invocată de reclamanta din cauza T‑154/07 referitoare la încălcarea articolului 253 CE trebuie să fie respinsă. Astfel, în considerentele (689) și (690) ale deciziei atacate, Comisia a justificat aplicarea unui coeficient multiplicator de 2 referindu‑se la forța economică și financiară considerabilă a societății ThyssenKrupp, a cărei cifră de afaceri mondială depășește cu mult, la fel ca în cazul societății Otis, cifra de afaceri a societăților Kone și Schindler. În al doilea rând, reclamantele menționate la punctul 281 de mai sus contestă luarea în considerare a cifrei de afaceri mondiale a grupului ThyssenKrupp în vederea stabilirii coeficientului multiplicator. Reclamantele subliniază în această privință că nu există o unitate economică între filialele care au săvârșit încălcările și societățile lor mamă. Reclamanta din cauza T‑154/07 adaugă că ThyssenKrupp are o organizare descentralizată, în cadrul căreia TKL acționează în mod autonom și independent. Reclamantele din cauzele T‑147/07 și T‑148/07 susțin de asemenea că numai cifra de afaceri a segmentului „Ascensoare” al grupului ThyssenKrupp ar putea fi pertinentă în cadrul stabilirii factorului menționat. În sfârșit, reclamanta din cauza T‑144/07 consideră că aplicarea unui factor multiplicator de grup cu scop de descurajare nu este necesară pentru a asigura respectarea dreptului concurenței, deoarece în lipsa acesteia amenda societății TKLA s‑ar fi ridicat la [ confidențial ] % din cifra de afaceri realizată în Belgia de această societate în perioada pertinentă. Trebuie amintit mai întâi că este întemeiată constatarea Comisiei potrivit căreia reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 formează o unitate economică (a se vedea punctele 100-131) de mai sus. În continuare, trebuie subliniat că necesitatea de a asigura amenzii un efect suficient de descurajator, atunci când nu justifică majorarea nivelului general al amenzilor în cadrul punerii în aplicare a unei politici de concurență, impune adaptarea cuantumului amenzii pentru a ține seama de impactul urmărit asupra întreprinderii căreia îi este aplicată, și aceasta pentru ca amenda să nu fie considerată neglijabilă sau, dimpotrivă, excesivă, în special din punctul de vedere al capacității financiare a întreprinderii în cauză, în conformitate cu exigențele întemeiate, pe de o parte, pe necesitatea asigurării efectivității amenzii și, pe de altă parte, pe respectarea principiului proporționalității (Hotărârea Tribunalului din 8 iulie 2008, Lafarge/Comisia, T‑54/03, nepublicată în Repertoriu, punctul 670). Este adevărat că, pentru a lua în considerare obiectivul de descurajare, Comisia nu a definit în Liniile directoare din 1998 o metodologie sau criterii individualizate a căror expunere specifică ar fi susceptibilă să aibă forță obligatorie. Punctul 1 A al patrulea paragraf din liniile directoare, în contextul indicațiilor cu privire la evaluarea gravității unei încălcări, menționează numai necesitatea de a stabili cuantumul amenzii la un nivel care să îi asigure un efect suficient de descurajator (Hotărârea Schunk și Schunk Kohlenstoff‑Technik/Comisia, punctul 122 de mai sus, punctul 193). Cu toate acestea, potrivit unei jurisprudențe constante, Comisia este îndreptățită să considere că cifra de afaceri globală a fiecărei întreprinderi care face parte dintr‑o înțelegere este un criteriu pertinent în vederea stabilirii unui coeficient multiplicator de descurajare (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 29 iunie 2006, Showa Denko/Comisia, C‑289/04 P, Rec., p. I‑5859, punctele 17 și 18). În acest sens, dimensiunea și resursele globale ale unei întreprinderi sunt criteriile pertinente având în vedere obiectivul urmărit, care este asigurarea efectivității amenzii prin adaptarea cuantumului său în raport cu resursele globale ale întreprinderii și cu capacitatea acesteia de a mobiliza fondurile necesare pentru plata respectivei amenzi. Astfel, stabilirea nivelului majorării cuantumului de plecare pentru a asigura un efect suficient de descurajator al amenzii urmărește mai mult să asigure efectivitatea amenzii decât să reflecte caracterul nociv al încălcării pentru funcționarea normală a concurenței și, așadar, gravitatea respectivei încălcări (Hotărârea Lafarge/Comisia, punctul 285 de mai sus, punctul 672). În consecință, Comisia nu a încălcat nici Liniile directoare din 1998, nici principiul proporționalității prin faptul că s‑a bazat pe cifra de afaceri globală a grupului ThyssenKrupp în vederea aplicării factorului de descurajare. Prin urmare, nici argumentul reclamantei din cauza T‑144/07 referitor la compararea cifrei de afaceri a societății TKLA în Belgia și a cuantumul amenzii pentru a stabili că nu este necesară aplicarea unui factor de descurajare în privința sa nu poate fi admis. În al treilea rând, în ceea ce privește factorul multiplicator 2 utilizat în cazul amenzilor aplicate grupului ThyssenKrupp, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, bazându‑se pe practica decizională a Comisiei și, în special, pe Decizia 2007/534/CE din 13 septembrie 2006 referitoare la practica prevăzută la articolul 81 CE [Cazul COMP/F 38.456 – Bitum (NL)] (JO L 196, p. 40, denumită în continuare „Decizia Bitum rutier”), susțin că, în ceea ce privește situațiile de fapt cu caracter strict național, factorul respectiv ar fi trebuit să fie stabilit la un nivel inferior. În această privință, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 cer Tribunalului să solicite Comisiei, în conformitate cu articolul 65 litera (b) din Regulamentul de procedură, să prezinte Decizia Bitum rutier. În ceea ce privește caracterul excesiv al coeficientului multiplicator aplicat în speță, trebuie subliniat că majorarea amenzii în scop de descurajare urmărește să asigure efectivitatea acesteia prin adaptarea cuantumului său în raport cu resursele globale ale întreprinderii și cu capacitatea sa de a mobiliza fondurile necesare pentru plata respectivei amenzi (Hotărârea Lafarge/Comisia, punctul 285 de mai sus, punctul 671). Prin urmare, nu poate fi acceptat argumentul bazat pe caracterul strict național al încălcărilor constatate de Comisie. Nici argumentul referitor la Decizia Bitum rutier nu poate fi primit. Astfel, în conformitate cu jurisprudența citată la punctul 153 de mai sus, deciziile anterioare ale Comisiei nu sunt pertinente, întrucât, astfel cum s‑a amintit la punctul 108 de mai sus, practica decizională anterioară a Comisiei nu servește drept cadru juridic pentru amenzile în materie de concurență. Prin urmare, trebuie de asemenea respinsă cererea, formulată de reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, de dispunere a măsurii de cercetare judecătorească prin care să se solicite Comisiei să prezinte Decizia Bitum rutier. În orice caz, având în vedere cifra de afaceri globală a societății ThyssenKrupp, care este de aproape 47,1 miliarde de euro [considerentul (689) al deciziei atacate], utilizarea unui factor multiplicator de 2 în ceea ce privește cuantumurile de plecare ale amenzilor aplicate societății ThyssenKrupp este adecvată pentru a asigura efectivitatea amenzilor în raport cu capacitatea financiară a acestei întreprinderi și, prin urmare, pentru a asigura efectul suficient de descurajator al amenzilor care i‑au fost aplicate. În al patrulea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07 și T‑154/07 menționează caracterul pretins discriminatoriu al aplicării unui factor multiplicator amenzilor primite de fiecare dintre acestea, în condițiile în care Comisia nu ar fi aplicat un factor multiplicator cu scop de descurajare societăților Kone și Schindler, deși aceste întreprinderi ar face parte din grupuri multinaționale cu o cifră de afaceri mai importantă în cadrul Uniunii. În plus, poziția filialelor societăților Kone și Schindler pe piața relevantă în Țările de Jos ar fi de câteva ori mai importantă decât cea a societății ThyssenKrupp. Acest argument nu poate fi primit. Astfel, prin majorarea cuantumului de plecare pentru a asigura obiectivul de descurajare al amenzii, Comisia nu face în realitate decât să realizeze o diferențiere a felului în care sunt tratați participanții la aceeași înțelegere pentru a ține seama de modul în care sunt cu adevărat afectați de amendă (Hotărârea BASF/Comisia, punctul 210 de mai sus, punctul 241). Or, Comisia nu a încălcat principiul egalității de tratament atunci când s‑a referit, în speță, la cifra de afaceri globală a participanților, iar nu la cifrele de afaceri realizate în cadrul Uniunii sau pe piața națională relevantă, pentru a evalua necesitatea de a majora cuantumul amenzilor în vederea asigurării efectului descurajator al acestora. Astfel, având în vedere cifra de afaceri globală a societății ThyssenKrupp, se poate considera că această întreprindere ar fi fost afectată de amenzile aplicate într‑o mai mică măsură decât societățile Kone și Schindler, care au cifre de afaceri de 3,2 și, respectiv, de 5,73 miliarde de euro [considerentul (689) al deciziei atacate], în cazul în care nu ar fi fost aplicată nicio majorare cu scop de descurajare. Prin urmare, aplicarea unui factor multiplicator de 2 amenzilor societății ThyssenKrupp se dovedește, în speță, a fi justificată pentru a asigura efectivitatea amenzilor în raport cu capacitatea financiară a acesteia din urmă. Rezultă din toate cele de mai sus că prezentul motiv trebuie să fie respins. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității și a dreptului la apărare, determinată de majorarea cu 50 % a cuantumului de bază al amenzilor ca urmare a repetării încălcării În decizia atacată, Comisia consideră că cuantumul de bază al amenzilor aplicate societății TKAG, societății TKE și filialelor ThyssenKrupp trebuie să fie majorat cu 50 % pentru încălcări repetate [considerentele (707), (710), (714) și (720) ale deciziei atacate]. În această privință, Comisia amintește în considerentul (697) al deciziei atacate următoarele: „[…] [A]re loc o încălcare repetată atunci când o întreprindere care a fost declarată răspunzătoare pentru o încălcare într‑o decizie anterioară a Comisiei este ulterior declarată răspunzătoare pentru o încălcare de același tip, chiar dacă aceasta din urmă a fost săvârșită într‑un domeniu de activitate diferit sau cu privire la un alt produs. [Punctul 2] din [Liniile directoare din 1998] consideră că încălcările repetate săvârșite de aceeași sau de aceleași întreprinderi reprezintă o circumstanță agravantă. Noțiunea „întreprindere” include toate entitățile juridice din cadrul aceluiași grup care nu își decid în mod autonom comportamentul pe piață. În cauza Michelin [Hotărârea Michelin/Comisia, punctul 107 de mai sus, punctul 290], Tribunalul de Primă Instanță a confirmat că noțiunea de încălcare repetată se poate aplica și în cazul unei entități deținute integral de o societate(‑mamă) care controlează o altă entitate care a fost sancționată pentru o încălcare anterioară.” Pentru a constata existența unei încălcări repetate în prezenta cauză, Comisia se bazează, în considerentul (698) al deciziei atacate, pe Decizia 98/247/CECO a Comisiei din 21 ianuarie 1998 privind o procedură în temeiul articolului 65 [CO] (Cazul IV/35.814 – Suprataxa pe aliaj) (JO L 100, p. 55) (denumită în continuare „Decizia Suprataxa pe aliaj”). Comisia indică în considerentul menționat: „În anul 1998, în [decizia sa] Suprataxa pe aliaj, au fost aplicate amenzi în ceea ce privește o înțelegere care avea drept obiect și drept efect restrângerea și denaturarea concurenței. Printre altele, a fost aplicată o amendă societății ThyssenKrupp Stainless GmbH (TKS), întreprindere de drept german creată la 1 ianuarie 1995 în urma fuzionării activităților din domeniul oțelului inoxidabil ale societăților Krupp și Thyssen. A fost aplicată o amendă și societății Acciai Terni SpA (AST), întreprindere de drept italian înființată la 1 ianuarie 1994, ale cărei principale activități includ producerea de produse plate din oțel inoxidabil. În decembrie 1994, un anumit număr de întreprinderi, printre care Krupp și Thyssen, au achiziționat împreună societatea AST. În decembrie 1995, Krupp și‑a majorat participația la capitalul societății AST de la 50 % la 75 % și apoi, la 100 % în mai 1996. Ulterior, Krupp și‑a transferat toate acțiunile deținute la societatea AST societății TKS […]” Comisia precizează de asemenea în decizia atacată [considerentele (700), (704), (709), (713) și (717) ale acesteia] că înțelegerea constatată în Decizia Suprataxa pe aliaj a durat de la 16 decembrie 1993, dată la care a avut loc o întrunire în cursul căreia întreprinderile participante au decis să încheie o înțelegere secretă, până la 21 ianuarie 1998, data adoptării deciziei prin care s‑a constatat încălcarea, astfel încât încălcările săvârșite de societățile din grupul ThyssenKrupp nu numai că au fost repetate, dar s‑au și suprapus și s‑au desfășurat în paralel. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 apreciază că, în considerentele (699)-(707) (cauzele T‑147/07 și T‑150/07), (708)-(710) (cauzele T‑144/07 și T‑150/07), (711)-(714) (cauzele T‑148/07 și T‑149/07), (717) (cauza T‑150/07) și (720) (cauzele T‑150/07 și T‑154/07) ale deciziei atacate, Comisia a majorat în mod greșit cu 50 % cuantumul amenzii lor ca urmare a repetării încălcării. Comisia nu ar fi putut considera că încălcarea pentru care societățile ThyssenKrupp Stainless AG, numită KruppThyssen Nirosta GmbH înainte de septembrie 1997 (nota de subsol 882 din decizia atacată) (denumită în continuare „TKS” pentru perioadele de dinainte și de după septembrie 1997), și Acciai Speciali Terni SpA (denumită în continuare „AST”) au fost sancționate în cadrul Deciziei Suprataxa pe aliaj constituia o încălcare anterioară similară săvârșită de acestea. Cu titlu introductiv, trebuie amintit că, la articolul 1 din Decizia Suprataxa pe aliaj, la care se referă în decizia atacată pentru a constata existența în speță a unei încălcări repetate, Comisia a considerat că mai multe societăți, printre care Krupp Hoesch Stahl AG (denumită în continuare „KHS”) (TKS începând cu 1 ianuarie 1995), Thyssen Stahl AG (denumită în continuare „TS”) (TKS începând cu 1 ianuarie 1995) și AST au încălcat articolul 65 alineatul (1) CO în perioada cuprinsă, pentru aceste societăți, între decembrie 1993 și 21 ianuarie 1998, prin modificarea și prin aplicarea concertată a valorilor de referință ale formulei de calcul al suprataxei pe aliaj. Potrivit Comisiei, această practică a avut ca obiect și ca efect restrângerea și denaturarea concurenței normale pe piața comună. Din Decizia Suprataxa pe aliaj reiese că KHS și TS au participat direct la încălcare până la 31 decembrie 1994 și, prin urmare, au trebuit să răspundă separat pentru aceasta. Totuși, amenda care trebuia să le fie aplicată de Comisie a fost impusă numai societății TKS, care, prin scrisoarea din 23 iulie 1997, informase Comisia că își asuma răspunderea pentru actele săvârșite de TS și de KHS începând cu anul 1993 [considerentele (14) și (102) ale Deciziei Suprataxa pe aliaj]. La 11 și la 13 martie 1998, TKS și, respectiv, AST au formulat câte o acțiune la Tribunal prin care solicitau anularea Deciziei Suprataxa pe aliaj în măsura în care se referea la acestea și, în subsidiar, reducerea substanțială a cuantumului amenzilor care le fuseseră aplicate prin această decizie. Prin Hotărârea Krupp Thyssen Stainless și Acciai speciali Terni/Comisia, punctul 106 de mai sus, Tribunalul a anulat articolul 1 din Decizia Suprataxa pe aliaj în măsura în care stabilea în sarcina societății TKS răspunderea pentru încălcarea săvârșită de TS, pentru motivul încălcării dreptului la apărare al societății TKS, întrucât aceasta din urmă nu a fost în măsură să își prezinte observațiile cu privire la existența și la pertinența faptelor imputate societății TS. Hotărârea menționată a făcut obiectul a două recursuri, care au fost respinse de Curte prin Hotărârea din 14 iulie 2005, ThyssenKrupp/Comisia (C‑65/02 P și C‑73/02 P, Rec., p. I‑6773). Ca urmare a Hotărârii Krupp Thyssen Stainless și Acciai speciali Terni/Comisia, punctul 106 de mai sus, Comisia a adoptat, la 20 decembrie 2006, Decizia C(2006) 6765 final privind o procedură în temeiul articolului 65 [CO] (Cazul COMP/F/39.234 − Suprataxa pe aliaj – readoptare). În cadrul acestei decizii, Comisia a constatat că TS încălcase articolul 65 alineatul (1) CO între 16 decembrie 1993 și 31 decembrie 1994 și a stabilit că TKS era responsabilă pentru comportamentul societății TS, pe baza scrisorii societății TKS din 23 iulie 1997. În cadrul prezentului motiv, reclamantele contestă faptul că formează o unitate economică în sensul articolelor 81 CE și 82 CE cu întreprinderile sancționate în Decizia Suprataxa pe aliaj. În această privință, potrivit reclamantelor, Comisia a dedus în mod greșit din Hotărârea Michelin/Comisia, punctul 107 de mai sus, că o participație de 100 % a unei societăți‑mamă la capitalul filialei sale este suficientă pentru ca o încălcare anterioară săvârșită de această filială să fie imputabilă societății sale mamă, fără să se pună problema autonomiei efective a filialei. Prin urmare, potrivit reclamantelor, contrar susținerilor Comisiei, aceasta nu ar fi putut, dacă ar fi vrut, să aplice amenda aceleiași societăți‑mamă în cele două decizii, astfel cum ar impune Hotărârea Michelin, punctul 107 de mai sus (punctul 290). Trebuie subliniat că noțiunea de încălcări repetate, astfel cum este înțeleasă în anumite sisteme de drept naționale, presupune ca o persoană să fi săvârșit noi încălcări după ce a fost sancționată pentru încălcări similare (Hotărârea Tribunalului din 11 martie 1999, Thyssen Stahl/Comisia, T‑141/94, Rec., p. II‑347, punctul 617, Hotărârea Michelin/Comisia, punctul 107 de mai sus, punctul 284, Hotărârea Groupe Danone/Comisia, punctul 250 de mai sus, punctul 362, și Hotărârea Hoechst/Comisia, punctul 158 de mai sus, punctul 450). În plus, punctul 2 din Liniile directoare din 1998 menționează în mod specific „încălcări[le] repetate de același tip din partea aceleiași/acelorași întreprinderi” în cadrul listei exemplificative de circumstanțe agravante care pot justifica o majorare a cuantumului de bază al amenzii. Astfel cum s‑a amintit la punctul 92 de mai sus, noțiunea de întreprindere, plasată în contextul dreptului concurenței, trebuie să fie înțeleasă în sensul că desemnează o unitate economică din punctul de vedere al obiectului acordului în cauză, chiar dacă, din punct de vedere juridic, această unitate economică este constituită din mai multe persoane fizice sau juridice. Comportamentul anticoncurențial al unei întreprinderi poate fi, așadar, imputat altei întreprinderi atunci când aceasta nu și‑a decis în mod autonom comportamentul pe piață, ci a aplicat, în esență, directivele emise de cea din urmă, având în vedere în special legăturile economice și juridice care le uneau (Hotărârea Dansk Rørindustri și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctul 117, Hotărârea Metsä‑Serla și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctul 27, Hotărârea din 10 septembrie 2009, Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 58, și Hotărârea Tribunalului din 27 septembrie 2006, Avebe/Comisia, T‑314/01, Rec., p. II‑3085, punctul 135). În această privință, trebuie precizat că, potrivit jurisprudenței, Comisia nu se poate limita numai la a constata că o întreprindere „putea” exercita o astfel de influență decisivă asupra celeilalte întreprinderi, fără să fie necesar să verifice dacă această influență a fost exercitată efectiv. Dimpotrivă, Comisia are, în principiu, obligația de a demonstra existența unei astfel de influențe decisive pe baza unui ansamblu de elemente de fapt, printre care se numără, în special, eventualele prerogative de conducere pe care una dintre aceste întreprinderi le are în raport cu cealaltă (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 2 octombrie 2003, Aristrain/Comisia, C‑196/99 P, Rec., p. I‑11005, punctele 95-99, Hotărârea Dansk Rørindustri și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctele 118-122, Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2002, HFB și alții/Comisia, T‑9/99, Rec., p. II‑1487, punctul 527, și Hotărârea Avebe/Comisia, punctul 310 de mai sus, punctul 136). Este adevărat că, astfel cum subliniază Comisia, Tribunalul a considerat în Hotărârea Michelin/Comisia, punctul 107 de mai sus (punctul 290), că, atunci când două filiale sunt deținute direct sau indirect în proporție de mai mult de 99 % de aceeași societate‑mamă, se poate ajunge în mod rezonabil la concluzia că aceste filiale nu își stabilesc în mod autonom comportamentul pe piață. În cadrul acestei hotărâri, Tribunalul a adăugat că diferitele societăți care aparțin aceluiași grup constituie o entitate economică și, prin urmare, o întreprindere în sensul articolelor 81 CE și 82 CE în cazul în care societățile în cauză nu își stabilesc în mod autonom comportamentul pe piață. Cu toate acestea, astfel cum s‑a arătat la punctele 96 și 97 de mai sus, Curtea a amintit de curând că, în cazul particular în care o societate‑mamă deține 100 % din capitalul filialei sale care a săvârșit o încălcare a normelor privind concurența ale Uniunii, chiar dacă există o prezumție potrivit căreia societatea‑mamă respectivă exercită efectiv o influență decisivă asupra comportamentului filialei sale, o astfel de prezumție este relativă (a se vedea în acest sens Hotărârea din 10 septembrie 2009, Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctele 60 și 61 și jurisprudența citată). În plus, astfel cum a amintit Curtea în Hotărârea Aristrain/Comisia, punctul 311 de mai sus (punctul 99), simplul faptul că capitalul a două societăți comerciale distincte aparține aceleiași persoane nu este suficient, în sine, pentru a stabili existența, între aceste două societăți, a unei unități economice care să aibă drept consecință, potrivit dreptului concurenței al Uniunii, că acțiunile uneia pot fi imputate celeilalte. În speță, trebuie să se constate, pe de o parte, că, în cadrul cauzei Suprataxa pe aliaj, Comisia nu a considerat că societățile‑mamă ale societăților KHS, TS, TKS și AST, al căror succesor economic și juridic ar fi TKAG, formau împreună cu acestea o unitate economică, din punctul de vedere al aplicării articolelor 81 CE și 82 CE, și nu a susținut, prin urmare, că KHS, TS, TKS și AST nu își stabileau în mod autonom comportamentul pe piață. Astfel, din Decizia Suprataxa pe aliaj reiese că, referitor la societățile care fac parte din grupul ThyssenKrupp, Comisia a constatat existența unei încălcări numai în ceea ce privește societățile KHS, TS, TKS și AST, iar nu și în ceea ce privește societățile‑mamă ale fiecăreia dintre acestea, care, astfel cum au arătat reclamantele fără a fi contrazise de Comisie, nu au fost audiate în cadrul procedurii administrative care a dus la adoptarea respectivei decizii. Pe de altă parte, din decizia atacată nu reiese că Comisia a considerat, în cadrul prezentei cauze, că KHS, TS, TKS și AST se numără printre întreprinderile în privința cărora au fost constatate încălcări la articolul 1 din aceasta. Prin urmare, încălcările constatate la articolul 1 din decizia atacată nu pot fi considerate o repetare a încălcării de către aceeași sau aceleași întreprinderi în privința cărora a fost constatată săvârșirea unor încălcări în cauza Suprataxa pe aliaj. În această privință, în primul rând, nu poate fi primit argumentul Comisiei potrivit căruia ThyssenKrupp ar fi avut posibilitatea, în cadrul procedurii administrative care a dus la adoptarea deciziei atacate și în cadrul prezentei acțiuni, să conteste existența unei unități economice între aceasta și întreprinderile sancționate în cauza Suprataxa pe aliaj. Astfel, trebuie amintit că, potrivit jurisprudenței Curții, pe de o parte, principiul respectării dreptului la apărare exclude posibilitatea de a considera licită o decizie prin care Comisia impune unei întreprinderi o amendă în materie de concurență fără să îi fi comunicat în prealabil obiecțiunile reținute în privința sa și, pe de altă parte, având în vedere importanța pe care o are, comunicarea privind obiecțiunile trebuie să precizeze fără echivoc persoana juridică căreia i se vor putea aplica amenzi și să îi fie adresată acesteia din urmă (a se vedea Hotărârea Papierfabrik August Koehler/Comisia, punctul 192 de mai sus, punctele 37 și 38, și Hotărârea din 10 septembrie 2009, Akzo Nobel și alții/Comisia, punctul 91 de mai sus, punctul 57 și jurisprudența citată). Prin urmare, nu se poate admite posibilitatea ca Comisia să considere, în cadrul stabilirii existenței circumstanței agravante a repetării încălcării, că o întreprindere trebuie să fie declarată responsabilă pentru o încălcare anterioară, pentru care nu a fost sancționată printr‑o decizie a Comisiei, în condițiile în care nu a fost destinatara unei comunicări privind obiecțiunile în cadrul stabilirii existenței acelei încălcări, astfel încât o astfel de întreprindere nu a fost în măsură, în timpul procedurii care a dus la adoptarea deciziei prin care a fost constatată încălcarea anterioară, să își prezinte argumentele pentru a contesta, în ceea ce o privește, eventuala existență a unei unități economice cu alte întreprinderi. O astfel de concluzie este justificată cu atât mai mult cu cât, chiar dacă este adevărat că principiul proporționalității impune ca timpul scurs între încălcarea în cauză și o încălcare anterioară a normelor de concurență să fie luat în considerare pentru aprecierea tendinței întreprinderii de a se sustrage de la aceste norme, Curtea a subliniat deja că Comisia nu poate fi ținută de un eventual termen de prescripție pentru a constata existența unei repetări a încălcării (Hotărârea Curții din 8 februarie 2007, Groupe Danone/Comisia, C‑3/06 P, Rep., p. I‑1331, punctul 38, și Hotărârea Hoechst/Comisia, punctul 158 de mai sus, punctul 462; a se vedea de asemenea Hotărârea din 25 octombrie 2005, Groupe Danone/Comisia, punctul 250 de mai sus, punctul 353) și că, prin urmare, o astfel de constatare poate fi efectuată după ce au trecut mulți ani de la data stabilirii existenței unei încălcări, într‑un moment în care întreprinderii implicate i‑ar fi, în orice caz, imposibil să conteste existența unei astfel de unități economice, în special în cazul în care se aplică prezumția amintită la punctul 313 de mai sus. În continuare, nu poate fi primit nici argumentul Comisiei potrivit căruia o majorare a cuantumului amenzii pentru repetarea încălcării ar fi de asemenea justificată având în vedere încălcările constatate în Decizia 90/417/CECO a Comisiei din 18 iulie 1990 privind o procedură în temeiul articolului 65 [CO] referitoare la acordul și practicile concertate ale unor producători europeni de produse plate din oțel inoxidabil laminate la rece (JO L 220, p. 28) și în Decizia 94/215/CECO a Comisiei din 16 februarie 1994 privind o procedură în temeiul articolului 65 [CO] referitoare la acordurile și practicile concertate în care sunt implicați producători europeni de bare (JO L 116, p. 1). Pe lângă faptul că aceste decizii nu au fost menționate nici în comunicarea privind obiecțiunile, nici în decizia atacată, trebuie să se constate că, la fel ca în cazul întreprinderilor sancționate în cauza Suprataxa pe aliaj, întreprinderile sancționate în cadrul deciziilor menționate nu sunt aceleași întreprinderi, în sensul articolelor 81 CE și 82 CE, ca cele care au făcut obiectul unor sancțiuni în decizia atacată. În sfârșit, în ceea ce privește argumentul Comisiei potrivit căruia, în cazul în care deține aproape în integralitate capitalul unei filiale, societatea‑mamă este de asemenea destinatarul avertismentului adresat filialei ca rezultat al unei decizii anterioare a Comisiei care o sancționează pentru o încălcare a dreptului concurenței, nici acesta nu poate fi reținut. Astfel, chiar dacă este adevărat că se poate considera în mod rezonabil că o societate‑mamă are efectiv cunoștință de o decizie anterioară adresată de Comisie filialei sale, al cărei capital îl deține aproape în integralitate, faptul că societatea‑mamă are cunoștință de acest lucru nu poate compensa lipsa, în decizia anterioară, a constatării existenței unei unități economice între o astfel de societate‑mamă și filiala sa, pentru a se stabili în sarcina respectivei societăți‑mamă răspunderea pentru încălcarea anterioară și a se majora cuantumul amenzilor care îi sunt aplicate ca urmare a repetării încălcării. Rezultă că prezentul motiv este întemeiat și că trebuie ca decizia atacată să fie modificată, fără a fi necesar să fie examinate celelalte argumente formulate de reclamante în cadrul prezentului motiv. Consecințele acestei modificări vor fi prezentate la punctele 461 și 462 de mai jos. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Comunicării privind cooperarea din 2002 și pe încălcarea principiului protecției încrederii legitime, precum și a principiului egalității de tratament în ceea ce privește aprecierea cooperării Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 amintesc că au formulat o serie de cereri prin care solicitau să beneficieze de imunitate la amenzi sau de o reducere a cuantumului amenzilor lor în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002. Cu toate acestea, Comisia ar fi încălcat prevederile comunicării menționate atunci când a apreciat calitatea și utilitatea cooperării lor. Potrivit reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07, Comisia ar fi încălcat în plus așteptările legitime ale acestora în ceea ce privește aprecierea cooperării lor la stabilirea existenței încălcării din Germania. În sfârșit, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 invocă o încălcare a principiului egalității de tratament în cadrul aplicării Comunicării privind cooperarea din 2002 în ceea ce privește încălcarea din Belgia. Cu privire la Comunicarea privind cooperarea din 2002 Trebuie subliniat că, în Comunicarea privind cooperarea din 2002, Comisia a definit condițiile în care întreprinderile care cooperează cu aceasta în vederea stabilirii existenței unei înțelegeri pot fi scutite de amendă sau pot beneficia de o reducere a cuantumului amenzii pe care altfel ar fi trebuit să o plătească. Mai întâi, la punctul 8 din cadrul titlului A, Comunicarea privind cooperarea din 2002 prevede: „Comisia acordă unei întreprinderi imunitate la orice amendă pe care ar fi trebuit în alte condiții să o plătească: (a)      atunci când întreprinderea furnizează prima elemente de probă care, în opinia Comisiei, sunt de natură să îi permită adoptarea unei decizii prin care se dispune efectuarea de verificări în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 17 cu privire la o presupusă înțelegere care afectează Comunitatea sau (b)      atunci când întreprinderea furnizează prima elemente de probă care, în opinia Comisiei, sunt de natură să îi permită să constate o încălcare a articolului 81 [CE] în raport cu o presupusă înțelegere care afectează Comunitatea.” [traducere neoficială] În continuare, Comunicarea privind cooperarea din 2002 prevede, în cadrul punctului 20 din titlul B, că „[î]ntreprinderile care nu îndeplinesc condițiile [privind imunitatea la amendă] prevăzute în cadrul titlului A pot beneficia totuși de o reducere a amenzii care le‑ar fi fost altfel impusă” [traducere neoficială] și, în cadrul punctului 21, că, „[p]entru a putea îndeplini condițiile necesare pentru o astfel de reducere, o întreprindere trebuie să furnizeze Comisiei elemente de probă cu privire la presupusa încălcare care prezintă o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă aflate deja în posesia Comisiei și trebuie să înceteze participarea la presupusa activitate ilicită cel mai târziu la momentul la care furnizează aceste elemente de probă” [traducere neoficială]. În ceea ce privește noțiunea de valoare adăugată, la punctul 22 din Comunicarea privind cooperarea din 2002 se precizează că: „Noțiunea «valoare adăugată» se referă la măsura în care elementele de probă furnizate întăresc, prin natura și/sau prin nivelul de detaliere al acestora, capacitatea Comisiei de a demonstra existența faptelor în cauză. În această evaluare, Comisia consideră în general că elementele de probă scrise care datează din perioada la care se raportează faptele au o valoare mai mare decât elementele de probă stabilite ulterior. De asemenea, se consideră în general că elementele de probă care sunt direct relevante pentru faptele în cauză au o valoare mai mare decât cele care au o relevanță indirectă.” [traducere neoficială] Punctul 23 litera (b) primul paragraf din Comunicarea privind cooperarea din 2002 prevede o clasificare în trei categorii în ceea ce privește reducerile amenzilor: „–       [p]rima întreprindere care îndeplinește condiția prevăzută la punctul 21: o reducere de 30-50 %; –       [a] doua întreprindere care îndeplinește condiția prevăzută la punctul 21: o reducere de 20-30 %; –       [a]lte întreprinderi care îndeplinesc condiția prevăzută la punctul 21: o reducere de maximum 20 %.” [traducere neoficială] Comunicarea privind cooperarea din 2002 prevede la punctul 23 litera (b) al doilea paragraf: „Pentru a stabili nivelul reducerii în cadrul fiecăreia dintre aceste marje, Comisia ia în considerare data la care elementele de probă care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 21 au fost prezentate și măsura în care acestea prezintă valoare adăugată. De asemenea, Comisia poate lua în considerare întinderea și continuitatea cooperării oferite de întreprindere de la data contribuției sale.” [traducere neoficială] În sfârșit, punctul 23 litera (b) ultimul paragraf din Comunicarea privind cooperarea din 2002 prevede: „[Î]n cazul în care o întreprindere furnizează elemente de probă cu privire la fapte necunoscute până atunci Comisiei care au un impact direct asupra gravității sau duratei presupusei înțelegeri, Comisia nu va lua în considerare aceste fapte atunci când va stabili cuantumul amenzii aplicate întreprinderii care le‑a furnizat.” [traducere neoficială] Cu privire la marja de apreciere a Comisiei și la controlul instanțelor Uniunii Trebuie amintit că articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003, care constituie temeiul juridic pentru aplicarea de amenzi în cazul încălcării normelor de concurență ale Uniunii, conferă Comisiei o marjă de apreciere în ceea ce privește stabilirea amenzilor (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 21 octombrie 1997, Deutsche Bahn/Comisia, T‑229/94, Rec., p. II‑1689, punctul 127), care depinde, printre altele, de politica sa generală în materie de concurență (a se vedea în acest sens Hotărârea Musique Diffusion française și alții/Comisia, punctul 247 de mai sus, punctele 105 și 109). Acesta este cadrul în care, pentru a asigura transparența și caracterul obiectiv al deciziilor sale în materia amenzilor, Comisia a adoptat și a publicat în anul 2002 comunicarea privind cooperarea. Ea reprezintă un instrument care are rolul să precizeze, cu respectarea normelor de drept de rang superior, criteriile pe care Comisia intenționează să le aplice în cadrul exercitării puterii sale de apreciere. Aceasta duce la o autolimitare a acestei puteri (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Tribunalului din 30 aprilie 1998, Vlaams Gewest/Comisia, T‑214/95, Rec., p. II‑717, punctul 89), în măsura în care Comisia are obligația de a se conforma normelor indicative pe care și le‑a impus (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 1996, AIUFFASS și AKT/Comisia, T‑380/94, Rec., p. II‑2169, punctul 57). Autolimitarea puterii de apreciere a Comisiei care rezultă din adoptarea Comunicării privind cooperarea din 2002 nu este însă incompatibilă cu menținerea unei marje de apreciere semnificative a Comisiei (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Raiffeisen Zentralbank Österreich și alții/Comisia, punctul 60 de mai sus, punctul 224). Comunicarea privind cooperarea din 2002 cuprinde astfel diferite elemente de flexibilitate care permit Comisiei să își exercite puterea discreționară în conformitate cu dispozițiile articolului 23 din Regulamentul nr. 1/2003, astfel cum au fost interpretate de Curte (a se vedea, prin analogie, Hotărârea Raiffeisen Zentralbank Österreich și alții/Comisia, punctul 60 de mai sus, punctul 224). Astfel, este necesar să se sublinieze că Comisia beneficiază de o marjă de apreciere extinsă atunci când trebuie să evalueze dacă elementele de probă furnizate de o întreprindere care și‑a exprimat dorința de a beneficia de Comunicarea privind cooperarea din 2002 prezintă o valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din comunicarea menționată (a se vedea în acest sens Hotărârea Curții din 10 mai 2007, SGL Carbon/Comisia, C‑328/05 P, Rep., p. I‑3921, punctul 88, și Hotărârea Hoechst/Comisia, punctul 158 de mai sus, punctul 555). În ceea ce privește punctul 8 literele (a) și (b) din Comunicarea privind cooperarea din 2002, se impune constatarea că această marjă de apreciere semnificativă rezultă chiar din modul de redactare a acestei dispoziții, care se referă în mod expres la furnizarea de elemente de probă care, „în opinia Comisiei”, sunt de natură să îi permită acesteia adoptarea unei decizii prin care se dispune efectuarea unor verificări, respectiv constatarea unei încălcări. Aprecierea calității și a utilității cooperării unei întreprinderi implică astfel efectuarea unor aprecieri complexe privind situația de fapt (a se vedea în acest sens Hotărârea din 10 mai 2007, SGL Carbon/Comisia, citată anterior, punctul 81, și Hotărârea Carbone‑Lorraine/Comisia, punctul 153 de mai sus, punctul 271). De asemenea, după ce constată că elementele de probă prezintă o valoare adăugată semnificativă, în sensul punctului 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002, Comisia dispune de o marjă de apreciere atunci când trebuie să stabilească nivelul exact al reducerii cuantumului amenzii care trebuie acordată întreprinderii în cauză. Astfel, primul paragraf al punctului 23 litera (b) din comunicarea menționată prevede o serie de limite în care poate fi efectuată reducerea cuantumului amenzii pentru diferitele categorii de întreprinderi vizate, în timp ce al doilea paragraf al respectivului punct stabilește criteriile de care Comisia trebuie să țină seama pentru a defini nivelul de reducere în interiorul acestor limite. Având în vedere marja de apreciere de care dispune Comisia pentru a evalua cooperarea unei întreprinderi în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, numai o depășire vădită a acestei marje ar putea fi invalidată de Tribunal (a se vedea în acest sens Hotărârea din 10 mai 2007, SGL Carbon/Comisia, punctul 335 de mai sus, punctele 81, 88 și 89, și Hotărârea Hoechst/Comisia, punctul 158 de mai sus, punctul 555). Cu privire la cooperarea societății ThyssenKrupp în vederea stabilirii existenței încălcării din Belgia În cadrul considerentului (773) al deciziei atacate, Comisia a decis „să acorde societății ThyssenKrupp o reducere [a amenzii] de 20 % în limitele prevăzute la punctul 23 [litera] (b) [a doua liniuță] din Comunicarea privind cooperarea [din 2002]”. În considerentul (769) al deciziei atacate, Comisia explică în această privință că, „[l]a momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea [în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002], Comisia efectuase deja trei inspecții în Belgia și primise două cereri [în temeiul aceleiași comunicări] din partea societăților Kone și Otis referitoare la activitățile cartelului din Belgia”. După ce a menționat, în considerentul (770) al deciziei atacate, că „[n]oile informații furnizate de ThyssenKrupp cuprindeau în principal explicații orale referitoare la anumite proiecte de ascensoare și de scări rulante”, Comisia recunoaște în considerentul (771) că „[c]ererea [întemeiată pe Comunicarea privind cooperarea din 2002] formulată de ThyssenKrupp prezintă o valoare adăugată semnificativă, întrucât furnizează informații complementare cu privire la [ confidențial ]”. Comisia adaugă în considerentul (771) că, „[p]e de altă parte, observațiile societății ThyssenKrupp au confirmat elementele de probă de care dispunea deja Comisia cu privire la societățile implicate, la produsele și la serviciile vizate, la perioada la care se referă investigația, la locul și la logistica întâlnirilor membrilor înțelegerii, precum și la funcționarea și la punerea în aplicare a acesteia”. În considerentul (772) al deciziei atacate, Comisia ajunge la concluzia că ThyssenKrupp „a furnizat elemente de probă care au întărit considerabil capacitatea Comisiei de a dovedi încălcarea”, precizând că, „[c]u toate acestea, elementele de probă transmise nu se referă la fapte care nu erau cunoscute anterior de Comisie și nici nu conțin elemente care datau de la momentul faptelor”. În primul rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că decizia atacată nu ar fi clară în ceea ce privește procentajul reducerii amenzii pe care Comisia ar fi intenționat să îl aplice societății ThyssenKrupp pentru cooperarea sa la stabilirea existenței încălcării din Belgia. Comisia s‑ar referi, în considerentul (773) al deciziei atacate, la o reducere de 20 %, în timp ce, în considerentul (856) al deciziei atacate, această reducere ar fi de 25 %. Potrivit reclamantelor menționate, ThyssenKrupp ar avea dreptul, conform principiul in dubio pro re o, la interpretarea cea mai favorabilă a deciziei atacate în ceea ce privește cuantumul sancțiunii sale. În loc de o reducere de 20 %, amenda ar trebui, așadar, să fie redusă cu 25 %. Trebuie să se constate că reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu se pot baza, în această privință, pe principiul in dubio pro reo , potrivit căruia îndoiala ar profita întreprinderilor în cauză, întrucât acest principiu se referă la administrarea probelor privind existența unei încălcări și urmărește să stabilească dacă constatările privind situația de fapt realizate de Comisie în decizia atacată sunt susținute de elementele de probă pe care aceasta le‑a prezentat. Or, reclamantele menționate nu contestă încălcarea pentru care au fost sancționate în decizia atacată. În ceea ce privește argumentul reclamantelor potrivit căruia cuantumul amenzii aplicate societății ThyssenKrupp pentru încălcarea din Belgia ar trebui să fie redus, întrucât în considerentul (856) al deciziei atacate se menționează o reducere de 25 %, trebuie amintit că cuantumul amenzii care a fost aplicată la articolul 1 alineatul (1) a patra liniuță din decizia atacată include o reducere de 20 % ca urmare a cooperării societății ThyssenKrupp în cadrul aplicării Comunicării privind cooperarea din 2002. Este adevărat că dispozitivul unui act nu poate fi disociat de motivarea acestuia, astfel încât, dacă este necesar, trebuie să fie interpretat luându‑se în considerare motivele care au condus la adoptarea lui (Hotărârea Curții din 15 mai 1997, TWD/Comisia, C‑355/95 P, Rec., p. I‑2549, punctul 21). Cu toate acestea, din motivarea deciziei atacate reiese în mod clar intenția Comisiei de acorda societății ThyssenKrupp o reducere a cuantumului amenzii de 20 %, iar nu de 25 %, în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002. Astfel, pe de o parte, în considerentul (772) al deciziei atacate, Comisia a indicat că „ThyssenKrupp a îndeplinit întru totul condițiile prevăzute la punctul 21 [din Comunicarea privind cooperarea din 2002] [ confidențial ] și a furnizat elemente de probă care au întărit considerabil capacitatea Comisiei de a dovedi încălcarea”. Comisia a precizat însă că „elementele de probă transmise nu se referă la fapte care nu erau cunoscute anterior de Comisie și nici nu conțin elemente care datau de la momentul faptelor”, ceea ce indica faptul că era avută în vedere aplicarea unei reduceri minime a cuantumului amenzii în cadrul limitelor prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf a doua liniuță din Comunicarea privind cooperarea din 2002. Pe de altă parte, considerentul (773) al deciziei atacate confirmă explicit că, „[î]n lumina celor prezentate anterior, este adecvat să i se acorde societății ThyssenKrupp o reducere de 20 % în limitele [aplicabile]”. În lumina considerentelor (772) și (773) ale deciziei atacate, precum și a dispozitivului acesteia, cifra de 25 % menționată în considerentul (856) al deciziei atacate, care recapitulează toate reducerile amenzilor acordate diferitor întreprinderi în schimbul cooperării lor în cadrul procedurii administrative, trebuie să fie considerată o eroare materială. Prin urmare, prima obiecție a reclamantelor din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 trebuie să fie respinsă. În al doilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că ThyssenKrupp ar fi trebuit să beneficieze, în conformitate cu Comunicarea privind cooperarea din 2002, de o reducere de cel puțin 25 % a cuantumului amenzii care i‑a fost aplicată pentru încălcarea din Belgia. Astfel, ThyssenKrupp ar fi prezentat dovezi referitoare la fapte și împrejurări care nu erau cunoscute anterior de Comisie. În plus, ar fi fost vorba despre elemente‑cheie ale încălcării. În această privință, trebuie să se constate că reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu contestă faptul că în privința cooperării societății ThyssenKrupp se aplică punctul 23 litera (b) primul paragraf a doua liniuță din Comunicarea privind cooperarea din 2002 și că, pe această bază, întreprinderea menționată avea dreptul la o reducere a amenzii cuprinsă între 20 % și 30 %. Reducerea cuantumului amenzii cu 20 % acordată societății ThyssenKrupp în temeiul cooperării sale [considerentul (773) al deciziei atacate] se încadrează astfel în limitele prevăzute în acest scop de comunicarea menționată. Trebuie de asemenea amintit că Comisia dispune de o marjă de apreciere atunci când trebuie să stabilească nivelul exact al reducerii cuantumului amenzii care trebuie acordată în limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf din Comunicarea privind cooperarea din 2002 și că numai o depășire vădită a acestei marje ar putea fi invalidată de Tribunal (a se vedea în acest sens Hotărârea din 10 mai 2007, SGL Carbon/Comisia, punctul 335 de mai sus, punctele 81, 88 și 89). În decizia atacată, după ce a recunoscut că ThyssenKrupp avea dreptul la o reducere a cuantumului amenzii întrucât „elementele de probă [prezentate] întări[seră] considerabil capacitatea [sa] […] de a dovedi încălcarea”, Comisia a decis să acorde o reducere a cuantumului amenzii de 20 % în condițiile în care „elementele de probă transmise nu se [refereau] la fapte care nu erau cunoscute anterior de Comisie și nici nu conțin[eau] elemente care datau de la momentul faptelor” [considerentul (772) al deciziei atacate]. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 contestă însă exactitatea materială a constatărilor făcute în considerentul (772) al deciziei atacate. Acestea susțin, mai întâi, că încălcarea din Belgia ar fi fost compusă din două etape, și anume, pe de o parte, o înțelegere referitoare la cotele de piață sau la înghețarea cotelor de piață și, pe de altă parte, o înțelegere referitoare la alocarea reciprocă a cererilor de ofertă publice și private pentru a atinge cotele de piață convenite. Or, Comisia s‑ar baza numai pe probe prezentate de ThyssenKrupp pentru a constata, în considerentele (158) și (159) ale deciziei atacate, înghețarea cotelor de piață ale întreprinderilor implicate. Prin urmare, ThyssenKrupp ar fi furnizat informații care nu erau cunoscute anterior de Comisie cu privire la un aspect constitutiv al încălcării din Belgia, și anume cu privire la înțelegerea referitoare la împărțirea sectorului vânzării și instalării de ascensoare și de scări rulante în Belgia. În această privință, trebuie să se constate că cele două aspecte ale încălcării descrise în considerentul (158) al deciziei atacate sunt intrinsec legate. Astfel, alocarea reciprocă a contractelor de achiziții publice și private, precum și a altor contracte „în conformitate cu cota convenită în prealabil” menționată în a treia teză a considerentului (158) presupune existența unei înțelegeri privind împărțirea pieței la care face referire prima teză a considerentului (158), precum și considerentul (159) al deciziei atacate. Întrucât reclamantele nu contestă că elementele de probă prezentate de Kone și de Otis erau suficiente pentru a demonstra existența înțelegerii menționate în a treia teză a considerentului (158), trebuie să se considere că existența unei înțelegeri referitoare la cotele de piață între cei patru producători în cauză era în mod necesar cunoscută de Comisie la momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea. În orice caz, din dosarul Comisiei reiese că Kone a informat‑o încă din luna februarie 2004 cu privire la existența unui mecanism de ajustare între participanții la încălcarea din Belgia în cazul în care cotele de piață reale erau diferite de cotele de piață convenite, ceea ce nu era de conceput decât în cadrul unei înțelegeri referitoare la cotele de piață. În aceste condiții, faptul că considerentul (159) al deciziei atacate nu se referă decât la elemente de probă provenite de la ThyssenKrupp pentru a stabili existența înțelegerii referitoare la cotele de piață demonstrează în mod cert că aceste elemente au întărit capacitatea Comisiei de a dovedi încălcarea, însă nu înseamnă că acestea au informat Comisia cu privire la fapte pe care aceasta nu le cunoștea anterior. În plus, faptul că reprezentanții societății Kone au declarat, ca răspuns la o întrebare a Comisiei formulată în cursul unei întâlniri [ confidențial ] și referitoare la „sursa cotelor de piață utilizate”, că nu cunosc această sursă având în vedere faptul că cotele de piață fuseseră deja stabilite la momentul la care au preluat postul pe care îl ocupau în cadrul societății Kone nu implică nicidecum că Comisia nu ar fi avut cunoștință de existența înțelegerii referitoare la cotele de piață înainte de [ confidențial ], dată la care Comisia a primit cererea societății ThyssenKrupp. Dimpotrivă, simplul fapt că Comisia a pus întrebări reprezentanților societății Kone cu privire la modul în care erau stabilite cotele de piață ale întreprinderilor participante demonstrează în mod suficient că Comisia avea cunoștință de existența unei înțelegeri referitoare la cotele de piață încă înainte de [ confidențial ]. Astfel cum reiese din dosar, având în vedere elementele de care Comisia avea deja cunoștință la momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, și anume existența unei înțelegeri cu privire la cotele de piață și cotele de piață efectiv convenite de participanți, trebuie să se considere că informația pe care această întreprindere a comunicat‑o Comisiei nu se referea la fapte pe care aceasta nu le cunoștea anterior. În plus, în ceea ce privește informația potrivit căreia cotele de piață fuseseră înghețate pe baza statisticilor privind piața întocmite de asociația sectorială Agoria, fostă Fabrimetal, trebuie să se constate că aceasta nu a prezentat decât o valoare adăugată redusă în cadrul stabilirii existenței încălcării din Belgia. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin, în continuare, că ThyssenKrupp a avut o contribuție determinantă la constatarea încălcării referitoare la întreținerea și la modernizarea ascensoarelor și a scărilor rulante în Belgia [considerentul (771) al deciziei atacate], întrucât ar fi fost prima întreprindere care a adus dovada faptului că întreprinderile implicate ar fi folosit [ confidențial ], determinând o agravare a încălcării, ceea ce ar reieși în mod clar dintr‑o comparare a comunicării privind obiecțiunile și a deciziei atacate [considerentele (189)-(196) ale deciziei atacate]. Potrivit explicațiilor reclamantelor, acestea au remis Comisiei un fax al societății Schindler drept dovadă a susținerilor lor [ confidențial ]. Prin urmare, nu ar fi corectă afirmația Comisiei, cuprinsă în considerentul (772) al deciziei atacate, potrivit căreia ThyssenKrupp nu ar fi furnizat niciun element de probă care să dateze din perioada încălcării. Chiar dacă acest fax fusese copiat cu ocazia verificărilor efectuate la sediile societăților Schindler și Kone, Comisia nu ar fi înțeles semnificația acestui document decât datorită informațiilor furnizate de ThyssenKrupp. Valoarea adăugată ar consta tocmai în explicațiile suplimentare oferite de ThyssenKrupp, cu atât mai mult cu cât probele de care ar fi dispus Comisia, în special o declarație a societății Kone din 11 februarie 2004, ar fi indicat că nu fusese utilizat niciun [ confidențial ]. În această privință, trebuie să se constate că Comisia deținea deja faxul societății Schindler la care se referă reclamantele menționate la momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea, [ confidențial ]. Astfel, reiese din constatările care nu au fost contestate cuprinse în considerentul (196) al deciziei atacate și din documentele menționate în nota de subsol 224 a acesteia că faxul societății Schindler fusese deja ridicat de la sediul societăților Kone și Schindler în ianuarie 2004. În aceste condiții, chiar dacă acest fax reprezintă un element de probă care datează de la momentul încălcării, trebuie să se constate că nu se poate considera că acest document, transmis de ThyssenKrupp, a prezentat o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă aflate deja în posesia Comisiei la momentul la care această întreprindere și‑a formulat cererea. Ținând seama de faptul că documentul menționat nu îndeplinea astfel condițiile prevăzute la punctul 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002, nu era necesar ca Comisia să îl ia în considerare în vederea stabilirii reducerii cuantumului amenzii acordate societății ThyssenKrupp ca urmare a cooperării acesteia în cadrul aplicării acestei comunicări. Astfel, numai elementele de probă care îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 21 din comunicarea menționată dau naștere dreptului la o reducere a amenzii în temeiul acestei comunicări. Este adevărat că ThyssenKrupp, atunci când a transmis faxul societății Schindler, a furnizat informații complementare referitoare la [ confidențial ]. Aceste informații, chiar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute la punctul 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002, nu constituiau totuși elemente de probă care datau de la momentul faptelor și priveau un fapt, și anume [ confidențial ], care se regăsea deja în explicațiile furnizate de Otis în martie 2004 [considerentul (194) al deciziei atacate și nota de subsol 222]. În orice caz, din considerentele (189) și (193)-(196) ale deciziei atacate reiese că [ confidențial ] la care se referă reclamantele a privit numai funcționarea și punerea în aplicare a înțelegerii referitoare la contractele de întreținere și nu a reprezentat în sine un element determinant pentru constatarea încălcării menționate la articolul 1 alineatul (1) din decizia atacată. În sfârșit, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu pot susține că din compararea comunicării privind obiecțiunile și a deciziei atacate reiese că Comisia a putut constata o încălcare mai gravă în urma informațiilor care i‑au fost comunicate de ThyssenKrupp. Astfel, din compararea punctelor 195-200 din comunicarea privind obiecțiunile și a considerentelor (189)-(196) ale deciziei atacate, menționate de respectivele reclamante, nu reiese nicio agravare a calificării faptelor care ar fi avut loc între momentul comunicării privind obiecțiunile și cel al adoptării deciziei atacate. În orice caz, o eventuală agravare a calificării încălcării care ar fi avut loc ulterior comunicării privind obiecțiunile nu ar fi putut fi rezultatul faxului societății Schindler și al explicațiilor furnizate de ThyssenKrupp în cadrul cererii sale, întrucât această cerere este anterioară comunicării privind obiecțiunile, iar faxul societății Schindler și explicațiile oferite de ThyssenKrupp fuseseră deja analizate pe larg în cadrul punctelor 196 și 200 din comunicarea privind obiecțiunile. Având în vedere toate cele de mai sus, trebuie să se constate că Comisia a putut, fără să își depășească în mod vădit marja de apreciere, să stabilească reducerea cuantumului amenzii societății ThyssenKrupp ca urmare a cooperării acesteia la stabilirea existenței încălcării din Belgia la nivelul minim permis de limitele prevăzute la punctul 23 litera (b) primul paragraf a doua liniuță din Comunicarea privind cooperarea din 2002. În al treilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că Comisia a încălcat principiul egalității de tratament prin faptul că a acordat o reducere a cuantumului amenzii de 20 % societății ThyssenKrupp în condițiile în care ar fi acordat o reducere a cuantumului amenzii de 40 % societății Otis, a cărei cooperare ar fi fost asemănătoare cu cea a societății ThyssenKrupp. Potrivit unei jurisprudențe constante, în cadrul aprecierii pe care o efectuează cu privire la cooperarea membrilor unei înțelegeri, Comisia nu poate încălca principiul egalității de tratament (a se vedea Hotărârea Krupp Thyssen Stainless și Acciai speciali Terni/Comisia, punctul 106 de mai sus, punctul 237, și Hotărârea Tribunalului din 20 martie 2002, ABB Asea Brown Boveri/Comisia, T‑31/99, Rec., p. II‑1881, punctul 240 și jurisprudența citată). Cu toate acestea, argumentul prezentat la punctul 364 de mai sus și prin care se urmărește constatarea unei încălcări a principiului egalității de tratament nu poate fi admis. Astfel, pe de o parte, aprecierea valorii adăugate a unei cereri formulate în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002 se efectuează în funcție de elementele de probă de care Comisia dispune deja. Or, întrucât cooperarea societății Otis a fost anterioară celei a societății ThyssenKrupp [considerentele (96) și (98) ale deciziei atacate], Comisia dispunea de mai multe elemente de probă la momentul la care ThyssenKrupp a formulat cererea în temeiul comunicării menționate decât la momentul la care a fost formulată cererea societății Otis. Pe de altă parte, Otis a furnizat mijloace de probă scrise care datau de la momentul faptelor și care prezentau o valoare adăugată semnificativă [considerentul (766) al deciziei atacate], în timp ce ThyssenKrupp nu a furnizat decât un singur element de probă care data de la momentul faptelor, și anume faxul societății Schindler menționat la punctul 360 de mai sus, care nu îndeplinea însă condițiile prevăzute la punctul 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002, deoarece se afla deja în posesia Comisiei la momentul la care ThyssenKrupp și‑a transmis cererea întemeiată pe această comunicare. În aceste condiții, întrucât Otis și ThyssenKrupp nu se aflau în situații comparabile, Comisia nu a încălcat principiul egalității de tratament prin faptul că a acordat societății ThyssenKrupp o reducere a cuantumului amenzii de 20 % în temeiul celei de a doua liniuțe a dispoziției menționate. Din ansamblul considerațiilor de mai sus reiese că trebuie respinse toate obiecțiile invocate de ThyssenKrupp referitor la aplicarea Comunicării privind cooperarea din 2002 în ceea ce privește cooperarea sa în vederea stabilirii existenței încălcării din Belgia. Cu privire la cooperarea societății ThyssenKrupp în vederea stabilirii existenței încălcării din Germania Comisia a decis, în considerentul (812) al deciziei atacate, să nu acorde societății ThyssenKrupp nici imunitate la amendă, nici o reducere a cuantumului acesteia pentru cooperarea sa la stabilirea existenței încălcării din Germania, [ confidențial ] [considerentul (807) al deciziei atacate]. În considerentul (808) al deciziei atacate, Comisia indică faptul că „ThyssenKrupp prezintă anumite informații referitoare la [ confidențial ]”. Totuși, „[a]ceste afirmații nu sunt susținute de niciun element de probă care datează de la momentul faptelor și Comisia nu a identificat nicio dovadă care să le confirme”. În continuare, în considerentul (809) al deciziei atacate, Comisia afirmă că „[c]elelalte informații comunicate de ThyssenKrupp [ confidențial ] nu fac decât să confirme elementele de probă cuprinse în comunicarea privind obiecțiunile, ceea ce nu reprezintă nici o contribuție decisivă, nici un aport semnificativ de valoare adăugată”. În sfârșit, în considerentele (810) și (811) ale deciziei atacate, Comisia explică în special următoarele: „(810) […] Observațiile societății ThyssenKrupp nu au fost determinante în ceea ce privește constatarea încălcării de către Comisie, deoarece aceasta dispunea deja de elemente de probă suficiente, astfel cum este demonstrat în comunicarea privind obiecțiunile. […] ThyssenKrupp nu a transmis elemente de probă care să dateze din perioada care face obiectul investigației. În schimb, declarațiile sale, formulate după notificarea comunicării privind obiecțiunile și după ce întreprinderea a avut acces la dosar, nu fac decât să confirme elementele de probă de care dispunea deja Comisia. […] [D]eclarațiile unilaterale neconfirmate referitoare la [ confidențial ] sunt lipsite de fundament. (811) În lumina elementelor de mai sus, nu se poate considera că informațiile furnizate de ThyssenKrupp prezintă o valoare adăugată semnificativă în sensul [C]omunicării privind cooperarea [din 2002]. [ confidențial ] Chiar și la acel moment, cooperarea societății ThyssenKrupp [ confidențial ] a fost limitată la simpla confirmare a declarațiilor făcute deja de toți ceilalți membri ai înțelegerii. [ confidențial ]” Potrivit reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07, Comisia a încălcat Comunicarea privind cooperarea din 2002 întrucât nu ar fi considerat că elementele de probă furnizate de ThyssenKrupp referitor la înțelegerile săvârșite în Germania prezentau o valoare adăugată semnificativă. În primul rând, ThyssenKrupp nu ar fi contestat faptele reproșate în comunicarea privind obiecțiunile și le‑ar fi confirmat și completat. Prin urmare, aceasta ar fi întărit capacitatea Comisiei de a dovedi încălcarea, în conformitate cu punctul 22 prima teză din Comunicarea privind cooperarea din 2002. ThyssenKrupp ar fi pus imediat la dispoziția Comisiei rezultate investigațiilor sale interne, după ce a reușit să elucideze încălcările săvârșite în Germania. În al doilea rând, prin faptul că a furnizat informații [ confidențial ], ThyssenKrupp ar fi pus la dispoziția Comisiei elemente de probă care prezentau o valoare adăugată semnificativă, justificând o reducere de 20 % a cuantumului amenzii care i‑a fost aplicată pentru încălcarea din Germania. Dovezile [ confidențial ] ar prezenta o valoare adăugată semnificativă, independent de luarea în considerare de către Comisie a unor astfel de elemente de probă. Prin faptul că nu a luat în considerare astfel de elemente, Comisia ar fi încălcat, în plus, așteptările legitime ale respectivelor reclamante, întrucât ar reieși din cuprinsul punctului 617 din comunicarea privind obiecțiunile că [ confidențial ] ar fi fost luată în considerare în cadrul evaluării gravității fiecărei încălcări. În această privință, trebuie amintit că, spre deosebire de punctul D subpunctul 2 a doua liniuță din Comunicarea privind neaplicarea de amenzi sau reducerea cuantumului acestora în cauzele având ca obiect înțelegeri (JO 1996, C 207, p. 4) (denumită în continuare „Comunicarea privind cooperarea din 1996”), Comunicarea privind cooperarea din 2002 nu prevede reducerea cuantumului amenzii în favoarea unei întreprinderi care nu contestă, după primirea comunicării privind obiecțiunile, realitatea faptelor pe care Comisia își bazează acuzațiile. În cadrul Comunicării privind cooperarea din 2002, pentru a putea pretinde o reducere a cuantumului amenzii, o întreprindere trebuie să furnizeze Comisiei elemente de probă referitoare la încălcarea prezumată care prezintă o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă de care aceasta dispune deja (a se vedea punctul 21 din comunicarea menționată). Având în vedere marja de apreciere de care dispune Comisia pentru a evalua cooperarea unei întreprinderi în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002 și, în special, pentru a stabili dacă anumite elemente de probă prezintă o valoare adăugată semnificativă, numai o depășire vădită a acestei marje ar putea fi invalidată de Tribunal (a se vedea punctul 350 de mai sus). Trebuie, așadar, să se examineze dacă Comisia și‑a depășit în mod vădit marja de apreciere atunci când a constatat că elementele de probă furnizate de ThyssenKrupp nu prezentau o valoare adăugată semnificativă în sensul acestei comunicări. În conformitate cu punctele 21 și 22 din comunicarea menționată, pentru a aprecia valoarea adăugată a elementelor de probă furnizate de o întreprindere, Comisia nu ia în considerare numai natura și/sau nivelul de detaliere al acestora, ci și elementele de probă de care dispunea deja la momentul la care întreprinderea în cauză și‑a formulat cererea. În această privință, trebuie să se constate că, la momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea, [ confidențial ], Comisia nu numai că primise deja cereri întemeiate pe Comunicarea privind cooperarea din 2002 din partea societăților Kone, Otis și Schindler referitoare la încălcarea din Germania, ci organizase și două serii de inspecții în temeiul articolului 14 alineatul (3) din Regulamentul nr. 17 [considerentele (104) și (106) ale deciziei atacate] și adresase, în temeiul articolului 18 din Regulamentul nr. 1/2003, cereri de informații întreprinderilor participante la încălcarea din Germania, asociațiilor VDMA, VFA și VMA, precum și mai multor clienți din Germania [considerentele (110), (111) și (113) ale deciziei atacate]. În plus, Comisia obținuse deja suficiente elemente de probă pentru a comunica obiecțiunile participanților la încălcarea din Germania, la 7 octombrie 2005, înainte ca ThyssenKrupp să își formuleze cererea [considerentul (135) al deciziei atacate]. Pe de altă parte, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu contestă că afirmațiile societății ThyssenKrupp nu au fost susținute de elemente de probă care datau de la momentul faptelor [considerentele (808) și (810) ale deciziei atacate]. În ceea ce privește afirmația reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 potrivit căreia ThyssenKrupp ar fi „confirmat și completat” faptele referitoare la înțelegerea din Germania, trebuie să se constate că, în afară de elementele de probă referitoare la disimularea înțelegerii, reclamantele nu aduc nicio precizare cu privire la elementele de probă pe care le‑ar fi furnizat și nici nu indică în ce mod ar fi prezentat acestea o valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002. În ceea ce privește elementele de probă referitoare la [ confidențial ] în Germania, din documentele menționate la punctele 234-236 din comunicarea privind obiecțiunile și în considerentele (219)-(221) ale deciziei atacate reiese că elementele de probă prezentate de Kone, de Otis și de Schindler anterior cererii formulate de ThyssenKrupp erau deja suficiente pentru a demonstra că participanții la înțelegerea din Germania își luaseră diferite precauții [ confidențial ]. În măsura în care argumentul reclamantelor din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 se referă la [ confidențial ], trebuie subliniat că aceste încercări, presupunând că ar fi demonstrate, privesc o perioadă ulterioară încălcării astfel cum a fost constatată la articolul 1 alineatul (2) din decizia atacată. Prin urmare, aceste elemente de probă nu au putut întări capacitatea Comisiei de a stabili existența încălcării și nu prezintă, așadar, o valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002. Întrucât, în speță, elementele de probă furnizate de ThyssenKrupp nu îndeplineau condițiile prevăzute de această dispoziție, Comisia a refuzat în mod întemeiat să acorde societății ThyssenKrupp o reducere a cuantumului amenzii sale în temeiul punctului 23 litera (b) ultimul paragraf din comunicarea menționată. În sfârșit, în ceea ce privește obiecția referitoare la încălcarea principiului protecției încrederii legitime, s‑a amintit la punctul 179 de mai sus că dreptul de a invoca protecția încrederii legitime aparține oricărui particular aflat într‑o situație din care reiese că administrația Uniunii, prin furnizarea unor asigurări precise, l‑a determinat să nutrească speranțe întemeiate. Cu toate acestea, faptul că Comisia a explicat la punctul 617 din comunicarea privind obiecțiunile că urma să țină seama, în vederea evaluării gravității încălcării, de faptul că participanții la înțelegere își luaseră precauții importante pentru ca înțelegerea să nu fie descoperită nu poate fi considerat o asigurare precisă că ThyssenKrupp urma să beneficieze de o reducere a cuantumului amenzii pentru cooperarea sa în temeiul punctului 23 din Comunicarea privind cooperarea din 2002. Astfel, reducerea cuantumului amenzii în conformitate cu această dispoziție depinde de valoarea adăugată semnificativă a elementelor de probă furnizate, în privința căreia punctul 617 din comunicarea privind obiecțiunile nu cuprinde nicio indicație. În plus, întrucât, la momentul la care ThyssenKrupp a fost notificată cu privire la comunicarea privind obiecțiunile, această întreprindere nu formulase încă o cerere în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002 pentru încălcarea din Germania, punctul 617 din comunicarea privind obiecțiunile nu a putut în niciun caz să dea naștere unor așteptări legitime în ceea ce privește valoarea adăugată a elementelor de probă care nu fuseseră încă prezentate. Prin urmare, și această obiecție trebuie să fie respinsă. Din toate cele de mai sus reiese că trebuie să fie respinse toate obiecțiile societății ThyssenKrupp referitoare la aplicarea Comunicării privind cooperarea din 2002 în ceea ce privește cooperarea sa în vederea stabilirii existenței încălcării din Germania. Cu privire la cooperarea societății ThyssenKrupp în vederea stabilirii existenței încălcării din Luxemburg ThyssenKrupp, care a fost a treia întreprindere care a prezentat o cerere în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002 referitor la înțelegerea din Luxemburg [considerentul (119) al deciziei atacate], nu a beneficiat de o reducere a cuantumului amenzii în conformitate cu această comunicare în ceea ce privește respectiva înțelegere [considerentul (828) al deciziei atacate]. Comisia explică în această privință, în considerentul (827) al deciziei atacate, următoarele: „Comisia observă că efectuase deja o inspecție în Luxemburg și că primise două cereri coroborante din partea societăților Kone și Otis [în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002] referitor la activitățile înțelegerii din Luxemburg înainte ca ThyssenKrupp să își prezinte cererea [în temeiul aceleiași comunicări]. Cererea […] societății ThyssenKrupp se compune dintr‑o scurtă declarație orală a întreprinderii și nu furnizează niciun element de probă care datează de la momentul faptelor și nicio informație nouă semnificativă, limitându‑se în mare să confirme informațiile pe care Comisia le cunoștea deja, de exemplu, în ceea ce privește persoanele care au participat la înțelegere. Prin urmare, ThyssenKrupp nu a furnizat niciun element nou cu o valoare adăugată importantă și, în raport cu elementele de probă de care dispunea deja Comisia la momentul transmiterii acestora, nu a întărit în mod semnificativ capacitatea Comisiei de a dovedi faptele în discuție. După formularea cererii sale […], ThyssenKrupp nu a cooperat într‑o mai mare măsură, cu excepția faptului că a răspuns la cererea de informații adresată de Comisie în temeiul articolului 18 alineatul (2) [din Regulamentul nr. 1/2003].” Potrivit reclamantelor din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, Comisia a realizat o aplicare greșită din punct de vedere juridic a Comunicării privind cooperarea din 2002, întrucât nu ar fi ținut seama de valoarea adăugată a elementelor de probă furnizate de ThyssenKrupp. Astfel, aceasta din urmă ar fi pus la dispoziția Comisiei elemente de probă care prezentau o valoare adăugată semnificativă, prin faptul că nu a contestat situația de fapt prezentată în comunicarea privind obiecțiunile și prin faptul că a susținut și a completat obiecțiunile exprimate de Comisie, ceea ce ar trebui să ducă, în conformitate cu punctul 23 litera (b) primul paragraf a doua liniuță din Comunicarea privind cooperarea din 2002, la o reducere cuprinsă între 20 % și 30 % a cuantumului amenzii care i‑a fost aplicată pentru înțelegerea din Luxemburg. Astfel cum s‑a amintit deja la punctul 378 de mai sus, Comunicarea privind cooperarea din 2002 nu prevede reducerea cuantumului amenzii în favoarea unei întreprinderi care nu contestă, după primirea comunicării privind obiecțiunile, realitatea faptelor pe care Comisia își bazează acuzațiile. Prin urmare, este necesar să se examineze dacă, având în vedere marja de apreciere de care dispune pentru a evalua cooperarea unei întreprinderi în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, Comisia și‑a depășit în mod vădit această marjă de apreciere atunci când a constatat că elementele de probă furnizate de ThyssenKrupp nu prezentau o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă aflate deja în posesia sa la momentul la care întreprinderea menționată și‑a formulat cererea în temeiul acestei comunicări. În speță, trebuie să se constate, în primul rând, că reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, care nu critică acordarea unei imunități la amenzi societății Kone în temeiul punctului 8 litera (b) din Comunicarea privind cooperarea din 2002, nu contestă nici faptul că informațiile furnizate de Kone permiteau deja Comisiei să constate o încălcare în Luxemburg [considerentul (816) al deciziei atacate]. Prin urmare, Comisia primise deja suficiente elemente de probă pentru a constata o încălcare în Luxemburg la momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea. În plus, anterior cererii societății ThyssenKrupp, Comisia primise deja o cerere din partea societății Otis, în martie 2004, în urma căreia aceasta din urmă a beneficiat de o reducere de 40 % a cuantumului amenzii care i‑a fost aplicată pentru încălcarea din Luxemburg [considerentele (118) și (823) ale deciziei atacate]. În al doilea rând, reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu contestă faptul că ThyssenKrupp, în cadrul cererii sale [ confidențial ], nu a furnizat Comisiei niciun element de probă care data de la momentul faptelor [considerentul (827) al deciziei atacate]. Or, în conformitate cu punctul 22 din Comunicarea privind cooperarea din 2002, elementele de probă scrise care datează din perioada la care se raportează faptele au o valoare mai mare decât elementele de probă stabilite ulterior. Reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 invocă totuși mai multe elemente care, în opinia lor, sunt de natură să demonstreze că elementele de probă furnizate de ThyssenKrupp prezentau o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de care dispunea deja Comisia. Primo , reclamantele menționate se bazează pe numărul ridicat de referiri existente în decizia atacată la cererea formulată de ThyssenKrupp în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002 pentru a demonstra valoarea adăugată a acesteia. Cu toate acestea, faptul că Comisia a folosit în decizia atacată toate elementele de probă de care dispunea, inclusiv, așadar, informațiile comunicate de ThyssenKrupp în cererea sa [ confidențial ], nu demonstrează că aceste informații prezentau o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă de care dispunea deja Comisia la acel moment. Astfel, aprecierea valorii adăugate în sensul Comunicării privind cooperarea din 2002 se efectuează atât în funcție de calitatea cooperării, cât și prin compararea sa cu elementele de probă de care dispunea deja Comisia. În acest context, reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu pot invoca încălcarea de către Comisie a obligației sale de motivare ca urmare a faptului că aceasta ar minimaliza în mod greșit importanța prezentării de către întreprinderi de probe detaliate Comisiei. Potrivit unei jurisprudențe constante, motivarea impusă de articolul 253 CE trebuie să menționeze, în mod clar și neechivoc, raționamentul autorității Uniunii care a emis actul în litigiu, astfel încât să dea posibilitatea persoanelor interesate să ia cunoștință de temeiurile măsurii luate, iar instanței competente să își exercite controlul (Hotărârea Curții din 2 aprilie 1998, Comisia/Sytraval și Brink’s France, C‑367/95 P, Rec., p. I‑1719, punctul 63, și Hotărârea Curții din 30 septembrie 2003, Germania/Comisia, C‑301/96, Rec., p. I‑9919, punctul 87). Or, în speță, Comisia a prezentat în mod clar, în considerentele (825)-(828) ale deciziei atacate (a se vedea în special punctul 391 de mai sus), motivele pentru care nu putea fi acordată o reducere a cuantumului amenzii aplicate pentru încălcarea din Luxemburg. Secundo , reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că Comisia se bazează pe declarații ale societății ThyssenKrupp pentru a se referi, în considerentul (307) al deciziei atacate, la precauțiile participanților la încălcare menite să disimuleze întâlnirile și contactele dintre concurenți. Trebuie să se constate că declarațiile societății ThyssenKrupp menționate în considerentul (307) al deciziei atacate indică utilizarea unui al doilea telefon mobil [ confidențial ] al societății TKAL cu cartele preplătite pentru organizarea întâlnirilor cu scop anticoncurențial. Cu toate acestea, eforturile depuse de participanții la înțelegerea din Luxemburg pentru a‑și disimula întâlnirile și contactele reies deja în mod clar din cererea societății Kone din 5 februarie 2004, și în special din cuprinsul punctelor 3.4.2 și 3.4.5 din aceasta. În aceste condiții, Comisia nu și‑a depășit în mod vădit marja de apreciere prin faptul că a constatat că declarațiile societății ThyssenKrupp menționate în considerentul (307) al deciziei atacate nu prezentau o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă de care dispunea deja. Tertio , reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că ThyssenKrupp a fost prima întreprindere care i‑a indicat Comisiei că au fost organizate întâlnirile ilicite [ confidențial ] [considerentul (303) al deciziei atacate]. În această privință, din nota de subsol 455 din decizia atacată ar reieși că contribuția [ confidențial ] a societății ThyssenKrupp ar fi fost anterioară contribuțiilor concurenților săi. Cu toate acestea, astfel cum reiese din dosar, trebuie să se constate că, contrar susținerilor reclamantelor din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, rolul avut de [ confidențial ] în organizarea întâlnirilor ilicite era cunoscut de Comisie înainte de contribuția societății ThyssenKrupp, în urma declarațiilor societăților Kone și Otis din februarie și din martie 2004. În aceste condiții, nu poate fi atribuită nicio valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002 declarațiilor societății ThyssenKrupp menționate la punctul precedent. În orice caz, chiar presupunând că ThyssenKrupp ar fi fost prima întreprindere care a comunicat informațiile citate la punctul 402 de mai sus, Comisia nu și‑ar fi depășit în mod vădit marja de apreciere prin faptul că a considerat că aceste elemente nu prezentau o valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din comunicarea menționată. Astfel, pe lângă faptul că identitatea întreprinderii care a organizat întâlnirile ilicite nu poate fi considerată un element important pentru dovedirea existenței unei înțelegeri, reiese din considerentul (721) al deciziei atacate că informațiile în cauză nu au fost considerate de Comisie suficient de convingătoare pentru a se putea ajunge la concluzia că [ confidențial ] era instigatorul înțelegerii din Luxemburg sau că jucase un rol determinant în cadrul acesteia. Quatro , ThyssenKrupp ar fi informat Comisia în cererea sa [ confidențial ] cu privire la existența unui mecanism de ajustare. O nouă împărțire a proiectelor s‑ar fi realizat automat între participanții la înțelegere atunci când cotele de piață convenite nu erau respectate [considerentele (317) și (336) ale deciziei atacate]. În această privință, Comisia ar cita în decizia atacată (notele de subsol 484 și 517 din aceasta) o contribuție a societății Kone din 29 octombrie 2004 care nu ar fi fost voluntară și ar fi fost clar ulterioară contribuției societății ThyssenKrupp. Cu toate acestea, astfel cum reiese din dosar, trebuie să se constate că, în cererea sa [ confidențial ], ThyssenKrupp a indicat numai că scopul împărțirii proiectelor era înghețarea cotelor de piață și că nerespectarea acordurilor ducea la o rectificare în ceea ce privește următoarele proiecte. Or, Comisia dispunea deja de aceste informații la momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea. Prin urmare, nu se poate atribui nicio valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002 informațiilor comunicate de ThyssenKrupp cu privire la mecanismul de ajustare. Quinto , în cadrul contribuției sale [ confidențial ], ThyssenKrupp ar fi indicat că listele de proiecte cuprindeau numele proiectelor, cantitățile de ascensoare și prețurile. Comisia ar utiliza această informație în considerentul (321) literele (a), (c) și (d) al deciziei atacate, fără a recunoaște însă că este vorba despre o contribuție a societății ThyssenKrupp. Cu toate acestea, astfel cum reiese din dosar, trebuie să se constate că Comisia dispunea deja de informațiile menționate la punctul precedent la momentul la care ThyssenKrupp și‑a formulat cererea. Prin urmare, nu se poate atribui nicio valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002 respectivelor informații. Sexto , reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că Comisia utilizează informații referitoare la conținutul contractelor de întreținere și se bazează, în această privință, pe contribuția societății Kone din 5 februarie 2004 și pe cea a societății ThyssenKrupp [ confidențial ], informațiile provenite de la societățile Schindler și Luxlift nefiind furnizate decât ulterior [considerentul (348) al deciziei atacate]. Or, întrucât Comisia a confirmat informațiile din considerentul (348) cu ajutorul a patru declarații ale concurenților, aceasta nu ar fi putut în mod evident să se bazeze numai pe declarația societății Kone. Cu toate acestea, astfel cum reiese din dosar, trebuie să se constate că, anterior cererii societății ThyssenKrupp [ confidențial ], la 5 și la 11 februarie 2004, Kone furnizase informații referitoare la contractele de întreținere care erau mult mai detaliate decât cele comunicate de ThyssenKrupp și că aceste informații fuseseră confirmate oral de Otis la 23 martie 2004. În aceste condiții, nu se poate atribui nicio valoare adăugată semnificativă informațiilor referitoare la contractele de întreținere comunicate de ThyssenKrupp în cadrul cererii sale formulate în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002. Rezultă din cele de mai sus că reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 nu au demonstrat că Comisia și‑a depășit în mod vădit marja de apreciere prin faptul că a considerat că elementele de probă furnizate de ThyssenKrupp nu prezentau o valoare adăugată semnificativă în sensul punctului 21 din Comunicarea privind cooperarea din 2002. În al treilea rând, reclamantele din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 afirmă că Comisia ar fi comis o gravă eroare de apreciere prin faptul că nu a ținut seama de decizia [ confidențial ] a autorității luxemburgheze de concurență care ar fi acordat imunitate societății ThyssenKrupp, sugerând astfel că cooperarea acesteia ar fi fost suficientă, potrivit dreptului luxemburghez, pentru acordarea imunității sau a unei reduceri a sancțiunii și că, prin urmare, cooperarea acesteia ar fi prezentat o valoare adăugată. În această privință, trebuie amintit că, prin decizia de imunitate a Consiliului Concurenței luxemburghez [ confidențial ], TKAL și TKE sunt informate că s‑a luat act de faptul că au formulat o cerere de imunitate cu privire la încălcarea din Luxemburg și se confirmă că această cerere va fi luată în considerare în cadrul procedurii din Luxemburg (articolele 1 și 2 din decizia de imunitate). Această decizie nu cuprinde însă nicio apreciere calitativă a elementelor de probă furnizate de ThyssenKrupp. Astfel, Consiliul Concurenței luxemburghez a considerat că este „adecvat să suspende pronunțarea pe fond cu privire la cererea de imunitate pentru a aștepta finalizarea investigației efectuate de Comisie […]” (decizia de imunitate, punctul 6 și articolul 3). În aceste condiții, argumentul reclamantelor nu poate fi primit. În al patrulea rând, potrivit reclamantelor din cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, ca urmare a dificultăților lingvistice evidente întâmpinate de funcționarii repartizați să trateze cauza, care ar fi dus la interpretarea eronată a anumitor elemente de probă, Comisia nu a evaluat corect valoarea adăugată a contribuției societății ThyssenKrupp în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002. Acest argument trebuie însă respins pentru motivele indicate la punctul 86 de mai sus. Din ansamblul considerațiilor de mai sus reiese că trebuie respinse toate obiecțiile invocate de ThyssenKrupp referitor la aplicarea Comunicării privind cooperarea din 2002 în ceea ce privește cooperarea sa în vederea stabilirii existenței încălcării din Luxemburg. Prin urmare, prezentul motiv trebuie respins în totalitate. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiului protecției încrederii legitime, a principiului egalității de tratament, a principiului proporționalității și a principiului bunei administrări în cadrul stabilirii nivelului reducerii amenzilor acordate pentru cooperarea în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002 La punctul 614 din comunicarea privind obiecțiunile, Comisia anunțase că intenționa „să acorde o reducere [a amenzilor] pentru cooperarea în afara cadrului Comunicării privind cooperarea [din 2002], în special atunci când o societate nu contest[a] sau atunci când aceasta furniz[a] un ajutor suplimentar care permite[a] clarificarea sau completarea situației de fapt constatate de Comisie”. În considerentul (758) al deciziei atacate, Comisia a indicat că, „[î]n măsura în care punctul 614 din comunicarea privind obiecțiunile crea în speță o serie de așteptări, [decisese] să interpreteze acest punct în favoarea întreprinderilor care, pe baza acestuia, au contribuit la stabilirea situației de fapt privind încălcarea prezentată în decizi[a] [atacată], necontestând faptele sau furnizând alte informații sau precizări complementare”. Comisia a acordat astfel tuturor participanților la cele patru încălcări, cu excepția, pe de o parte, a întreprinderilor care au beneficiat de imunitate la amenzi [considerentele (762), (817) și (839) ale deciziei atacate] și, pe de altă parte, a societății Kone în cadrul înțelegerii din Țările de Jos [considerentul (851) al deciziei atacate], o reducere de 1 % a cuantumului amenzilor pentru cooperarea lor în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002, deoarece nu au contestat faptele prezentate în comunicarea privind obiecțiunile [considerentele (768), (774), (777), (794), (801), (806), (813), (824), (829), (835), (845), (854), (855) și (856) ale deciziei atacate]. În primul rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 consideră că pot pretinde în mod legitim să obțină o reducere de cel puțin 10 % a cuantumului amenzilor aplicate societății ThyssenKrupp pentru încălcările din Belgia, din Germania, din Luxemburg și din Țările de Jos, deoarece nu au contestat faptele menționate în comunicarea privind obiecțiunile. Astfel de așteptări legitime ar decurge, potrivit reclamantelor, din cuprinsul punctului 614 din comunicarea privind obiecțiunile și din practica decizională a Comisiei, potrivit căreia o întreprindere care nu contestă realitatea faptelor care îi sunt imputate în comunicarea privind obiecțiunile ar beneficia de o reducere de 10 % a cuantumului amenzii sale, în conformitate cu Comunicarea privind cooperarea din 1996. Primo , s‑a amintit la punctul 388 de mai sus că dreptul de a invoca protecția încrederii legitime aparține oricărui particular aflat într‑o situație din care reiese că administrația Uniunii, prin furnizarea unor asigurări precise, l‑a determinat să nutrească speranțe întemeiate. În schimb, astfel cum s‑a arătat deja la punctul 180 de mai sus, o persoană nu poate invoca încălcarea principiului protecției încrederii legitime în lipsa unor asigurări precise furnizate de administrație. Constituie astfel de asigurări informațiile precise, necondiționate și concordante emise de surse autorizate și de încredere. Este adevărat că, spre deosebire de Comunicarea privind cooperarea din 1996, Comunicarea privind cooperarea din 2002 nu prevede nicio reducere a cuantumului amenzii în favoarea întreprinderilor care nu contestă realitatea faptelor pe care Comisia își bazează acuzațiile în comunicarea privind obiecțiunile. Cu toate acestea, în considerentul (758) al deciziei atacate, Comisia recunoaște că punctul 614 din comunicarea privind obiecțiunile a dat naștere unei așteptări legitime a întreprinderilor că necontestarea faptelor va determina o reducere a cuantumului amenzii în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002. La punctul 614 din comunicarea privind obiecțiunile, Comisia anunțase că „intențion[a] să acorde o reducere [a amenzii] pentru cooperarea în afara cadrului Comunicării privind cooperarea [din 2002], în special atunci când o societate nu contest[a] sau atunci când aceasta furniz[a] un ajutor suplimentar care permite[a] clarificarea sau completarea situației de fapt constatate de Comisie”. Nu se poate considera că o astfel de afirmație constituie o asigurare precisă care ar fi putut să determine reclamantele să nutrească speranțe întemeiate că le va fi acordată o reducere a cuantumului amenzilor mai mare de 1 %. Astfel, la punctul 614 din comunicarea privind obiecțiunile nu se indică amploarea sau nivelul reducerii care ar fi eventual acordată întreprinderilor în cauză, așa încât acesta nu poate în niciun caz să fi dat naștere unei încrederi legitime în acest sens. Secundo , trebuie să fie respins argumentul reclamantelor potrivit căruia Comisia ar fi derogat de la practica sa anterioară, în temeiul căreia o întreprindere care nu ar contesta realitatea faptelor imputate în comunicarea privind obiecțiunile ar beneficia de o reducere de 10 % a cuantumului amenzii care i‑ar fi aplicată, întrucât, astfel cum s‑a arătat la punctul 153 de mai sus, o practică decizională a Comisiei nu ar putea, potrivit unei jurisprudențe constante, să servească drept cadru juridic cu privire la amenzile în materie de concurență. În plus, reclamantele nu contestă faptul că numai Comunicarea privind cooperarea din 2002 se aplică în ceea ce privește cererile lor. Prin urmare, practica decizională a Comisiei sau jurisprudența referitoare la aplicarea punctului D subpunctul 2 a doua liniuță din Comunicarea privind cooperarea din 1996 nu poate în niciun caz da naștere unei încrederi legitime a reclamantelor cu privire la nivelul reducerii amenzilor aplicate ca urmare a necontestării faptelor referitoare la înțelegerile din Belgia, din Germania, din Luxemburg și din Țările de Jos, în temeiul punctului 614 din comunicarea privind obiecțiunile. În al doilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07 și T‑154/07 susțin că Comisia a încălcat principiul proporționalității prin faptul că nu a acordat o reducere de 10 % ca urmare a necontestării faptelor. Reclamantele invocă de asemenea în această privință o încălcare a principiului bunei administrări, întrucât Comisia ar fi incitat întreprinderile să nu conteste faptele, dar nu le‑ar fi acordat decât o reducere de 1 % a cuantumului amenzilor lor. În această privință, trebuie amintit că principiul proporționalității impune ca actele instituțiilor Uniunii să nu depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru realizarea obiectivelor legitime urmărite de reglementarea în cauză, fiind stabilit că, atunci când este posibilă alegerea între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare și că inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile vizate (Hotărârea Curții din 5 mai 1998, Regatul Unit/Comisia, C‑180/96, Rec., p. I‑2265, punctul 96, și Hotărârea Tribunalului din 12 septembrie 2007, Prym și Prym Consumer/Comisia, T‑30/05, nepublicată în Repertoriu, punctul 223). În ceea ce privește nivelul unei eventuale reduceri a cuantumului unei amenzi ca urmare a necontestării faptelor, trebuie subliniat că reiese din jurisprudență că se poate considera că o întreprindere care declară în mod expres că nu contestă susținerile privind situația de fapt pe care își întemeiază Comisia obiecțiunile contribuie la facilitarea sarcinii Comisiei constând în constatarea și în sancționarea încălcărilor normelor Uniunii privind concurența (Hotărârile Tribunalului din 14 mai 1998, Mo och Domsjö/Comisia, T‑352/94, Rec., p. II‑1989, punctul 395, și SCA Holding/Comisia, T‑327/94, Rec., p. II‑1373, punctul 157). În considerentul (758) al deciziei atacate, Comisia a indicat însă că „[a]mploarea reducerii va trebui să țină seama de faptul că cooperarea oferită după momentul comunicării privind obiecțiunile, când Comisia a stabilit deja toate elementele încălcării și întreprinderea a luat deja cunoștință de toate elementele investigației și a avut acces la dosarul acesteia, nu poate să ofere Comisiei, în cel mai bun caz, decât un ajutor marginal în ceea ce privește investigația”. Comisia a adăugat că, „[î]n general, recunoașterea faptelor în aceste împrejurări reprezintă cel mult un element de probă care confirmă faptele pe care Comisia le‑ar considera în mod normal ca fiind demonstrate într‑o măsură suficientă de alte elemente de probă existente la dosar”. Trebuie amintit în această privință că Comunicarea privind cooperarea din 2002 impune un nivel ridicat de cooperare cu Comisia, aceasta prevăzând de altfel „o legătură mai strânsă între nivelul reducerii cuantumului amenzilor și importanța contribuției întreprinderii la stabilirea existenței încălcării” (punctul 5 din Comunicarea privind cooperarea din 2002). Astfel, pe de o parte, după cum s‑a arătat deja la punctul 378 de mai sus, spre deosebire de Comunicarea privind cooperarea din 1996, Comunicarea privind cooperarea din 2002 nu prevede reducerea cuantumului amenzilor ca urmare a necontestării faptelor și, pe de altă parte, în ceea ce privește cererile adresate Comisiei în temeiul Comunicării privind cooperarea din 2002, reducerea maximă pe care o poate obține o întreprindere care nu este nici prima, nici cea de a doua care îndeplinește condiția prevăzută la punctul 21 din aceasta, dar ale cărei elemente de probă prezintă totuși o valoare adăugată semnificativă în raport cu elementele de probă de care dispune deja Comisia, este de 20 %. Ținând seama de considerațiile de mai sus, de faptul că reducerile acordate în speță pentru necontestarea faptelor se adaugă reducerilor amenzilor deja acordate în cadrul Comunicării privind cooperarea din 2002, precum și de valoarea limitată pe care o are cooperarea după momentul transmiterii comunicării privind obiecțiunile [considerentul (758) al deciziei atacate], Comisia nu a încălcat principiul proporționalității prin faptul că nu a acordat o reducere a amenzilor de 10 % societății ThyssenKrupp ca urmare a necontestării faptelor referitoare la înțelegerile din Belgia, din Germania, din Luxemburg și din Țările de Jos. În plus, reclamantele din cauzele T‑144/07 și T‑154/07 nu prezintă niciun element care să demonstreze că Comisia le‑ar fi incitat să nu conteste faptele, astfel încât, în orice caz, obiecția lor privind încălcarea principiului bunei administrări nu poate să fie admisă. În al treilea rând, reclamantele din cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07 afirmă că ThyssenKrupp, care ar fi informat Comisia cu privire la încercările participanților la încălcarea din Germania de a împiedica desfășurarea investigației sale, ar fi făcut obiectul unui tratament discriminatoriu în raport cu întreprinderile care au contestat existența unor astfel de acțiuni, întrucât ambele categorii de întreprinderi au primit aceeași reducere a amenzii în temeiul cooperării lor în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002. Reclamanta din cauza T‑144/07 susține de asemenea în această privință că o reducere a cuantumului amenzii de 1 % ar fi aplicată tuturor întreprinderilor, indiferent de cooperarea acestora. Această obiecție nu poate fi primită. Întrucât afirmațiile societății ThyssenKrupp cu privire la încercările de împiedicare a investigației nu au putut întări capacitatea Comisiei de a stabili existența încălcării (a se vedea punctul 386 de mai sus), cooperarea utilă a societății ThyssenKrupp în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002 se limitează la necontestarea faptelor. Cooperarea societății ThyssenKrupp este astfel comparabilă cu cea a celorlalte întreprinderi care, în ceea ce privește cooperarea în afara cadrului respectivei comunicări, s‑au limitat la a nu contesta faptele prezentate în comunicarea privind obiecțiunile. În al patrulea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin că metoda de calcul al reducerii de 1 % acordate pentru necontestarea faptelor produce un prejudiciu financiar societății ThyssenKrupp în raport cu celelalte întreprinderi implicate în procedura administrativă. Astfel, în ceea ce privește ThyssenKrupp, Comisia ar fi calculat reducerile amenzilor acordate în două etape, și anume, în Belgia și în Țările de Jos, reduceri de 20 % și, respectiv, de 40 % în temeiul cooperării în cadrul Comunicării privind cooperarea din 2002 și, apoi, reduceri de 1 % în temeiul cooperării în afara cadrului respectivei comunicări. Or, în privința altor întreprinderi, reducerea de 1 % ar fi fost aplicată direct amenzii stabilite de Comisie. În consecință, prin modul în care a realizat calculele, Comisia ar favoriza întreprinderile care nu au obținut o reducere a cuantumului amenzii pe baza Comunicării privind cooperarea din 2002 în raport cu întreprinderile care au cooperat în cursul procedurii administrative. Astfel cum s‑a amintit deja (a se vedea punctul 365 de mai sus), potrivit unei jurisprudențe constante, în cadrul aprecierii pe care o efectuează cu privire la cooperarea membrilor unei înțelegeri, Comisia nu poate încălca principiul egalității de tratament. Cu toate acestea, pe lângă faptul că reducerile cuantumurilor amenzilor acordate în cadrul Comunicării privind cooperarea din 2002 și reducerile acordate în afara cadrului acestei comunicări constituie etape distincte ale procesului de calculare a cuantumului amenzilor, trebuie să se constate că întreprinderile care au cooperat atât în cadrul respectivei comunicări, cât și în afara cadrului acesteia, pe de o parte, și întreprinderile care au cooperat numai în afara cadrului comunicării menționate, pe de altă parte, nu se află în situații comparabile. Prin urmare, obiecția referitoare la o pretinsă încălcare a principiului egalității de tratament nu poate fi admisă. Rezultă că prezentul motiv trebuie să fie respins în totalitate. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin că amenzile aplicate la articolul 2 din decizia atacată pentru încălcările constatate în cadrul acesteia sunt contrare articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003, întrucât Comisia s‑ar fi bazat, pentru a stabili plafonul de 10 % din cifra de afaceri a întreprinderilor în cauză, pe cifra de afaceri a grupului ThyssenKrupp, în loc să se bazeze pe cifra de afaceri a filialelor care au participat direct la încălcări. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 susțin, în primul rând, că nu este posibil să se impute societăților TKAG și TKE încălcările săvârșite de filialele acestora și că, prin urmare, plafonul de 10 % din cifra de afaceri prevăzut la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 ar trebui să fie calculat pe baza cifrei de afaceri a respectivelor filiale. Trebuie să se constate însă că această obiecție se suprapune cu cele examinate la punctele 100-149 de mai sus, referitoare la imputarea comportamentelor ilicite ale filialelor lor societăților‑mamă ale grupului ThyssenKrupp. Or, din considerațiile referitoare la acest aspect reiese că Comisia a apreciat în mod corect că TKAG și TKE formează o unitate economică cu filialele fiecăreia dintre acestea. Prin urmare, această obiecție trebuie să fie respinsă. În al doilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 afirmă că stabilirea plafonului amenzilor pe baza cifrei de afaceri a societății‑mamă este, în orice caz, de asemenea exclusă deoarece articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 s‑ar referi la „întreprinderi[le] care participă la încălcare”. Plafonul de 10 % s‑ar aplica, așadar, cifrei de afaceri a autorului încălcării, care a participat direct la încălcare, iar nu celei a societății sale mamă care este responsabilă în solidar. În această privință trebuie subliniat că articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 prevede că, pentru „fiecare întreprindere și asociație de întreprinderi care participă la încălcarea normelor, amenda nu depășește 10 % din cifra de afaceri totală din exercițiul financiar precedent”. Potrivit unei jurisprudențe constante, cifra de afaceri avută în vedere de această dispoziție este cifra de afaceri globală a întreprinderii în cauză (a se vedea Hotărârea Dalmine/Comisia, punctul 55 de mai sus, punctul 146, și Hotărârea din 12 septembrie 2007, Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 428 de mai sus, punctul 177 și jurisprudența citată). Astfel, plafonul de 10 % din cifra de afaceri prevăzut la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 trebuie să fie calculat pe baza cifrei de afaceri cumulate a tuturor societăților care constituie entitatea economică ce acționează în calitate de întreprindere în sensul articolului 81 CE (Hotărârea HFB și alții/Comisia, punctul 311 de mai sus, punctul 528, și Hotărârea Tribunalului din 15 iunie 2005, Tokai Carbon și alții/Comisia, T‑71/03, T‑74/03, T‑87/03 și T‑91/03, nepublicată în Repertoriu, punctul 390). Or, în speță, Comisia a stabilit că TKAG forma, din punctul de vedere al aplicării articolului 81 CE, o unitate economică cu filialele sale menționate la articolul 1 din decizia atacată (a se vedea punctele 100-149 de mai sus). Având în vedere jurisprudența citată la punctele 443 și 444 de mai sus, este corectă decizia Comisiei de a se baza, pentru calcularea amenzilor pe care le‑a aplicat la articolul 2 din decizia atacată, pe cifra de afaceri a societății‑mamă, pentru a stabili amenzile la un nivel suficient de descurajator. Rezultă că Comisia nu a încălcat articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 prin faptul că s‑a bazat, pentru a stabili plafonul de 10 % din cifra de afaceri pentru amenzile care trebuiau aplicate pentru încălcările săvârșite de societățile care făceau parte din grupul ThyssenKrupp, pe cifra de afaceri a societății TKAG. Întrucât reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 nu susțin că amenda care le‑a fost aplicată depășește limita de 10 % din cifra de afaceri menționată, obiecțiile acestora trebuie să fie respinse. Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității în ceea ce privește calculul cuantumului final al amenzilor Potrivit reclamantelor din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07, cuantumul final al amenzilor care le‑au fost aplicate este disproporționat. Pentru a demonstra încălcarea principiului proporționalității, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07 subliniază, în primul rând, caracterul național al încălcărilor sancționate în decizia atacată. În al doilea rând, reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07 susțin că amenzile aplicate societății ThyssenKrupp pentru încălcările din Belgia și din Luxemburg sunt excesive în raport cu dimensiunea piețelor în cauză și nu reflectă în mod corect raporturile de forță economice existente între întreprinderile care au participat la încălcări, care ar fi fost determinante la momentul săvârșirii acestora. Reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 subliniază, tot în acest context, că amenzile care le‑au fost aplicate pentru încălcările din Belgia și din Țările de Jos reprezintă de mai multe ori cifrele de afaceri ale TKLA și, respectiv, TKL. În al treilea rând, reclamanta din cauza T‑144/07 susține că principiul proporționalității obligă Comisia să stabilească cuantumul definitiv al amenzii într‑un mod care să reflecte în întregime amploarea cooperării de care ar fi dat dovadă TKLA și în special să țină seama de promisiunea de imunitate făcută de autoritatea de concurență belgiană. În această privință, reclamanta din cauza T‑154/07 susține de asemenea că Comisia ar fi trebuit să ia în considerare imunitatea pe care TKL ar fi obținut‑o de la autoritatea de concurență olandeză. Cu titlu introductiv, trebuie amintit că principiul proporționalității impune ca actele instituțiilor Uniunii să nu depășească limitele a ceea ce este adecvat și necesar pentru realizarea obiectivelor legitime urmărite de reglementarea în cauză, fiind stabilit că, atunci când este posibilă alegerea între mai multe măsuri adecvate, trebuie să se recurgă la cea mai puțin constrângătoare și că inconvenientele cauzate nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile vizate (a se vedea punctul 428 de mai sus). În consecință, amenzile nu trebuie să fie disproporționate în raport cu scopurile urmărite, cu alte cuvinte, în raport cu respectarea normelor de concurență, iar cuantumul amenzii aplicate unei întreprinderi ca urmare a unei încălcări în materie de concurență trebuie să fie proporțional cu încălcarea, apreciată în ansamblu, ținând seama în special de gravitatea acesteia (Hotărârea din 12 septembrie 2007, Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 428 de mai sus, punctul 224). În plus, în cadrul stabilirii cuantumului amenzilor, Comisia poate lua în considerare necesitatea de a asigura ca acestea să aibă un efect suficient de descurajator (a se vedea în acest sens Hotărârea Musique Diffusion française și alții/Comisia, punctul 247 de mai sus, punctul 108, și Hotărârea Tribunalului din 14 mai 1998, Europa Carton/Comisia, T‑304/94, Rec., p. II‑869, punctul 89). În primul rând, trebuie subliniat că înțelegerile constau în speță în principal într‑o înțelegere secretă a concurenților pentru a‑și împărți piețele sau a îngheța cotele de piață prin alocarea reciprocă a proiectelor de vânzare și de instalare de ascensoare și/sau de scări rulante noi și pentru a nu concura unii cu ceilalți în ceea ce privește întreținerea și modernizarea ascensoarelor și a scărilor rulante (cu excepția Germaniei, unde activitatea de întreținere și de modernizare nu a făcut obiectul unor discuții între membrii înțelegerii). Or, astfel de încălcări se numără, prin chiar natura lor, printre cele mai grave încălcări ale articolului 81 CE [considerentul (658) al deciziei atacate]. În această privință, dimensiunea relativ redusă a pieței produselor în cauză, presupunând că ar fi demonstrată, are o importanță mai mică în raport cu toate celelalte elemente care dovedesc gravitatea încălcării (a se vedea în acest sens Hotărârea Roquette Frères/Comisia, punctul 185 de mai sus, punctul 151). Prin urmare, argumentele reclamantelor potrivit cărora amenzile aplicate de Comisie ar fi disproporționate în raport cu dimensiunea piețelor în cauză trebuie să fie respinse. În al doilea rând, în ceea ce privește proporționalitatea amenzilor în raport cu dimensiunea și cu puterea economică a unităților economice în cauză, care acționează în calitate de întreprinderi în sensul articolului 81 CE, trebuie amintit că reiese din considerațiile de mai sus că acestea nu depășesc plafonul prevăzut la articolul 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003, care urmărește să evite ca amenzile să fie disproporționate în raport cu importanța întreprinderii (a se vedea în acest sens Hotărârea Musique Diffusion française și alții/Comisia, punctul 247 de mai sus, punctul 129, și Hotărârea din 12 septembrie 2007, Prym și Prym Consumer/Comisia, punctul 428 de mai sus, punctul 229). În al treilea rând, potrivit unei jurisprudențe constante, în cadrul calculului amenzilor, Comisia poate lua în considerare, printre altele, dimensiunea și puterea economică a unității economice care acționează în calitate de întreprindere în sensul articolului 81 CE. Întreprinderea pertinentă care trebuie luată în considerare în speță nu este reprezentată însă de fiecare filială care a participat la încălcările constatate la articolul 1 alineatele (1), (3) și (4) din decizia atacată. Dimpotrivă, din analiza realizată mai sus reiese că întreprinderile care au săvârșit încălcările menționate la a patra liniuță a articolului 1 alineatele (1), (3) și (4) din decizia atacată sunt constituite din TKAG și toate filialele sale menționate în cadrul dispozițiilor amintite din decizia atacată (a se vedea punctele 100-149 de mai sus). În aceste condiții, argumentele reclamantelor care se limitează la a demonstra existența unei disproporții între cuantumul amenzilor aplicate de Comisie și cifra de afaceri realizată de respectivele filiale, excluzând societatea‑mamă, trebuie să fie respinse. În al patrulea rând, reiese din jurisprudență că Comisia nu este obligată, în cadrul stabilirii cuantumului amenzilor în funcție de gravitatea și de durata încălcării în cauză, să asigure ca, în cazul în care sunt aplicate amenzi mai multor întreprinderi implicate în aceeași încălcare, cuantumurile finale ale amenzilor la care s‑a ajuns prin calculul efectuat pentru întreprinderile în cauză să reflecte orice diferențiere între acestea în ceea ce privește cifrele lor de afaceri globale sau cifrele lor de afaceri pe piața la care se referă încălcarea (a se vedea în acest sens Hotărârea Dansk Rørindustri și alții/Comisia, punctul 94 de mai sus, punctul 312, și Hotărârea Tribunalului din 4 iulie 2006, Hoek Loos/Comisia, T‑304/02, Rec., p. II‑1887, punctul 84). Astfel, Tribunal a considerat deja că cuantumul final al amenzii nu constituie, a priori , un element adecvat pentru a stabili o eventuală lipsă de proporționalitate a amenzii în raport cu importanța participanților la înțelegere. Astfel, stabilirea cuantumului final menționat se face în special în funcție de diverse împrejurări legate de comportamentul individual al întreprinderii în cauză, iar nu în funcție de cota sa de piață sau de cifra sa de afaceri, precum durata încălcării, existența unor circumstanțe agravante sau atenuante și gradul de cooperare a respectivei întreprinderi (Hotărârea Hoek Loos/Comisia, punctul 455 de mai sus, punctele 85 și 86). În plus, din considerentele (672), (673), (674), (676), (680) și (686) ale deciziei atacate reiese că Comisia a aplicat, în cadrul stabilirii cuantumului de plecare specific al amenzilor, un tratament diferențiat întreprinderilor implicate, pentru a ține seama de importanța lor pe piețele care au făcut obiectul înțelegerilor. Astfel, Comisia a împărțit întreprinderile „în mai multe categorii în funcție de cifra de afaceri realizată în sectorul ascensoarelor și/sau al scărilor rulante, inclusiv, după caz, în ceea ce privește serviciile de întreținere și de modernizare” [considerentul (673) al deciziei atacate]. Prin urmare, argumentele reclamantelor potrivit cărora amenzile aplicate nu ar reflecta în mod corect raporturile de forță economice existente între întreprinderile care au participat la încălcare nu pot să fie admise. În al cincilea rând, argumentele reclamantelor din cauzele T‑144/07 și T‑154/07 potrivit cărora Comisia nu ar fi ținut seama de amploarea cooperării societății ThyssenKrupp în Belgia și potrivit cărora aceasta ar fi trebuit să ia în considerare actele autorităților de concurență naționale trebuie de asemenea să fie respinse. Astfel, trebuie amintit că Comisia a ținut seama în mod corespunzător, în cadrul considerentelor (769)-(774) ale deciziei atacate, de cooperarea societății TKLA la stabilirea existenței încălcării din Belgia. Din considerațiile prezentate anterior (punctele 338-370 de mai sus) rezultă de asemenea că Comisia nu a comis nicio eroare vădită de apreciere în această privință. În plus, din cuprinsul punctelor 156-190 de mai sus reiese că reclamantele nu pot invoca nici promisiunile de imunitate pe care susțin că le‑ar fi primit de la autoritățile belgiene și olandeze de concurență. Având în vedere considerațiile de mai sus, motivul invocat de reclamantele din cauzele T‑144/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 referitor la încălcarea principiului proporționalității în ceea ce privește calculul cuantumului final al amenzii trebuie să fie respins. Cu privire la stabilirea cuantumului final al amenzilor Astfel cum rezultă din cuprinsul punctelor 303-323 de mai sus, trebuie ca decizia atacată să fie modificată, în măsura în care impune, ca urmare a repetării încălcării, o majorare de 50 % a cuantumului de bază al amenzilor aplicate societății ThyssenKrupp în decizia atacată. Cuantumul final al respectivelor amenzi se calculează, așadar, după cum urmează: –        Pentru încălcarea din Belgia: cuantumul de bază al amenzii (57 750 000 de euro) se reduce cu 20 % în temeiul cooperării în cadrul Comunicării privind cooperarea din 2002, ceea ce determină un cuantum de 46 200 000 de euro, și cu 1 % în temeiul cooperării în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002, ceea ce determină un cuantum final al amenzii de 45 738 000 de euro. –        Pentru încălcarea din Germania: cuantumul de bază al amenzii (252 000 000 de euro) se reduce cu 1 % în temeiul cooperării în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002, ceea ce determină un cuantum final al amenzii de 249 480 000 de euro. –        Pentru încălcarea din Luxemburg: cuantumul de bază al amenzii (9 000 000 de euro) se reduce cu 1 % în temeiul cooperării în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002, ceea ce determină un cuantum final al amenzii de 8 910 000 de euro. –        Pentru încălcarea din Țările de Jos: cuantumul de bază al amenzii (26 350 000 de euro) se reduce cu 40 % în temeiul cooperării în cadrul Comunicării privind cooperarea din 2002, ceea ce determină un cuantum de 15 810 000 de euro, și cu 1 % în temeiul cooperării în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002, ceea ce determină un cuantum final al amenzii de 15 651 900 de euro. Cu privire la cheltuielile de judecată Potrivit articolului 87 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, în cazul în care părțile cad în pretenții cu privire la unul sau la mai multe capete de cerere, Tribunalul poate să repartizeze cheltuielile de judecată sau poate decide ca fiecare parte să suporte propriile cheltuieli. În speță, trebuie să se decidă că reclamantele suportă trei sferturi din cheltuielile lor de judecată, precum și trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de Comisie. Comisia suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată, precum și un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de reclamante. Pentru aceste motive, TRIBUNALUL (Camera a opta) declară și hotărăște: 1) Conexează cauzele T‑144/07, T‑147/07, T‑148/07, T‑149/07, T‑150/07 și T‑154/07 în vederea pronunțării prezentei hotărâri. 2) Anulează articolul 2 alineatul (1) a patra liniuță, articolul 2 alineatul (2) a patra liniuță, articolul 2 alineatul (3) a patra liniuță și articolul 2 alineatul (4) a patra liniuță din Decizia C(2007) 512 final a Comisiei din 21 februarie 2007 privind o procedură prevăzută de articolul 81 [CE] (cazul COMP/E‑1/38.823 − Ascensoare și scări rulante). 3) În cauzele T‑144/07, T‑149/07 și T‑150/07, stabilește cuantumul amenzii aplicate societăților ThyssenKrupp Liften Ascenseurs NV, ThyssenKrupp Elevator AG și ThyssenKrupp AG la articolul 2 alineatul (1) a patra liniuță din Decizia C(2007) 512 pentru încălcarea din Belgia la 45 738 000 de euro. 4) În cauzele T‑147/07, T‑149/07 și T‑150/07, stabilește cuantumul amenzii aplicate societăților ThyssenKrupp Aufzüge GmbH, ThyssenKrupp Fahrtreppen GmbH, ThyssenKrupp Elevator și ThyssenKrupp la articolul 2 alineatul (2) a patra liniuță din Decizia C(2007) 512 pentru încălcarea din Germania la 249 480 000 de euro. 5) În cauzele T‑148/07, T‑149/07 și T‑150/07, stabilește cuantumul amenzii aplicate societăților ThyssenKrupp Ascenseurs Luxembourg Sàrl, ThyssenKrupp Elevator și ThyssenKrupp la articolul 2 alineatul (3) a patra liniuță din Decizia C(2007) 512 pentru încălcarea din Luxemburg la 8 910 000 de euro. 6) În cauzele T‑150/07 și T‑154/07, stabilește cuantumul amenzii aplicate societăților ThyssenKrupp Liften BV și ThyssenKrupp la articolul 2 alineatul (4) a patra liniuță din Decizia C(2007) 512 pentru încălcarea din Țările de Jos la 15 651 900 de euro. 7) Respinge în rest acțiunile. 8) În fiecare cauză, reclamantele suportă trei sferturi din cheltuielile lor de judecată, precum și trei sferturi din cheltuielile de judecată efectuate de Comisia Europeană. Comisia suportă un sfert din propriile cheltuieli de judecată, precum și un sfert din cheltuielile de judecată efectuate de reclamante. Martins Ribeiro Wahl Dittrich Pronunțată astfel în ședință publică la Luxemburg, la 13 iulie 2011. Semnături Cuprins Procedura administrativă 1.  Investigația Comisiei Belgia Germania Luxemburg Țările de Jos 2.  Comunicarea privind obiecțiunile 3.  Decizia atacată Procedura și concluziile părților Cu privire la fond 1.  Observații introductive 2.  Cu privire la cererile de anulare a deciziei atacate Cu privire la motivul întemeiat pe necompetența Comisiei Cu privire la primul aspect, întemeiat pe încălcarea articolului 81 alineatul (1) CE, determinată de faptul că înțelegerile în cauză nu ar afecta comerțul dintre statele membre Cu privire la al doilea aspect, întemeiat pe încălcarea Regulamentului nr. 1/2003, a Comunicării privind cooperarea în cadrul rețelei și a principiilor egalității de tratament și protecției încrederii legitime, întrucât Comisia ar fi trebuit să lase investigarea încălcărilor în sarcina autorităților naționale de concurență competente Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiilor care guvernează stabilirea răspunderii pentru încălcările articolului 81 CE, pe încălcarea prezumției de nevinovăție, a principiului individualizării sancțiunilor, a principiului egalității de tratament și a dreptului la apărare, precum și a articolului 253 CE în ceea ce privește imputarea societăților‑mamă a încălcărilor săvârșite de filialele acestora Observații introductive Cu privire la imputarea societăților TKE și TKAG a încălcărilor constatate la articolul 1 din decizia atacată –  Cu privire la prezumția de răspundere a societăților TKAG și TKE în ceea ce privește comportamentele filialelor lor –  Cu privire la elementele prezentate de reclamante pentru a răsturna prezumția de răspundere a societăților TKAG și TKE pentru comportamentul filialelor fiecăreia dintre acestea Cu privire la încălcarea obligației de motivare și a dreptului la apărare Cu privire la cererile de măsuri de cercetare judecătorească 3.  Cu privire la cererile de anulare sau de reducere a cuantumului amenzilor aplicate Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiului non bis in idem Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității și a principiului egalității de tratament, precum și a dreptului la apărare în ceea ce privește stabilirea cuantumului de plecare al amenzilor în funcție de gravitatea încălcărilor Observații introductive Decizia atacată Cu privire la pretinsa nelegalitate a cuantumurilor de plecare generale ale amenzilor Cu privire la pretinsa nelegalitate a cuantumurilor de plecare specifice ale amenzilor Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității, a articolului 253 CE și a principiului egalității de tratament în ceea ce privește aplicarea factorului multiplicator de grup în vederea urmăririi obiectivului de descurajare în cadrul stabilirii cuantumului de plecare al amenzilor Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Liniilor directoare din 1998, a principiului proporționalității și a dreptului la apărare, determinată de majorarea cu 50 % a cuantumului de bază al amenzilor ca urmare a repetării încălcării Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea Comunicării privind cooperarea din 2002 și pe încălcarea principiului protecției încrederii legitime, precum și a principiului egalității de tratament în ceea ce privește aprecierea cooperării Cu privire la Comunicarea privind cooperarea din 2002 Cu privire la marja de apreciere a Comisiei și la controlul instanțelor Uniunii Cu privire la cooperarea societății ThyssenKrupp în vederea stabilirii existenței încălcării din Belgia Cu privire la cooperarea societății ThyssenKrupp în vederea stabilirii existenței încălcării din Germania Cu privire la cooperarea societății ThyssenKrupp în vederea stabilirii existenței încălcării din Luxemburg Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiului protecției încrederii legitime, a principiului egalității de tratament, a principiului proporționalității și a principiului bunei administrări în cadrul stabilirii nivelului reducerii amenzilor acordate pentru cooperarea în afara cadrului Comunicării privind cooperarea din 2002 Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea articolului 23 alineatul (2) din Regulamentul nr. 1/2003 Cu privire la motivul întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității în ceea ce privește calculul cuantumului final al amenzilor Cu privire la stabilirea cuantumului final al amenzilor Cu privire la cheltuielile de judecată * Limbile de procedură: olandeza și germana. – Date confidențiale nereproduse.

62010CJ0101

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt 38. panta 1. punkta pirmo ievilkumu Eiropas nolīgumā, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, kas Kopienu vārdā noslēgts un apstiprināts ar Padomes un Komisijas 1994. gada 19. decembra Lēmumu 94/908/EOTK, EK, Euratom (OV L 358, 1. lpp.; turpmāk tekstā – “Asociācijas nolīgums ar Bulgārijas Republiku”). Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar tiesvedību starp G. Pavlovu, Bulgārijas pilsoni, un G. Famiru, Vīnē praktizējošu advokātu, no vienas puses, un Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien (Vīnes Advokātu kolēģijas komiteja), no otras puses, par lūguma, pirmkārt, iekļaut G. Pavlovu advokātu palīgu reģistrā un, otrkārt, izsniegt viņam apliecinājumu par pārstāvības pilnvarām tiesā noraidīšanu. Atbilstošās tiesību normas Savienības tiesības Asociācijas nolīgums ar Bulgārijas Republiku Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 7. panta 1. punktā ir noteikts, ka “asociācijā ir paredzēts pārejas laikposms, kura maksimālais ilgums ir 10 gadi un kurš sadalīts divos secīgos posmos, kas katrs ilgst piecus gadus. Pirmais posms sākas, stājoties spēkā šim nolīgumam”. Šis asociācijas nolīgums stājās spēkā 1995. gada 1. februārī. Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta 1. punktā, kurš ir ietverts tā IV sadaļas ar virsrakstu “Brīva darbaspēka aprite, uzņēmējdarbība, pakalpojumu sniegšana” I nodaļā, ir paredzēts: “Ievērojot nosacījumus un kārtību, kas ir spēkā katrā dalībvalstī: –        katras dalībvalsts piešķirtais statuss Bulgārijas pilsoņiem darba ņēmējiem, kas nodarbināti tās teritorijā, nedrīkst būt diskriminējošs uz pilsonības pamata, salīdzinot ar tās pilsoņiem, darba apstākļu, atalgojuma vai atlaišanas ziņā, [..].” Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 42. panta 1. punktā ir noteikts: “Ņemot vērā darba tirgus situāciju dalībvalstī un ievērojot tās tiesību aktus un minētajā dalībvalstī spēkā esošos noteikumus brīvas darbaspēka aprites jomā: –        esošās iespējas, ar kurām dalībvalstis [atbilstoši divpusējiem nolīgumiem] nodrošina Bulgārijas darba ņēmējiem pieeju darba tirgum, ir jāsaglabā un pēc iespējas jāuzlabo, –        citas dalībvalstis izskata iespēju noslēgt līdzīgus nolīgumus.” Šā paša asociācijas nolīguma 45. panta 1. punktā, kas ir ietverts tā IV sadaļas II nodaļā ar virsrakstu “Uzņēmējdarbība”, ir paredzēts: “Katra dalībvalsts, stājoties spēkā šim nolīgumam, paredz iespēju Bulgārijas uzņēmumiem un pilsoņiem sākt un veikt uzņēmējdarbību savā teritorijā, turklāt apstākļos, kas nav nelabvēlīgāki par tiem, kas nodrošināti šīs dalībvalsts uzņēmumiem un pilsoņiem, izņemot jomās, kas aprakstītas XVa pielikumā.” Šā paša asociācijas nolīguma 47. pantā, kas ir ietverts iepriekš minētajā II nodaļā, ir noteikts: “Lai Kopienas un Bulgārijas pilsoņiem atvieglotu darbības uzsākšanu un turpināšanu reglamentētā profesionālā darbībā attiecīgi Bulgārijā un Kopienā, Asociācijas padome konstatē, kādi pasākumi ir jāveic, lai nodrošinātu kvalifikāciju savstarpējo atzīšanu. Tā var veikt visus pasākumus, kas šai nolūkā ir vajadzīgi.” Šā asociācijas nolīguma 59. panta 1. punktā, kas ir ietverts tā IV sadaļas IV nodaļā ar virsrakstu “Vispārīgie noteikumi”, ir paredzēts: “Attiecībā uz šo sadaļu nekas šajā Līgumā neliedz Pusēm piemērot savus tiesību aktus un noteikumus par fizisko personu iebraukšanu un uzturēšanos, darbu, darba nosacījumiem un fizisko personu uzņēmējdarbības veikšanu un pakalpojumu sniegšanu, ja vien tās tos nepiemēro tādā veidā, ka tiek atceltas vai pasliktinās priekšrocības, kas ir paredzētas jebkurai Pusei saskaņā ar kādu konkrētu šā Līguma noteikumu. [..]” Valsts tiesiskais regulējums Noteikumi, ar kuriem tiek regulēta advokāta profesija un piekļuve šai profesijai, ir ietverti attiecīgi Advokāta eksāmenu likumā ( Rechtsanwaltsprüfungsgesetz , BGBl. 556/1985, šajā lietā piemērojamajā BGBl . 71/1999 publicētajā redakcijā, turpmāk tekstā – “ RAPG ”) un Austrijas Advokatūras noteikumos ( Österreichische Rechtsanwaltsordnung , RGBl . 96/1868, šajā lietā piemērojamajā BGBl . 128/2004 publicētajā redakcijā, turpmāk tekstā – “ RAO ”). RAPG Pamata lietā atbilstošo RAPG noteikumu redakcija ir šāda: “1. pants Advokāta eksāmenā tiek pierādītas advokāta profesijas praktizēšanai vajadzīgās spējas un zināšanas, īpaši eksāmena kārtotāja spēja uzsākt un kārtot advokātam uzdotās publiskās un privātās lietas, kā arī prasme sagatavot juridiskus dokumentus un atzinumus, kā arī spēja rakstveidā un mutvārdos izklāstīt juridiskos un faktiskos lietas apstākļus. 2. pants 1.      Advokatūras eksāmenu var kārtot pēc doktora grāda tiesību zinātnēs (“ Doktorat der Rechte ”) iegūšanas vai tiesību zinātņu augstāko profesionālo studiju programmu absolventi saskaņā ar 1978. gada 2. marta likumu [..] par tiesību zinātņu studijām pēc maģistra grāda tiesību zinātnēs Magisterium der Rechtswissenschaften iegūšanas un pēc triju gadu ilgas prakses, no kuriem vismaz deviņi mēneši pavadīti tiesā un vismaz divi gadi – advokātu birojā. [..]” RAO Pamata lietā atbilstošo RAO noteikumu redakcija ir šāda: “1. pants 1.      Lai strādātu advokāta profesijā [Austrijā], nav vajadzīgs, ka personu ieceļ kāda iestāde; pietiekams ir pierādījums par turpmāk uzskaitīto nosacījumu izpildi un reģistrācija advokātu reģistrā (5. un 5.a pants). [..] 2.      Šie nosacījumi ir šādi: a)     Austrijas pilsonība; [..] d)     prakse likumā noteiktā veidā un ilgumā; e)     sekmīgi nokārtots advokāta eksāmens; [..] 3.      Kādas Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonība vai kādas citas Eiropas Ekonomikas Zonas līguma dalībvalsts pilsonība, vai arī Šveices Konfederācijas pilsonība ir līdzvērtīga Austrijas pilsonībai. 2. pants 1.      Advokāta profesijas praktizēšanai nepieciešamā prakse izpaužas kā juridiska darbība tiesā vai prokuratūrā un advokātu birojā. [..] Prakse advokātu birojā ir atzīstama tikai tad, ja šī darbība ir pamatnodarbošanās un tās veikšanu neietekmē kāda cita profesionāla darbība [..]. 2.      Atbilstīgi 1. punktam praksei jāilgst piecus gadus, no kuriem vismaz deviņiem mēnešiem – tiesā vai prokuratūrā un vismaz trīs gadiem – advokātu birojā Austrijā. [..] 15. pants 1.      Ja advokāta pieaicināšana lietā ir paredzēta likumā, advokāts var visās tiesās un iestādēs ļaut sevi pārstāvēt viņa birojā strādājošam advokāta palīgam ar aizstāšanas pilnvarām, pats uzņemoties atbildību; tomēr nav pieļaujama dokumentu, kurus sagatavojis advokāta palīgs, iesniegšana tiesās un iestādēs. 2.      Advokāta palīgam ir aizstāšanas pilnvaras, ja tas ir sekmīgi nokārtojis advokatūras eksāmenu. [..] 3.      Ja advokāta pieaicināšana lietā nav likumā paredzēta, advokāts var visās tiesās un iestādēs ļaut sevi pārstāvēt citam viņa birojā strādājošam advokāta palīgam ar aizstāšanas pilnvarām, pats uzņemoties atbildību; tomēr nav pieļaujama dokumentu, kurus sagatavojis advokāta palīgs, iesniegšana tiesās un iestādēs. 4.      Advokātu kolēģijas komiteja pie kāda advokāta praksē esošam advokāta palīgam izsniedz leģitimizācijas apliecību, no kuras izriet aizstāvēšanas pilnvaras tiesā saskaņā ar 2. punktu [“ große Legitimationsurkunde ”] vai pārstāvības pilnvaras saskaņā ar 3. punktu [“ kleine Legitimationsurkunde ”]. [..] 30. pants 1.      Lai panāktu iekļaušanu advokātu palīgu reģistrā, uzsākot praksi advokātu birojā, [Advokātu kolēģijas] komitejā ir jāiesniedz pieteikums, pievienojot pierādījumus par Austrijas pilsonību, un juridiskās prakses uzsākšanai nepieciešamo prasību izpilde un prakses laiks tiek aprēķināts tikai kopš šī pieteikuma iesniegšanas. [..] 4.      Par atteikumu iekļaut advokātu palīgu reģistrā, par izslēgšanu no šī reģistra un par atteikumu apstiprināt prakses laiku advokāta birojā ieinteresētajām personām ir tiesības iesniegt pārsūdzību Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission [Advokātu Augstākajā apelāciju un disciplinārlietu komisijā] [..]. 5.      Austrijas pilsonībai ir līdzvērtīga Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonība vai citas Eiropas Ekonomikas Zonas līguma dalībvalsts pilsonība, vai arī Šveices Konfederācijas pilsonība.” Pamata lieta un prejudiciālie jautājumi G. Pavlovs 2002. gadā pabeidza tiesību zinātņu studijas Vīnē. Kopš 2004. gada viņš ir darba ņēmējs Vīnē praktizējošā advokāta G. Famiras advokātu birojā. G. Pavlovam ir uzturēšanās atļauja Austrijā un atļauja veikt uzņēmējdarbību atbilstīgi Austrijas tiesību aktiem, kas dod tam pieeju darba tirgum un tiesības strādāt visā Austrijas teritorijā. G. Famiram ir nodarbinātības dienesta izsniegta atļauja, kas tam laika posmā no 2004. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim ļauj nodarbināt G. Pavlovu algota advokāta palīga statusā. 2004. gada 2. janvārī G. Famira un G. Pavlovs lūdza iekļaut G. Pavlovu advokātu palīgu reģistrā. Vienlaikus viņi, pamatojoties uz RAO 15. panta 3. punktu, lūdza izsniegt G. Pavlovam apliecinājumu par pārstāvības pilnvarām tiesā (“ kleine Legitimationsurkunde ”). Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien otrā nodaļa ar 2004. gada 6. aprīļa rīkojumu noraidīja šo lūgumu, pamatojot ar to, ka G. Pavlovs neatbilst RAO 30. panta 1. un 5. punktā paredzētajam nosacījumam attiecībā uz pilsonību. 2004. gada 15. jūnijā par šo rīkojumu iesniegto sūdzību Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien plenārsēdē noraidīja. Ar 2006. gada 1. augusta rīkojumu Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission noraidīja G. Pavlova un G. Famiras sūdzību par 2004. gada 15. jūnija rīkojumu, norādot, ka advokāta profesija ir reglamentēta profesija un ka šis tiesiskais regulējums attiecas arī uz advokātu palīgiem. Tā nolēma, ka atbilstoši Asociācijas nolīgumam ar Bulgārijas Republiku diskriminācija ir aizliegta tikai attiecībā uz darba nosacījumiem, taču attiecībā uz piekļuvi reglamentētām profesijām šo nolīgumu noslēgušās valstis var ieviest savus ierobežojumus. 2007. gada 8. oktobrī Verfassungsgerichtshof (Konstitucionālā tiesa) atcēla 2006. gada 1. augusta rīkojumu un nodeva lietu atpakaļ Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission , uzskatot, ka, neiesniedzot Eiropas Savienības Tiesā lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu attiecībā uz Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku attiecīgo normu interpretāciju, tā ir pārkāpusi valsts Konstitūcijā garantētās sūdzības iesniedzēju tiesības uz procesu atbilstošā tiesā. Ar 2008. gada 17. aprīļa rīkojumu Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission , ņemot vērā juridiskās situācijas izmaiņas saistībā ar Bulgārijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai, kas notika 2007. gada 1. janvārī, atcēla Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien 2004. gada 6. aprīļa un 15. jūnija rīkojumus. Uzskatot, ka, sākot no šā datuma, ir izpildīti RAO 30. panta 1. un 5. punktā paredzētie nosacījumi, tā nodeva lietu atpakaļ Ausschuss der Rechtsanwaltskammer Wien , lai tā pieņemtu jaunu nolēmumu pēc papildu pierādījumu savākšanas pasākumiem. 2009. gada 2. jūlijā Verfassungsgerichtshof atcēla 2008. gada 17. aprīļa rīkojumu, uzskatot, ka Bulgārijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai nekādi nav ietekmējusi apstākli, ka laika posmam no 2004. līdz 2006. gadam ir būtiska nozīme attiecībā uz G. Pavlova situāciju, jo, pirmkārt, viņš advokatūras eksāmenu varēja kārtot tikai pēc vismaz divu gadu prakses advokāta birojā un, otrkārt, lai viņš tiktu iekļauts advokātu reģistrā, viņam bija jāpierāda vismaz trīs gadu prakse advokātu birojā. Tādējādi, lai atrisinātu jautājumu attiecībā uz laika posmu no 2004. līdz 2006. gadam, saskaņā ar Verfassungsgerichtshof 2007. gada 8. oktobra lēmumu ir jāvēršas Tiesā ar lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu par Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta interpretāciju. Šādos apstākļos Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “1)   Vai [Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku] 38. panta 1. punkts bija tieši piemērojams laika posmā no 2004. gada 2. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim procedūrā par Bulgārijas pilsoņa iekļaušanu advokātu palīgu reģistrā? Apstiprinošas atbildes uz pirmo jautājumu gadījumā: 2)     vai [Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku] 38. panta 1. punkts liedz [ RAO ] 30. panta 1. un 5. punktu, saskaņā ar kuru reģistrācijai cita starpā ir izvirzāmi nosacījumi par Austrijas vai citas – par līdzvērtīgu atzītas – pilsonības pierādīšanu, piemērot pieteikumam par ietveršanu advokātu palīgu reģistrā, ko 2004. gada 2. janvārī iesniedzis pie austriešu advokāta nodarbināts Bulgārijas pilsonis, kā arī leģitimizācijas apliecības izsniegšanai atbilstoši [ RAO ] 15. panta 3. punktam un pieteikuma noraidīšanai tikai pilsonības dēļ, neraugoties uz citu prasību izpildi un atļaujas veikt uzņēmējdarbību un darba atļaujas Austrijā esamību?” Par prejudiciālajiem jautājumiem Ar abiem šiem jautājumiem, kuri ir jāizskata kopā, iesniedzējtiesa būtībā vēlas noskaidrot, vai pirms attiecīgās dalībvalsts pievienošanās Eiropas Savienībai Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzētajam nediskriminācijas principam bija pretrunā tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums kā RAO 30. panta 1. un 5. punktā paredzētais, saskaņā ar kuru Bulgārijas pilsonis šajā tiesiskajā regulējumā paredzēta, ar pilsonību saistīta nosacījuma dēļ nevarēja tikt iekļauts advokātu palīgu reģistrā, nedz arī saņemt apliecinājumu par pārstāvības pilnvarām tiesā. No Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta 1. punkta pirmā ievilkuma formulējuma izriet, ka šajā noteikumā paredzētais aizliegums nepieļauj nekādu diskrimināciju pilsonības dēļ, kas attiecīgajai personai, kura jau ir likumīgi nodarbināta dalībvalsts teritorijā, varētu rasties darba nosacījumu, atalgojuma vai atlaišanas no darba ziņā. G. Pavlovs šajā ziņā apgalvo, ka iekļaušana advokātu palīgu reģistrā ir saistīta ar attiecīgās profesijas darba nosacījumiem un ka pilsonības dēļ izdarītais atteikums iekļaut to šajā reģistrā atbilstoši RAO 30. panta 1. un 5. punktam līdz ar to ir atzīstams par Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā aizliegtu diskrimināciju. No iesniedzējtiesas Tiesā iesniegtās informācijas izriet, ka saskaņā ar pamata lietā izvērtējamajiem valsts tiesību aktiem pieeja praksei neizbēgami ir saistīta ar iekļaušanu advokātu palīgu reģistrā un ka šī iekļaušana tādējādi ir advokāta palīga darba veikšanas priekšnosacījums. Pirms iekļaušanas šajā reģistrā attiecīgā persona var likumīgi strādāt vienīgi kā jurists, nevis kā advokāta palīgs. Tāpat ir jāpiebilst, ka, lai gan advokātu palīgu darbība var tikt veikta darba tiesisko attiecību ietvaros, kā tas ir pamata lietā, tā tomēr ir uzskatāma arī par apmācības, kas ir nepieciešama, lai varētu strādāt reglamentētajā advokāta profesijā, praktisko daļu (šajā ziņā skat. 2003. gada 13. novembra spriedumu lietā C‑313/01 Morgenbesser , Recueil , I‑13467. lpp., 51. punkts). Līdz ar to ir jāsecina, ka iepriekš minētā iekļaušana advokātu palīgu reģistrā ir pieejas pamata lietā aplūkojamajai reglamentētajai advokāta profesijai priekšnosacījums. Tādējādi ir jānoskaidro, vai Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzētais diskriminācijas pilsonības dēļ aizliegums attiecas arī uz tādiem pieeju reglamentētajai advokāta profesijai reglamentējošiem noteikumiem kā pamata lietā. Asociācijas nolīgumā ar Bulgārijas Republiku nekas neliecina par to, ka no tā 38. panta 1. punkta pirmā ievilkuma vai kāda cita tā noteikuma būtu iespējams izsecināt līgumslēdzēju pušu vēlmi novērst visa veida diskrimināciju pilsonības dēļ attiecībā uz Bulgārijas pilsoņu pieeju reglamentētajām profesijām. Šajā ziņā ir jāņem vērā arī tas, ka šis noteikums ir ietverts iepriekš minētā nolīguma IV sadaļas I nodaļā ar virsrakstu “Brīva darbaspēka aprite”, bet uz reglamentētām profesijām attiecas šā nolīguma II nodaļā ietvertais 47. pants, kas ir veltīts uzņēmējdarbībai un attiecas uz pieeju reglamentētām profesijām, šajā aspektā neparedzot nediskriminācijas pilsonības dēļ pienākumu. No tā izriet, ka Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzētais nediskriminācijas princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tas neattiecas uz tādiem pieeju reglamentētajai advokāta profesijai reglamentējošiem noteikumiem kā pamata lietā. Tādējādi iekļaušana advokātu palīgu reģistrā, kas, kā norādīts šā sprieduma 25. punktā, ir pieejas reglamentētajai advokāta profesijai priekšnosacījums, nav uzskatāma par vienu no darba nosacījumiem iepriekš minētā 38. panta 1. punkta pirmā ievilkuma izpratnē. Attiecībā uz uzturēšanās un darba atļaujām, uz kurām G. Pavlovs ir norādījis kā tādām, kas dod tam pieeju advokāta palīga profesijas veikšanai, pietiek norādīt, ka iesniedzējtiesa ir tā, kurai ir jāpārbauda, vai šīs uzņemošās dalībvalsts iestāžu izsniegtās atļaujas atbilstoši valsts tiesību aktiem ir atzīstamas par lēmumiem ar šādu piemērojamību un vai tās pašas par sevi paredz pieeju advokāta profesijas veikšanai. No iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka uz iesniedzējtiesas uzdotajiem jautājumiem ir jāatbild šādi: Asociācijas nolīguma ar Bulgārijas Republiku 38. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzētais nediskriminācijas princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pirms Bulgārijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai nebija pretrunā tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums kā RAO 30. panta 1. un 5. punktā, tā pamata lietā piemērojamajā redakcijā, paredzētais, saskaņā ar kuru Bulgārijas pilsonis šajā tiesiskajā regulējumā paredzēta, ar pilsonību saistīta nosacījuma dēļ nevarēja tikt iekļauts advokātu palīgu reģistrā un līdz ar to saņemt apliecinājumu par pārstāvības pilnvarām tiesā. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz lietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto lietas dalībnieku izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (ceturtā palāta) nospriež: Eiropas nolīguma, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Bulgārijas Republiku, no otras puses, kas Kopienu vārdā noslēgts un apstiprināts ar Padomes un Komisijas 1994. gada 19. decembra Lēmumu 94/908/EOTK, EK, Euratom, 38. panta 1. punkta pirmajā ievilkumā paredzētais nediskriminācijas princips ir jāinterpretē tādējādi, ka tam pirms Bulgārijas Republikas pievienošanās Eiropas Savienībai nebija pretrunā tāds dalībvalsts tiesiskais regulējums kā Austrijas Advokatūras noteikumu ( Österreichische Rechtsanwaltsordnung ), to pamata lietā piemērojamajā redakcijā, 30. panta 1. un 5. punktā paredzētais, saskaņā ar kuru Bulgārijas pilsonis šajā tiesiskajā regulējumā paredzēta, ar pilsonību saistīta nosacījuma dēļ nevarēja tikt iekļauts advokātu palīgu reģistrā un līdz ar to saņemt apliecinājumu par pārstāvības pilnvarām tiesā. [Paraksti] * Tiesvedības valoda – vācu.

62000TJ0151

pt

Acção de indemnização do prejuízo pretensamente resultante da sobretaxa aduaneira cuja aplicação pelos Estados Unidos da América às importações de produtos efervescentes para o banho da recorrente foi autorizada pelo Órgão de Resolução de Litígios da Organização Mundial do Comércio (OMC), na sequência da verificação da incompatibilidade do regime comunitário de importação de bananas com os acordos e os memorandos em anexo ao acordo que institui a OMC. Parte decisória É negado provimento ao recurso. A recorrente é condenada a suportar as suas próprias despesas e as efectuadas pelo Conselho e pela Comissão. O Reino de Espanha suportará as suas próprias despesas.

62010CJ0355

el

Με την κρινόμενη προσφυγή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητεί την ακύρωση της αποφάσεως 2010/252/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ L 111, σ. 20 , στο εξής: προσβαλλόμενη απόφαση). Προς στήριξη της προσφυγής του, το Κοινοβούλιο προβάλλει, μεταξύ άλλων, ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των ορίων των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που προβλέπονται στο άρθρο 12, παράγραφος 5, του κανονισμού (ΕΚ) 562/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 15ης Μαρτίου 2006, για τη θέσπιση του κοινοτικού κώδικα σχετικά με το καθεστώς διέλευσης προσώπων από τα σύνορα (κώδικας συνόρων του Σένγκεν) ( ΕΕ L 105, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 296/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2008 ( ΕΕ L 97, σ. 60 , στο εξής: ΚΣΣ). Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι οι διατάξεις της προσβαλλομένης αποφάσεως έπρεπε να έχουν θεσπιστεί κατ’ εφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας και όχι στο πλαίσιο της διαδικασίας της επιτροπολογίας την οποία προβλέπει το προαναφερθέν άρθρο 12, παράγραφος 5. I – Το νομικό πλαίσιο Α– Η απόφαση 1999/468/ΕΚ Η απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή ( ΕΕ L 184, σ. 23 ), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου, της 17ης Ιουλίου 2006 ( ΕΕ L 200, σ. 11 , στο εξής: δεύτερη απόφαση περί επιτροπολογίας), εκδόθηκε βάσει του άρθρου 202 ΕΚ. Όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, η αιτιολογική σκέψη 7α της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας έχει ως εξής: «Είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο για τα μέτρα γενικής εμβέλειας που έχουν ως αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων μιας πράξης που εκδόθηκε σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης [ΕΚ], συμπεριλαμβανομένης της κατάργησης ορισμένων εξ αυτών ή της συμπλήρωσής τους με την προσθήκη νέων μη ουσιαστικών στοιχείων. Η διαδικασία αυτή πρέπει να επιτρέπει στα δύο σκέλη της νομοθετικής αρχής να πραγματοποιούν έλεγχο πριν από τη θέσπιση των ως άνω μέτρων. Τα ουσιαστικά στοιχεία μιας νομοθετικής πράξης μπορούν να τροποποιούνται μόνο από τον νομοθέτη με βάση τη Συνθήκη.» Το άρθρο 2, παράγραφος 2, της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας ορίζει τα εξής: «Όταν μια βασική πράξη εκδοθείσα σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης προβλέπει την έκδοση μέτρων γενικής εμβέλειας με αντικείμενο την τροποποίηση μη ουσιαστικών στοιχείων της εν λόγω πράξης, μεταξύ άλλων με την κατάργηση ορισμένων εξ αυτών των στοιχείων ή με τη συμπλήρωσή τους μέσω της προσθήκης νέων μη ουσιαστικών στοιχείων, τα μέτρα αυτά εκδίδονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο.» Το άρθρο 5α της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας διέπει τη διεξαγωγή της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο. Στη διαδικασία αυτή λαμβάνει μέρος και η κανονιστική επιτροπή με έλεγχο, η οποία αποτελείται από αντιπροσώπους των κρατών μελών υπό την προεδρεία αντιπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο εξής: επιτροπή) και διατυπώνει γνώμη επί του σχεδίου των μέτρων που πρόκειται να ληφθούν. Η διαδικασία διαφέρει αναλόγως του εάν τα μελετώμενα μέτρα συνάδουν προς τη γνώμη της επιτροπής, αφενός, ή εάν δεν συνάδουν προς τη γνώμη της επιτροπής ή εάν η επιτροπή δεν διατύπωσε γνώμη, αφετέρου. Στην περίπτωση που τα μελετώμενα μέτρα δεν συνάδουν προς τη γνώμη της επιτροπής ή ελλείψει γνώμης, το άρθρο 5α, παράγραφος 4, της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας ορίζει ότι εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία: «α) Η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Συμβούλιο πρόταση για τα ληπτέα μέτρα, την οποία διαβιβάζει ταυτόχρονα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· β) το Συμβούλιο αποφασίζει με ειδική πλειοψηφία για την πρόταση εντός προθεσμίας δύο μηνών από την υποβολή της· γ) εάν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το Συμβούλιο αντιταχθεί με ειδική πλειοψηφία στα προτεινόμενα μέτρα, τα μέτρα αυτά δεν εκδίδονται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στο Συμβούλιο είτε τροποποιημένη πρόταση είτε νομοθετική πρόταση με βάση τη Συνθήκη· δ) εάν το Συμβούλιο προτίθεται να θεσπίσει τα προτεινόμενα μέτρα, τα υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν το Συμβούλιο δεν αποφανθεί εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δύο μηνών, η Επιτροπή υποβάλλει χωρίς καθυστέρηση τα μέτρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο· ε) το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αποφασίζοντας με την πλειοψηφία των μελών που το απαρτίζουν εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από τη διαβίβαση της πρότασης σύμφωνα με το σημείο αʹ, μπορεί να αντιταχθεί στην έκδοση των εν λόγω μέτρων, αιτιολογώντας την αντίθεσή του, εφόσον θεωρεί ότι τα προτεινόμενα μέτρα υπερβαίνουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που προβλέπει η βασική πράξη ή ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι συμβατά με τον σκοπό ή το περιεχόμενο της βασικής πράξης ή ότι δεν συνάδουν προς τις αρχές της επικουρικότητας ή αναλογικότητας· στ) εάν, εντός της ανωτέρω προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αντιταχθεί στα προτεινόμενα μέτρα, αυτά δεν εκδίδονται. Στην περίπτωση αυτή, η Επιτροπή μπορεί να υποβάλει στην επιτροπή είτε τροποποιημένο σχέδιο μέτρων είτε νομοθετική πρόταση βάσει της Συνθήκης· ζ) εάν, κατά την εκπνοή της προαναφερόμενης προθεσμίας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει αντιταχθεί στα προτεινόμενα μέτρα, τα μέτρα εκδίδονται από το Συμβούλιο ή από την Επιτροπή, ανάλογα με την περίπτωση.» Β– Ο ΚΣΣ Όπως προκύπτει από το άρθρο 1, δεύτερο εδάφιο, αυτού, ο ΚΣΣ καθιερώνει τους κανόνες που ισχύουν για τον συνοριακό έλεγχο των προσώπων κατά τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την αιτιολογική σκέψη 6 του ΚΣΣ, ο έλεγχος αυτός θα πρέπει «να συμβάλλει στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην πρόληψη κάθε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των διεθνών σχέσεων των κρατών μελών». Κατά την αιτιολογική σκέψη 17 του ΚΣΣ, «[θ]α πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία που να επιτρέπει στην Επιτροπή να προσαρμόζει ορισμένους λεπτομερείς πρακτικούς κανόνες που διέπουν τον έλεγχο των συνόρων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογή του [ΚΣΣ] θα πρέπει να θεσπισθούν σύμφωνα με την απόφαση 1999/468/ΕΚ […]». Το άρθρο 2, σημείο 9, του ΚΣΣ ορίζει ως «έλεγχο των συνόρων» τις ενέργειες που συνίστανται σε συνοριακούς ελέγχους και στην επιτήρηση των συνόρων και περιλαμβάνουν τις «δραστηριότητες που αναλαμβάνονται στα σύνορα, σύμφωνα με τον [ΚΣΣ] και για τους σκοπούς του, αποκλειστικώς συνεπεία πρόθεσης διέλευσης ή συνεπεία διέλευσης των συνόρων, ασχέτως άλλου λόγου». Η «επιτήρηση των συνόρων» ορίζεται στο άρθρο 2, σημείο 11, του κώδικα συνόρων του Σένγκεν ως «η επιτήρηση των συνόρων εκτός των συνοριακών σημείων διέλευσης και η επιτήρηση των συνοριακών σημείων διέλευσης εκτός των καθορισμένων ωραρίων λειτουργίας, ώστε να μη γίνεται παράκαμψη των συνοριακών ελέγχων». Ο ΚΣΣ καθιερώνει, στα άρθρα 6 έως 11, κανόνες σχετικά με τους ελέγχους των εξωτερικών συνόρων. Όσον αφορά την επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων, το άρθρο 12 του ΚΣΣ ορίζει τα εξής: «1.   Η επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων έχει ως κύριο σκοπό να εμποδίσει τη μη επιτρεπόμενη διέλευση των συνόρων, να καταπολεμήσει τη διασυνοριακή εγκληματικότητα και να εφαρμόσει ή να λάβει μέτρα κατά των ατόμων που διήλθαν τα σύνορα παρανόμως. 2.   Οι συνοριοφύλακες χρησιμοποιούν σταθερές ή κινητές μονάδες για την επιτήρηση των [εξωτερικών] συνόρων. Η επιτήρηση αυτή διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται και να αποθαρρύνεται η παράκαμψη των ελέγχων στα συνοριακά σημεία διέλευσης. 3.   Η επιτήρηση μεταξύ των συνοριακών σημείων διέλευσης διεξάγεται από συνοριοφύλακες, των οποίων ο αριθμός και οι μέθοδοι προσαρμόζονται στους υφιστάμενους ή προβλεπόμενους κινδύνους και απειλές. Περιλαμβάνει συχνές και απρόοπτες αλλαγές της συχνότητας επιτήρησης ώστε να περιορίζεται στο ελάχιστο η δυνατότητα παράνομης διέλευσης των συνόρων χωρίς κίνδυνο ανακάλυψης. 4.   Η επιτήρηση πραγματοποιείται από σταθερές ή κινητές μονάδες οι οποίες περιπολούν ή σταθμεύουν στα γνωστά ή εικαζόμενα ευαίσθητα σημεία, για να συλλάβουν τα πρόσωπα που διέρχονται παράνομα τα σύνορα. Η επιτήρηση μπορεί να γίνεται και με τη βοήθεια τεχνικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων των ηλεκτρονικών. 5.   Πρόσθετες ρυθμίσεις όσον αφορά την επιτήρηση, οι οποίες αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του παρόντος κανονισμού διά συμπληρώσεώς του, θεσπίζονται σύμφωνα με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην οποία παραπέμπει το άρθρο 33, παράγραφος 2.» Η είσοδος στην επικράτεια των κρατών μελών απαγορεύεται στους υπηκόους τρίτων χωρών με αιτιολογημένη απόφαση η οποία, κατά το άρθρο 13, παράγραφος 2, του ΚΣΣ, κοινοποιείται με τη μορφή του τυποποιημένου εντύπου που προβλέπεται στο παράρτημα V, μέρος Β, του εν λόγω κώδικα. Το άρθρο 33, παράγραφος 2, του ΚΣΣ ορίζει τα εξής: «Στις περιπτώσεις που γίνεται μνεία της παρούσας παραγράφου, εφαρμόζεται το άρθρο 5α, παράγραφοι 1 έως 4, και το άρθρο 7 της απόφασης 1999/468/ΕΚ, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 8 της ίδιας απόφασης.» Γ– Ο κανονισμός (ΕΚ) 2007/2004 Ο κανονισμός (ΕΚ) 2007/2004 του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2004, σχετικά με τη σύσταση ευρωπαϊκού οργανισμού για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ L 349, σ. 1 ), όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) 863/2007 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Ιουλίου 2007 ( ΕΕ L 199, σ. 30 , στο εξής: κανονισμός Frontex), καθορίζει, μεταξύ άλλων, τα καθήκοντα του εν λόγω ευρωπαϊκού οργανισμού (στο εξής: οργανισμός). Κατά το άρθρο 2, παράγραφος 1, του κανονισμού Frontex, ο οργανισμός έχει, ιδίως, τα ακόλουθα καθήκοντα: «α) συντονίζει την επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της διαχειρίσεως των εξωτερικών συνόρων· […] ε) επικουρεί τα κράτη μέλη σε περιπτώσεις που απαιτείται αυξημένη τεχνική και επιχειρησιακή συνδρομή στα εξωτερικά σύνορα· […] ζ) αποστέλλει σε κράτη μέλη ομάδες ταχείας επέμβασης στα σύνορα […]». Στις περιπτώσεις που ο εκτελεστικός διευθυντής του οργανισμού, κατόπιν αιτήματος κράτους μέλους, αποφασίζει την αποστολή μίας ή περισσότερων ομάδων ταχείας επέμβασης στα εξωτερικά σύνορα του κράτους αυτού, ο οργανισμός και το αιτούν κράτος μέλος καταρτίζουν επιχειρησιακό σχέδιο δυνάμει του άρθρου 8δ, παράγραφος 5, του εν λόγω κανονισμού. Το άρθρο 8ε του κανονισμού Frontex, επιγραφόμενο «Επιχειρησιακό σχέδιο», ορίζει τα εξής: «1.   Ο εκτελεστικός διευθυντής και το αιτούν κράτος μέλος εγκρίνουν επιχειρησιακό σχέδιο, όπου καθορίζονται με ακρίβεια οι συνθήκες της αποστολής των ομάδων. Το επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία: α) την περιγραφή της κατάστασης και του τρόπου δράσης και του σκοπού της αποστολής, καθώς και των επιχειρησιακών στόχων· β) την προβλεπόμενη διάρκεια της αποστολής των ομάδων· γ) τη γεωγραφική περιοχή ευθύνης στο αιτούν κράτος μέλος, όπου θα αποσταλούν οι ομάδες· δ) την περιγραφή των καθηκόντων και ειδικές οδηγίες για τα μέλη των ομάδων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται οι βάσεις δεδομένων στις οποίες επιτρέπεται η πρόσβαση και τα επιτρεπόμενα υπηρεσιακά όπλα, πυρομαχικά και εξοπλισμός των μελών των ομάδων στο κράτος μέλος υποδοχής· ε) τη σύνθεση των ομάδων· στ) το όνομα και το βαθμό των συνοριοφυλάκων του κράτους μέλους υποδοχής που είναι αρμόδιοι για τη συνεργασία με τις ομάδες, ιδίως εκείνων των συνοριοφυλάκων οι οποίοι θα διοικούν τις ομάδες κατά τη διάρκεια της αποστολής, καθώς και τη θέση των ομάδων στη δομή διοίκησης· ζ) τον τεχνικό εξοπλισμό που θα αποσταλεί μαζί με τις ομάδες σύμφωνα με το άρθρο 8. 2.   Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή προσαρμογές του επιχειρησιακού σχεδίου αποφασίζονται από κοινού από τον εκτελεστικό διευθυντή και το αιτούν κράτος μέλος. Ο Οργανισμός αποστέλλει πάραυτα αντίγραφο του τροποποιημένου ή προσαρμοσμένου επιχειρησιακού σχεδίου στα συμμετέχοντα κράτη μέλη.» Όσον αφορά την εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου, το άρθρο 8ζ, παράγραφος 2, του κανονισμού Frontex ορίζει τα εξής: «Ο συντονιστής ενεργεί εξ ονόματος του Οργανισμού σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν την αποστολή των ομάδων. Ειδικότερα ο συντονιστής: […] γ) ελέγχει την ορθή εφαρμογή του επιχειρησιακού σχεδίου· […]». Δ – Η προσβαλλόμενη απόφαση Η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ στο πλαίσιο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο, όπως αυτή προβλέπεται με το άρθρο 5α της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας. Δεδομένου ότι η επιτροπή δεν διατύπωσε γνώμη επί της αρχικής προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η δεύτερη, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 5α, παράγραφος 4, υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση σχετικά με τα μελετώμενα μέτρα διαβιβάζοντάς την στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν αντιτάχθηκε στην πρόταση αυτή και το Συμβούλιο εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση. Κατά την αιτιολογική σκέψη 9 της προσβαλλομένης αποφάσεως: «Για την εξασφάλιση καλύτερου συντονισμού μεταξύ των κρατών μελών που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις σε τέτοιες καταστάσεις και για τη διευκόλυνση της διεξαγωγής τέτοιων επιχειρήσεων, θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρούσα απόφαση μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές. Η παρούσα απόφαση δεν θα πρέπει να θίγει τις σχετικές με την έρευνα και διάσωση ευθύνες των αρχών, συμπεριλαμβανομένης της διασφάλισης ότι ο συντονισμός και η συνεργασία διεξάγονται με τέτοιον τρόπο ώστε οι διασωθέντες να οδηγούνται σε ασφαλή τόπο.» Το άρθρο 1 της προσβαλλομένης αποφάσεως ορίζει τα εξής: «Η επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών, υπό τον συντονισμό του [Οργανισμού], διέπεται από τους κανόνες που ορίζονται στο μέρος Ι του παραρτήματος. Αυτοί οι κανόνες, καθώς και οι μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που προβλέπονται στο μέρος ΙΙ του παραρτήματος, αποτελούν μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου που καταρτίζεται για κάθε επιχείρηση που συντονίζεται από τον Οργανισμό.» Το μέρος I του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως περιέχει, στο σημείο 1, τις γενικές αρχές σε σχέση με τις επιχειρήσεις στα θαλάσσια σύνορα τις οποίες συντονίζει ο Οργανισμός και, στο σημείο 2, τους κανόνες που προβλέπουν τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία πρέπει να λαμβάνονται στο πλαίσιο τέτοιων επιχειρήσεων. Τα σημεία 2.1 έως 2.3 του εν λόγω μέρους Ι ρυθμίζουν τις ενέργειες για την προσέγγιση και την επιτήρηση των εντοπιζόμενων πλοίων καθώς και για τη γνωστοποίηση στις αρμόδιες αρχές των στοιχείων που αφορούν τα πλοία αυτά. Το σημείο 2.4 του ίδιου μέρους αφορά τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται έναντι των εντοπιζόμενων πλοίων και των επιβαινόντων σε αυτά και το σημείο 2.5 του μέρους αυτού ορίζει τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εφαρμογή των μέτρων αυτών. Οι προϋποθέσεις αυτές διαφέρουν αναλόγως του εάν τα μέτρα πρέπει να ληφθούν εντός των χωρικών υδάτων και της συνορεύουσας ζώνης, αφενός, ή στην ανοικτή θάλασσα, αφετέρου. Όσον αφορά τα μέτρα έναντι των εντοπιζόμενων πλοίων ή των επιβαινόντων σε αυτά, το σημείο 2.4 του προαναφερθέντος μέρους I ορίζει τα εξής: «Τα μέτρα που λαμβάνονται στο πλαίσιο της επιχείρησης επιτήρησης κατά πλοίων ή άλλου είδους θαλάσσιων σκαφών για τα οποία υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι μεταφέρουν πρόσωπα που επιδιώκουν να αποφύγουν τους ελέγχους στα σημεία διέλευσης των συνόρων, ενδέχεται να περιλαμβάνουν: α) αιτήσεις παροχής πληροφοριών και έγγραφα σχετικά με την κυριότητα, τη νηολόγηση, τις λεπτομέρειες του ταξιδιού και την ταυτότητα, την ιθαγένεια και άλλα συναφή στοιχεία των επιβαινόντων στο πλοίο· β) την ανάσχεση του πλοίου, τη [σύλληψή του] και τη διεξαγωγή ερευνών με αντικείμενο το ίδιο το πλοίο, το φορτίο του και τους επιβαίνοντες, καθώς και την ανάκριση των επιβαινόντων· γ) την ενημέρωση των επιβαινόντων για το ότι δεν έχουν το δικαίωμα να διασχίσουν τα σύνορα και ότι τα πρόσωπα που κυβερνούν το σκάφος ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις για διευκόλυνση του ταξιδιού· δ) την κατάσχεση του πλοίου και τη σύλληψη των προσώπων που επιβαίνουν σε αυτό· ε) την έκδοση διαταγής προς το πλοίο να μεταβάλει πορεία έτσι ώστε να εξέλθει ή να παύσει να κατευθύνεται προς τα χωρικά ύδατα ή τη συνορεύουσα ζώνη, τη συνοδεία του σκάφους ή την πλεύση δίπλα σε αυτό μέχρι να εξασφαλισθεί ότι το πλοίο κατευθύνεται προς την εν λόγω πορεία· στ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό σε τρίτη χώρα ή την παράδοση του πλοίου ή των επιβαινόντων στις αρχές τρίτης χώρας· ζ) την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβατών σε αυτό στο κράτος μέλος υποδοχής ή σε άλλο κράτος μέλος που συμμετέχει στην επιχείρηση.» Το μέρος II του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως έχει τον τίτλο «Κατευθυντήριες γραμμές για τα περιστατικά έρευνας και διάσωσης και για την αποβίβαση στο πλαίσιο επιχειρήσεων θαλάσσιων συνόρων που συντονίζονται από τον Οργανισμό». Το μέρος II ορίζει, στο σημείο 1.1, ιδίως, ότι τα κράτη μέλη «πληρούν την υποχρέωση αρωγής σε πρόσωπα που βρίσκονται σε κίνδυνο στη θάλασσα» και ότι «[ο]ι συμμετέχουσες μονάδες παρέχουν βοήθεια σε κάθε πλοίο ή πρόσωπο που βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα». Τα σημεία 1.2 έως 1.5 του μέρους αυτού αφορούν την εκτίμηση της καταστάσεως, τη γνωστοποίηση της εκτιμήσεως αυτής και άλλων στοιχείων στο κέντρο συντονισμού διασώσεως καθώς και τη λήψη κατάλληλων ή αναγκαίων μέτρων για την ασφάλεια των εμπλεκόμενων προσώπων. Κατά το σημείο 1.6 του μέρους II, υπό ορισμένες συνθήκες, επιβάλλεται η επανάληψη της επιχειρήσεως σύμφωνα με όσα ορίζονται στο μέρος I του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επιπλέον, το μέρος II του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως ορίζει, στο σημείο 2.1, πρώτο εδάφιο, πρώτη περίοδος, ιδίως, ότι «[τ]ο επιχειρησιακό σχέδιο πρέπει να προσδιορίζει επακριβώς τις λεπτομέρειες για την αποβίβαση των συλληφθέντων ή διασωθέντων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τυχόν ισχύουσες διμερείς συμφωνίες». Κατά τη δεύτερη περίοδο του ίδιου εδαφίου, το επιχειρησιακό σχέδιο «δεν έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή υποχρεώσεων σε κράτη μέλη τα οποία δεν συμμετέχουν στην επιχείρηση». Το σημείο 2.1, δεύτερο εδάφιο, ορίζει ότι, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετης διατάξεως του επιχειρησιακού σχεδίου, «προτεραιότητα θα πρέπει να δίνεται στην αποβίβαση στην τρίτη χώρα από όπου αναχώρησε το πλοίο το οποίο μεταφέρει τα εν λόγω πρόσωπα ή από τα χωρικά ύδατα ή την περιοχή έρευνας και διάσωσης της οποίας διήλθε το πλοίο αυτό […]». II – Τα αιτήματα των διαδίκων και η διαδικασία ενώπιον του Δικαστηρίου Το Κοινοβούλιο ζητεί από το Δικαστήριο: — να ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση· — να διατάξει τη διατήρηση σε ισχύ των εννόμων αποτελεσμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως έως την αντικατάστασή της, και — να καταδικάσει το Συμβούλιο στα δικαστικά έξοδα. Το Συμβούλιο ζητεί από το Δικαστήριο: — να απορρίψει την προσφυγή του Κοινοβουλίου ως απαράδεκτη· — επικουρικώς, να απορρίψει την εν λόγω προσφυγή ως αβάσιμη, και — να καταδικάσει το Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα. Με την από 30 Νοεμβρίου 2010 διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου, επετράπη στην Επιτροπή να ασκήσει παρέμβαση υπέρ του Συμβουλίου, στο δε υπόμνημά της παρεμβάσεως η Επιτροπή ζητεί να απορριφθεί η προσφυγή του Κοινοβουλίου και να καταδικαστεί αυτό στα δικαστικά έξοδα. III – Επί της προσφυγής Α– Επί του παραδεκτού της προσφυγής 1. Επιχειρήματα των διαδίκων Το Συμβούλιο υποστηρίζει, κατά κύριο λόγο, ότι η προσφυγή του Κοινοβουλίου είναι απαράδεκτη. Κατά το Συμβούλιο, το Κοινοβούλιο δεν έχει έννομο συμφέρον ούτε δικαίωμα να αμφισβητήσει την προσβαλλόμενη απόφαση δεδομένου ότι δεν άσκησε το δικαίωμά του να αντιταχθεί στην έκδοση της αποφάσεως αυτής στηριζόμενο στη μη τήρηση των προϋποθέσεων που απαριθμούνται στο άρθρο 5α, παράγραφος 4, στοιχείο εʹ, της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας. Εάν το Κοινοβούλιο είχε αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως, θα έπρεπε να είχε αντιταχθεί στην έκδοση αυτή, σύμφωνα με όσα προβλέπει η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο, οπότε η απόφαση αυτή δεν θα μπορούσε να εκδοθεί. Η υπό κρίση περίπτωση διαφέρει από την υπόθεση επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση της 12ης Ιουλίου 1979, 166/78, Ιταλία κατά Συμβουλίου (Συλλογή τόμος 1979/ΙΙ, σ. 247), με την οποία το Δικαστήριο έκρινε παραδεκτή την προσφυγή κράτους μέλους το οποίο, στο πλαίσιο του Συμβουλίου, είχε ψηφίσει υπέρ της προσβαλλομένης πράξεως. Ειδικότερα, ο έλεγχος τον οποίο ασκεί το Κοινοβούλιο προκειμένου να διαπιστώσει εάν το προτεινόμενο μέτρο έχει ληφθεί καθ’ υπέρβαση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που παρέχονται με τη βασική πράξη αποτελεί τυπικό διαδικαστικό στάδιο της διαδικασίας εκδόσεως της επίμαχης πράξεως και δεν απαιτεί μια πολιτική αξιολόγηση αλλά τον έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων νομιμότητας της πράξεως. Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι, κατά το άρθρο 263, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ καθώς και κατά τη νομολογία του Δικαστηρίου (βλ. απόφαση της 26ης Μαρτίου 1987, 45/86, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1987, σ. 1493 , σκέψη 3), δεν υποχρεούται να αποδείξει την ύπαρξη εννόμου συμφέροντος. Ακόμη και αν γίνει δεκτό ότι απαιτείται τέτοια απόδειξη, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, εν προκειμένω, υφίσταται έννομο συμφέρον δεδομένου ότι αμφισβητείται η νομιμότητα πράξεως της Ένωσης με δεσμευτικά αποτελέσματα και ότι οι προνομίες του Κοινοβουλίου θα διακυβεύονταν εάν γινόταν δεκτό ότι η νομική πράξη μπορούσε να εκδοθεί στο πλαίσιο διαδικασίας εκτελέσεως και όχι στο πλαίσιο νομοθετικής διαδικασίας (απόφαση της 18ης Ιουνίου 1996, C-303/94, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 1996, σ. I-2943 , σκέψεις 19 και 20). Ο έλεγχος που ασκεί το Κοινοβούλιο επί μέτρου εκτελέσεως, όπως ο έλεγχος αυτός προβλέπεται στο άρθρο 5α, παράγραφος 4, στοιχείο εʹ, της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας, δεν έχει ως συνέπεια να περιορίζεται το δικαίωμα του εν λόγω θεσμικού οργάνου να ασκεί ένδικο βοήθημα με σκοπό τον δικαστικό έλεγχο του μέτρου αυτού. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι, όταν έχει αμφιβολίες ως προς τη νομιμότητα του προτεινόμενου μέτρου εκτελέσεως, δεν υποχρεούται να ασκήσει το δικαίωμα αρνησικυρίας που διαθέτει. 2. Εκτίμηση του Δικαστηρίου Κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, το προβλεπόμενο με το άρθρο 263, παράγραφος 2, ΣΛΕΕ δικαίωμα των κρατών μελών, του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής να ασκούν προσφυγή δεν εξαρτάται από την απόδειξη εννόμου συμφέροντος (βλ., επ’ αυτού, προαναφερθείσες αποφάσεις Ιταλία κατά Συμβουλίου, σκέψη 6, και Επιτροπή κατά Συμβουλίου, σκέψη 3· αποφάσεις της 21ης Ιανουαρίου 2003, C-378/00, Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, Συλλογή 2003, σ. I-937 , σκέψη 28· της 1ης Οκτωβρίου 2009, C-370/07, Επιτροπή κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2009, σ. I-8917 , σκέψη 16, καθώς και της 13ης Οκτωβρίου 2011, C-463/10 P και C-475/10 P, Deutsche Post και Γερμανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2011, σ. Ι-9639 , σκέψη 36). Επιπλέον, όπως επίσης προκύπτει από τη νομολογία του Δικαστηρίου, η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν εξαρτάται από τη θέση που έλαβε κατά τη διαδικασία θεσπίσεως της επίμαχης πράξεως το θεσμικό όργανο ή το κράτος μέλος που ασκεί την προσφυγή (βλ., επ’ αυτού, προαναφερθείσες αποφάσεις Ιταλία κατά Συμβουλίου, σκέψη 6, καθώς και Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου, σκέψη 28). Το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 5α, παράγραφος 4, στοιχείο εʹ, της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας, είχε τη δυνατότητα, αποφαινόμενο κατά πλειοψηφία των μελών του, να αντιταχθεί στην έκδοση της προσβαλλομένης αποφάσεως δεν μπορεί, όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 20 και 22 των προτάσεών του, να αποκλείσει το δικαίωμα του θεσμικού αυτού οργάνου να ασκήσει προσφυγή. Μολονότι, κατά την αιτιολογική σκέψη 7α της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας, η κανονιστική διαδικασία με έλεγχο παρέχει στο Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να ασκεί έλεγχο πριν τη λήψη μέτρων, εντούτοις η διαδικασία αυτή δεν μπορεί να αντικαθιστά τον δικαστικό έλεγχο. Ειδικότερα, το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο δεν αντιτάχθηκε στην εφαρμογή της ως άνω διαδικασίας για την έκδοση ορισμένης πράξεως δεν μπορεί να συνεπάγεται το απαράδεκτο της προσφυγής ακυρώσεως με την οποία αμφισβητείται η νομιμότητα της εκδοθείσας πράξεως. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η προσφυγή ακυρώσεως είναι παραδεκτή. Β– Επί της ουσίας 1. Επιχειρήματα των διαδίκων Οι διάδικοι ερίζουν κατά βάση, αφενός, ως προς τις αρχές που διέπουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες και, αφετέρου, ως προς το ζήτημα κατά πόσον η προσβαλλόμενη απόφαση μπορούσε να εκδοθεί κατ’ ενάσκηση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων. α) Επί των αρχών που διέπουν τις εκτελεστικές αρμοδιότητες Το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι αντικείμενο της κανονιστικής διαδικασίας με έλεγχο μπορεί να είναι η τροποποίηση ή η κατάργηση μη ουσιωδών στοιχείων της βασικής πράξεως ή η προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων, όχι όμως και η τροποποίηση των ουσιωδών στοιχείων της πράξεως αυτής. Κατά το Κοινοβούλιο, η άσκηση της εκτελεστικής αρμοδιότητας πρέπει να συνάδει με τα ουσιώδη στοιχεία του περιεχομένου της βασικής πράξεως. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο εκτιμά ότι η Επιτροπή δεν μπορεί να ρυθμίζει ζητήματα που δεν εμπίπτουν στο καθ’ ύλη πεδίο εφαρμογής της βασικής νομοθετικής πράξεως. Κατά το Κοινοβούλιο, η έννοια «ουσιώδη στοιχεία» καλύπτει ιδίως τους ορισμούς που περιέχονται στη βασική νομοθεσία με σκοπό την οριοθέτηση του καθ’ ύλη πεδίου εφαρμογής αυτής και καθορίζει το πλαίσιο εντός του οποίου εφαρμόζεται η εν λόγω νομοθεσία, η οποία μπορεί να συμπληρώνεται με την προσθήκη νέων μη ουσιωδών στοιχείων. Κατά το Κοινοβούλιο, για τον καθορισμό των ορίων των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδίως οι περιορισμοί, από απόψεως περιεχομένου, των εν λόγω αρμοδιοτήτων οι οποίοι προκύπτουν από τα ουσιώδη στοιχεία της βασικής πράξεως καθώς και οι διατάξεις της Συνθήκης ΕΚ και η υποχρέωση σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αντιθέτως, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι ο νομοθέτης της Ένωσης μπορεί ο ίδιος να θέτει τα όρια της εξουσιοδοτήσεως, να ορίζει τους ουσιώδεις σκοπούς της βασικής νομοθεσίας και να αποφασίζει ποια από τα ουσιώδη στοιχεία δεν μπορούν να καθορίζονται κατ’ εξουσιοδότηση από την Επιτροπή. Η έκταση των ανατιθέμενων εκτελεστικών αρμοδιοτήτων είναι συνάρτηση ιδίως της εξουσίας εκτιμήσεως που έχει παράσχει στην Επιτροπή ο νομοθέτης, στο πλαίσιο δε αυτό το Δικαστήριο έχει δεχθεί ότι είναι δυνατό να ανατεθούν ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες στο εν λόγω θεσμικό όργανο. Κατά την Επιτροπή, ο ορισμός της έννοιας «ουσιώδη ή ουσιαστικά στοιχεία» πρέπει να στηριχθεί στη νομολογία του Δικαστηρίου κατά την οποία ως τέτοια λογίζονται οι κανόνες που είναι ουσιώδεις για το ρυθμιζόμενο ζήτημα (αποφάσεις της 17ης Δεκεμβρίου 1970, 25/70, Köster και Berodt & Co., Συλλογή τόμος 1969-1971, σ. 617 , σκέψη 6, και της 27ης Οκτωβρίου 1992, C-240/90, Γερμανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 1992, σ. I-5383 , σκέψη 36). Η χρήση στο άρθρο 2, παράγραφος 2, της δεύτερης αποφάσεως περί επιτροπολογίας των όρων «με τη συμπλήρωσή τους μέσω της προσθήκης νέων μη ουσιαστικών στοιχείων» έχει ως αποτέλεσμα να αναγνωρίζεται στην Επιτροπή η εξουσία να συγκεκριμενοποιεί όσα ουσιώδη στοιχεία δεν ρυθμίστηκαν λεπτομερώς από τους λοιπούς μετέχοντες στη νομοθετική διαδικασία. Η Επιτροπή μπορεί να συμπληρώνει τα στοιχεία αυτά και να ρυθμίζει νέα ζητήματα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ρυθμιζόμενου ζητήματος και των ουσιωδών κανόνων που το διέπουν. β) Επί της προσβαλλομένης αποφάσεως Όσον αφορά την προσβαλλόμενη απόφαση, το Κοινοβούλιο δεν αμφισβητεί τους σκοπούς της πράξεως αυτής, αλλά θεωρεί ότι το περιεχόμενό της θα έπρεπε να έχει αποτελέσει το αντικείμενο νομοθετικής και όχι εκτελεστικής πράξεως. Η απόφαση αυτή εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση του πεδίου των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων περί των οποίων γίνεται λόγος στο άρθρο 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ λόγω του ότι εισάγει στον κώδικα αυτόν νέα ουσιώδη στοιχεία και τροποποιεί τα ουσιώδη στοιχεία αυτού όπως επίσης το περιεχόμενο του κανονισμού Frontex. i) Επί της εισαγωγής νέων ουσιωδών στοιχείων στον ΚΣΣ Όσον αφορά την εισαγωγή νέων ουσιωδών στοιχείων στον ΚΣΣ, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι τα μέρη I και II του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως προβλέπουν μέτρα τα οποία δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της επιτηρήσεως των συνόρων, όπως αυτή ορίζεται στον κώδικα, ούτε ότι αποτελούν μη ουσιώδες στοιχείο του κώδικα αυτού. Ειδικότερα, το μέρος I, σημείο 2.4, του παραρτήματος αυτού, σε αντίθεση με το άρθρο 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ και με την αιτιολογική σκέψη 17 αυτού, δεν περιλαμβάνει απλές πρακτικές ρυθμίσεις για την επιτήρηση των συνόρων αλλά παρέχει στους συνοριοφύλακες εκτεταμένες εξουσίες. Ο ΚΣΣ δεν περιλαμβάνει διατάξεις για τα μέτρα που μπορούν να λαμβάνονται έναντι προσώπων ή πλοίων. Εντούτοις, η προσβαλλόμενη απόφαση προβλέπει μέτρα εξαναγκασμού με ευρύ περιεχόμενο, αλλά δεν διασφαλίζει τη δυνατότητα των προσώπων που ελέγχονται (συλλαμβάνονται) στην ανοικτή θάλασσα να επικαλούνται το δικαίωμα ασύλου και τα συνδεόμενα με αυτό δικαιώματα, παρά το γεγονός ότι, σύμφωνα με όσα ορίζει το άρθρο 13 του ΚΣΣ, η μεταγωγή των εμπλεκόμενων προσώπων στη χώρα προελεύσεως χωρεί μόνο στο πλαίσιο της επίσημης αρνήσεως εισόδου. Επιπλέον, οι κανόνες σχετικά με δραστηριότητες όπως η έρευνα, η διάσωση και η αποβίβαση, οι οποίοι περιλαμβάνονται στο μέρος II του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως, δεν εμπίπτουν, κατά το Κοινοβούλιο, στην έννοια «επιτήρηση». Μολονότι ο τίτλος του μέρους II περιλαμβάνει τους όρους «κατευθυντήριες γραμμές», εντούτοις το μέρος αυτό είναι δεσμευτικό και προορίζεται να παράγει έννομες συνέπειες έναντι όσων κρατών μελών μετέχουν σε επιχειρήσεις τις οποίες συντονίζει ο οργανισμός, λαμβανομένου υπόψη τόσο του γράμματός του όσο και του ότι το μέρος αυτό, αφενός, περιλαμβάνεται σε πράξη που, από νομικής απόψεως, έχει δεσμευτικό χαρακτήρα και, αφετέρου, αποτελεί τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο προβλέπει ο κανονισμός Frontex. Επομένως, η προσβαλλόμενη απόφαση περιλαμβάνει ουσιώδεις ρυθμίσεις του ΚΣΣ, οπότε δεν μπορεί να αποτελέσει το αντικείμενο μέτρου εκτελέσεως. Επιπλέον, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκφεύγει του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του ΚΣΣ. Κατά το άρθρο 2, σημείο 11, αυτού, η επιτήρηση περιορίζεται στην επιτήρηση των συνόρων εκτός των συνοριακών σημείων διελεύσεως και την επιτήρηση των συνοριακών σημείων διελεύσεως εκτός των καθορισμένων ωραρίων λειτουργίας, ενώ η απόφαση αυτή, σύμφωνα με όσα ορίζει το μέρος I, σημείο 2.5, του παραρτήματός της, εφαρμόζεται όχι μόνο εντός των χωρικών υδάτων, αλλά και στη συνορεύουσα ζώνη και στην ανοικτή θάλασσα. Κατά το Συμβούλιο, ο νομοθέτης της Ένωσης έκρινε ότι οι συνοριακοί έλεγχοι αποτελούν το ουσιαστικό στοιχείο του ελέγχου των εξωτερικών συνόρων το οποίο και ρύθμισε κατά τρόπο εξαντλητικό. Όσον αφορά την επιτήρηση των συνόρων, το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι ο νομοθέτης έκρινε, αντιθέτως, ότι αρκούσε ο καθορισμός των γενικών σκοπών και των βασικών μεθόδων και παρέσχε στην Επιτροπή, αφενός, τη δυνατότητα να θεσπίσει, εν ανάγκη, πρόσθετες ρυθμίσεις σε σχέση με την επιτήρηση και, αφετέρου, ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες. Το Συμβούλιο υποστηρίζει ότι τα απαριθμούμενα στο σημείο 2.4 του προαναφερθέντος μέρους I μέτρα δεν αντιτίθενται στους σκοπούς της επιτηρήσεως των συνόρων όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με το άρθρο 12 του ΚΣΣ. Οι προβλεπόμενοι στο σημείο 2.5 του μέρους Ι κανόνες σχετικά με τον συντονισμό των επιχειρήσεων επιτηρήσεως που διεξάγονται στο πλαίσιο κοινών επιχειρήσεων αποσκοπούν στη διευκόλυνση της διεξαγωγής των επιχειρήσεων. Κατά το Συμβούλιο, το επιχείρημα περί διευρύνσεως του εδαφικού πεδίου εφαρμογής του ΚΣΣ δεν ευσταθεί, δεδομένου ότι ο κώδικας αυτός δεν δίδει ορισμό της έννοιας «θαλάσσια σύνορα», η οποία πρέπει να ερμηνεύεται ως καλύπτουσα επίσης την επιτήρηση των συνόρων στη συνορεύουσα ζώνη καθώς και στην ανοικτή θάλασσα. Όσον αφορά το μέρος II του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως, τόσο το γράμμα των αιτιολογικών σκέψεων 7 έως 9 αυτής όσο και η διαφορετική διατύπωση των τίτλων των δυο μερών του παραρτήματος αυτού και ο τρόπος με τον οποίο έχουν διατυπωθεί οι κατευθυντήριες γραμμές είναι ενδεικτικά της βουλήσεως του συντάκτη της αποφάσεως αυτής να μην προσδώσει υποχρεωτική ισχύ στο εν λόγω μέρος. Ασφαλώς, η παροχή συνδρομής σε όσα πλοία βρίσκονται σε κατάσταση κινδύνου δεν αποτελεί μέτρο επιτηρήσεως υπό στενή έννοια. Εντούτοις, όταν μία τέτοια κατάσταση ανακύπτει κατά τη διάρκεια επιχειρήσεως επιτηρήσεως την οποία συντονίζει ο οργανισμός, θα ήταν απολύτως αναγκαίο να υπάρξει εκ των προτέρων συντονισμός των ενεργειών έρευνας και διασώσεως από τα μετέχοντα κράτη μέλη. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, το Συμβούλιο εκτιμά ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν εισάγει νέα στοιχεία στον ΚΣΣ. Κατά την Επιτροπή, η επιτήρηση των συνόρων αποτελεί ουσιώδες στοιχείο του ΚΣΣ και οι βασικοί κανόνες που διέπουν το θέμα αυτό περιλαμβάνονται στο άρθρο 12 του ΚΣΣ το οποίο περιέχει διατάξεις τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς το αντικείμενο και τον σκοπό της επιτηρήσεως, χωρίς πάντως να αποσκοπεί στην εκτεταμένη και εξαντλητική ρύθμιση του θέματος αυτού. Τα μετέχοντα στη νομοθετική διαδικασία θεσμικά όργανα ανέθεσαν στην Επιτροπή την εξουσία να συμπληρώσει τα εν λόγω ουσιώδη στοιχεία. Η εξουσία προς ρύθμιση νέων ζητημάτων παρέχει στο όργανο αυτό τη δυνατότητα να καθορίσει το περιεχόμενο της επιτηρήσεως των συνόρων διευκρινίζοντας τι ακριβώς συνεπάγεται η δραστηριότητα αυτή. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν εισάγει νέα ουσιώδη στοιχεία στον ΚΣΣ. Λαμβανομένου υπόψη του σκοπού που επιδιώκει, η επιτήρηση πρέπει να καλύπτει όχι μόνο τον εντοπισμό κάθε απόπειρας παράνομης εισόδου στην Ένωση, αλλά και τα συγκεκριμένα μέτρα, όπως η ανακοπή του πλου όσων πλοίων εικάζεται ότι επιχειρούν να εισέλθουν στην Ένωση χωρίς να υποβληθούν σε συνοριακό έλεγχο. Το άρθρο 12, παράγραφος 4, του ΚΣΣ διευκρινίζει ειδικώς ότι ένας από τους σκοπούς της επιτηρήσεως είναι η σύλληψη προσώπων. Προκειμένου να διακριβωθεί εάν η «έρευνα και η διάσωση» εμπίπτουν στην έννοια της επιτηρήσεως, πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η απόπειρα παράνομης εισόδου. Σε πολλές περιπτώσεις, η επιχείρηση της επιτηρήσεως συνεπάγεται την επιχείρηση έρευνας και διασώσεως, χωρίς να μπορεί να γίνει σαφής διάκριση μεταξύ των δύο τύπων επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα μέτρα που προβλέπουν οι κατευθυντήριες γραμμές εμπίπτουν στην έννοια της επιτηρήσεως, δεν τίθεται ζήτημα κατά πόσον αυτές έχουν δεσμευτικό χαρακτήρα. ii) Επί της τροποποιήσεως ουσιωδών στοιχείων του ΚΣΣ Όσον αφορά την τροποποίηση ουσιωδών στοιχείων του ΚΣΣ, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ιδίως ότι η προσβαλλόμενη απόφαση τροποποίησε το άρθρο 13 του κώδικα αυτού. Δεδομένου ότι το εν λόγω άρθρο ισχύει για κάθε περίπτωση συλλήψεως, τα πρόσωπα που εισήλθαν παρανόμως στα χωρικά ύδατα και στη συνορεύουσα ζώνη δεν μπορούν να επαναπροωθηθούν ή να κληθούν να εγκαταλείψουν την εθνική επικράτεια χωρίς να ληφθεί απόφαση κατ’ εφαρμογή του προαναφερθέντος άρθρου 13. Αντιθέτως, το μέρος I, σημείο 2.4, του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως παρέχει στους συνοριοφύλακες την εξουσία να διατάξουν το πλοίο να μεταβάλει πορεία προκειμένου να εξέλθει από τα χωρικά ύδατα χωρίς να ληφθεί απόφαση υπό την έννοια του προαναφερθέντος άρθρου 13 και χωρίς να δοθεί στα εμπλεκόμενα πρόσωπα η δυνατότητα να ασκήσουν προσφυγή κατά της απαγορεύσεως εισόδου. Συναφώς, το Συμβούλιο και η Επιτροπή υποστηρίζουν ότι το άρθρο 13 του ΚΣΣ δεν εφαρμόζεται στις ενέργειες με αντικείμενο την επιτήρηση των συνόρων, οπότε η απόφαση αυτή δεν μπορεί να έχει τροποποιήσει το εν λόγω άρθρο. iii) Επί της τροποποιήσεως του κανονισμού Frontex Όσον αφορά την τροποποίηση του κανονισμού Frontex, το Κοινοβούλιο υποστηρίζει ότι το άρθρο 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ δεν αναθέτει στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να θεσπίσει κανόνες που να τροποποιούν τις εξουσίες και τις υποχρεώσεις που ορίζει ο κανονισμός Frontex σε σχέση με τις επιχειρήσεις τις οποίες συντονίζει ο οργανισμός. Η προσβαλλόμενη απόφαση δεν συνιστά την κατάλληλη νομική πράξη για την επιβολή υποχρεώσεων σχετικά με τις προαναφερθείσες επιχειρήσεις ή για την τροποποίηση των διατάξεων του κανονισμού Frontex. Εντούτοις, η εν λόγω απόφαση προορίζεται να εφαρμόζεται αποκλειστικώς στο πλαίσιο επιχειρήσεων τις οποίες συντονίζει ο οργανισμός και είναι δεσμευτική για αυτόν καθώς και για τα κράτη μέλη, δεδομένου ότι το παράρτημά της αποτελεί τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου που εκπονείται για κάθε επιχείρηση, παρά το γεγονός ότι τα κύρια στοιχεία του σχεδίου αυτού καθορίζονται από το άρθρο 8ε του κανονισμού Frontex. Η υποχρεωτική ενσωμάτωση των κανόνων και των κατευθυντηρίων γραμμών του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως στο επιχειρησιακό σχέδιο έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική τροποποίηση του καταλόγου των στοιχείων που είναι αναγκαία για την εκτέλεση του εν λόγω σχεδίου, όπως ο ρόλος των συνοριοφυλάκων, των μετεχουσών μονάδων καθώς και του κέντρου συντονισμού διασώσεως. Το Συμβούλιο υποστηρίζει συναφώς ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν τροποποιεί τα καθήκοντα του οργανισμού, έστω και εάν το παράρτημα της αποφάσεως αυτής αποτελεί τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου. Οι λεπτομερείς κανόνες για την επιτήρηση των συνόρων συγκαταλέγονται μεταξύ των αναγκαίων στοιχείων του επιχειρησιακού σχεδίου όπως αυτά απαριθμούνται στο άρθρο 8ε του κανονισμού Frontex. Μολονότι με την απόφαση αυτή προστέθηκαν νέα μη ουσιώδη στοιχεία στις διατάξεις του άρθρου 8ε, εντούτοις η προσθήκη αυτή δεν είχε ως συνέπεια να καταστεί ο κανονισμός αυτός παράνομος. Ο ΚΣΣ και τα μέτρα εκτελέσεώς του, αφενός, και ο κανονισμός Frontex, αφετέρου, αλληλοσυμπληρώνονται. Οι δύο βασικές πράξεις συνιστούν νομοθετήματα με σκοπό την υλοποίηση της πολιτικής του ελέγχου των συνόρων κατά το άρθρο 77 ΣΛΕΕ ενώ ο συντονισμός με το σύστημα που έχει καθιερώσει ο κανονισμός Frontex διέπεται από τον ΚΣΣ. Κατά συνέπεια, τα νέα μη ουσιώδη στοιχεία που προστέθηκαν με την προσβαλλόμενη απόφαση δεν αντιτίθενται στον κανονισμό Frontex και στον ΚΣΣ. Κατά την Επιτροπή, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν έχει επιπτώσεις στην εφαρμογή του κανονισμού Frontex. Η απαίτηση την οποία επιβάλλει το άρθρο 1 της αποφάσεως αυτής, ότι τα δύο μέρη του παραρτήματός της πρέπει να αποτελούν τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου, δεσμεύει όχι τον οργανισμό αλλά τα κράτη μέλη ως αποδέκτες της εν λόγω αποφάσεως και ως υπεύθυνα για την ενσωμάτωση του προαναφερθέντος παραρτήματος στο επιχειρησιακό σχέδιο. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η προσβαλλόμενη απόφαση δεν επέφερε τροποποιήσεις στον κανονισμό Frontex. 2. Εκτίμηση του Δικαστηρίου Επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η επίμαχη εν προκειμένω εξουσιοδοτική διάταξη, ήτοι το άρθρο 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ, ορίζει ότι μπορούν να θεσπίζονται «πρόσθετες ρυθμίσεις όσον αφορά την επιτήρηση, οι οποίες αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του [ΚΣΣ] διά συμπληρώσεώς του». Η διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με το άρθρο 33, παράγραφος 2, του ΚΣΣ, παραπέμπει, όσον αφορά τη διαδικασία που πρέπει να τηρηθεί, στη δεύτερη απόφαση περί επιτροπολογίας, η οποία έχει εκδοθεί βάσει του άρθρου 202, τρίτη περίπτωση, ΕΚ. Κατά πάγια νομολογία, η θέσπιση των ουσιωδών κανόνων του ρυθμιζόμενου θέματος ανήκει αποκλειστικώς στην αρμοδιότητα του νομοθέτη της Ένωσης (βλ., επ’ αυτού, προαναφερθείσα απόφαση Γερμανία κατά Επιτροπή, σκέψη 36· αποφάσεις της 14ης Οκτωβρίου 1999, C-104/97 P, Atlanta κατά Ευρωπαϊκής Κοινότητας, Συλλογή 1999, σ. I-6983 , σκέψη 76, και της 6ης Ιουλίου 2000, C-356/97, Molkereigenossenschaft Wiedergeltingen, Συλλογή 2000, σ. I-5461 , σκέψη 21). Οι ουσιώδεις κανόνες του ρυθμιζόμενου θέματος πρέπει να περιλαμβάνονται στο σώμα του βασικού νομοθετήματος και δεν μπορούν να αποτελούν αντικείμενο εξουσιοδοτήσεως (βλ., επ’ αυτού, απόφαση της 13ης Ιουλίου 1995, C-156/93, Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής, Συλλογή 1995, σ. I-2019 , σκέψη 18· προαναφερθείσα απόφαση Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, σκέψη 23· αποφάσεις της 11ης Νοεμβρίου 1999, C-48/98, Söhl & Söhlke, Συλλογή 1999, σ. I-7877 , σκέψη 34, καθώς και της 6ης Μαΐου 2008, C-133/06, Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, Συλλογή 2008, σ. I-3189 , σκέψη 45). Επομένως, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εξουσιοδοτήσεως οι διατάξεις των οποίων η έκδοση προϋποθέτει πολιτικές επιλογές εμπίπτουσες στην αποκλειστική ευθύνη του νομοθέτη της Ένωσης. Επομένως, τα μέτρα εκτελέσεως δεν επιτρέπεται να τροποποιούν τα ουσιώδη στοιχεία ορισμένου βασικού νομοθετήματος ούτε να το συμπληρώνουν με νέα ουσιώδη στοιχεία. Σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν το Συμβούλιο και η Επιτροπή, η απάντηση στο ζήτημα ποια στοιχεία του ρυθμιζόμενου θέματος πρέπει να χαρακτηρίζονται ως ουσιώδη δεν απόκειται μόνο στην εκτίμηση του νομοθέτη της Ένωσης αλλά πρέπει να στηρίζεται σε αντικειμενικά στοιχεία που μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικού ελέγχου. Συναφώς, είναι ανάγκη να λαμβάνονται υπόψη τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες του ρυθμιζόμενου θέματος. Όσον αφορά το ζήτημα κατά πόσον το Συμβούλιο είχε εξουσιοδότηση βάσει του άρθρου 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ να εκδώσει την προσβαλλόμενη απόφαση ως μέτρο εκτελέσεως του άρθρου 12 του εν λόγω κώδικα, το οποίο αφορά την επιτήρηση των συνόρων, πρέπει καταρχάς να γίνει εκτίμηση του περιεχομένου του άρθρου αυτού. Το άρθρο 12, παράγραφοι 1 και 4, του ΚΣΣ ορίζει ότι η επιτήρηση έχει ως κύριο σκοπό την παρεμπόδιση της μη επιτρεπόμενης διελεύσεως των συνόρων, την πάταξη της διασυνοριακής εγκληματικότητας, τη λήψη μέτρων κατά των ατόμων που διήλθαν τα σύνορα παρανόμως καθώς και τη σύλληψη των προσώπων αυτών. Κατά την αιτιολογική σκέψη 6 του ΚΣΣ, οι έλεγχοι των συνόρων έχουν σκοπό να συμβάλουν «στην καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και στην πρόληψη κάθε απειλής κατά της εσωτερικής ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της δημόσιας υγείας και των διεθνών σχέσεων των κρατών μελών». Όσον αφορά τις επιχειρήσεις επιτηρήσεως των συνόρων, το άρθρο 12 του ΚΣΣ, στις παραγράφους 2 έως 4, περιλαμβάνει διατάξεις οι οποίες αφορούν ορισμένες πτυχές της διεξαγωγής των επιχειρήσεων επιτηρήσεως και περιορίζονται στην αφηρημένη περιγραφή της αποστολής των συνοριοφυλάκων. Η παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, του άρθρου αυτού ορίζει ιδίως ότι η επιτήρηση «διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να εμποδίζεται και να αποθαρρύνεται η παράκαμψη των ελέγχων στα συνοριακά σημεία διέλευσης». Ομοίως, η παράγραφος 3 του άρθρου 12 ορίζει, στην πρώτη περίοδο, ότι «[η] επιτήρηση μεταξύ των συνοριακών σημείων διέλευσης διεξάγεται από συνοριοφύλακες των οποίων ο αριθμός και οι μέθοδοι προσαρμόζονται στους υφιστάμενους ή προβλεπόμενους κινδύνους και απειλές». Όσον αφορά την εξουσιοδότηση προς το εμπλεκόμενο θεσμικό όργανο να λάβει μέτρα εκτελέσεως σχετικά με την επιτήρηση των συνόρων, το άρθρο 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ, σε συμφωνία με όσα επιτάσσει η μνημονευόμενη στη σκέψη 64 της παρούσας αποφάσεως νομολογία, ορίζει ότι μπορούν να θεσπίζονται «πρόσθετες ρυθμίσεις όσον αφορά την επιτήρηση, οι οποίες αποσκοπούν σε τροποποίηση μη ουσιωδών στοιχείων του [ΚΣΣ] διά συμπληρώσεώς του». Επιπλέον, κατά την αιτιολογική σκέψη 17 του ΚΣΣ και την αιτιολογική σκέψη 4 του κανονισμού 296/2008, η ανάθεση των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων αφορά μόνο ορισμένους λεπτομερείς πρακτικούς κανόνες σχετικούς με τον έλεγχο των συνόρων. Πάντως, μολονότι ο ΚΣΣ, ο οποίος αποτελεί το βασικό νομοθέτημα στον σχετικό τομέα, επισημαίνει, στο άρθρο 12, παράγραφος 4, αυτού, ότι ο σκοπός της επιτηρήσεως είναι η σύλληψη των προσώπων που διέρχονται παρανόμως τα σύνορα, εντούτοις δεν περιλαμβάνει κανόνες σχετικούς με τα μέτρα που επιτρέπεται να λαμβάνουν οι συνοριοφύλακες έναντι προσώπων ή πλοίων κατά ή και μετά τη σύλληψή τους, όπως η εφαρμογή μέτρων εξαναγκασμού, η χρήση όπλων ή η μεταγωγή των συλληφθέντων σε συγκεκριμένο τόπο ή ακόμη τα μέτρα έναντι προσώπων που εμπλέκονται σε εμπορία ανθρώπων και σωματεμπορία. Με βάση τα δεδομένα αυτά, το παράρτημα της προσβαλλομένης αποφάσεως προβλέπει, στο σημείο 2.4 του μέρους I, τα μέτρα που μπορούν να λαμβάνουν οι συνοριοφύλακες έναντι των εντοπιζόμενων πλοίων ή των επιβαινόντων σε αυτά. Συναφώς, το σημείο 2.4, στοιχεία βʹ, δʹ, στʹ και ζʹ, επιτρέπει, μεταξύ άλλων, την ανάσχεση, τη σύλληψη, τη διεξαγωγή ερευνών και τη σύλληψη των επιβαινόντων στο πλοίο καθώς και την προσαγωγή του πλοίου ή των επιβαινόντων σε αυτό σε τρίτο κράτος και, ως εκ τούτου, την επιβολή μέτρων εξαναγκασμού έναντι προσώπων και πλοίων που υπάγονται ενδεχομένως στη δικαιοδοσία του κράτους του οποίου τη σημαία φέρουν τα πλοία αυτά. Επιπλέον, το εν λόγω παράρτημα, στο σημείο 1.1 του μέρους II, προβλέπει ιδίως την υποχρέωση των μονάδων που μετέχουν σε συντονιζόμενες από τον οργανισμό επιχειρήσεις στα θαλάσσια εξωτερικά σύνορα να παρέχουν συνδρομή σε οποιοδήποτε πλοίο ή πρόσωπο βρίσκεται σε κίνδυνο στη θάλασσα. Το μέρος II προβλέπει επίσης, στο σημείο 2, κανόνες σχετικά με την αποβίβαση των προσώπων που συνελήφθησαν ή διεσώθησαν, ενώ το σημείο 2.1, δεύτερο εδάφιο, διευκρινίζει ότι η αποβίβαση πρέπει να γίνεται κατά προτεραιότητα στην τρίτη χώρα από την οποία αναχώρησε το πλοίο επί του οποίου βρέθηκαν τα πρόσωπα αυτά. Αφενός, η θέσπιση κανόνων σχετικά με την παροχή στους συνοριοφύλακες εξουσιών οι οποίες επιτρέπουν τη λήψη μέτρων εξαναγκασμού, όπως αυτές προσδιορίστηκαν στις δύο προηγούμενες σκέψεις της παρούσας αποφάσεως, προϋποθέτει πολιτικές επιλογές που εμπίπτουν στην αποκλειστική ευθύνη του νομοθέτη της Ένωσης, υπό την έννοια ότι συνεπάγεται τη στάθμιση των υφιστάμενων εν προκειμένων αποκλινόντων συμφερόντων βάσει διαφόρων εκτιμήσεων. Αναλόγως των πολιτικών επιλογών στις οποίες στηρίζεται η θέσπιση τέτοιων κανόνων, οι εξουσίες των συνοριοφυλάκων μπορούν να ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό, καθόσον η άσκηση των εξουσιών αυτών μπορεί να εξαρτηθεί από προηγούμενη έγκριση ή από την εκπλήρωση ορισμένης υποχρεώσεως ή από ορισμένη απαγόρευση, όπως, παραδείγματος χάριν, την απαγόρευση εφαρμογής μέτρων εξαναγκασμού, την απαγόρευση της χρήσεως όπλων ή την απαγόρευση μεταγωγής των συλληφθέντων σε ορισμένο τόπο. Επιπλέον, εφόσον οι εξουσίες αυτές αφορούν τη λήψη μέτρων έναντι πλοίου, η άσκηση των εξουσιών αυτών ενδέχεται, αναλόγως της εκτάσεώς τους, να έχει επιπτώσεις για τα κυριαρχικά δικαιώματα τρίτων κρατών αναλόγως της σημαίας του πλοίου. Επομένως, η θέσπιση τέτοιων κανόνων αποτελεί σημαντική εξέλιξη του συστήματος που καθιερώνει ο ΚΣΣ. Αφετέρου, υπογραμμίζεται ότι οι διατάξεις που αφορούν την παροχή στους συνοριοφύλακες εξουσιών σύμφυτων με προνομίες δημόσιας αρχής, όπως αυτές τις οποίες παρέχει η προσβαλλόμενη απόφαση, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η σύλληψη των ελεγχθέντων προσώπων, η κατάσχεση πλοίων και η μεταγωγή των συλληφθέντων σε ορισμένο τόπο, ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα την προσβολή των θεμελιωδών δικαιωμάτων των εμπλεκόμενων προσώπων σε βαθμό που να επιβάλλει την επέμβαση του νομοθέτη της Ένωσης. Επομένως, η θέσπιση διατάξεων όπως οι περιεχόμενες στο μέρος I, σημείο 2.4, και στο μέρος II, σημεία 1.1 και 2.1, του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως προϋποθέτει πολιτικές επιλογές υπό την έννοια των δύο προηγούμενων σκέψεων της παρούσας αποφάσεως, με συνέπεια να βαίνει πέραν του πλαισίου των πρόσθετων ρυθμίσεων υπό την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ και, στο πλαίσιο του θεσμικού συστήματος της Ένωσης, να εμπίπτει στην αρμοδιότητα του νομοθέτη της Ένωσης. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, διαπιστώνεται ότι, όπως επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας στα σημεία 61 και 66 των προτάσεών του, τα μέρη I και II του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως περιλαμβάνουν ουσιώδη στοιχεία για την επιτήρηση των θαλασσίων εξωτερικών συνόρων. Το γεγονός και μόνο ότι ο τίτλος του μέρους II του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως περιλαμβάνει τους όρους «κατευθυντήριες γραμμές» και ότι κατά το άρθρο 1, δεύτερη περίοδος, της αποφάσεως αυτής οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές του εν λόγω μέρους είναι «μη δεσμευτικ[οί]», δεν μπορεί να ανατρέψει τον χαρακτηρισμό τους ως ουσιωδών κανόνων. Ειδικότερα, κατά το άρθρο 1, δεύτερη περίοδος, της ως άνω αποφάσεως, το μέρος II του παραρτήματος αυτού αποτελεί τμήμα του επιχειρησιακού σχεδίου το οποίο καταρτίζεται για κάθε επιχείρηση που συντονίζει ο οργανισμός. Πάντως, κατά το άρθρο 8ε του κανονισμού Frontex, στο σχέδιο αυτό «καθορίζονται με ακρίβεια οι συνθήκες της αποστολής των ομάδων», κατά δε το άρθρο 8ζ του εν λόγω κανονισμού ο έλεγχος της «ορθής εφαρμογής» του σχεδίου ανήκει στην αρμοδιότητα του συντονιστή. Από το γεγονός ότι οι προϋποθέσεις που προβλέπει το σχέδιο αυτό πρέπει να τηρούνται προκύπτει κατ’ ανάγκη ότι οι κανόνες του μέρους II, σημεία 1.1 και 2.1, του παραρτήματος της προσβαλλομένης αποφάσεως προορίζονται να παράγουν δεσμευτικές έννομες συνέπειες. Τέλος, μολονότι η προσβαλλόμενη απόφαση περιλαμβάνει επίσης διατάξεις σχετικά με τους λεπτομερείς πρακτικούς κανόνες για την επιτήρηση των συνόρων, εντούτοις επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το σύνολο των κανόνων που προβλέπονται, αντιστοίχως, στο μέρος I και στο μέρος II του παραρτήματος της αποφάσεως αυτής είναι συναφείς μεταξύ τους, καθόσον αφορούν τη διεξαγωγή, αντιστοίχως, της επιχειρήσεως επιτηρήσεως και της επιχειρήσεως διασώσεως. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, η προσβαλλόμενη απόφαση πρέπει να ακυρωθεί στο σύνολό της επειδή περιέχει ουσιώδη στοιχεία σχετικά με την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, τα οποία βαίνουν πέραν του πλαισίου των πρόσθετων ρυθμίσεων υπό την έννοια του άρθρου 12, παράγραφος 5, του ΚΣΣ, και επειδή μία τέτοια απόφαση θα έπρεπε να έχει εκδοθεί μόνον από τον νομοθέτη της Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν παρίσταται ανάγκη εξετάσεως των επιχειρημάτων του Κοινοβουλίου ότι με την προσβαλλόμενη απόφαση τροποποιήθηκαν ουσιώδη στοιχεία του ΚΣΣ καθώς και του κανονισμού Frontex. IV – Επί του αιτήματος διατηρήσεως των εννόμων αποτελεσμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως Το Κοινοβούλιο ζητεί από το Δικαστήριο, στην περίπτωση που αυτό ακυρώσει την προσβαλλόμενη απόφαση, να διατάξει, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 264, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, τη διατήρηση των εννόμων αποτελεσμάτων της μέχρις ότου αυτή αντικατασταθεί. Κατά το Κοινοβούλιο, η διατήρηση των εννόμων αποτελεσμάτων της ως άνω αποφάσεως είναι αναγκαία λαμβανομένης υπόψη της σημασίας των σκοπών που επιδιώκονται με τα μέτρα τα οποία προτείνονται στο πλαίσιο της πολιτικής της Ένωσης σχετικά με τις επιχειρήσεις ελέγχων στα σύνορα. Κατά το άρθρο 264, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ, το Δικαστήριο μπορεί, εφόσον το κρίνει αναγκαίο, να προσδιορίσει εκείνα τα έννομα αποτελέσματα της ακυρωθείσας πράξεως που θεωρούνται οριστικά. Εάν η προσβαλλόμενη απόφαση ακυρωθεί χωρίς να διατηρηθούν προσωρινώς τα έννομα αποτελέσματά της, η ακύρωση αυτή θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις στην ορθή διεξαγωγή των εκτελούμενων ή των μελλοντικών επιχειρήσεων υπό τον συντονισμό του οργανισμού και, επομένως, στην επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών. Υπ’ αυτές τις συνθήκες, υφίστανται σοβαροί λόγοι απτόμενοι της ασφάλειας δικαίου οι οποίοι δικαιολογούν την εκ μέρους του Δικαστηρίου άσκηση της εξουσίας που του παρέχει το άρθρο 264, δεύτερο εδάφιο, ΣΛΕΕ. Εν προκειμένω, επιβάλλεται η διατήρηση των εννόμων αποτελεσμάτων της προσβαλλομένης αποφάσεως μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ, εντός εύλογης προθεσμίας, νέο νομοθετικό μέτρο προς αντικατάσταση της προσβαλλομένης αποφάσεως η οποία ακυρώνεται με την παρούσα απόφαση. V – Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, πρώτο εδάφιο, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι το Συμβούλιο ηττήθηκε, πρέπει να καταδικασθεί στα δικαστικά έξοδα, όπως ζήτησε το Κοινοβούλιο. Η Επιτροπή, που παρενέβη υπέρ του Συμβουλίου, φέρει, σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 4, πρώτο εδάφιο, του ίδιου κανονισμού, τα δικαστικά της έξοδα. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (τμήμα μείζονος συνθέσεως) αποφασίζει: 1) Ακυρώνει την απόφαση 2010/252/ΕΕ του Συμβουλίου, της 26ης Απριλίου 2010, για τη συμπλήρωση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν όσον αφορά την επιτήρηση των θαλάσσιων εξωτερικών συνόρων στο πλαίσιο της επιχειρησιακής συνεργασίας που συντονίζεται από τον ευρωπαϊκό οργανισμό για τη διαχείριση της επιχειρησιακής συνεργασίας στα εξωτερικά σύνορα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2) Τα έννομα αποτελέσματα της αποφάσεως 2010/252 διατηρούνται μέχρις ότου τεθεί σε ισχύ, εντός εύλογης προθεσμίας, νέο νομοθετικό μέτρο. 3) Καταδικάζει το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα δικαστικά έξοδα. 4) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρει τα δικαστικά της έξοδα. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική.

62019CJ0463

et

Eelotsusetaotlus käsitleb küsimust, kuidas tõlgendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes ( ELT 2006, L 204, lk 23 ). Taotlus on esitatud Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle’i (Moselle’i kohaliku haigekassa töötajate ametiühing CFTC; edaspidi „ametiühing CFTC“) ja Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle’i (Moselle’i kohalik haigekassa; edaspidi „CPAM“) vahelises kohtuvaidluses seoses viimase keeldumisega anda CY‑le, kes on ühe lapse isa, puhkust, mis oli sotsiaalkindlustusasutuste töötajate 8. veebruari 1957. aasta riikliku kollektiivlepingu põhikohtuasja asjaolude toimumise ajal kehtinud redaktsiooni artiklis 46 (edaspidi „kollektiivleping“) nähtud ette ise last kasvatavate naistöötajate jaoks. Õiguslik raamistik Liidu õigus Direktiiv 92/85/EMÜ Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) ( EÜT 1992, L 348, lk 1 ; ELT eriväljaanne 05/02, lk 110) neljateistkümnendas kuni kaheksateistkümnendas põhjenduses on märgitud: „rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate vastuvõtlikkus tingib vajaduse anda neile õigus saada vähemalt 14 nädala pikkune katkematu rasedus‑ ja sünnituspuhkus enne ja/või pärast sünnitust ning vähemalt kahenädalane kohustuslik rasedus‑ ja sünnituspuhkus enne ja/või pärast sünnitust; vallandamisoht seoses nende olukorraga võib mõjuda kahjulikult rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate füüsilisele või vaimsele seisundile; tuleks sätestada niisuguse vallandamise keelamine; töökorraldusmeetmed rasedate, hiljuti sünnitanud või rinnaga toitvate töötajate tervise kaitsmiseks ei täida eesmärki, kui nendega ei kaasne töölepingust tulenevate õiguste säilimine, sealhulgas palga säilimine ja/või õigus piisavale toetusele; lisaks sellele ei täida ka rasedus- ja sünnituspuhkust käsitlevad sätted eesmärki, kui nendega ei kaasne töölepingust tulenevate õiguste säilimine ja/või õigus piisavale toetusele; rasedus- ja sünnituspuhkuse puhul tuleb piisava toetuse mõistet vaadelda kui tehnilist lähtekohta minimaalse kaitstuse taseme määramiseks ja seda ei tohi mingitel asjaoludel tõlgendada nii, nagu oleks rasedus samastatud haigusega.“ Selle direktiivi artiklis 1 „Eesmärk“ on sätestatud: „1.   Käesoleva direktiivi, mis on kümnes üksikdirektiiv [nõukogu 12. juuni 1989. aasta] direktiivi 89/391/EMÜ [töötajate töötervishoiu ja tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta ( EÜT 1989, L 183, lk 1 ; ELT eriväljaanne 05/01, lk 349)] artikli 16 lõike 1 tähenduses, eesmärk on rakendada meetmeid, soodustamaks rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamist. 2.   Direktiivi [89/391] sätteid, välja arvatud selle artikli 2 lõige 2, kohaldatakse täielikult terve lõikega 1 hõlmatud valdkonna suhtes, ilma et see piiraks käesolevas direktiivis sisalduvate rangemate ja/või konkreetsemate sätete kohaldamist. 3.   Käesoleva direktiivi mõjul ei tohi alaneda rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate kaitstuse tase võrreldes liikmesriikides kehtiva olukorraga käesoleva direktiivi vastuvõtmise kuupäeval.“ Direktiivi 92/85 artikkel 8 „Rasedus- ja sünnituspuhkus“ sätestab: „1.   Liikmesriigid võtavad tarvitusele vajalikud meetmed tagamaks, et artiklis 2 määratletud töötajatel oleks õigus saada vähemalt 14 nädala pikkune katkestamatu rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või pärast sünnitust vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele. 2.   Lõikes 1 sätestatud rasedus- ja sünnituspuhkus peab sisaldama vähemalt kahenädalast kohustuslikku rasedus- ja sünnituspuhkust enne ja/või pärast sünnitust vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele.“ Selle direktiivi artikkel 10 „Vallandamise keelamine“ sätestab: „Selleks et tagada artiklis 2 määratletud töötajatele nende käesolevas artiklis tunnustatud tervise- ja ohutusalaste õiguste kasutamine, sätestatakse, et: 1. liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud töötajate vallandamine ajavahemikus nende raseduse algusest kuni artikli 8 lõikes 1 nimetatud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole seotud nende olukorraga ja mis on lubatud siseriiklike õigusaktide ja/või tavade alusel ning võimaluse korral tingimusel, et pädev ametiasutus on andnud oma nõusoleku; 2. artiklis 2 määratletud töötaja vallandamise korral punktis 1 nimetatud ajavahemikus peab tööandja kirjalikult esitama tema vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud aluse; 3. liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta artiklis 2 määratletud töötajaid sellise vallandamise tagajärgede eest, mis on punkti 1 alusel ebaseaduslik.“ Direktiivi artiklis 11 pealkirjaga „Tööalased õigused“ on ette nähtud: „Selleks et tagada artiklis 2 määratletud töötajatele nende käesolevas artiklis tunnustatud tervise- ja ohutusalaste õiguste kasutamine, sätestatakse, et: 1. artiklites 5, 6 ja 7 nimetatud juhtudel peavad töölepinguga seotud tööalased õigused, sealhulgas töötasu säilimine ja/või õigus piisavale toetusele, olema tagatud artiklis 2 määratletud töötajatele vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või siseriiklikele tavadele; 2. artiklis 8 nimetatud juhul peab olema tagatud järgmine: a) artiklis 2 määratletud töötajate töölepinguga seotud õigused, välja arvatud need, millele on viidatud allpool punktis b; b) artiklis 2 määratletud töötajate töötasu säilimine ja/või õigus piisavale toetusele; 3. punkti 2 alapunktis b nimetatud toetust loetakse piisavaks, kui see tagab sissetuleku, mis on vähemalt võrdne sellega, mida asjaomane töötaja saaks siseriiklike õigusaktidega kehtestatud ülemmäära piires, kui ta katkestaks oma tegevuse tervislikel põhjustel; 4. liikmesriigid võivad muuta õiguse saada töötasu või toetust, millele on viidatud punktis 1 ja punkti 2 alapunktis b, sõltuvaks sellest, kas asjaomane töötaja vastab siseriiklikes õigusaktides sätestatud tingimustele, mis annavad õiguse saada selliseid soodustusi. Need tingimused ei tohi mingitel asjaoludel ette näha, et töötamisperiood vahetult enne eeldatavat sünnituskuupäeva peaks olema pikem kui 12 kuud.“ Direktiiv 2006/54 Direktiivi 2006/54 põhjendustes 24 ja 25 on märgitud: „(24) Euroopa Kohus on seoses võrdse kohtlemise põhimõttega järjekindlalt tunnustanud naise bioloogilise seisundi kaitsmise õiguspärasust raseduse kestel ning sünnitusjärgsel ajal, samuti emaduse kaitsmise meetmete kehtestamist kui sisulise võrdõiguslikkuse saavutamise vahendit. Käesolev direktiiv ei tohiks seega piirata direktiivi [92/85] kohaldamist. Lisaks ei tohiks käesolev direktiiv piirata nõukogu 3. juuni 1996. aasta direktiivi 96/34/EÜ Euroopa Tööandjate Föderatsiooni, Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse ja Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni poolt lapsehoolduspuhkuse kohta sõlmitud raamkokkuleppe kohta [( EÜT 1996, L 145, lk 4 ; ELT eriväljaanne 05/02, lk 285)]. (25) Selguse huvides on asjakohane selgelt sätestada rasedus‑ ja sünnituspuhkusel viibivate naiste tööalaste õiguste kaitsmine, eelkõige nende õigus naasta samale või võrdväärsele ametikohale ning mitte töötada halvemates tingimustes rasedus‑ ja sünnituspuhkusel viibimise tõttu ning kasutada paranenud töötingimusi, millele neil oleks tekkinud õigus oma äraoleku ajal.“ Direktiivi 2006/54 artiklis 1 „Eesmärk“ on ette nähtud: „Käesoleva direktiivi eesmärk on tagada meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamine tööhõive ja elukutse küsimustes. Selleks sisaldab käesolev direktiiv sätteid võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamiseks järgmistes valdkondades: a) töö saamine, sealhulgas edutamine ja kutseõpe; b) töötingimused, sealhulgas töötasu; c) kutsealased sotsiaalkindlustusskeemid. See sisaldab ka sätteid, millega tagatakse asjakohaste meetmete võtmine nimetatud põhimõtte tõhusamaks rakendamiseks.“ Direktiivi artikli 2 „Mõisted“ lõike 1 punkt a näeb ette: „Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid: a) otsene diskrimineerimine – kui ühte isikut koheldakse soo tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras“. Direktiivi artikli 14 „Diskrimineerimise keeld“ lõikes 1 on ette nähtud: „Ei avalikus ega erasektoris, sealhulgas avalik-õiguslikes asutustes, ei tohi esineda otsest ega kaudset soolist diskrimineerimist seoses järgmisega: a) tööle saamise, füüsilisest isikust ettevõtjaks hakkamise või kutsealale pääsemise tingimused, sealhulgas valikukriteeriumid ja töölevõtu tingimused mis tahes tegevusvaldkonnas ja kõigil ametiastmetel, kaasa arvatud ametialane edutamine; b) igasuguse ja igatasemelise kutsenõustamise, kutseõppe, täiendkutseõppe ja ümberõppe kättesaadavus, sealhulgas praktilise töökogemuse kättesaadavus; c) töö saamise ja töö tingimused, kaasa arvatud töölt vabastamine ja töötasu [EÜ] artikli 141 kohaselt; d) kuulumine töötajate või tööandjate organisatsioonidesse või muudesse organisatsioonidesse, mille liikmed tegelevad teatava kutsetööga, sealhulgas nende organisatsioonide antavad soodustused.“ Sama direktiivi artikkel 15 „Rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasmine“ on sõnastatud järgmiselt: „Rasedus- ja sünnituspuhkusel oleval naisel on pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist õigus naasta samale või sellega võrdväärsele töökohale tema jaoks mitte halvematel tingimustel ning kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus oma äraoleku ajal.“ Direktiivi 2006/54 artikkel 28 „Seos ühenduse ja siseriiklike õigusnormide vahel“ sätestab: „1.   Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira naiste kaitset käsitlevate sätete kohaldamist, eelkõige seoses raseduse ja emadusega. 2.   Käesoleva direktiivi kohaldamine ei piira direktiivi 96/34/EÜ ega direktiivi 92/85/EMÜ kohaldamist.“ Prantsuse õigus Tööseadustik Tööseadustiku artiklis L. 1225‑17 on sätestatud: „Naistöötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust perioodiks, mis algab kuus nädalat enne eeldatavat sünnituskuupäeva ja lõpeb 10 nädalat pärast seda kuupäeva. Naistöötaja taotlusel ja raseduse kulgu jälgiva tervishoiuspetsialisti nõustuva arvamuse korral võib enne eeldatavat sünnituskuupäeva algavat perioodi, mil tööleping on peatatud, lühendada kuni kolme nädala võrra. Sel juhul pikendatakse eeldatavale sünnituskuupäevale järgnevat perioodi sama aja võrra. Kui naistöötaja on osa rasedus- ja sünnituspuhkusest edasi lükanud kuni sünnituseni ning arst on ta selle perioodi kestel enne eeldatavat sünnituskuupäeva töölt vabastanud, tühistatakse see edasilükkamine ning perioodi, mil tööleping on peatatud, vähendatakse alates esimesest päevast, mil töötaja töölt lahkub. Algul edasi lükatud perioodi vähendatakse sama aja võrra. Esialgselt edasi lükatud ajavahemikku lühendatakse vastavalt.“ Kollektiivleping Vastavalt kollektiivlepingu artiklile 1: „Käesolev kollektiivleping reguleerib suhteid sotsiaalkindlustusasutuste, peretoetuste kassade ja nende kontrolli all olevate kõigi muude asutuste (Fédération nationale des organismes de sécurité sociale (riiklik sotsiaalkindlustusasutuste liit), Union nationale des caisses d’allocations familiales (peretoetuste kassade riiklik liit), kohalikud kassad, piirkondlikud vanadus- ja invaliidsushüvitiste kassad, peretoetuste kassad, maksete sissenõudmise asutused, sotsiaalhoolekandeasutused, töötajate pensionikindlustusfondid jne) ning nende asutuste ja nende asutuste Prantsuse territooriumil või ülemeredepartemangudes asuvate allasutuste töötajate vahel.“ Kollektiivlepingu artiklid 45 ja 46 kuuluvad selle L jakku „Rasedus- ja sünnituspuhkus“. Kollektiivlepingu artiklis 45 on sätestatud: „Seaduses ette nähtud rasedus‑ ja sünnituspuhkuse ajal säilib vähemalt kuuekuuse staažiga töötajate töötasu. Seda ei saa seostada töötajatele kui kindlustatutele makstava päevarahaga. Seda puhkust ei võeta arvesse, kui arvutatakse õigust haiguspuhkusele, ja sellega ei saa kaasneda põhipuhkuse kestuse lühendamist.“ Kollektiivlepingu artiklis 46 on ette nähtud: „Eelnevas artiklis ette nähtud puhkuse lõppedes on naistöötajal, kes kasvatab oma last ise, õigus saada järjestikku: – kolm kuud puhkust osalise töötasuga või poolteist kuud puhkust täistöötasuga; – üks aasta palgata puhkust. Kui asjaomane töötaja on üksik naine või kui tema abikaasal või partneril ei ole (töövõimetuse, pikaajalise haiguse või sõjaväeteenistuse tõttu) võimalik kasutada tema tavapäraseid elatusvahendeid, on asjaomasel töötajal õigus saada kolm kuud puhkust täistöötasuga. Eespool ette nähtud puhkuse lõppedes ennistatakse puhkuse saanu täielikult tema ametikohale. Erandkorras võib juhatus anda veel ühe aasta palgata puhkust. Sel juhul ennistatakse asjaomane töötaja tööle vaid juhul, kui tema organisatsioonis või sõsarorganisatsioonis on olemas vabu ametikohti, mida tal on eelisõigus saada, kooskõlas eespool viidatud artikli 16 sätetega. Nimetatud puhkuse pikendamisel võib juhatus erijuhtudel võtta ametliku kohustuse töötaja kohe tööle ennistada. Käesoleva artikli kohaldamisalasse kuuluval palgata puhkusel on käesoleva lepingu ja pensioniskeemi sätete suhtes samad tagajärjed nagu eespool artiklis 40 sätestatud puhkusel.“ Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus CPAM võttis CY tööle „töövõtjate ja juhtivtöötajate toetuste kontrollijana“. CY on 2016. aasta aprillis sündinud lapse isa. Sellega seoses taotles CY puhkust vastavalt kollektiivlepingu artiklis 46 ettenähtule, mille kohaselt on töötajal, kes ise kasvatab oma last, selle kollektiivlepingu artiklis 45 ette nähtud puhkuse lõppedes õigus saada üksteise järel kolme kuu pikkust osalise töötasuga või pooleteise kuu pikkust täistöötasuga puhkust ning ühe aasta pikkust palgata puhkust. CPAM keeldus rahuldamast CY taotlust põhjendusel, et kollektiivlepingu artiklis 46 ette nähtud soodustus on ette nähtud üksnes naistöötajatele, kes kasvatavad oma last ise. Ametiühing CFTC palus sotsiaalkindlustusasutuse juhtkonnal laiendada kollektiivlepingu artikli 46 sätete kohaldamist meessoost töötajatele, kes kasvatavad oma last ise. See taotlus jäeti rahuldamata põhjendusega, et selle artikli sõnastuse kohaselt antakse ettenähtud puhkust üksnes lapse emale, kuna sõna „töötaja“ on kasutatud naissoo vormis, ning et nimetatud artikkel ei ole diskrimineeriv, kuna see on seotud kollektiivlepingu artikliga 45, mis annab eelise üksnes naistele. Ametiühing CFTC, kes astus menetlusse CY kasuks, esitas 27. detsembril 2017 CPAMi peale kaebuse conseil de prud’hommes de Metzile (Metzi töövaidluskomisjon, Prantsusmaa), väites, et otsus keelduda CY‑le kollektiivlepingu artiklis 46 ette nähtud puhkuse andmisest kujutab endast soolist diskrimineerimist, mis on nii liidu kui ka Prantsuse õiguse kohaselt keelatud. Kollektiivlepingu artikkel 46 ei ole nimelt selle kollektiivlepingu artiklit 45 täiendav säte, kuna erinevalt artiklist 45 ei ole artikkel 46 seotud füsioloogiliste kaalutlustega. Kuna mehed ja naised vastutavad võrdsel määral oma laste kasvatamise eest, peaksid ka CPAMis töötavad meessoost töötajad saama kollektiivlepingu artiklis 46 ette nähtud soodustust. Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et Cour de cassation (kassatsioonikohus, Prantsusmaa) sedastas 21. septembri 2017. aasta otsuses, et kollektiivlepingu artikli 46 eesmärk on anda täiendav rasedus- ja sünnituspuhkus pärast selle kollektiivlepingu artiklis 45 nimetatud seadusjärgse rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist ning et seega on selle sätte eesmärk kaitsta naise ja tema lapse vahelist erilist suhet raseduse ja sünnituse järel. Neil asjaoludel otsustas conseil de prud’hommes de Metz (Metzi töövaidluskomisjon) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse: „Kas direktiivi 2006/54 – võttes arvesse ELTL artikleid 8 ja 157, Euroopa Liidu õiguses sätestatud võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise välistamist käsitlevaid üldpõhimõtteid ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 20, artikli 21 [lõiget 1] ja artiklit 23 – tuleb tõlgendada nii, et sellega jäetakse direktiivi materiaalsest kohaldamisalast välja [kollektiivlepingu] artikli 46 sätted, mille kohaselt on asjasse puutuvate asutuste naissoost töötajatel, kes kasvatavad oma last ise, õigus pärast rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist saada kolme kuu pikkust osalise töötasuga või pooleteise kuu pikkust täistöötasuga puhkust ning ühe aasta pikkust palgata puhkust?“ Eelotsuse küsimuse analüüs Euroopa Kohtu pädevus CPAM väidab esimese võimalusena, et Euroopa Kohus ei ole ilmselgelt pädev esitatud küsimusele vastama ELTL artikli 267 alusel. Käesolevas kohtuasjas ei ole Euroopa Kohtul nimelt palutud teha otsust aluslepingute tõlgendamise või liidu institutsiooni, organi või asutuse poolt väidetavalt vastu võetud mis tahes akti kehtivuse või tõlgendamise kohta. CPAM väidab, et eelotsusetaotlusega soovib ametiühing CFTC tegelikult saavutada kollektiivlepingu artikli 46 „riigiülest kehtetuks tunnistamist“, nii nagu seda artiklit on tõlgendanud Cour de cassation (kassatsioonikohus), pidades silmas võrdse kohtlemise ja diskrimineerimise keelu üldpõhimõtteid. Euroopa Kohus ei ole aga pädev kontrollima liikmesriigi õiguse, sealhulgas liikmesriikide kohtupraktika kooskõla liidu õigusega ega tõlgendama riigisisest õigust. Sellega seoses tuleb märkida, et ELTL artiklis 267 kehtestatud koostöökord põhineb liikmesriikide kohtute ja Euroopa Kohtu ülesannete selgel eristamisel. Selle artikli alusel algatatud menetluse raames on riigisiseste õigusnormide tõlgendamine liikmesriikide kohtute, mitte Euroopa Kohtu ülesanne ning ei ole Euroopa Kohtu otsustada, kas riigisisesed õigusnormid on liidu õigusnormidega kooskõlas. Seevastu on Euroopa Kohus pädev andma liikmesriigi kohtule kõik liidu õiguse tõlgendamiseks vajalikud juhtnöörid, mille alusel on liikmesriigi kohtul võimalik hinnata riigisiseste õigusnormide kooskõla liidu õigusega (30. aprilli 2020. aasta kohtuotsus CTT – Correios de Portugal, C‑661/18 , EU:C:2020:335 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Kuigi on tõsi, et eelotsusetaotluse esitanud kohtu küsimust ja esitatud põhistusi koos käsitledes näib, et Euroopa Kohtul palutakse otsustada, kas riigisisene õigusnorm on liidu õigusega kooskõlas, ei takista miski Euroopa Kohut siiski andmast eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarvilikku vastust, jagades sellele kohtule liidu õigusest tulenevaid tõlgendamisjuhiseid, mis võimaldavad tal endal otsustada, kas riigisisene õigus on liidu õigusega kooskõlas. Kuna küsimused on esitatud liidu õigusnormi tõlgendamise kohta, on Euroopa Kohus järelikult üldjuhul kohustatud neile vastama (vt selle kohta 30. aprilli 2020. aasta kohtuotsus CTT – Correios de Portugal, C‑661/18 , EU:C:2020:335 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Kõnesoleval juhtumil tuleb märkida, et põhikohtuasi, mis käsitleb kollektiivlepingu artikli 46 alusel puhkuse andmist, puudutab töötingimusi direktiivi 2006/54 artikli 1 teise lõigu punkti b tähenduses. Järelikult kuulub see kohtuvaidlus esitatud küsimuses nimetatud direktiivi kohaldamisalasse. Vastupidi CPAMi väidetule palub eelotsusetaotluse esitanud kohus seega tõlgendada liidu õigusakti. Seega peab Euroopa Kohus andma eelotsusetaotluse esitanud kohtule kõik liidu õiguse tõlgendamise juhtnöörid, mis võimaldavad sel kohtul endal teha otsuse selle kohta, kas riigisisene õigus on liidu õigusega kooskõlas. Seega tuleb järeldada, et Euroopa Kohus on pädev esitatud küsimusele vastama. Eelotsusetaotluse vastuvõetavus Prantsuse valitsus väidab, et eelotsusetaotlus ei vasta Euroopa Kohtu kodukorra artiklis 94 ette nähtud nõuetele, kuna selles otsuses puuduvad igasugused põhjendused vajaduse kohta esitada põhikohtuasja lahendamiseks Euroopa Kohtule küsimus. Väidetavalt piirdub eelotsusetaotluse esitanud kohus talle esitatud argumentide kordamisega, esitamata täpseid põhjuseid, miks ta peab vajalikuks esitada Euroopa Kohtule küsimuse. Lisaks viitab eelotsusetaotluse esitanud kohus mitmele EL toimimise lepingu ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta (edaspidi „harta“) sättele, selgitamata siiski nende seost esitatud küsimusega. Prantsuse valitsus väidab, et kui eeldada, et eelotsusetaotlus on vastuvõetav, tuleb sellele küsimusele vastata direktiivi 2006/54, mitte aga ELTL artikleid 8 ja 157 ning harta artikleid 20, 21 ja 23 puudutavas osas. Sellega seoses tuleb tõdeda, et eeldatakse, et liidu õiguse tõlgendamist puudutavad küsimused, mille liikmesriigi kohus on esitanud õiguslikus ja faktilises raamistikus, mille ta on määratlenud omal vastutusel ja mille täpsust Euroopa Kohus ei pea kontrollima, on asjakohased (2. aprilli 2020. aasta kohtuotsus Reliantco Investments ja Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti, C‑500/18 , EU:C:2020:264 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Ent ühelt poolt võib Euroopa Kohus jätta liikmesriigi kohtu esitatud eelotsusetaotluse vastuvõetamatuna läbi vaatamata juhul, kui on ilmne, et taotletaval liidu õiguse tõlgendusel puudub igasugune seos põhikohtuasja faktiliste asjaolude või esemega või kui Euroopa Kohtule ei ole teada vajalikke faktilisi või õiguslikke asjaolusid, et anda tarvilik vastus talle esitatud küsimustele (2. aprilli 2020. aasta kohtuotsus Reliantco Investments ja Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti, C‑500/18 , EU:C:2020:264 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Teiselt poolt, kuna liikmesriigi kohtud ja Euroopa Kohus teevad eelotsusemenetluses omavahel koostööd, siis ei ole liikmesriigi kohtu poolt teatavate faktiliste asjaolude esitamata jätmise tagajärg tingimata eelotsusetaotluse vastuvõetamatus, kui vaatamata puudustele leiab Euroopa Kohus toimikumaterjalide põhjal, et ta saab anda eelotsusetaotluse esitanud kohtule tarviliku vastuse (2. aprilli 2020. aasta kohtuotsus Reliantco Investments ja Reliantco Investments Limassol Sucursala Bucureşti, C‑500/18 , EU:C:2020:264 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul tuleb märkida, et eelotsusetaotluses on põhjused, mille tõttu eelotsusetaotluse esitanud kohus tõstatas küsimuse direktiivi 2006/54 tõlgendamise kohta, tõepoolest esitatud lakooniliselt ning et EL toimimise lepingu ja harta sätteid on mainitud üksnes esitatud küsimuses. Siiski tõi eelotsusetaotluse esitanud kohus esiteks välja ametiühingu CFTC argumendid selle kohta, et kollektiivlepingu artikkel 46 ei ole liidu õigusega kooskõlas. Nagu Prantsuse valitsus ka ise märkis, siis võttis eelotsusetaotluse esitanud kohus sellega, et esitas eelotsuse küsimuse ametiühingu CFTC väljapakutud kujul, kaudselt omaks selle ametiühingu väljendatud kahtlused, mis puudutavad kollektiivlepingu nimetatud artikli kooskõla direktiiviga 2006/54. Seega võimaldab eelotsusetaotlus mõista põhjuseid, mille tõttu eelotsusetaotluse esitanud kohus pidas vajalikuks esitada see küsimus Euroopa Kohtule. Lisaks oli nii CPAMil kui ka Prantsuse ja Portugali valitsusel ning Euroopa Komisjonil igati võimalik esitada esitatud küsimuse kohta oma seisukoht. Teiseks on esitatud küsimus sõnastatud nii, et see puudutab direktiivi 2006/54, mida tuleb tõlgendada, „võttes arvesse“ ELTL artikleid 8 ja 157 ning harta artiklit 20, artikli 21 lõiget 1 ja artiklit 23. Seega ei palu eelotsusetaotluse esitanud kohus EL toimimise lepingu ja harta sätete autonoomset tõlgendamist, kuna neid on mainitud üksnes direktiivi 2006/54 tõlgendamise toetuseks. Neil asjaoludel tuleb järeldada, et eelotsusetaotlus vastab kodukorra artiklis 94 ette nähtud nõuetele. Järelikult on eelotsusetaotlus vastuvõetav. Sisulised küsimused Oma küsimusega palub eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt selgitada, kas direktiivi 2006/54 tuleb tõlgendada nii, et riigisisese kollektiivlepingu säte, mis annab naistöötajatele, kes kasvatavad oma last ise, õiguse puhkusele pärast seadusjärgse rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist, on selle direktiiviga vastuolus, kuna meessoost töötajatel puudub õigus sellisele puhkusele. Mis puudutab eespool öeldut, siis keelab direktiivi 2006/54 artikli 14 lõike 1 punkt c töö saamise ja töötingimuste osas igasuguse otsese või kaudse soolise diskrimineerimise. Selle direktiivi kontekstis laieneb meestöötajate ja naistöötajate diskrimineerimise keeld mis tahes lepingutele, mis on mõeldud töölepingu alusel tehtavat tööd kollektiivselt reguleerima (vt selle kohta 18. novembri 2004. aasta kohtuotsus Sass, C‑284/02 , EU:C:2004:722 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Lisaks, kuigi direktiivi 2006/54 artikli 2 lõike 1 punkti a kohaselt on otsene diskrimineerimine „kui ühte isikut koheldakse soo tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras“, on selle direktiivi artiklis 28 täpsustatud, et see ei takista naiste kaitset käsitlevate sätete kohaldamist, eriti seoses raseduse ja sünnitusega, ning et see ei piira direktiivi 92/85 kohaldamist. Mis puudutab lapse ema kaitset, siis tuleneb Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast, et rasedatele töötajatele antud õigust rasedus- ja sünnituspuhkusele tuleb pidada eriti tähtsa sotsiaalse õiguse kaitsmise vahendiks. Nõnda on liidu seadusandja leidnud, et olulised muutused puudutatud isikute elutingimustes vähemalt 14‑nädalase ajavahemiku jooksul enne ja pärast sünnitust on legitiimne põhjus nende tööalase- või kutsetegevuse peatamiseks, ilma et ametiasutused või tööandjad saaks selle põhjuse seaduslikkust mis tahes viisil kahtluse alla seada (20. septembri 2007. aasta kohtuotsus Kiiski, C‑116/06 , EU:C:2007:536 , punkt , ja 21. mai 2015. aasta kohtuotsus Rosselle, C‑65/14 , EU:C:2015:339 , punkt ). Nagu liidu seadusandja on direktiivi 92/85 neljateistkümnendas põhjenduses märkinud, on rase, sünnitanud või rinnaga toitev naistöötaja nimelt eriomaselt haavatavas olukorras, mis toob kaasa vajaduse anda talle õigus rasedus‑ ja sünnituspuhkusele, kuid mida eriti selle puhkuse ajal ei saa samastada mehe olukorraga ega haiguspuhkusel oleva naise olukorraga (27. oktoobri 1998. aasta kohtuotsus Boyle jt, C‑411/96 , EU:C:1998:506 , punkt , ja 18. märtsi 2014. aasta kohtuotsus D., C‑167/12 , EU:C:2014:169 , punkt ). Rasedus‑ ja sünnituspuhkuse eesmärk on ühelt poolt kaitsta naise bioloogilist seisundit raseduse ajal ning selle järel, ning teiselt poolt kaitsta naise ja tema lapse vahelist erilist suhet rasedusele ja sünnitusele järgneval perioodil, kaitstes seda suhet samal ajal töötamise jätkamisest tuleneva topeltkoormuse eest (vt eelkõige 12. juuli 1984. aasta kohtuotsus Hofmann, 184/83 , EU:C:1984:273 , punkt , ja 4. oktoobri 2018. aasta kohtuotsus Dicu, C‑12/17 , EU:C:2018:799 , punkt ). Pealegi ei välista miinimumnõudeid sisaldav direktiiv 92/85 kuidagi liikmesriikidel võimaldada tagada rasedatele, sünnitanud või imetavatele naistöötajatele kõrgem kaitsetase, säilitades või kehtestades neile töötajatele soodsamad kaitsemeetmed, tingimusel et meetmed on kooskõlas liidu õigusega (13. veebruari 2014. aasta kohtuotsus TSN ja YTN, C‑512/11 ja C‑513/11 , EU:C:2014:73 , punkt , ja 14. juuli 2016. aasta kohtuotsus Ornano, C‑335/15 , EU:C:2016:564 , punkt ). Euroopa Kohus lisas, et selline meede nagu rasedus- ja sünnituspuhkus, mis antakse naisele pärast seadusega ette nähtud kaitsetähtaja möödumist, kuulub direktiivi 2006/54 artikli 28 lõike 1 kohaldamisalasse, kuna selle eesmärk on naiste kaitse nii raseduse tagajärgede kui ka emaduse seisukohast. Seetõttu võib legitiimselt niisuguse kaitse tagada vaid emale, välistades kõik muud isikud, kuivõrd üksnes ema saab kannatada soovimatu surve all liiga vara uuesti tööle asuda (vt selle kohta 12. juuli 1984. aasta kohtuotsus Hofmann, 184/83 , EU:C:1984:273 , punkt ). Mis puudutab lapsevanema staatust, siis on Euroopa Kohus täpsustanud, et lapsevanemast mees- ja naistöötaja olukord on laste kasvatamise osas sarnane (25. oktoobri 1988. aasta kohtuotsus komisjon vs. Prantsusmaa, 312/86 , EU:C:1988:485 , punkt , ja 12. detsembri 2019. aasta kohtuotsus Instituto Nacional de la Seguridad Social (ema pensionilisa), C‑450/18 , EU:C:2019:1075 , punkt ). Järelikult ei saa naist kui lapsevanemat kaitsvaid meetmeid õigustada direktiivi 2006/54 artikli 28 lõike 1 alusel (vt selle kohta 29. novembri 2001. aasta kohtuotsus Griesmar, C‑366/99 , EU:C:2001:648 , punkt ). Euroopa Kohtu praktikast tuleneb seega, et pärast seadusega ette nähtud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist võib liikmesriik anda lapse emale lisapuhkuse mitte kui lapsevanemale, vaid lähtudes nii raseduse tagajärgedest kui ka emadusest. Nagu nähtub käesoleva kohtuotsuse punktist 52, peab sellise lisapuhkuse eesmärk olema kaitsta naise bioloogilist seisundit ning erilist suhet, mis tal on oma lapsega sünnitusjärgsel perioodil. Nagu kohtujurist sellega seoses oma ettepaneku punktis 61 sisuliselt märkis, ei saa ainuüksi naise ja tema lapse vaheliste erisuhete kaitsmise eesmärgist siiski piisata selleks, et välistada isadele täiendava puhkuse andmine. Käesoleval juhul on kollektiivlepingu artiklis 46 sätestatud, et selle kollektiivlepingu artiklis 45 ette nähtud seadusjärgse rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppedes on naistöötajal, kes ise kasvatab oma last, õigus saada järjestikku kolm kuud puhkust osalise töötasuga või poolteist kuud puhkust täistöötasuga ning aasta palgata puhkust, kusjuures viimati nimetatud puhkust on võimalik aasta jagu pikendada. Tuleb tõdeda, et kollektiivleping, mis välistab sellise täiendava puhkuse andmise meessoost töötajale, kes kasvatab oma last ise, kehtestab mees- ja naistöötajate erineva kohtlemise. Nagu on sedastatud käesoleva kohtuotsuse punktides 52 ja 54, näib niisugune erinev kohtlemine olevat direktiiviga 2006/54 kooskõlas vaid siis, kui niisuguse täiendava puhkuse andmise eesmärk on kaitsta naist nii raseduse tagajärgede kui ka emaduse seisukohast, st kui see on mõeldud tagama kaitset naise bioloogilisele seisundile raseduse ajal ning kaitset naise ja tema lapse vahelisele erilisele suhtele sünnitusele järgneval perioodil. Juhul, kui kollektiivlepingu artikkel 46 on kohaldatav naistele üksnes seetõttu, et nad on lapsevanemad, siis kehtestab see artikkel meessoost töötajate otsese diskrimineerimise, mis on selle direktiivi artikli 14 lõike 1 kohaselt keelatud. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 70 märkis, puudutavad tegurid, mida tuleb arvesse võtta selleks, et seadusjärgse rasedus- ja sünnituspuhkuse andmise saaks reserveerida vaid naistöötajatele, eelkõige selle puhkuse saamise tingimusi, puhkuse kestust ja kasutamise korda ning sellega seotud õiguskaitse taset. Kõigepealt peavad sellise puhkuse andmise tingimused olema otseselt seotud naise bioloogilise ja psühholoogilise seisundi ning naise ja tema lapse vahelise erilise suhte kaitsega sünnitusele järgneval perioodil. Nii tuleb seda puhkust muu hulgas anda kõigile asjaomaste riigisiseste õigusnormide kohaldamisalasse kuuluvatele naistele, sõltumata nende tööstaažist ja ilma et oleks vaja tööandja nõusolekut. Seejärel tuleb vastavalt kohandada ka täiendava rasedus- ja sünnituspuhkuse kasutamise kestust ja korda, et tagada naise bioloogiline ja psühholoogiline kaitse ning naise ja tema lapse vahelise erilise suhte kaitse sünnitusele järgneval perioodil, ületamata kestust, mis näib sellise kaitse osas vajalik. Viimaseks, mis puudutab õiguskaitse taset, siis kuivõrd kõnealuse puhkuse eesmärk on sama, mis seadusjärgsel rasedus- ja sünnituspuhkusel, peab see olema kooskõlas minimaalse kaitsetasemega, mis on nimetatud seadusjärgsele puhkusele ette nähtud direktiividega 92/85 ja 2006/54. Eelkõige peab täiendava puhkuse õiguslik režiim tagama kaitse vallandamise vastu ja töötasu säilimise ja/või õiguse piisavale toetusele tingimustel, mis on kooskõlas direktiivi 92/85 artiklites 10 ja 11 sätestatutega, ning õiguse, nagu see, mis on ette nähtud direktiivi 2006/54 artiklis 15, naasta samale või sellega võrdväärsele töökohale naise jaoks mitte halvematel tingimustel ning kasutada paranenud töötingimusi, millele tal oleks tekkinud õigus oma äraoleku ajal. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu ülesanne on kontrollida, kas kollektiivlepingu artiklis 46 ette nähtud puhkus vastab tingimustele, mis võimaldavad asuda seisukohale, et selle eesmärk on kaitsta naistöötajaid nii raseduse tagajärgede kui ka emaduse seisukohast. Nagu on käesoleva kohtuotsuse punktis 29 märgitud, ei ole Euroopa Kohtu ülesanne teha käesoleva kohtumenetluse raames otsus kollektiivlepingu nimetatud artikli kooskõla kohta direktiiviga 2006/54. Seevastu tuleb Euroopa Kohtul anda kõik juhised direktiivi tõlgendamiseks, mis võimaldaksid liikmesriigi kohtul seda kooskõla hinnata. Sellega seoses tuleb esiteks märkida, et puhkust, mida saab võtta pärast seadusega ette nähtud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist, saaks pidada lahutamatuks osaks rasedus- ja sünnituspuhkusest, mis on pikem ja naistöötajatele soodsam kui seadusjärgne kestus. Siiski tuleb märkida, et arvestades käesoleva kohtuotsuse punktis 54 viidatud kohtupraktikat, sõltub võimalus kehtestada seadusjärgsele rasedus- ja sünnituspuhkusele järgnev puhkus, mida antakse üksnes emadele, tingimusest, et selle puhkuse enda eesmärk oleks naiste kaitse. Järelikult ei piisa ainuüksi asjaolust, et puhkus järgneb vahetult seadusjärgsele rasedus- ja sünnituspuhkusele, et asuda seisukohale, et selle andmist võib piirata üksnes naistöötajatega, kes kasvatavad oma last ise. Teiseks ei ole kõnesoleva kollektiivlepingu selle peatüki pealkiri, kuhu kuulub täiendavat puhkust ette nägev säte, asjakohane asjaolu selle hindamisel, kas niisugune säte on liidu õigusega kooskõlas. Eelotsusetaotluse esitanud kohus peab nimelt konkreetselt kontrollima, kas ettenähtud puhkuse eesmärk on sisuliselt ema kaitse nii raseduse tagajärgede kui ka emaduse seisukohast. Kolmandaks viitab Prantsuse valitsus 30. aprilli 1998. aasta kohtuotsusele Thibault ( C‑136/95 , EU:C:1998:178 ), milles Euroopa Kohus olevat tunnistanud, et kollektiivlepingu artikkel 46 reguleerib rasedus- ja sünnituspuhkust. Siiski ei puuduta selle kohtuotsuse punkt 12, millele Prantsuse valitsus viitab, Euroopa Kohtu õiguslikku arutluskäiku ja tõlgendust, vaid üksnes faktilisi asjaolusid, nagu need ilmnevad nimetatud kohtuotsuse aluseks olnud kohtuasjas esitatud eelotsusetaotlusest. Neljandaks tuleb märkida, et kollektiivlepingu artiklis 46 ette nähtud puhkuse kestus võib suuresti varieeruda, ulatudes poolteisest kuust kuni kahe aasta ja kolme kuuni. See kestus võib seega olla oluliselt pikem kui 16 nädala pikkune seadusjärgne rasedus- ja sünnituspuhkus, mis on nähtud ette tööseadustiku artiklis L. 1225‑17, ja millele on viidatud kollektiivlepingu artiklis 45. Lisaks, kui puhkus on võetud üheks või kaheks aastaks, on see „palgata“, mis ei näi tagavat naistöötajale töötasu säilimist ja/või õigust piisavale toetusele, mis on direktiivi 92/85 artikli 11 punkti 2 järgi rasedus- ja sünnituspuhkuse puhul nõutav tingimus. Kõiki eeltoodud kaalutlusi arvesse võttes tuleb esitatud küsimusele vastata, et direktiivi 2006/54 artikleid 14 ja 28 koostoimes direktiiviga 92/85 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus riigisisese kollektiivlepingu säte, mis annab naistöötajatele, kes kasvatavad oma last ise, õiguse puhkusele pärast seadusjärgse rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist, tingimusel et lisapuhkuse eesmärk on sisuliselt ema kaitse nii raseduse tagajärgede kui ka emaduse seisukohast, mida tuleb kontrollida eelotsusetaotluse esitanud kohtul, võttes seejuures muu hulgas arvesse selle puhkuse saamise tingimusi, puhkuse kestust ja kasutamise korda ning sellega seotud õiguskaitse taset. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus pooleli oleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (esimene koda) otsustab: Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. juuli 2006. aasta direktiivi 2006/54/EÜ meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes artikleid 14 ja 28 koostoimes nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiviga 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus riigisisese kollektiivlepingu säte, mis annab naistöötajatele, kes kasvatavad oma last ise, õiguse puhkusele pärast seadusjärgse rasedus- ja sünnituspuhkuse lõppemist, tingimusel et lisapuhkuse eesmärk on sisuliselt ema kaitse – nii raseduse tagajärgede kui ka emaduse seisukohast, mida tuleb kontrollida eelotsusetaotluse esitanud kohtul, võttes seejuures muu hulgas arvesse selle puhkuse saamise tingimusi, puhkuse kestust ja kasutamise korda ning sellega seotud õiguskaitse taset. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: prantsuse.

61987CJ0058

en

Grounds 1 By an order of 21 January 1987, which was received at the Court on 25 February 1987, the Bundessozialgericht referred to the Court for a preliminary ruling under Article 177 of the EEC Treaty a question on the interpretation of Article 71 ( 1 ) ( a ) ( ii ) of amended Council Regulation No 1408/71 of 14 June 1971 on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to members of their families moving within the Community ( Official Journal 1983, L 230, p . 8 ), in order to determine the competent institution for taking into account, for the purpose of calculating pension rights, periods of full unemployment completed by a frontier worker . 2 This question arose in the context of proceedings between Mr Josef Rebmann and the Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte . 3 The main proceedings relate to the taking into consideration of a frontier worker' s period of full unemployment for the purpose of the calculation of a pension . The plaintiff in the main proceedings, Josef Rebmann, was born in 1920, lives in Kleinblittersdorf ( Federal Republic of Germany ), is of German nationality and has always resided in Germany . From 1 August 1959 to 30 June 1972 he worked in France as a frontier worker and, during that period, paid contributions to the French social security scheme . He then became wholly unemployed and the French employment services, to which he applied, referred him to the Saarbruecken employment office which paid him benefit in pursuance of the Arbeitsfoerderungsgesetz ( Employment Assistance Law ) from 13 July 1972 to 31 July 1974 . Subsequently, Mr Rebmann was subject to the German social security scheme, in accordance with that country' s legislation, after finding employment there . 4 Since December 1980 Mr Rebmann has been in receipt of a pension under the French social security scheme and, by a decision of 10 December 1980 of the Bundesversicherungsanstalt fuer Angestellte, Mr Rebmann was granted a general disability pension, in the calculation of which, however, the period of unemployment from July 1972 to July 1974 was not taken into account . According to the order making the reference, the complaint, the action and the appeal brought by Mr Rebmann against that decision were dismissed on the grounds that a period of unemployment constitutes an interrupting period within the meaning of Paragraph 36 ( 1 ) ( 3 ) of the Angestelltenversicherungsgesetz ( Insurance Law for Clerical Staff, hereinafter called the "AVG "), only when it interrupts a period of employment governed by the German social security scheme, that the interrupting periods are deemed in such a case to take the place of a German contribution period, so that only the interruption of a German contribution period can give rise to an interrupting period . 5 Mr Rebmann appealed on a point of law to the Bundessozialgericht, claiming a breach of the provisions of Paragraph 36 of the AVG in conjunction with Article 71 ( 1 ) ( a ) ( ii ) of Council Regulation No 1408/71 . According to the appellant, Mr Rebmann, no account was taken of the fact that, under the aforementioned provision of Community law, on becoming wholly unemployed, he was entitled to claim benefits only in his State of residence and was obliged to make himself available to the employment authorities of that State . It followed that it was likewise for the State of residence to take into account,in calculating pension rights, periods of unemployment completed by him and to treat him as if he had been subject to the legislation of that State during his last employment before he became unemployed . Otherwise, his pension rights would be adversely affected merely because under Community law he was able to spend periods of unemployment only in his State of residence . 6 Since it considered that the proceedings involved an interpretation of the Community legislation in question, the Bundessozialgericht referred the following question to the Court of Justice for a preliminary ruling : "Which institution, that of the State of residence or that of the State of employment, is competent to take into consideration for the purpose of determining pension rights, periods of full unemployment of a frontier worker who was obliged under Article 71 ( 1 ) ( a ) ( ii ) of Regulation No 1408/71 to claim benefits in his State of residence and to report to the employment authorities of that State? In particular : ( a ) Does it follow from Article 71 ( 1 ) ( a ) ( ii ) of Regulation No 1408/71 that periods of full unemployment spent by a frontier worker in his State of residence are also to be taken into account under that State' s pension legislation as if that legislation had applied to him during his last employment? or ( b ) Are a frontier worker' s periods of full employment to be taken into account under the pensions legislation of the State of employment as if the legislation of that State had applied to him while he was wholly unemployed? or ( c ) Is a frontier worker entitled to choose whether he wishes periods of full unemployment to be taken into account for the purposes of determining pension rights by the institution of the State of residence or the institutions of the State of employment?" 7 Reference is made to the Report for the Hearing for a fuller account of the facts of the case, the course of the procedure and the observations submitted to the Court pursuant to Article 20 of the Protocol on the Statute of the Court of Justice of the EEC, which are mentioned or discussed hereinafter only in so far as is necessary for the reasoning of the Court . 8 In its question, the national court essentially asks whether, in calculating pension rights, periods of full unemployment spent by a frontier worker must be taken into account under the legislation relating to pension rights of the State of residence or of the State of employment, or whether the frontier worker has the right to choose between those two attachments . 9 The existence of a choice between the two attachments cannot be accepted . As the Court pointed out in its judgment of 12 June 1986 in Case 1/85 Miethe (( 1986 )) ECR 1846, such a solution would run counter to the sense of Regulation No 1408/71 which, according to the fifth recital in its preamble, is intended to coordinate national systems of social security legislation within the framework of the freedom of movement of workers who are nationals of Member States . In the context of that coordination, which is intended to establish the criteria for the application of the various national systems and to distribute the burdens between the various national systems, the determination of the relevant applicable legislation cannot depend on a choice made by the beneficiary . 10 As regards the reply to be given, it should first be noted, as all the participants in the proceedings before the Court concede, that Regulation No 1408/71 contains no provision which explicitly states under which national law and by the competent authority of which State periods of full unemployment must be taken into account for the purpose of calculating pension rights in the case of a frontier worker . 11 In the absence of a specific provision in Regulation No 1408/71, the solution must be sought in the general spirit and intendment of the regulation, since it is designed to govern exhaustively the system of social security laid down in Article 51 of the EEC Treaty as regards the free movement of workers . 12 As appears from the preamble to Regulation No 1408/71, the rules relating to coordination adopted with a view to the application of Article 51 of the EEC Treaty, seek to secure within the Community, first, equality of treatment for all nationals of the Member States with regard to the various national laws and, secondly, the provision of social security benefits to workers, whatever may be their place of work or residence . 13 As regards the particular case of frontier workers, Regulation No 1408/71 sought to realize those objectives by providing in Article 13 ( 2 ) ( a ) that their situation should be governed in principle by the legislation of the State of employment . To that general rule of attachment exceptions are provided in Article 25 ( 2 ) for sickness or maternity benefits, in Article 39 for invalidity benefit, and in Article 71 for unemployment benefit . 14 Those specific attachments to the social security system of the State of residence are based on considerations of social policy and practical efficacy . More particularly, the provision contained in Article 71, which makes the State of residence liable to pay unemployment benefit, is concerned to avoid the practical drawbacks which a frontier worker would suffer by being attached to the State of employment . His obligation to make and keep himself available to the employment services may in fact be performed more easily in the State of residence . Moreover, the authorities of that State are in a better position to pay unemployment benefit, by ensuring that the person concerned satisfies the conditions for the receipt of the benefit, at the same time facilitating his return to employment . 15 It thus appears that Regulation No 1408/71 derogates from the general rule of attachment to the State of employment only in specific situations and on grounds of practicality and efficacy which render attachment to the State of residence more appropriate and more in conformity with the interests of frontier workers . 16 To extend such derogations to situations which are not expressly provided for could be contemplated only if those situations were closely connected with those mentioned in Regulation No 1408/71 and an extension was dictated by identical considerations . 17 That cannot, however, apply to the taking into account of periods of full unemployment for the purpose of calculating pension rights . 18 The objective laid down by Article 51 of the Treaty consists in ensuring the aggregation of all periods of working activity, to which periods of involuntary unemployment in respect of which benefit is paid must be assimilated ( see judgment of 9 July 1975 in Case 20/75 D' Amico (( 1975 )) ECR 891 ), whilst securing to migrant workers the taking into consideration of all their rights, whatever may be the country in which they were acquired . 19 No consideration based on the necessities inherent in the realization of that objective requires a derogation from the general rule of attachment laid down by Article 13 ( 2 ) ( a ) of Regulation No 1408/71 and it does not appear that considerations analogous to those which govern the specific cases of attachment provided for in the regulation may be relied on to justify derogation . Accordingly, in the absence of a specific provision, the taking into account of a frontier worker' s periods of full unemployment for the purpose of calculating pension rights falls under the general rule which causes the situation of frontier workers to be governed in principle by the law of the State of employment . It is moreover in that State that the frontier worker will normally have acquired pension rights which the periods in question may supplement . On the other hand, it is not certain that, in the State of residence, the frontier worker will have been able to acquire such rights, which will in particular be the case when he has never pursued there any activities subject to affiliation to a social security scheme . 20 The reply to be given to the question put by the national court should therefore be that Council Regulation No 1408/71 must be interpreted as meaning that periods of full unemployment completed by a frontier worker who, under Article 71 ( 1 ) ( a ) ( ii ) of Regulation No 1408/71, received unemployment benefit in accordance with the legislative provisions of the Member State in whose territory he resided must be taken into account in determining pension rights under the legislation of the Member State in which he worked immediately before becoming unemployed . Decision on costs Costs 21 The costs incurred by the Government of the Netherlands, the Government of Italy and the Commission of the European Communities, which submitted observations to the Court, are not recoverable . As these proceedings are, in so far as the parties to the main proceedings are concerned, in the nature of a step in the proceedings pending before the national court, the decision on costs is a matter for that Court . Operative part On those grounds, THE COURT ( Fifth Chamber ), in answer to the question referred to it by the Bundessozialgericht by order of 21 January 1987, hereby rules : Council Regulation No 1408/71 of 14 June 1971, as amended, on the application of social security schemes to employed persons, to self-employed persons and to their families moving within the Communities must be interpreted as meaning that the periods of full unemployment completed by a frontier worker who, under Article 71 ( 1 ) ( a ) ( ii ) of Regulation No 1408/71, received unemployment benefit in accordance with the legislative provisions of the Member State in whose territory he resided must be taken into account as regards pension rights in accordance with the legislation of the State in which he worked immediately before becoming unemployed .

62005FJ0101

fr

Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 20 octobre 2005, M me Grünheid a demandé l’annulation de la décision du 6 octobre 2004 par laquelle la Commission des Communautés européennes l’a titularisée dans son emploi, en ce que cette décision mentionne le classement au grade A*8, ainsi que de la décision du 6 juillet 2005 portant rejet de sa réclamation. Cadre juridique Aux termes de l’article 25, deuxième et troisième alinéas, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel qu’applicable à l’époque des faits : « Toute décision individuelle prise en application du présent statut doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé. Toute décision faisant grief doit être motivée. Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion […] sont publiées dans l’institution dont il relève. La publication est accessible à tout le personnel pendant une période appropriée. » L’article 26 du statut prévoit : « Le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir : a)      toutes pièces intéressant sa situation administrative et tous rapports concernant sa compétence, son rendement ou son comportement ; b)      […] Toute pièce doit être enregistrée, numérotée et classée sans discontinuité ; l’institution ne peut opposer à un fonctionnaire ni alléguer contre lui des pièces visées au point a), si elles ne lui sont pas communiquées avant classement. La communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire. […] » L’article 31 du statut dispose : « 1.      Les candidats ainsi choisis sont nommés : –        au grade de base de leur catégorie ou de leur cadre, –        […] 2.      Toutefois, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger aux dispositions visées ci-avant dans les limites suivantes : a)      […] b)      pour les autres grades [autres que les grades A 1, A 2, A 3, et LA 3], à raison : –      d’un tiers s’il s’agit de postes rendus disponibles, –      de la moitié s’il s’agit de postes nouvellement créés. Sauf pour le grade LA 3, cette disposition s’applique par série de six emplois à pourvoir dans chaque grade. » Le 1 er septembre 1983, la Commission a adopté une décision relative aux critères applicables à la nomination en grade et au classement en échelon lors du recrutement, publiée aux Informations administratives n° 420, du 21 octobre 1983 (ci-après la « décision de 1983 »). L’article 2 de cette décision, modifié par décision du 7 février 1996 à la suite de l’arrêt du Tribunal de première instance du 5 octobre 1995, Alexopoulou/Commission (T‑17/95, RecFP p. I‑A‑227 et II‑683), prévoit : « […] L’autorité investie du pouvoir de nomination nomme le fonctionnaire stagiaire au grade de base de la carrière pour laquelle il est recruté. Par exception à ce principe, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de nommer le fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière, lorsque des besoins spécifiques du service exigent le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou lorsque la personne recrutée possède des qualifications exceptionnelles. […] » La Commission a élaboré un document intitulé « Guide administratif », comportant des informations relatives au classement des nouveaux fonctionnaires. Ce guide énumère notamment les indices sur la base desquels l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») peut décider de nommer un fonctionnaire stagiaire au grade supérieur de la carrière pour laquelle il a été recruté. Ces indices, qui complètent les deux critères énumérés dans la décision de 1983, sont les suivants : « –      niveau et pertinence des qualifications et diplômes autres que ceux permettant d’ores et déjà d’accéder à la catégorie ; –        niveau et qualité de l’expérience professionnelle, pour autant qu’elle réponde aux besoins de la Commission (qualité de l’expérience, niveau de responsabilité, complexité et difficultés inhérentes aux postes concernés, expérience de la gestion, responsabilités financières, etc.) ; –        durée de l’expérience professionnelle en liaison avec le poste proposé ; –        pertinence de l’expérience professionnelle pour le poste à pourvoir au sein de la Commission ; –        particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises (pénurie de personnel qualifié, en particulier) ». Faits à l’origine du litige La requérante est lauréate du concours COM/A/10/01, organisé pour le recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans le domaine du droit (JO 2001 C 240 A, p. 21). À la suite de la publication de l’avis de vacance COM/2003/1616/F, elle a, par décision de l’AIPN du 12 décembre 2003, été affectée, avec effet au 1 er décembre 2003, au service juridique de la Commission au sein de l’équipe « Justice et affaires intérieures » (ci-après l’« équipe JAI »), avec un classement provisoirement fixé au grade A 7, échelon 1. L’avis de vacance COM/2003/1616/F décrivait les fonctions attachées à l’emploi comme suit : « Accomplissement, sur base de directives générales, de tâches de conception, d’études et de contrôle juridique, notamment : participer à l’étude de tous les problèmes juridiques pouvant se poser à l’égard des traités, soit dans les différentes législations nationales, à propos de l’activité de la Commission ; participer à la défense des intérêts de la Commission dans le contentieux devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance. » Avant son recrutement au sein de la Commission, la requérante avait successivement accompli des activités en qualité : –        de référendaire juridique (Rechtsreferendarin) d’octobre 1991 à mai 1994, –        de collaboratrice indépendante au sein d’un cabinet d’avocats de mai à août 1994, –        de procureur (Staatsanwältin) auprès du Landgericht Bamberg (Allemagne) de septembre 1994 à juillet 1996, –        d’administrateur au ministère fédéral de la Justice à Bonn, au sein de l’unité « Coopération européenne et multilatérale en matière pénale » d’août 1996 à juillet 1999, –        de juge au Landgericht München I (Zivilkammer) d’août 1999 à août 2001, –        d’expert national détaché auprès du service juridique de la Commission, au sein de l’équipe JAI de septembre 2001 à novembre 2003. Par décision du 20 juillet 2004 (ci-après la « décision de classement »), l’AIPN a procédé au classement définitif de la requérante au grade A 7, échelon 3, devenu A*8 conformément à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe XIII du statut, tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1). La requérante a perçu, avec son traitement du mois de juillet 2004, les arriérés dus en raison de la régularisation de son classement en échelon. Par décision du 6 octobre 2004, notifiée à la requérante le 18 novembre suivant, l’AIPN a titularisé la requérante dans ses fonctions. Le 18 février 2005, cette dernière a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut à l’encontre de la décision du 6 octobre 2004, et demandé son reclassement au grade A 6 (devenu A*10), grade supérieur de la carrière, en application de l’article 31, paragraphe 2, du statut. Par décision du 17 juin 2005, réceptionnée le 23 juin suivant, l’AIPN a rejeté la réclamation de la requérante. Après avoir contesté la recevabilité de la réclamation pour tardiveté, elle a considéré en substance, sur le fond, que ni les qualifications professionnelles (en particulier, la durée de l’expérience professionnelle évaluée à neuf ans et trois mois) ni les besoins spécifiques du service ne pouvaient justifier la décision exceptionnelle de procéder au reclassement au grade supérieur. La requérante a demandé auprès de la direction générale (DG) « Personnel et administration », par courrier électronique du 29 juin 2005, une copie de la décision de classement, à laquelle l’AIPN faisait référence dans la décision de rejet, au motif qu’elle ne l’aurait jamais reçue. À l’audience, la Commission a expliqué qu’une décision, telle que la décision de classement, était notifiée à son destinataire avec un accusé de réception. En l’espèce, aucun accusé de réception n’a été renvoyé au service expéditeur, lequel, selon la Commission, n’aurait tiré aucune conséquence de cette omission, si tant est que la décision de classement ait effectivement été notifiée à la requérante. Dans une note adressée le 30 juin 2005, par voie électronique, à M. S. Rating, chef de l’unité « Recours » de la même direction générale, la requérante a également mis en cause certaines erreurs concernant le calcul de la durée de son expérience professionnelle. Par décision du 6 juillet 2005, réceptionnée le 12 juillet suivant, l’AIPN a annulé et remplacé la décision du 17 juin 2005, ainsi que confirmé le rejet de la réclamation, tout en prenant en considération une durée plus longue d’expérience professionnelle dont pouvait se prévaloir la requérante, à savoir douze ans et trois mois. Procédure et conclusions des parties Le présent recours a été initialement enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑388/05. Par ordonnance du 15 décembre 2005, le Tribunal de première instance, en application de l’article 3, paragraphe 3, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), a renvoyé la présente affaire devant le Tribunal. Le recours a été enregistré au greffe de ce dernier sous le numéro F‑101/05. La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        déclarer son recours recevable, –        annuler la décision du 6 octobre 2004, –        annuler la décision du 6 juillet 2005, –        condamner la partie défenderesse aux dépens. La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal : –        rejeter le recours comme manifestement irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme non fondé, –        statuer sur les dépens comme de droit. Le Tribunal a entendu les parties en leurs plaidoiries à l’audience qui a eu lieu le 6 avril 2006. Sur la recevabilité du recours Arguments des parties La requérante demande l’annulation de la décision de titularisation en ce qu’elle fait apparaître son classement au grade A*8, alors qu’elle serait en droit de bénéficier d’un classement au grade supérieur de la carrière, en application de l’article 31, paragraphe 2, du statut. La partie défenderesse estime que le recours est irrecevable au motif qu’il ne serait pas dirigé contre un acte faisant grief à la requérante. En effet, la décision de titularisation n’aurait ni pour objet ni pour effet de fixer le classement définitif d’un fonctionnaire. L’indication, dans le dispositif de la décision, du grade de la requérante, ne revêtirait aucun caractère décisionnel, ce qui serait étayé par l’absence de toute référence à l’échelon. De plus, à supposer même que la décision de titularisation puisse revêtir un caractère décisionnel quant au grade du fonctionnaire, une telle décision serait purement confirmative de la décision de classement en grade intervenue précédemment. La Commission estime que la requérante aurait dû introduire une réclamation à l’encontre de la décision de classement dans un délai de trois mois, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, à compter du jour de sa notification ou, en tout cas, au plus tard du jour où elle en a eu connaissance. Or, à supposer même que l’on puisse considérer que le recours est dirigé contre la décision de classement, il serait néanmoins irrecevable du fait de la tardiveté de la réclamation. Si, tout en alléguant avoir communiqué à la requérante la décision de classement, la Commission reconnaît ne pas être en mesure d’apporter la preuve d’une telle notification, il n’en demeurerait pas moins que la requérante avait la possibilité de prendre utilement connaissance de son classement au grade A*8, échelon 3, à la réception de son bulletin de rémunération du mois de juillet 2004. En effet, les bulletins de rémunération de la requérante auraient indiqué à compter de cette date son classement définitif au grade A*8, échelon 3. De plus, elle aurait perçu, au titre des arriérés de rémunération résultant de la régularisation de son classement avec effet rétroactif, une rémunération nette totale pour le mois de juillet 2004 correspondant quasi au double de sa rémunération mensuelle perçue jusqu’alors. Dans ces conditions, la requérante aurait dû introduire sa réclamation dans un délai de trois mois à compter de la réception de son bulletin de rémunération du mois de juillet 2004. Or, ce délai n’aurait pas été respecté en l’espèce. La requérante objecte que la décision de classement ne lui a pas été notifiée, la Commission n’étant d’ailleurs pas en mesure de fournir un quelconque accusé de réception, et qu’elle n’en a pris connaissance qu’à la lecture de la décision de rejet de la réclamation du 17 juin 2005. Par conséquent, elle aurait, par sa réclamation du 18 février 2005, attaqué le « seul acte en sa connaissance portant mention de son classement définitif ». La requérante conteste aussi avoir eu connaissance de la décision de classement à la lecture des fiches de rémunération. Elle soutient qu’une augmentation des montants perçus peut avoir de multiples raisons. En tout état de cause, la communication d’un bulletin de rémunération ne saurait valoir communication d’une décision à caractère individuel, au sens de l’article 25 du statut, telle que celle fixant le classement définitif d’un fonctionnaire nouvellement recruté. La position défendue par la Commission équivaudrait à permettre à l’AIPN de tirer profit de sa propre défaillance pour prétendre à l’irrecevabilité du recours. La requérante tire argument de l’arrêt du Tribunal de première instance du 18 mars 1997, Rasmussen/Commission (T‑35/96, RecFP p. I‑A‑61 et II‑187, point 40), par lequel celui-ci a jugé que « la connaissance d’un acte à laquelle fait référence l’article 90, paragraphe 2, du statut, et qui ouvre le délai de réclamation de trois mois, est la connaissance résultant de la notification ou de la publication d’un tel acte, et non la connaissance à laquelle une personne parvient par des moyens officieux ». De plus, la jurisprudence relative aux bulletins de rémunération, dont la communication serait susceptible de faire courir le délai de réclamation, ne concernerait que des décisions individuelles à caractère pécuniaire, telles que celles relatives aux allocations de foyer ou aux indemnités de dépaysement, ou encore à la répétition d’un indu. Elle ne saurait couvrir une décision de classement. La requérante souligne, enfin, que les services de la DG « Personnel et administration » l’avaient informée que les classements définitifs faisaient l’objet de décisions individuelles, notifiées aux intéressés, susceptibles d’être attaquées par voie de réclamation et qu’il pouvait s’écouler un délai considérable entre le classement provisoire et le classement définitif. Appréciation du Tribunal Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une réclamation administrative et le recours subséquent doivent tous deux être dirigés contre un acte faisant grief au requérant, au sens des articles 90, paragraphe 2, et 91, paragraphe 1, du statut, l’acte faisant grief étant celui qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts du requérant, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celui-ci (arrêts de la Cour du 21 janvier 1987, Stroghili/Cour des comptes, 204/85, Rec. p. 389, point 6 ; ainsi que du Tribunal de première instance du 19 octobre 1995, Obst/Commission, T‑562/93, RecFP p. I‑A‑247 et II‑737, point 23 ; du 6 juin 1996, Baiwir/Commission, T‑391/94, RecFP p. I‑A‑269 et II‑787, point 34, et ordonnance du même Tribunal du 22 mars 2006, Strack/Commission, T‑4/05, non encore publiée au Recueil, point 35). Or, il découle d’une jurisprudence tout aussi constante qu’un acte purement confirmatif ne saurait être qualifié d’acte faisant grief (arrêts du Tribunal de première instance du 3 mars 1994, Cortes Jimenez e.a./Commission, T‑82/92, RecFP p. I‑A‑69 et II‑237, point 14 ; ordonnance du même Tribunal du 27 juin 2000, Plug/Commission, T‑608/97, RecFP p. I‑A‑125 et II‑569, point 23, et arrêt du 17 mars 2004, Lebedef/Commission, T‑175/02, RecFP p. I‑A‑73 et II‑313, point 20). Une décision est purement confirmative lorsqu’elle ne contient aucun élément nouveau par rapport à un acte antérieur et n’a pas été précédée d’un réexamen de la situation de l’intéressé (arrêts de la Cour du 9 mars 1978, Herpels/Commission, 54/77, Rec. p. 585, point 14, et du 10 décembre 1980, Grasselli/Commission, 23/80, Rec. p. 3709, point 18 ; ainsi que du Tribunal de première instance du 21 octobre 1998, Nuñez/Commission, T‑100/96, RecFP p. I‑A‑591 et II‑1779, point 37, et du 15 juillet 2004, Valenzuela Marzo/Commission, T‑384/02, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1035, point 32). Il convient dès lors, en l’espèce, d’examiner si la décision du 6 octobre 2004, par laquelle l’AIPN a titularisé la requérante dans ses fonctions, comporte, s’agissant du classement de cette dernière, des éléments nouveaux et a été précédée d’un réexamen de sa situation ou si elle se limite, au contraire, à confirmer la décision de classement. Ainsi que l’a souligné la Commission, la décision de titularisation ne contient, en ce qui concerne le grade de la requérante, aucun élément nouveau par rapport à la décision de classement. Elle constitue donc, sous cet aspect, un acte purement confirmatif de celle-ci et ne saurait avoir pour effet, comme telle, d’ouvrir, en faveur de la requérante, un nouveau délai de réclamation ou de recours (voir, notamment, arrêt de la Cour du 8 mai 1973, Gunnella/Commission, 33/72, Rec. p. 475, point 11). En conséquence, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, la requérante aurait dû diriger sa réclamation non pas contre la décision de titularisation, acte purement confirmatif, mais contre la décision de classement et ce dans un délai de trois mois à compter du jour de sa notification et, en tout état de cause, au plus tard, à compter du jour où elle en a eu connaissance, la tardiveté de la réclamation entraînant l’irrecevabilité du recours subséquent. Or, la requérante prétend n’avoir eu connaissance de son classement au grade A*8 qu’à la lecture de la décision de titularisation et n’avoir été informée de l’existence de la décision de classement qu’à la lecture de la décision de rejet de la réclamation. Dès lors que la Commission n’est pas en mesure de prouver que la décision de classement a effectivement été notifiée à la requérante ni à plus forte raison de communiquer la date de cette notification, il convient, afin d’apprécier la recevabilité du recours, de déterminer, au regard des circonstances de l’espèce, le moment auquel la requérante a pu utilement prendre connaissance de son classement au grade A*8. En l’espèce, la Commission soutient que la requérante avait déjà pris connaissance de la décision de classement par son bulletin de rémunération du mois de juillet 2004. À cet égard, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision individuelle doit être communiquée par écrit, sans délai, au fonctionnaire intéressé et doit être motivée. Plus particulièrement, l’article 26, premier, deuxième et troisième alinéas, du statut prévoit que le dossier individuel du fonctionnaire doit contenir notamment toute pièce intéressant sa situation administrative, que l’institution ne peut alléguer contre ce dernier des pièces qui ne lui auraient pas été communiquées avant classement et que la communication de toute pièce est certifiée par la signature du fonctionnaire ou, à défaut, faite par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire. Il est vrai que, selon une jurisprudence constante, la communication de la fiche mensuelle de traitement a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque cette fiche fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision. Dans ces conditions seulement, les bulletins de rémunération, transmis mensuellement et contenant le décompte des droits pécuniaires, peuvent constituer des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours (voir notamment, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 février 1974, Schots-Kortner e.a./Conseil, Commission et Parlement, 15/73 à 33/73, 52/73, 53/73, 57/73 à 109/73, 116/73, 117/73, 123/73, 132/73 et 135/73 à 137/73, Rec. p. 177, point 18 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Becret-Danieau e.a./Parlement, T‑232/97, RecFP p. I‑A‑157 et II‑495, points 31 et 32 ; arrêts du même Tribunal du 18 septembre 2003, Lebedef e.a./Commission, T‑221/02, RecFP p. I‑A‑211 et II‑1037, point 24 ; du 16 février 2005, Reggimenti/Parlement, T‑354/03, non encore publié au Recueil, points 38 et 39). Toutefois, il importe de souligner que cette dernière jurisprudence a concerné, pour l’essentiel, des contestations portant sur la fixation de coefficients correcteurs, l’adaptation annuelle des rémunérations, le remboursement forfaitaire de frais de voyage, le refus du bénéfice d’indemnités de dépaysement ou d’intérêts de rappel de traitement, le prélèvement de retenues en raison d’allocations familiales perçues par ailleurs, de contributions parentales pour les services de crèches ou de la contribution temporaire, ou encore sur l’application d’un taux de conversion de la partie transférable de la rémunération. En l’occurrence, l’existence et la portée des mesures individuelles en cause pouvaient, en raison de leur objet même, clairement ressortir du décompte des sommes versées, contenu dans le bulletin de rémunération adressé individuellement au fonctionnaire intéressé. En outre, les mesures individuelles en cause tendaient le plus souvent à mettre directement en œuvre un nouvel acte de portée générale concernant la fixation de droits pécuniaires, tels une décision modifiant la méthode de calcul des frais de voyage (arrêt Lebedef e.a./Commission, précité), une décision modifiant un barème de contributions parentales pour les services de crèche (arrêt du Tribunal de première instance du 29 janvier 1997, Vanderhaeghen/Commission, T‑297/94, RecFP p. I‑A‑7 et II‑13), un règlement modifiant un coefficient correcteur (arrêt du même Tribunal du 8 novembre 2000, Bareyt e.a./Commission, T‑175/97, RecFP p. I‑A‑229 et II‑1053), un règlement adaptant le montant des rémunérations (arrêt du même Tribunal du 22 juin 1994, Di Marzio et Lebedef/Commission, T‑98/92 et T‑99/92, RecFP p. I‑A‑167 et II‑541) ou un règlement instaurant une contribution exceptionnelle de crise ou une contribution temporaire (arrêts de la Cour du 3 juillet 1985, Abrias e.a./Commission, 3/83, Rec. p. 1995, et du Tribunal de première instance du 22 juin 1994, Rijnoudt et Hocken/Commission, T‑97/92 et T‑111/92, RecFP p. I‑A‑159 et II‑511). D’autres encore découlaient directement de renseignements fournis par le fonctionnaire concerné lui-même, sur la base desquels l’administration avait, par exemple, prélevé le montant d’allocations familiales perçues par ailleurs (ordonnance du Tribunal de première instance du 24 mars 1998, Meyer e.a./Cour de justice, T‑181/97, RecFP p. I‑A‑151 et II‑481). Dans ces différents cas de figure, une décision de portée individuelle n’était pas formellement notifiée à l’intéressé. Or, il en va différemment de la décision par laquelle l’AIPN procède au classement définitif d’un fonctionnaire nouvellement recruté, dont la portée dépasse largement la fixation de droits proprement pécuniaires qu’un bulletin de rémunération a pour objet de concrétiser pour une période donnée. En effet, en premier lieu, la décision de classement définitif tend à déterminer le grade à partir duquel évoluera toute la carrière du fonctionnaire concerné. Elle ne comporte du reste pas nécessairement de conséquences pécuniaires susceptibles d’apparaître dans les bulletins de rémunération subséquents de l’intéressé, dès lors qu’il n’est pas exclu que le classement définitif corresponde au classement provisoire. Certes, le bulletin de rémunération consécutif à l’adoption d’une décision de classement définitif, faisant état de nouveaux grade et échelon ainsi que du versement d’arriérés de traitement à compter de la date d’entrée en fonction de l’intéressé, contient des indications qui ne peuvent, comme telles, passer inaperçues pour un fonctionnaire normalement diligent, ayant un intérêt personnel à vérifier les paiements qui lui sont mensuellement versés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 10 février 1994, White/Commission, T‑107/92, RecFP p. I‑A‑41 et II‑143, points 33 et 38). Toutefois, de telles indications ne sauraient révéler, avec certitude, l’existence et la portée d’une décision fixant définitivement le classement de l’intéressé. En l’espèce, la décision de classement datant du 20 juillet 2004, la régularisation intervenue ce même mois, concomitamment avec le versement de la rémunération, a eu lieu quelques jours avant l’adoption de ladite décision. Le bulletin de rémunération du mois de juillet ne pouvait donc faire apparaître l’existence d’une décision qui n’avait pas encore été formellement prise et la communication dudit bulletin, à elle seule, n’aurait donc pu faire courir le délai de réclamation contre la décision de classement (voir, en ce sens, arrêt Di Marzio et Lebedef/Commission, précité, points 22 à 24). En deuxième lieu, et plus fondamentalement, il ressort de l’économie des règles du statut et, en particulier, des articles 25 et 26 de celui-ci, que les décisions de classement, comme d’ailleurs les décisions de nomination ou de titularisation, doivent être dûment notifiées à l’intéressé et que l’administration ne saurait se borner à l’en informer par la voie d’une simple fiche de salaire ni s’abstenir de veiller à ce que ce type de décision parvienne effectivement à son destinataire. En conséquence, à supposer même qu’il soit établi, en l’espèce, que, à la réception de son bulletin de rémunération du mois d’août 2004, la requérante, en tenant également compte des informations figurant sur celui du mois précédent, disposait de suffisamment de données pour prendre utilement connaissance de l’existence et de la portée de la décision de classement, cette circonstance n’aurait pas pour autant eu pour conséquence de permettre à la Commission de ne pas se conformer, au titre des articles 25 et 26 du statut, à son obligation de notifier à la requérante une décision fixant les conditions essentielles de son recrutement, décision sur laquelle repose l’évolution de toute sa carrière. En l’occurrence, l’AIPN avait notifié à la requérante, lors de son entrée en service, une décision de classement portant la mention « Class. provisoire ». Dans ces conditions, l’intéressée pouvait légitimement s’attendre à ce que la décision de classement définitif lui soit, de la même manière, dûment notifiée et non simplement révélée au moyen d’un bulletin de rémunération. De même, il ressort explicitement du guide administratif relatif au classement des fonctionnaires lauréats d’un concours (accessible sur le site intranet de la DG « Personnel et administration » de la Commission) que les fonctionnaires qui souhaitent obtenir le réexamen de leur classement ont la faculté « d’introduire une réclamation dans les trois mois suivant la date à laquelle la décision de classement définitif les concernant leur a été notifiée », ce qui confirme l’exigence d’une notification en bonne et due forme de ladite décision, une fois adoptée. Or, de façon générale, imposer au fonctionnaire concerné l’obligation d’introduire une réclamation au plus tard dans les trois mois à compter de la réception du bulletin de salaire qui aurait pu lui permettre de prendre utilement connaissance de la décision de classement litigieuse, reviendrait, dans cette hypothèse, à vider de toute substance les articles 25, deuxième alinéa, et 26, deuxième et troisième alinéas, du statut, dont la finalité est précisément de permettre aux fonctionnaires de prendre effectivement connaissance des décisions relatives, notamment, à leur situation administrative et de faire valoir leurs droits garantis par le statut. Il est vrai que, dans son arrêt du 27 juin 1989, Giordani/Commission (200/87, Rec. p. 1877, point 14), la Cour a jugé, à propos du classement en échelon d’un fonctionnaire lors de sa réintégration à la suite d’un congé de convenance personnelle, que, même s’il était regrettable que la Commission ait informé ce dernier d’un élément essentiel de sa réintégration par la voie d’un simple bulletin de salaire et non par la notification de la décision qui avait nécessairement été prise, ce bulletin faisait clairement état de l’existence de ladite décision et, dans ces conditions, aussitôt que l’intéressé avait pu en prendre connaissance, faisait courir le délai de réclamation contre celle-ci. Toutefois, dans le cadre de cette affaire, la décision de réintégration ne précisait pas l’échelon qui avait été attribué au requérant et qui n’était apparu qu’à la réception du bulletin de rémunération. Le requérant n’avait donc pu prendre connaissance de son classement en échelon qu’à compter de cette date, en l’absence de toute décision qui aurait pu lui être notifiée et clairement l’informer de son nouvel échelon. Dans ces conditions, dès lors qu’il entendait contester ce classement, le requérant ne pouvait agir autrement qu’en introduisant une réclamation, puis un recours, à l’encontre de son bulletin de rémunération. En conséquence, l’arrêt Giordani/Commission, précité, ne s’oppose pas à la conclusion selon laquelle, la communication des bulletins de rémunération des mois de juillet et d’août 2004 ne pouvait, en l’espèce, faire courir les délais de réclamation et de recours contre la décision de classement définitif. Enfin, l’article 90, paragraphe 2, du statut, qui prévoit, il est vrai, que le délai de réclamation court à compter « du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a eu connaissance s’il agit d’une mesure de caractère individuel », n’est pas de nature à remettre en cause les considérations qui précèdent. En effet, cette disposition de nature procédurale, destinée à couvrir un grand nombre de situations, doit être interprétée à la lumière des règles fondamentales du statut régissant l’information des fonctionnaires sur les éléments essentiels de leur relation d’emploi et, en particulier, la forme que doit prendre cette information. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la décision de titularisation du 6 octobre 2004, en ce qu’elle fait mention du classement définitif en grade de la requérante, constitue l’acte faisant grief à cet égard, contre lequel la requérante a pu valablement introduire une réclamation dans le délai de trois mois à partir de sa notification, de telle sorte que le présent recours, introduit dans les délais contre le rejet de ladite réclamation, doit être déclaré recevable. Sur le fond À l’appui de son recours, la requérante invoque trois moyens tirés de la violation, premièrement, de l’article 31, paragraphe 2, du statut et de la décision de 1983 ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, du principe d’égalité de traitement et, troisièmement, du principe de protection de la confiance légitime et du devoir de sollicitude. En ce qui concerne le premier moyen Observations liminaires Il y a lieu de rappeler que l’article 31, paragraphe 1, du statut pose comme règle, à laquelle l’administration « peut déroger » dans certaines limites en vertu du paragraphe 2 de cet article, que les fonctionnaires de la catégorie A doivent être recrutés « au grade de base », à savoir, en l’espèce, au grade A 7. Comme la Cour l’a déjà jugé dans son arrêt du 28 mars 1968, Kurrer/Conseil [33/67, Rec. p. 187, p. 202 ; voir également arrêts de la Cour du 6 juin 1985, De Santis/Cour des Comptes, 146/84, Rec. p. 1723, point 9 ; du 1 er juillet 1999, Alexopoulou/Commission, C‑155/98 P, Rec. p. I‑4069, point 33 ; arrêts du Tribunal de première instance du 15 novembre 2005, Righini/Commission, T‑145/04, non encore publié au Recueil, point 43 (pourvoi pendant devant la Cour, C‑57/06 P) ; du 10 mai 2006, R/Commission, T‑331/04, non encore publié au Recueil, point 18, ainsi que arrêt du Tribunal du 26 avril 2006, Falcione/Commission, F‑16/05, non encore publié au Recueil, point 42], l’AIPN doit concilier l’usage du pouvoir qui lui est conféré par ledit article 31, paragraphe 2, avec le respect des exigences qui se dégagent de la notion de « carrière » résultant de l’article 5 et de l’annexe I du statut. Il n’est donc admissible de procéder à des recrutements au grade supérieur d’une carrière qu’à titre exceptionnel. Il est également de jurisprudence constante que les institutions peuvent se fixer des directives internes par souci de transparence, afin de faciliter l’adoption, au cas par cas, de décisions individuelles et pour garantir le respect du principe d’égalité de traitement dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation (arrêts précités Righini/Commission, point 44 ; Falcione/Commission, point 43, et R/Commission, point 19 ; voir également arrêt De Santis/Cour des comptes, précité, point 11). La Commission a ainsi, par sa décision de 1983, comme déjà rappelé au point 5 du présent arrêt, défini les circonstances qui peuvent, à titre exceptionnel, justifier la nomination d’un fonctionnaire au grade supérieur de la carrière. À cet égard, l’article 2 de la décision de 1983 énonce deux critères alternatifs susceptibles d’être pris en considération par l’AIPN aux fins du classement d’un fonctionnaire nouvellement recruté au grade supérieur de la carrière, à savoir, d’une part, les qualifications exceptionnelles de l’intéressé et, d’autre part, les besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié. Le guide administratif complète les deux critères susvisés en énumérant cinq indices. Les trois premiers, qui sont le profil académique, la durée et la qualité de l’expérience professionnelle, permettent d’apprécier l’existence de qualifications exceptionnelles, tandis que les deux derniers, à savoir la pertinence de l’expérience professionnelle de l’intéressé par rapport au poste à pourvoir et les particularités du marché de l’emploi quant aux compétences requises, permettent de circonscrire l’existence de besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un agent particulièrement qualifié. Le Tribunal de première instance, après avoir rappelé que les conditions justifiant le recrutement au grade supérieur de la carrière doivent être interprétées de manière restrictive, en raison du caractère exceptionnel de la faculté de recourir à l’article 31, paragraphe 2, du statut, a déjà jugé que les trois premiers indices susmentionnés, dans l’examen du premier critère, comme les deux derniers indices, dans l’examen du second critère, sont cumulatifs (arrêts du Tribunal de première instance Righini/Commission, précité, point 49, et du 15 mars 2006, Herbillon/Commission, T‑411/03, point 57 ; Valero Jordana/Commission, T‑429/03, point 79 ; Leite Mateus/Commission, T‑10/04, point 35 ; Verborgh/Commission, T‑26/04, point 67, et Kimman/Commission, T‑44/04, point 89, non encore publiés au Recueil ; voir également arrêt Falcione/Commission, précité, point 45). Il convient encore de rappeler qu’il appartient à l’AIPN d’examiner concrètement si un fonctionnaire ou un agent nouvellement recruté qui demande à bénéficier de l’article 31, paragraphe 2, du statut possède des qualifications exceptionnelles ou si les besoins spécifiques d’un service exigent le recrutement d’un fonctionnaire particulièrement qualifié. Ainsi, lorsqu’elle admet que l’un de ces critères est rempli, l’AIPN est tenue de procéder à une appréciation concrète de l’application éventuelle de l’article 31, paragraphe 2, du statut (arrêts du Tribunal de première instance Alexopoulou/Commission, précité, point 21 ; du 26 octobre 2004, Brendel/Commission, T‑55/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1437, point 61 ; R/Commission, précité, point 23, et Falcione/Commission, précité, point 47). Elle peut décider, à ce stade, en tenant compte de l’intérêt du service en général, s’il y a lieu ou non d’octroyer à un fonctionnaire nouvellement recruté un classement au grade supérieur de la carrière. En effet, l’emploi du verbe « pouvoir » audit article 31, paragraphe 2, implique que l’AIPN n’est pas obligée d’appliquer cette disposition et que les fonctionnaires nouvellement recrutés n’ont pas un droit subjectif à un tel classement (ordonnance du Tribunal de première instance du 13 février 1998, Alexopoulou/Commission, T‑195/96, RecFP p. I‑A‑51 et II‑117, point 43 ; arrêts du même Tribunal du 17 décembre 2003, Chawdhry/Commission, T‑133/02, RecFP p. I‑A‑329 et II‑1617, point 44 ; Brendel/Commission, précité, point 61 ; Righini/Commission, précité, point 51 ; Herbillon/Commission, précité, point 67 ; Valero Jordana/Commission, précité, point 91 ; Kimman/Commission, précité, point 94 ; R/Commission, point 24, et Falcione/Commission, précité, point 47). Il résulte de ce qui précède que l’AIPN dispose d’un large pouvoir d’appréciation, dans le cadre fixé par l’article 31 du statut, pour examiner si l’emploi à pourvoir exige le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié ou si ce dernier possède des qualifications exceptionnelles. Elle dispose également d’un pouvoir d’appréciation étendu lorsque, après avoir constaté l’existence de l’une de ces deux situations, elle en examine les conséquences (arrêts précités Righini/Commission, point 52, et Falcione/Commission, point 48). Dans ces conditions, le contrôle juridictionnel d’une décision portant classement en grade ne saurait se substituer à l’appréciation de l’AIPN. Le juge communautaire doit, en conséquence, se limiter à vérifier qu’il n’y a pas eu violation des formes substantielles, que l’AIPN n’a pas fondé sa décision sur des faits matériels inexacts ou incomplets ou que la décision n’est pas entachée d’un détournement de pouvoir, d’une erreur de droit ou d’une insuffisance de motivation. Enfin, il convient de vérifier si l’AIPN n’a pas usé de son pouvoir de manière manifestement erronée (arrêts du Tribunal de première instance du 3 octobre 2002, Platte/Commission, T‑6/02, RecFP p. I‑A‑189 et II‑973, point 36 ; Chawdhry/Commission, précité, point 45 ; Brendel/Commission, précité, point 60 ; Righini/Commission, précité, point 53 ; R/Commission, précité, point 26, et Falcione/Commission, précité, point 49). C’est au regard de ces principes qu’il y a lieu, dès lors, d’examiner le bien-fondé du premier moyen. Arguments des parties Le premier moyen est subdivisé en trois branches. Dans la première branche de ce moyen, la requérante fait grief à la Commission d’avoir méconnu le caractère alternatif, et non cumulatif, des deux hypothèses visées à l’article 2 de la décision de 1983, qui permettent le classement d’un fonctionnaire, lors de son entrée en service, au grade supérieur de la carrière. Ainsi, s’agissant de l’hypothèse relative aux besoins spécifiques du service, seuls deux indices devraient être pris en considération, à savoir la pertinence de l’expérience professionnelle pour le poste à pourvoir et les particularités du marché de l’emploi au regard des compétences requises. Or, il aurait suffi à l’AIPN de constater que l’expérience professionnelle de la requérante était particulièrement pertinente et que son profil professionnel sur le marché était exceptionnel pour la classer au grade supérieur de la carrière. Dans la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait grief à la partie défenderesse de s’être appuyée sur des éléments de caractère abstrait, sans avoir examiné concrètement sa situation au regard des différents critères et indices retenus par la Commission pour l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, ce qui aurait rendu tout contrôle juridictionnel impossible. La requérante estime que, en l’espèce, en examinant superficiellement son dossier et en comparant, sur la base d’éléments manifestement inexacts, ses qualifications au profil moyen des lauréats de concours, l’AIPN aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Dans la troisième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir qu’elle remplit, en tout état de cause, les conditions posées par les cinq indices énoncés par le guide administratif et relève donc des deux hypothèses dans lesquelles un fonctionnaire nouvellement recruté peut être classé au grade supérieur de la carrière. En effet, s’agissant, d’une part, des trois indices portant sur les qualifications professionnelles, la requérante, qui a étudié le droit ainsi que les langues française et anglaise aux universités de Passau (Allemagne) et de Lausanne (Suisse), fait valoir, premièrement, qu’elle détient un profil académique exceptionnel eu égard à l’excellence de ses résultats (mention « bien » lors de son premier examen d’État, obtenu à l’université de Passau, et note « pleinement satisfaisant », lors de son second examen d’État obtenu à la même université). Deuxièmement, la requérante se prévaut de douze ans et trois mois d’expérience professionnelle, laquelle serait plus élevée que celle détenue par des collègues masculins du service juridique de la Commission, pourtant classés au grade A 6 lors de leur recrutement. Elle ajoute que la durée minimale requise pour se porter candidat à un concours à un emploi relevant de la carrière A 5/A 4 serait précisément de douze ans et que la durée minimale requise pour l’obtention du grade A 7 serait seulement de trois ans. Même si l’AIPN a retiré sa décision initiale du 17 juin 2005 et l’a remplacée par celle du 6 juillet 2005, rectifiant ainsi l’erreur commise quant à la durée de l’expérience professionnelle de la requérante, en l’augmentant de trois années, cette dernière décision ne serait qu’une simple reproduction de la première, sans qu’il ait été effectivement procédé à une nouvelle appréciation à la suite de cette erreur. Troisièmement, quant à la qualité de son expérience professionnelle, retracée au point 9 du présent arrêt, la requérante souligne sa pertinence exceptionnelle pour l’exercice des fonctions pour lesquelles elle a été recrutée à la Commission, dès lors qu’elle est aujourd’hui responsable des questions juridiques dans les domaines de la coopération judiciaire civile et pénale ainsi qu’en matière de coopération policière. À l’appui de son affirmation, elle produit notamment le rapport d’évaluation du Landgericht München I, pour la période allant du 1 er janvier 2001 au 31 décembre 2003, pendant laquelle elle était détachée au service juridique de la Commission en qualité d’expert national. S’agissant, d’autre part, des deux autres indices se rapportant aux besoins spécifiques du service, la requérante souligne, en premier lieu, que les développements du droit pénal européen depuis l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et la création d’une nouvelle direction générale « Justice et affaires intérieures » et de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) auraient entraîné la nécessité de renforcer les effectifs possédant les qualifications et l’expérience nécessaires en la matière. Le besoin de recruter un juriste spécialisé dans le domaine du droit pénal aurait été particulièrement impératif et urgent au sein du service juridique eu égard au volume de travail généré par la DG « Justice et affaires intérieures » ainsi que par l’OLAF. La décision du 6 juillet 2005 ne mentionnerait aucunement cet état de fait évident et serait donc pour ce motif entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante pour le poste qu’elle occupe serait manifeste. L’avis de vacance COM/2003/1616/F, qui contiendrait, il est vrai, un descriptif libellé dans des termes généraux, sans mention d’exigences particulières, ne saurait être pris en considération pour nier le caractère exceptionnel et particulièrement pertinent de l’expérience détenue par la requérante. Les avis de vacance du service juridique seraient toujours libellés de la sorte en raison du caractère horizontal de cette direction générale, dont le fonctionnement reposerait sur une grande flexibilité de ses services. En l’espèce, il serait constant que la requérante a précisément été détachée, puis recrutée, en raison de ses compétences exceptionnelles en matière de coopération judiciaire civile et pénale et de coopération policière. En tirant argument de la rédaction générale de l’avis de vacance en cause et en privant ainsi les fonctionnaires recrutés par le service juridique de toute possibilité de bénéficier de l’article 31, paragraphe 2, du statut, la décision du 6 juillet 2005 serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’AIPN n’aurait pas concrètement examiné la pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante par rapport au poste à pourvoir au sein de l’équipe JAI. En second lieu, selon la requérante, la rareté de son profil professionnel sur le marché du travail aurait été soulignée par le directeur général du service juridique de la Commission, qui aurait également fait appel à ses connaissances pour former des collègues. La partie défenderesse conteste, tout d’abord, avoir confondu les deux critères énoncés à l’article 2 de la décision de 1983. L’AIPN aurait, dans sa décision de rejet de la réclamation, expressément souligné leur caractère alternatif, en examinant scrupuleusement les cinq indices dégagés dans le guide administratif, tels que répartis entre les deux critères. Ensuite, l’AIPN aurait bien examiné concrètement la situation de la requérante, ainsi qu’en témoigneraient son classement définitif au grade A 7, échelon 3, l’organisation d’une réunion interservices, au cours de laquelle la requérante a pu être entendue, et la motivation circonstanciée de la décision de rejet de la réclamation. L’effectivité de cet examen ne saurait nullement être mise en doute du fait de l’erreur matérielle contenue dans la première décision de rejet de la réclamation. En tout état de cause, la durée de l’expérience professionnelle ne constituerait qu’un indice sur trois dans le cadre du premier critère pouvant amener l’AIPN à reclasser un fonctionnaire au grade supérieur de la carrière. Quant à l’appréciation proprement dite des différents indices dégagés dans le guide administratif, la partie défenderesse rappelle, à titre liminaire, qu’il est de jurisprudence constante que les fonctionnaires nouvellement recrutés, même s’ils réunissent les conditions pour pouvoir être classés au grade supérieur, n’ont pas pour autant un droit subjectif à un tel classement (voir, en dernier lieu, arrêts du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Wasmeier/Commission, T‑381/00, RecFP p. I‑A‑125 et II‑677, point 92, et Righini/Commission, précité, point 51). S’agissant, d’une part, des trois indices relatifs aux qualifications exceptionnelles, lesquelles devraient être appréciées par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constitueraient déjà une population très sévèrement sélectionnée, conformément aux exigences de l’article 27 du statut, la Commission considère le profil académique d’un candidat comme exceptionnel notamment lorsque ce dernier possède des diplômes universitaires sanctionnant, dans deux domaines, des études de cycle long ou lorsqu’il possède un doctorat de recherche. La détention de diplômes universitaires de troisième cycle ou obtenus dans plusieurs universités permettrait également de conclure à l’existence d’un profil académique exceptionnel. Or, au-delà des premier et deuxième examens d’État, le premier permettant d’accéder à la catégorie A en vertu de l’article 5 du statut et le second étant assez courant parmi les juristes allemands, la requérante ne pourrait pas se prévaloir d’autres diplômes. En ne considérant pas le profil académique de M me Grünheid comme exceptionnel, l’AIPN n’aurait donc pas commis d’erreur manifeste d’appréciation. Quant à la durée de l’expérience professionnelle, la partie défenderesse souligne que l’AIPN, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, a fixé à quatorze années la durée requise pour que l’expérience professionnelle puisse être considérée comme exceptionnelle. Cette durée n’aurait rien d’arbitraire, eu égard au profil des lauréats de concours à des emplois relevant de la carrière A 7/A 6. La partie défenderesse rappelle à cet égard que les conditions de recrutement prévues par les avis de concours prévoient une durée d’expérience professionnelle minimale pour un classement au premier échelon du grade de base de la carrière, soit trois ans pour le grade A 7 et douze ans pour le grade A 5. Ces règles ne permettraient pas de conclure au caractère exceptionnel de la durée d’expérience professionnelle de la requérante (arrêt Chawdhry/Commission, précité, point 82). En considérant comme non exceptionnelle la durée d’expérience professionnelle de douze ans et trois mois détenue par la requérante, l’AIPN n’aurait donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Quant à la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante, la partie défenderesse observe que les fonctions de procureur et de juge au Landgericht font partie d’une carrière normale dans la magistrature dans le Land de Bavière et que celles de chef d’unité adjoint, au sein du ministère fédéral de la Justice, sont souvent conférées uniquement au regard de l’ancienneté. Une telle expérience professionnelle ne serait exceptionnelle ni dans l’absolu ni par comparaison avec celle détenue par les autres fonctionnaires de grade A 7, lauréats du même type de concours. De plus, les jugements de valeur, souvent plus circonstanciels, émanant de services autres que l’AIPN n’auraient pas de pertinence à cet égard (voir, en ce sens, arrêt Righini/Commission, précité, point 98). S’agissant, d’autre part, des deux indices relatifs aux besoins spécifiques du service et, en particulier, de la pertinence de l’expérience professionnelle de la requérante par rapport à l’emploi pour lequel elle a été recrutée, la partie défenderesse observe que l’avis de vacance COM/2003/1616/F avait précisément pour objet d’indiquer la nature et les fonctions du poste auquel la requérante a été affectée. Le fait que le profil de la plupart des juristes du service juridique aient correspondu à la même description du poste refléterait bien les particularités de ce service, qui traite de façon horizontale l’ensemble des questions juridiques relevant des compétences de la Commission et qui est responsable de la représentation de cette dernière devant les juridictions communautaires. Dans ces conditions, la seule connaissance d’un domaine trop précis ne saurait être utilisée à long terme et s’opposerait au système de rotation. En l’occurrence, les connaissances et l’expérience professionnelles de la requérante pouvaient, selon la Commission, constituer tout au plus un atout, mais n’étaient pas requises par l’avis de vacance et donc indispensables pour son recrutement. L’AIPN n’aurait donc commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que les qualifications et l’expérience professionnelle de la requérante, dans le domaine de la coopération judiciaire pénale notamment, ne justifiaient pas un classement au grade supérieur de la carrière. Enfin, quant à la particularité du profil de la requérante sur le marché du travail, la partie défenderesse fait valoir qu’elle ne rencontre pas de difficulté particulière à recruter des personnes ayant une formation et une expérience comparables à celles de M me Grünheid. Son profil, même s’il est de haut niveau, ne serait pas rare, beaucoup de juristes au sein du service juridique ayant parcouru une carrière similaire dans leur pays d’origine. La requérante se bornerait à avancer que l’OLAF et un ministère national auraient manifesté leur intérêt à la recruter, sans fournir un quelconque élément de preuve à cet égard. S’il est évident que, à la suite de l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam et de l’attribution de nouvelles compétences à l’Union européenne, les institutions ont eu besoin de recruter comme fonctionnaires des juristes spécialisés dans le domaine pénal, cela ne démontrerait toutefois pas l’existence d’une pénurie du profil présenté par la requérante. Cette dernière serait, du reste, lauréate d’un concours pour juristes sans autres spécifications. Dès lors, l’AIPN n’aurait commis aucune erreur manifeste d’appréciation en estimant que le profil académique de la requérante n’était pas rare. Appréciation du Tribunal En ce qui concerne la première branche du premier moyen, la requérante se contente d’affirmer que l’AIPN a confondu les deux critères d’appréciation énoncés à l’article 2 de la décision de 1983. Or, il suffit de constater que la décision du 6 juillet 2005 portant rejet de la réclamation de la requérante vise explicitement les deux « conditions alternatives » relatives, d’une part, aux qualifications professionnelles du fonctionnaire et, d’autre part, aux besoins spécifiques du service. La circonstance que l’AIPN ait vérifié si chacune de ces conditions était remplie en l’espèce, au regard des différents indices pertinents, n’est pas de nature à démontrer qu’elle ait fait une application « cumulative » de ces critères. Il convient donc de rejeter la première branche du premier moyen. En ce qui concerne les deux autres branches du premier moyen, prises ensemble, il y a lieu de vérifier si la Commission, en refusant de faire application de l’article 31, paragraphe 2, du statut et, donc, de classer l’intéressée au grade supérieur de sa carrière, a apprécié concrètement la situation de celle-ci au regard des critères et indices mentionnés à l’article 2 de la décision de 1983 ainsi que dans le guide administratif et si, comme le soutient la requérante, elle a exercé son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée. –       Sur les qualifications exceptionnelles de la requérante S’agissant du critère portant sur les qualifications exceptionnelles, évaluées à la lumière du profil académique, de la durée et de la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, de telles qualifications doivent être appréciées non pas au regard de la population dans son ensemble, mais par rapport au profil moyen des lauréats de concours, qui constituent déjà une population très sévèrement sélectionnée conformément aux exigences de l’article 27 du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 5 novembre 1997, Barnett/Commission, T‑12/97, RecFP p. I‑A‑313 et II‑863, point 50 ; Platte/Commission, précité, point 38 ; Righini/Commission, précité, point 92 ; Herbillon/Commission, précité, point 62, et R/Commission, précité, point 72). En l’espèce, il convient d’examiner, en premier lieu, si c’est à juste titre que l’AIPN a refusé de considérer comme exceptionnel le profil académique de la requérante. À cet égard, il ressort du dossier que la requérante est titulaire d’un diplôme universitaire de droit (Erste Juristische Staatsprüfung), délivré en juillet 1991 par l’université de Passau, ce qui, selon les conditions de recrutement énoncées dans l’avis de concours, lui a permis d’accéder à la catégorie A, et d’un autre diplôme de droit (Zweite Juristische Staatsprüfung) délivré, en mai 1994, après l’accomplissement d’un « Rechtsreferendariat », requis en Allemagne pour l’accès, notamment, aux professions de magistrat ou d’avocat. La requérante se prévaut également de « certificats » délivrés par la faculté de droit de l’université de Lausanne attestant la réussite, en 1986, à plusieurs examens sanctionnant des cours de droit, ainsi que de certificats de l’université de Passau attestant l’apprentissage du français et de l’anglais. La Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer comme exceptionnel un tel profil académique par rapport au profil moyen de lauréats de concours donnant accès à la carrière A 7/A 6. Il convient de relever, à cet égard, que la requérante n’est pas titulaire d’un doctorat de recherche ni d’un diplôme universitaire de troisième cycle, ce qui, ainsi que le soutient la Commission, aurait pu conduire à la reconnaissance d’un profil académique exceptionnel. En deuxième lieu, s’agissant de la durée de l’expérience professionnelle de la requérante, il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance qu’une personne peut faire valoir de nombreuses années d’expérience professionnelle ne saurait en soi conférer à celle-ci un droit à être nommée au grade supérieur de la carrière (voir arrêts de la Cour du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, Rec. p. I‑3009, point 30 ; du Tribunal de première instance du 6 juillet 1999, Forvass/Commission, T‑203/97, RecFP p. I‑A‑129 et II‑705, point 49 ; Wasmeier/Commission, précité, point 56 ; Valero Jordana/Commission, précité, point 89, et Falcione/Commission, précité, point 55). Par ailleurs, il importe de rappeler que l’AIPN jouit d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, laquelle revêt un caractère exceptionnel. En l’occurrence, la requérante n’a pas établi que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de considérer comme exceptionnelle pour l’accès à un emploi relevant de la carrière A 7/A 6 une durée de douze ans et trois mois d’expérience professionnelle, laquelle a commencé à courir à compter de l’obtention du premier examen d’État. Le seul fait que l’expérience de la requérante est supérieure à la durée minimale exigée pour se présenter à un concours à un emploi relevant de la carrière A 5/A 4 ne suffit pas pour établir le caractère exceptionnel de la durée de cette expérience, laquelle doit s’apprécier par rapport à la durée de l’expérience professionnelle des autres lauréats de concours organisés selon des procédures de sélection comparables. De surcroît, à supposer même que la durée de l’expérience professionnelle de la requérante ait dû être considérée comme exceptionnelle, cette appréciation ne lui donnerait toutefois pas le droit d’être classée au grade supérieur de sa carrière. En effet, d’une part, l’erreur qu’elle allègue n’aurait, en tout état de cause, pas été susceptible d’affecter l’évaluation de son profil académique et, donc, n’aurait pas pu conduire à l’annulation de la décision attaquée sous l’angle de l’appréciation des qualifications professionnelles (voir, en ce sens, arrêts précités Righini/Commission, point 101, et Falcione/Commission, point 56). D’autre part, ainsi qu’il a été rappelé au point 64 du présent arrêt, même si un fonctionnaire nouvellement recruté réunit les conditions d’application pour pouvoir être classé au grade supérieur de sa carrière, il n’a pas pour autant un droit subjectif à un tel classement. Cette appréciation vaut a fortiori pour un fonctionnaire qui ne réunirait pas l’ensemble des critères examinés par l’AIPN dans le cadre de son appréciation portant sur l’existence éventuelle de qualifications exceptionnelles (voir, en ce sens, arrêts précités Valero Jordana/Commission, point 91, et Falcione/Commission, point 56). En troisième lieu, s’agissant du niveau et de la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante, il y a lieu de rappeler qu’une expérience professionnelle doit être évaluée non pas dans l’abstrait, mais en fonction seulement des exigences de l’emploi qui a été confié à l’intéressé lors de son entrée en service (arrêts précités Wasmeier/Commission, points 57, 65 et 125 ; Chawdhry/Commission, point 102, et R/Commission, point 74). Or, en l’espèce, il est constant que l’avis de vacance COM/2003/1616/F prévoyait, de façon générale, l’accomplissement « de tâches de conception, d’études et de contrôle juridique » et notamment la participation « à l’étude de tous les problèmes juridiques pouvant se poser à l’égard des traités », des législations nationales et « à propos de l’activité de la Commission », ainsi que la participation « à la défense des intérêts de la Commission dans le contentieux devant la Cour de justice et le Tribunal de première instance ». Même si les responsabilités de la requérante dans l’exercice de ses précédentes fonctions étaient d’un haut niveau, la Commission n’a toutefois pas usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en considérant qu’elles n’avaient pas un caractère exceptionnel par comparaison à l’expérience professionnelle détenue par les autres fonctionnaires recrutés, au grade A 7, au sein du service juridique de la Commission, sur la base d’un avis de vacance comparable à celui concernant le poste sur lequel la requérante a été recrutée. Les compétences acquises par cette dernière dans le domaine pénal et en matière de coopération judiciaire, du fait de son expérience professionnelle antérieure, lui ont assurément permis de se distinguer des éventuels autres candidats au poste à pourvoir au sein de l’équipe JAI et d’y être recrutée. Toutefois, cette circonstance n’est pas, comme telle, de nature à démontrer le caractère exceptionnel de cette expérience pour un emploi au service juridique de la Commission, lequel service se caractérise par son caractère horizontal et par l’existence d’un système de rotation des juristes entre les différentes équipes. La Commission a d’ailleurs souligné, sans être contredite par la requérante, que beaucoup de juristes de son service juridique avaient parcouru une carrière professionnelle similaire dans la magistrature ou l’administration publique de leur État d’origine. Il ne saurait donc être reproché à l’AIPN de ne pas avoir considéré comme exceptionnels le niveau et la qualité de l’expérience professionnelle de la requérante. –       Sur les besoins spécifiques du service Il y a lieu de rappeler que la possibilité de classer au grade supérieur de la carrière un candidat particulièrement qualifié en raison des besoins spécifiques du service a pour finalité de permettre à l’institution concernée en sa qualité d’employeur de s’attacher les services d’une personne qui risque, dans le contexte du marché du travail, de faire l’objet de sollicitations nombreuses d’autres employeurs potentiels et donc de lui échapper (arrêts précités, Brendel/Commission, point 112, et R/Commission, point 36). À cet égard, la requérante s’est bornée à affirmer que d’autres services de la Commission, tel l’OLAF, ou employeurs, tel le ministère fédéral allemand de l’Intérieur, avaient manifesté leur intérêt à la recruter. Une telle affirmation non étayée n’est pas de nature à démontrer que la requérante risquait, compte tenu de la situation du marché du travail, de ne pas pouvoir être recrutée par la Commission et, en particulier, par son service juridique. En tout état de cause, l’article 31, paragraphe 2, du statut impose une comparaison des qualifications de la requérante avec les exigences du poste auquel elle a été affectée en qualité de fonctionnaire lors de son recrutement. En l’espèce, la requérante ne saurait donc établir une méconnaissance par la Commission des besoins spécifiques du service que si l’avis de concours général COM/A/10/01, l’avis de vacance relatif à son premier emploi ou la nature des fonctions qu’elle a effectivement exercées dans le cadre de cet emploi comportaient des indications en faveur de son classement au grade supérieur de sa carrière (voir, en ce sens, arrêt R/Commission, précité, point 39). Or, s’agissant, en premier lieu, du concours COM/A/10/01 organisé pour le recrutement d’administrateurs (carrière A 7/A 6) dans le domaine du droit, que la requérante a réussi, le texte de l’avis de concours ne comportait aucun élément permettant de conclure que l’un ou l’autre des lauréats serait susceptible, pour les besoins du service, d’être classé au grade A 6. Tout au contraire, cet avis indiquait, au point IX (« conditions de recrutement »), que « [l]e recrutement se fera en principe au grade de base ». Le fait pour la Commission d’avoir organisé ce concours général, loin de revêtir un caractère exceptionnel, signifie seulement qu’il existait un besoin en personnel disposant d’une qualification normale. Au demeurant, ainsi que l’a souligné la requérante elle-même, la Commission avait déjà organisé en 1998 et en 2001 des concours spécifiquement destinés au recrutement d’administrateurs (A 7/A 6), spécialisés dans le domaine de la lutte antifraude (concours COM/A/14/98), et d’administrateurs principaux (A 5/A 4), experts dans ce même domaine, ou encore de juristes spécialisés dans les domaines « justice et affaires intérieures » et « droit civil et pénal » (concours COM/A/15/98 et COM/A/11/01). Il est donc permis de considérer que le besoin allégué de la Commission, particulièrement après l’entrée en vigueur du traité d’Amsterdam, de disposer de spécialistes confirmés en la matière a été plutôt exprimé par ces différents avis de concours que par l’avis COM/A/10/01, auquel a répondu la requérante. De plus, ainsi que l’a observé à juste titre la Commission, l’existence à un moment donné d’un besoin accru de fonctionnaires spécialisés dans le domaine pénal au sein de la Commission ne permet pas, à elle seule, de conclure que l’institution se soit heurtée à des difficultés particulières pour recruter du personnel adapté à l’accomplissement des tâches en cause. S’agissant, en deuxième lieu, de l’avis de vacance COM/2003/1616/F, relatif au premier emploi de la requérante, il ne ressort pas de son texte, ainsi qu’il a été souligné au point 111 du présent arrêt, qu’il existait des besoins spécifiques du service exigeant le recrutement d’un titulaire particulièrement qualifié dans un domaine spécifique et technique. Au contraire, le texte fait plutôt référence au travail d’un juriste polyvalent capable de répondre aux consultations touchant aux différents aspects du droit communautaire, ce qui est, ainsi que l’a observé la Commission, l’une des particularités du travail accompli au sein de son service juridique. De plus, le fait que l’avis de vacance en cause envisageait le classement du titulaire de cet emploi aux grades A 7/A 6 démontre déjà que les besoins du service pouvaient se satisfaire d’un fonctionnaire de grade A 7 (voir, en ce sens, arrêts précités Forvass/Commission, point 48 ; Brendel/Commission, point 113, et R/Commission, point 43). En dernier lieu, quant aux tâches effectivement accomplies par la requérante après sa première affectation au sein de l’équipe JAI du service juridique, force est de constater que, grâce notamment à son expérience professionnelle, la requérante a pu, d’une manière significative, contribuer au rendement de l’équipe, ainsi qu’il ressort à la fois de son rapport de fin de stage de juillet 2004, de son rapport d’évolution de carrière pour la période allant de septembre à décembre 2004 et des appréciations élogieuses de sa hiérarchie. Toutefois, cette constatation ne permet pas de démontrer que, lors du recrutement, les compétences et les qualités de la requérante requises pour l’emploi en cause présentaient un caractère exceptionnel qui aurait justifié un classement au grade A 6. Il ressort de ce qui précède que la requérante n’a pas établi que l’AIPN a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en considérant, dans sa décision rejetant la réclamation, qu’elle ne rencontrait pas de difficultés particulières à recruter des personnes ayant un profil comparable à celui de la requérante et que les compétences et les qualités requises pour l’emploi en cause ne présentaient pas un caractère exceptionnel exigeant le recrutement d’un fonctionnaire particulièrement qualifié. Il résulte de tout ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté. En ce qui concerne le deuxième moyen Arguments des parties La requérante fait valoir que, dans le passé ainsi qu’à la suite du concours COM/A/10/01, des classements au grade supérieur de la carrière A 7/A 6 ont été accordés par l’AIPN à des fonctionnaires dont le profil était manifestement moins exceptionnel ou, à tout le moins, pas plus exceptionnel que le sien. La requérante estime, en particulier, qu’elle a fait l’objet d’un traitement discriminatoire par rapport à quatre collègues masculins du service juridique, MM. K., L., A. et S., ayant réussi le même concours ou un concours comparable et ayant été classés au grade supérieur de la carrière alors que, ainsi qu’il ressort d’une note adressée par le directeur général du service juridique au directeur général de la DG « Personnel et administration », ils se trouvaient « dans des situations comparables ». La requérante souligne notamment que ses collègues avaient une expérience professionnelle moins longue (entre onze ans et six mois et moins de neuf ans), ne présentaient pas un profil rare sur le marché du travail et ne pouvaient se prévaloir que d’une qualité d’expérience professionnelle égale, voire inférieure à la sienne. La requérante a demandé que l’AIPN produise plusieurs pièces, émanant du comité de classement, relatives au classement des quatre collègues susvisés, les décisions de classement prises à leur égard, l’évaluation effectuée par l’AIPN après la réunion interservices du 20 avril 2005 et toute autre pièce concernant le classement de la requérante, établie entre cette dernière réunion et la décision de rejet de la réclamation du 6 juillet 2005. La partie défenderesse rappelle, à titre liminaire, le large pouvoir d’appréciation dont dispose l’AIPN quant à l’évaluation du caractère exceptionnel des qualifications d’un lauréat déterminé et quant à la question de savoir si les besoins du service exigent le recrutement d’une personne particulièrement qualifiée. La circonstance qu’elle ait porté un jugement de valeur qui l’amène à classer tel lauréat au grade supérieur de la carrière et tel autre au grade de base de la carrière ne saurait, en tant que tel, être constitutif d’une discrimination interdite. S’agissant de fonctionnaires nouvellement recrutés, il n’existerait pour ainsi dire jamais de « situations comparables », chaque fonctionnaire ayant un parcours académique et professionnel propre. La partie défenderesse observe que, dans le cadre de l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut, l’AIPN se réfère, pour chaque lauréat, aux mêmes indices pour apprécier s’il y a lieu d’accorder un classement au grade supérieur de la carrière, et procède à l’évaluation avec soin, impartialité, dans l’intérêt du service et conformément au principe d’égalité de traitement. Le Tribunal ne saurait substituer son appréciation à celle de l’AIPN à cet égard. À titre surabondant, la partie défenderesse relève des différences substantielles entre la situation de la requérante, d’une part, et celle des quatre collègues du service juridique, d’autre part. Ainsi, selon la partie défenderesse, M. L. aurait été recruté à une autre période que celle ici en cause, de telle sorte que la comparaison entre leurs profils respectifs serait inopérante (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry, précité, point 76). Ensuite, M. K. aurait eu une triple expérience dans les domaines du droit et du contentieux communautaire, de la rédaction de textes législatifs et du processus décisionnel au sein du Conseil, dès lors qu’il aurait successivement exercé des activités au ministère fédéral de la Justice allemand, où il aurait rapidement été promu Regierungsdirektor, au Tribunal de première instance, en qualité de référendaire, et à la représentation permanente de l’Allemagne auprès de l’Union européenne. M. A. aurait à la fois un profil académique et une qualité d’expérience professionnelle qui se distingueraient de ceux de la requérante, dès lors qu’il possèderait un « Master degree » du Collège d’Europe de Bruges et un diplôme de troisième cycle en droit ; il aurait également été référendaire auprès de la Cour de justice, expérience qui représenterait une plus-value, sous l’aspect du droit communautaire, sensiblement plus grande que celle de procureur ou de juge au niveau national. Enfin, il en irait de même de M. S., qui posséderait un doctorat de recherche en droit, un « Master of law » de la Harvard Law School aux États-Unis et aurait passé sept ans à la Cour de justice en tant que référendaire. En conséquence, l’AIPN n’aurait nullement violé le principe d’égalité de traitement. Appréciation du Tribunal Il est de jurisprudence constante que le principe d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit communautaire. Il y a violation du principe d’égalité lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C‑389/98 P, Rec. p. I‑65, point 54 ; du Tribunal de première instance du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T­‑100/92, RecFP p. I‑A‑83 et II‑275, point 50 ; du 16 avril 1997, Kuchlenz-Winter/Commission, T‑66/95, Rec. p. I‑A‑79 et II‑235, point 55, et du 21 octobre 2005, Herrero Romeu/Commission, T‑298/02, non encore publié au Recueil, point 76). Néanmoins, ainsi qu’il a déjà été relevé au point 110 du présent arrêt, l’évaluation des qualifications exceptionnelles d’un fonctionnaire ne peut être effectuée abstraitement, mais doit se faire au regard du poste pour lequel il est recruté. Or, le Tribunal ne saurait apprécier un moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination en entrant dans une évaluation détaillée des qualifications de candidats comparables, ce qui pourrait le conduire à se substituer à l’AIPN, en méconnaissant ainsi le large pouvoir d’appréciation dont elle dispose (voir, en ce sens, arrêt Brendel/Commission, précité, point 129). De plus, la nature de l’évaluation effectuée cas par cas conformément à l’article 31, paragraphe 2, du statut s’oppose, en principe, à ce qu’un fonctionnaire puisse utilement invoquer une violation de ce principe (arrêts précités Chawdhry/Commission, point 102, et R/Commission, point 104). Pour que le principe de non-discrimination puisse utilement être invoqué, la requérante devrait faire valoir qu’un autre fonctionnaire lauréat du concours général COM/A/10/01 ou d’un concours comparable se trouvant dans une situation substantiellement identique à la sienne a, contrairement à elle, obtenu le classement au grade A 6. Or, s’agissant de la situation des quatre collègues du service juridique, cités par la requérante, la Commission a relevé, sans être contredite par cette dernière, des différences substantielles par rapport à la situation de la requérante, ayant trait soit à la période au cours de laquelle le recrutement a eu lieu, soit au profil académique et à la nature de l’expérience professionnelle des intéressés. Ainsi qu’il a déjà été souligné, le Tribunal ne saurait procéder lui-même à une évaluation détaillée et comparative des qualifications des personnes citées par la requérante sans être amené à se substituer à l’AIPN. En tout état de cause, ainsi qu’il ressort de l’examen du premier moyen, la requérante n’a pas établi que l’AIPN a usé de son pouvoir d’appréciation de manière manifestement erronée en lui refusant l’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut. À supposer même que l’un des collègues cités par la requérante se soit trouvé dans une situation substantiellement identique à la sienne et que l’AIPN ait commis une erreur manifeste d’appréciation en le classant au grade supérieur de la carrière lors de son recrutement, cette circonstance ne saurait, comme telle, justifier un traitement identique en faveur de la requérante, nul ne pouvant invoquer à son profit une pratique illégale commise en faveur d’autrui (voir arrêts du Tribunal de première instance Cortes Jimenez e.a./Commission, précité, point 43 ; du 22 février 2000, Rose/Commission, T‑22/99, RecFP p. I‑A‑27 et II‑115, point 39, et du 13 septembre 2005, Pantoulis/Commission, T‑290/03, non encore publié au Recueil, point 56). En conséquence, et sans qu’il y ait lieu de faire droit aux demandes de production de pièces formulées par la requérante, les éléments du dossier étant suffisants pour permettre au Tribunal de statuer, le deuxième moyen ne peut qu’être rejeté. En ce qui concerne le troisième moyen Arguments des parties La requérante soutient que, sur la base des éléments dont l’AIPN disposait, elle aurait été en droit de s’attendre à être classée au grade A 6 (devenu A*10). Elle ajoute que le devoir de sollicitude implique que l’autorité compétente prenne en considération non seulement l’intérêt du service, mais aussi celui du fonctionnaire concerné. Or, en l’occurrence, l’AIPN aurait méconnu ce devoir en ne procédant pas à une appréciation concrète des critères d’application de l’article 31, paragraphe 2, du statut. La partie défenderesse rétorque que les éléments et informations mis à la disposition de l’AIPN par la requérante ne peuvent pas fonder une confiance légitime en un classement au grade supérieur de la carrière puisqu’ils émanent non pas de l’administration elle-même, mais de la requérante. Quant à la prétendue méconnaissance du devoir de sollicitude, la partie défenderesse relève que l’AIPN a répondu à la réclamation de la requérante tout en procédant à un examen concret de la situation de cette dernière et non sans avoir convoqué une réunion interservices. Le fait de ne pas avoir appliqué l’article 31, paragraphe 2, du statut à la requérante, en considérant, sans qu’aucune erreur manifeste d’appréciation ait été commise, que cette dernière ne disposait pas de qualifications exceptionnelles et qu’il n’existait pas, au moment de son recrutement, de besoins spécifiques du service justifiant, au vu du marché du travail, l’application de cet article, ne saurait constituer une violation du devoir de sollicitude. Appréciation du Tribunal Le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêts précités Forvass/Commission, point 70 ; Wasmeier/Commission, point 106 ; Righini/Commission, point 130, et R/Commission, point 91). Or, en l’espèce, il suffit de constater que la requérante n’a fait, à tout le moins, état d’aucune assurance précise, inconditionnelle et concordante, émanant de l’administration, qui aurait été de nature à faire naître chez elle une attente légitime à être classée au grade supérieur de la carrière. L’article 31, paragraphe 2, du statut, la décision de 1983 et le guide administratif, contenant des indications très générales et soumises à conditions, ne sauraient produire une quelconque confiance légitime qu’un lauréat pourrait invoquer pour un classement précis dans un grade déterminé (arrêt R/Commission, précité, point 96). Par ailleurs, le fait pour l’AIPN de ne pas avoir appliqué l’article 31, paragraphe 2, du statut en faveur de la requérante, sans que soit établie, compte tenu de l’ensemble des éléments qui étaient susceptibles de déterminer sa décision, l’existence d’une quelconque erreur manifeste d’appréciation, ne saurait constituer une violation du devoir de sollicitude (voir, en ce sens, arrêt Chawdhry/Commission, précité, points 107 et 108). Par conséquent, le troisième moyen n’est pas fondé. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté dans son ensemble. Sur les dépens Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment les dispositions particulières relatives aux dépens, ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles applicables relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Ainsi, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure dudit Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (deuxième chambre) déclare et arrête : 1) Le recours est rejeté. 2) Chaque partie supporte ses propres dépens. Signatures Ainsi prononcé en audience publique, le 28 juin 2006. Le greffier Le président W. Hakenberg S. Van Raepenbusch * Langue de procédure : le français.

62007TJ0112

mt

Il-fatti li wasslu għall-kawża A – Ir-rikorrenti Hitachi Ltd u s-sussidjarja tagħha, Hitachi Europe Ltd (iktar ’il quddiem, ikkunsidrati flimkien, l-“impriża Hitachi”) huma kumpanniji attivi f’diversi setturi industrijali, inkluż f’dak tas-switchgear iżolat bil-gass (iktar ’il quddiem “SIG”). Japan AE Power Systems Corp. (iktar ’il quddiem “JAEPS”) hija kumpannija bi sħab ta’ Hitachi, Fuji Electric Systems Co. Ltd u Meidensha Corp., li fl-1 ta’ Ottubru 2002 ħadet b’mod partikolari l-attivitajiet fis-settur tas-SIG tal-gruppi li tagħhom huma membri l-azzjonisti tagħha. B – Il-prodotti kkonċernati Is-SIG jintuża sabiex jiġi kkontrollat il-fluss ta’ enerġija fis-sistemi ta’ distribuzzjoni tal-elettriku. Dan huwa tagħmir tqil tal-elettriku, li jintuża bħala komponent ewlieni għal substations għall-ġenerazzjoni tal-elettriku (turnkey). Is-SIG jinbiegħu fid-dinja kollha bħala parti integrali minn substations tal-elettriku (turnkey) jew bħala partijiet individwali qabel ma jiġu integrati f’tali substations. C – Il-proċedura amministrattiva Fit-3 ta’ Marzu 2004, ABB Ltd indikat lill-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej l-eżistenza ta’ prattiki antikompetittivi fis-settur tas-SIG, fil-kuntest ta’ talba orali għal immunità minn multi, skont l-Avviż tal-Kummissjoni, tad-19 ta’ Frar 2002, dwar l-immunità minn multi u tnaqqis f’multi f’każijiet ta’ kartell (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 2, p. 155, iktar ’il quddiem l-“avviż dwar il-kooperazzjoni”). It-talba għal immunità minn multi mressqa minn ABB ġiet ikkompletata permezz ta’ osservazzjonijiet orali u provi dokumentarji. Fl-24 ta’ April 2004, hija waslet għal deċiżjoni tal-Kummissjoni li tat immunità taħt kundizzjonijiet lil ABB. Abbażi tad-dikjarazzjonijiet ta’ ABB, il-Kummissjoni fetħet investigazzjoni u wettqet, fil-11 u fit-12 ta’ Mejju 2004, spezzjonijiet fil-bini ta’ diversi kumpanniji attivi fis-settur tas-SIG. Fl-20 ta’ April 2006, il-Kummissjoni adottat dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, li ġiet innotifikata lil 20 kumpannija fosthom, b’mod partikolari, lir-rikorrenti. Il-Kummissjoni pproċediet għas-smigħ tal-kumpanniji li lilhom intbagħtet id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, fit-18 u fid-19 ta’ Lulju 2006. D – Id-deċiżjoni kkontestata Fl-24 ta’ Jannar 2007, il-Kummissjoni adottat id-Deċiżjoni C (2006) 6762 finali, dwar proċedura skont l-Artikolu 81 [KE] u l-Artikolu 53 tal-Ftehim taż-ŻEE (Każ COMP/F/38.899 – Switchgear iżolat bil-gass) (iktar ’il quddiem id-“deċiżjoni kkontestata”). Fil-premessi 113 sa 123 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni indikat li d-diversi impriżi li pparteċipaw fl-akkordju kienu kkoordinaw l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fuq livell dinji, bl-eċċezzjoni ta’ ċerti swieq, skont regoli miftiehma, bil-għan b’mod partikolari li jżommu kwoti li jirriflettu fil-parti l-kbira l-ishma tas-suq storiċi stmati tagħhom. Hija ppreċiżat li l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG twettqet abbażi ta’ kwota konġunta “Ġappuniża” u ta’ kwota konġunta “Ewropea” li kellhom imbagħad jinqasmu bejniethom rispettivament mill-produtturi Ġappuniżi u mill-produtturi Ewropej. Ftehim iffirmat fi Vjenna fil-15 ta’ April 1988 (iktar ’il quddiem il-“Ftehim GQ”) kien jistabbilixxi regoli li jippermettu l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG kemm lill-produtturi Ġappuniżi, kif ukoll lill-produtturi Ewropej, u li l-valur tagħhom jiġi imputat fuq il-kwota korrispondenti. Barra minn dan, fil-premessi 124 sa 132 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni ppreċiżat li d-diversi impriżi li pparteċipaw fl-akkordju kienu kkonkludew arranġament mhux bil-miktub (iktar ’il quddiem l-“arranġament komuni”), li bis-saħħa tiegħu l-proġetti ta’ SIG fil-Ġappun, minn naħa, u fil-pajjiżi tal-membri tal-akkordju Ewropej, min-naħa l-oħra, indikati konġuntament bħala l-“pajjiżi kostrutturi” tal-proġetti ta’ SIG, kienu rriżervati rispettivament għall-membri Ġappuniżi u għall-membri Ewropej tal-kartell. Il-proġetti ta’ SIG fil-“pajjiżi kostrutturi” ma kinux suġġetti għal skambji ta’ informazzjoni bejn iż-żewġ gruppi u ma kinux imputati fuq il-kwoti rispettivi. Il-Ftehim GQ kien jinkludi wkoll regoli dwar l-iskambju tal-informazzjoni neċessarja għall-funzjonament tal-kartell bejn iż-żewġ gruppi ta’ produtturi, li kien żgurat b’mod partikolari mis-segretarji tal-imsemmija gruppi, dwar il-manipulazzjoni tas-sejħiet għal offerti kkonċernati u dwar l-iffissar tal-prezzijiet għall-proġetti ta’ SIG li ma setgħux jiġu allokati. Skont it-termini tal-Anness 2 tiegħu, il-Ftehim GQ kien japplika għad-dinja kollha, bl-eċċezzjoni tal-Istati Uniti, tal-Kanada, tal-Ġappun u ta’ 17-il pajjiż tal-Ewropa tal-Punent. Barra minn dan, bis-saħħa tal-arranġament komuni, il-proġetti ta’ SIG fil-pajjiżi Ewropej minbarra l-“pajjiżi kostrutturi” kienu wkoll irriżervati għall-grupp Ewropew, peress li l-produtturi Ġappuniżi kienu impenjaw irwieħhom li ma jressqux offerti għall-proġetti ta’ SIG fl-Ewropa. Skont il-Kummissjoni, it-tqassim ta’ proġetti ta’ SIG bejn il-produtturi Ewropej kien irregolat minn ftehim iffirmat ukoll fi Vjenna, fil-15 ta’ April 1988, u intitolat “E-Group Operation Agreement for GQ Agreement” (Ftehim tal-Grupp E għall-implementazzjoni tal-Ftehim GQ, iktar ’il quddiem il-“Ftehim EQ”). Hija indikat li l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fl-Ewropa kienet issegwi l-istess regoli u proċeduri bħal dawk li jirregolaw l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG f’pajjiżi oħra. B’mod partikolari, il-proġetti ta’ SIG fl-Ewropa kellhom ukoll jiġu nnotifikati, elenkati, allokati, irranġati jew kellhom jingħataw limitu minimu ta’ prezz. Abbażi tal-konstatazzjonijiet fattwali u tal-kunsiderazzjonijiet ġuridiċi mwettqa fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni kkonstatat li l-impriżi implikati kienu kisru l-Artikolu 81 KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim dwar iż-Żona Ekonomika Ewropea (iktar ’il quddiem il-“Ftehim ŻEE”) u imponiet fuqhom multi li l-ammont tagħhom ġie kkalkolat skont il-metodoloġija esposta fil-Linji ta’ gwida dwar il-metodi tal-kalkoli tal-multi imposti skont l-Artikolu 15(2) tar-Regolament Nru 17 u l-Artikolu 65(5) tat-Trattat KEFA (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 8, Vol. 1, p. 171, iktar’il quddiem il-“Linji gwida għall-kalkolu tal-multi”), kif ukoll fl-avviż dwar il-kooperazzjoni. Fl-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni kkonstatat, l-ewwel nett li, Hitachi kienet ipparteċipat fil-ksur matul il-perijodu mill-15 ta’ April 1988 sal-31 ta’ Diċembru 1999 u mit-2 ta’ Lulju 2002 sal-11 ta’ Mejju 2004, it-tieni nett, li Hitachi Europe kienet ipparteċipat fil-ksur matul il-perijodu mill-15 ta’ April 1988 sal-31 ta’ Diċembru 1999 u mit-2 ta’ Lulju sat-30 ta’ Settembru 2002 u, it-tielet nett, li JAEPS kienet ipparteċipat fil-ksur matul il-perijodu mill-1 ta’ Ottubru 2002 sal-11 ta’ Mejju 2004. Għall-ksur ikkonstatat fl-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata, ġiet imposta fuq Hitachi, fl-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata, multa li tammonta għal EUR 50 400 000, li minnhom EUR 48 375 000 għandhom jitħallsu in solidum ma’ Hitachi Europe. Bl-istess mod, fl-istess artikolu, fuq JAEPS ġiet imposta multa ta’ EUR 1 350 000 li għandha titħallas in solidum ma’ Hitachi, ma’ Fuji Electric Holdings Co. Ltd u ma’ Fuji Electric Systems (iktar ’il quddiem, ikkunsidrati flimkien, “Fuji”). Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet Permezz ta’ rikors ippreżentat fir-Reġistru tal-Qorti tal-Prim’Istanza (li issa saret il-Qorti Ġenerali) fis-17 ta’ April 2007, ir-rikorrenti ressqu l-kawża preżenti. Ir-risposta u r-replika ġew ippreżentati fit-13 ta’ Awwissu u fil-21 ta’ Novembru 2007. Il-proċedura bil-miktub ingħalqet fl-10 ta’ Jannar 2008 bil-preżentata tal-kontroreplika. Fuq rapport tal-Imħallef Relatur, fit-22 ta’ Settembru 2009 il-Qorti Ġenerali (It-Tieni Awla) iddeċidiet li tiftaħ il-proċedura orali. Fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura tal-Qorti Ġenerali, hija talbet lill-Kummissjoni sabiex tipproduċi ċerti dokumenti u talbet lill-partijiet biex iressqu l-osservazzjonijiet tagħhom dwar ir-rilevanza ta’ dawn l-istess dokumenti fir-rigward tal-motiv ibbażat fuq il-ksur tad-dritt ta’ aċċess għall-fajl. Il-Qorti Ġenerali għamlet ukoll mistoqsija bil-miktub lill-Kummissjoni, fejn stednitha tweġibha matul is-seduta. Bi tweġiba għall-istedina tal-Qorti Ġenerali, il-Kummissjoni kkomunikat id-dokumenti kkonċernati fis-26 ta’ Ottubru 2009. Ir-rikorrenti ppreżentaw l-osservazzjonijiet tagħhom dwar dawn id-dokumenti fit-18 ta’ Novembru 2009. Il-Kummissjoni wieġbet għall-osservazzjonijiet tar-rikorrenti fit-3 ta’ Diċembru 2009. It-trattazzjoni tal-partijiet u t-tweġibiet tagħhom għall-mistoqsijiet bil-miktub u orali magħmula mill-Qorti Ġenerali nstemgħu matul is-seduta tat-8 ta’ Diċembru 2009. B’digriet tas-26 ta’ Marzu 2010, il-Qorti Ġenerali ddeċidiet li terġa’ tiftaħ il-proċedura orali. Fid-29 ta’ Marzu 2010, fil-kuntest tal-miżuri ta’ organizzazzjoni tal-proċedura previsti fl-Artikolu 64 tar-Regoli tal-Proċedura, hija stiednet lill-Kummissjoni biex tipproduċi diversi dokumenti. Billi l-Kummissjoni sostniet li ċerti dokumenti kkonċernati ma setgħux jiġu kkomunikati minħabba l-protezzjoni mogħtija fil-kuntest tal-programm ta’ klemenza, il-Qorti Ġenerali, b’digriet tal-11 ta’ Ġunju 2010, ordnat lill-Kummissjoni biex tipproduċihom fil-kuntest tal-miżuri istruttorji previsti fl-Artikolu 65 tar-Regoli tal-Proċedura u stabbiliet il-modalitajiet biex dawn jiġu kkonsultati mir-rikorrenti. Il-Kummissjoni ssodisfat din il-miżura istruttorja fit-termini mogħtija. Il-proċedura orali ngħalqet fis-27 ta’ Lulju 2010. Ir-rikorrenti jitolbu li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: –        tannulla d-deċiżjoni kkontestata sa fejn tirrigwardahom u konsegwentement tannulla l-multi li ġew imposti fuqhom; –        sussidjarjament, tannulla l-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jirrigwardahom; –        iktar sussidjarjament, tannulla jew tnaqqas il-multi li ġew imposti fuqhom; –        tikkundanna lill-Kummissjoni għall-ispejjeż. Il-Kummissjoni titlob li l-Qorti Ġenerali jogħġobha: –        tiċħad ir-rikors bħala infondat; –        tikkundanna lir-rikorrenti għall-ispejjeż. Id-dritt Insostenn tar-rikors tagħhom, ir-rikorrenti jinvokaw ħames motivi. L-ewwel wieħed huwa bbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni kisret id-drittijiet tad-difiża tagħhom. It-tieni huwa bbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma pprovatx l-eżistenza tal-arranġament komuni jew tal-ksur li rriżulta minnu. It-tielet huwa bbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma pprovatx l-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwat. Ir-raba’ huwa bbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet xi żbalji fil-kalkolu tal-multi li ġew imposti fuqhom. Il-ħames huwa bbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni kkalkolat il-multi tagħhom skont metodu li jikser il-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ proporzjonalità. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-motivi mqajma mir-rikorrenti. Qabel xejn għandu jiġi osservat li r-rikorrenti ma ppreċiżawx liema mill-motivi tagħhom ġew invokati insostenn tad-diversi talbiet imressqa minnhom. F’dan ir-rigward, għandu jiġi kkunsidrat, l-ewwel nett, li l-ewwel, it-tieni u t-tielet motivi ġew invokati mir-rikorrenti insostenn tat-talba prinċipali tagħhom. Fil-fatt, jekk jintlaqa’ wieħed minn dawn il-motivi, ikun hemm lok li jiġu annullati kemm l-Artikolu 1 kif ukoll l-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jirrigwardaw lir-rikorrenti. It-tieni nett, għandu jiġi kkunsidrat li r-raba’ u l-ħames motivi ġew invokati mir-rikorrenti insostenn tat-talba sussidjarja tagħhom, peress li dawn jirrigwardaw id-determinazzjoni tal-ammont tal-multi imposti fuq ir-rikorrenti. Fl-aħħar nett, għandu jiġi osservat li r-rikorrenti ma invokaw l-ebda motiv awtonomu insostenn tat-talba iktar sussidjarja tagħhom. A – Fuq it-talba prinċipali sabiex id-deċiżjoni kkontestata tiġi annullata sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti 1. Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni kisret id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti a)     L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni kisret id-drittijiet tad-difiża tagħhom, peress li hija ma kkomunikatilhomx l-elementi kollha rilevanti inklużi fil-fajl tagħha. Fil-kuntest tal-ewwel parti tal-ewwel motiv, fir-rigward tal-provi inkriminanti, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni ma kkomunikatilhomx l-osservazzjonijiet ta’ Fuji li kienu ppreżentati fil-21 ta’ Novembru 2006, li allegatament jikkonfermaw ir- ratio tal-arranġament komuni u r-raġunijiet ekonomiċi speċifiċi għal Fuji li jispjegaw l-assenza tagħha mis-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG. Issa, fid-dawl tal-valur probatorju li l-Kummissjoni attribwiet lill-elementi prodotti minn Fuji fir-rigward tal-eżistenza tal-arranġament komuni, huwa ferm probabbli li l-proċedura amministrattiva seta’ jkollha eżitu differenti li kieku l-osservazzjonijiet inkwistjoni ġew ikkomunikati. Fil-kuntest tat-tieni parti tal-ewwel motiv, ir-rikorrenti jsostnu li d-drittijiet tad-difiża tagħhom inkisru minħabba n-nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-elementi li jiskaġunaw li ġejjin: –        il-ftehim intitolat “General Rules for GE Agreement” (iktar ’il quddiem il-“Ftehim GE”) kif ukoll l-osservazzjonijiet tal-impriżi l-oħra li pparteċipaw fl-akkordju dwar dan il-ftehim; dawn l-elementi huma rilevanti fir-rigward tal-prova tal-eżistenza ta’ akkordju Ewropew, fis-settur tal-proġetti ta’ SIG, preċedenti għall-Ftehim GQ; –        l-osservazzjonijiet tal-impriżi l-oħra li pparteċipaw fl-akkordju li jikkontestaw il-kredibbiltà tat-testimonjanza ta’ H., ippreżentata lill-Kummissjoni minn Fuji, dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni, li jistgħu jivvizzjaw il-provi l-oħra prodotti minn Fuji fir-rigward tal-eżistenza tal-arranġament komuni; –        it-testimonjanzi tal-impriżi l-oħra li pparteċipaw fl-akkordju dwar l-ineżistenza tal-arranġament komuni u, b’mod partikolari, it-testimonjanzi ppreżentati minn Siemens AG fis-7 ta’ Awwissu 2006, li jistgħu jikkontestaw il-plawżibbiltà tal-argument tal-Kummissjoni dwar l-eżistenza tal-imsemmi arranġament; –        l-osservazzjonijiet tal-impriżi Ġappuniżi l-oħra dwar il-parteċipazzjoni allegata tagħhom fil-proġetti Ewropej imsemmija fil-premessa 164 tad-deċiżjoni kkontestata, li jistgħu jistabbilixxu li l-impriżi Ġappuniżi qatt ma pparteċipaw fid-diskussjonijiet dwar dawn il-proġetti; –        id-dikjarazzjonijiet ta’ S. tal-15 ta’ Settembru 2006, ippreżentati minn Areva, dwar l-isfaxxar tal-akkordju fl-1999 li minnhom jirriżulta li l-istruttura tal-akkordju stabbilita mill-2002 kienet differenti minn dik tal-akkordju preċedenti. Il-Kummissjoni tikkontesta l-argumenti tar-rikorrenti. b)     Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Ir-rispett tad-drittijiet tad-difiża jeżiġi li l-persuna kkonċernata, matul il-proċedura amministrattiva, tingħata l-opportunità li tesponi b’mod utli l-opinjoni tagħha fuq ir-realtà u r-rilevanza tal-fatti u taċ-ċirkustanzi allegati kif ukoll fuq id-dokumenti kkonstatati mill-Kummissjoni insostenn tal-allegazzjoni tagħha dwar l-eżistenza ta’ ksur tat-Trattat (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja tas-7 ta’ Jannar 2004, Aalborg Portland et vs Il‑Kummissjoni, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P u C‑219/00 P, Ġabra p. I‑123, punt 66). Korollarju tal-prinċipju ta’ rispett tad-drittijiet tad-difiża, id-dritt ta’ aċċess għall-fajl jimplika li l-Kummissjoni għandha tagħti lill-impriża kkonċernata l-possibbiltà li twettaq eżami tad-dokumenti kollha inklużi fil-fajl tal-investigazzjoni li jistgħu jkunu rilevanti għad-difiża tagħha. Dawn jinkludu kemm id-dokumenti inkriminanti kif ukoll dawk li jiskaġunaw, ħlief għas-sigrieti kummerċjali tal-impriżi l-oħra, għad-dokumenti interni tal-Kummissjoni u għal informazzjoni kunfidenzjali oħra (sentenza Aalborg Portland et vs Il‑Kummissjoni, punt 30 iktar ’il fuq, punt 68). F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li huwa biss fil-bidu tal-fażi amministrattiva kontradittorja li l-impriża kkonċernata hija informata, permezz tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, bl-elementi essenzjali kollha li l-Kummissjoni tibbaża ruħha fuqhom f’dan l-istadju tal-proċedura, u li din l-impriża għandha dritt ta’ aċċess għall-fajl sabiex jiġi ggarantit l-eżerċizzju effettiv tad-drittijiet tad-difiża tagħha. Konsegwentement, it-tweġiba tal-impriżi l-oħra li pparteċipaw fl-akkordju għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet ma hijiex, bħala prinċipju, inkluża fid-dokumenti kollha tal-fajl tal-investigazzjoni li jistgħu jiġu kkonsultati mill-partijiet (sentenza tal-Qorti Ġenerali, tat-30 ta’ Settembru 2009, Hoechst vs Il‑Kummissjoni, T‑161/05, Ġabra p. II‑3555, punt 163). Madankollu, jekk il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni li tibbaża ruħha fuq silta minn tweġiba għal dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, jew fuq dokument anness ma’ tali tweġiba, sabiex tistabbilixxi l-eżistenza ta’ ksur fi proċedura skont l-Artikolu 81(1) KE, l-impriżi l-oħra involuti f’din il-proċedura għandhom jitqiegħdu f’pożizzjoni li jressqu l-argumenti tagħhom fuq din il-prova. F’dawn iċ-ċirkustanzi, is-silta inkwistjoni minn tweġiba għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, jew id-dokument anness ma’ din it-tweġiba, fil-fatt tikkostitwixxi element inkriminanti kontra d-diversi impriżi li ħadu sehem fil-ksur (ara s-sentenza Hoechst vs Il‑Kummissjoni, punt 32 iktar ’il fuq, punt 164 u l‑ġurisprudenza ċċitata). Il-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq hija applikabbli, b’analoġija, għall-Artikolu 53(1) tal-Ftehim ŻEE. B’analoġija, jekk silta minn tweġiba għal dikjarazzjoni tal-oġġezzjonjiet, jew dokument anness ma’ tali tweġiba, tista’ tkun rilevanti għad-difiża ta’ impriża billi tippermetti lil din tal-aħħar tinvoka elementi li jikkontradixxu l-konstatazzjonijiet magħmula f’dan l-istadju mill-Kummissjoni, din tkun prova li tiskaġuna. F’dan il-każ, l-impriża kkonċernata għandha titqiegħed f’pożizzjoni li twettaq eżami tas-silta jew tad-dokument inkwistjoni u li tressaq l-argumenti tagħha dwarhom. Madankollu, is-sempliċi fatt li impriżi oħra invokaw l-istess argumenti bħall-impriża kkonċernata u li, skont il-każ, użaw iktar riżorsi għad-difiża tagħhom ma huwiex biżżejjed sabiex dawn l-argumenti jiġu kkunsidrati bħala provi li jiskaġunaw (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali, tas-27 ta’ Settembru 2006, Jungbunzlauer vs Il‑Kummissjoni, T‑43/02, Ġabra p. II‑3435, punti 353 u 355). Fir-rigward tal-konsegwenzi ta’ aċċess għal fajl fejn ma jiġux osservati dawn ir-regoli, in-nuqqas ta’ komunikazzjoni ta’ dokument li fuqu bbażat ruħha l-Kummissjoni sabiex tinkrimina impriża jikkostitwixxi ksur tad-drittijiet tad-difiża biss jekk l-impriża kkonċernata turi li r-riżultat li waslet għalih il-Kummissjoni fid-deċiżjoni tagħha kien ikun differenti li kieku d-dokument li ma ġiex ikkomunikat ma kellux jiġi kkunsidrat bħala prova inkriminanti (sentenza Aalborg Portland et vs Il‑Kummissjoni, punt 30 iktar ’il fuq, punti 71 u 73). Fir-rigward tan-nuqqas ta’ komunikazzjoni ta’ dokument li jiskaġuna, l-impriża kkonċernata għandha biss tistabbilixxi li n-nuqqas ta’ żvelar tiegħu seta’ jinfluwenza, għad-dannu tagħha, l-iżvolġiment tal-proċedura u l-kontenut tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni. Huwa biżżejjed li l-impriża turi li hija setgħet tuża l-imsemmi dokument li jiskaġuna għad-difiża tagħha, fis-sens li, kieku hija setgħet tagħmel użu minn tali dokument matul il-proċedura amministrattiva, hija kienet tkun tista’ tinvoka provi li ma kinux jaqblu mal-konstatazzjonijiet magħmula f’dan l-istadju mill-Kummissjoni u għalhekk, b’xi mod, hija kienet tkun tista’ tinfluwenza l-evalwazzjonijiet li għamlet din tal-aħħar fid-deċiżjoni, għall-inqas f’dak li jikkonċerna l-gravità u t-tul tal-aġir li kienet akkużata bih, u, għalhekk, il-livell tal-multa, (sentenza Aalborg Portland et vs Il‑Kummissjoni, punt 30 iktar ’il fuq, punti 74 u 75). Il-possibbiltà li dokument li ma ġiex żvelat seta’ influwenza l-iżvolġiment tal-proċedura u l-kontenut tad-deċiżjoni tal-Kummissjoni tista’ tiġi stabbilita biss wara eżami provviżorju ta’ ċerti provi li juri li d-dokumenti mhux żvelati seta’ kellhom – fil-konfront ta’ dawn il-provi – importanza li ma kienx missha ġiet injorata (sentenza Aalborg Portland et vs Il‑Kummissjoni, punt 30 iktar ’il fuq, punt 76). –       Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq l-allegat nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-provi inkriminanti Il-Kummissjoni tammetti li hija ma setgħetx tuża l-osservazzjonijiet ta’ Fuji tal-21 ta’ Novembru 2006 bħala bażi għall-ilmenti kkontestati lir-rikorrenti fid-deċiżjoni kkontestata, imma tikkontesta li tabilħaqq invokathom bħala provi inkriminanti. Madankollu, għandu jiġi osservat li, kif isostnu r-rikorrenti, il-Kummissjoni semmiet l-osservazzjonijiet ta’ Fuji tal-21 ta’ Novembru 2006 fil-premessi 125 u 255 tad-deċiżjoni kkontestata biex tikkorrobora l-eżistenza tal-arranġament komuni. F’dawn iċ-ċirkustanzi, l-eżitu ta’ din il-parti jiddependi fuq ir-riżultat tal-eżami tal-argumenti relatati mal-prova tal-eżistenza tal-arranġament komuni, imressqa mir-rikorrenti fil-kuntest tal-ewwel parti tat-tieni motiv. Fil-fatt, jekk jiġi kkonstatat li l-eżistenza tal-imsemmi arranġament ġiet stabbilita kif titlob il-liġi anki wara li l-osservazzjonijiet ta’ Fuji tal-21 ta’ Novembru 2006 ġew skartati bħala prova inkriminanti, ikun hemm lok li din il-parti tiġi miċħuda. Min-naħa l-oħra, jekk jiġi kkonstatat li l-imsemmija osservazzjonijiet jikkostitwixxu element neċessarju li jsostni l-konstazzjonijiet magħmula fid-deċiżjoni kkontestata dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni, din il-parti jkollha tintlaqa’. –       Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq l-allegat nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-provi li jiskaġunaw L-ewwel nett, huwa paċifiku bejn il-partijiet li l-Ftehim GE ġie kkomunikat lir-rikorrenti. Fil-fatt, ir-rikorrenti jillimitaw irwieħhom li jsostnu li huma kellhom biss terminu ferm qasir sabiex jistudjawh, madankollu mingħajr ma jippreċiżaw sa liema punt dan il-fatt għamel id-difiża tagħhom iktar diffiċli. Barra minn hekk, fl-osservazzjonijiet tagħhom tat-18 ta’ Novembru 2009, ir-rikorrenti jammettu li huma kellhom l-okkażjoni li jressqu l-argumenti tagħhom dwar l-imsemmi ftehim u li huma tabilħaqq ibbenefikaw minn din l-opportunità. Għaldaqstant, l-argument tagħhom dwar dan il-ftehim ma jistax jintlaqa’. It-tieni nett, fir-rigward tal-osservazzjonijiet dwar il-Ftehim GE tal-impriżi l-oħra li pparteċipaw fl-akkordju, ir-rikorrenti jispjegaw, fl-osservazzjonijiet tagħhom tat-18 ta’ Novembru 2009, li Toshiba Corp. u Mitsubishi Electric System Corp. (iktar ’il quddiem “Melco”) irrikonoxxew ukoll il-valur tal-imsemmi ftehim bħala element li jiskaġuna, għall-istess raġunijiet bħal dawk ippreżentati mir-rikorrenti lill-Kummissjoni. B’hekk, kull ma għamlu r-rikorrenti huwa li affermaw li Toshiba u Melco invokaw l-istess argumenti bħalhom, li jimplika li l-osservazzjonijiet ta’ Toshiba u ta’ Melco ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala element li jiskaġuna. It-tielet nett, l-istess konstatazzjoni tapplika għall-osservazzjonijiet tal-impriżi l-oħra li pparteċipaw fl-akkordju li jikkontestaw il-kredibbiltà tat-testimonjanza ta’ H. dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni. Fil-fatt, fl-osservazzjonijiet tagħhom tat-18 ta’ Novembru 2009, ir-rikorrenti jindikaw li Toshiba u Melco wkoll ikkritikaw il-valur probatorju tal-imsemmija testimonjanza, għall-istess raġunijiet ippreżentati lill-Kummissjoni. Ir-raba’ nett, l-osservazzjonijiet u t-testimonjanzi ppreżentati minn Melco u minn Siemens kif ukoll it-testimonjanzi ppreżentati minn Fuji jsemmu l-eżistenza ta’ barrieri għad-dħul “għoljin” fis-suq Ewropew u l-fatt li dan kien “matur”, li kienu jagħmlu l-penetrazzjoni tiegħu mill-produtturi Ġappuniżi diffiċli, jekk mhux impossibbli. Barra minn hekk, Siemens u Melco, kif ukoll l-impjegati tagħhom, ikkontestaw b’mod espliċitu l-eżistenza tal-arranġament komuni jew tad-diskussjonijiet relatati miegħu, u t-testimonjanza ta’ T. ippreżentata minn Siemens tirreferi għall-fatt li l-akkordju bbażat fuq il-Ftehim GQ kien iffokat fuq il-Lvant Nofsani u ma kienx japplika għall-Ewropa. Madankollu, minn naħa, ir-rikorrenti ma kkontestawx l-allegazzjoni tal-Kummissjoni li t-testimonjanzi tal-impjegati ta’ Fuji ġew ikkomunikati lilhom. Konsegwentement, l-ebda ksur tad-dritt ta’ aċċess għall-fajl ma jista’ jiġi kkonstatat fir-rigward ta’ dawn l-elementi. Min-naħa l-oħra, fit-tweġiba tagħhom għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, ir-rikorrenti invokaw l-istess argumenti bħal dawk esposti fil-punt 45 iktar ’il fuq, li jimplika li l-osservazzjonijiet ta’ Melco u ta’ Siemens ma jistgħux jiġu kkunsidrati bħala elementi li jiskaġunaw li l-komunikazzjoni tagħhom setgħet tinfluwenza l-iżvolġiment tal-proċedura u l-kontenut tad-deċiżjoni kkontestata. L-istess konklużjoni tista’ tiġi applikata fir-rigward tat-testimonjanzi tal-impjegati ta’ Melco u ta’ dawk tal-impjegati ta’ Siemens, peress li t-testimonjanzi bil-miktub tal-impjegati ta’ kumpannija, redatti taħt il-kontroll ta’ din tal-aħħar u ppreżentati minnha għad-difiża tagħha fil-kuntest tal-proċedura amministrattiva mmexxija mill-Kummissjoni, bħala prinċipju, ma jistgħux jiġu kklassifikati bħala elementi differenti u indipendenti mid-dikjarazzjonijiet ta’ din l-istess kumpannija. Fil-fatt, ġeneralment, il-pożizzjoni ta’ kumpannija fir-rigward tar-realtà tal-fatti li qed tiġi akkużata bihom mill-Kummissjoni hija bbażata, l-ewwel nett, fuq dak li jkunu jafu u fuq l-opinjonijiet tal-impjegati u tad-diriġenti tagħha. Sa fejn ir-rikorrenti jsostnu li t-testimonjanzi tal-impjegati ta’ Siemens iqiegħdu f’dubju l-allegazzjoni tal-Kummissjoni li l-produtturi Ewropej ma kkontestawx l-eżistenza tal-arranġament komuni, għandu jiġi osservat li ma huwiex stabbilit li l-Kummissjoni bbażat ruħha fuq tali allegazzjoni ġenerali fid-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet jew fi stadju sussegwenti. F’dan ir-rigward, l-iktar l-iktar, mill-premessa 125 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Kummissjoni kkonstatat li l-eżistenza tal-imsemmi arranġament ma ġietx ikkontestata minn Alstom u minn Areva u ma ġietx ikkontestata bil-miftuħ mill-impriża li tappartjeni lill-grupp li tagħmel parti minnu VA TECH Transmission & Distribution GmbH & Co. KEG (iktar ’il quddiem “VA TECH”). Min-naħa l-oħra, il-Kummissjoni ma ppreċiżatx x’kienet il-pożizzjoni ta’ Siemens jew dik tal-produtturi Ewropej inġenerali. Għaldaqstant, l-argument tar-rikorrenti ma huwiex ikkorroborat mill-fatti. Barra minn hekk, il-pożizzjoni tal-produtturi Ewropej fir-rigward tal-eżistenza tal-arranġament komuni u tar-rilevanza ta’ dan l-element se tiġi diskussa fil-punti 197 sa 203 iktar ’il quddiem. Il-ħames nett, bi tweġiba għat-talba tal-Qorti Ġenerali fir-rigward tal-osservazzjonijiet tal-impriżi Ġappuniżi l-oħra dwar l-allegata parteċipazzjoni tagħhom fil-proġetti ta’ SIG fiż-Żona Ekonomika Ewropa (ŻEE) imsemmija fil-premessa 164 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni pproduċiet silta mit-tweġiba ta’ Melco għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet li minnha jirriżulta li Melco tikkontesta li pparteċipat fit-tqassim ta’ tali proġetti. Madankollu, fit-tweġiba tagħha għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, Melco llimitat ruħha li tadotta l-istess pożizzjoni bħal dik tar-rikorrenti, ħaġa li dawn tal-aħħar jammettu fl-osservazzjonijiet tagħhom tat-18 ta’ Novembru 2009. Konsegwentement, is-silta mit-tweġiba ta’ Melco għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet ma tikkostitwixxix element li jiskaġuna li l-komunikazzjoni tiegħu setgħet tinfluwenza l-iżvolġiment tal-proċedura u l-kontenut tad-deċiżjoni kkontestata. Is-sitt nett, mid-dikjarazzjonijiet ta’ S. tal-15 ta’ Settembru 2006 jirriżulta li dan tal-aħħar kien jikkunsidra, minn naħa, li l-akkordju ġie tterminat wara li Siemens interrompiet il-parteċipazzjoni tagħha fih fl-1999 u, min-naħa l-oħra, li l-akkordju stabbilit mill-2002 kien fundamentalment differenti minn dak li kien jeżisti sal-1999. Issa, fit-tweġiba tagħhom għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, ir-rikorrenti ressqu l-istess argumenti biex jikkontestaw l-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwat. F’dawn iċ-ċirkustanzi, u fid-dawl ta’ dak li ġie spjegat fil-punt 48 iktar ’il fuq fir-rigward tal-kwalifika tat-testimonjanzi tal-impjegati ta’ kumpannija, hemm lok li jiġi kkunsidrat li d-dikjarazzjonijiet ta’ S. lanqas ma jikkostitwixxu element li jiskaġuna li l-komunikazzjoni tiegħu setgħet tinfluwenza l-iżvolġiment tal-proċedura u l-kontenut tad-deċiżjoni kkontestata. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, it-tieni parti tal-ewwel motiv għandha tiġi miċħuda. 2. Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma pprovatx l-eżistenza tal-arranġament komuni jew dik tal-ksur li rriżulta minnu Fil-kuntest tal-ewwel parti tat-tieni motiv, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni ma stabbilietx kif titlob il-liġi l-eżistenza tal-arranġament komuni u josservaw li hija ma għamlitx ħilitha sabiex tneħħi kull dubju li kien inqala’ fil-kuntest ta’ investigazzjoni indipendenti. Huma jikkunsidraw li, f’dan il-każ, il-Kummissjoni kellha taċċetta l-ispjegazzjoni alternattiva tal-fatti mogħtija minnhom. Fil-kuntest tat-tieni parti tat-tieni motiv, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni ma stabbilietx li l-arranġament komuni kien jikkostitwixxi ftehim restrittiv jew prattika miftiehma. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. a)     Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilietx l-eżistenza tal-arranġament komuni Skont il-ġurisprudenza, il-Kummissjoni għandha tipproduċi l-prova tal-ksur li hija tkun ikkonstatat u għandha tistabbilixxi l-provi li jistgħu juru, kif titlob il-liġi, l-eżistenza tal-fatti li jikkostitwixxu ksur (ara s-sentenza tal-Qorti Ġenerali, tas-27 ta’ Settembru 2006, Dresdner Bank et vs Il‑Kummissjoni, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP u T‑61/02 OP, Ġabra p. II‑3567, punt 59 u l-ġurisprudenza ċċitata). F’dan il-kuntest, l-eżistenza ta’ dubju f’moħħ il-qorti għandha tibbenefika lill-impriża destinatarja tad-deċiżjoni li tikkonstata ksur. Għaldaqstant, il-qorti ma tistax tikkonkludi li l-Kummissjoni wriet l-eżistenza tal-ksur inkwistjoni kif titlob il-liġi jekk jibqa’ dubju f’moħħ il-qorti dwar din il-kwistjoni, b’mod partikolari fil-kuntest ta’ rikors għall-annullament ta’ deċiżjoni li timponi multa (sentenza Dresdner Bank et vs Il‑Kummissjoni, punt 57 iktar ’il fuq, punt 60). Fil-fatt, f’din l-aħħar sitwazzjoni, għandu jittieħed inkunsiderazzjoni l-prinċipju ta’ preżunzjoni ta’ innoċenza, hekk kif jirriżulta b’mod partikolari mill-Artikolu 6(2) tal-Konvenzjoni Ewropea għall-Protezzjoni tad-Drittijiet tal-Bniedem u tal-Libertajiet Fundamentali, iffirmata f’Ruma fl-4 ta’ Novembru 1950, li tagħmel parti mid-drittijiet fundamentali li jikkostitwixxu l-prinċipji ġenerali tad-dritt Komunitarju. Fid-dawl tan-natura tal-ksur inkwistjoni kif ukoll tan-natura u tal-grad ta’ severità tas-sanzjonijiet konnessi miegħu, il-prinċipju ta’ preżunzjoni ta’ innoċenza japplika b’mod partikolari għall-proċeduri relatati ma’ ksur tar-regoli ta’ kompetizzjoni applikabbli għall-impriżi li jistgħu jwasslu għall-impożizzjoni ta’ multi jew għal pagamenti ta’ penalità (ara, f’dan is-sens, is-sentenza Dresdner Bank et vs Il‑Kummissjoni, punt 57 iktar ’il fuq, punt 61 u l-ġurisprudenza ċċitata). Għaldaqstant, huwa neċessarju li l-Kummissjoni ssemmi provi preċiżi u li jaqblu sabiex tistabbilixxi l-eżistenza tal-ksur. Madankollu, għandu jiġi enfasizzat li kull prova prodotta mill-Kummissjoni ma għandhiex neċessarjament tissodisfa dawn il-kriterji fir-rigward ta’ kull element tal-ksur. Huwa biżżejjed li s-serje ta’ indizji invokati mill-istituzzjoni, evalwati globalment, jissodisfaw dan ir-rekwiżit (ara s-sentenza Dresdner Bank et vs Il‑Kummissjoni, punt 57 iktar ’il fuq, punti 62 u 63 u l-ġurisprudenza ċċitata). Barra minn hekk, meta jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li huwa magħruf li l-ftehim antikompetittivi huma pprojbiti, ma jistax jiġi mistenni li l-Kummissjoni tipproduċi dokumenti li juru b’mod espliċitu li sar kuntatt bejn l-operaturi kkonċernati. L-elementi frammentarji u mhux relatati ma’ xulxin li l-Kummissjoni jista’ jkollha għandhom, f’kull każ, ikunu jistgħu jiġu kkompletati minn deduzzjonijiet li jippermettu l-kostruzzjoni mill-ġdid taċ-ċirkustanzi rilevanti. L-eżistenza ta’ prattika jew ta’ ftehim antikompetittiv tista’ għalhekk tiġi dedotta minn ċertu numru ta’ koinċidenzi u ta’ indizji li, meta kkunsidrati f’daqqa, jistgħu jikkostitwixxu, fin-nuqqas ta’ spjegazzjoni oħra koerenti, il-prova ta’ ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni (ara s-sentenza Dresdner Bank et vs Il‑Kummissjoni, punt 57 iktar ’il fuq, punti 64 u 65, u l-ġurisprudenza ċċitata). Madankollu, meta l-Kummissjoni tibbaża ruħha biss fuq l-aġir tal-impriżi inkwistjoni fis-suq sabiex tikkonstata l-eżistenza ta’ ksur, huwa biżżejjed li dawn tal-aħħar juru l-eżistenza ta’ ċirkustanzi li jitfgħu dawl differenti fuq il-fatti kif stabbiliti mill-Kummissjoni u li jippermettu għalhekk li tingħata spjegazzjoni plawżibbli tal-fatti differenti minn dik adottata mill-Kummissjoni sabiex tikkonkludi li jeżisti ksur tar-regoli tal-kompetizzjoni Komunitarji (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali, tat-8 ta’ Lulju 2004, JFE Engineering et vs Il‑Kummissjoni, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 u T‑78/00, Ġabra p. II‑2501, punt 186 u l-ġurisprudenza ċċitata). Bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikkorenti, din ir-regola ma hijiex applikabbli għall-każijiet kollha fejn il-ksur ġie stabbilit biss permezz ta’ provi mhux dokumentarji. Fil-fatt, fir-rigward tal-provi li jistgħu jiġu invokati biex ikun stabbilit ksur tal-Artikolu 81 KE, il-prinċipju dominanti fid-dritt Komunitarju huwa dak tal-produzzjoni libera tal-provi (sentenza tal-Qorti Ġenerali, tat-8 ta’ Lulju 2004, Dalmine vs Il‑Kummissjoni, T‑50/00, Ġabra p. II‑2395, punt 72). Il-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq hija applikabbli, b’analoġija , għall-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE. Konsegwentement, għalkemm in-nuqqas ta’ provi dokumentarji jista’ jkun rilevanti fil-kuntest tal-evalwazzjoni globali tas-serje ta’ indizji invokati mill-Kummissjoni, ikkunsidrat waħdu, dan in-nuqqas ma għandux bħala konsegwenza li jippermetti li l-impriża kkonċernata tqiegħed f’dubju l-allegazzjonijiet tal-Kummissjoni billi tagħti spjegazzjoni alternattiva tal-fatti. Dan huwa biss il-każ meta l-provi prodotti mill-Kummissjoni ma jippermettux li l-eżistenza tal-ksur tiġi stabbilita b’mod ċar u mingħajr ma tkun neċessarja interpretazzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali, tat-12 ta’ Settembru 2007, Coats Holdings u Coats vs Il‑Kummissjoni, T‑36/05, mhux ippubblikata fil-Ġabra, punt 74). Għall-istess raġuni, anki fin-nuqqas ta’ provi dokumentarji, il-Kummissjoni ma hijiex obbligata twettaq investigazzjonijiet indipendenti biex tivverifika l-fatti. Barra minn hekk, l-ebda dispożizzjoni u l-ebda prinċipju ġenerali tad-dritt Komunitarju ma jipprojbixxu lill-Kummissjoni milli tinqeda b’dikjarazzjonijiet ta’ impriżi oħra li huma akkużati li pparteċipaw fl-akkordju sabiex tużahom kontra impriża oħra. Kieku dan ma kienx il-każ, l-oneru tal-prova ta’ aġir li jmur kontra l-Artikolu 81 KE, li jaqa’ fuq il-Kummissjoni, ikun insostenibbli u inkompatibbli mal-missjoni tagħha ta’ sorveljanza tal-applikazzjoni tajba ta’ dawn id-dispożizzjonijiet (sentenza JFE Engineering et vs Il‑Kummissjoni, punt 62 iktar ’il fuq, punt 192). Il-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq hija applikabbli, b’analoġija, għall-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE. Madankollu, id-dikjarazzjoni ta’ impriża akkużata li ħadet sehem f’akkordju, li l-eżattezza tagħha hija kkontestata minn diversi impriżi oħra kkonċernati, ma tistax titqies li tikkostitwixxi prova suffiċjenti tal-eżistenza ta’ ksur imwettaq minn dawn tal-aħħar mingħajr ma tiġi sostnuta minn provi oħra billi l-grad ta’ korroborazzjoni meħtieġ jista’ jkun inqas, minħabba l-affidabbiltà tad-dikjarazzjonijiet inkwistjoni (sentenza JFE Engineering et vs Il‑Kummissjoni, punt 62 iktar ’il fuq, punti 219 u 220). Fir-rigward tal-valur probatorju tad-diversi provi, l-uniku kriterju rilevanti għall-evalwazzjoni tal-provi prodotti jinsab fil-kredibbiltà tagħhom (sentenza Dalmine vs Il‑Kummissjoni, punt 64 iktar ’il fuq, punt 72). Skont ir-regoli ġenerali fil-qasam tal-provi, il-kredibbiltà u, b’hekk, il-valur probatorju ta’ dokument jiddependu mill-oriġini tiegħu, miċ-ċirkustanzi li ġie redatt fihom, mid-destinatarju tiegħu u mill-kontenut tiegħu (sentenza tal-Qorti Ġenerali, tal-15 ta’ Marzu 2000, Cimenteries CBR et vs Il‑Kummissjoni, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 sa T‑32/95, T‑34/95 sa T‑39/95, T‑42/95 sa T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 sa T‑65/95, T‑68/95 sa T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 u T‑104/95, Ġabra p. II‑491, punti 1053 u 1838). Fir-rigward tad-dikjarazzjonijiet, valur probatorju partikolarment għoli jista’ barra minn hekk jiġi rikonoxxut lil dawk li, l-ewwel nett, huma affidabbli, it-tieni nett, li jsiru f’isem impriża, it-tielet nett, ikunu ġejjin minn persuna li hija marbuta bl-obbligu professjonali li taġixxi fl-interess ta’ din l-impriża, ir-raba’ nett, li jmorru kontra l-interessi tad-dikjarant, il-ħames nett, li ġejjin minn xhud dirett tal-fatti msemmija u, is-sitt nett, ġew ipprovduti bil-miktub, b’mod intenzjonali u wara riflessjoni fil-fond (ara, f’dan is-sens, is-sentenza JFE Engineering et vs Il‑Kummissjoni, punt 62 iktar ’il fuq, punti 205 sa 210). Barra minn hekk, għalkemm huwa ġeneralment aċċettabbli li xhieda mogħtija b’mod volontarju mill-parteċipanti prinċipali f’akkordju illegali tiġi ttrattata b’ċertu suspett, meta titqies il-possibbiltà, invokata mir-rikorrenti, li dawn il-parteċipanti jkollhom it-tendenza li jnaqqsu l-importanza tal-kontribut tagħhom fil-ksur u li jżidu dak tal-parteċipanti l-oħra, madankollu xorta jibqa’ l-fatt li l-fatt li persuna titlob biex tibbenefika mill-applikazzjoni tal-avviż dwar il-kooperazzjoni bil-għan li tikseb immunità jew tnaqqis tal-multa mhux neċessarjament joħloq inċentiv biex jiġu prodotti provi distorti fir-rigward tal-parteċipazzjoni tal-membri l-oħra tal-akkordju. Fil-fatt, kull tentattiv biex il-Kummissjoni tiġi indotta tagħmel żball jista’ jqajjem dubji dwar is-sinċerità kif ukoll il-kompletezza tal-kooperazzjoni ta’ min qed jagħmel it-talba u, għaldaqstant, jipperikola l-possibbiltà li dan jibbenefika b’mod sħiħ mill-avviż dwar il-kooperazzjoni (ara, f’dan is-sens, is-sentenza tal-Qorti Ġenerali, tas-16 ta’ Novembru 2006, Peróxidos Orgánicos vs Il‑Kummissjoni, T‑120/04, Ġabra p. II‑4441, punt 70). F’dan ir-rigward, għandu wkoll jiġi osservat li l-konsegwenzi potenzjali tal-komunikazzjoni ta’ provi distorti huma iktar u iktar gravi peress li d-dikjarazzjoni kkontestata ta’ impriża għandha tiġi kkorroborata, kif jirriżulta mill-punt 68 iktar ’il fuq. Fil-fatt, dan il-fatt iżid ir-riskju li dikjarazzjonijiet mhux eżatti jiġu identifikati kemm mill-Kummissjoni kif ukoll mill-impriżi l-oħra implikati. Fir-rigward tal-applikazzjoni ta’ dawn ir-regoli f’dan il-każ, qabelxejn, għandu jitfakkar li, skont il-konstatazzjonijiet li saru fid-deċiżjoni kkontestata, l-arranġament komuni kien arranġament mhux miktub li kien jinkludi, l-ewwel nett, l-impenn min-naħa tal-impriżi Ġappuniżi li ma jippenetrawx is-suq tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, it-tieni nett, l-impenn tal-impriżi Ewropej li ma jippenetrawx is-suq Ġappuniż tal-proġetti ta’ SIG u, it-tielet nett, l-impenn tal-impriżi Ewropej li jinnotifikaw lill-impriżi Ġappuniżi l-proġetti ta’ SIG f’pajjiżi Ewropej oħra għajr il-pajjiżi kostrutturi u li jattribwixxu dawn l-istess proġetti fuq il-kwota konġunta “Ewropea” prevista mill-Ftehim GQ. Skont il-Kummissjoni, l-għan tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni kien li joffri kumpens lill-impriżi Ġappuniżi, ipperċepiti bħala kompetituri potenzjali fis-suq taż-ŻEE mill-impriżi Ewropej. F’dan il-kuntest, qabel xejn għandha tiġi miċħuda l-allegazzjoni tar-rikorrenti li l-kontenut tal-kunċett tal-arranġament komuni ma huwiex kostanti tul id-deċiżjoni kkontestata kollha. Fil-fatt, għalkemm jistgħu jiġu kkonstatati xi differenzi minuri bejn id-diversi formulazzjonijiet li ntużaw fid-deċiżjoni kkontestata, dawn id-differenzi ma jaffettwawx il-karatteristiċi fundamentali tal-imsemmi kunċetti kif ġew spjegati fil-punt preċedenti. Fost id-diversi komponenti tal-arranġament komuni elenkati fil-punt 74 iktar ’il fuq, huwa l-allegat impenn tal-impriżi Ġappuniżi li ma jippenetrawx is-suq taż-ŻEE li jikkostitwixxi l-bażi tal-ilment li l-Kummissjoni kkontestat lir-rikorrenti. Konsegwentment, hija l-eżistenza ta’ dan l-impenn li għandha tiġi stabbilita kif titlob il-liġi. Madankollu, il-komponenti l-oħra tal-arranġament komuni, jekk jiġu pprovati, jistgħu jirriżultaw rilevanti bħala provi indiretti li jippermettu li tiġi dedotta l-eżistenza tal-impenn korrispondenti tal-impriżi Ġappuniżi. Ir-rikorrenti jikkontestaw l-eżistenza tal-arranġament komuni, billi jsostnu li l-assenza tagħhom mis-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG tista’ tiġi spjegata mill-fatt li l-impriżi Ġappuniżi ma kinux ikkunsidrati bħala kompetituri kredibbli fis-suq Ewropew għal diversi raġunijiet, b’mod partikolari raġunijiet kummerċjali u tekniċi. Huma jikkontestaw il-valur probatorju tad-diversi elementi prodotti mill-Kummissjoni fid-deċiżjoni kkontestata u jirreferu għal elementi oħra li, fil-fehma tagħhom, jissuġġerixxu li l-arranġament komuni ma kienx jeżisti. Barra minn hekk, huma jipproduċu rapport ippreparat minn konsulenti (iktar ’il quddiem ir-“rapport estern”), li allegatament isostni l-ispjegazzjoni alternattiva tagħhom tal-fatti. Il-Kummissjoni ssostni li l-eżistenza tal-arranġament komuni u, b’mod partikolari, l-impenn tal-impriżi Ġappuniżi li ma jippenetrawx is-suq taż-ŻEE, ġiet stabbilita kif titlob il-liġi permezz ta’ diversi provi li jinkludu provi dokumentarji, dikjarazzjonijiet mill-impriżi, testimonjanzi kif ukoll elementi relatati mal-funzjonament effettiv tal-akkordju. Għaldaqstant, għandhom jiġu evalwati l-affidabbiltà u l-kontenut tad-diversi elementi inkwistjoni sabiex ikun ivverifikat jekk, ikkunsidrati b’mod globali, l-elementi invokati mill-Kummissjoni jsostnux konvinzjoni soda, fir-rigward tal-eżistenza tal-arranġament komuni, li ma huwiex probabbli li titqiegħed f’dubju mill-elementi prodotti mir-rikorrenti. Fuq il-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ –       L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu, minn naħa, li l-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ ma fihom l-ebda allużjoni għall-arranġament komuni, u dan minkejja li dawn l-istess ftehim jistabbilixxu b’mod dettaljat ir-regoli tal-akkordju. F’dan ir-rigward, l-Anness 2 għall-Ftehim GQ ma jirriflettix l-eżistenza tal-imsemmi arranġament komuni, imma l-esklużjoni tal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-ftehim. Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti jikkontestaw l-eżistenza ta’ relazzjoni mill-qrib bejn il-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ. Fil-fehma tagħhom, minkejja n-natura dettaljata tiegħu, il-Ftehim GQ ma jagħmilx allużjoni għall-Ftehim EQ. Barra minn hekk, il-produtturi Ġappuniżi ma kinux partijiet għall-Ftehim EQ u ma kinux jafu l-kontenut tiegħu. Konsegwentement, ir-rikorrenti jikkunsidraw li l-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ ma jikkostitwux provi dokumentarji tal-eżistenza tal-arranġament komuni. Sa fejn l-imsemmija ftehim ma jsemmux l-arranġament komuni, minkejja l-allegata importanza fundamentali tiegħu fl-akkordju dinji, il-kontenut tagħhom saħansitra jipprova li l-imsemmi arranġament ma kienx jeżisti. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Huwa paċifiku bejn il-partijiet li l-Ftehim GQ jipprevedi l-organizzazzjoni ta’ akkordju li jirrigwarda l-proġetti ta’ SIG fuq il-livell dinji. Madankollu, minn naħa, kif isostnu r-rikorrenti, dan il-ftehim ma jsemmix l-arranġament komuni u, min-naħa l-oħra, skont il-kliem tal-Anness 2 tiegħu, l-imsemmi ftehim jeskludi mill‑kamp ta’ applikazzjoni tiegħu lill-Ġappun, lit-12-il Stat Membru tal-Komunità Ewropea ta’ dak iż-żmien kif ukoll ħames pajjiżi oħra tal-Ewropa tal-Punent. F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma hemmx lok li jiġi kkunsidrat li l-Ftehim GQ jikkostitwixxi prova dokumentarja tal-eżistenza tal-arranġament komuni. Fil-fatt, l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni, li tgħid li l-esklużjoni tal-pajjiżi Ewropej u tal-Ġappun kienet dovuta għall-eżistenza tal-imsemmi arranġament, ma hijiex iktar plawżibbli, a priori , mill-interpretazzjoni kuntrarja proposta mir-rikorrenti. Min-naħa tiegħu, il-Ftehim EQ huwa ftehim ta’ eżekuzzjoni tal-Ftehim GQ, li jirrigwarda b’mod partikolari t-tqassim tal-kwota konġunta “Ewropea” prevista minn dan il-ftehim tal-aħħar. Sa ċertu punt, kienet teżisti ċerta rabta bejn l-imsemmija ftehim. Madankollu, il-Ftehim EQ ġie konkluż biss mill-impriżi Ewropej. Ir-rikorrenti b’hekk ma kinux partijiet għalih. Barra minn hekk, dan il-ftehim ma jsemmix b’mod espliċitu l-arranġament komuni. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat ukoll li, f’konformità mal-punt 4 tal-parti “E (E-Members)” tal-Anness 2 għall-Ftehim EQ, il-produtturi Ewropej “jiddeċiedu dwar in-notifika tal-proġetti Ewropej lill-[grupp tal-produtturi Ġappuniżi]”. Mill-kuntest tal-Anness 2 jirriżulta li l-komunikazzjoni tal-informazzjoni kellha ssir qabel l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG inkwistjoni. Dan l-element jippermetti li jiġi miċħud, sa ċertu punt, l-argument tar-rikorrenti peress li jissuġġerixxi li l-produtturi Ewropej kienu jikkunsidraw li l-produtturi Ġappuniżi setgħu kienu interessati, għall-inqas, fil-proċess ta’ allokazzjoni ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, u li għalhekk kienu kompetituri potenzjali għal dawn il-proġetti. Madankollu, xejn fil-Ftehim EQ u lanqas fl-elementi l-oħra prodotti mill-Kummissjoni ma jipprova li l-mekkaniżmu inkwistjoni ġie implementat mill-produtturi Ewropej jew li l-produtturi Ġappuniżi kienu jafu bih. B’hekk, il-Ftehim EQ ma jikkostitwixxix indikazzjoni li tagħti lil wieħed x’jifhem li l-produtturi Ġappuniżi kienu kkunsidrati bħala kompetituri kredibbli għall-provvista ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, kif tallega l-Kummissjoni. Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li l-impenn min-naħa ta’ grupp ta’ produtturi li ma jippenetrawx suq irriżervat għall-grupp l-ieħor, bħall-impenn ikkontestat mill-Kummissjoni lill-produtturi Ġappuniżi, huwa msejjes fuq kunċett sempliċi li jista’ jiġi implementat faċilment. Bl-istess mod, din l-implementazzjoni ma għandhiex bżonn, bħala prinċipju, interazzjoni bejn l-impriżi kkonċernati. Konsegwentement, tali impenn jista’ faċilment jeżisti bħala arranġament mhux miktub, fatt li jippermetti wkoll li jitnaqqas ir-riskju li l-arranġament jiġi skopert. F’dan ir-rigward, fil-premessi 170 sa 176 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni indikat li, f’dan il-każ, il-parteċipanti għall-akkordju adottaw numru ta’ prekawzjonijiet mil-lat organizzattiv u minn dak tekniku sabiex jevitaw li dan jiġi żvelat. Għalkemm huwa minnu li l-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni implementat wara t-tqassim tal-proġetti ta’ SIG inkwistjoni, hekk kif ġie invokat mill-Kummissjoni, kien jeħtieġ ċerti miżuri ta’ implementazzjoni, dawn madankollu ma kinux partikolarment kumplessi, peress li essenzjalment kienu jikkonsistu fil-komunikazzjoni ta’ ċerta data mill-grupp Ewropew lill-grupp Ġappuniż, li kienet ukoll parallela għal dik implementata abbażi tal-Ftehim GQ fir-rigward tal-proġetti ta’ SIG barra miż-ŻEE. Konsegwentement, ma jidhirx li tali miżuri bilfors kienu jeħtieġu regoli bil-miktub. Fuq id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB –       L-argumenti tal-partijiet Qabel xejn, ir-rikorrenti jirrepetu li l-elementi prodotti minn ABB fil-kuntest tat-talba tagħha għal immunità minn multi, u b’mod partikolari d-dikjarazzjonijiet tagħha wara l-għoti ta’ immunità taħt kundizzjonijiet mill-Kummissjoni, għandhom jiġu evalwati fid-dawl tal-pressjoni li kienet suġġetta għaliha ABB, sa fejn din tal-aħħar xtaqet iżżomm il-benefiċċju tal-immunità tagħha, filwaqt li tnaqqas kemm tista’ l-gravità tal-aġir tagħha u tkabbar dak tal-impriżi l-oħra implikati. F’dan il-każ, din il-pressjoni ntweriet b’dikjarazzjonijiet parzjali ppreżentati minn ABB waqt is-smigħ quddiem il-Kummissjoni u fil-kuntest ta’ proċedura parallela mwettqa mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Ċeka. Ir-rikorrenti jżidu li d-dikjarazzjonijiet ta’ ABB ma jmorrux lura għaż-żmien ta’ meta seħħew il-fatti, ma jintroduċux biżżejjed preċiżazzjonijiet dwar l-arranġament komuni u evolvew maż-żmien, ħaġa li tnaqqas il-valur probatorju tagħhom. Fit-talba inizjali tagħha għal immunità minn multi tat-3 ta’ Marzu 2004, ABB ma semmietx l-eżistenza tal-arranġament komuni, li ssemma biss fl-osservazzjonijiet tagħha tal-11 ta’ Marzu 2004. Dwar l-osservazzjonijiet ta’ ABB tal-11 ta’ Marzu 2004, ir-rikorrenti josservaw, l-ewwel nett li, meta ABB issemmi l-parteċipazzjoni tal-impriżi Ġappuniżi fl-arranġament komuni, din donnha talludi għal JAEPS u għal TM T & D Corp., kumpannija bi sħab ta’ Toshiba u ta’ Melco li bejn Ottubru 2002 u April 2005 operat l-attivitajiet fil-qasam ta’ SIG ta’ dawn tal-aħħar. Issa, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni interpretat id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB mhux biss bħala li jirreferu għall-perijodu kollu tal-ksur mill-1998, meta la TM T & D u lanqas JAEPS ma kienu jeżistu dak iż-żmien, imma wkoll bħala li jimplikaw, minbarra lil dawn iż-żewġ kumpanniji, lil Hitachi u lil Hitachi Europe. It-tieni nett, ir-rikorrenti jsostnu li, fl-osservazzjonijiet tagħha tal-11 ta’ Marzu 2004, ABB illimitat ruħha li tagħmel dikjarazzjonijiet vagi fir-rigward tat-tul tal-akkordju, fejn iffokat fuq il-perijodu ta’ bejn l-1999 u l-2002. It-tielet nett, ir-rikorrenti jsostnu li n-natura vaga u kontradittorja tal-osservazzjonijiet ta’ ABB tal-11 ta’ Marzu 2004 tagħti lil wieħed x’jifhem li din hija ipoteżi tal-persunal ta’ din tal-aħħar dwar il-kundizzjonijiet tas-suq iktar milli l-prova ta’ ftehim espliċitu li jinvolvi intenzjoni komuni. Ir-raba’ nett, ir-rikorrenti jikkunsidraw li, fl-osservazzjonijiet tagħha tal-11 ta’ Marzu 2004, ABB qabelxejn ikkonfermat li l-impriżi kkonċernati kienu jikkunsidraw li, minħabba ostakoli ġuridiċi, tekniċi u kummerċjali, id-dħul fis-suq Ewropew kien diffiċli, jekk mhux impossibbli. Huma jsostnu li, f’ċirkustanzi bħal dawn, kwalunkwe ftehim espliċitu li kien jinkludi l-impenn li ma jiġix ippenetrat is-suq inkwistjoni kien ikun bla skop. Fl-aħħar nett, ir-rikorrenti jsostnu li, fl-osservazzjonijiet tagħha tal-4 ta’ Ottubru 2005 li għamlet wara l-preżentata tal-osservazzjonijiet tagħhom kif ukoll dawk tal-produtturi Ġappuniżi l-oħra li kienu jispjegaw l-esistenza tal-ostakoli msemmija iktar ’il fuq, ABB immodifikat id-dikjarazzjonijiet preċedenti tagħha dwar l-arranġament komuni, meta hija ddikjarat b’mod partikolari li l-barrieri għad-dħul fis-suq Ewropew setgħu jiġu megħluba u li, konsegwentement, id-dħul tal-produtturi Ġappuniżi kien ekonomikament possibbli. Issa, skont ir-rikorrenti, il-valur probatorju ta’ tali dikjarazzjoni tardiva li timmodifika radikalment id-dikjarazzjonijiet preċedenti jqajjem xi dubji. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fir-rigward tal-kredibbiltà tad-dikjarazzjonijiet ta’ ABB magħmula fil-kuntest tat-talba tagħha għal immunità minn multi, ġie spjegat fil-punti 72 u 73 iktar ’il fuq li s-sempliċi fatt li ssir talba biex impriża tibbenefika mill-applikazzjoni tal-avviż dwar il-kooperazzjoni ħalli tikseb l-imsemmija immunità mhux bilfors joħloq inċentiv biex jiġu prodotti provi distorti fir-rigward tal-parteċipazzjoni ta’ membri oħra tal-akkordju. Iċ-ċirkustanzi speċifiċi li allegatament juru l-pressjoni li kienet suġġetta għaliha ABB ma humiex tali li jinfluwenzaw din il-konstatazzjoni. Fil-fatt, waqt is-smigħ quddiem il-Kummissjoni, kulma għamlet ABB kien li tispjega l-kuntest fattwali tal-akkordju u li tallega li l-punti ta’ fatt li hija kienet issottomettiet lill-Kummissjoni kienu jiġġustifikaw li hija tingħata immunità minn multi. Fil-kuntest tal-proċedura mwettqa mill-Awtorità tal-Kompetizzjoni Ċeka, l-intervent ta’ ABB kien jinvolvi, minbarra dawn iż-żewġ partijiet, parti ddedikata għall-evalwazzjoni ġuridika tal-fatti kif ukoll tal-osservazzjonijiet dwar id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet. Issa, ma jidhirx li, f’dawn iż-żewġ każijiet, ABB marret lil hinn minn dak li wieħed jista’ jistenna minn impriża li talbet immunità minn multi u li tixtieq tiżgura ruħha, permezz ta’ kooperazzjoni sħiħa mal-awtorità kkonċernata, li se żżomm l-immunità taħt kundizzjonijiet li ngħatatilha. Konsegwentement, ma hemmx lok li jiġi kkunsidrat li l-kredibbiltà tad-dikjarazzjonijiet ta’ ABB tqiegħdet f’dubju mill-fatt li din tal-aħħar talbet li tibbenefika minn immunità minn multi. L-argument tar-rikorrenti bbażat fuq l-allegazzjoni li d-dikjarazzjonijiet ta’ ABB ma jmorrux lura għaż-żmien meta seħħew il-fatti lanqas ma jista’ jintlaqa’. Fil-fatt, minn naħa, id-dikjarazzjonijiet ippreżentati lill-Kummissjoni minn impriża fil-kuntest ta’ talba għal immunità minn multi ma jistgħux, skont id-definizzjoni, ikunu kontemporanji għall-allegat aġir ta’ ksur kollu, mingħajr ma’ dan il-fatt ineħħilhom kull forza probatorja. Min-naħa l-oħra, f’dan il-każ, ABB allegat li kien jeżisti arranġament komuni mill-11 ta’ Marzu 2004, jiġifieri qabel ma ġie fi tmiemu l-ksur imsemmi mid-deċiżjoni kkontestata. Fir-rigward tal-kontenut tad-dikjarazzjonijiet differenti ta’ ABB, l-ewwel nett, ma hemmx lok li tingħata importanza partikolari lill-fatt li l-arranġament komuni ma jissemmiex fit-talba inizjali, jiġifieri t-talba għal immunità minn multi tat-3 ta’ Marzu 2004. Fil-fatt, waqt l-ewwel kuntatt mal-Kummissjoni fil-kuntest ta’ talba għal immunità minn multi, huwa normali li l-impriża inkwistjoni ma tiddeskrivix b’mod dettaljat l-aspetti kollha tal-ksur li bi ħsiebha tiżvela l-eżistenza tiegħu. Barra minn hekk, għalkemm, fit-talba inizjali tagħha, ABB ma ssemmix b’mod espliċitu l-arranġament komuni, hija xorta tindika li JAEPS u TM T & D kienu fost il-parteċipanti fl-akkordju u li dan kien ikopri lill-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Issa, din l-affermazzjoni timplika li, fil-fehma ta’ ABB, iż-żewġ kumpanniji kkonċernati pparteċipaw fl-arranġament komuni. It-tieni nett, fl-osservazzjonijiet tagħha tal-11 ta’ Marzu 2004, jiġifieri qabel ma ngħatat l-immunità taħt kundizzjonijiet, ABB semmiet b’mod espliċitu l-eżistenza ta’ arranġament komuni li abbażi tiegħu ż-żewġ kumpanniji Ġappuniżi ma kellhomx iressqu offerti għall-proġetti Ewropej u l-kumpanniji Ewropej ma kellhomx iressqu offerti għall-proġetti Ġappuniżi. F’dan il-kuntest, huwa naturali li ABB semmiet żewġ kumpanniji Ġappuniżi, jiġifieri JAEPS u TM T & D, peress li, meta ppreżentat id-dikjarazzjonijiet tagħha, kien fi ħdan dawn il-kumpanniji bi sħab li kienu miġbura l-attivitajiet fil-qasam ta’ SIG tal-impriża Hitachi, ta’ Fuji, ta’ Toshiba u ta’ Melco. Madankollu, jibqa’ l-fatt li l-Kummissjoni kellha kull dritt li tinterpreta din id-dikjarazzjoni bħala li tindika li l-imsemmija impriżi kienu huma wkoll parteċipanti fl-arranġament komuni. Fil-fatt, fit-talba inizjali tagħha, ABB kienet diġà ppreċiżat li, sa fejn kienet taf, il-kartell kien ilu jeżisti iktar minn għaxar snin, li jimplika li ġie fformat ferm qabel ma nħolqu JAEPS u TM T & D. Bl-istess mod, il-qari flimkien tal-osservazzjonijiet ta’ ABB tal-11 ta’ Marzu 2004 u t-talba inizjali tagħha jippermetti li jiġi miċħud l-argument tar-rikorrenti li ABB ma pprovdietx preċiżazzjonijiet dwar it-tul tal-akkordju. Fil-fatt, fit-talba inizjali tagħha, ABB indikat li l-akkordju kien ilu jiffunzjona għall-inqas mill-1994 u l‑osservazzjonijiet tagħha tal-11 ta’ Marzu 2004 ma jikkontradixxux din il-konstatazzjoni. Barra minn hekk, għalkemm ABB ċertament iddikjarat li l-arranġament komuni kien ibbażat fuq il-fatt li l-produtturi Ġappuniżi ma kinux aċċettati mill-klijenti Ewropej u kellhom jiffaċċjaw ċerti ostakoli fis-suq Ewropew. Madankollu, mill-osservazzjonijiet tagħha tal-11 ta’ Marzu 2004 jirriżulta b’mod ċar li, fil-fehma tagħha, l-impriżi Ġappuniżi implikati ma llimitawx irwieħhom biex jikkonstataw l-eżistenza ta’ dawn l-ostakoli, imma impenjaw irwieħhom, fil-konfront tal-imsieħba Ewropej tagħhom, li ma jippenetrawx is-suq taż-ŻEE. B’hekk, iktar milli jagħmlu l-eżistenza tal-arranġament komuni bla skop, il-barrieri għad-dħul fl-imsemmi suq jikkostitwixxu fattur li wassal għall-konklużjoni tal-imsemmi arranġament. Għandu jiġi osservat ukoll li tali konstatazzjoni ma hijiex paradossali, peress li huwa naturali li produttur, fil-kuntest ta’ tqassim tas-swieq bħal dak allegat mill-Kummissjoni f’dan il-każ, jabbanduna f’idejn il-kompetituri tiegħu s-swieq fejn il-pożizzjoni tiegħu tkun dgħajfa. It-tielet nett, għandha tiġi miċħuda l-allegazzjoni tar-rikorrenti li l-osservazzjonijiet ta’ ABB tal-4 ta’ Ottubru 2005 jikkontradixxu d-dikjarazzjonijiet preċedenti tagħha. Fil-fatt fl-imsemmija osservazzjonijiet, ABB ikkonfermat l-eżistenza tal-arranġament komuni. Għalkemm hija enfasizzat, f’dik l-okkażjoni, il-fatt li l-ostakoli li kienu ffaċċjati bihom il-prodotturi Ġappuniżi, li kieku riedu jippenetraw is-suq taż-ŻEE, setgħu jiġu megħluba, madankollu, din il-konstatazzjoni ma tikkontradixxix id-dikjarazzjonijiet tal-11 ta’ Marzu 2004, li ma rreferewx għall-fatt li l-penetrazzjoni tal-imsemmi suq kienet impossibbli imma biss li kienet diffiċli. Għaldaqstant, bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikorrenti, l-osservazzjonijiet ta’ ABB tal-4 ta’ Ottubru 2005 jikkostitwixxu kjarifika koerenti mad-dikjarazzjonijiet preċedenti tagħha. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi konkluż li d-dikjarazzjonijiet ta’ ABB jikkostitwixxu element li jista’ jipprova l-arranġament komuni, inkwantu fihom tissemma l-eżistenza tal-imsemmi arranġament, hemm deskritt il-kontenut essenzjali ta’ dan l-arranġament u hemm indikazzjonijiet dwar it-tul tiegħu u dwar il-parteċipanti għalih. Barra minn hekk, id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB huma koerenti, ġew ipprovduti f’isem impriża u mill-kontenut tagħhom jirriżulta li huma bbażati fuq riċerki interni kif ukoll fuq diskussjonijiet mal-impjegati ta’ dik l-impriża. Għaldaqstant, għandu jiġi rrikonoxxut li huma għandhom ċertu livell ta’ valur probatorju. Madankollu, abbażi tal-ġurisprudenza esposta fil-punt 68 iktar ’il fuq, il-kontenut tagħhom, ikun xi jkun il-każ, għandu jkun ikkorroborat minn provi oħra. Fuq it-testimonjanzi tal-impjegati u ta’ ex impjegat ta’ ABB –       L-argumenti tal-partijiet Qabel xejn, ir-rikorrenti jirrepetu l-argument tagħhom li l-valur probatorju tal-elementi prodotti minn ABB tnaqqas minħabba li din tal-aħħar ressqet talba biex tibbenefika minn immunità minn multi. Ir-rikorrenti jippreċiżaw, f’dan ir-rigward, li t-testimonjanzi tal-impjegati u ta’ ex impjegat ta’ ABB ġew ippreżentati waqt intervisti li saru f’Settembru 2005, jiġifieri 18-il xahar wara l-ewwel talba għal immunità minn multi, fuq it-talba tal-Kummissjoni u fil-preżenza tal-persunal tagħha kif ukoll tal-konsulent ġuridiku ta’ ABB, li anki intervjena b’mod attiv waqt l-intervista ma’ M. Bl-istess mod, ċerti osservazzjonijiet ippreżentati waqt dawn l-intervisti juru, skont ir-rikorrenti, li qabel kienu saru xi laqgħat preparatorji u li mill-inqas ġiet redatta nota bil-miktub. B’mod partikolari, id-dikjarazzjonijiet ta’ M. donnhom kienu r-riżultat ta’ intervista preparatorja mal-konsulent estern ta’ ABB li saret dakinhar tas-smigħ. Minkejja dan il-fatt, jeżistu xi inkoerenzi fid-diversi testimonjanzi. Barra minn hekk, ix-xhieda ġew imwissija bl-importanza li kellhom l-intervisti għall-eżitu tat-talba għal immunità minn multi ta’ ABB. Konsegwentement, skont ir-rikorrenti, dawn ix-xhieda kellhom interess personali li jipproduċu elementi quddiem il-Kummissjoni li jikkorroboraw l-eżistenza tal-arranġament komuni. B’mod partikolari, l-unika motivazzjoni ta’ M. biex jipparteċipa fil-proċedura kienet li jżomm il-benefiċċji li ABB ilha tagħtih minn mindu rtira. Min-naħa l-oħra, skont ir-rikorrenti, ma kienx hemm riskju li t-testimonjanzi jkunu ta’ dannu għal ABB peress li dawn kienu se jiġu kkunsidrati b’mod favorevoli fil-kuntest tal-evalwazzjoni tat-talba għal immunità minn multi tagħha. Barra minn hekk, id-dikjarazzjonijiet tax-xhieda la ġew redatti bil-miktub u lanqas ma ġew eżaminati mill-ġdid minnhom sabiex ikun ivverifikat kemm kienu eżatti. B’hekk, dawn ma sarux wara riflessjoni fil-fond. Ix-xhieda tkellmu fil-kwalità tagħhom ta’ impjegati jew ta’ ex impjegat u mhux fil-kwalità ta’ rappreżentanti uffiċjali ta’ ABB. Ir-rikorrenti jżidu li, f’għadd ta’ każijiet, il-persuni interrogati ma kinux xhieda diretti tal-avveniment li kienu qed isemmu. B’mod partikolari, M. la kien xhud dirett tal-oriġini tal-arranġament komuni u lanqas tal-allegata adozzjoni tiegħu fil-15 ta’ April 1988, peress li indika li l-arranġament diġà jeżisti, probabbilment saħansitra sa minn qabel ma twieled. Barra minn hekk, it-testimonjanza ta’ M. ta’ Settembru 2005 tikkontradixxi diversi drabi l-osservazzjonijiet preċedenti ta’ ABB ibbażati fuq id-dikjarazzjonijiet preċedenti ta’ M u t-termini użati minnu ma kinux preċiżi u ġew issuġġeriti mill-Kummissjoni jew mill-konsulent estern ta’ ABB. Iktar minn hekk, il-fatt li ma ftakarx fl-eżistenza tal-Ftehim GE qabel Novembru 2006 jqajjem dubju ieħor dwar l-affidabbiltà tat-testimonjanza tiegħu. Il-Kummissjoni stess irrikonoxxiet il-valur probatorju dgħajjef tat-testimonjanza ta’ M., inkwantu kienet selettiva fir-rigward tal-elementi li użat. Fir-rigward tal-kontenut tat-testimonjanzi, l-ebda wieħed mix-xhieda ma seta’ jikkonferma t-tul tal-arranġament komuni, peress li M. ikkunsidra li l-mekkaniżmu tal-Ftehim GQ u b’hekk, impliċitament, l-arranġament stess, ma baqax jeżisti fl-2002, filwaqt li x-xhieda l-oħra jallegaw li l-arranġament kien fis-seħħ f’diversi perijodi bejn l-2002 u l-2004. Bl-istess mod, l-ebda xhud ma uża t-terminu “arranġament komuni” u l-allużjonijiet għall-eżistenza ta’ akkordju kienu mfittxija mill-Kummissjoni, u ma sarux b’mod volontarju. F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti jippreċiżaw li, anki jekk il-Kummissjoni kienet esponiet il-kunċett tal-arranġament komuni waqt l-intervista ma’ Wi., dan tal-aħħar seta’ biss jippreżenta osservazzjonijiet fir-rigward tal-perijodu ta’ bejn Lulju 2002 u Jannar 2004. L-osservazzjonijiet ta’ P. dwar l-arranġament komuni kienu wkoll vagi, li wassal lill-Kummissjoni biex tipprova tipperswadih jissostitwixxi t-termini impreċiżi b’formulazzjonijiet iktar espliċiti li kienu jikkonfermaw il-fehma ta’ din tal-aħħar. V.‑A., min-naħa tiegħu, għall-ewwel informa lill-Kummissjoni, waqt l-intervista tiegħu, bil-fatt li l-Ewropa u l-Amerka ta’ Fuq kienu esklużi mill-akkordju. L-istess bħal fil-każ ta’ P., il-Kummissjoni introduċiet il-kunċett ta’ arranġament komuni sussegwentement fil-konverżazzjoni. B’hekk, it-tliet testimonjanzi inkwistjoni la huma preċiżi u lanqas koerenti u b’hekk ma humiex frott ta’ riflessjoni fil-fond. Fir-rigward tat-testimonjanza ta’ M., ir-rikorrenti jsostnu li d-dikjarazzjoni inizjali tiegħu dwar il-protezzjoni reċiproka tas-swieq domestiċi tirrigwarda l-kunċett tal-pajjiżi kostrutturi u mhux l-arranġament komuni kif ġie ddefinit mill-Kummissjoni. Bl-istess mod, id-dikjarazzjonijiet tiegħu dwar l-arranġament komuni kienu vagi. Ir-rikorrenti josservaw ukoll li M. ma kkonfermax li l-produtturi Ġappuniżi kienu kapaċi jbigħu prodotti tas-SIG fis-suq Ewropew. Fil-fatt, anki wara l-intervent tal-konsulent estern ta’ ABB li pprova jiggwida lix-xhud, dan tal-aħħar sostna li l-parteċipazzjoni tal-produtturi Ġappuniżi fis-suq Ewropew kienet rari ħafna. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Qabel xejn, għandu jiġi osservat li t-testimonjanzi tal-impjegati u tal-ex impjegat ta’ ABB ma humiex elementi distinti u indipendenti mid-dikjarazzjonijiet ta’ din tal-aħħar, peress li x-xhieda tkellmu quddiem il-Kummissjoni fuq l-inizjattiva ta’ ABB u fil-kuntest tal-obbligu ta’ kooperazzjoni li għandha din tal-aħħar abbażi tal-avviż dwar il-kooperazzjoni, filwaqt li bbenefikaw mill-preżenza tal-konsulent estern ta’ ABB. Konsegwentement, it-testimonjanzi kkonċernati ma humiex xierqa sabiex jikkorroboraw id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB fis-sens tal-ġurisprudenza ċċitata fil-punt 68 iktar ’il fuq. Anzi huma komplementari għall-imsemmija dikjarazzjonijiet, fejn setgħu jippreċiżaw u jikkonkretizzaw il-kontenut tagħhom. Għaldaqstant, huma wkoll għandhom jiġu kkorroborati minn provi oħra. Sa fejn ir-rikorrenti jsemmu l-kwistjoni tal-kredibbiltà tat-testimonjanzi pprovduti mill-impjegati u mill-ex impjegat ta’ impriża li talbet li tibbenefika minn immunità minn multi, mill-punti 72 u 73 iktar ’il fuq jirriżulta li ma hemmx lok li tali provi jiġu awtomatikament ittrattati b’kawtela. Fir-rigward tal-motivazzjoni individwali tax-xhieda, huwa ċertament possibbli li l-impjegati ta’ tali impriża, li huma obbligati jaġixxu fl-interess tagħha, jikkondividu l-intenzjoni li jipproduċu l-iktar elementi inkriminanti possibbli, anki peress li l-kooperazzjoni tagħhom fil-kuntest tal-proċedura tista’ tinfluwenza b’mod pożittiv il-ġejjieni professjonali tagħhom. Madankollu, jekk dan huwa l-każ, l-impjegati inkwistjoni jafu wkoll bil-konsegwenzi negattivi potenzjali jekk jipproduċu elementi ineżatti, li jsiru iktar sinjifikattivi minħabba r-rekwiżit tal-korroborazzjoni. Fir-rigward ta’ M., ex impjegat ta’ ABB, bħala prinċipju, ma huwiex iktar obbligat li jaġixxi fl-interess tal-kumpannija li kienet tħaddmu qabel fir-rigward tal-kooperazzjoni volontarja fi proċedura amministrattiva. Madankollu, dan il-fatt jimplika wkoll li, bħala prinċipju, ma għandux interess li jirreferi għal elementi ineżatti f’dan il-kuntest. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li, meta ta t-testimonjanza tiegħu, M. kien diġà rtirat. F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma jidhirx li n-nuqqas ta’ kooperazzjoni tiegħu fil-proċedura amministrattiva kien se jkollu xi konsegwenzi sfavorevoli għalih, b’mod partikolari fir-rigward tal-benefiċċji li kienu allegati mogħtija lilu minn ABB. Il-fatt li għadda ċertu perijodu bejn meta tressqet it-talba għal immunità minn multi u l-intervisti max-xhieda lanqas ma jqiegħed f’dubju, per se , il-valur probatorju tat-testimonjanzi miġbura. Fil-fatt, huwa ġġustifikat li l-Kummissjoni tikseb provi supplimentari matul l-investigazzjoni tagħha sabiex ikollha l-elementi kollha rilevanti għall-evalwazzjoni tal-eżistenza ta’ ksur, b’mod partikolari fid-dawl tal-osservazzjonijiet tal-impriżi kkonċernati. Min-naħa l-oħra, il-perijodu li għadda bejn il-preżentazzjoni tat-testimonjanza u l-fatti li huma s-suġġett tagħha jista’ jkun rilevanti fl-evalwazzjoni tal-kredibbiltà tagħha, billi ġeneralment ix-xhieda jistgħu jipprovdu testimonjanza iktar dettaljata u iktar affidabbli dwar avvenimenti reċenti. Issa, f’dan il-każ, il-perijodu li għadda bejn il-preżentazzjoni tat-testimonjanzi f’Settembru 2005 u t-tmiem tal-implikazzjoni tad-diversi xhieda fil-kartell, jiġifieri Mejju 2004 għal V.‑A., W. u P. u Ġunju 2002 għal M., ma huwiex biżżejjed twil biex jaffettwa l-kredibbiltà tagħhom. Il-kredibbiltà tat-testimonjanzi inġenerali lanqas ma hija affettwata mill-preżenza tal-konsulent estern ta’ ABB waqt l-intervisti, billi t-testimonjanzi kienu ppreżentati fil-kuntest tal-kooperazzjoni ta’ ABB abbażi tal-avviż dwar il-kooperazzjoni u x-xhieda indikaw b’mod espliċitu, fil-bidu tal-intervisti rispettivi tagħhom, li huma xtaqu jkunu assistiti mill-imsemmi konsulent. Ċertament, il-konsulent estern ta’ ABB intervjena f’mument preċiż tal-intervista ta’ M. sabiex jissuġġerixxi lil dan tal-aħħar li seta’ jkun profittabbli għall-produtturi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq Ewropew, għalkemm M. ma deherx wisq konvint b’dan. Konsegwentement, għandu jiġi kkunsidrat li M. kellu xi dubji dwar l-interess kummerċjali ta’ approċċ bħal dan u dan il-fatt għandu jittieħed inkunsiderazzjoni meta jiġi evalwat il-kontenut tat-testimonjanza tiegħu. Madankollu, ir-rikorrenti ma jispjegawx sa fejn dan l-intervent tal-konsulent estern ta’ ABB jaffettwa l-kredibbiltà tat-testimonjanza ta’ M. f’aspetti oħra. Fir-rigward tar-redazzjoni minn qabel ta’ nota u l-organizzazzjoni ta’ intervisti preparatorji, ma huwiex sorprendenti li impriża li talbet li tibbenefika minn immunità minn multi identifikati minn qabel il-punti ta’ fatt rilevanti għat-talba tagħha kif ukoll ix-xhieda li kienu kapaċi jitkellmu dwar is-suġġett tagħhom u analizzat ma’ dawn tal-aħħar il-portata ta’ x’kienu jafu. Barra minn hekk, ma jistax jiġi kkunsidrat li ma kienx probabbli li t-testimonjanzi kkonċernati jipproduċu effetti dannużi għal ABB. Fil-fatt inkwantu l-intervisti saru qabel ma ntbagħtet id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, la ABB, la l-impjegati tagħha u lanqas l-ex impjegat tagħha ma setgħu jkunu ċerti mill-portata u mill-kontenut eżatt tal-ilmenti li kienu se jiġu kkontestati lil ABB. Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti ġustament isostnu li t-testimonjanzi kkonċernati ma jidhirx li kienu r-riżultat ta’ riflessjoni fil-fond u li dawn lanqas ma ġew riveduti wara riflessjoni u verifiki supplimentari. Fil-fatt, it-testimonjanzi ngħataw oralment u la fadal traċċa tal-mistoqsijiet bil-miktub li l-Kummissjoni għamlet qabel lix-xhieda u lanqas tal-fatt li d-dikjarazzjonijiet dwar l-arranġament komuni u dwar l-barrieri għad-dħul fis-suq taż-ŻEE ġew ivverifikati u riveduti sussegwentement mill-awturi tagħhom. Bl-istess mod, ma jidhirx li x-xhieda tkellmu bħala rappreżentanti uffiċjali ta’ ABB. Fil-fatt, qabelxejn, jidher li dan ir-rwol kien ġie essenzjalment assunt mill-konsulenti esterni ta’ ABB, li għamlu d-dikjarazzjonijiet eżaminati fil-punti 102 sa 114 iktar ’il fuq. It-tieni nett, kif ġie osservat fil-punt 131 iktar ’il fuq, meta ta t-testimonjanza tiegħu, M. ma kienx għadu, a priori , obbligat li jaġixxi fl-interess tal-ex kumpannija li kienet tħaddmu u lanqas ma hemm indikazzjoni li tagħti lil wieħed x’jifhem li huwa jew kwalunkwe xhud ieħor ipprepara ruħu sistematikament għall-intervista billi kkonsulta impjegati l-oħra ta’ ABB u dokumenti miżmuma minnha. Fl-aħħar nett, il-mistoqsijiet magħmula mill-Kummissjoni waqt l-intervisti ma kinux jirrigwardaw il-pożizzjoni uffiċjali ta’ ABB dwar is-suġġetti diskussi, imma pjuttost dak li kienu jafu personalment id-diversi xhieda. L-allegazzjoni tar-rikorrenti li tgħid li l-persuni interrogati ta’ spiss ma kinux xhieda diretti tal-avvenimenti kkonċernati, min-naħa tagħha, għandha tiġi miċħuda. Fil-fatt, mit-testimonjanzi jirriżulta li l-erba’ xhieda pparteċipaw personalment fl-operazzjonijiet tal-akkordju. B’mod partikolari, M. kien wieħed mir-rappreżentanti ta’ ABB fi ħdan l-akkordju bejn l-1988 u l-2002, jiġifieri kważi għall-perijodu kollu kemm dam jiffunzjona l-akkordju, filwaqt li ABB kienet hija stess waħda mill-atturi prinċipali. B’hekk, M. kien xhud dirett u privileġġjat taċ-ċirkustanzi li spjega. F’dan ir-rigward, għandu jiġi ammess li, fit-testimonjanza tiegħu, M. ikkonferma li huwa ma kienx preżenti meta ġie konkluż l-arranġament komuni li, fil-fehma tiegħu, kien jeżisti qabel ma ġew iffirmati l-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ. Bl-istess mod, meta ġie interrogat dwar il-kwistjoni ta’ jekk is-suġġett tal-arranġament komuni tqajjimx waqt il-laqgħat li attenda għalihom, M. wieġeb li ma kienx hemm għalfejn jissemma peress li l-arranġament komuni kien ovvju. Madankollu, dawn il-fatti ma jqegħdux f’dubju l-valur probatorju tat-testimonjanza ta’ M. Fil-fatt, minn naħa, xhud jista’ jipproduċi perfettament il-prova ta’ fenomenu li dam matul iż-żmien anki jekk huwa ma kienx preżenti għall-bidu tiegħu. Min-naħa l-oħra, għalkemm M. iddikjara li l-kwistjoni tal-arranġament komuni ma ġietx diskussa b’mod espliċitu waqt il-laqgħat li kien ipparteċipa fihom, mit-testimonjanza tiegħu jirriżulta li, fil-fehma tiegħu, dan kien minħabba li l-kontenut tal-imsemmi arranġament kien mifhum, aċċettat u implementat mill-parteċipanti għall-akkordju mingħajr ma kien hemm għalfejn ikun hemm diskussjoni espliċita. Sa fejn l-impenn tal-impriżi Ġappuniżi, invokat mill-Kummissjoni, kien jikkonsisti f’sempliċi nuqqas ta’ azzjoni u mhux f’azzjoni pożittiva, każ ipotetiku bħal dan huwa, għaldaqstant, possibbli. Ir-rikorrenti ma jispjegawx fid-dettall l-allegati inkoerenzi li jaffettwaw id-diversi testimonjanzi. Barra minn hekk, il-paragun tat-testimonjanzi, kemm bejniethom kif ukoll mal-elementi l-oħra prodotti minn ABB, ma jiżvelax inkoerenzi tali li jaffettwaw il-kredibbiltà tad-dikjarazzjonijiet dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni. L-uniku punt ta’ diverġenza li għandu xi importanza huwa marbut mal-eżistenza tal-interess kummerċjali tal-impriżi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq Ewropew. Issa, kif se jiġi spjegat fil-punti 156 sa 158 iktar ’l isfel, il-pożizzjoni ta’ ċerti xhieda dwar dan il-punt hija bla ħsara għad-dikjarazzjonijiet tagħhom dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni. Fir-rigward tan-natura allegatament inkompleta tat-testimonjanza ta’ M., għandu jiġi osservat li ma huwiex sorprendenti li xhud ma jkunx f’pożizzjoni li jiftakar, waqt intervista, id-dokumenti kollha relatati ma’ akkordju. Barra minn hekk, għalkemm M. ma rreferiex b’mod espliċitu għall-Ftehim GE waqt l-intervista, madankollu huwa semma l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, li saret abbażi tal-ftehim preċedenti għall-Ftehim GQ li fosthom kien hemm, b’mod partikolari, il-Ftehim GE. Bl-istess mod, il-fatt li l-Kummissjoni ma sfruttatx l-elementi kollha inklużi f’testimonjanza ma jimplikax li din għandha valur probatorju dgħajjef. Fil-fatt, huwa normali li ċerti elementi jkunu mingħajr rilevanza jew li ċerti ċirkustanzi jkunu sostnuti, b’mod iktar konvinċenti, minn provi oħra. Fir-rigward tal-kontenut tat-testimonjanzi, id-dikjarazzjonijiet dwar it-tul tal-akkordju huma koerenti kemm bejniethom kif ukoll mal-affermazzjonijiet tal-Kummissjoni, bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikorrenti. Fil-fatt, M. indika b’mod ċar li r-regola tal-osservanza reċiproka tas-swieq domestiċi mill-gruppi ta’ produtturi Ewropej u Ġappuniżi kienet ilha teżisti żmien twil u kienet saħansitra teżisti qabel il-Ftehim GQ. Id-dikjarazzjoni ta’ M. li tgħid li l-mekkaniżmu tal-Ftehim GQ ma baqax jeżisti fl-2002 ma jimplikax, per se , li lanqas l-arranġament komuni ma baqa’ jeżisti. Minn naħa, matul dan il-perijodu, il-metodi ta’ funzjonament tal-akkordju evolvew xi ftit prinċipalment minħabba l-fatt li Siemens u l-impriża Hitachi reġgħu bdew jipparteċipaw fl-imsemmi akkordju u M. b’hekk seta’ jikkunsidra li l-Ftehim GQ, kif ġie ffirmat fl-1988 u kif ġie rivedut sussegwentement, ma baqax jiġi implementat iktar. Dan il-fatt huwa bla ħsara għall-fatt li l-metodi ta’ funzjonament implementati minn Lulju 2002 setgħu wkoll kienu bbażati fuq l-arranġament komuni jew fuq arranġament simili. Ix-xhieda l-oħra ta’ ABB, apparti M., jikkonfermaw b’mod espliċitu li dan kien il-każ hawnhekk, inkwantu mid-dikjarazzjonijiet tagħhom jirriżulta li l-arranġament komuni bejn il-produtturi Ewropej u Ġappuniżi dwar l-osservanza tas-swieq domestiċi, kien jeżisti waqt il-perijodu li matulu huma kienu implikati fil-funzjonament tal-akkordju, jiġifieri bejn Lulju 2002 u l-2004. Min-naħa l-oħra, f’Ġunju 2002, M. ġie mġiegħel jirtira qabel iż-żmien, wara li s-superjur ġerarkiku l-ġdid tiegħu skopra attivitajiet kollużivi min-naħa tiegħu. Dan il-fatt jispjega kif M. ma kienx jaf fid-dettall il-metodi ta’ funzjonament tal-akkordju li ġew implementati minn Lulju 2002. Bl-istess mod, ma jistax jiġi sostnut li r-referenzi tax-xhieda għall-arranġament komuni huma vagi u mhux spontanji. Fil-fatt, kull wieħed mix-xhieda semma, fi kliemu, l-eżistenza ta’ sitwazzjoni speċifika, fir-rigward tas-swieq Ewropej u Ġappuniżi, li tikkorrispondi għall-arranġament komuni invokat mill-Kummissjoni. Bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikorrenti, Wi. ddikjara li l-assenza tal-impriżi Ġappuniżi mis-suq Ewropew kienet ir-riżultat ta’ sistema ta’ protezzjoni tas-suq Ġappuniż u ta’ dak Ewropew, immotivata mill-fatt li l-ebda wieħed miż-żewġ gruppi ta’ produtturi ma xtaq li l-grupp l-ieħor jintervjeni fis-suq domestiku tiegħu. Jekk, wara l-intervista, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni reġa’ lura għal dan is-suġġett, billi introduċa tabilħaqq il-kunċett ta’ arranġament komuni, madankollu kull ma għamel kien li ċċara l-kunċett introdott spontanjament minn Wi. P. irrefera b’mod spontanju għal ftehim komuni mal-impriżi Ġappuniżi li abbażi tiegħu dawn tal-aħħar ma kellhomx jipparteċipaw fis-suq Ewropew u l-impriżi Ewropej ma kellhomx jipparteċipaw fis-suq Ġappuniż. F’dan il-każ ukoll, ir-rappreżentant tal-Kummissjoni sussegwentement reġa’ lura għal din il-kwistjoni, imma kulma għamel kien li vverifika jekk kienx fehem sew id-dikjarazzjonijiet spontanji preċedenti. Fil-każ ta’ V.‑A., il-Kummissjoni ma introduċietx il-kunċett tal-arranġament komuni, imma sempliċement staqsiet lix-xhud jekk kienx jaf b’xi arranġament bejn il-produtturi Ewropej u Ġappuniżi. Bi tweġiba għal din il-mistoqsija, V.‑A. semma l-eżistenza ta’ ftehim bejn il-produtturi Ġappuniżi u Ewropej li abbażi tiegħu l-impriżi Ewropej ma kellhomx “jattakkaw” lill-impriżi Ġappuniżi fis-suq Ġappuniż u viċi versa. Barra minn hekk, V.‑A. iddikjara li pparteċipa għal diskussjoni espliċita bejn l-impriżi Ewropej u r-rappreżentant ta’ impriża Ġappuniża dwar l-osservanza ta’ dan il-ftehim, li kienet ikkawżata mit-tentattivi ta’ impriżi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq Ewropew. Barra minn hekk, fir-rigward tal-allegata esklużjoni ta’ ċerti territorji mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-akkordju dinji, V.‑A., minn naħa, iddikjara li l-Amerka ta’ Fuq kienet eskluża minħabba raġuni speċifika, jiġifieri r-riskju ta’ sanzjonijiet jekk jiġi skopert il-kartell. Min-naħa l-oħra, huwa spjega li l-esklużjoni tal-pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent kienet tfisser li l-proġetti ta’ SIG inkwistjoni ma kinux diskussi mill-produtturi Ewropej waqt il-laqgħat li huwa kien preżenti għalihom, li kienu dawk tal-akkordju dinji rregolat preċedentement mill-Ftehim GQ u mill-Ftehim EQ, imma f’okkażjoni oħra. Issa, dawn id-dikjarazzjonijiet huma għalkollox kompatibbli, kemm mal-imsemmija ftehim kif ukoll mal-affermazzjonijiet tal-Kummissjoni. Fl-aħħar nett, fir-rigward tat-testimonjanza ta’ M., huwa ddikjara li kien jeżisti arranġament dwar il-protezzjoni reċiproka tas-swieq domestiċi, preċedenti għall-Ftehim GQ, bejn il-produtturi Ġappuniżi u Ewropej, li dan l-arranġament kien kundizzjoni neċessarja għall-konklużjoni ta’ ftehim dwar reġjuni oħra u li l-osservanza tar-regoli tiegħu kienet timplika li l-produtturi Ġappuniżi ma kellhomx jippenetraw is-suq domestiku tal-produtturi Ewropej, anki jekk huma kienu kapaċi jagħmlu dan mil-lat tekniku. F’dan il-kuntest, M. spjega wkoll il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni kif ukoll il-fatt li l-proġetti ta’ SIG fil-pajjiżi kostrutturi ma kinux is-suġġett ta’ diskussjonijiet bejn iż-żewġ gruppi ta’ produtturi u ma kinux attribwiti fuq il-kwoti previsti mill-Ftehim GQ. B’hekk, id-dikjarazzjonijiet ta’ M. jikkonfermaw l-eżistenza tal-arranġament komuni invokat mill-Kummissjoni u ma jistgħux jiġu kkwalifikati bħala vagi, peress li huma jippreċiżaw it-tul tal-imsemmi arranġament, il-kontenut tiegħu u l-parteċipanti għalih. In-nuqqas ta’ preċiżazzjonijiet dwar l-implementazzjoni ta’ dan l-arranġament ma huwiex daqstant sorprendenti meta jiġi kkunsidrat li l-impenn essenzjali tal-partijiet kien jikkonsisti f’nuqqas ta’ attività f’ċerti swieq. Barra minn hekk, M. iddeskriva l-parti tal-arranġament komuni li kienet teħtieġ miżuri ta’ implementazzjoni, jiġifieri l-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni. Madankollu, kif ġie osservat fil-punt 135 iktar ’il fuq, M. ma kienx konvint mill-interess kummerċjali tal-impriżi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq Ewropew. L-opinjoni tiegħu kienet kondiviża minn P., li kkunsidra li l-produtturi Ġappuniżi probabbilment ikkunsidraw li l-operazzjoni ma kinitx ġustifikabbli mil-lat kummerċjali. Skont żewġ xhieda oħra, Wi. u V.‑A., kien hemm interess kummerċjali f’tali approċċ. Madankollu, il-pożizzjoni ta’ M. u ta’ P. hija bla ħsara għall-fatt li l-erba’ xhieda ddikjaraw li l-impriżi Ġappuniżi impenjaw irwieħhom li ma jippenetrawx is-suq taż-ŻEE anki jekk huma kienu kapaċi jagħmlu dan mil-lat tekniku, minkejja l-eventwali nuqqas ta’ ġustifikazzjoni kummerċjali immedjata ta’ tali impenn. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat ukoll li, bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikorrenti, l-eventwali nuqqas ta’ interess kummerċjali għall-produtturi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq taż-ŻEE f’mument partikolari ma jagħmilx l-eżistenza ta’ arranġament, bħall-arranġament komuni, bla skop. Fil-fatt, tali arranġament jista’, minn naħa, jelimina r-riskju residwu ta’ penetrazzjoni futura tas-swieq ikkonċernati fil-każ ta’ bidla fis-sitwazzjoni kompetittiva u b’hekk, jiggarantixxi sigurtà fit-tul liż-żewġ gruppi ta’ produtturi, billi jistabbilizza l-pożizzjonijiet privileġġjati rispettivi tagħhom. Min-naħa l-oħra, huwa jikkostitwixxi wkoll il-bażi ta’ fiduċja reċiproka bejn iż-żewġ gruppi. Issa, skont id-dikjarazzjonijiet ta’ M., tali fiduċja kienet neċessarja sabiex l-akkordju jkun implementat fuq livell dinji. L-ewwel nett, qabelxejn, id-dikjarazzjonijiet li għamlu l-erba’ xhieda kkonċernati, u b’mod partikolari dawk ta’ M., huma kredibbli, peress li ġejjin minn xhieda diretti taċ-ċirkustanzi li huma jiddeskrivu u li miċ-ċirkustanzi ta’ dan il-każ ma jirriżultax li l-imsemmija xhieda kienu motivati sabiex jipproduċu provi distorti. It-tieni nett, l-erba’ testimonjanzi huma koerenti, kemm bejniethom kif ukoll b’relazzjoni għall-elementi l-oħra prodotti minn ABB, fir-rigward tal-eżistenza u tal-kontenut fundamentali tal-arranġament komuni. B’hekk, ix-xhieda kkonfermaw l-eżistenza ta’ arranġament li abbażi tiegħu l-impriżi Ġappuniżi impenjaw irwieħhom li ma jippenetrawx is-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG u l-impriżi Ewropej impenjaw irwieħhom li ma jippenetrawx is-suq Ġappuniż ta’ dawn l-istess proġetti. L-erba’ xhieda affermaw ukoll li l-penetrazzjoni tas-suq Ewropew kienet possibbli mil-lat tekniku, minkejja li kien hemm ċerti barrieri għad-dħul. Jekk l-opinjonijiet tagħhom kienu differenti fir-rigward tal-interess kummerċjali tal-impriżi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq Ewropew, dan il-fatt ma huwiex rilevanti f’dan il-każ fid-dawl tad-dikjarazzjonijiet dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni, kif ġie spjegat fil-punti 156 sa 158 iktar ’il fuq. Fl-aħħar nett, l-erba’ xhieda jipprovdu stampa preċiża u sħiħa tal-arranġament komuni, meta jittieħed inkunsiderazzjoni l-fatt li x-xhieda individwali ma kellhomx l-istess livell ta’ għarfien. B’mod partikolari, fit-testimonjanza tiegħu, M. jispjega fid-dettall il-kontenut tal-imsemmi arranġament, l-iskop tiegħu u kif kien jaħdem. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi kkunsidrat li t-testimonjanzi tal-impjegati u tal-ex impjegat ta’ ABB jikkostitwixxu indikazzjonijiet tal-eżistenza tal-arranġament komuni li għandhom forza probatorja kbira. Fuq il-provi prodotti minn Fuji –       L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu li t-tweġiba ta’ Fuji għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet ma hijiex prova biżżejjed preċiża u dettaljata biex tikkorrobora l-elementi prodotti minn ABB u, għaldaqstant, it-teżi tal-Kummissjoni dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni. L-ewwel nett, Fuji ma ppreċiżatx kif hija ġiet informata bl-eżistenza tal-arranġament komuni u lanqas ma indikat meta dan ġie konkluż, f’liema forma, min kienu l-parteċipanti jew jekk ġiex implementat. It-tieni nett, Fuji ma kkonfermatx in-natura reċiproka tal-arranġament komuni u semmiet li l-barrieri għad-dħul fis-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG li kienet iffaċċjata bihom biex b’hekk qiegħdet f’dubju l-utilità tal-imsemmi arranġament. F’dan ir-rigward, skont ir-rikorrenti, in-natura reċiproka tal-arranġament komuni ma jistax jiġi preżunt mill-fatt li l-produtturi Ġappuniżi ma għandhom l-ebda interess li jaċċettaw arranġament unilaterali. Huma jsostnu li, sa fejn is-suq Ġappuniż ma kienx aċċessibbli għall-impriżi Ewropej, il-produtturi Ġappuniżi ma kellhomx interess li jikkonkludu ftehim. It-tielet nett, l-inkoerenzi li hemm bejn it-testimonjanza ta’ H. u t-testimonjanzi l-oħra tal-impjegati u tal-ex impjegati ta’ Fuji, fir-rigward kemm tal-eżistenza tal-arranġament komuni kif ukoll tal-barrieri tekniċi u kummerċjali għall-penetrazzjoni tas-suq taż-ŻEE, iqiegħdu f’dubju b’mod ġenerali l-valur probatorju tal-provi prodotti minn Fuji. Ir-raba’ nett, l-allegazzjonijiet inklużi fit-tweġiba ta’ Fuji għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet ma humiex kompatibbli mat-talba sussegwenti tagħha għal klemenza. Il-ħames nett, ir-rikorrenti josservaw li l-Kummissjoni ma naqqsitx il-multa ta’ Fuji abbażi tal-avviż dwar il-kooperazzjoni, li jimplika li l-provi prodotti minn Fuji ma jikkorroborawx l-eżistenza tal-arranġament komuni. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fit-tweġiba tagħha għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, Fuji ddikjarat li hija kienet taf bl-arranġament komuni li abbażi tiegħu l-produtturi Ġappuniżi ma kellhomx jipprovaw jippenetraw is-suq Ewropew, filwaqt li ppreċiżat li r-raġuni prinċipali għall-assenza ta’ Fuji mis-suq taż-ŻEE kienet li hija ma kinitx fornitriċi sinjifikattiva kredibbli tas-SIG fl-Ewropa. L-ewwel nett, għandu jiġi ammess li din id-dikjarazzjoni hija relattivament vaga, peress li kulma tagħmel Fuji huwa li ssemmi l-impenn tal-produtturi Ġappuniżi li ma jippenetrawx is-suq Ewropew. Madankollu, b’dan il-mod, Fuji kkorroborat l-element essenzjali li jirriżulta mill-elementi prodotti minn ABB u li ġie invokat mill-Kummissjoni kontra l-produtturi Ġappuniżi. B’hekk, id-dikjarazzjoni kkonċernata ma hijiex mingħajr rilevanza f’dan il-każ. Dan huwa iktar u iktar minnu meta l-portata limitata tal-għarfien ta’ Fuji tista’ tiġi spjegata bir-rwol sekondarju li kellha fi ħdan il-kartell u, b’mod partikolari, bil-fatt li, kif jirriżulta mill-premessa 150 tad-deċiżjoni kkontestata, Fuji kienet l-unika impriża Ġappuniża li ma kinitx membru tal-kumitat tal-grupp ta’ produtturi Ġappuniżi responsabbli b’mod partikolari għall-prattika miftiehma bejn iż-żewġ gruppi ta’ produtturi fil-kuntest tal-Ftehim GQ. It-tieni nett, il-fatt li Fuji ma kkonfermatx in-natura reċiproka tal-arranġament komuni ma huwiex rilevanti f’dan il-każ. Fil-fatt, kif ġie kkonstatat fil-punt 76 iktar ’il fuq, jekk l-eżistenza tal-impenn tal-produtturi Ewropej li ma jippenetrawx is-suq Ġappuniż tal-proġetti ta’ SIG tista’ tkun prova indiretta tal-parteċipazzjoni tal-impriżi Ġappuniżi fi ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE, hija ma tirrappreżentax element neċessarju f’dan il-kuntest. Barra minn hekk, huwa minnu li, fid-dikjarazzjoni tagħha, Fuji semmiet l-eżistenza ta’ ostakoli tekniċi u kummerċjali għall-penetrazzjoni tas-suq taż-ŻEE. Madankollu, dawn l-ostakoli ma ssemmewx bħala raġuni unika għall-assenza ta’ Fuji mill-imsemmi suq, imma biss bħala raġuni prinċipali. Barra minn hekk, meta Fuji semmiet l-ostakoli differenti kkonċernati, hija semmiet is-sehem tas-suq dinji dgħajjef tagħha li jiżvantaġġjaha meta pparagunata mal-kompetituri iktar importanti tagħha, kemm Ewropej kif ukoll Ġappuniżi. Għaldaqstant, ma jidhirx li l-argument tagħha dwar dan il-punt jista’ jiġi traspost fir-rigward tal-produtturi Ġappuniżi l-oħra. Għandu jitfakkar ukoll li fil-punti 110 u 158 iktar ’il fuq ġie konkluż li l-eżistenza ta’ barrieri għad-dħul fis-suq taż-ŻEE u l-eventwali konsegwenza ta’ dan il-fatt, jiġifieri l-allegat nuqqas ta’ interess kummerċjali għall-produtturi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq taż-ŻEE, ma jagħmlux l-eżistenza ta’ arranġament, bħall-arranġament komuni, bla skop. It-tielet nett, ma huwiex ikkontestat li t-testimonjanza bil-miktub ta’ H. ma ġietx inkluża mill-Kummissjoni fost l-elementi sussegwenti għat-trażmissjoni tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet li fuqhom hija kienet biħsiebha tibbaża ruħha. Għaldaqstant, dan l-element ma jistax jiġi kkunsidrat bħala element inkriminanti. Fir-rigward tal-valur tat-testimonanzja ta’ H. bħala element li jiskaġuna, għandu jiġi osservat li ma tista’ tiġi kkonstatata l-ebda inkoerenza sostanzjali bejn din tal-aħħar u t-testimonjanzi l-oħra tal-impjegati u tal-ex impjegati ta’ Fuji. B’mod partikolari, la l-impjegati l-oħra ta’ Fuji u lanqas l-ex impjegati tagħha ma kkontestaw l-eżistenza tal-arranġament komuni; kulma għamlu x-xhieda kien li dwar dan il-punt ma qalu xejn. Bl-istess mod, H. ma kkontestax l-eżistenza ta’ barrieri tekniċi u kummerċjali għall-penetrazzjoni tas-suq taż-ŻEE mill-impriżi Ġappuniżi. Ir-raba’ nett, ir-rikorrenti ma jippreċiżawx liema huma l-allegati inkoerenzi bejn id-dikjarazzjoni ta’ Fuji fit-tweġiba għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet u t-talba għal klemenza tagħha. Għaldaqstant, l-argument tagħhom għandu jiġi miċħud. Barra minn hekk, għandu jiġi osservat li, biex il-Kummissjoni tkun tista’ tagħti tnaqqis fil-multa abbażi tal-paragrafu 21 tal-avviż dwar il-kooperazzjoni, il-provi kkonċernati għandhom jirrappreżentaw valur probatorju sinjifikattiv meta pparagunati mal-elementi li l-Kummissjoni diġà jkollha fil-pussess tagħha. Konsegwentement, f’talba għal klemenza mressqa wara t-trażmissjoni tat-tweġiba għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, huwa leġittimu li l-impriża li tixtieq tikseb tnaqqis fil-multa tiffoka fuq l-elementi li, fil-fehma tagħha, sa dak iż-żmien ikunu għadhom ma ġewx stabbiliti kif titlob il-liġi, sabiex tagħti valur miżjud sinjifikattiv. Issa, dan il-fatt jista’ jispjega kif l-impriża kkonċernata ma tinkludix l-elementi li hija tikkunsidra li ġew stabbiliti mingħajr ebda dubju permezz ta’ elementi li ġew ikkomunikati preċedentement. Il-ħames nett, fid-dawl tad-diċitura tal-paragrafu 21 tal-avviż dwar il-kooperazzjoni, ma jistax jiġi eskluż li l-produzzjoni ta’ elementi li jkollhom ċertu valur probatorju imma li jikkonċernaw fatti li diġà ġew stabbiliti minn elementi oħra, ma tagħti lok għall-ebda tnaqqis. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi konkluż li d-dikjarazzjoni li għamlet Fuji fit-tweġiba tagħha għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet għandha t-tendenza li tikkorrobora d-dikjarazzjonijiet ta’ ABB u t-testimonjanzi tal-impjegati u ta’ ex impjegat ta’ din tal-aħħar dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni. Madankollu, minħabba n-natura vaga u ġenerali tagħha, il-valur probatorju tagħha huwa wieħed limitat. Fuq il-proposta ta’ Alstom ippreżentata fl-10 ta’ Lulju 2002 –       L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jikkontestaw l-interpretazzjoni li l-Kummissjoni tat tal-proposta li għamlet Alstom waqt il-laqgħa tal-partijiet għall-akkordju tal-10 ta’ Lulju 2002 u li ġiet miċħuda mir-rappreżentant tal-impriża Hitachi waqt il-laqgħa segwenti tal-15 ta’ Lulju 2002. Skont huma, il-proposta kkonċernata ma kellhiex l-għan li taġġorna l-arranġament komuni billi testendih għall-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant fid-dawl tal-eventwali adeżjoni tagħhom mal-Unjoni, kif tallega l-Kummissjoni fil-premessi 127 u 128 tad-deċiżjoni kkontestata, imma kien tentattiv ta’ Alstom li tistabbilixxi, fil-kuntest tal-evoluzzjoni tal-metodi ta’ funzjonament tal-akkordju, arranġament li qabel ma kienx jeżisti biex kull wieħed miż-żewġ gruppi ta’ produtturi jkun obbligat josserva s-suq tradizzjonali tal-grupp l-ieħor. Madankollu, dan l-arranġament ġie rrifjutat mill-impriżi Ġappuniżi u l-kwistjoni ma reġgħetx tqajjmet mill-produtturi Ewropej. Ir-rikorrenti jerġgħu josservaw, f’dan ir-rigward, li l-allegazzjoni tal-Kummissjoni la hija kompatibbli mal-argument tagħha li l-arranġament komuni jista’ jiġi dedott mill-Anness 2 għall-Ftehim GQ u lanqas mat-testimonjanza ta’ M. li ddikjara li s-“sistema tal-Ftehim GQ” twaqqfet f’Ġunju 2002. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Mill-premessa 127 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li, waqt il-laqgħa tal-10 ta’ Lulju 2002 li matulha ġiet diskussa l-evoluzzjoni tal-metodi ta’ funzjonament tal-akkordju wara li Siemens u l-impriża Hitachi reġgħu bdew jipparteċipaw f’dan l-akkordju, Alstom ippreżentat proposta li tgħid li l-produtturi Ewropej kellhom jibqgħu fl-Ewropa u l-produtturi Ġappuniżi kellhom jibqgħu fil-Ġappun u ma kellhomx jipprovaw jippenetraw is-suq Ewropew. Barra minn hekk, f’din il-premessa ġie ppreċiżat li, waqt il-laqgħa sussegwenti tal-15 ta’ Lulju 2002, ir-rappreżentant tal-impriża Hitachi kien indika li din tal-aħħar kienet qed tiċħad dik il-proposta, li l-produtturi Ewropej kienu rreaġixxew billi ddikjaraw li l-Ewropa, inkluża l-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, kienet is-suq tagħhom u li huma kien bi ħsiebhom iżommu l-prezzijiet applikati fl-Ewropa tal-Punent u kienu ħabbru wkoll li l-kwistjoni kellha terġa’ tiġi diskussa anki jekk dan ma kienx il-każ. Għandu jiġi ammess li, mal-ewwel daqqa ta’ għajn, dan is-sommarju tal-laqgħat tal-10 u tal-15 ta’ Lulju 2002, ibbażat fuq elementi prodotti mir-rikorrenti, jagħti lil wieħed x’jifhem li Alstom tabilħaqq ipproponiet li jiġi konkluż arranġament ġdid li ġie miċħud mill-impriża Hitachi u li ma ġiex diskuss iktar, li jimplika li, mill-inqas minn Lulju 2002, ma kien jeżisti l-ebda arranġament fir-rigward tal-aġir tal-produtturi Ġappuniżi fis-suq taż-ŻEE. Madankollu, is-sommarju tal-laqgħa tal-15 ta’ Lulju 2002 jiżvela, minn naħa, li l-impriża Hitachi ma ċaħditx l-idea nnifisha ta’ tqassim tas-swieq, imma biss il-proposta konkreta ta’ Alstom. Min-naħa l-oħra, f’dan is-sommarju ġie indikat li l-impriża Hitachi kienet żvelat li l-pretensjonijiet tal-produtturi Ewropej kienu jinkludu l-Ewropa Ċentrali u dik tal-Lvant, li jagħti lil wieħed x’jifhem li l-oppożizzjoni tagħha kienet marbuta ma’ dan l-aspett speċifiku, imma mhux mas-sitwazzjoni fl-Ewropa tal-Punent. Għandu jiġi osservat ukoll li l-interpretazzjoni tar-rikorrenti ma hijiex kompatibbli mal-argument tagħhom fir-rigward tas-sitwazzjoni kompetittiva fis-suq taż-ŻEE. Fil-fatt, anki jekk jitqies, kif jallegaw ir-rikorrenti, li l-produtturi Ġappuniżi ma kinux ipperċepiti bħala kompetituri kredibbli fis-suq taż-ŻEE minħabba li kien hemm barrieri insormontabbli għad-dħul, arranġament li jirrigwarda dan l-istess suq kien ikun tabilħaqq inutli. F’dan il-każ, il-produtturi Ewropej, li kienu jafu b’dan il-fatt minħabba l-pożizzjoni privileġġjata tagħhom fl-Ewropa, ma kien ikollhom l-ebda raġuni sabiex jipproponu arranġament bħal dan. Issa, mis-sommarju prodott mir-rikorrenti jirriżulta li l-proposta ta’ Alstom kienet tirrigwarda kemm is-suq taż-ŻEE kif ukoll dak tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. F’dawn iċ-ċirkustanzi, għandha tiġi adottata l-interpretazzjoni ppreżentata fil-premessi 127 u 128 tad-deċiżjoni kkontestata, li tgħid li Alstom ipproponiet l-estensjoni tal-arranġament komuni għall-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant, u mhux dik li ġiet proposta mir-rikorrenti. Ma huwiex probabbli li l-argumenti l-oħra tar-rikorrenti jaffettwaw din il-konstatazzjoni. Minn naħa, il-proposta ta’ Alstom ġiet ippreżentata fil-mument meta, minħabba li Siemens u l-impriża Hitachi kienu reġgħu bdew jipparteċipaw fl-akkordju, il-metodi ta’ funzjonament ta’ dan tal-aħħar kienu evolvew. Issa, l-interpretazzjoni tal-Kummissjoni li tgħid li dik l-evoluzzjoni kellha tinkludi l-estensjoni tal-arranġament komuni lil hinn mil-limiti previsti preċedentement mill-Ftehim GQ, bl-ebda mod ma hija kontradittorja. Min-naħa l-oħra, kif ġie osservat fil-punt 147 iktar ’il fuq, id-dikjarazzjoni ta’ M., li tgħid li s-“sistema tal-Ftehim GQ” waqfet tiġi implementata f’Ġunju 2002, ma timplikax li l-arranġament komuni wkoll ma baqax jeżisti jew li l-portata ta’ dan l-arranġament ma setgħetx tiġi estiża sussegwentement sabiex dan jibda jkopri lill-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. Barra minn hekk, M. waqaf jipparteċipa fl-attivitajiet tal-akkordju f’Ġunju 2002 u b’hekk, bħala prinċipju, ma għandux għarfien dirett dwar il-funzjonament sussegwenti ta’ dan tal-aħħar. Fl-aħħar nett, għandu jiġi kkunsidrat li, matul il-laqgħa tal-10 ta’ Lulju 2002, Alstom ipproponiet l-estensjoni tal-arranġament komuni invokat mill-Kummissjoni għall-pajjiżi tal-Ewropa Ċentrali u tal-Lvant. Dan il-fatt huwa prova li l-imsemmi arranġament kien jeżisti meta saret il-laqgħa. Barra minn hekk, fid-dawl tal-interpretazzjoni tal-proposta ta’ Alstom, iċ-ċaħda ta’ din il-proposta mill-impriża Hitachi ma hijiex ekwivalenti għal ċaħda tal-arranġament komuni bħala tali, imma tirrappreżenta biss rifjut li dan tal-aħħar jiġi estiż. Konsegwentement, dan il-fatt ma jikkostitwixxix prova li f’Lulju 2002 l-arranġament komuni ġie abbandunat. Fuq il-pożizzjoni tad-destinatarji l-oħra tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet –       L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti josservaw, minn naħa, li l-eżistenza tal-arranġament komuni ġiet ikkontestata minn ħames kumpanniji Ġappuniżi, jiġifieri Hitachi, JAEPS, Toshiba, Melco u TM T & D. Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni interpretat b’mod inkorrett il-pożizzjoni ta’ VA TECH meta allegat li din tal-aħħar ma kkontestatx l-eżistenza tal-arranġament komuni. Bl-istess mod, l-arranġament komuni tqiegħed f’dubju minn Siemens, li ppreżentat ukoll it-testimonjanza ta’ wieħed mill-impjegati tagħha, T., li kien assoċjat mill-qrib mal-funzjonament tal-akkordju. Issa, il-Kummissjoni naqset milli tieħu inkunsiderazzjoni dawn l-elementi, filwaqt li bbażat ruħha b’mod sinjifikattiv fuq it-testimonjanzi tal-impjegati u ta’ ex impjegat ta’ ABB. Barra minn hekk, il-valur probatorju tal-provi prodotti minn Siemens huwa ferm ikbar għaliex it-talba għal klemenza tagħha ġiet miċħuda minħabba l-kontestazzjoni tal-fatti sottomessi mill-Kummissjoni. Barra minn hekk, skont ir-rikorrenti, l-impriżi Ewropej ġeneralment ma kellhomx interess li jikkontestaw id-dikjarazzjonijiet dwar l-arranġament komuni, peress li dan tal-aħħar ma kienx rilevanti għall-ilmenti li l-Kummissjoni kkontestatilhom. Bil-kontra ta’ dan, dawn l-impriżi probabbilment ibbenefikaw mill-fatt li l-Kummissjoni kienet ikkonstatat l-eżistenza tal-arranġament komuni, peress li dan il-fatt, sa ċertu punt, naqqas l-importanza tal-aġir antikompetittiv tagħhom. Barra minn hekk, kif juri l-każ ta’ Siemens, in-nuqqas ta’ kontestazzjoni tal-fatti sottomessi mill-Kummissjoni kienet rilevanti għall-eżitu tat-talbiet għal klemenza tal-impriżi Ewropej. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Qabelxejn, mill-elementi tal-fajl jirriżulta li VA TECH ikkontestat espliċitament l-eżistenza tal-arranġament komuni kif isostnu r-rikorrenti. Madankollu, il-Kummissjoni ma wettqitx żball meta kkunsidrat li d-dikjarazzjonijiet u t-testimonjanzi ta’ ABB, id-dikjarazzjonijiet ta’ Fuji dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni kif ukoll id-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti dwar in-notifika u l-attribuzzjoni għandhom jiġu kkunsidrati bħala li għandhom forza probatorja iktar sinjifikattiva mill-kontestazzjonijiet tal-eżistenza tal-arranġament komuni minn Hitachi, JAEPS, Toshiba, Melco, TM T & D, Siemens u VA TECH. Fil-fatt, b’differenza mill-ewwel grupp ta’ elementi, il-kontestazzjonijiet inkwistjoni ma humiex kuntrarji għall-interessi tal-impriżi kkonċernati, peress li huma għandhom l-għan li jqiegħdu f’dubju l-eżistenza ta’ kull ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE. Din il-konstatazzjoni tapplika wkoll għat-testimonjanza ta’ T., fejn kulma għamel dan tal-aħħar kien li spjega l-ġenesi tal-Ftehim GQ, ikkontesta l-eżistenza tal-arranġament komuni u invoka l-barrieri għad-dħul kemm fis-suq taż-ŻEE kif ukoll fis-suq Ġappuniż. B’mod partikolari, fir-rigward tal-arranġament komuni, it-testimonjanza ta’ T. ma tintroduċix provi ġodda meta pparagunata ma’ dawk imressqa mid-destinatarji tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet. Barra minn hekk, ma jistax jiġi kkunsidrat li l-impriżi Ewropej, inkluża Siemens, ma kellhomx interess li jikkontestaw l-eżistenza tal-arranġament komuni, peress li fid-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet dan tal-aħħar kien interpretat mill-Kummissjoni bħala li kien ftehim kollużiv bejn il-produtturi Ewropej u l-produtturi Ġappuniżi fir-rigward tas-suq taż-ŻEE u, konsegwentement, kien jikkostitwixxi ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE. Issa, tali konstatazzjoni kienet dannuża għall-interessi tal-produtturi Ewropej, għall-inqas potenzjalment, fil-każ fejn l-ilmenti l-oħra li kkontestatilhom il-Kummissjoni ma setgħux jiġu stabbiliti kif titlob il-liġi. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ssostni li hija ma bbażatax ruħha fuq il-pożizzjoni tal-impriżi Ewropej sabiex tikkonkludi li kien hemm arranġament komuni, imma llimitat ruħha sabiex tikkonstata li kien jeżisti. Għalkemm dik l-interpretazzjoni hija kkonfermata mid-diċitura tal-premessa 125 tad-deċiżjoni kkontestata, fejn l-ebda forza korroborattiva ma hija rikonoxxuta lill-pożizzjoni ta’ Alstom, ta’ Areva u ta’ VA TECH, bil-kontra tad-dikjarazzjonijiet ta’ Fuji li jikkonfermaw l-eżistenza tal-arranġament komuni, hija tqiegħdet f’dubju mill-premessa 255 tal-imsemmija deċiżjoni, fejn il-Kummissjoni ssemmi r-rikonoxximent impliċitu tal-eżistenza tal-arranġament komuni minn ċerti produtturi Ewropej. Kien x’kien il-każ, il-pożizzjoni newtrali ta’ Alstom u ta’ Areva ma tistax tiġi interpretata bħala prova tal-eżistenza tal-arranġament komuni. Fil-fatt, fid-dawl tal-oneru tal-prova li l-Kummissjoni għandha fil-kuntest ta’ proċedura skont l-Artikolu 81 KE u l-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE, in-nuqqas ta’ kontestazzjoni ta’ fatt minn impriża ma jistabbilixxix il-fatt inkwistjoni. Minn dak kollu li ngħad iktar ’il fuq jirriżulta li l-elementi prodotti mir-rikorrenti ma jippermettux li jinġibdu konklużjonijiet dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni. Fuq il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni –       L-argumenti tal-partijiet Qabelxejn, ir-rikorrenti jsostnu li l-għan tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni kien li titnaqqas artifiċjalment il-kwota tal-produtturi Ewropej fir-rigward tal-proġetti ta’ SIG barra miż-ŻEE, minħabba l-pożizzjoni kompetittiva komparattivament b’saħħitha tal-produtturi Ġappuniżi fi swieq bħall-Asja u l-Lvant Nofsani, koperti prinċipalment mill-akkordju dinji. Fil-fatt, l-attribuzzjoni kienet soluzzjoni alternattiva proposta mill-produtturi Ewropej minflok tnaqqis b’rata fissa tal-kwota konġunta tagħhom. Ir-rikorrenti jaffermaw ukoll li ma hemmx elementi li jagħtu lil wieħed x’jifhem li n-notifika kienet obbligatorja, sistematika jew regolari, li hija kienet issir qabel l-allokazzjoni tal-proġetti kkonċernati u li hija baqgħet issir wara l-1999. Issa, skont ir-rikorrenti, mekkaniżmu ta’ attribuzzjoni bbażat fuq notifika diskrezzjonali, u mhux sistematika u obbligatorja, ma setax jagħti sigurtà jew kumpens lill-produtturi Ġappuniżi. Konsegwentement, it-teorija tal-arranġament komuni, kif difiża mill-Kummissjoni, ma hijiex kompatibbli, f’dan li-każ, mal-fatti. Fir-rigward tad-diversi elementi prodotti mill-Kummissjoni, il-fatt li fil-Ftehim EQ jissemma li ġiet ikkomunikata informazzjoni dwar il-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE lill-produtturi Ġappuniżi ma huwiex rilevanti, peress li l-kontenut tal-imsemmi ftehim ma kienx magħruf mill-produtturi Ġappuniżi. Barra minn hekk, skont il-Ftehim EQ, il-komunikazzjoni tal-informazzjoni dwar il-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE kienet sussegwenti għall-allokazzjoni tagħhom u diskrezzjonali. Bl-istess mod, ir-rikorrenti jsostnu li, fit-talba tagħhom għal klemenza, id-dikjarazzjoni li Siemens kienet tiċċirkola regolarment it-tabelli b’informazzjoni li tiġbor fil-qosor parti mill-proġetti ta’ SIG allokati lid-diversi membri tal-akkordju tirreferi b’mod ċar u biss għall-proġetti ta’ SIG barra miż-ŻEE. Barra minn hekk, ir-rikorrenti jaffermaw ukoll li, fit-tweġiba tagħhom għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, id-dikjarazzjoni bbażata fuq it-testimonjanza ta’ Wa., li tgħid li l-fornituri Ewropej kienu jinnotifikaw lill-fornituri Ġappuniżi d-dettalji tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE għal finijiet ta’ attribuzzjoni, tirreferi għal notifika okkażjonali, u mhux għal notifika obbligatorja u sistematika kemm dam fis-seħħ l-akkordju. Ir-rikorrenti jżidu li huma ma kinux jafu kif kien isir eżattament it-tqassim, imma biss bir-riżultati tal-allokazzjonijiet u li d-data kkomunikata kienet sommarja u b’hekk mhux kunfidenzjali, li jimplika li ma huwiex probabbli li n-notifika setgħet taffettwa l-kompetizzjoni li seta’ kien hemm bejn il-produtturi Ewropej u Ġappuniżi. Barra minn hekk, kien x’kien il-każ, kull komunikazzjoni ġiet fi tmiemha fl-1999. Il-Kummissjoni interpretat ukoll b’mod żbaljat id-dikjarazzjonijiet ta’ Fuji dwar il-komunikazzjoni tal-informazzjoni dwar il-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE. Fil-fatt, Fuji kkontestat espressament in-natura sistematika tan-notifika u kkonstatat li hija ma kinitx taf bil-mekkaniżmu ta’ tqassim tal-imsemmija proġetti. Fl-aħħar nett, fid-dikjarazzjoni tagħha tat-3 ta’ Frar 2005 dwar in-notifika, ABB la kienet indikat jekk il-mekkaniżmu inkwistjoni kienx obbligatorju u regolari u lanqas ma ppreċiżat it-tul u l-effetti li seta’ kellu fi ħdan is-suq komuni. Min-naħa l-oħra, ABB ikkonfermat li r-riżultat tal-allokazzjoni tal-proġetti Ewropej biss kien qed jiġi kkomunikat lill-produtturi Ġappuniżi. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Qabelxejn, għandha tiġi miċħuda l-ispjegazzjoni alternattiva tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni proposta mir-rikorrenti. Fil-fatt, dawn ma identifikawx l-elementi li jikkorroboraw l-allegazzjonijiet tagħhom li jgħidu li, l-ewwel nett, il-produtturi Ġappuniżi talbu modifikazzjoni tal-kwoti previsti fil-Ftehim GQ, it-tieni nett, tali modifikazzjoni ġiet miċħuda mill-produtturi Ewropej u li, fl-aħħar nett, il-proċess ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE ġie ssuġġerit u adottat bħala alternattiva vijabbli. Kien x’kien il-każ, mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ kumpens mhux sistematiku, bħal dak invokat mir-rikorrenti, huwa ferm iktar kumpless minn adattament sempliċi ta’ kwota, filwaqt li ma joffrix vantaġġi meta pparagunat ma’ din is-soluzzjoni tal-aħħar. Fir-rigward tad-diversi elementi relatati man-notifika u mal-attribuzzjoni, mill-punt 4 tal-parti “E (E-Members)” tal-Anness 2 tal-Ftehim EQ jirriżulta li “il-membri Ewropej kienu jiddeċiedu n-notifika tal-proġetti Ewropej lill-grupp tal-produtturi Ġappuniżi”. Issa, kif ġie kkonstatat fil-punt 87 iktar ’il fuq, din il-klawżola kienet tirrigwarda l-komunikazzjoni eventwali tal-informazzjoni ta’ qabel it-tqassim tal-proġetti ta’ SIG ikkonċernati. Min-naħa l-oħra, hija ma kinitx tirrigwarda s-segwitu tal-proġetti diġà allokati. Konsegwentement, jekk il-kontenut tal-imsemmija klawżola jikkostitwixxi indikazzjoni li jagħti lil wieħed x’jifhem li l-produtturi Ġappuniżi kienu kkunsidrati bħala kompetitturi kredibbli għall-provvista ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, il-miżuri li hija kienet tipprevedi ma jagħmlux parti mill-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni kif ġie allegat mill-Kummissjoni. Għaldaqstant, l-Anness 2 għall-Ftehim EQ ma huwiex rilevanti biex jiġi pprovat dan l-istess mekkaniżmu. Fir-rigward tal-elementi prodotti minn ABB, għandu jiġi osservat li, fit-testimonjanza tiegħu, M. afferma b’mod espliċitu li kien jeżisti l-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni. Huwa ddikjara wkoll li dan il-mekkaniżmu ma kienx jirrigwarda l-proġetti ta’ SIG fil-pajjiżi kostrutturi, jiġifieri l-Ġappun u ċerti pajjiżi Ewropej. L-eżistenza ta’ mekkaniżmu li jikkonsisti fl-attribuzzjoni tal-valur tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE fuq il-kwota dinjija prevista mill-Ftehim GQ ġiet affermata wkoll fit-tweġibiet ta’ ABB, tat-3 ta’ Frar 2005, għal xi mistoqsijiet tal-Kummissjoni. Fil-fatt, ABB affermat li, waqt l-allokazzjoni tal-proġetti barra mill-Unjoni, ir-riżultati tat-tqassim tal-proġetti fi ħdan l-Unjoni kienu ttieħdu inkunsiderazzjoni. Fir-rigward tal-elementi prodotti mir-rikorrenti, għandu jiġi osservat li, moqrija fil-kuntest tas-sentenzi li jiġu eżattament qabilha, id-dikjarazzjoni inkluża fil-punt 2.10 tat-talba għal klemenza tar-rikorrenti, li tgħid li Siemens kienet tiċċirkola b’mod regolari t-tabelli b’informazzjoni li tiġbor fil-qosor parti mill-proġetti ta’ SIG allokati lid-diversi membri tal-akkordju, tirreferi għal proġetti ta’ SIG barra miż-ŻEE. Konsegwentement, din id-dikjarazzjoni ma hijiex rilevanti biex jiġi pprovat il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni, kif ġie allegat mill-Kummissjoni, li kien jirrigwarda l-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE. Min-naħa l-oħra, fit-tweġiba tagħhom għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, ir-rikorrenti ddikjaraw li, qabel mal-impriża Hitachi interrompiet il-parteċipazzjoni tagħha fl-akkordju fl-1999, il-produtturi Ewropej kienu jikkomunikaw lill-produtturi Ġappuniżi d-dettalji tal-proġetti ta’ SIG li kellhom jipprovdu fl-Ewropa, sabiex jippermettu t-teħid inkunsiderazzjoni ta’ dawn il-proġetti meta tiġi ddeterminata l-kwota tal-proġetti ta’ SIG barra miż-ŻEE allokati liż-żewġ gruppi ta’ produtturi skont il-Ftehim GQ. Din id-dikjarazzjoni tikkonferma b’mod espliċitu l-eżistenza tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni invokat mill-Kummissjoni sal-1999. Barra minn hekk, il-valur probatorju tagħha huwa wieħed kbir għal żewġ raġunijiet. Minn naħa, l-imsemmija dikjarazzjoni tmur kontra l-interessi tar-rikorrenti, peress li hija timplika li teżisti rabta bejn l-attivitajiet kollużivi fi ħdan iż-ŻEE u l-produtturi Ġappuniżi, u minħabba f’hekk tikkostitwixxi element inkriminanti. Min-naħa l-oħra, meta tinqara s-silta kkonċernata tat-tweġiba għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet jidher li r-rikorrenti ma kinux jafu bid-deduzzjonijiet li setgħu jsiru abbażi ta’ din id-dikjarazzjoni. F’dan ir-rigward, għandu jiġi osservat li r-rikorrenti ppreżentaw lill-Kummissjoni tweġiba supplimentari għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet. Madankollu, f’dan id-dokument kulma għamlu huwa li kkontestaw l-interpretazzjoni li l-Kummissjoni tat lid-dikjarazzjonijiet dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni inklużi fl-ewwel tweġiba tagħhom, b’mod partikolari fir-rigward tar-rilevanza tal-imsemmija dikjarazzjonijiet bħala prova tal-arranġament komuni u tal-eżistenza ta’ ksur uniku li jimplika kemm lil dan tal-aħħar kif ukoll lill-Ftehim GQ. Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti ma ressqux argumenti dwar il-kontenut tad-dikjarazzjonijiet inkwistjoni. Min-naħa tagħha, Fuji, fit-tweġiba tagħha għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, iddikjarat li l-informazzjoni dwar it-tqassim tal-proġetti ta’ SIG fil-pajjiżi Ewropej esklużi mill-kamp ta’ applikazzjoni tal-Ftehim GQ ma kinitx ikkomunikata b’mod sistematiku lill-produtturi Ġappuniżi u li, konsegwentement, Fuji ma kinitx taf kif kien jiffunzjona l-Ftehim EQ. Issa, ir-rwol sekondarju ta’ Fuji fi ħdan il-kartell, imfakkar fil-punt 171 iktar ’il fuq, jista’ jispjega l-fatt li Fuji ma kinitx involuta fl-iskambji kollha tal-informazzjoni li kienet ġejja mill-grupp tal-produtturi Ewropej. Dan il-fatt iqiegħed ukoll dubju fuq l-affidabbiltà tad-dikjarazzjonijiet ta’ Fuji dwar dan il-punt meta pparagunata ma’ dik tal-elementi prodotti minn ABB u minn Hitachi, li kienu membri tal-kumitati tal-gruppi rispettivi tagħhom u kienu, għaldaqstant, assoċjati iktar mill-qrib mal-funzjonament dettaljat tal-allegat akkordju. Bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikorrenti, mill-elementi analizzati iktar ’il fuq, evalwati globalment, ma jirriżultax li l-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni ġie implementat okkażjonalment u b’mod diskrezzjonali. Fil-fatt, għalkemm id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB, dawk tar-rikorrenti u t-testimonjanza ta’ M. ma jindirizzawx dan is-suġġett espliċitament, mill-formulazzjonijiet użati fid-dokumenti inkwistjoni jirriżulta b’mod ċar li n-notifika kienet proċedura li kienet issir b’mod regolari u kienet applikabbli għall-parteċipanti u għall-proġetti kollha kkonċernati. Kif ġie spjegat fil-punt preċedenti, id-dikjarazzjonijiet ta’ Fuji, min-naħa tagħhom, huma inqas affidabbli dwar dan il-punt mill-provi prodotti minn ABB u mir-rikorrenti. Barra minn hekk, fil-punt 215 iktar ’il fuq diġà ġie osservat li l-Anness 2 għall-Ftehim EQ ma jirrigwardax in-notifika u l-attribuzzjoni, kif allegat mill-Kummissjoni, u b’hekk ma huwiex rilevanti f’dan ir-rigward. Fir-rigward tal-perijodu ta’ implementazzjoni tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni, id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB tat-3 ta’ Frar 2005 ma jirreferux għal perijodu speċifiku u b’hekk jistgħu, a priori , jiġu interpretati bħala li jirreferu għall-ksur kollu. Id-dikjarazzjonijiet ta’ M., min-naħa tagħhom, jirreferu għall-perijodu li matulu huwa pparteċipa fl-attivitajiet tal-akkordju, jiġifieri bejn l-1988 u Ġunju 2002. Madankollu, sa fejn fil-punti 68 u 129 iktar ’il fuq ġie osservat li l-provi prodotti minn ABB għandhom jiġu kkorroborati minn elementi oħra u li tali korroborazzjoni ma tistax tirriżulta mit-testimonjanza ta’ M., għandu jiġi osservat li d-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti, li jinsabu fit-tweġiba tagħhom għad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, jirrigwardaw il-perijodu ta’ qabel il-mument meta l-impriża Hitachi interrompiet il-parteċipazzjoni tagħha fl-akkordju fl-1999. Għaldaqstant, għandu jiġi kkunsidrat li l-eżistenza tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni ġiet stabbilita għal dan il-perijodu tal-aħħar. Fir-rigward tar-rilevanza tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni fil-kuntest tal-prova tal-arranġament komuni, għandu jiġi kkunsidrat li dan jikkostitwixxi indikazzjoni serja tal-fatt li l-produtturi Ġappuniżi kienu pperċepiti bħala kompetituri potenzjali kredibbli fis-suq taż-ŻEE mill-produtturi Ewropej. Fil-fatt, jekk tabilħaqq is-suq Ewropew ma setax jiġi ppenetrat mill-produtturi Ġappuniżi minħabba l-eżistenza ta’ barrieri għad-dħul, il-produtturi Ewropej ma kienx ikollhom raġuni biex jinnotifikaw ir-riżultati tal-allokazzjoni ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE u, a fortiori , li jattribwixxu dawn l-istess proġetti fil-kwota konġunta “Ewropea” prevista mill-Ftehim GQ, għaliex din l-attribuzzjoni kienet se twassal biex iċċaħħadhom minn parti mill-proġetti ta’ SIG fir-reġjuni msemmija fil-Ftehim GQ. Għaldaqstant, l-eżistenza ta’ tali mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni jimplika li l-impriżi Ġappuniżi setgħu jippenetraw is-suq Ewropew. Jekk huma ma għamlux hekk, kien għaliex kienu impenjaw irwieħhom li ma jagħmlux dan, inkambju għal parti iktar sinjifikattiva mill-proġetti ta’ SIG barra miż-ŻEE. B’hekk, il-mekkaniżmu inkwistjoni jikkostitwixxi rabta bejn l-attivitajiet kollużivi fi ħdan iż-ŻEE u l-produtturi Ġappuniżi u, minħabba f’hekk, prova indiretta tal-eżistenza tal-arranġament komuni. Il-kwistjoni ta’ jekk il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni kellux effetti fis-suq taż-ŻEE ma hijiex rilevanti f’dan il-każ. Fil-fatt, kif ġie osservat fil-punt 76 iktar ’il fuq, il-bażi tal-ilment li l-Kummissjoni kkontestat lir-rikorrenti fid-deċiżjoni kkontestata huwa l-impenn tal-impriżi Ġappuniżi li ma jippenetrawx is-suq taż-ŻEE, li huwa pprovat indirettament bl-eżistenza tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni. Min-naħa l-oħra, mid-deċiżjoni kkontestata ma jirriżultax li, fil-fehma tal-Kummissjoni, l-imsemmi mekkaniżmu jikkostitwixxi ksur awtonomu tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE. Bl-istess mod, ma hemmx għalfejn jiġi stabbilit, minn naħa, li l-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni ma jirrigwardax il-proġetti ta’ SIG fil-pajjiżi kostrutturi Ewropej u, min-naħa l-oħra, li l-Ġappun huwa pajjiż kostruttur, sabiex l-imsemmi mekkaniżmu jkun jista’ jiġi kkunsidrat bħala indikazzjoni rilevanti tal-eżistenza tal-arranġament komuni, abbażi tar-raġunament spjegat fil-punt 226 iktar ’il fuq. Konsegwentement, l-eventwali nuqqas ta’ korroborazzjoni tat-testimonjanza ta’ M. dwar dan il-punt ma hijiex sinjifikattiva. Barra minn hekk, sa fejn l-argument tal-Kummissjoni dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni la huwa bbażat fuq in-natura kunfidenzjali tad-data kkomunikata u lanqas fuq il-fatt li l-komunikazzjoni saret qabel l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG ikkonċernati, dawn il-fatti lanqas ma huma rilevanti għal dan il-każ. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi konkluż li l-eżistenza tan-notifika regolari lill-grupp ta’ produtturi Ġappuniżi ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE wara l-allokazzjoni tagħhom u l-attribuzzjoni ta’ dawn l-istess proġetti fil-kwota konġunta “Ewropea” prevista mill-Ftehim GQ ġiet stabblita, fir-rigward tal-perijodu ta’ bejn l-1988 u l-interruzzjoni tal-parteċipazzjoni fl-akkordju min-naħa tal-impriża Hitachi fl-1999, bid-dikjarazzjonijiet ta’ ABB, b’dawk tar-rikorrenti u bit-testimonjanza ta’ M.. Barra minn hekk, il-mekkaniżmu inkwistjoni jikkostitwixxi prova indiretta tal-eżistenza tal-arranġament komuni invokat mill-Kummissjoni. Fuq l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE –       L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti josservaw li l-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE kienu mqassma mill-membri Ewropej tal-akkordju, waqt laqgħat distinti mil-laqgħat tal-Ftehim GQ, mingħajr il-parteċipazzjoni tal-impriżi Ġappuniżi. F’dan il-kuntest, il-listi ta’ proġetti pprovduti minn ABB ma jikkostitwixxux prova plawżibbli tal-fatt li l-informazzjoni dwar il-proġetti ta’ SIG ikkonċernati kienet ikkomunikata lill-produtturi Ġappuniżi u kienet eżaminata magħhom qabel l-allokazzjoni tal-imsemmija proġetti. L-istess konstatazzjoni hija valida, skont ir-rikorrenti, fir-rigward tal-allegazzjoni li l-impriżi Ġappuniżi kienu qed jipprevedu li jressqu offerti għal proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, biex b’hekk ħolqu tensjoni fi ħdan l-akkordju. Fil-fatt, f’dan il-każ id-dikjarazzjonijiet tax-xhieda ta’ ABB dwar dan il-punt ma humiex preċiżi jew huma irrilevanti. Bl-istess mod, apparti l-allegat interess ta’ Melco għal proġett ta’ SIG fi Spanja, xi produtturi Ewropej biss kienu ddiskutew il-11-il proġett ta’ SIG fiż-ŻEE msemmija fid-deċiżjoni kkontestata. Issa, huwa possibbli li Melco rċeviet l-informazzjoni dwar il-proġett ikkonċernat minn sorsi oħra għajr il-listi ta’ proġetti jew il-fornitriċi Ewropej. Barra minn hekk, ma ġiex stabbilit li l-impriżi Ġappuniżi pparteċipaw fl-iffissar tal-prezzijiet għall-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, li ma setgħux jiġu allokati lil fornitur partikolari, għall-implementazzjoni tal-klawżola tal-Ftehim GQ dwar ix-xoljiment tal-kuntratti ta’ liċenzja mogħtija lil terzi fir-rigward tar-territorju taż-ŻEE jew għal skambji ta’ informazzjoni sensittiva dwar is-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG. Barra minn hekk, il-ftehim preċedenti bejn il-fornituri Ewropej dwar l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, u b’mod partikolari l-Ftehim GE, jikkostitwixxu provi li jqiegħdu f’dubju l-eżistenza tal-arranġament komuni. Skont ir-rikorrenti, il-Ftehim GE jirreferi għal akkordju kumpless bejn il-produtturi Ewropej, li kien preċedenti għall-iffirmar tal-Ftehim GQ u indipendenti minnu. B’hekk, l-akkordju inkwistjoni ġie implementat mingħajr il-protezzjoni li allegatament kien jipprovdi l-allegat arranġament komuni. Issa, dan il-fatt iqiegħed f’dubju l-argument tal-Kummissjoni fir-rigward tal-importanza tal-arranġament komuni għall-attivitajiet kollużivi tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Il-fajl ma jinkludix provi li jagħtu lil wieħed x’jifhem li l-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE ġew diskussi waqt il-laqgħat tal-Ftehim GQ li għalihom ipparteċipaw il-membri Ġappuniżi tal-akkordju. Bl-istess mod, mil-listi ta’ proġetti pprovduti minn ABB ma jirriżultax li mal-produtturi Ġappuniżi ġew diskussi xi proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, ħlief għall-allegat interess ta’ Melco għall-proġett “MSP via GC” fi Spanja. Issa, ma jistax jiġi eskluż li l-imsemmi interess ta’ Melco għal dan il-proġett tal-aħħar ġej minn żball, minħabba li l-lista ta’ proġetti kkonċernata hija waħda twila u l-Kummissjoni ma identifikatx każijiet oħra fejn produttur Ġappuniż wera xi interess għal proġett ta’ SIG fiż-ŻEE. Kien x’kien il-każ, il-kontenut tal-lista ta’ proġetti kkonċernata ma hijiex ikkorroborata minn elementi oħra fir-rigward tal-proġett “MSP via GC” u b’hekk ma jistax jittieħed inkunsiderazzjoni f’dan ir-rigward. Barra minn hekk, meta l-Kummissjoni, fil-premessa 125 tad-deċiżjoni kkontestata, tindika li l-produtturi Ġappuniżi xi drabi kellhom il-ħsieb li jwieġbu għas-sejħiet għal offerti Ewropej, imma ġeneralment irrifjutaw dawn it-talbiet u nnotifikaw il-proġetti kkonċernati lill-produtturi Ewropej, hija tibbaża ruħha biss fuq id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB u fuq it-testimonjanzi tal-impjegati tagħha. Għaldaqstant, minħabba li ma ġietx ikkorroborata minn elementi oħra, din l-affermazzjoni ma tistax tittieħed inkunsiderazzjoni. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma takkużax lir-rikorrenti li pparteċipaw fl-iffissar tal-prezzijiet minimi tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE jew fix-xoljiment ta’ kuntratti ta’ liċenzja konklużi ma’ impriżi terzi dwar iż-ŻEE. Konsegwentement, l-argumenti tar-rikorrenti dwar dan il-punt ma humiex rilevanti f’dan il-każ. Fir-rigward tal-iskambju ta’ data sensittiva dwar il-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, in-notifika kif ġiet stabbilita f’dan il-każ tmur lil hinn mil-limiti ta’ aġir kompetittiv normali kemm fir-rigward tat-tul u tal-intensità tagħha kif ukoll fir-rigward tan-natura tad-data kkomunikata. Madankollu, ma huwiex stabbilit li l-għan tan-notifika kien li l-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE jiġu allokati lill-produtturi Ġappuniżi jew li d-data effettivament ikkomunikata ntużat għal dan l-iskop. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi konkluż li ma ġiex stabbilit li l-impriżi Ġappuniżi pparteċipaw fl-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE. Fir-rigward tal-ftehim Ewropej preċedenti għall-Ftehim GQ, għandu jiġi osservat li, ħlief għall-Ftehim GE, l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti ma humiex biżżejjed preċiżi jew sostnuti. Konsegwentement, dawn għandhom jiġu miċħuda. Fir-rigward tal-Ftehim GE, ma huwiex ikkontestat li dan ġie ffirmat qabel il-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ. Madankollu, dan il-fatt ma jimplikax, bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikorrenti, li huwa kien indipendenti mill-Ftehim GQ jew mill-arranġament komuni. Fil-fatt, skont l-Artikolu 15 tiegħu, il-Ftehim GE għall-ewwel kellu jkun soluzzjoni intermedja valida sad-dħul fis-seħħ tal-Ftehim GQ u, fin-nuqqas ta’ dan, kellu jerġa’ jiġi nnegozjat wara l-31 ta’ Diċembru 1988. B’hekk, jidher li, meta kkonkludew il-Ftehim GE, il-firmatarji diġà kienu qed jantiċipaw l-istabbiliment tal-akkordju dinji u tal-elementi differenti tiegħu, inkluż, skont l-allegazzjonijiet tal-Kummissjoni, l-arranġament komuni. Din l-interpretazzjoni hija kkorroborata mit-testimonjanza ta’ M. li tgħid li l-akkordju dinji kien is-suġġett ta’ negozjati kumplessi li damu għaddejjin diversi snin qabel ma ġie ffirmat il-Ftehim GQ. Barra minn hekk, skont M., l-impenn reċiproku taż-żewġ gruppi ta’ produtturi li ma jippenetrawx is-swieq domestiċi tal-grupp l-ieħor, li huwa l-punt essenzjali tal-arranġament komuni invokat mill-Kummissjoni, kien preċedenti għall-konklużjoni tal-Ftehim GQ. Konsegwentement, dan l-impenn seta’ jittieħed inkunsiderazzjoni mill-produtturi Ewropej meta ffirmaw il-Ftehim GE. F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma jistax jiġi kkunsidrat li l-Ftehim GE jqiegħed f’dubju l-eżistenza tal-arranġament komuni invokat mill-Kummissjoni. Kunsiderazzjonijiet globali –       L-argumenti tal-partijiet Skont ir-rikorrenti, l-elementi invokati mill-Kummissjoni, marbuta mal-eżistenza tal-allegat arranġament komuni, huma selettivi, nieqsa minn forza probatorja, ma humiex sostnuti u ma jikkorrispondux għar-realtà, peress li l-Kummissjoni żviluppat it-teorija tagħha qabel ma eżaminat il-fatti. F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti jsostnu li l-elementi prodotti minn ABB ma jistabbilixxux kif titlob il-liġi l-eżistenza tal-arranġament komuni u, b’mod partikolari, il-fatt li l-produtturi Ġappuniżi kienu jaċċettaw it-tqassim tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE fost il-produtturi Ewropej, l-importanza tal-arranġament komuni fid-dawl tal-allegat akkordju dinji, l-eżistenza ta’ mekkaniżmu ta’ notifika obbligatorja u sistematika jew il-fatt li l-impriżi Ġappuniżi kienu jipparteċipaw fl-attivitajiet kollużivi tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE. Bl-istess mod, il-Kummissjoni kienet selettiva, peress li fid-deċiżjoni kkontestata hija ma semmietx ċerti elementi prodotti minn ABB li ma kinux jaqblu mat-teorija tagħha, u b’mod partikolari l-Ftehim GE. Ir-rikorrenti jikkunsidraw li, sa fejn il-provi prodotti minn ABB huma, fl-istess ħin, kemm ta’ valur probatorju dgħajjef kif ukoll ikkontestati minnhom, minn Toshiba, minn Melco, min TM T & D u, f’ċerti aspetti, minn Fuji, dawn kellhom jiġu kkorroborati minn elementi oħra, billi l-“livell ta’ korroborazzjoni” mitlub kien wieħed għoli. Issa, dan ma kienx il-każ. B’mod partikolari, il-Kummissjoni ppreżentat allegazzjonijiet dwar il-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ li jikkontradixxu elementi oħra tal-fajl, u interpretat b’mod żbaljat id-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti u ta’ Fuji dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni. F’dan il-kuntest, ir-rikorrenti jsostnu li l-produtturi Ġappuniżi ma kinux f’pożizzjoni li jippenetraw is-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG minħabba l-eżistenza ta’ barrieri insormontabbli għad-dħul, li kienet tagħmel żejda l-implikazzjoni tagħhom fil-livell Ewropew u b’hekk l-eżistenza tal-arranġament komuni. Huma jżidu li l-plawżibbiltà ta’ din l-ispjegazzjoni alternattiva ġiet ikkonfermata mill-impriżi kollha kkonċernati u tirriżulta wkoll minn għadd ta’ elementi tal-fajl, b’mod partikolari l-Ftehim GE, li ġie konkluż mill-produtturi Ewropej mingħajr ma kien hemm għalfejn jintlaħaq xi arranġament mal-produtturi Ġappuniżi jew li jiġu informati. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. –       Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Mill-eżami li sar fil-punti 84 sa 230 iktar ’il fuq jirriżulta, l-ewwel nett, li d-dikjarazzjonijiet ta’ ABB u t-testimonjanzi tal-impjegati u tal-ex impjegat tagħha jirreferu għall-eżistenza ta’ arranġament li abbażi tiegħu l-produtturi Ewropej u Ġappuniżi daħlu għall-impenn reċiproku li ma jippenetrawx is-swieq domestiċi tal-grupp l-ieħor. L-imsemmija elementi jippermettu wkoll li jiġu identifikati l-partijiet għall-arranġament u li jiġi konkluż li, għalkemm dan probbabilment kien preċedenti għall-Ftehim GQ, dan ġie konkluż mhux iktar tard minn meta ġie konkluż dan il-ftehim tal-aħħar. It-tieni nett, l-eżistenza tal-arranġament reċiproku msemmi iktar ’il fuq hija kkorroborata mill-proposta ppreżentata minn Alstom waqt il-laqgħa tal-10 ta’ Lulju 2002. L-eżistenza tal-impenn tal-impriżi Ġappuniżi li ma jippenetrawx is-suq Ewropew hija wkoll ikkorroborata mid-dikjarazzjonijiet ta’ Fuji. It-tielet nett, mid-dikjarazzjonijiet u mit-testimonjanza ta’ ABB, ikkorroborati mid-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti, jirriżulta li l-produtturi Ġappuniżi aċċettaw, għall-inqas fir-rigward tal-perijodu mill-1988 sal-1999, in-notifika regolari tar-riżultati tal-allokazzjoni ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE u l-attribuzzjoni tagħhom fil-kwota konġunta “Ewropea” prevista mill-Ftehim GQ. Bl-istess mod, skont il-punt 4 tal-parti “E (E-Members)” tal-Anness 2 għall-Ftehim EQ, il-produtturi Ewropej ipprevedew il-possibbiltà li jikkomunikaw lill-produtturi Ġappuniżi d-dettalji ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE qabel l-allokazzjoni tagħhom. Dawn iż-żewġ fatti jissuġġerixxu li l-produtturi Ġappuniżi kienu kkunsidrati bħala kompetituri kredibbli għall-provvista ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, iżda li huma impenjaw irwieħhom li ma jippenetrawx is-suq Ewropew inkambju għal parti iktar sinjifikattiva mill-proġetti ta’ SIG f’reġjuni oħra. B’hekk, dawn huma provi indiretti tal-eżistenza tal-arranġament reċiproku bejn il-produtturi Ewropej u l-produtturi Ġappuniżi. B’hekk, l-elementi prodotti mill-Kummissjoni jsostnu l-affermazzjonijiet tagħha dwar l-eżistenza tal-arranġament komuni, kif miġbura fil-qosor fil-punt 74 iktar ’il fuq. Min-naħa l-oħra, ma huwiex probabbli li l-elementi invokati mir-rikorrenti jistgħu jqiegħdu f’dubju l-imsemmija affermazzjonijiet. Minn naħa, kif ġie spjegat fil-punti 244 sa 247, il-Ftehim GE ma jikkostitwixxix il-prova tal-akkordju Ewropew implementat mingħajr il-benefiċċju tal-arranġament komuni. Min-naħa l-oħra, għalkemm ma ġiex stabbilit li l-impriżi Ġappuniżi pparteċipaw, flimkien mal-produtturi Ewropej fl-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, għandu jiġi osservat li, fid-dawl tan-natura tal-allegat impenn tagħhom abbażi tal-arranġament komuni, il-parteċipazzjoni tagħhom f’dan l-aġir ma kien ikollha l-ebda utilità. Fil-fatt, il-produtturi Ġappuniżi ma kellhom l-ebda interess li jintervjenu fl-allokazzjoni stess tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, li huma kienu ħadu l-impenn li ma jiħdux. L-uniku interess tagħhom kien li jkunu jafu l-valur tal-proġetti kkonċernati u l-identità ta’ dawk li ħaduhom, sabiex ikunu jistgħu jsegwu l-attribuzzjoni fil-kwota konġunta “Ewropea” prevista mill-Ftehim GQ. Issa, għall-inqas fir-rigward tal-perijodu ta’ bejn l-1988 u l-1999, din l-informazzjoni kienet tiġi kkomunikata lill-produtturi Ġappuniżi bil-mekkaniżmu ta’ notifika. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi kkunsidrat li l-eżistenza tal-arranġament komuni kif ġie deskritt fil-punt 74 iktar ’il fuq ġiet stabbilita kif titlob il-liġi. F’dawn iċ-ċirkustanzi, bil-kontra ta’ dak li jallegaw ir-rikorrenti, il-Kummissjoni ma kinitx obbligata li tipprova l-interess kummerċjali li kellhom l-impriżi kkonċernati biex jikkonkludu l-arranġament komuni. Barra minn hekk, kif ġie spjegat fil-punti 110 u 158 iktar ’il fuq, il-konklużjoni tal-arranġament komuni setgħet tagħti ċerti vantaġġi lill-imsemmija impriżi u b’hekk ma kinitx bla skop, minkejja l-eżistenza ta’ barrieri għad-dħul fis-suq taż-ŻEE u l-possibbiltà ta’ nuqqas ta’ interess kummerċjali immedjat li jiġi ppenetrat dan l-istess suq. Barra minn hekk, peress li l-Kummissjoni ma bbażatx ruħha biss fuq l-aġir fis-suq tal-impriżi inkwistjoni biex tikkonkludi li kien hemm il-ksur allegat, ma huwiex biżżejjed li r-rikorrenti jissostitwixxu spjegazzjoni plawżibbli oħra tal-fatti għal dik adottata mill-Kummissjoni. Konsegwentement, l-ispjegazzjoni alternattiva proposta mir-rikorrenti ma hijiex rilevanti fir-rigward tal-eżistenza tal-imsemmi ksur. Kien x’kien il-każ, l-elementi li fuqhom hija bbażata din l-ispjegazzjoni ġew ukoll invokati mir-rikorrenti fil-kuntest tal-ewwel parti tat-tielet motiv u b’hekk se jiġu eżaminati fil-punti 317 sa 332 iktar ’l isfel. Għaldaqstant, l-ewwel parti tat-tieni motiv għandha tiġi miċħuda. Barra minn hekk, skont dak li ġie spjegat fil-punt 41 iktar ’il fuq, peress li l-eżistenza tal-arranġament komuni setgħet tiġi stabbilita mingħajr it-teħid inkunsiderazzjoni, bħala prova inkriminanti, tal-osservazzjonijiet ta’ Fuji tal-21 ta’ Novembru 2006, fl-aħħar mill-aħħar, l-ewwel parti tal-ewwel motiv, ibbażata fuq l-allegazzjoni li r-rikorrenti ma kellhomx aċċess għal ċerti elementi inkriminanti, għandha tiġi miċħuda. Konsegwentement, l-ewwel motiv għandu jiġi miċħud kollu kemm hu. b)     Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilixxietx li l-arranġament komuni kien jikkostitwixxi ftehim restrittiv jew prattika miftiehma L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu li, anki jekk jiġi preżunt li l-Kummissjoni stabbiliet l-eżistenza tal-arranġament komuni, hija ma stabbilixxietx, permezz ta’ elementi preċiżi u plawżibbli, li dan tal-aħħar seta’ jiġi assimilat għall-espressjoni ta’ intenzjoni komuni li ħadet il-forma ta’ ftehim restrittiv jew ta’ prattika miftiehma. Fil-fehma tagħhom, l-iktar l-iktar, il-fajl tal-Kummissjoni żvela aġir parallel tal-operaturi, li huwa kompatibbli mal-kundizzjonijiet normali tas-suq. Dan il-fatt intwera mit-testimonjanza ta’ M., li indika li, waqt il-laqgħat li għalihom kien preżenti, ma kienx hemm għalfejn titqajjem il-kwistjoni tal-arranġament komuni peress li dan kien evidenti. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Skont il-ġurisprudenza, hija l-Kummissjoni li għandha tiġbor provi preċiżi u konsistenti biżżejjed sabiex tibbaża l-konvinzjoni stretta li l-ksur allegat jikkostitwixxi ftehim jew prattika miftiehma fis-sens tal-Artikolu 81(1) KE (sentenza tal-Qorti Ġenerali, tal-21 ta’ Jannar 1999, Riviera Auto Service et vs Il‑Kummissjoni, T‑185/96, T‑189/96 u T‑190/96, Ġabra p. II‑93, punt 47). Il-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq hija applikabbli, b’analoġija, għall-Artikolu 53(1) tal-Ftehim ŻEE. F’dan il-każ, fid-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni ma esprimietx ruħha espliċitament dwar il-kwistjoni ta’ jekk l-aġir ikkontestat lill-impriżi Ġappuniżi kienx jikkostitwixxi ftehim jew prattika miftiehma. Fil-premessa 248 tad-deċiżjoni kkontestata, kulma għamlet kien li tosserva li l-ksur kien magħmul minn diversi azzjonijiet li setgħu jiġu kkwalifikati bħala ftehim jew prattiki miftiehma. Għaldaqstant, l-ewwel nett għandu jiġi vverifikat jekk l-arranġament komuni jikkostitwixxix ftehim bejn impriżi fis-sens tal-Artikolu 81(1) KE u tal-Artikolu 53(1) tal-Ftehim ŻEE. F’dan ir-rigward, sabiex ikun hemm ftehim fis-sens tad-dispożizzjonijiet imsemmija iktar ’il fuq huwa suffiċjenti li l-impriżi inkwistjoni jkunu esprimew l-intenzjoni komuni tagħhom li jaġixxu fis-suq b’mod partikolari (ara, b’analoġija, is-sentenza Cimenteries CBR et vs Il‑Kummissjoni, punt 70 iktar ’il fuq, punt 928 u l-ġurisprudenza ċċitata). It-teħid inkunsiderazzjoni tal-effetti konkreti ta’ ftehim ma huwiex meħtieġ, meta jkun jidher li dan għandu bħala għan ir-restrizzjoni, il-prevenzjoni u d-distorsjoni tal-kompetizzjoni (ara s-sentenza Cimenteries CBR et vs Il‑Kummissjoni, punt 70 iktar ’il fuq, punt 837 u l-ġurisprudenza ċċitata). Issa, f’dan il-każ, mid-diversi elementi prodotti mill-Kummissjoni, u b’mod partikolari mid-dikjarazzjonijiet ta’ ABB u ta’ Fuji kif ukoll mit-testimonjanzi ta’ M. u ta’ V.‑A. jirriżulta li l-produtturi Ewropej u Ġappuniżi kienu daħlu għal impenn reċiproku li ma jippenetrawx is-swieq domestiċi tal-grupp l-ieħor. L-eżistenza ta’ impenn reċiproku timplika bilfors l-eżistenza ta’ intenzjoni komuni, anki fin-nuqqas ta’ elementi li jippermettu li jiġi ddeterminat bi preċiżjoni l-mument meta din l-intenzjoni ġiet espressa jew meta l-espressjoni tagħha ġiet ifformalizzata. Barra minn hekk, mill-punt 141 iktar ’il fuq jirriżulta li M. kien jikkunsidra li ma kienx hemm għalfejn jissemma l-arranġament komuni waqt id-diskussjonijiet li huwa pparteċipa għalihom, għaliex il-kontenut tal-imsemmi arranġament kien mifhum, aċċettat u implementat mill-parteċipanti kollha fl-akkordju mingħajr ma kien hemm għalfejn ikun hemm diskussjoni espliċita. Barra minn hekk, kif ġie spjegat fil-punt 152 iktar ’il fuq, V.‑A. iddikjara li pparteċipa għal diskussjonijiet espliċiti bejn l-impriżi Ewropej u r-rappreżentant ta’ impriża Ġappuniża dwar l-osservanza tal-arranġament komuni. Bl-istess mod, il-fatt, muri mid-dikjarazzjonijiet u testimonjanzi ta’ ABB u mid-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti, li l-produtturi Ġappuniżi aċċettaw, matul għadd ta’ snin, in-notifika tar-riżultati tal-allokazzjoni ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE u li segwew l-attribuzzjoni tagħhom fuq il-kwota konġunta “Ewropea” prevista mill-Ftehim GQ, ma huwiex kompatibbli ma sempliċi aġir parallel ta’ kompetituri mingħajr kwalunkwe qbil tal-intenzjonijiet. Barra minn hekk, l-arranġament komuni kellu l-għan li jiddetermina l-aġir tal-impriżi Ġappuniżi fir-rigward tas-suq taż-ŻEE, peress li huma kienu impenjaw irwieħhom li ma jippenetrawx dan is-suq. B’hekk, l-imsemmi arranġament kien tabilħaqq jikkostitwixxi riżervazzjoni tas-suq taż-ŻEE għall-produtturi Ewropej. Konsegwentement, il-Kummissjoni ġustament ikkonstatat li l-arranġament komuni kien jikkostitwixxi ftehim bejn impriżi fis-sens tal-Artikolu 81(1) KE u tal-Artikolu 53(1) tal-Ftehim ŻEE. F’dawn iċ-ċirkustanzi, ma hemmx għalfejn jiġi eżaminat ukoll jekk l-arranġament komuni kienx jikkostitwixxi prattika miftiehma abbażi tal-imsemmija dispożizzjonijiet. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, it-tieni parti tat-tieni motiv, u għaldaqstant, it-tieni motiv kollu kemm hu għandhom jiġu miċħuda. 3. Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma pprovatx l-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwat Fil-kuntest tal-ewwel parti tat-tielet motiv, ir-rikorrenti jsostnu li, sa fejn jikkonċerna lilhom, il-Kummissjoni la stabbilixxiet l-aspetti essenzjali tal-miżuri implementati mill-parteċipanti fl-akkordju u lanqas il-fatt li dawn il-miżuri kellhom għan uniku. Fil-kuntest tat-tieni parti, huma jikkontestaw in-natura kontinwata tal-akkordju kkontestat u b’mod partikolari l-kontinwità tal-għan tiegħu. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. a)     Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilixxietx l-eżistenza ta’ ksur uniku li jinkludi l-arranġament komuni, l-akkordju dinji rregolat mill-Ftehim GQ u l-attivitajiet kollużivi tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE L-argumenti tal-partijiet F’dan il-każ, ir-rikorrenti jsostnu li l-prodotti, is-swieq ġeografiċi u l-impriżi kkonċernati, minn naħa, mill-akkordju previst mill-Ftehim GQ u, min-naħa l-oħra, mill-ftehim li jirrigwardaw il-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE huma differenti, li jimplika, fil-fehma tagħhom, li l-Ftehim GQ huwa distint mill-ftehim Ewropej u li b’hekk ma hemmx lok li jiġi kkunsidrat li l-attivitajiet tal-akkordju barra miż-ŻEE u l-attività tal-impriżi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE huma ksur uniku. Ir-rikorrenti jżidu li l-punti ta’ fatt spjegati fid-deċiżjoni kkontestata ma jistabbilixxux, lil hinn minn kull dubju raġonevoli, li kien hemm ksur uniku. Skont ir-rikorrenti, l-arranġament komuni ma ġiex stabbilit, peress li l-elementi prodotti minn ABB ma għandhomx forza probatorja u ma humiex ikkorroborati minn provi oħra. Bl-istess mod, il-Kummissjoni lanqas ma stabbilixxiet l-importanza tal-arranġament komuni fid-dawl tal-allegat akkordju dinji, peress li mill-elementi tal-fajl ma jirriżultax li tali arranġament kien neċessarju jew biex tiġi stabbilita fiduċja reċiproka, jew inkella biex ikunu inkoraġġuti l-attivitajiet tal-membri Ewropej tal-akkordju fir-rigward tat-territorju taż-ŻEE. Barra minn hekk, il-Kummissjoni ma pproduċietx provi tal-allegazzjoni li l-produtturi Ġappuniżi kienu jafu u kienu aċċettaw il-kunċett tar-riżerva reċiproka tal-pajjiżi kostrutturi. Fil-fatt, il-kunċett ta’ pajjiżi kostrutturi kien kunċett li ġie applikat biss fil-kuntest tal-ftehim bejn il-produtturi Ewropej u b’hekk ma kienx magħruf mill-impriżi Ġappuniżi. Skont ir-rikorrenti, in-natura indipendenti tal-parteċipazzjoni tal-impriżi Ġappuniżi fil-Ftehim GQ b’relazzjoni għall-aġir kollużiv tal-impriżi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE tirriżulta mill-fatt li l-produtturi Ġappuniżi ma kinux f’pożizzjoni li jippenetraw is-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG, minħabba barrieri insormontabbli għad-dħul. L-eżistenza ta’ żewġ akkordji indipendenti hija wkoll ikkonfermata minn għadd ta’ elementi tal-fajl. Ir-rikorrenti jsemmu, f’dan ir-rigward, l-eżistenza tal-Ftehim GE u ta’ ftehim preċedenti oħra li ġew konklużi bejn il-fornituri Ewropej, il-fatt li l-arranġament komuni ma jissemmiex fil-ftehim miktubin, in-nuqqas ta’ kull allużjoni għall-aġir tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE fil-Ftehim GQ, kif ukoll il-ftehim ta’ nuqqas ta’ żvelar li ġie konkluż minn ABB, Areva, Siemens u VA TECH u li kien intiż biex jiffaċilita l-iskambju ta’ informazzjoni sensittiva bejn il-firmatarji tiegħu, minn wara dahar l-impriżi l-oħra li pparteċipaw fl-akkordju. Min-naħa l-oħra, ma hemmx elementi li jagħtu lil wieħed x’jifhem li l-impriżi Ġappuniżi kienu jipparteċipaw fit-tqassim tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE u fl-attivitajiet kollużivi relatati tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE, jew li huma kienu jafu bihom. Fir-rigward tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni, ir-rikorrenti jirreferu, qabelxejn, għall-ispjegazzjoni alternattiva tal-fatti esposta fil-punt 204 iktar ’il fuq. Barra minn hekk, huma jirrepetu li n-notifika ma kinitx sistematika, kienet sussegwenti għall-allokazzjoni tal-proġetti kkonċernati, li waqfet issir fl-1999, u li kienet tirrigwarda data mhux kunfidenzjali. B’mod partikolari, ir-rikorrenti jikkontestaw li s-sempliċi fatt li kienu jafu bl-eżistenza fl-imgħoddi ta’ arranġamenti bejn impriżi oħra u l-iskambju ta’ informazzjoni sommarja storika jikkostitwixxu ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Il-ftehim u l-prattiki miftiehma msemmija fl-Artikolu 81(1) KE neċessarjament jirriżultaw mill-kollaborazzjoni ta’ diversi impriżi, li huma lkoll koawturi tal-ksur, iżda li l-parteċipazzjoni tagħhom tista’ tieħu għamliet differenti, b’mod partikolari, skont il-karatteristiċi tas-suq ikkonċernat u l-pożizzjoni ta’ kull impriża f’dan is-suq, l-għanijiet imfittxija u l-metodi ta’ implementazzjoni magħżula jew maħsuba. Madankollu, is-sempliċi fatt li kull impriża tipparteċipa fil-ksur f’modi partikolari għaliha ma huwiex biżżejjed sabiex tiġi eskluża r-responsabbiltà tagħha għall-ksur kollu, inkluż l-aġir li jiġi implementat minn impriżi parteċipanti oħra li madankollu jkollu l-istess għan jew l-istess effett antikompetittiv (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tat-8 ta’ Lulju 1999, Il‑Kummissjoni vs Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Ġabra p. I‑4125, punti 79 u 80). Il-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq hija applikabbli, b’analoġija, għall-Artikolu 53(1) tal-Ftehim ŻEE. B’hekk, impriża li pparteċipat fi ksur permezz ta’ aġir attribwibbli lilha, li jaqa’ taħt il-kunċetti ta’ ftehim jew ta’ prattika miftiehma b’għan antikompetittiv skont l-Artikolu 81(1) KE u li kien intiż sabiex jikkontribwixxi għat-twettiq tal-ksur kollu kemm hu, hija wkoll responsabbli, għall-perijodu kollu tal-parteċipazzjoni tagħha fl-imsemmi ksur, għall-aġir implementat minn impriżi oħra fil-kuntest tal-istess ksur, meta jkun stabbilit li l-impriża inkwistjoni kienet taf bl-aġir li jikkostitwixxi ksur tal-parteċipanti l-oħra, jew li setgħet raġonevolment tipprevedih u kienet lesta li taċċetta r-riskju (sentenza Il‑Kummissjoni vs Anic Partecipazioni, punt 287 iktar ’il fuq, punt 83). Il-ġurisprudenza ċċitata iktar ’il fuq hija applikabbli, b’analoġija, għall-Artikolu 53(1) tal-Ftehim ŻEE. F’dan il-każ, l-ewwel nett, mill-eżami tat-tieni motiv jirriżulta li l-impriżi Ġappuniżi pparteċipaw, flimkien mal-impriżi Ewropej, fl-arranġament komuni, li kien ftehim bejn impriżi fis-sens tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE fir-rigward tas-suq Ewropew tal-proġetti ta’ SIG. Il-parteċipazzjoni fl-arranġament komuni timplika li l-impriżi Ġappuniżi kienu jafu bil-fatt li l-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE kienu rriżervati għall-produtturi Ewropej. F’dan ir-rigward, il-fatt li r-rikorrenti ma pparteċipawx f’miżuri kollużivi speċifiċi fiż-ŻEE ma huwiex rilevanti. Fil-fatt, kif ġie spjegat fil-punt 258 iktar ’il fuq, meta tiġi kkunsidrata n-natura tal-impenn tagħhom abbażi tal-arranġament komuni, il-parteċipazzjoni tal-impriżi Ġappuniżi fl-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fis-suq taż-ŻEE ma kinitx utli. B’hekk, ir-rwol passiv tal-produtturi Ġappuniżi ma kienx dovut għal għażla volontarja min-naħa tagħhom, imma għall-forma tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-ftehim dwar is-suq taż-ŻEE. Min-naħa l-oħra, din l-istess parteċipazzjoni kienet prerekwiżit biex il-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE jkunu jistgħu jiġu allokati bejn il-produtturi Ewropej jew abbażi tal-prinċipju ta’ protezzjoni tal-pajjiżi kostrutturi jew abbażi tal-Ftehim GE. It-tieni nett, id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB u t-testimonjanza ta’ M. jissuġġerixxu li, għalkemm l-arranġament komuni ma ssemmiex b’mod espliċitu fil-Ftehim GQ, huwa kien jikkostitwixxi l-bażi tal-funzjonament ta’ dan tal-aħħar, peress li kien jippermetti li tiġi stabbilita l-fiduċja neċessarja għall-funzjonament tal-akkordju dinji. L-eżistenza ta’ rabta bejn l-arranġament komuni u l-Ftehim GQ hija kkonfermata mit-testimonjanza ta’ V.‑A. li semma kif, waqt laqgħa tal-Ftehim GQ, l-impriżi Ewropej u rappreżentant tal-impriżi Ġappuniżi ddiskutew in-neċessità li jiġi osservat l-arranġament komuni. It-tielet nett, il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni jikkostitwixxi rabta bejn l-attivitajiet kollużivi tal-impriżi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE u l-akkordju dinji rregolat mill-Ftehim GQ. Fil-fatt, permezz ta’ dan il-mekkaniżmu, ir-riżultati tal-allokazzjoni ta’ ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE ttieħdu inkunsiderazzjoni fil-kuntest tal-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG f’reġjuni oħra, abbażi tal-Ftehim GQ. L-eżistenza tal-mekkaniżmu kkonċernat hija stabbilita mid-dikjarazzjonijiet u mit-testimonjanzi ta’ ABB u mid-dikjarazzjonijiet tar-rikorrenti, minkejja l-fatt li dan ma ssemmiex b’mod espliċitu fil-Ftehim GQ. F’dan il-kuntest, l-ispjegazzjoni alternattiva tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni proposta mir-rikorrenti ġiet miċħuda fil-punt 213 iktar ’il fuq. Bl-istess mod, mill-punti 243 sa 247 iktar ’il fuq jirriżulta, minn naħa, li l-argumenti tar-rikorrenti dwar ftehim Ewropej oħra għajr il-Ftehim GE ma jistgħux jittieħdu inkunsiderazzjoni mill-Qorti Ġenerali u, min-naħa l-oħra, li dan il-ftehim tal-aħħar ma jikkostitwixxix prova tal-allegazzjoni li l-attivitajiet kollużivi tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE kienu indipendenti mill-akkordju dinji rregolat mill-Ftehim GQ. Barra minn hekk, mill-elementi prodotti mir-rikorrenti la jirriżulta li l-ftehim ta’ nuqqas ta’ żvelar bejn il-produtturi Ewropej ġie tabilħaqq konkluż u lanqas, a fortiori , li l-iskambju ta’ informazzjoni bejn iż-żewġ gruppi ta’ produtturi kien affetwat minn dan il-fatt. Ir-raba’ nett, għandu jiġi kkunsidrat li, minħabba n-notifika regolari tar-riżultati tas-sejħiet għal offerti li kienu jirrigwardaw ċerti proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, li kienet saret, minn tal-inqas, bejn l-1988 u l-1999, l-impriżi Ġappuniżi setgħu raġonevolment jipprevedu li l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE bejn il-produtturi Ewropej kienet ir-riżultat ta’ aġir kollużiv. Fil-fatt, il-fatt li matul diversi snin grupp ta’ produtturi kien jirċievi komunikazzjoni regolari bir-riżultati tas-sejħiet għal offerti li għalihom ikunu pparteċipaw il-membri ta’ grupp ieħor ta’ produtturi tal-istess settur industrijali, mingħajr raġuni leġittima apparenti, imur lil hinn mil-limiti ta’ aġir kompetittiv normali. In-notifika b’hekk missha qajjmet dubji dwar il-kundizzjonijiet li fihom ġew allokati l-proġetti ta’ SIG ikkonċernati. Dan huwa iktar u iktar il-każ meta r-riżultati ta’ sejħa għal offerti mhux bilfors ikunu data pubblika, b’mod partikolari fir-rigward ta’ sejħiet għal offerti mnedija minn impriżi privati u f’dak li jikkonċerna d-dettalji tal-offerta magħżula. F’dan ir-rigward, il-Kummissjoni, fil-premessa 277 tad-deċiżjoni kkontestata, ġustament indikat li l-fatt li l-impriżi Ġappuniżi saru jafu bin-natura kollużiva tal-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE, permezz tal-mekkaniżmu ta’ notifika bejn l-1988 u l-1999, ma huwiex probabbli li jiġi affettwat minn interruzzjoni sussegwenti tan-notifika li seta’ kien hemm. Dan japplika wkoll fir-rigward ta’ JAEPS, minkejja l-fatt li hija nħolqot biss fl-2001. Fil-fatt, JAEPS kompliet bl-attivitajiet fil-qasam ta’ SIG tal-azzjonisti tagħha, fosthom Hitachi u Fuji. F’dawn iċ-ċirkustanzi, jista’ jiġi kkunsidrat li hija kienet taf l-istess affarijiet li kienu jafu l-imsemmija azzjonisti fir-rigward tal-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE. Il-ħames nett, l-arranġament komuni, l-akkordju dinji rregolat mill-Ftehim GQ u l-attivitajiet kollużivi tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE ġew implementati simultanjament, kienu jirrigwardaw l-istess prodotti u kienu jimplikaw lill-istess produtturi Ewropej u, fir-rigward tal-arranġament komuni u tal-Ftehim GQ, lill-istess produtturi Ġappuniżi. Bl-istess mod, id-diversi miżuri kellhom l-istess għan komuni, jiġifieri l-istabbiliment ta’ sistema ta’ tqassim tas-suq dinji tal-proġetti ta’ SIG u ta’ allokazzjoni ta’ dawn il-proġetti bejn id-diversi parteċipanti. Fid-dawl ta’ dak li kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi konkluż li l-Kummissjoni ma wettqitx żball meta kkonstatat li l-arranġament komuni, l‑akkordju dinji rregolat mill-Ftehim GQ u l-attivitajiet kollużivi tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE kienu ksur uniku li kellu għan komuni. Konsegwentement, l-ewwel parti tat-tielet motiv għandha tiġi miċħuda. b)     Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilixxietx in-natura kontinwata tal-akkordju L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu li, wara l-laqgħa tal-10 ta’ Lulju 2002, l-akkordju ma kellux iktar l-istess għan ekonomiku, peress li dan l-akkordju beda jiffoka fuq il-Lvant Nofsani u x-Xlokk tal-Asja u li l-għan il-ġdid tiegħu kien li jostakola t-tnaqqis tal-prezzijiet f’dawn ir-reġjuni. Barra minn hekk, skont ir-rikorrenti, il-Kummissjoni kellha tieħu inkunsiderazzjoni l-modifikazzjonijiet fl-istruttura u fil-funzjonament tal-akkordju, li ġew introdotti fl-istess mument, li kienu jinkludu semplifikazzjoni tal-metodi ta’ ħidma, l-introduzzjoni ta’ sistema ta’ lottijiet ta’ proġetti allokati direttament u l-modifikazzjoni tal-kodiċijiet ta’ isem tal-parteċipanti fl-akkordju. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Mill-elementi tal-fajl ma jirriżultax li l-laqgħa tal-10 ta’ Lulju 2002 immodifikat l-għan ekonomiku tal-akkordju dinji. Fil-fatt, kemm qabel din id-data kif ukoll warajha, l-għan essenzjali ta’ dan l-akkordju kien it-tqassim tas-swieq tal-proġetti ta’ SIG u l-koordinazzjoni tal-allokazzjoni ta’ dawn l-istess proġetti bejn l-impriżi implikati fuq il-livell dinji. F’dan il-kuntest, jidher li l-intenzjoni tal-impriżi kkonċernati li jostakolaw l-inflazzjoni tal-prezzijiet fil-Lvant Nofsani u fix-Xlokk tal-Asja ma kinitx ir-riżultat tal-modifika tal-għanijiet essenzjali tagħhom, imma pjuttost tal-evoluzzjoni tas-sitwazzjoni kompetittiva fuq l-imsemmija swieq. Barra minn hekk, l-evoluzzjoni strutturali u operattiva invokata mir-rikorrenti tikkonsisti f’bidliet ad hoc li kienu limitati għal ċerti aspetti tal-funzjonament tal-akkordju, imma li ma jaffettwawx l-għan essenzjali tiegħu. Fil-fatt, kif issostni l-Kummissjoni, jidher li d-diversi modifikazzjonijiet kienu marbuta mal-evoluzzjoni fl-għadd ta’ parteċipanti fl-akkordji u ma’ żviluppi teknoloġiċi. Barra minn hekk, ir-rikorrenti ma jsostnux il-kontestazzjoni tagħhom dwar in-natura progressiva tal-bidliet li saru, li ġiet spjegata mill-Kummissjoni fil-premessa 280 tad-deċiżjoni kkontestata. Minn dan isegwi li l-allegazzjonijiet tar-rikorrenti dwar il-kontinwità tal-akkordju u tal-għan tiegħu ma humiex ikkorroborati mill-fatti. B’hekk, għandu jiġi kkunsidrat li l-Kummissjoni ma wettqitx żball meta kkonstatat li kien hemm ksur kontinwat li kellu l-istess għan ekonomiku u li kien jeżisti bejn il-15 ta’ April 1988 u l-11 ta’ Mejju 2004. Għaldaqstant, it-tieni parti tat-tielet motiv u, konsegwentement, it-tielet motiv kollu kemm hu, għandhom jiġu miċħuda. Billi l-ebda motiv invokat insostenn tat-talba prinċipali ma jista’ jintlaqa’, din għandha tiġi miċħuda. B – Fuq l-ewwel talba sussidjarja, intiża għall-annullament tal-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jirrigwarda lir-rikorrenti 1. Fuq ir-raba’ motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet żbalji fil-kalkolu tal-multi imposti fuq ir-rikorrenti Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni wettqet żbalji fil-kalkolu tal-multi li ġew imposti fuqhom. Fil-kuntest tal-ewwel parti, huma jilmentaw li l-Kummissjoni ma osservatx l-obbligu li tevalwa l-importanza relattiva tal-ksur imwettaq minn kull impriża. Fil-kuntest tat-tieni parti, huma jsostnu li l-Kummissjoni wettqet żball manifest fl-applikazzjoni tal-avviż dwar il-kooperazzjoni. Fil-kuntest tat-tielet parti, huma jaffermaw li l-Kummissjoni wettqet żball manifest fl-evalwazzjoni tal-fatturi relatati mat-tul tal-akkordju. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. a)     Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq allegat żball fl-evalwazzjoni tal-importanza relattiva tal-ksur imwettaq minn kull impriża L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni kellha tieħu inkunsiderazzjoni r-rwol sekondarju li huma kellhom fi ħdan l-akkordju, kemm fir-rigward tal-gravità relattiva tal-aġir tagħhom kif ukoll tal-effett li dan tal-aħħar kellu fuq is-suq taż-ŻEE. Minn naħa, ir-rikorrenti jaffermaw li huma ma pparteċipawx fl-akkordju fi ħdan iż-ŻEE u għal-laqgħat organizzati fil-kuntest tal-Ftehim EQ, imma implementaw biss il-Ftehim GQ. Konsegwentement, l-eventwali parteċipazzjoni tagħhom fl-akkordju Ewropew setgħet biss tkun passiva u l-aġir tagħhom b’hekk ma kellux effett fuq il-kummerċ bejn l-Istati Membri, anki fid-dawl tal-eżistenza tal-akkordju Ewropew preċedenti rregolat mill-Ftehim GE. Min-naħa l-oħra, ir-rikorrenti jsostnu li l-allegata parteċipazzjoni tagħhom fl-arranġament komuni ma setax ikollha effett fuq is-suq taż-ŻEE u b’hekk ma kienx probabbli li setgħet tkun ta’ dannu għall-kompetizzjoni f’dan l-istess suq. F’dan ir-rigward huma jirreferu għall-elementi li pproduċew quddiem il-Kummissjoni u b’mod partikolari għar-rapport estern, għad-dikjarazzjonijiet ta’ parteċipanti oħra fl-akkordju u għall-fatt li huma ma biegħux SIG fl-Ewropa la bejn l-2000 u l-2002, jiġifieri waqt il-perijodu li matulu huma ma pparteċipawx fl-akkordju, u lanqas wara t-terminazzjoni ta’ dan tal-aħħar. Ir-rikorrenti jżidu jgħidu li l-fatt li huma ma setgħux għamlu dannu lill-kompetizzjoni fiż-ŻEE missu ttieħed inkunsiderazzjoni bħala ċirkustanza attenwanti. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Skont il-ġurisprudenza, sakemm ksur twettaq minn diversi impriżi, hemm lok li l-gravità relattiva tal-parteċipazzjoni ta’ kull waħda minnhom tiġi eżaminata (ara s-sentenza Il‑Kummissjoni vs Anic Partecipazioni, punt 287 iktar ’il fuq, punt 150, u l-ġurisprudenza ċċitata). B’hekk, il-fatt li impriża ma pparteċipatax fl-elementi kollha li jikkostitwixxu akkordju jew li hija kellha rwol minuri fl-aspetti li hija pparteċipat fihom għandu jittieħed inkunsiderazzjoni meta tiġi evalwata l-gravità tal-ksur u meta tiġi ddeterminata l-multa (sentenza Il‑Kummissjoni vs Anic Partecipazioni, punt 287 iktar ’il fuq, punt 90). F’dan ir-rigward, qabelxejn, għandu jiġi ppreċiżat li d-deċiżjoni kkontestata ma tissanzjonax il-parteċipazzjoni tad-destinatarji tagħha fil-Ftehim GQ, li ma kienx jirrigwarda t-territorju taż-ŻEE. Fil-fatt, l-Artikolu 1 tad-deċiżjoni kkontestata jiddikjara b’mod ċar li l-ksur tal-Artikolu 81 KE u tal-Artikolu 53 tal-Ftehim ŻEE jirrigwarda s-settur tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE. Mill-eżami tat-tieni motiv jirriżulta li l-parteċipazzjoni tal-produtturi Ġappuniżi u tal-produtturi Ewropej fi ftehim u fi prattiki miftiehma fir-rigward taż-ŻEE ma kinitx tal-istess natura. Fil-fatt, l-impriżi Ġappuniżi impenjaw irwieħhom, fil-kuntest tal-arranġament komuni, li ma jippenetrawx is-suq taż-ŻEE u l-parteċipazzjoni tagħhom b’hekk kienet tikkonsisti f’nuqqas ta’ azzjoni. L-impriżi Ewropej, min-naħa tagħhom, qassmu bejniethom id-diversi proġetti ta’ SIG f’dan l-istess suq, permezz ta’ atti kollużivi pożittivi. Madankollu, ma hemmx differenza kbira fir-rigward tal-gravità ta’ dawn iż-żewġ tipi ta’ aġir. Fil-fatt, kif ġie kkonstatat fil-punti 258 u 290 iktar ’il fuq, fid-dawl tan-natura tal-impenn tar-rikorrenti abbażi tal-arranġament komuni, il-fatt li huma ma pparteċipawx fl-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE ma huwiex rilevanti, peress li l-intervent tagħhom ma kienx utli. B’hekk, il-fatt invokat mir-rikorrent ma kienx ir-riżultat tal-għażla tagħhom imma s-sempliċi konsegwenza tan-natura tal-parteċipazzjoni tagħhom fil-ftehim dwar is-suq taż-ŻEE. Min-naħa l-oħra, din l-istess parteċipazzjoni kienet prerekwiżit biex il-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE setgħu jiġu allokati bejn il-produtturi Ewropej skont ir-regoli miftiehma għal dan il-għan. Konsegwentement, għandu jiġi kkunsidrat li l-gravità tal-aġir tal-impriżi Ġappuniżi hija paragunabbli għal dik tal-aġir tal-impriżi Ewropej. Fir-rigward tal-allegat nuqqas ta’ kapaċità tar-rikorrenti li jikkawżaw dannu lill-kompetizzjoni fiż-ŻEE, mill-punt 1 A tal-Linji gwida għall-kalkolu tal-multi jirriżulta li, meta tiġi ddeterminata l-multa, għandha tittieħed inkunsiderazzjoni l-kapaċità ekonomika effettiva tal-awturi tal-ksur li joħolqu dannu sinjifikattiv lill-operaturi l-oħra, b’mod partikolari lill-konsumaturi. F’dan ir-rigward, ir-rikorrenti jsostnu, minn naħa, li produttur Ġappuniż li jixtieq jippenetra s-suq tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE jkun iffaċċjat b’barrieri għad-dħul “għoljin”, ta’ tip tekniku, kummerċjali, kulturali u ekonomiku. Min-naħa l-oħra, dan l-istess suq huwa suq “matur”, li jimplika li, matul il-perijodu tal-ksur, huwa kellu biss rata ċkejkna ta’ tkabbir u li kien moqdi b’mod adegwat mill-produtturi Ewropej. L-ewwel nett, għandu jiġi osservat li l-eżistenza tal-arranġament komuni u, b’mod partikolari tal-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni, timplika li l-produtturi Ġappuniżi kienu pperċepiti bħala kompetituri potenzjali kredibbli mill-produtturi Ewropej minkejja ċerti barrieri għad-dħul oġġettivi, li l-eżistenza tagħhom, inċidentalment, ma hijiex ikkontestata mill-Kummissjoni. Li kieku dan ma kienx il-każ, l-arranġament komuni ma kienx jiġi konkluż u osservat mill-produtturi Ewropej, li minħabba fih ġarrbu t-telf ta’ parti mill-proġetti ta’ SIG barra miż-ŻEE. Sa fejn il-produtturi Ewropej kienu f’pożizzjoni partikolarment tajba biex jevalwaw is-sitwazzjoni fiż-ŻEE, minħabba l-pożizzjoni privileġġjata tagħhom fl-Ewropa, l-aċċettazzjoni tagħhom tal-arranġament komuni tikkostitwixxi argument li jqiegħed serjament f’dubju l-plawżibbiltà tat-teżi difiża mir-rikorrenti. It-tieni nett, għandu jiġi osservat li r-rapport estern prodott mir-rikorrenti ġie redatt ex post , għall-bżonnijiet speċifiċi tad-difiża tal-partijiet fil-kuntest tal-proċedura li wasslet għall-adozzjoni tad-deċiżjoni kkontestata. Kif issostni l-Kummissjoni, ir-rapport huwa redatt f’termini ġenerali u ma jirreferix għall-fatt li l-fattibbiltà jew l-adegwatezza kummerċjali tal-penetrazzjoni tas-suq taż-ŻEE ġiet diskussa mir-rikorrenti. Bl-istess mod, fir-rigward b’mod partikolari tal-barrieri tekniċi, ir-rapport estern jirreferi fil-parti l-kbira għad-dikjarazzjonijiet ta’ JAEPS u ta’ destinatarji oħra tad-deċiżjoni kkontestata, li jimplika li, minn dan il-lat ukoll, ma huwiex sors indipendenti. Barra minn hekk, fir-rigward tal-barrieri tekniċi, jidher tabilħaqq li produttur Ġappuniż li jixtieq jippenetra s-suq taż-ŻEE għandu jadatta l-prodott ikkonċernat għan-normi fis-seħħ, li jirriżultaw mill-istandards iddefiniti mill-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali, għandu jwettaq ċertu numru ta’ testijiet ta’ konformità u għandu jikseb iċ-ċertifikati korrispondenti. Madankollu, ir-rikorrenti ma jikkontestawx li l-produtturi Ġappuniżi wettqu bejgħ sporadiku ta’ prodotti tas-SIG fiż-ŻEE kif ukoll bejgħ iktar kunsiderevoli f’territorji oħra fejn l-istandards iddefiniti mill-Kummissjoni Elettroteknika Internazzjonali jiġu applikati wkoll. Ir-rikorrenti jirreferu wkoll għal rekwiżiti u għal użi tekniċi supplimentari applikabbli f’ċerti pajjiżi tal-Ewropa tal-Punent. Issa, għall-inqas fir-rigward ta’ pajjiżi oħra għajr il-pajjiżi kostrutturi, dawn ir-rekwiżiti japplikaw għall-fornituri potenzjali, Ewropej jew Ġappuniżi, kollha. L-istess japplika fir-rigward tal-allegata preferenza għall-produtturi nazzjonali, peress li mid-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-pajjiżi taż-ŻEE l-oħra għajr il-pajjiżi kostrutturi kienu ġustament dawk fejn ma kienx hemm fornituri nazzjonali kredibbli. Raġunament bħal dan huwa applikabbli, a fortiori , għall-allegata preferenza għall-fornitur tat-tagħmir diġà installat. Fil-fatt, relazzjoni preċedenti sodisfaċenti ma’ fornitur għandha t-tendenza li tiżvantaġġja lill-fornituri l-oħra kollha, irrispettivament mill-fatt jekk ikunux Ewropej jew Ġappuniżi. Ir-rikorrenti jsostnu wkoll li d-Direttiva tal-Kunsill 93/38/KEE, tal-14 ta’ Ġunju 1993, li tikkoordina l-proċeduri ta’ akkwist pubbliku għal entitajiet li joperaw [ta’ għoti ta’ kuntratti] fis-setturi [tal]-ilma, [tal]-enerġija, tat-trasport u tat-telekomunikazzjoni (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 6, Vol. 2 p. 194), timponi li fl-għoti ta’ kuntratti pubbliċi tingħata preferenza lill-fornituri Ewropej. Issa, kif jirrikonoxxu r-rikorrenti stess, minn naħa, mill-1 ta’ Jannar 1996 din ir-regola ma għadhiex iktar applikabbli għall-produtturi Ġappuniżi. Min-naħa l-oħra, ir-regola tal-preferenza ma hijiex assoluta, peress li, abbażi tal-Artikolu 36(3) tal-imsemmija direttiva, hija tapplika biss meta l-offerti inkwistjoni jkunu ekwivalenti fid-dawl tal-kriterji tal-għoti, li jimplika b’mod partikolari li d-differenza fil-prezzijiet ma taqbiżx it-3 %. Fir-rigward tal-argumenti tar-rikorrenti bbażati, minn naħa, fuq in-neċessità li tkun stabbilita preżenza fl-Ewropa sabiex ikun żgurat il-bejgħ kif ukoll is-servizzi u l-infrastrutturi ta’ manutenzjoni u, min-naħa l-oħra, fuq l-effett tad-distanza bejn il-Ġappun u l-Ewropa fuq l-ispejjeż tat-trasport u tal-assigurazzjoni u fuq it-termini ta’ kunsinna, ma jistgħux jintlaqgħu, meta jittieħed inkunsiderazzjoni l-bejgħ tas-SIG li l-produtturi Ġappuniżi kellhom fiż-ŻEE kif ukoll fil-bqija tal-Ewropa u fir-reġjun tal-Mediterran, jiġifieri f’territorji mbiegħda ġeografikament mill-Ġappun. Fir-rigward tal-allegati barrieri tariffarji, ir-rikorrenti ma pprovdewx dettalji dwar ir-rati tad-dazji doganali li huma applikabbli għall-importazzjoni tas-SIG fiż-ŻEE mill-Ġappun. Konsegwentement, dan l-argument għandu jiġi miċħud. Fl-aħħar nett, għandu jiġi osservat li l-eżistenza estiża tal-arranġament komuni u, għaldaqstant, l-assenza tal-produtturi Ġappuniżi mis-suq taż-ŻEE setgħet issaħħaħ b’mod artifiċjali uħud mill-barrieri għad-dħul, imsemmija mir-rikorrenti, b’mod partikolari dawk marbuta mal-aċċettazzjoni mill-klijenti Ewropej ta’ fornituri Ġappuniżi. Issa, ma jistax jiġi aċċettat li r-rikorrenti jinvokaw il-konsegwenzi tal-funzjonament tal-ksur li huma pparteċipaw għalih biex jitolbu tnaqqis fil-multa li ġiet imposta fuqhom għal dan l-istess ksur. Barra minn hekk, l-effetti msemmija iktar ’il fuq tal-eżistenza fit-tul tal-arranġament komuni jistgħu jispjegaw il-fatt li r-rikorrenti ma biegħux SIG fiż-ŻEE bejn l-1999 u l-2002 u bejn l-2004 u l-2006, jiġifieri matul perijodi relattivament qosra meta pparagunati mal-perijodu tal-ksur. It-tielet nett, għandu jiġi osservat li d-dikjarazzjonjiet ippreżentati minn parteċipanti oħra ma jirreferux għal barrieri għad-dħul oħra ħlief dawk imsemmija mir-rikorrenti. Konsegwentement, l-argument spjegat fil-punti 321 sa 327 iktar ’il fuq huwa applikabbli anki f’dan ir-rigward. Ir-raba’ nett, għandu jiġi osservat li l-elementi relatati mal-istat tas-suq taż-ŻEE prodotti fir-rapport estern ma humiex biżżejjed dettaljati, peress li huma jkopru biss ċerti partijiet mill-perijodu tal-ksur. Barra minn hekk, parti mill-elementi jirrigwardaw ir-rata ta’ tkabbir tas-suq taż-ŻEE, imma ma jippreċiżawx id-daqs ta’ dan it-tkabbir. Issa, suq importanti f’termini assoluti jista’ jippreżenta opportunitajiet ta’ dħul anki jekk ir-rata ta’ tkabbir ma tkunx waħda kbira. Bl-istess mod, il-preżenza ta’ kompetituri oħra hija fattur inerenti għall-eżerċizzju tal-attività ekonomika f’ekonomija tas-suq u b’hekk, fiha nnifisha, ma hijiex ċirkustanza partikolari li missha ttieħdet inkunsiderazzjoni. Sa fejn l-argument tar-rikorrenti jenfasizza r-relazzjoni allegatament privileġġjata bejn il-klijenti Ewropej u l-produtturi Ewropej, għandha ssir referenza għall-punti 323 u 327 iktar ’il fuq. Barra minn hekk, l-għan tal-analiżi tal-kapaċità tal-produtturi Ġappuniżi li jippenetraw is-suq taż-ŻEE ma kienx li jsir magħruf jekk dħul f’dan is-suq kienx l-alternattiva l-iktar attraenti li kellhom il-produtturi Ġappuniżi, iżda li jsir magħruf jekk din kinitx possibbiltà realistika li, fin-nuqqas tal-arranġament komuni, setgħet teżerċita pressjoni fuq l-aġir tal-produtturi preżenti fis-suq taż-ŻEE. Konsegwentement, il-fatt li l-produtturi Ġappuniżi seta’ kellhom opportunitajiet fi swieq oħra ma huwiex rilevanti fih innifsu. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, għandu jiġi konkluż li r-rikorrenti ma sostnewx kif titlob il-liġi l-allegazzjoni tagħhom li tgħid li l-karatteristiċi partikolari tas-suq taż-ŻEE kellhom bħala konsegwenza li l-aġir tal-produtturi Ġappuniżi, partijiet għall-arranġament komuni, ma kienx kapaċi, f’dan il-każ, li jikkawża dannu lill-kompetizzjoni f’dan l-istess suq. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-Kummissjoni ma tistax tiġi akkużata li ma ħaditx din l-allegazzjoni inkunsiderazzjoni, kemm jekk waqt l-evalwazzjoni tal-gravità tal-ksur imwettaq mir-rikorrenti jew waqt l-evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi attenwanti. Għaldaqstant, l-ewwel parti tar-raba’ motiv għandha tiġi miċħuda. b)     Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq allegat żball fl-applikazzjoni tal-avviż dwar il-kooperazzjoni L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu li, biex tikkonkludi li huma kienu pparteċipaw fl-arranġament komuni u, b’mod iktar ġenerali, fi ksur uniku u kontinwat, il-Kummissjoni invokat żewġ elementi prodotti mir-rikorrenti, jiġifieri, minn naħa, id-dikjarazzjonijiet dwar l-eżistenza ta’ mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni u, min-naħa l-oħra, l-espożizzjoni taċ-ċaħda tal-proposta ta’ Alstom, li ġiet ippreżentata fl-10 ta’ Lulju 2002 u li kienet tikkonċerna l-arranġament komuni fir-rigward tas-suq Ewropew. F’dak iż-żmien il-Kummissjoni ma kinitx taf b’dawn il-provi u dawn kellhom effett dirett fuq id-dimostrazzjoni tal-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwat. Konsegwentement, ir-rikorrenti jikkunsidraw li l-Kummissjoni wettqet żball meta kkonstatat li l-provi msemmija iktar ’il fuq ma jirrappreżentawx valur miżjud li jiġġustifika tnaqqis tal-multa abbażi tal-avviż dwar il-kooperazzjoni. B’referenza għall-paragrafu 23 tal-imsemmi avviż, huma jsostnu wkoll li ma kellha tiġi imposta fuqhom l-ebda multa. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Il-paragrafi 4, 20, 21 u 23 tal-avviż dwar il-kooperazzjoni jipprovdu dan li ġej: “4. Il-Kummissjoni kkunsidrat li huwa fl-interess Komunitarju li jingħata trattament favorevoli lil impriżi li jikkooperaw magħha. L-interessi tal-konsumatur u ċ-ċittadini biex jiġi żgurat li kartelli sigrieti jiġu mikxufa u kkastigati huma akbar mill-interess li jiġu mmultati dawk l-impriżi li jippermettu lill-Kummissjoni biex tiskopri u tipprojbixxi dawn il-prattiċi. […] 20. Impriżi li ma jissodisfawx il-kondizzjonijiet [previsti biex tinkiseb l-immunità minn multi] jistgħu jkunu eliġibbli biex jibbenefikaw minn tnaqqis ta’ kull multa li kieku kienet tkun imposta. 21. Biex tikkwalifika, impriża għandha tipprovdi l-Kummissjoni bi provi tal-ksur tal-liġi ssospettat li jirrappreżentaw valur miżjud b’rispett għall-evidenza li diġà tinstab fil-pussess tal-Kummissjoni u għandha twaqqaf l-involviment tagħha fil-ksur tal-liġi ssuspettat mhux aktar tard miż-żmien li fih tressaq il-provi. […] 23. […] Barra dan, jekk impriża tipprovdi provi rrelatati ma’ fatti li qabel ma kinux magħrufa lill-Kummissjoni li għandhom rilevanza diretta fuq il-gravità u t-tul tal-kartell issuspettat, il-Kummissjoni mhijiex ser tieħu kont ta’ dawn l-elementi meta tordna li tiġi imposta multa fuq l-impriża li tipprovdi dawn il-provi.” Evalwati abbażi ta’ dawn il-kriterji, l-argumenti tar-rikorrenti ma jistgħux jintlaqgħu. Fil-fatt, kif ġie osservat fil-punti 192 u 230 iktar ’il fuq, id-dikjarazzjonijiet dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni u dwar il-proposta ta’ Alstom ta’ Lulju 2002 jikkostitwixxu elementi rilevanti biex tiġi pprovata l-eżistenza tal-arranġament komuni. Madankollu, matul il-proċedura amministrattiva, ir-rikorrenti allegaw, minn naħa, li l-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni ma kienx rilevanti biex tiġi pprovata l-eżistenza tal-imsemmi arranġament u, min-naħa l-oħra, li l-proposta ta’ Alstom u r-reazzjoni tagħhom għal din il-proposta kienu jippermettu li titqiegħed f’dubju l-eżistenza ta’ dan l-arranġament. F’dawn iċ-ċirkustanzi, ir-rikorrenti ma jistgħux isostnu li huma kkooperaw mal-Kummissjoni dwar dan il-punt, f’konformità mal-paragrafu 4 tal-avviż dwar il-kooperazzjoni. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma wettqitx żball meta rrifjutat li tapplika l-paragrafi 20 u 21 tal-imsemmi avviż fir-rigward tar-rikorrenti. Fir-rigward tal-applikazzjoni tal-paragrafu 23 tal-avviż dwar il-kooperazzjoni, għandu jiġi osservat li fid-9 ta’ Settembru 2004, jiġifieri meta tressqet it-talba għal klemenza tar-rikorrenti li magħha kienet mehmuża l-espożizzjoni tal-proposta ta’ Alstom tal-10 ta’ Lulju 2002, il-Kummissjoni diġà kienet taf bl-eżistenza u bin-natura tal-arranġament komuni, kif ukoll bil-fatt li dan kien ikopri speċifikatament il-perijodu ta’ bejn Lulju 2002 u l-2004. Fil-fatt, dawn il-fatti ġew żvelati fid-dikjarazzjonijiet ta’ ABB tal-11 ta’ Marzu 2004. Bl-istess mod, meta ntbagħtet id-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet, jiġifieri qabel ma r-rikorrenti kienu ppreżentaw id-dikjarazzjonijiet tagħhom dwar il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni, il-Kummissjoni kienet taf li dan l-istess mekkaniżmu kien implementat bejn il-parteċipanti għall-akkordju bejn l-1988 u l-2002, billi dawn l-elementi ġew deskritti kemm fid-dikjarazzjonijiet ta’ ABB kif ukoll fit-testimonjanza ta’ M. Konsegwentement, ma jistax jiġi kkunsidrat li d-dikjarazzjonijiet ikkonċernati tar-rikorrenti kienu jirrigwardaw fatti li qabel il-Kummissjoni ma kinitx taf bihom jew, a fortiori , li dawn seta’ jkollhom effett fuq il-gravità jew fuq it-tul tal-ksur. Għaldaqstant, il-Kummissjoni ma wettqitx żball meta rrifjutat li tapplika fil-konfront tagħhom il-paragrafu 23 tal-avviż dwar il-kooperazzjoni. Għaldaqstant, it-tieni parti tar-raba’ motiv għandha tiġi miċħuda. c)     Fuq it-tielet parti, ibbażata fuq allegat żball fl-evalwazzjoni tal-fatturi relatati mat-tul tal-ksur L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jerġgħu jaffermaw, minn naħa, il-pożizzjoni tagħhom li tgħid li l-Kummissjoni ma stabbilixxietx il-kontinwità tal-għan tal-ksur matul il-perijodu ta’ bejn il-15 ta’ April 1988 u l-11 ta’ Mejju 2004. Min-naħa l-oħra, huma jsostnu li l-konstatazzjoni tal-parteċipazzjoni tagħhom fi ksur wara Lulju 2002 hija kkontestata mill-modifikazzjonijiet li saru fl-istruttura u fin-natura tal-ftehim f’dak iż-żmien, u b’mod partikolari biċ-ċaħda tagħhom tal-proposta ta’ Alstom tal-10 ta’ Lulju 2002 biex jiġi konkluż arranġament dwar is-suq Ewropew. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali L-argumenti tar-rikorrenti mqajjma fil-kuntest ta’ din il-parti huma l-istess bħal dawk li diġà ġew indirizzati fil-kuntest tat-tieni u tat-tielet motiv. Fil-fatt, l-argumenti dwar il-kontinwità tal-għan tal-akkordju u dwar il-modifikazzjonijiet li sarulu ġew eżaminati fil-punti 301 sa 303 iktar ’il fuq. Bl-istess mod, ir-rilevanza taċ-ċaħda, mill-impriża Hitachi, tal-proposta li saret minn Alstom fl-10 ta’ Lulju 2002, ġiet, min-naħa tagħha, eżaminata fil-punti 185 sa 193 iktar ’il fuq. Mis-siltiet inkwistjoni jirriżulta li l-elementi invokati mir-rikorrenti ma jippermettux li jiġi konkluż li l-Kummissjoni wettqet żball, minn naħa, meta kkonstatat l-eżistenza ta’ ksur kontinwat li kellu l-istess għan ekonomiku bejn il-15 ta’ April 1988 u l-11 ta’ Mejju 2004 u, min-naħa l-oħra, meta kkunsidrat li l-arranġament komuni u, għaldaqstant, il-parteċipazzjoni tar-rikorrenti fil-ksur, komplew lil hinn mix-xahar ta’ Lulju 2002. F’dawn iċ-ċirkustanzi, it-tielet parti tar-raba’ motiv u, għaldaqstant, ir-raba’ motiv kollu kemm hu, għandhom jiġu miċħuda. 2. Fuq il-ħames motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni kkalkolat il-multi tar-rikorrenti skont metodu li jikser il-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ proporzjonalità a)     L-argumenti tal-partijiet Ir-rikorrenti jsostnu li l-Kummissjoni kisret il-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ proporzjonalità meta applikat fattur ta’ dissważjoni ta’ 2.5 fir-rigward tal-impriża Hitachi, filwaqt li applikat koeffiċjent iktar baxx fir-rigward ta’ ABB, jiġifieri 1.25. Fil-fehma tagħhom, filwaqt li l-impriża Hitachi hija operatriċi minuri fis-settur tal-proġetti ta’ SIG u l-aġir tagħha ma kienx probabbli li jikkawża dannu sinjifikattiv lill-kompetizzjoni fis-suq komuni, ABB hija l-ikbar fornitriċi fl-istess settur fil-livell dinji u hija stabbilita fl-Ewropa. Barra minn hekk, b’differenza għal ABB, l-impriża Hitachi ma kinitx reċidiva. Issa, sa fejn dan il-fatt huwa rilevanti fil-kuntest tal-prevenzjoni ta’ aġiri antikompetittivi futuri, dan messu ttieħed inkunsiderazzjoni meta ġew iddeterminati l-fatturi ta’ dissważjoni applikabbli. Barra minn hekk, l-applikazzjoni tal-fatturi ta’ dissważjoni marret ferm lil hinn mill-effett ta’ teħid inkunsiderazzjoni tas-sehem tas-suq żgħir tar-rikorrenti. Il-Kummissjoni tikkontesta l-fondatezza tal-argumenti tar-rikorrenti. b)     Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Mill-premessa 491 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-Kummissjoni kkunsidrat li kien neċessarju li jiġi applikat fattur ta’ dissważjoni fir-rigward tal-impriżi bi dħul mill-bejgħ totali partikolarment għoli. Abbażi tad-dħul mill-bejgħ dinji tal-impriżi kkonċernati, il-Kummissjoni applikat b’mod partikolari l-fatturi ta’ dissważjoni ta’ 1.25 fir-rigward ta’ ABB u ta’ 2.5 fir-rigward tal-impriża Hitachi. Ir-rikorrenti jilmentaw li dan il-kalkolu la jirrifletti s-saħħa ta’ ABB fis-suq dinji u f’dak Ewropew tal-proġetti ta’ SIG u lanqas il-fatt li ABB ġiet issanzjonata, fl-imgħoddi, għall-ksur tal-Artikolu 81 KE. Issa, mill-premessa 491 tad-deċiżjoni kkontestata jirriżulta li l-għan tal-applikazzjoni ta’ fattur ta’ dissważjoni ma kienx li jittieħdu inkunsiderazzjoni dawn iż-żewġ fatturi, imma li tkun riflessa d-differenza fid-daqsijiet bejn id-diversi impriżi li pparteċipaw fl-akkordju. It-teħid inkunsiderazzjoni ta’ dan l-element tal-aħħar huwa konformi kemm mal-punt 1 A tal-Linji gwida għall-kalkolu tal-multi kif ukoll mal-ġurisprudenza li tipprovdi li meta l-Kummissjoni tikkalkola l-ammont tal-multa, hija tista’ tieħu inkunsiderazzjoni, b’mod partikolari, id-daqs u s-saħħa ekonomika tal-impriża kkonċernata (sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja, tas-7 ta’ Ġunju 1983, Musique Diffusion française et vs Il‑Kummissjoni, 100/80 sa 103/80, Ġabra p. 1825, punti 119 sa 121). Il-proporzjonalità tal-fatturi ta’ dissważjoni applikati fir-rigward ta’ ABB u tal-impriża Hitachi meta pparagunati mad-daqs tagħhom tista’ faċilment tiġi vverifikata billi jiġi redatt graff tal-fatturi ta’ dissważjoni kollha li ġew applikati b’relazzjoni għad-dħul mill-bejgħ rispettiv tal-impriżi kkonċernati. Issa, fuq dan il-graff, il-koeffiċjenti tal-impriżi kollha kkonċernati, ħlief ta’ Siemens, jinsabu fuq linja dritta. Dan il-fatt jimplika li l-fattur ta’ dissważjoni applikat fir-rigward tal-impriża Hitachi huwa proporzjonat għal dak applikat fir-rigward ta’ ABB u li, konsegwentement, l-impriża Hitachi ma kinitx suġġetta għal trattament mhux ugwali meta pparagunata ma’ ABB. Barra minn hekk, fir-rigward tal-fatturi l-oħra invokati mir-rikorrenti, għandu jiġi osservat li s-saħħa ta’ ABB fis-suq tal-proġetti ta’ SIG ċertament tikkostitwixxi element rilevanti, peress li hija indikatur dirett tal-kapaċità ta’ din l-istess impriża li tikkawża dannu lill-kompetizzjoni. Issa, f’dan il-każ, dan l-element ittieħed inkunsiderazzjoni meta ġie ddeterminat l-ammont inizjali, billi ABB ġiet ikklassifikata, flimkien ma’ Siemens, fl-ewwel grupp abbażi tas-sehem tagħhom mill-bejgħ dinji totali. B’hekk, l-ammont inizjali ta’ ABB kien ħames darbiet ikbar minn dak tal-impriża Hitachi u ta’ JAEPS. Fir-rigward tar-reċidiva, għandu jitfakkar li l-iskop tad-dissważjoni huwa għan tal-multa u li n-neċessità li jiġi żgurat tikkostitwixxi rekwiżit ġenerali li għandu jiggwida lill-Kummissjoni matul il-kalkolu tal-ammont tal-multa u ma titlobx neċessarjament li dan il-kalkolu jkun ikkaratterizzat b’fażi speċifika intiża għal evalwazzjoni globali taċ-ċirkustanzi rilevanti kollha sabiex jintlaħaq dan l-iskop (sentenza tal-Qorti Ġenerali, tal-15 ta’ Marzu 2006, BASF vs Il‑Kummissjoni, T‑15/02, Ġabra p. II‑497, punt 226). Għaldaqstant, il-Kummissjoni setgħet, mingħajr ma twettaq żball, tieħu dan l-element inkunsiderazzjoni, mhux meta ddeterminat il-fatturi ta’ dissważjoni, imma fil-kuntest tal-evalwazzjoni taċ-ċirkustanzi aggravanti. Fil-premessa 510 tad-deċiżjoni kkontestata, il-Kummissjoni b’hekk żiedet b’50 % il-multa ta’ ABB abbażi tal-punt 2 tal-Linji gwida għall-kalkolu tal-multi, filwaqt li ebda waħda mir-rikorrenti ma kienet suġġetta għal tali żieda minħabba din ir-raġuni. Fid-dawl ta’ dak kollu li ngħad iktar ’il fuq, il-ħames motiv għandu jiġi miċħud, l-istess bħall-ewwel talba sussidjarja tar-rikorrenti, intiża għall-annullament tal-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jirrigwardahom. Billi ma tqajjem l-ebda motiv awtonomu insostenn tat-tieni talba sussidjarja tar-rikorrenti, għat-tħassir jew għal tnaqqis tal-multi li ġew imposti fuqhom, ir-rikors għandu jiġi miċħud kollu kemm hu. Fuq l-ispejjeż Skont l-Artikolu 87(2) tar-Regoli tal-Proċedura, il-parti li titlef il-kawża għandha tbati l-ispejjeż, jekk dawn ikunu ġew mitluba. Peress li r-rikorrenti tilfu, hemm lok li jiġu kkundannati għall-ispejjeż, skont kif mitlub mill-Kummissjoni. Għal dawn il-motivi, IL-QORTI ĠENERALI (It-Tieni Awla) taqta’ u tiddeċiedi: 1) Ir-rikors huwa miċħud. 2) Ir-rikorrenti huma kkundannati għall-ispejjeż. Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso Mogħtija f’qorti bil-miftuħ fil-Lussemburgu, fit-12 ta’ Lulju 2011 Firem Werrej Il-fatti li wasslu għall-kawża A –  Ir-rikorrenti B –  Il-prodotti kkonċernati C –  Il-proċedura amministrattiva D –  Id-deċiżjoni kkontestata Il-proċedura u t-talbiet tal-partijiet Id-dritt A –  Fuq it-talba prinċipali sabiex id-deċiżjoni kkontestata tiġi annullata sa fejn din tirrigwarda lir-rikorrenti 1.  Fuq l-ewwel motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni kisret id-drittijiet tad-difiża tar-rikorrenti a)  L-argumenti tal-partijiet b)  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali –  Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq l-allegat nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-provi inkriminanti –  Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq l-allegat nuqqas ta’ komunikazzjoni tal-provi li jiskaġunaw 2.  Fuq it-tieni motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma pprovatx l-eżistenza tal-arranġament komuni jew dik tal-ksur li rriżulta minnu a)  Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilietx l-eżistenza tal-arranġament komuni Fuq il-Ftehim GQ u l-Ftehim EQ –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq id-dikjarazzjonijiet ta’ ABB –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq it-testimonjanzi tal-impjegati u ta’ ex impjegat ta’ ABB –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq il-provi prodotti minn Fuji –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq il-proposta ta’ Alstom ippreżentata fl-10 ta’ Lulju 2002 –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq il-pożizzjoni tad-destinatarji l-oħra tad-dikjarazzjoni tal-oġġezzjonijiet –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq il-mekkaniżmu ta’ notifika u ta’ attribuzzjoni –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq l-allokazzjoni tal-proġetti ta’ SIG fiż-ŻEE –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Kunsiderazzjonijiet globali –  L-argumenti tal-partijiet –  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali b)  Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilietx li l-arranġament komuni kien jikkostitwixxi ftehim restrittiv jew prattika miftiehma L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali 3.  Fuq it-tielet motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma pprovatx l-eżistenza ta’ ksur uniku u kontinwat a)  Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilietx l-eżistenza ta’ ksur uniku li jinkludi l-arranġament komuni, l-akkordju dinji rregolat mill-Ftehim GQ u l-attivitajiet kollużivi tal-produtturi Ewropej fi ħdan iż-ŻEE L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali b)  Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni ma stabbilietx in-natura kontinwata tal-akkordju L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali B –  Fuq l-ewwel talba sussidjarja, intiża għall-annullament tal-Artikolu 2 tad-deċiżjoni kkontestata sa fejn jirrigwarda lir-rikorrenti 1.  Fuq ir-raba’ motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni wettqet żbalji fil-kalkolu tal-multi imposti fuq ir-rikorrenti a)  Fuq l-ewwel parti, ibbażata fuq allegat żball fl-evalwazzjoni tal-importanza relattiva tal-ksur imwettaq minn kull impriża L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali b)  Fuq it-tieni parti, ibbażata fuq allegat żball fl-applikazzjoni tal-avviż dwar il-kooperazzjoni L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali c)  Fuq it-tielet parti, ibbażata fuq allegat żball fl-evalwazzjoni tal-fatturi relatati mat-tul tal-ksur L-argumenti tal-partijiet Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali 2.  Fuq il-ħames motiv, ibbażat fuq l-allegazzjoni li l-Kummissjoni kkalkolat il-multi tar-rikorrenti skont metodu li jikser il-prinċipji ta’ ugwaljanza fit-trattament u ta’ proporzjonalitŕ a)  L-argumenti tal-partijiet b)  Il-kunsiderazzjonijiet tal-Qorti Ġenerali Fuq l-ispejjeż * Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

62015CJ0376

nl

De hogere voorzieningen van Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd strekken tot vernietiging van het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 29 april 2015, Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener/Raad ( T‑558/12 en T‑559/12 , niet gepubliceerd, EU:T:2015:237 ; hierna: „bestreden arrest”), houdende verwerping van hun beroep tot nietigverklaring van uitvoeringsverordening (EU) nr. 924/2012 van de Raad van 4 oktober 2012 tot wijziging van verordening (EG) nr. 91/2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China ( PB 2012, L 275, blz. 1 ; hierna: „litigieuze verordening”). Toepasselijke bepalingen Internationaal recht Bij besluit 94/800/EG van 22 december 1994 betreffende de sluiting, namens de Europese Gemeenschap voor wat betreft de onder haar bevoegdheid vallende aangelegenheden, van de uit de multilaterale handelsbesprekingen in het kader van de Uruguayronde (1986‑1994) voortvloeiende overeenkomsten ( PB 1994, L 336, blz. 1 ), heeft de Raad van de Europese Unie de overeenkomst tot oprichting van de Wereldhandelsorganisatie (WTO), ondertekend te Marrakesh op 15 april 1994, alsmede de in de bijlagen 1, 2 en 3 bij deze overeenkomst opgenomen overeenkomsten goedgekeurd, waaronder de overeenkomst inzake de toepassing van artikel VI van de algemene overeenkomst betreffende tarieven en handel 1994 ( PB 1994, L 336, blz. 103 ; hierna: „antidumpingovereenkomst”). Artikel 2 van de antidumpingovereenkomst heeft het opschrift „Vaststelling van dumping”. In artikel 2.4 is het volgende bepaald: „De exportprijs wordt op billijke wijze met de normale waarde vergeleken. Deze vergelijking geschiedt op hetzelfde handelsniveau, gewoonlijk het stadium af fabriek, en voor zo dicht mogelijk bij elkaar liggende verkoopdata. Voor elk geval wordt, naargelang de bijzondere kenmerken van de zaak, rekening gehouden met verschillen die van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van de prijzen, waaronder verschillen op het gebied van verkoopvoorwaarden en ‑omstandigheden, belastingen en heffingen, handelsniveau, hoeveelheden, fysieke kenmerken en alle andere verschillen waarvan wordt aangetoond dat zij eveneens van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van de prijzen. In de in lid [3] bedoelde gevallen worden correcties toegepast voor de kosten tussen invoer en wederverkoop, met inbegrip van de rechten, heffingen en winst. Indien in deze gevallen de prijzen niet geheel vergelijkbaar zijn, stellen de autoriteiten de normale waarde vast in een handelsstadium dat gelijkwaardig is aan het handelsstadium waarin de exportprijs werd geconstrueerd of passen zij de krachtens dit lid toegestane correctie toe. De autoriteiten delen de belanghebbenden mede welke gegevens zij voor een billijke vergelijking nodig hebben en leggen deze belanghebbenden geen onredelijke bewijslast op.” Artikel 2.4.2 van deze overeenkomst luidt: „Onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4 betreffende de billijke vergelijking, wordt het bestaan van dumpingmarges in de onderzoekfase normaliter vastgesteld door vergelijking van een gewogen gemiddelde normale waarde met een gewogen gemiddelde van de prijzen van alle vergelijkbare uitvoertransacties of door vergelijking van de normale waarde en de exportprijs van afzonderlijke transacties. Een op een gewogen gemiddelde gebaseerde normale waarde mag met de prijzen van individuele exporttransacties vergeleken worden indien de autoriteiten constateren dat de exportprijzen voor de verschillende afnemers, regio’s en tijdvakken sterk uiteenlopen en op voorwaarde dat verklaard wordt waarom met dergelijke verschillen niet naar behoren rekening kan worden gehouden door het vergelijken van gewogen gemiddelden of van transacties.” Unierecht Op de datum van vaststelling van de litigieuze verordening waren de regels inzake de vaststelling van antidumpingmaatregelen door de Europese Unie vervat in verordening (EG) nr. 1225/2009 van de Raad van 30 november 2009 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap ( PB 2009, L 343, blz. 51 , met rectificatie in PB 2010, L 7, blz. 22 ), zoals gewijzigd bij verordening (EU) nr. 765/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juni 2012 ( PB 2012, L 237, blz. 1 ; hierna: „basisverordening”). In artikel 1, leden 2 en 4, van deze verordening is het volgende bepaald: „2.   Ten aanzien van een product wordt geacht dumping plaats te vinden indien de prijs van dit product bij uitvoer naar de Gemeenschap lager is dan een vergelijkbare prijs die in het kader van normale handelstransacties voor het soortgelijke product voor het land van uitvoer is vastgesteld. […] 4.   Voor de toepassing van deze verordening wordt onder ‚soortgelijk product’ verstaan een product dat identiek is, dat wil zeggen in ieder opzicht gelijk aan het betrokken product of, bij gebrek aan een dergelijk product, een ander product dat, hoewel het niet in ieder opzicht gelijk is, kenmerken bezit die grote overeenkomst vertonen met die van het betrokken product.” Artikel 2 van diezelfde verordening, met het opschrift „Vaststelling van dumping”, is als volgt verwoord: „[…] C. Vergelijking 10. De uitvoerprijs wordt op billijke wijze met de normale waarde vergeleken. Deze vergelijking geschiedt in hetzelfde handelsstadium, voor verkopen op zo dicht mogelijk bij elkaar liggende data en met inachtneming van andere verschillen die van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van de prijzen. Wanneer de vastgestelde normale waarde en de uitvoerprijs niet op deze grondslag kunnen worden vergeleken, wordt door middel van correcties, naargelang van de bijzondere kenmerken van elke zaak, rekening gehouden met verschillen tussen factoren waarvan wordt beweerd en aangetoond dat zij van invloed op de prijzen zijn en, dientengevolge, op de vergelijkbaarheid daarvan. Hierbij dienen dubbele correcties te worden vermeden, in het bijzonder wat de kortingen, rabatten, hoeveelheden en het handelsstadium betreft. Wanneer aan de gestelde voorwaarden is voldaan, kunnen correcties worden toegepast voor de hierna volgende factoren: […] D. Dumpingmarge 11. Onder voorbehoud van de relevante bepalingen betreffende de billijke vergelijking, wordt het bestaan van dumpingmarges in het onderzoektijdvak normaal vastgesteld door vergelijking van een gewogen gemiddelde normale waarde met een gewogen gemiddelde prijs van alle vergelijkbare exporttransacties naar de Gemeenschap of door vergelijking, per transactie, van de afzonderlijke normale waarden en de afzonderlijke prijzen bij uitvoer naar de Gemeenschap. Een op een gewogen gemiddelde gebaseerde normale waarde mag evenwel met de prijzen van alle afzonderlijke uitvoertransacties naar de Gemeenschap worden vergeleken indien de uitvoerprijzen voor de verschillende afnemers, gebieden of tijdvakken sterk uiteenlopen en de in de voorgaande zin omschreven methoden ontoereikend zouden zijn om de dumping volledig tot uitdrukking te brengen. De bepalingen van dit lid vormen geen beletsel voor het gebruik van de steekproefmethode overeenkomstig artikel 17. […]” Artikel 3, leden 2, 3 en 8, van genoemde verordening voorziet in het volgende: „2.   De vaststelling van schade is gebaseerd op positief bewijsmateriaal en houdt een objectief onderzoek in van: a) de omvang van de invoer met dumping en de gevolgen daarvan voor de prijzen van soortgelijke producten in de Gemeenschap en b) de gevolgen van deze invoer voor de bedrijfstak van de Gemeenschap. 3.   Wat de omvang van de invoer met dumping betreft, wordt nagegaan of deze, in absolute cijfers dan wel in verhouding tot de productie of het verbruik in de Gemeenschap, aanzienlijk is toegenomen. Wat de weerslag van de invoer met dumping op de prijzen betreft, wordt nagegaan of een aanzienlijke prijsonderbieding door het met dumping ingevoerde product ten opzichte van de prijzen van soortgelijke producten van de bedrijfstak van de Gemeenschap heeft plaatsgevonden, dan wel of deze invoer de prijzen op enige andere wijze sterk drukt of een aanzienlijke belemmering vormt voor prijsverhogingen die zonder deze invoer hadden plaatsgevonden, met dien verstande dat geen van deze factoren op zich, noch verscheidene van deze factoren tezamen noodzakelijkerwijze doorslaggevend is of zijn. […] 8.   De gevolgen van de invoer met dumping worden beoordeeld met betrekking tot de productie van het soortgelijke product door de bedrijfstak van de Gemeenschap, mits de beschikbare gegevens een duidelijk onderscheid van deze productie aan de hand van criteria zoals het productieproces, de omzet en de winst van de producenten, mogelijk maken. Is deze productie niet op bovenomschreven wijze te onderscheiden, dan worden de gevolgen van de invoer met dumping beoordeeld aan de hand van een onderzoek van de kleinste groep of het kleinste assortiment producten waartoe het soortgelijke product behoort en waarover de nodige gegevens kunnen worden verkregen.” Voorgeschiedenis van het geding en litigieuze verordening Rekwirantes zijn in China gevestigde vennootschappen die actief zijn op het gebied van de productie van bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen voor afzet op de nationale markt of de export, onder meer naar de Europese Unie (hierna: „betrokken product”). Bij verordening (EG) nr. 91/2009 van 26 januari 2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China ( PB 2009, L 29, blz. 1 ), heeft de Raad een antidumpingrecht ingesteld op de invoer van het betrokken product. Op 28 juli 2011 heeft het orgaan voor geschillenbeslechting (DSB) van de WTO het rapport van de beroepsinstantie binnen die organisatie en het rapport van het panel, zoals gewijzigd bij het rapport van deze beroepsinstantie, in de zaak „European Communities – Definitive Anti-Dumping Measures on Certain Iron or Steel Fasteners from China” (Europese Gemeenschappen – Definitieve antidumpingmaatregelen voor bepaalde ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen uit China) (WT/DS397) goedgekeurd. In deze rapporten is vastgesteld dat de Unie een aantal WTO-voorschriften heeft geschonden. Op 6 maart 2012 heeft de Europese Commissie overeenkomstig verordening (EG) nr. 1515/2001 van de Raad van 23 juli 2001 inzake de maatregelen die de Gemeenschap kan nemen naar aanleiding van een rapport van het orgaan voor geschillenbeslechting van de WTO betreffende antidumping‑ en antisubsidiemaatregelen ( PB 2001, L 201, blz. 10 ), een bericht bekendgemaakt over de antidumpingmaatregelen die van toepassing zijn op bepaalde ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, naar aanleiding van de aanbevelingen en uitspraken van het DSB van de WTO van 28 juli 2011 in het geschil met de EG over bevestigingsmiddelen (DS397) ( PB 2012, C 66, blz. 29 ). Volgens dit bericht heeft de Commissie een nieuw onderzoek op basis van verordening nr. 1515/2001 naar de antidumpingmaatregelen ingesteld, om te achterhalen hoe verordening nr. 91/2009 moest worden gewijzigd om te voldoen aan voornoemde aanbevelingen en uitspraken van het DSB. Na afronding van dit nieuwe onderzoek heeft de Raad op 4 oktober 2012 de litigieuze verordening vastgesteld. Op het punt van de vergelijking tussen de exportprijs en de normale waarde heeft de Raad de correctieverzoeken afgewezen die sommige van de belanghebbenden op grond van artikel 2, lid 10, van de basisverordening hadden ingediend omdat er verschillen in productiekosten en in efficiency en productiviteit waren. Op het punt van de berekening van de dumpingmarge heeft de Raad in de punten 82, 102 en 109 van de litigieuze verordening in wezen aangegeven dat, aangezien de normale waarde overeenkomstig artikel 2, lid 7, onder a), van de basisverordening was bepaald op basis van de gegevens over een derde land met een markteconomie, namelijk India, en meer bepaald de gegevens die door een Indiase producent (hierna: „Indiase producent”) waren verstrekt, bij de vergelijking van de gewogen gemiddelde normale waarde met de gewogen gemiddelde exportprijs de transacties waren uitgesloten die betrekking hadden op bepaalde soorten van het betrokken product die door de Chinese producenten-exporteurs werden uitgevoerd waarvoor geen overeenkomstige soort door de Indiase producent werd geproduceerd of verkocht. De Raad heeft verduidelijkt dat die methode was beschouwd als de betrouwbaarste om de omvang van de dumping vast te stellen. Een poging om voor alle soorten van het betrokken product die door de Chinese producenten-exporteurs werden uitgevoerd, zo veel mogelijk gelijkende soorten producten te vinden die door de Indiase producent werden geproduceerd en verkocht, zou immers tot onnauwkeurige bevindingen hebben geleid. Verder heeft de Raad toegelicht dat hij meende dat de voor de dumpingberekening gebruikte uitvoertransacties representatief zijn voor alle door de Chinese producenten-exporteurs uitgevoerde soorten van het betrokken product. Het bij verordening nr. 91/2009 ingestelde antidumpingrecht is bij artikel 1 van de litigieuze verordening voor Changshu City Standard Parts Factory verlaagd naar 38,3 % en voor Ningbo Jinding Fastener gehandhaafd op 64,3 %. Procedure bij het Gerecht en bestreden arrest Bij op 24 december 2012 ter griffie van het Gerecht neergelegde verzoekschriften hebben rekwirantes bij het Gerecht beroep tot nietigverklaring van de litigieuze verordening ingesteld. Bij beschikking van de president van de Vierde kamer van het Gerecht van 6 mei 2014 zijn de zaken T‑558/12 en T‑559/12 voor de mondelinge behandeling en het arrest gevoegd. Ter onderbouwing van hun beroepen bij het Gerecht hebben rekwirantes twee middelen aangevoerd. Het eerste middel was ontleend aan schending van artikel 2, lid 7, onder a), en leden 8, 9 en 11, en artikel 9, lid 5, van de basisverordening, het discriminatieverbod en artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst. In het kader van dit middel verweten rekwirantes de Raad en de Commissie dat zij de transacties inzake door de Chinese producenten-exporteurs uitgevoerde soorten van het betrokken product waarvoor de Indiase producent geen overeenkomstige productsoort produceerde en verkocht, ten onrechte hadden uitgesloten van de berekening van de dumpingmarge. Daardoor waren 38 % van de exportverkopen van Changshu City Standard Parts Factory en 43 % van die van Ningbo Jinding Fastener van de berekening van de dumpingmarge uitgesloten. Het tweede middel was primair ontleend aan schending van artikel 2, lid 10, van de basisverordening en artikel 2.4 van de antidumpingovereenkomst en subsidiair aan schending van artikel 296 VWEU. Dit middel zag op de afwijzing van de door rekwirantes ingediende correctieverzoeken. Bij het bestreden arrest heeft het Gerecht beide middelen van rekwirantes afgewezen en hun beroepen in hun geheel verworpen. Conclusies van partijen en procesverloop voor het Hof Rekwirantes verzoeken het Hof: — het bestreden arrest te vernietigen; — het door hen in het kader van hun beroep bij het Gerecht gevorderde toe te wijzen en de litigieuze verordening nietig te verklaren voor zover deze op hen betrekking heeft, en — de Raad te verwijzen in de kosten die zij hebben gemaakt in het kader van de procedure bij het Gerecht en het Hof, en de interveniënten te verwijzen in hun eigen kosten. De Raad concludeert tot afwijzing van de hogere voorzieningen en tot verwijzing van rekwirantes in de kosten van de hogere voorzieningen en de procedure bij het Gerecht. De Commissie verzoekt het Hof: — de hogere voorzieningen niet-ontvankelijk te verklaren; — subsidiair, de hogere voorzieningen ongegrond te verklaren, en — rekwirantes te verwijzen in de kosten. Bij beschikking van de president van het Hof van 22 september 2015 zijn de zaken C‑376/15 P en C‑377/15 P voor de schriftelijke en de mondelinge behandeling en voor het arrest gevoegd. Hogere voorzieningen Rekwirantes voeren ter ondersteuning van hun hogere voorzieningen twee middelen aan. Het eerste middel betreft de uitsluiting van bepaalde exporttransacties ten behoeve van de berekening van de dumpingmarge. Het tweede middel heeft betrekking op de weigering van de instellingen van de Unie om bepaalde correcties toe te passen in het kader van de vergelijking van de normale waarde met de uitvoerprijs. Ontvankelijkheid van de hogere voorziening in zaak C‑377/15 P De Commissie werpt de niet-ontvankelijkheid van de hogere voorziening in zaak C‑377/15 P op, omdat die identiek is aan de hogere voorziening in zaak C‑376/15 P. Zo zijn de partijen, de bestreden handelingen, het bestreden arrest en de argumenten identiek. De hogere voorziening in zaak C‑377/15 P, die als laatste is ingesteld, is dus niet-ontvankelijk wegens aanhangigheid. Volgens vaste rechtspraak van het Hof moet een later ingediend beroep, tussen dezelfde partijen, dat strekt tot nietigverklaring van dezelfde rechtshandeling op grond van dezelfde middelen, niet-ontvankelijk worden verklaard wegens aanhangigheid (arrest van 9 juni 2011, Diputación Foral de Vizcaya e.a./Commissie, C‑465/09 P–C‑470/09 P , niet gepubliceerd, EU:C:2011:372 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). In de onderhavige zaak moet worden vastgesteld dat in de hogere voorzieningen in de zaken C‑376/15 P en C‑377/15 P dezelfde partijen tegenover elkaar staan. Daarnaast is de hogere voorziening in zaak C‑377/15 P een letterlijke herhaling van de hogere voorziening in zaak C‑376/15 P. Deze beide hogere voorzieningen zijn dus gegrond op dezelfde middelen en strekken tot vernietiging van hetzelfde arrest van het Gerecht en nietigverklaring van dezelfde rechtshandeling. Aangezien de hogere voorziening in zaak C‑377/15 P later is ingesteld dan die in zaak C‑376/15 P, is zij dus niet-ontvankelijk wegens aanhangigheid. Eerste middel in zaak C‑376/15 P Argumenten van partijen Het eerste middel ziet op de redenering van het Gerecht in de punten 61 tot en met 90 van het bestreden arrest. Het valt in drie onderdelen uiteen. In het kader van het eerste onderdeel van het eerste middel betogen rekwirantes dat het Gerecht een onjuiste uitlegging heeft gegeven aan de verplichting op grond van artikel 2, lid 11, van de basisverordening en artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst om alle uitvoertransacties te vergelijken. Volgens hen moeten deze twee bepalingen zo worden uitgelegd dat alle uitvoer van het betrokken product, zoals gedefinieerd bij de opening van het onderzoek, moet worden opgenomen in de vergelijking ten behoeve van de berekening van de dumpingmarge. Deze uitlegging volgt uit de bewoordingen van die bepalingen en uit het arrest van 27 september 2007, Ikea Wholesale ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 ). Eventuele bijkomende problemen in verband met de toepassing van de zogenoemde methode van het „referentieland” mogen geen reden zijn om van de regels inzake de bepaling van de dumpingmarge af te wijken. In het kader van het tweede onderdeel van het eerste middel stellen rekwirantes dat het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door geen onderscheid te maken tussen de verplichtingen in artikel 2, lid 11, van de basisverordening en artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst, enerzijds, en de verplichtingen op het gebied van de vergelijkbaarheid van de prijzen in artikel 2, lid 10, van deze verordening en artikel 2.4 van die overeenkomst, anderzijds. Zij voeren in dat verband nader aan dat de beoordeling of de berekening van de dumpingmarge verenigbaar is met artikel 2, lid 11, van de basisverordening en met artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst, niet, zoals het Gerecht in punt 61 van het bestreden arrest heeft beslist, op basis van het begrip „vergelijkbare prijzen” dient te worden verricht, maar op basis van het begrip „vergelijkbare transacties”. Voor alle vergelijkbare transacties moeten de prijzen vergelijkbaar worden gemaakt, overeenkomstig artikel 2, lid 10, van de basisverordening en artikel 2.4 van de antidumpingovereenkomst, wat in de onderhavige zaak mogelijk zou zijn geweest. In het kader van het derde onderdeel van het eerste middel voeren rekwirantes subsidiair aan dat de analyse van de „billijke vergelijking” die het Gerecht heeft verricht, niet in overeenstemming is met de vereisten van artikel 2, leden 10 en 11, van de basisverordening en de artikelen 2.4 en 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst. Zo heeft het Gerecht ten eerste ten onrechte onderzocht of het gebruik van andere methoden voor de bepaling van de normale waarde had kunnen leiden tot een „billijkere” vergelijking dan die welke door de instellingen van de Unie is verricht. Ten tweede bevestigt de analyse van het Gerecht dat het voor de instellingen van de Unie niet onmogelijk maar alleen moeilijker zou zijn geweest om overeenkomstig artikel 2, leden 10 en 11, van de basisverordening te handelen. Ten derde heeft het Gerecht ten onrechte belang gehecht aan de vraag of rekwirantes al of niet hadden meegewerkt met de instellingen van de Unie toen zij aan hen te kennen hadden gegeven hoe zij de hun bij artikel 2, leden 10 en 11, van de basisverordening en de artikelen 2.4 en 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst opgelegde verplichtingen zouden kunnen naleven. Ten vierde is het begrip „representativiteit” van de transacties dat het Gerecht in de punten 81 en 83 van het bestreden arrest heeft onderzocht, irrelevant. De Raad en de Commissie bestrijden rekwirantes’ argumenten. Om te beginnen betoogt de Commissie dat het eerste middel niet-ontvankelijk is omdat rekwirantes daarmee tegen de beoordeling van de feiten door het Gerecht opkomen en zij niet de onjuiste rechtsopvatting waarvan het blijk zou hebben gegeven benoemen. Voorts meent de Commissie dat dit middel niet ter zake dienend is. Wat het eerste onderdeel van het eerste middel betreft, geven de Raad en de Commissie primair te kennen dat het Gerecht terecht heeft geweigerd om het arrest van 27 september 2007, Ikea Wholesale ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 ), op de onderhavige zaak toe te passen en dat voor de door rekwirantes voorgestane uitlegging geen bevestiging kan worden gevonden in de rapporten van het DSB. De Commissie wijst er ook op dat de artikelen 2.4 en 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst zijn doordrongen van het beginsel van de „billijke vergelijking”. Artikel 2, leden 10 en 11, van de basisverordening strekt ertoe artikel 2.4 van de antidumpingovereenkomst in Unierecht om te zetten en geeft dus voorrang aan genoemd beginsel. Wat het tweede onderdeel van het eerste middel betreft, betogen de Raad en de Commissie in essentie dat uit de bewoordingen van de basisverordening en van de antidumpingovereenkomst volgt dat het vereiste van de „billijke vergelijking” voorrang dient te hebben op de verplichting om de dumpingmarge te berekenen op basis van alle uitvoertransacties. Voorts zijn in artikel 2, lid 11, van de basisverordening dan wel de specifieke methoden voor de berekening van de dumpingmarge uiteengezet, maar die treden niet in de plaats van het algemene vereiste van de billijke vergelijking in artikel 2, lid 10, van deze verordening. Wat het derde onderdeel van het eerste middel betreft, wijzen de Raad en de Commissie er in de eerste plaats op dat rekwirantes te verstaan lijken te geven dat de instellingen van de Unie „de billijkste” benadering hadden moeten kiezen, wat juridisch onjuist is. In de tweede plaats was de door de instellingen van de Unie gekozen benadering billijk, gezien het ontbreken van inlichtingen over de prijzen voor de producten die niet door de Indiase producent werden verkocht. In de derde plaats heeft het Gerecht terecht geoordeeld dat rekwirantes hun vorderingen moesten en konden onderbouwen. In de vierde plaats is het begrip „representativiteit” volgens de Commissie relevant en moet dit niet op het niveau van elke producent-exporteur maar voor alle transacties betreffende het betrokken product worden beoordeeld. Bovendien berust de uitsluiting van de uitvoertransacties geheel op toeval en had deze niet tot doel om het resultaat van de analyse van de instellingen van de Unie te beïnvloeden. Beoordeling door het Hof – Ontvankelijkheid Er zij aan herinnerd dat het Hof volgens zijn vaste rechtspraak niet bevoegd is om de feiten vast te stellen en in beginsel evenmin om de bewijzen te onderzoeken die het Gerecht voor deze feiten in aanmerking heeft genomen. Wanneer deze bewijzen regelmatig zijn verkregen en de algemene rechtsbeginselen en de procedurevoorschriften inzake de bewijslast en de bewijsvoering zijn geëerbiedigd, staat het namelijk uitsluitend aan het Gerecht om te beoordelen welke waarde moet worden gehecht aan de hem voorgelegde bewijzen. Die beoordeling vormt dus, behoudens in het geval van een onjuiste opvatting van die bewijzen, geen rechtsvraag die als zodanig vatbaar is voor toetsing door het Hof. Met de argumenten die zij ter ondersteuning van het onderhavige middel aanvoeren, verwijten rekwirantes het Gerecht in wezen, primair, dat het artikel 2, lid 11, van de basisverordening en artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst onjuist heeft uitgelegd en, subsidiair, dat het een analyse heeft verricht die met artikel 2, leden 10 en 11, van deze verordening en de artikelen 2.4 en 2.4.2 van die overeenkomst in strijd is. Anders dan de Commissie stelt, wordt met die argumenten niet opgekomen tegen de door het Gerecht verrichte beoordeling van de feiten, maar de uitlegging die het Gerecht aan rechtsregels heeft gegeven. Rekwirantes benoemen dus blijken van een onjuiste rechtsopvatting die het bestreden arrest volgens hen bevat. Deze argumenten zien derhalve op rechtsvragen die ter beoordeling aan het Hof kunnen worden voorgelegd in het kader van een hogere voorziening. Bijgevolg kan het argument van de Commissie inzake de niet-ontvankelijkheid van het onderhavige middel niet worden aanvaard. – Vraag of het eerste middel niet ter zake dienend is De Commissie is van oordeel dat het eerste middel niet ter zake dienend is. Zoals de advocaat-generaal evenwel duidelijk heeft gemaakt in punt 56 van zijn conclusie, zou het bestreden arrest, mocht het Hof dit middel aanvaarden en oordelen dat de uitlegging die het Gerecht aan artikel 2, lid 11, van de basisverordening en artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst heeft gegeven onjuist is, op een onjuiste rechtsopvatting berusten die tot de vernietiging ervan leidt. Bijgevolg kan het argument van de Commissie dat het onderhavige middel niet ter zake dienend is, niet worden aanvaard. – Ten gronde Rekwirantes komen op tegen de redenering van het Gerecht in de punten 61 tot en met 90 van het bestreden arrest. Deze redenering berust volgens hen op een onjuiste rechtsopvatting, omdat zij is gebaseerd op een onjuiste uitlegging van met name artikel 2, lid 11, van de basisverordening. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de instellingen van de Unie op het gebied van de gemeenschappelijke handelspolitiek, en met name ter zake van beschermende handelsmaatregelen, volgens vaste rechtspraak van het Hof over een ruime beoordelingsbevoegdheid beschikken wegens de ingewikkeldheid van de economische, politieke en juridische situaties die zij moeten onderzoeken. Aangezien de toepassing van artikel 2, lid 11, van de basisverordening de beoordeling van ingewikkelde economische situaties impliceert, dient de rechterlijke toetsing van die beoordeling zich te beperken tot de vraag of de procedurevoorschriften in acht zijn genomen, of de feiten op grond waarvan de betwiste keuze is gemaakt juist zijn vastgesteld, en of geen sprake is van een kennelijk onjuiste beoordeling van deze feiten dan wel van misbruik van bevoegdheid (zie in die zin arresten van 27 september 2007, Ikea Wholesale, C‑351/04 , EU:C:2007:547 , punten en , en van 16 februari 2012, Raad en Commissie/Interpipe Niko Tube en Interpipe NTRP, C‑191/09 P en C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , punt ). Om tot de conclusie in punt 90 van het bestreden arrest te komen, namelijk dat de Raad geen beoordelingsfout had gemaakt door de soorten producten waarvoor de Indiase producent geen overeenkomstige producten produceerde of verkocht, van de berekening van de dumpingmarge uit te sluiten, zodat de litigieuze verordening noch met artikel 2, lid 11, van de basisverordening noch met artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst in strijd was, heeft het Gerecht, zoals blijkt uit punt 61 van het bestreden arrest, onderzocht of een dergelijke benadering mogelijk was op basis van artikel 2, lid 11, van de basisverordening en artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst, waarin is bepaald dat de instellingen van de Unie rekening moeten houden met de prijzen van alle uitvoertransacties die met de normale waarde vergelijkbaar zijn en waarin wordt verwezen naar de relevante bepalingen waarin de billijke vergelijking is geregeld. Het Gerecht heeft om te beginnen in punt 63 van dat arrest geoordeeld dat de soorten van het betrokken product weliswaar als vergelijkbaar konden worden beschouwd, maar dat dit niet geval was voor de prijzen van de productsoorten die niet door deze producent werden geproduceerd of verkocht. Omdat er geen prijs voorhanden was van bepaalde soorten van het betrokken product, hoewel die vergelijkbaar waren, kon volgens het Gerecht geen vergelijking worden gemaakt tussen de normale waarden en de uitvoerprijs. Vervolgens heeft het in de punten 71, 80 en 84 van genoemd arrest beslist dat de instellingen van de Unie, gelet op het gevaar van onnauwkeurigheid indien gebruik zou worden gemaakt van methoden voor de berekening van de normale waarde van de producten die de Indiase producent niet verkocht, terecht tot de conclusie konden komen dat de door hen voorgestelde benadering billijk was en dat het gebruik van dergelijke methoden niet voor een nauwkeurigere of billijkere vergelijking zou hebben gezorgd. Tot slot heeft het in punt 85 van datzelfde arrest het belang van het arrest van 27 september 2007, Ikea Wholesale ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 ), uitgesloten omdat in de zaak die aanleiding tot dat arrest had gegeven, anders dan de onderhavige zaak, de dumpingmarge niet was berekend aan de hand van een relevante selectie van de soorten van het betrokken product. Daarmee was het Gerecht van oordeel dat de instellingen van de Unie in het kader van de berekening van de dumpingmarge overeenkomstig artikel 2, lid 11, van de basisverordening, op goede gronden bepaalde uitvoertransacties van die berekening konden uitsluiten, gezien het feit dat er geen „vergelijkbare prijzen” waren en er geen andere berekeningsmethode was waarmee een „billijkere vergelijking” had kunnen worden gemaakt, aangezien die berekening aan de hand van een „relevante selectie” van de soorten van het betrokken product was gemaakt. Nagegaan moet dus worden of deze redenering van het Gerecht op een onjuiste rechtsopvatting berust, zoals rekwirantes betogen. Om in de eerste plaats te bepalen of de instellingen van de Unie op grond van artikel 2, lid 11, van de basisverordening verplicht zijn om rekening te houden met alle uitvoertransacties of dat zij bepaalde van die transacties mogen uitsluiten ten behoeve van de berekening van de dumpingmarge, moet een analyse worden gemaakt van de bewoordingen, de context en de doelstellingen van die bepaling (arrest van 16 april 2015, Angerer, C‑477/13 , EU:C:2015:239 , punt en aldaar aangehaalde rechtspraak). Wat om te beginnen de bewoordingen van die bepaling betreft, moet erop worden gewezen dat daarin is voorzien in twee methoden voor de vergelijking van de normale waarde met de uitvoerprijs: een zogenoemde „symmetrische” methode, gebaseerd op hetzij een vergelijking van de gewogen gemiddelde normale waarde met de gewogen gemiddelde prijs van alle uitvoer naar de Unie hetzij een vergelijking per transactie, en een zogenoemde „asymmetrische” methode, gebaseerd op een vergelijking van de gewogen gemiddelde normale waarde met de prijzen van alle afzonderlijke uitvoertransacties naar de Unie. Ongeacht de vergelijkingsmethode verwijst artikel 2, lid 11, van de basisverordening naar „alle uitvoertransacties naar de [Unie]”. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 71 van zijn conclusie, kan op basis van die formulering worden overwogen dat de instellingen van de Unie de uitvoertransacties betreffende bepaalde soorten van het betrokken product niet van de berekening van de dumpingmarge mogen uitsluiten. Wat vervolgens de door artikel 2, lid 11, van de basisverordening nagestreefde doelstelling betreft, volgt uit die bepaling dat zowel de symmetrische als de asymmetrische methode voor de berekening van de dumpingmarge het mogelijk moet maken om de dumping volledig tot uitdrukking te brengen. Zoals de advocaat-generaal heeft onderstreept in punt 67 van zijn conclusie, gaat de uitsluiting door de instellingen van de Unie van de uitvoertransacties betreffende bepaalde soorten van het betrokken product van de berekening van de dumpingmarge, tegen deze doelstelling in. Het logische gevolg van een dergelijke uitsluiting is namelijk dat die instellingen dan niet kunnen meten welke invloed die transacties op genoemde berekening hebben, zodat bedoelde instellingen zich er niet van kunnen vergewissen dat in de dumpingmarge die zij hebben berekend, alle dumping volledig tot uitdrukking komt. Wat tot slot de context van artikel 2, lid 11, van de basisverordening betreft, volgt uit artikel 1 van deze verordening, „Beginselen”, dat het antidumpingonderzoek betrekking heeft op een specifiek product, „betrokken product” genaamd, dat door de instellingen van de Unie wordt gedefinieerd bij de opening van dit onderzoek. Zo is in artikel 1, lid 2, van genoemde verordening bepaald dat ten aanzien van een product wordt geacht dumping plaats te vinden indien de prijs van dit product bij uitvoer naar de Unie lager is dan een vergelijkbare prijs voor het soortgelijke product in het land van uitvoer. Voorts is in artikel 1, lid 4, van diezelfde verordening opgenomen dat voor de toepassing van de basisverordening onder het begrip „soortgelijk product” een product dat identiek is aan het „betrokken product” wordt verstaan. De dumpingmarge wordt dus berekend op basis van de definitie van het „betrokken product” die bij de opening van het onderzoek door de instellingen van de Unie wordt voorgesteld. In diezelfde zin volgt uit artikel 3, leden 2, 3 en 8, van de basisverordening, dat naar het begrip „soortgelijk product” verwijst, dat de instellingen van de Unie op basis van het „betrokken product” bepalen of de bedrijfstak van de Unie schade heeft geleden als gevolg van de invoer met dumping. Zoals de advocaat-generaal heeft opgemerkt in punt 64 van zijn conclusie, verbiedt de definitie van het „betrokken product” bij de opening van het onderzoek het de instellingen van de Unie niet om dit product onder te verdelen in afzonderlijke soorten of modellen en om zich per soort of model te baseren op vergelijkingen tussen de normale waarde en de uitvoerprijs. Dit neemt echter niet weg dat de instellingen van de Unie zijn gehouden om een met deze definitie coherente totale dumpingmarge voor het „betrokken product” in zijn geheel vast te stellen. Iedere andere uitlegging zou erop neerkomen dat hun de mogelijkheid wordt geboden om het resultaat van de berekening van de dumpingmarge te beïnvloeden, door een of meerdere soorten of modellen van het „betrokken product”, zoals bij de opening van het onderzoek gedefinieerd, uit te sluiten. Hieruit volgt dat artikel 2, lid 11, van de basisverordening, gelet op zijn bewoordingen, doelstelling en context, niet aldus kan worden uitgelegd dat dit toestaat dat uitvoertransacties naar de Unie betreffende bepaalde soorten van het betrokken product van de berekening van de dumpingmarge worden uitgesloten. Uit deze bepaling volgt juist dat de instellingen van de Unie verplicht zijn om ten behoeve van die berekening met al die transacties rekening te houden. Daaraan moet worden toegevoegd dat geen van de argumenten van de Raad en de Commissie inzake de uitlegging van artikel 2.4.2 van de antidumpingovereenkomst aan deze conclusie kan afdoen. Voor die conclusie kan voorts steun worden gevonden in het arrest van 27 september 2007, Ikea Wholesale ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 , punt ). Daarin heeft het Hof herinnerd aan de bewoordingen van artikel 2, lid 11, van de basisverordening, namelijk dat de gewogen gemiddelde normale waarde wordt vergeleken met „een gewogen gemiddelde prijs van alle vergelijkbare exporttransacties” naar de Unie. Na daaraan te hebben herinnerd, heeft het geoordeeld dat de Raad blijk van een onjuiste rechtsopvatting had gegeven toen hij de totale dumpingmarge niet had berekend op basis van vergelijkingen waaruit alle vergelijkbare exportprijzen duidelijk zichtbaar waren. Het is juist dat dit arrest betrekking had op het gebruik van de zogenoemde „nulmarge”-methode, waarbij negatieve dumpingmarges tot nul worden herleid bij de berekening van de totale dumpingmarge, wat een vraag is die losstaat van de vraag die in de onderhavige zaak aan de orde is, namelijk de uitsluiting van bepaalde transacties van deze berekening omdat er geen overeenkomstige producten zijn die door de producent in het referentieland worden geproduceerd en verkocht. Zoals de advocaat-generaal er evenwel op heeft gewezen in punt 82 van zijn conclusie, heeft zowel de zaak die tot genoemd arrest heeft geleid als de onderhavige zaak betrekking op de omstandigheid dat de prijzen van bepaalde uitvoertransacties niet in aanmerking zijn genomen bij de berekening van de dumpingmarge. Het is in dat verband van weinig belang dat in de onderhavige zaak de prijzen van bepaalde uitvoertransacties in het geheel buiten beschouwing zijn gelaten, terwijl die prijzen in de zaak die heeft geleid tot het arrest van 27 september 2007, Ikea Wholesale ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 ), dat slechts gedeeltelijk waren, in die zin dat zij in feite waren gewijzigd. Anders dan is geoordeeld in punt 85 van het bestreden arrest, kan met de omstandigheid dat de dumpingmarge is berekend op basis van een „relevante selectie” van de soorten van het betrokken product, geen rekening worden gehouden om de relevantie van het arrest van 27 september 2007, Ikea Wholesale ( C‑351/04 , EU:C:2007:547 ), uit te sluiten. Naast het feit dat rekwirantes de representativiteit van de door de instellingen van de Unie in aanmerking genomen transacties voor de berekening van de dumpingmarge betwisten, duidt immers niets in artikel 2, lid 11, van de basisverordening erop dat die marge mag worden berekend op basis van een „relevante selectie” van de soorten van het betrokken product. In de tweede plaats moet worden nagegaan of het Gerecht, ondanks de strekking van artikel 2, lid 11, van de basisverordening zoals die in punt 61 van dit arrest is verduidelijkt, in punt 64 van het bestreden arrest terecht tot het oordeel is gekomen dat de instellingen van de Unie het recht hadden om uitvoertransacties betreffende bepaalde soorten van het betrokken product uit te sluiten, in aanmerking genomen dat er voor deze productsoorten geen „vergelijkbare prijzen” waren en het gebruik van een andere methode voor de berekening van de normale waarde niet voor een „billijkere vergelijking” zou hebben gezorgd. Wat ten eerste het niet voorhanden zijn van „vergelijkbare prijzen” betreft, moet erop worden gewezen dat de dumpingmarge volgens artikel 2, lid 11, van de basisverordening wordt berekend aan de hand van een vergelijking van de normale waarde met de prijzen van alle exporttransacties naar de Unie, „onder voorbehoud van de relevante bepalingen betreffende de billijke vergelijking”. Dit laatste zinsdeel verwijst naar artikel 2, lid 10, van deze verordening, waarin is bepaald dat wanneer de normale waarde en de uitvoerprijs niet billijk kunnen worden vergeleken, door middel van correcties rekening wordt gehouden met verschillen tussen factoren waarvan wordt beweerd en aangetoond dat zij van invloed zijn op de prijzen. Met de vergelijkbaarheid van de prijzen wordt dus niet in het kader van de toepassing van artikel 2, lid 11, van genoemde verordening rekening gehouden, maar in het kader van de toepassing van artikel 2, lid 10, van diezelfde verordening. Anders gezegd, en zoals volgt uit de punten 57 en 61 van dit arrest, wordt de dumpingmarge op grond van artikel 2, lid 11, van de basisverordening berekend op basis van de definitie van het „betrokken product” zoals die door de instellingen van de Unie is voorgesteld bij de opening van het onderzoek, zonder dat een soort of model van dit product van die berekening kan worden uitgesloten. Om die berekening te kunnen maken, moeten de instellingen van de Unie daarentegen een prijsvergelijking maken, waarbij door middel van correcties rekening wordt gehouden met verschillen die op die prijzen van invloed zijn in de zin van artikel 2, lid 10, van deze verordening. Hieruit volgt dat het Gerecht ten onrechte tot het oordeel is gekomen dat de instellingen van de Unie het recht hadden om uitvoertransacties betreffende bepaalde soorten van het betrokken product uit te sluiten omdat er voor die productsoorten geen „vergelijkbare prijzen” waren. Verduidelijkt moet nog worden dat, zoals de advocaat-generaal er in punt 78 van zijn conclusie op heeft gewezen, in een geval als het onderhavige waarin de producent in het referentieland een bepaald soort product niet produceert of verkoopt, de instellingen van de Unie in de praktijk kunnen beslissen om dit soort product van de definitie van het „betrokken product” uit te sluiten of om de normale waarde voor dit soort product te construeren, zodanig dat bij de berekening van de dumpingmarge ook rekening kan worden gehouden met de uitvoertransacties betreffende die productsoorten. Wat ten tweede de omstandigheid betreft dat het gebruik van een andere methode voor de berekening van de normale waarde niet voor een „billijkere vergelijking” had kunnen zorgen, blijkt uit een gecombineerde lezing van de leden 10 en 11 van artikel 2 van de basisverordening dat de berekening van de dumpingmarge weliswaar moet zijn gebaseerd op een „billijke vergelijking”, maar dat het begrip „billijkere vergelijking” nergens in die bepalingen voorkomt. Zelfs wanneer ervan uit zou moeten worden gegaan dat dit begrip relevant is, moet erop worden gewezen dat de uitsluiting van uitvoertransacties niet kan worden beschouwd als een middel waarmee voor een „billijke vergelijking” kan worden gezorgd, zoals volgt uit punt 61 van dit arrest. Bijgevolg kan niet worden geoordeeld dat het gebruik van een andere methode voor de berekening van de normale waarde niet voor een „billijkere vergelijking” had gezorgd. Hieruit volgt dat het Gerecht blijk van een onjuiste rechtsopvatting heeft gegeven door in de punten 61 tot en met 90 van het bestreden arrest tot het oordeel te komen dat de Raad de productsoorten waarmee geen van de door de Indiase producent geproduceerde of verkochte producten overeenstemden, van de berekening van de dumpingmarge mocht uitsluiten. Gelet op een en ander slaagt het eerste middel en moet het bestreden arrest worden vernietigd, zonder dat de overige argumenten in het kader van het eerste middel of het tweede middel hoeven te worden onderzocht. Beroep voor het Gerecht Ingevolge artikel 61, eerste alinea, van het Statuut van het Hof van Justitie van de Europese Unie kan het Hof in geval van vernietiging van de beslissing van het Gerecht de zaak zelf afdoen wanneer deze in staat van wijzen is. Dat is in casu het geval. Zoals volgt uit de punten 52 tot en met 72 van dit arrest heeft de Raad artikel 2, lid 11, van de basisverordening geschonden door in de punten 82, 102 en 109 van de litigieuze verordening te beslissen dat de door de Chinese producenten-exporteurs uitgevoerde productsoorten waarvoor geen overeenkomstige soort door de Indiase producent werd geproduceerd en verkocht, moesten worden uitgesloten. In die omstandigheden moet de litigieuze verordening nietig worden verklaard voor zover zij op rekwirantes betrekking heeft. Kosten Volgens artikel 184, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof beslist het Hof ten aanzien van de proceskosten wanneer de hogere voorziening gegrond is en het Hof zelf de zaak afdoet. Ingevolge artikel 138, lid 1, van dat Reglement, dat op grond van artikel 184, lid 1, daarvan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, moet de in het ongelijk gestelde partij in de kosten worden verwezen, voor zover dit is gevorderd. Aangezien de Raad in het ongelijk is gesteld, dient hij overeenkomstig de vordering van rekwirantes te worden verwezen in de kosten van de procedure in eerste aanleg in de zaken T‑558/12 en T‑559/12 en die in hogere voorziening in zaak C‑376/15 P. Laatstgenoemden dienen daarentegen overeenkomstig de vordering van de Raad te worden verwezen in de kosten van de procedure in hogere voorziening in zaak C‑377/15 P. Volgens artikel 140, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering van het Hof, dat krachtens artikel 184, lid 1, ervan van toepassing is op de procedure in hogere voorziening, dragen de lidstaten en de instellingen die in het geding hebben geïntervenieerd, hun eigen kosten. Bijgevolg zal de Commissie haar eigen kosten van de procedure in eerste aanleg in de zaken T‑558/12 en T‑559/12 en die in hogere voorziening in de zaken C‑376/15 P en C‑377/15 P dragen. Het Hof (Vierde kamer) verklaart: 1) Het arrest van het Gerecht van de Europese Unie van 29 april 2015, Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener/Raad ( T‑558/12 en T‑559/12 , EU:T:2015:237 ), wordt vernietigd. 2) Uitvoeringsverordening (EU) nr. 924/2012 van de Raad van 4 oktober 2012 tot wijziging van verordening (EG) nr. 91/2009 tot instelling van een definitief antidumpingrecht op bepaalde soorten ijzeren of stalen bevestigingsmiddelen van oorsprong uit de Volksrepubliek China, wordt nietig verklaard voor zover die op Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd betrekking heeft. 3) De hogere voorziening in zaak C‑377/15 P wordt afgewezen. 4) De Raad van de Europese Unie wordt verwezen in zijn eigen kosten en die van Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd in verband met zowel de procedure in eerste aanleg in de zaken T‑558/12 en T‑559/12 als die in hogere voorziening in zaak C‑376/15 P. 5) Changshu City Standard Parts Factory en Ningbo Jinding Fastener Co. Ltd worden verwezen in hun eigen kosten en die van de Raad van de Europese Unie in verband met de procedure in hogere voorziening in de zaak C‑377/15 P. 6) De Europese Commissie draagt haar eigen kosten in verband met de procedure in eerste aanleg in de zaken T‑558/12 en T‑559/12 en die in hogere voorziening in de zaken C‑376/15 P en C‑377/15 P. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Engels.

62019CJ0578

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų ( OL L 158, 1990, p. 59 ; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 13 sk., 10 t., p. 132) 5 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant Jungtinėje Karalystėje gyvenančios vartotojos X ir Jungtinėje Karalystėje įsisteigusio kelionių organizatoriaus Kuoni Travel Ltd (toliau – Kuoni ) ginčą dėl X pateikto prašymo atlyginti žalą dėl netinkamo kelionės paslaugų paketo sutarties, kurią ji sudarė su Kuoni (toliau – nagrinėjama sutartis), vykdymo. Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Direktyvos 90/314 pirmoje–trečioje ir dešimtoje konstatuojamosiose dalyse numatyta: „kadangi vienas iš pagrindinių [Europos Sąjungos] tikslų yra sukurti vidaus rinką, kurios esminė dalis yra turizmo sektorius; kadangi valstybių narių nacionalin[ės] teisės aktai, reglamentuojantys kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketus <…>, yra labai skirtingi, kaip ir šioje srityje taikoma nacionalinė praktika, o tai trukdo laisvai teikti šių paketų paslaugas bei iškreipia skirtingose valstybėse narėse įsikūrusių operatorių konkurenciją; kadangi tokių paketų bendrųjų taisyklių nustatymas padės pašalinti šias kliūtis ir taip bus sukurta bendroji paslaugų rinka, vienoje valstybėje narėje įsisteigusiems operatoriams suteikiant galimybę siūlyti savo paslaugas kitose valstybėse narėse, o [Sąjungos] vartotojams – panašiomis sąlygomis įsigyti tokį paketą bet kurioje valstybėje narėje; <…> kadangi vartotojas turėtų pasinaudoti šioje direktyvoje numatyta apsauga, nepaisant to, ar jis yra tiesioginė sutarties šalis, kelionę perimantis asmuo ar grupės, kurios vardu kitas asmuo dėl minėto paketo sudarė sutartį, narys <…>“ Šios direktyvos 1 straipsnyje nustatyta: „Šia direktyva siekiama suderinti valstybių narių įstatymus, kitus teisės aktus ir administracines nuostatas, susijusias su [Sąjungoje] parduodamais ar siūlomais parduoti paketais.“ Šios direktyvos 2 straipsnyje numatyta: „Šioje direktyvoje: 1) „paketas“ – iš anksto už bendrą kainą parengtas ir parduodamas arba siūlomas įsigyti turizmo paslaugų rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi iš toliau minimų turizmo paslaugų kai paslaugų suteikimo trukmė yra daugiau nei 24 valandos arba yra įtraukta nakvynė: a) transportas, b) apgyvendinimas, c) kitos turizmo paslaugos, nepriklausančios transportui ar apgyvendinimui, ir sudarančios gana didelę paketo dalį. Atskiros sąskaitos, pateiktos to paties paketo skirtingoms dalims, neatleidžia kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento nuo šioje direktyvoje nustatytų įsipareigojimų; 2) „kelionės organizatorius“ – asmuo, kuris reguliariai rengia paketus ir parduoda arba siūlo juos įsigyti tiesiogiai arba per kelionių pardavimo agentą; 3) „kelionių pardavimo agentas“ – asmuo, kuris parduoda arba siūlo įsigyti paketą parengtą kelionės organizatoriaus; 4) „vartotojas“ – asmuo, kuris perka ar sutinka pirkti paketą <....> arba bet kuris kitas asmuo, kurio vardu sutartį pasirašęs asmuo sutinka pirkti paketą <…> arba bet kuris asmuo, kuriam pagrindinis sutartį pasirašęs asmuo arba bet kuris naudos gavėjas perduoda paketą <....>; 5) „sutartis“ – susitarimas, siejantis vartotoją su kelionės organizatoriumi ir (arba) kelionės pardavimo agentu.“ Direktyvos 90/314 4 straipsnio 6 dalies antroje pastraipoje nustatyta: „Tuomet [kai vartotojas atsisako sutarties 5 dalyje nustatyta tvarka arba jeigu dėl kurios nors kitos priežasties, išskyrus vartotojo kaltę, kelionių organizatorius anuliuoja paketą prieš sutartą išvykimo dieną,] jis turi teisę tam tikrais atvejais iš kelionių organizatoriaus arba kelionių pardavimo agento – priklausomai nuo valstybės narės įstatymo – gauti kompensaciją, numatytą už sutarties nevykdymą, išskyrus tuos atvejus, kai: <…> ii) kelionė neįvyksta, išskyrus tuos atvejus, kai bilietų parduota daugiau nei yra vietų, dėl force majeure , t. y. neįprastų ir nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo anuliavimą skelbiančios šalies valios, ir kai pasekmių negalima buvo išvengti, netgi ir viską tinkamai parengus.“ Šios direktyvos 5 straipsnio 1–3 dalyse nustatyta: „1.   Valstybės narės imasi reikiamų veiksmų užtikrinti, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, sutarties šalis, prisiim[tų] atsakomybę prieš vartotoją už sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamą vykdymą, nepaisant to, ar tuos įsipareigojimus turi vykdyti kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, ar kiti paslaugų teikėjai, nepažeidžiant kelionių organizatoriaus ir (arba) kelionių pardavimo agento teisės išieškoti žalą iš kitų paslaugų teikėjų. 2.   Valstybės narės imasi reikalingų veiksmų užtikrinti, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas būtų atsakingi už žalą padarytą vartotojui dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo jos vykdymo, išskyrus atvejus, kai sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma, ne dėl jų ar kitų paslaugų teikėjų kaltės, nes: – vartotojas kaltas dėl sutarties nevykdymo, – dėl sutarties nevykdymo kalta trečioji šalis, nesusijusi su sutartyje numatytomis paslaugomis, ir tokio nevykdymo nebuvo galima numatyti arba išvengti, – sutartis nevykdoma dėl force majeure , nurodytos 4 straipsnio 6 dalies antrosios pastraipos ii papunktyje, arba dėl įvykio, kurio nei kelionių organizatorius, nei (arba) kelionių pardavimo agentas, nei paslaugų teikėjas, net ir viską kruopščiai parengę, negalėjo numatyti ar sustabdyti. <…> 3.   Nepažeidžiant 2 dalies ketvirtosios pastraipos, sutartimi negalima numatyti jokios 1 ir 2 dalies nuostatų išimties. <…>“ Jungtinės Karalystės teisė 1992 m. taisyklės 1992 m. gruodžio 22 d. Package Travel, Package Holidays and Package Tours Regulations 1992 (1992 m. taisyklės dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų) (toliau – 1992 m. taisyklės) Direktyva 90/314 buvo perkelta į Jungtinės Karalystės teisę. 1992 m. taisyklių 15 straipsnio 1, 2 ir 5 dalyse numatyta: „1.   Kita sutarties šalis įsipareigoja vartotojui tinkamai vykdyti sutartyje numatytas pareigas, nepaisant to, ar tas pareigas turi vykdyti ta kita sutarties šalis, ar kiti paslaugų teikėjai, tačiau tai neturi įtakos jokiai teisių gynimo priemonei ar teisei pareikšti ieškinį, kuria ta kita sutarties šalis gali pasinaudoti prieš kitus paslaugų teikėjus. 2.   Kita sutarties šalis prisiima atsakomybę prieš vartotoją už bet kokią dėl sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo jam padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma ne dėl tos kitos sutarties šalies ar kitų paslaugų teikėjų kaltės, nes: a) vartotojas kaltas dėl šio sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo; b) dėl šio sutarties nevykdymo ar netinkamo nevykdymo kalta trečioji šalis, nesusijusi su sutartyje numatytomis paslaugomis, ir tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo nebuvo galima numatyti arba išvengti; arba c) sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma dėl: i) neįprastų ir nenumatytų aplinkybių, nepriklausančių nuo šalies, kuri remiasi išimtimi, valios, ir kai pasekmių nebuvo galima išvengti, nepaisant visų atsargumo priemonių, kurių buvo imtasi; arba ii) įvykio, kurio kita sutarties šalis arba paslaugų teikėjas, net ir veikdami pakankamai rūpestingai, negalėjo numatyti ar išvengti. <…> 5.   Nepažeidžiant šio straipsnio 3 ir 4 dalių, pagal jokią sutarties sąlygą negalima nustatyti, kad šio straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyta atsakomybė netaikoma.“ 1982 m. įstatymas Pagal pagrindinės bylos aplinkybėms taikomos redakcijos 1982 m. liepos 13 d. Supply of Goods and Services Act 1982 (1982 m. Įstatymas dėl prekių tiekimo ir paslaugų teikimo) 13 straipsnį sutartyje numatytas paslaugas Kuoni turėjo teikti rūpestingai ir kompetentingai. Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai X ir jos sutuoktinis su Kuoni sudarė nagrinėjamą sutartį, pagal ją ši įsipareigojo suteikti kelionės į Šri Lanką paslaugų paketą, apimantį skrydžius iš Jungtinės Karalystės ir atgal bei penkiolikos naktų trukmės (2010 m. liepos 8–23 d.) apgyvendinimą „viskas įskaičiuota“ viešbutyje. Šios sutarties 2.2 punkte numatyta: „Sutartį sudarėte su [ Kuoni ]. Pasirūpinsime, kad Jums būtų suteiktos įvairios paslaugos, priklausančios kelionių paslaugų paketui, kurį užsakėte mūsų bendrovėje.“ Minėtos sutarties 5.10 punkto b papunktyje numatyta, pirma, kad Kuoni prisiima atsakomybę, „jei dėl [šios bendrovės] arba dėl [jos] atstovų ar tiekėjų kaltės bet kuri kelionės paslaugų, užsakytų prieš išvykstant iš Jungtinės Karalystės, dalis nebuvo tokia, kaip aprašyta brošiūroje, arba neatitiko pagrįsto standarto, arba jei dėl veiklos, sudarančios šių kelionės paslaugų dalį, [šalis, sudariusi su šia bendrove sutartį,] arba bet kuris [jos] grupės narys žuvo arba buvo sužeistas“, ir, antra, kad Kuoni neprisiima „atsakomybės, jeigu (ir tiek, kiek) dėl bet kokio su kelionės paslaugų teikimu susijusio įsipareigojimo nevykdymo arba mirties ar sužalojimo nėra bendrovės arba [jos] atstovų ar paslaugų teikėjų kaltės, jei dėl to kalta [šalis, sudariusi su šia bendrove sutartį,] <…> arba jei tai lėmė nenumatytos aplinkybės, kurių [ši bendrovė] arba [jos] atstovai ar tiekėjai, net ir veikdami pakankamai rūpestingai, negalėjo numatyti ar išvengti“. 2010 m. liepos 17 d. per viešbučio, kuriame buvo apsistojusi, teritoriją eidama į registratūrą X sutiko šio viešbučio elektriką N, kuris tuo metu dirbo ir vilkėjo minėto viešbučio darbuotojo uniformą. Pasisiūlęs X parodyti trumpesnį kelią iki registratūros N ją įviliojo į inžinerines patalpas ir ten užpuolė bei išžagino. Pagrindinėje byloje X pareikalavo Kuoni atlyginti žalą, patirtą dėl užpuolimo ir išžaginimo, motyvuodama tuo, kad žala padaryta dėl netinkamo nagrinėjamos sutarties vykdymo ir 1992 m. taisyklių pažeidimo. Kuoni nesutiko, kad N įvykdytas užpuolimas ir išžaginimas reiškė kokių nors Kuoni įsipareigojimų X, numatytų pagal šią sutartį ar 1992 m. taisykles, pažeidimą. Grįsdamas šį prieštaravimą Kuoni rėmėsi minėtos sutarties 5.10 punkto b papunkčiu ir 1992 m. taisyklių 15 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunkčiu. High Court of Justice (England & Wales) (Aukštasis teisingumo teismas (Anglija ir Velsas), Jungtinė Karalystė) atmetė X ieškinį dėl žalos atlyginimo, savo sprendimą motyvuodamas tuo, kad nagrinėjamos sutarties 5.10 punkto b papunktyje nurodytos „kelionės paslaugos“ neapima techninės priežiūros darbuotojo, lydinčio svečią į registratūrą, veiksmų. Be to, šis teismas nusprendė obiter dictum , kad Kuoni bet kuriuo atveju galėjo remtis 1992 m. taisyklių 15 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje numatytu atleidimo nuo atsakomybės pagrindu. Išnagrinėjęs apeliacinį skundą Court of Appeal (England & Wales) (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas), Jungtinė Karalystė) taip pat atmetė X ieškinį. Šis teismas laikėsi nuomonės, kad viešbučio techninės priežiūros darbuotojas, apie kurio pareigas viešbučio klientė žinojo ir kuris ją lydėjo į viešbučio registratūrą, nepatenka į nagrinėjamos sutarties 5.10 punkto b papunkčio taikymo sritį. Jis taip pat pripažino, kad 1992 m. taisyklės nėra skirtos sudaryti sąlygoms pareikšti reikalavimą kelionės organizatoriui dėl neteisėtų paslaugų teikėjo darbuotojo veiksmų, kai tie veiksmai „nėra viena iš pareigų, į kurias darbuotojas buvo priimtas“, ir kad minėtam paslaugų teikėjui nei pagal nacionalinę vartotojų teisę, nei pagal paslaugų teikėjui taikomą užsienio teisę, nekyla netiesioginė deliktinė atsakomybė. Galiausiai jis pripažino obiter dictum , kad Kuoni neatsako nei pagal minėtos sutarties 5.10 punkto b papunktį, nei pagal 1992 m. taisyklių 15 straipsnį, nes N nėra „paslaugų teikėjas“, kaip tai suprantama pagal šias nuostatas. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad vienas Court of Appeal (England & Wales) (Apeliacinis teismas (Anglija ir Velsas)) teisėjas atskirojoje nuomonėje vis dėlto suabejojo vertinimu, kad pagal Jungtinės Karalystės teisę viešbučiui netaikoma atsakomybė už uniformą vilkinčio darbuotojo, kuris viešai pristatomas kaip patikimas darbuotojas, įvykdytą išžaginimą. Jis pažymėjo, kad pagal šią teisę asmuo, prisiimantis sutartinę atsakomybę, yra asmeniškai atsakingas už sutarties vykdymą, net jei šiuos įsipareigojimus jis vykdo per trečiąjį asmenį. Dėl Direktyvos 90/314 jis nurodė, kad šios direktyvos ir 1992 m. taisyklių tikslas yra suteikti poilsiautojams, kurių kelionė buvo sugadinta, teisių gynimo priemonę prieš kitą sutarties šalį. Pasak jo, kelionės organizatorius dėl sugadintos kelionės padarinių turėtų išsiaiškinti su tais asmenimis, su kuriais jis pats sudarė sutartį, o šie toliau turi spręsti kilusias problemas su savo pačių darbuotojais ar subrangovais. Be to, šis teisėjas teigė, kad nebuvo jokio pagrindo daryti išvados, kad, esant subrangovui ar darbuotojui, „paslaugų teikėjo“ sąvoka turėtų apimti tik aptariamą viešbutį. Jis pridūrė neabejojantis, kad kai kurie darbuotojai turėtų būti laikomi paslaugų teikėjais. Gavęs kasacinį skundą Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas) nusprendė, kad jam pateikti du pagrindiniai klausimai: pirma, ar X užpuolimas ir išžaginimas reiškia netinkamą Kuoni įsipareigojimų pagal sutartį vykdymą, ir, antra, jei taip, ar pagal tos sutarties 5.10 punkto b papunktį ir (arba) 1992 m. taisyklių 15 straipsnio 2 dalies c punktą Kuoni gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės už N veiksmus. Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas) manė, jog tam, kad galėtų priimti sprendimą dėl antrojo kasaciniame skunde nurodyto klausimo, buvo būtina kreiptis į Teisingumo Teismą su prašymu priimti prejudicinį sprendimą. Savo prašyme šis teismas nurodė, kad viešbučio darbuotojo pagalba palydint X į viešbučio registratūrą laikytina paslauga, priskiriama prie „kelionės paslaugų“, kurias Kuoni įsipareigojo suteikti, ir kad užpuolimas ir išžaginimas reiškia netinkamą nagrinėjamos sutarties vykdymą. Esant šioms sąlygoms Supreme Court of the United Kingdom (Jungtinės Karalystės Aukščiausiasis Teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Kai nevykdomi arba netinkamai vykdomi įsipareigojimai, numatyti kelionių organizatoriaus ar kelionių pardavimo agento sutartyje su vartotoju dėl kelionės paslaugų paketo, kuriai taikoma Direktyva [90/314], o įsipareigojimų nevykdymą arba netinkamą vykdymą lėmė viešbučio bendrovės, kuri yra toje sutartyje numatytų paslaugų teikėja, darbuotojo veiksmai: a) ar taikytinas Direktyvos [90/314] 5 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos sakinio antroje dalyje numatytas atleidimo nuo atsakomybės pagrindas; o jei taip, b) pagal kokius kriterijus nacionalinis teismas turi vertinti, ar taikytinas minėtas atleidimo nuo atsakomybės pagrindas? 2. Kai kelionių organizatorius ar kelionių pardavimo agentas su vartotoju sudaro kelionės paslaugų paketo sutartį, kuriai taikoma Direktyva [90/314], ir kai viešbučio bendrovė teikia toje sutartyje numatytas paslaugas, ar taikant Direktyvos [90/314] 5 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje numatytą atleidimo nuo atsakomybės pagrindą pats tos viešbučio bendrovės darbuotojas turi būti laikomas „paslaugų teikėju“?“ Dėl prašymo atnaujinti žodinę proceso dalį Paskelbus generalinio advokato išvadą, 2020 m. gruodžio 3 d. Teisingumo Teismo kanceliarija gavo Kuoni prašymą atnaujinti žodinę proceso dalį pagal Teisingumo Teismo procedūros reglamento 83 straipsnį. Šiame prašyme Kuoni nurodo, kad toks atnaujinimas turi būti vykdomas tuo atveju, jei Teisingumo Teismas nuspręstų, kad ši byla turi būti nagrinėjama remiantis generalinio advokato išvados 78–84 punktuose pateiktu sąvokos „įvykis“ aiškinimu. Pagal Procedūros reglamento 83 straipsnį, išklausęs generalinį advokatą Teisingumo Teismas gali bet kada nutarti atnaujinti žodinę proceso dalį – pirmiausia, jeigu mano, kad jam nepateikta pakankamai informacijos, arba jeigu baigus žodinę proceso dalį šalis pateikė naują faktą, kuris gali būti lemiamas Teisingumo Teismui priimant sprendimą, arba jeigu nagrinėjant bylą reikia remtis argumentu, dėl kurio šalys nepateikė nuomonės. Vis dėlto reikia priminti, kad pagal SESV 252 straipsnio antrą pastraipą generalinio advokato pareiga – viešame posėdyje visiškai nešališkai ir nepriklausomai teikti motyvuotą išvadą dėl bylų, kuriose pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statutą jis turi dalyvauti. Teisingumo Teismo nesaisto nei tokia išvada, nei ją pagrindžiantys generalinio advokato motyvai (2020 m. rugsėjo 3 d. Sprendimo Čekijos Respublika / Komisija, C‑742/18 P , EU:C:2020:628 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Be to, Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statute ir Procedūros reglamente nenumatyta galimybės atsakyti į generalinio advokato pateiktą išvadą. Taigi nesutikimas su generalinio advokato išvada savaime negali būti motyvas, pateisinantis žodinės proceso dalies atnaujinimą (2020 m. rugsėjo 3 d. Sprendimo Čekijos Respublika / Komisija, C‑742/18 P , EU:C:2020:628 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Nagrinėjamu atveju pagrindinės bylos šalys ir kiti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto 23 straipsnyje nurodyti suinteresuotieji asmenys galėjo pateikti pastabas dėl Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje esančios sąvokos „įvykis“ apimties. Iš tiesų dėl pateikto pirmojo klausimo, susijusio su šios nuostatos, taigi, ir kiekvieno jos formuluotėje vartojamo žodžio, išaiškinimu, šalys galėjo pateikti rašytines pastabas Teisingumo Teismui, ir Kuoni bei kitos šalys tai padarė. Beje, kai kurios šalys savo rašytinėse pastabose išreiškė aiškią poziciją dėl žodžio „įvykis“. Be to, atsakydamos į Teisingumo Teismo šalims raštu pateiktą septintąjį klausimą šios šalys dar kartą turėjo galimybę pareikšti nuomonę dėl minėtos nuostatos taikymo apimties. Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas, išklausęs generalinį advokatą, mano, kad visa informacija, svarbi vertinant prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo jam pateiktus klausimus, galėjo būti išnagrinėta, kol jame vyko procesas, todėl nereikia atnaujinti žodinės proceso dalies. Dėl prejudicinių klausimų Savo dviem klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka, kiek joje numatytas kelionės paslaugų paketo organizatoriaus atleidimo nuo atsakomybės už tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal šio organizatoriaus ir vartotojo dėl tokio kelionės paslaugų paketo sudarytą sutartį pagrindas, turi būti aiškinama taip, kad, kai šie įsipareigojimai nevykdomi arba vykdomi netinkamai dėl šią sutartį vykdančio paslaugų teikėjo darbuotojo veiksmų, šis darbuotojas turi būti laikomas paslaugų teikėju pagal šią nuostatą ir ją taikant organizatorius gali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, kylančios dėl tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Dėl pirmosios prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimų dalies reikia pažymėti, kad pagal Direktyvos 90/314 1 straipsnį ja siekiama suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su Sąjungoje parduodamais ar siūlomais parduoti kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketais. Kaip matyti iš Direktyvos 90/314 2 straipsnio, sutartys, kurioms taikoma ši direktyva, – tai vartotojo ir kelionės organizatoriaus arba kelionės pardavimo agento sudarytos sutartys, pagal kurias už iš anksto nustatytą bendrą kainą parduodamas turizmo paslaugų, teikiamų ilgiau nei 24 valandas arba kurios apima vieną nakvynę, rinkinys, kurį sudaro ne mažiau kaip dvi iš šių trijų paslaugų: transporto, apgyvendinimo ir kitų turizmo paslaugų, nepriklausančių transportui ar apgyvendinimui, ir sudarančių gana didelę paketo dalį (toliau – kelionės paslaugų paketo sutartys). Siekiant įgyvendinti Direktyvos 90/314 1 straipsnyje nurodytą suderinimą, šioje direktyvoje nustatyta sutartinės atsakomybės sistema, pagal kurią kelionės paslaugų paketo organizatoriai yra atsakingi prieš vartotojus, su jais sudariusius sutartis dėl tokių kelionės paslaugų paketų. Konkrečiai Direktyvos 90/314 5 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad valstybės narės imasi reikiamų veiksmų užtikrinti, kad kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, sutarties šalis, prisiimtų atsakomybę prieš vartotoją už sutartyje numatytų įsipareigojimų tinkamą vykdymą, nepaisant to, ar tuos įsipareigojimus turi vykdyti kelionių organizatorius ir (arba) kelionių pardavimo agentas, ar kiti paslaugų teikėjai. Be to, šios direktyvos 5 straipsnio 3 dalyje nurodyta, kad sutartyje negalima numatyti jokios šios atsakomybės išimties. Vienintelės nukrypti nuo šios atsakomybės leidžiančios nuostatos yra išsamiai išvardytos minėtos direktyvos 5 straipsnio 2 dalyje. Taigi Direktyvos 90/314 5 straipsnio 1 ir 3 dalyse ribojama kelionės paslaugų paketo sutarties šalių laisvė nustatyti joms taikomų sutarties sąlygų, kuriose nustatoma kelionės organizatoriaus atsakomybė vartotojui dėl tinkamo šios sutarties vykdymo, turinį. Viena iš šios atsakomybės ypatybių yra ta, kad ji apima tinkamą paslaugų teikėjų įsipareigojimų pagal kelionės paslaugų paketo sutartį vykdymą. Vis dėlto Direktyvoje 90/314 neapibrėžta sąvoka „paslaugų teikėjas“, be to, šiuo klausimu nėra aiškios nuorodos į valstybių narių teisę. Tokiu atveju iš vienodo Sąjungos teisės taikymo ir vienodo požiūrio principo reikalavimų matyti, kad Sąjungos teisės nuostatos sąvokos visoje Sąjungoje paprastai turi būti aiškinamos autonomiškai ir vienodai (šiuo klausimu žr. 2020 m. liepos 16 d. Sprendimo Novo Banco, C‑253/19 , EU:C:2020:585 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Šiuo klausimu suformuotoje jurisprudencijoje numatyta, kad terminų, kurių apibrėžtis nepateikiama Sąjungos teisėje, reikšmė ir apimtis turi būti nustatoma pagal jų įprastą reikšmę bendrinėje kalboje, atsižvelgiant į jų vartojimo kontekstą ir teisės aktų, kuriuose jie vartojami, tikslus (žr. 2005 m. kovo 10 d. Sprendimo EasyCar, C‑336/03 , EU:C:2005:150 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Direktyvos 90/314 5 straipsnyje vartojama sąvoka „paslaugų teikėjas“ bendrinėje kalboje paprastai reiškia fizinį ar juridinį asmenį, kuris teikia paslaugas už atlygį. Kaip savo išvados 54 punkte pažymėjo generalinis advokatas, tokią reikšmę patvirtina įvairios šios nuostatos kalbinės versijos. Tokią reikšmę patvirtina ir nagrinėjamos nuostatos kontekstas. Iš tiesų, kaip matyti iš šio sprendimo 33 punkto, kelionės paslaugų paketų sutarčių dalykas yra transporto, apgyvendinimo ir kitų turizmo paslaugų rinkinio teikimas. Pagal šias sutartis vartotojų atžvilgiu prisiimti įsipareigojimai, kuriems taikoma Direktyvos 90/314 5 straipsnyje numatyta sutartinės atsakomybės sistema, gali būti vykdomi tarpininkaujant kelionės organizatoriui nepriklausantiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie teikia paslaugas už atlygį. Direktyva 90/314 siekiami tikslai, kaip antai pašalinti kliūtis laisvam paslaugų teikimui ir konkurencijos iškraipymams (šios direktyvos pirma–trečia konstatuojamosios dalys), ar užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį (šios direktyvos dešimta konstatuojamoji dalis) (2012 m. vasario 16 d. Sprendimo Blödel-Pawlik, C‑134/11 , EU:C:2012:98 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija), taip pat patvirtina tokį sąvokos „paslaugų teikėjas“ aiškinimą, nes juo užtikrinama vienoda kelionės organizatoriaus atsakomybės vartotojui apimtis. Atsižvelgiant į tai, paslaugų teikėjo darbuotojas pats savaime negali būti laikomas paslaugų teikėju, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 90/314 5 straipsnį, nes jis nesudarė jokio susitarimo su kelionės paslaugų paketo organizatoriumi dėl šiam teiktinų paslaugų, o tik atlieka darbą paslaugų teikėjo, sudariusio tokį susitarimą su šiuo organizatoriumi, naudai, todėl šio darbuotojo veiksmų, kai jis atlieka šį darbą, paskirtis daugeliu atveju – padėti vykdyti jį įdarbinusiam paslaugų teikėjui tenkančius įsipareigojimus. Be to, sąvoka „darbuotojas“ reiškia asmenį, kuris dirbamas savo darbą yra pavaldus savo darbdaviui, taigi šis jį kontroliuoja. O paprastai paslaugų teikėjo nesaisto jokie pavaldumo santykiai, kai jis teikia savo paslaugas, todėl darbuotojas negali būti laikomas paslaugų teikėju taikant Direktyvos 90/314 5 straipsnį. Vis dėlto tai, kad paslaugų teikėjo darbuotojas negali būti laikomas paslaugų teikėju taikant Direktyvos 90/314 5 straipsnyje nustatytą sutartinės atsakomybės sistemą, nereiškia, kad šio darbuotojo veiksmai ar neveikimas šios sistemos tikslais negali būti prilyginti paslaugas teikiančio paslaugų teikėjo veiksmams ar neveikimui. Siekiant įvertinti, ar galimas toks prilyginimas, pirmiausia reikia pažymėti, kad Direktyvos 90/314 5 straipsnyje numatyta kelionės organizatoriaus atsakomybė susijusi tik su įsipareigojimais, kylančiais pagal kelionės paslaugų paketo sutartį, kaip ji apibrėžta šioje direktyvoje, kurią šis organizatorius sudarė su šiuo vartotoju. Ji neapima šios sutarties šalių ar trečiųjų asmenų atsakomybės, kylančios pagal kitus įsipareigojimus ar kitas atsakomybės sistemas, kaip antai, baudžiamosios atsakomybės. Vis dėlto, atsižvelgiant į šio sprendimo 40 punkte primintą Direktyva 90/314 siekiamą tikslą užtikrinti aukštą vartotojų apsaugos lygį, įsipareigojimai pagal kelionės paslaugų paketo sutartį, kurios netinkamas įvykdymas ar nevykdymas lemia kelionės organizatoriaus atsakomybę, negali būti aiškinami siaurai. Šie įsipareigojimai apima visus įsipareigojimus, susijusius su transporto, apgyvendinimo ir turizmo paslaugų teikimu (toks yra kelionės paslaugų paketo sutarties tikslas), nesvarbu, ar šiuos įsipareigojimus vykdo pats kelionės organizatorius, ar paslaugų teikėjai. Taigi, kaip savo išvados 40 punkte pažymėjo generalinis advokatas, Direktyvos 90/314 5 straipsnio 1 dalyje numatyta kelionės organizatoriaus atsakomybė grindžiama ryšiu tarp veiksmų ar neveikimo, dėl kurių padaryta žala minėtam vartotojui, ir kelionės organizatoriaus įsipareigojimų, prisiimtų pagal kelionės paslaugų paketo sutartį. Antra, reikia priminti, kad įsipareigojimus pagal Direktyvoje 90/314 nurodytą kelionės paslaugų paketo sutartį, kaip antai nurodytus šio sprendimo 45 punkte, gali vykdyti paslaugų teikėjai, kurie savo ruožtu gali veikti tarpininkaujant jų kontroliuojamiems darbuotojams. Vadinasi, tai, kad šie darbuotojai atlieka tam tikrus veiksmus arba jų neatlieka, gali reikšti įsipareigojimų pagal kelionės paslaugų paketo sutarties nevykdymą ar netinkamą įvykdymą. Vadinasi šis nevykdymas arba netinkamas įvykdymas, nors jį lėmė paslaugų teikėjo kontroliuojamų darbuotojų veiksmai, gali lemti kelionės organizatoriaus atsakomybę pagal Direktyvos 90/314 5 straipsnio 1 dalį. Tokį aiškinimą patvirtina Direktyva 90/314 siekiamas vartotojų apsaugos tikslas. Iš tiesų, kaip savo išvados 62 punkte iš esmės pažymėjo generalinis advokatas, nesant tokios atsakomybės, kelionės organizatorių atsakomybė už jų paslaugų teikėjų padarytus veiksmus, kai pastarieji patys vykdo įsipareigojimus pagal kelionės paslaugų paketo sutartį, būtų nepagrįstai atskirta nuo atsakomybės už tas pačias veikas, kurias padarė šiuos įsipareigojimus vykdančių paslaugų teikėjų darbuotojai, o tai leistų kelionių organizatoriui išvengti atsakomybės. Taigi pagal Direktyvos 90/314 5 straipsnio 1 dalį, kai paslaugų teikėjo darbuotojas nevykdo įsipareigojimo pagal kelionės paslaugų paketo sutartį arba vykdo netinkamai, kelionės organizatoriui kyla atsakomybė prieš vartotoją, su kuriuo jis sudarė šią sutartį, jeigu dėl šio nevykdymo ar netinkamo vykdymo šiam vartotojui padaryta žalos. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš prašymo priimti prejudicinį sprendimą, jį pateikęs teismas daro prielaidą, kad viešbučio darbuotojo pagalba palydint X į viešbučio registratūrą yra paslauga, priskiriama prie kelionių paslaugų, kurias Kuoni įsipareigojo suteikti pagal nagrinėjamą sutartį, ir kad N įvykdytas X užpuolimas ir išžaginimas reiškia netinkamą sutarties vykdymą. Tuo remiantis darytina išvada, kad, esant tokiai situacijai, kaip nagrinėjama pagrindinėje byloje, kelionių organizatorius, kaip antai Kuoni , gali būti laikomas atsakingu vartotojui, kaip antai X, už netinkamą šalis saistančios sutarties vykdymą, jeigu jį lemia paslaugų teikėjo darbuotojo, vykdančio pagal minėtą sutartį kylančius įsipareigojimus, elgesys. Dėl antros prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimų dalies, nurodytos šio sprendimo 31 punkte, pažymėtina, kad Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalyje numatytos kelionės paslaugų paketo organizatoriaus atsakomybės išimtys. Pagal šią nuostatą kelionės organizatorius yra atsakingas už vartotojui dėl sutarties nevykdymo arba netinkamo jos vykdymo padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai sutartis nevykdoma ar netinkamai vykdoma ne dėl jo ar kitų paslaugų teikėjų kaltės, nes jam taikomas vienas iš šioje nuostatoje nurodytų atleidimo nuo atsakomybės pagrindų. Tarp šių atleidimo nuo atsakomybės pagrindų yra Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje nurodytas pagrindas, susijęs su situacijomis, kai sutartis nevykdoma arba netinkamai vykdoma dėl įvykio, kurio kelionės organizatorius ar paslaugų teikėjas, net ir viską kruopščiai parengę, negalėjo numatyti ar išvengti. Nagrinėjamu atveju, kaip matyti iš šio sprendimo 19 ir 31 punktų, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, ar kai kelionės paslaugų paketo organizatorius jį su dviem vartotojais saistančią sutartį paveda vykdyti viešbučio paslaugų teikėjui ir kai šio viešbučio paslaugų teikėjo darbuotojas užpuola ir išžagina vieną iš šių vartotojų, ši aplinkybė gali būti laikoma įvykiu, kurio nebuvo galima numatyti ar išvengti, kaip tai suprantama pagal šį atleidimo nuo atsakomybės pagrindą. Šiuo klausimu reikia pažymėti: kadangi minėtu atleidimo nuo atsakomybės pagrindu nukrypstama nuo Direktyvos 90/314 5 straipsnio 1 dalyje įtvirtintos taisyklės, pagal kurią numatyta kelionės organizatorių atsakomybė, jis turi būti aiškinamas siaurai (pagal analogiją žr. 2020 m. sausio 22 d. Sprendimo Pensionsversicherungsanstalt (Veiklos nutraukimas sukakus pensiniam amžiui), C‑32/19 , EU:C:2020:25 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Be to, reikia priminti, kad, taikant šio sprendimo 36 ir 37 punktuose nurodytą jurisprudenciją, nesant nuorodos į nacionalinę teisę, šis atleidimo nuo atsakomybės pagrindas turi būti aiškinamas autonomiškai ir vienodai, atsižvelgiant ne tik į jo tekstą, bet ir į kontekstą bei Direktyva 90/314 siekiamą tikslą. Šiuo klausimu, pirma, iš Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos teksto matyti, kad šioje nuostatoje numatytas įvykis, kurio nebuvo galima numatyti ar išvengti, skiriasi nuo force majeure atvejo. Iš tikrųjų šioje nuostatoje force majeure laikomas atskiru atleidimo nuo atsakomybės pagrindu; darant nuorodą į šios direktyvos 4 straipsnio 6 dalies antros pastraipos ii papunktį force majeure apibrėžta kaip neįprastos ir nenumatytos aplinkybės, nepriklausančios nuo šalies, kuri jomis remiasi, valios, kurių pasekmių negalima buvo išvengti, netgi viską tinkamai parengus. Tai, kad Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečios įtraukos sakinio pirmoje dalyje paminėta force majeure ir šios nuostatos sakinio antroje dalyje minimas įvykis, kurio nebuvo galima numatyti ar išvengti, atskirti jungtuku „arba“, reiškia, kad šis įvykis negali būti prilygintas force majeure atvejui. Antra, pagal Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečią įtrauką kelionės organizatorius atleidžiamas nuo pareigos atlyginti vartotojui žalą, padarytą dėl įvykių, kurių nebuvo galima numatyti, nesvarbu, ar jie įprasti, arba dėl įvykių, kurių nebuvo galima išvengti, nesvarbu, ar juos buvo galima numatyti, ar jie yra įprastiniai. Trečia, iš Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies matyti, kad įvairiose šios nuostatos įtraukose išvardyti atleidimo nuo atsakomybės pagrindai apima konkrečius atvejus, kai įsipareigojimų pagal kelionės paslaugų paketo sutartį nevykdymas arba netinkamas vykdymas nepriskirtini nei organizatoriui, nei kitam paslaugų teikėjui, nes negali būti pripažinta jų kaltė. Šis kaltės nebuvimas reiškia, kad Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečioje įtraukoje numatytas įvykis, kurio nebuvo galima numatyti ar išvengti, turi būti aiškinamas kaip aplinkybė ar įvykis, kurie nepatenka į kelionės organizatoriaus ar paslaugų teikėjo kontrolės sritį. Kadangi dėl šio sprendimo 48 punkte nurodytų priežasčių paslaugų teikėjo darbuotojo veiksmai ar neveikimas vykdant pagal kelionės paslaugų paketo sutartį kylančius įsipareigojimus, dėl kurių organizatoriaus įsipareigojimai vartotojo atžvilgiu nevykdomi arba vykdomi netinkamai, patenka į minėtos kontrolės sritį, tokie veiksmai ar neveikimas negali būti laikomi įvykiais, kurių nebuvo galima išvengti ar numatyti, kaip tai suprantama pagal Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečią įtrauką. Taigi reikia konstatuoti, kad negalima remtis Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka siekiant atleisti kelionių organizatorius nuo jų pareigos atlyginti žalą, padarytą vartotojams dėl įsipareigojimų, prisiimtų pagal su šiais organizatoriais sudarytas kelionės paslaugų paketo sutartis, nevykdymo arba netinkamo vykdymo, kai šios sutartys nevykdomos ar netinkamai vykdomos dėl šiuos įsipareigojimus vykdančių paslaugų teikėjų darbuotojų veiksmų ar neveikimo. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pateiktus klausimus reikia atsakyti: Direktyvos 90/314 5 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka, kiek joje numatytas kelionės paslaugų paketo organizatoriaus atleidimo nuo atsakomybės už tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal šio organizatoriaus ir vartotojo dėl tokio kelionės paslaugų paketo sudarytą sutartį pagrindas, turi būti aiškinama taip, kad, kai šie įsipareigojimai nevykdomi arba netinkamai vykdomi dėl šią sutartį vykdančio paslaugų teikėjo darbuotojo veiksmų: – taikant šią nuostatą šis darbuotojas negali būti laikomas paslaugų teikėju ir – taikant šią nuostatą kelionės organizatorius negali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, kylančios jam dėl tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (trečioji kolegija) nusprendžia: 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų 5 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka, kiek joje numatytas kelionės paslaugų paketo organizatoriaus atleidimo nuo atsakomybės už tinkamą įsipareigojimų vykdymą pagal šio organizatoriaus ir vartotojo dėl tokio kelionės paslaugų paketo sudarytą sutartį pagrindas, turi būti aiškinama taip, kad, kai šie įsipareigojimai nevykdomi arba netinkamai vykdomi dėl šią sutartį vykdančio paslaugų teikėjo darbuotojo veiksmų: – taikant šią nuostatą šis darbuotojas negali būti laikomas paslaugų teikėju ir – taikant šią nuostatą kelionės organizatorius negali būti atleidžiamas nuo atsakomybės, kylančios jam dėl tokio nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: anglų.

61990CJ0261

it

Motivazione della sentenza 1 Con sentenza 7 maggio 1990, registrata presso la cancelleria il 28 agosto seguente, la Cour d' appel di Aix-en-Provence ha sottoposto alla Corte, ai sensi del Protocollo 3 giugno 1971, relativo all' interpretazione da parte della Corte di giustizia della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la "Convenzione"), una questione pregiudiziale relativa all' interpretazione degli artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della suddetta Convenzione. 2 Tale questione è stata sollevata nell' ambito di una controversia sorta fra i coniugi Reichert e il figlio signor Mario Reichert, da una parte, e la società Dresdner Bank, dall' altra. 3 I coniugi Reichert, residenti in Germania, sono proprietari di beni immobili situati nel territorio del comune di Antibes (Francia, dipartimento delle Alpi Marittime), dei quali hanno donato la nuda proprietà al figlio Mario Reichert con rogito notarile redatto a Creutzwald (Francia, dipartimento della Mosella). La donazione è stata impugnata dalla società Dresdner Bank, creditrice dei coniugi Reichert, davanti al Tribunal de grande instance di Grasse, nella cui circoscrizione si trovano i beni controversi, sulla base dell' art. 1167 del codice civile francese, ai termini del quale i creditori possono, "in loro nome personale, impugnare gli atti compiuti dal loro debitore in frode ai loro diritti"; tale articolo costituisce la base dell' azione cosiddetta "pauliana". 4 Il Tribunal de grande instance di Grasse, con sentenza 20 febbraio 1987, ha dichiarato la propria competenza, che era contestata dai coniugi Reichert, fondandosi a questo fine sull' art. 16, punto 1), della Convenzione, in forza del quale, indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva "in materia di diritti reali immobiliari (...) i giudici dello Stato contraente in cui l' immobile è situato". 5 I coniugi Reichert hanno impugnato la sentenza contestando la competenza del tribunale davanti alla Cour d' appel di Aix-en Provence, il quale, con decisione 18 novembre 1987, ha disposto la sospensione del procedimento ed ha sottoposto alla Corte una prima questione pregiudiziale volta a chiarire se rientrasse nell' ambito di applicazione dell' art. 16, punto 1), della Convenzione l' ipotesi in cui, mediante un' azione prevista dal diritto interno, nella fattispecie l' azione pauliana del diritto francese, un creditore impugni una donazione immobiliare che ritenga compiuta dal debitore in frode ai suoi diritti. 6 Con sentenza 10 gennaio 1990, Reichert (causa C-115/88, Racc. pag. I-27), la Corte ha così statuito: "Non appartiene al campo di applicazione dell' art. 16, punto 1 , della Convenzione, l' azione che, intentata da un creditore, tende a rendere non opponibile nei suoi confronti un atto di disposizione relativo ad un diritto reale immobiliare che egli sostenga essere stato compiuto dal suo debitore in frode ai suoi diritti". 7 Tuttavia, su domanda della società Dresdner Bank, che mira a chiamare in causa, in sede di regolamento della competenza, altri articoli della Convenzione oltre all' art. 16, punto 1), oggetto del primo rinvio pregiudiziale, la Cour d' appel di Aix-en-Provence, con la precitata sentenza 7 maggio 1990, ha sottoposto alla Corte la seguente questione pregiudiziale aggiuntiva: "Se, nell' ipotesi in cui sia esclusa l' applicazione dell' art. 16, punto 1), della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, un' azione basata sull' art. 1167 del codice civile francese, con cui un creditore miri ad ottenere la revoca nei suoi confronti di un atto traslativo di diritti reali immobiliari compiuto dal suo debitore in un modo che egli ritiene in frode ai suoi diritti, rientri nella sfera di applicazione delle norme sulla competenza sancite dagli artt. 5, punto 3), o 24, o 16, punto 5), della suddetta Convenzione internazionale, ove si consideri la natura di delitto o di 'quasi delitto' della frode dedotta, o anche l' esistenza di provvedimenti cautelari che la decisione nel merito deve consentire di trasformare in provvedimenti esecutivi sull' immobile oggetto dei diritti reali trasferiti dal debitore". 8 Per una più ampia illustrazione degli antefatti della controversia nella causa principale, dello svolgimento del procedimento e delle osservazioni presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d' udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte. 9 Avendo già la Corte, con la citata sentenza Reichert 10 gennaio 1990, statuito che un' azione come quella pauliana di diritto francese non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 16, punto 1), della Convenzione, si deve ora risolvere la questione aggiuntiva sollevata dal giudice di rinvio. 10 In forza dell' art. 2 della Convenzione, salve disposizioni particolari, le persone aventi il domicilio nel territorio di uno Stato contraente sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti agli organi giurisdizionali di tale Stato. La Convenzione ammette eccezioni a tale norma di carattere generale, facoltizzando in taluni casi l' attore a citare il convenuto dinanzi al giudice dello Stato in cui quest' ultimo ha il domicilio, o dinanzi al giudice di un altro Stato (art. 5 e 24 della Convenzione). La Convenzione prevede anche competenze esclusive, a prescindere dal domicilio (art. 16). 11 Ciò premesso, per risolvere la questione posta occorrerà analizzare nel prosieguo se un' azione come quella "pauliana" di diritto francese rientri nell' ambito di applicazione di una delle eccezioni contemplate dalla Convenzione e richiamate dalla decisione di rinvio. Sull' interpretazione dell' art. 5, punto 3), della Convenzione 12 L' art. 5, punto 3), della Convenzione così dispone: "Il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato contraente può essere citato in un altro Stato contraente: (...) 3) in materia di delitti o quasi delitti, davanti al giudice del luogo in cui l' evento dannoso è avvenuto". 13 La Dresdner Bank, convenuta nella causa principale, sostiene che l' azione pauliana rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 5, punto 3), della Convenzione, in quanto essa è un' azione revocatoria volta a rimuovere gli effetti di un atto o di un comportamento doloso o colposo contrari alla legge o a norme non scritte di diligenza e fonte di danno per terzi, vale a dire un atto qualificabile come illecito extracontrattuale. 14 La Commissione ritiene invece che l' azione pauliana, potendo spiegare effetti nei confronti di un terzo di buona fede, al quale non sia imputabile né dolo né negligenza, e portare non solo a porre a carico del terzo acquirente un obbligo di riparazione, ma anche a diminuire, indirettamente, il patrimonio del medesimo, non può considerarsi come un' azione in materia di responsabilità extracontrattuale. Pertanto, essa non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 5, punto 3), della Convenzione. 15 Come la Corte ha statuito nella sentenza 20 settembre 1988, Kalfelis, punti 15 e 16 della motivazione (causa 189/87, Racc. pag. 5565), la nozione di "materia di delitto o quasi delitto" costituisce un parametro per delimitare la sfera d' applicazione di una delle norme di competenza speciali che l' attore può invocare. Tenuto conto degli scopi e della struttura generale della Convenzione, è necessario, al fine di garantire per quanto possibile la parità e l' uniformità dei diritti e degli obblighi che derivano dalla Convenzione per gli Stati contraenti e le persone interessate, evitare di interpretare detta nozione come un semplice rinvio al diritto nazionale dell' uno o dell' altro Stato di cui trattasi. Di conseguenza, la nozione di "materia di delitto o quasi delitto" va considerata come una nozione autonoma che deve essere interpretata, ai fini dell' applicazione della Convenzione, riferendosi principalmente al sistema e agli scopi di quest' ultima onde garantirne la piena efficacia. 16 Nella medesima sentenza, al punto 17 della motivazione, la Corte ha del pari affermato che, per garantire una soluzione uniforme in tutti gli Stati membri, è opportuno riconoscere che la nozione di "materia di delitto o quasi delitto" comprende qualsiasi domanda mirante a coinvolgere la responsabilità di un convenuto e che non si ricollega alla materia contrattuale di cui all' art. 5, punto 1). 17 Nella citata sentenza 10 gennaio 1990, Reichert, punto 12 della motivazione, la Corte ha osservato che l' azione detta "pauliana" di diritto francese ha il suo fondamento nel diritto di credito, diritto personale del creditore nei confronti del debitore, e mira a proteggere la garanzia patrimoniale di cui il primo può disporre nei confronti del secondo. Se essa ha successo, la sua conseguenza è di rendere inopponibile al solo creditore l' atto di disposizione stipulato dal debitore in frode ai diritti del primo. 18 Emerge inoltre dalle memorie della Commissione, non contraddette su tale punto, che, nel diritto francese, l' azione "pauliana" può esperirsi vuoi contro atti dispositivi del debitore compiuti a titolo oneroso, in caso di malafede del terzo acquirente, vuoi contro atti a titolo gratuito compiuti dal primo, in caso di buona fede del secondo. 19 Siffatta azione non mira a far condannare il debitore al risarcimento dei danni causati al creditore con l' atto fraudolento, ma ad eliminare, nei confronti del creditore stesso, gli effetti dell' atto dispositivo compiuto dal debitore. Essa si dispiega non solamente contro il debitore, ma anche contro il beneficiario dell' atto, terzo rispetto al rapporto obbligatorio intercorrente tra il creditore e il debitore, ivi compreso il caso in cui, se l' atto è stipulato a titolo gratuito, costui sia in buona fede. 20 Stando così le cose, un' azione quale la "pauliana" di diritto francese non può considerarsi alla stregua di una domanda intesa a far sorgere la responsabilità di un convenuto nel senso voluto dall' art. 5, punto 3), della Convenzione, e non rientra pertanto nell' ambito di applicazione dell' articolo suddetto. Sull' art. 16, punto 5), della Convenzione 21 L' art. 16, punto 5), della Convenzione così dispone: "Indipendentemente dal domicilio, hanno competenza esclusiva: (...) 5) in materia di esecuzione delle sentenze, i giudici dello Stato contraente nel cui territorio ha luogo l' esecuzione". 22 La Dresdner Bank sostiene che l' azione pauliana, essendo propedeutica all' azione esecutiva, rientra nel novero delle eccezioni di cui all' art. 16, punto 5), della Convenzione. 23 La Commissione ritiene al contrario che l' azione pauliana, non mirando a far risolvere dal giudice un problema insorto in sede di esecuzione di una sentenza, bensì a fargli pronunciare una sentenza che modifichi la situazione giuridica del patrimonio del debitore, non rientri nell' ambito di applicazione dell' articolo di cui trattasi. 24 Si deve innanzitutto rilevare che, come la Corte ha statuito nella sentenza 4 luglio 1985 (causa 220/84, Malhé, Racc. pag. 2267, punto 16 della motivazione), l' art. 16 della Convenzione apporta a tale norma generale una serie di deroghe, sotto forma di competenze esclusive, per talune controversie che, in ragione dell' ubicazione di un immobile, della sede di una società, dell' iscrizione in un pubblico registro o - come previsto dal punto 5) - del luogo in cui si deve procedere all' esecuzione, presentano particolari elementi di collegamento con il territorio di uno Stato contraente diverso da quello designato nell' art. 2. 25 Va rilevato, in secondo luogo, che l' art. 16 non deve essere interpretato in un senso più esteso di quanto non richieda la finalità perseguita da tale norma, poiché esso ha l' effetto di privare le parti della scelta, che altrimenti spetterebbe loro, del foro competente e, in taluni casi, di portarle davanti ad un giudice che non è quello proprio del domicilio di alcune di esse (sentenze 14 dicembre 1977, causa 73/77, Sanders, Racc. pag. 2383, punti 17 e 18 della motivazione, e 10 gennaio 1990, Reichert, citata, punto 9 della motivazione). 26 Sotto tale profilo, occorre aver ben presente che l' attribuzione di competenza esclusiva ai tribunali del luogo di esecuzione della sentenza si giustifica essenzialmente per il fatto che gli organi giurisdizionali dello Stato membro nel territorio del quale l' esecuzione forzata è richiesta sono i soli competenti ad applicare le norme che disciplinano, nel territorio medesimo, l' attività degli organi incaricati dell' esecuzione. 27 In terzo luogo, si deve osservare che la relazione del comitato degli esperti che ha elaborato il testo della Convenzione (GU 1979, C 59, pag. 1) precisa che per "controversie relative all' esecuzione delle sentenze" si debbono intendere le vertenze a cui può dar luogo il "ricorso alla forza, alla coercizione o alla espropriazione di beni mobili e immobili per assicurare l' esecuzione materiale delle decisioni e degli atti" e che "le difficoltà che sorgono nel corso di tali procedure sono di competenza esclusiva del giudice del luogo di esecuzione". 28 Un' azione quale la "pauliana" nel diritto francese è diretta, come si è rilevato sopra al punto 17, a tutelare la garanzia patrimoniale del creditore richiedendo al giudice competente di disporre la revoca, nei riguardi del creditore, dell' atto dispositivo compiuto dal debitore in frode ai suoi diritti. Se da un lato, quindi, essa è volta a tutelare gli interessi del creditore, segnatamente nella prospettiva di una successiva esecuzione forzata dell' obbligazione, il suo scopo non è, dall' altro lato, quello di far dirimere una controversia sorta circa il "ricorso alla forza, alla coercizione o all' espropriazione di beni mobili ed immobili per assicurare l' esecuzione materiale delle decisioni e degli atti", e di conseguenza essa non rientra nell' ambito di applicazione dell' art. 16, punto 5), della Convenzione. Sull' art. 24 della Convenzione 29 L' art. 24 della Convenzione recita: "I provvedimenti provvisori o cautelari, previsti dalla legge di uno Stato contraente, possono essere richiesti all' autorità giudiziaria di detto Stato anche se, in forza della presente Convenzione, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato contraente". 30 La Dresdner Bank sostiene che l' azione pauliana si propone di apprestare una tutela provvisoria al creditore e costituisce quindi un "provvedimento cautelare" ex art. 24 della Convenzione. 31 Al contrario, la Commissione sostiene che l' azione pauliana non si propone il mantenimento di una data situazione di fatto o di diritto, in modo tale da provvedere alla conservazione di diritti sui quali successivamente sarà chiamato a statuire il giudice del merito, quanto piuttosto la modifica della situazione giuridica di un bene. Essa non costituisce quindi un provvedimento provvisorio né cautelare ai sensi dell' art. 24 della Convenzione. 32 Nella sentenza 27 marzo 1979 (causa 143/78, De Cavel, Racc. pag. 1055, punto 8 della motivazione) la Corte ha affermato che, dato che i provvedimenti cautelari o provvisori relativi a dei beni sono atti a garantire diritti di natura molto varia, la loro appartenenza al campo d' applicazione della Convenzione è determinata non già dalla loro natura, bensì dalla natura dei diritti che essi devono tutelare. Al punto 9 della motivazione della medesima sentenza la Corte ha aggiunto che le disposizioni dell' art. 24 non possono essere invocate per far rientrare nel campo d' applicazione della Convenzione i provvedimenti provvisori o cautelari relativi a materie che ne sono escluse. 33 Nella sentenza 21 maggio 1980 (causa 125/79, Denilauler, Racc. pag. 1553, punti 15 e 16 della motivazione) la Corte ha altresì rilevato che l' esame della funzione attribuita nell' insieme del sistema della Convenzione all' art. 24 porta alla conclusione che, per quanto riguarda tale genere di provvedimenti, è stato concepito un regime speciale onde tener conto della particolare circospezione e della conoscenza approfondita delle circostanze concrete richieste dai provvedimenti da emanarsi, nonché dalla determinazione delle modalità e delle condizioni necessarie per garantire il carattere provvisorio o cautelare del provvedimento disposto. 34 Per "provvedimenti provvisori o cautelari" ai sensi dell' art. 24 devono pertanto intendersi i provvedimenti volti, nelle materie oggetto della Convenzione, alla conservazione di una situazione di fatto o di diritto onde preservare diritti dei quali spetterà poi al giudice del merito accertare l' esistenza. 35 Un' azione quale la "pauliana" di diritto francese, se da un lato consente di tutelare la garanzia patrimoniale del creditore impedendo una diminuzione volontaria del patrimonio del debitore, non ha peraltro il fine di preservare una situazione di fatto o di diritto in attesa della decisione del giudice del merito. Essa è volta invece a far modificare dal giudice la situazione giuridica del patrimonio del debitore e di quello del terzo beneficiario disponendo la revoca, nei riguardi del creditore, dell' atto dispositivo lesivo dei diritti di quest' ultimo. Di conseguenza, siffatta azione non può qualificarsi come provvedimento provvisorio o cautelare ai sensi dell' art. 24 della Convenzione. 36 Da quanto sopra esposto consegue che si deve risolvere la questione posta dal giudice di rinvio nel senso che un' azione prevista dal diritto interno, come l' azione "pauliana" nel diritto francese, attraverso la quale un creditore miri ad ottenere la revoca, nei suoi confronti, di un atto traslativo di diritti reali immobiliari posto in essere dal suo debitore in maniera che egli ritiene in frode ai suoi diritti, non rientra nell' ambito di applicazione degli artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Decisione relativa alle spese Sulle spese 37 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, al quale spetta quindi statuire sulle spese. Dispositivo Per questi motivi, LA CORTE (Quinta Sezione), pronunciandosi sulla questione sottopostale dalla Cour d' appel di Aix-en-Provence con sentenza 7 maggio 1990, dichiara: Un' azione prevista dal diritto interno, come l' azione "pauliana" nel diritto francese, attraverso la quale un creditore miri ad ottenere la revoca, nei suoi confronti, di un atto traslativo di diritti reali immobiliari posto in essere dal suo debitore in maniera che egli ritiene in frode ai suoi diritti, non rientra nell' ambito di applicazione degli artt. 5, punto 3), 16, punto 5), e 24 della Convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l' esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

62018CJ0306

pl

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy, po pierwsze, wykładni pozycji 7307 i 7322 Nomenklatury scalonej (zwanej dalej „CN”) zawartej w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej ( Dz.U. 1987, L 256, s. 1 ), zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. ( Dz.U. 2014, L 312, s. 1 ), oraz po drugie, ważności rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/23 z dnia 5 stycznia 2015 r. dotyczącego klasyfikacji niektórych towarów według Nomenklatury scalonej ( Dz.U. 2015, L 4, s. 15 ). Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy KORADO a.s. (zwanej dalej „Korado”) a Generální ředitelství cel (generalną dyrekcją ds. ceł, Republika Czeska) w przedmiocie klasyfikacji niektórych towarów w ramach CN. Ramy prawne HS Międzynarodowa konwencja ustanawiająca zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów, sporządzona w Brukseli w dniu 14 czerwca 1983 r., oraz protokół zmian do tej konwencji z dnia 24 czerwca 1986 r. zostały zatwierdzone w imieniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej decyzją Rady 87/369/EWG z dnia 7 kwietnia 1987 r. ( Dz.U. 1987, L 198, s. 1 ). Przekształcona w Światową Organizację Celną Rada Współpracy Celnej (WCO), powołana na podstawie konwencji w sprawie jej ustanowienia, sporządzonej w Brukseli w dniu 15 grudnia 1950 r., zatwierdza na warunkach określonych w art. 8 konwencji w sprawie HS, o której mowa w poprzednim punkcie, noty wyjaśniające i opinie klasyfikacyjne do HS przygotowane przez Komitet HS. Zgodnie z art. 3 ust. 1 lit. a) wspomnianej konwencji każda z umawiających się stron zobowiązuje się do tego, że jej taryfa celna i nomenklatury statystyczne będą zgodne z HS, że będzie stosowała wszystkie pozycje i podpozycje HS bez dodatków ani modyfikacji wraz z ich odpowiednimi kodami cyfrowymi oraz że będzie przestrzegała kolejności cyfrowych HS. Ten sam przepis przewiduje, że każda z umawiających się stron zobowiązuje się również do stosowania ogólnych reguł interpretacji HS, a także wszystkich uwag dotyczących sekcji, działów i podpozycji HS oraz do tego, że nie będzie modyfikowała ich zakresu. Punkt C uwag ogólnych noty wyjaśniającej do HS dotyczącej sekcji XV, zatytułowany „Części”, ma następujące brzmienie: „[…] części ogólnego użytku (zgodnie z definicją w uwadze 2 do niniejszej sekcji), zgłoszone oddzielnie do odprawy celnej, nie są uważane za części wyrobów, lecz klasyfikowane w ramach pozycji niniejszej sekcji właściwych dla tych części. Ma to miejsce np. w przypadku specjalnych śrub do grzejników centralnego ogrzewania lub resorów samochodowych. Śruby będą klasyfikowane do pozycji 73.18 (jako śruby), a nie do pozycji 73.22 (jako części grzejników centralnego ogrzewania). Sprężyny będą klasyfikowane do pozycji 73.20 (jako sprężyny), a nie do pozycji 87.08 (jako części pojazdów samochodowych)”. Zgodnie z notą wyjaśniającą do pozycji HS 7307: „[…] Niniejsza pozycja obejmuje armaturę z żelaza lub stali stosowaną głównie do łączenia dwóch rur lub przyłączania rur do jakiegokolwiek urządzenia, lub do zaślepienia otworu rury. Niniejsza pozycja nie obejmuje jednak wyrobów używanych do montażu rur i przewodów rurowych, które nie stanowią ich integralnej części (np. wieszaki, wsporniki itp. elementy nośne, które tylko mocują lub podtrzymują rury i przewody na ścianach, opaski zaciskowe do mocowania elastycznych przewodów rurowych lub węży do sztywnych rur, kranów, złączek itp.) (poz. 73.25 lub 73.26). […] Pośród łączników rur lub przewodów rurowych objętych niniejszą pozycją znajdują się kołnierze mocowane lub kryzy, redukcje, trójniki, krzyże, korki, łączniki spawane doczołowo, złączki skrętne, rozdzielacze z wieloma złączkami, podobne złączki do balustrad rurowych, śruby z zaciskiem, tuleje, nakrętki, złączki nakrętne, syfony, rozety do rur, zaciski mocujące i pierścienie zaciskowe”. W nocie wyjaśniającej do pozycji HS 7322 stwierdza się w szczególności: „[…] Niniejsza pozycja obejmuje: […] 2) Elementy i inne części grzejników rozpoznawalne jako takie. Określenie »części« tego urządzenia nie obejmuje: a) Przewodów rurowych łączących kotły z grzejnikami i ich akcesoriami (nr 7303–7307). […]”. CN Klasyfikacja celna towarów przywożonych do Unii Europejskiej jest uregulowana w CN, która opiera się na HS. Wersją CN obowiązującą w okresie zajścia zdarzeń będących przedmiotem postępowania głównego jest wersja zawarta w rozporządzeniu nr 2658/87, zmienionym rozporządzeniem wykonawczym nr 1101/2014. Część pierwsza CN zawiera zbiór przepisów wstępnych. W tytule I, poświęconym ogólnym regułom, sekcja A ustanawia ogólne reguły interpretacji tej nomenklatury, zgodnie z którymi dokonywana jest klasyfikacja towarów w CN. W szczególności przewidziane zostało, że dla celów prawnych klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, natomiast tytuły sekcji, działów lub poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Część druga CN zawiera sekcję XV, poświęconą „Metalom nieszlachetnym i artykułom z metali nieszlachetnych”. Sekcja ta, składająca się z działów od 72 do 83, zawiera w szczególności dział 73, zatytułowany „Artykuły z żeliwa lub stali”. Uwaga 2 do sekcji XVI CN stanowi: „W całej nomenklaturze wyrażenie »części ogólnego użytku« oznacza: a) artykuły objęte pozycją 7307, 7312, 7315, 7317 lub 7318 i podobne artykuły z pozostałych metali nieszlachetnych; […]. W działach od 73 do 76 i od 78 do 82 (z wyłączeniem pozycji 7315) postanowienia dotyczące części towarów nie obejmują postanowień dotyczących »części ogólnego użytku«, określonych powyżej. […]”. Pozycja 7307 CN ma następujące brzmienie: „Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przykład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z żeliwa lub stali: […] 730793 – – Łączniki spawane doczołowo – – O największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm: […] 73079319 – – – – Pozostałe […]”. Pozycja 7322 CN ma następujące brzmienie: „Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części, z żeliwa lub stali; nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza (włączając rozdzielacze, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzowane), nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali: – Grzejniki i ich części: […] 73221900 – – Pozostałe […]”. Rozporządzenie wykonawcze 2015/23 Celem zapewnienia jednolitego stosowania CN Komisja Europejska przyjęła rozporządzenie wykonawcze 2015/23, które zgodnie z zawartym w nim art. 3 weszło w życie w dniu 28 stycznia 2015 r. Zgodnie z motywami 1–5 rozporządzenia wykonawczego 2015/23: „(1) W celu zapewnienia jednolitego stosowania [CN], stanowiącej załącznik do rozporządzenia (EWG) nr 2658/87, konieczne jest przyjęcie środków dotyczących klasyfikacji towaru określonego w załączniku do niniejszego rozporządzenia. (2) Rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 ustanowiono Ogólne reguły interpretacji [CN]. Reguły te stosuje się także do każdej innej nomenklatury, która jest w całości lub w części oparta na [CN], bądź która dodaje do niej jakikolwiek dodatkowy podpodział i która została ustanowiona szczególnymi przepisami unijnymi, w celu stosowania środków taryfowych i innych środków odnoszących się do obrotu towarowego. (3) Stosownie do wymienionych wyżej ogólnych reguł towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku należy klasyfikować do kodu CN wskazanego w kolumnie 2, na mocy uzasadnień określonych w kolumnie 3 tej tabeli. (4) Należy zagwarantować, aby wiążąca informacja taryfowa wydana odnośnie do towarów, o których mowa w niniejszym rozporządzeniu, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, mogła być nadal przywoływana przez osobę, której udzielono tej informacji, przez pewien okres, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 [z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny ( Dz.U. L 302 z 19.10.1992, s. 1 )]. Okres ten powinien wynosić trzy miesiące. (5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Kodeksu Celnego”. Artykuł 1 rozporządzenia wykonawczego 2015/23 przewiduje: „Towary opisane w kolumnie 1 tabeli zamieszczonej w załączniku klasyfikuje się w [CN] do kodu CN wskazanego w kolumnie 2 tej tabeli”. Artykuł 2 rozporządzenia wykonawczego stanowi: „Wiążąca informacja taryfowa, która nie jest zgodna z niniejszym rozporządzeniem, może być nadal przywoływana przez okres trzech miesięcy od daty wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 12 ust. 6 rozporządzenia (EWG) nr 2913/92”. Załącznik do rozporządzenia wykonawczego 2015/23 ma następujące brzmienie: „Opis towarów Klasyfikacja (kod CN) Uzasadnienie (1) (2) (3) Artykuł ze stali w kształcie litery »T«. Artykuł ze stali w kształcie litery »T«. Średnica zewnętrzna ramion wynosi 23 mm, zaś największa średnica środkowej części artykułu wynosi 40 mm. Jego boczne końce są zakończone skośnie i nadają się do spawania doczołowego, a jego trzeci koniec jest gwintowany od wewnątrz. Boczne końce mają być wspawane między panele grzejnika. Trzeci koniec jest używany do zainstalowania albo zaworu odpowietrzającego, albo zaworu regulacyjnego, albo do połączenia grzejnika z rurą, która łączy go na przykład z kotłem. Zobacz ilustracja (*). 7307 93 19 Klasyfikacja wyznaczona jest przez reguły 1 i 6 Ogólnych reguł interpretacji Nomenklatury scalonej, uwagę 2 a) do sekcji XV oraz brzmienie kodów CN 7307, 7307 93i 7307 93 19. Artykuł ma obiektywne cechy łączników rur i przewodów rurowych klasyfikowanych do pozycji 7307. Zgodnie z uwagą 2 a) do sekcji XV artykuły objęte pozycją 7307 są częściami ogólnego użytku. Ponieważ odwołania do części między innymi w rozdziale 73 nie obejmują odwołań do części ogólnego użytku, jak zdefiniowano w tej uwadze, wyklucza się klasyfikację tego artykułu do pozycji 7322 jako części grzejników centralnego ogrzewania [zob. również Noty wyjaśniające do Systemu Zharmonizowanego do pozycji 7322, pkt 2 lit. a)]. Artykuł należy zatem klasyfikować do kodu CN 7307 93 19 jako pozostałe spawane doczołowo łączniki rur lub przewodów rurowych ze stali o największej średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 609,6 mm. (*) Ilustracja ma charakter wyłącznie informacyjny”. Postępowanie główne i pytania prejudycjalne W dniu 9 listopada 2015 r. strona skarżąca w postępowaniu głównym złożyła do Celní úřad pro Olomoucký kraj (urzędu celnego regionu ołomunieckiego, Republika Czeska) wniosek o wydanie wiążącej informacji taryfowej w odniesieniu do klasyfikacji niektórych towarów. Strona skarżąca w postępowaniu głównym zaproponowała zaklasyfikowanie ich do podpozycji 73221900 CN. Towary rozpatrywane w postępowaniu głównym, z odniesieniami „T 74-32”, „T 40-32” i „L 35-32”, stanowią spawane części stalowe produkowane z przeznaczeniem dla grzejników centralnego ogrzewania, nieogrzewanych elektrycznie. Składają się one z dwóch lub trzech końców, wśród których można wyróżnić, z jednej strony, jedno lub większą liczbę ramion skonstruowanych tak, aby można je było przyłączyć do paneli grzejnika poprzez doczołowe zespawanie, oraz z drugiej strony, końcówkę wyposażoną w wewnętrzny gwint, która służy do przyłączenia albo zaworu odpowietrzającego, albo zaworu regulacyjnego, albo do przyłączenia jakiejkolwiek rury prowadzącej do źródła ogrzewania. W drodze kilku decyzji z dnia 24 listopada 2015 r. urząd celny regionu ołomunieckiego, zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym 2015/23, zaklasyfikował towary będące przedmiotem postępowania głównego do podpozycji 73079319 CN. Skarżąca w postępowaniu głównym złożyła skargi na powyższe decyzje do generalnej dyrekcji ds. ceł. Ponieważ skargi te zostały oddalone, wniosła ona odwołanie do Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (sądu okręgowego w Ostrawie, wydział w Ołomuńcu, Republika Czeska). Sąd odsyłający uważa, że nawet jeśli towary rozpatrywane w postępowaniu głównym są identyczne z produktem, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym 2015/23 lub wystarczająco do niego podobne, a zatem powinny zostać zaklasyfikowane do pozycji 7307 CN jako „łączniki rur lub przewodów rurowych z żeliwa lub stali”, a dokładniej do podpozycji 73079319 CN, taka klasyfikacja nie jest prawidłowa w szczególności z uwagi na rodzaj tych towarów. Sąd odsyłający wskazuje, że uwaga 2 do sekcji XV CN stanowi, iż towary określone w sekcji 7307 CN powinny być uważane za „części ogólnego użytku”. Sąd ten uważa, że towary będące przedmiotem postępowania głównego nie są częścią ogólnego użytku, lecz specjalną częścią grzejnika wytwarzaną dla skarżącej w postępowaniu głównym na zamówienie, zgodnie z dokumentacją techniczną opracowaną przez producenta grzejników. Z uwagi na swój rodzaj są one zatem objęte pozycją 7322 CN. Ponadto sąd odsyłający uważa, podobnie jak skarżąca w postępowaniu głównym, że towarów rozpatrywanych w postępowaniu głównym nie można uznać za akcesoria, i wskazuje on w tym względzie, iż w wyroku z dnia 26 października 2006 r., Turbon International ( C‑250/05 , EU:C:2006:681 ), Trybunał wskazał, że pojęcie „części” zakłada obecność całości, dla której funkcjonowania część ta jest niezbędna, a pojęcie „akcesoria” oznacza wymienne części lub urządzenia przeznaczone do przystosowania maszyny do poszczególnych operacji, do zwiększenia zakresu jej czynności lub do wykonywania specjalnej funkcji podrzędnej względem głównej funkcji maszyny. Zdaniem sądu odsyłającego towary będące przedmiotem postępowania głównego są niezbędne do funkcjonowania grzejnika, z którym tworzą one całość. W związku z tym nie należy uznawać ich za „łączniki rur lub przewody rurowe” w rozumieniu pozycji 7307 CN, lecz za „części” grzejników objęte pozycją 7322 CN. Biorąc pod uwagę powyższe rozważania, sąd odsyłający zastanawia się nad ważnością rozporządzenia wykonawczego 2015/23, a w szczególności nad tym, czy w rzeczonym rozporządzeniu nie rozszerzono w sposób niezgodny z prawem zakresu podpozycji 73079319 CN. W tych okolicznościach Krajský soud v Ostravě – pobočka v Olomouci (sąd okręgowy w Ostrawie, wydział w Ołomuńcu) postanowił zawiesić postępowanie i zwrócić się do Trybunału z następującymi pytaniami prejudycjalnymi: „1) Czy [rozporządzenie wykonawcze 2015/23], w którym towar opisany w kolumnie pierwszej tabeli zamieszczonej w załączniku jest klasyfikowany do podpozycji 73079319 CN, jest ważne? 2) Jeżeli to rozporządzenie jest nieważne, to czy rzeczone produkty mogą zostać klasyfikowane do podpozycji 73221900 CN? 3) Jeżeli to rozporządzenie jest ważne, to czy rzeczone produkty muszą zostać klasyfikowane do podpozycji 73079319 CN?”. W przedmiocie pytań prejudycjalnych Poprzez swoje pytania, które należy zbadać łącznie, sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, po pierwsze, czy wykładni CN należy dokonywać w ten sposób, że spawane części stalowe takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym należy klasyfikować do pozycji 7307 CN jako „łączniki rur lub przewodów rurowych”, czy też raczej do pozycji 7322 CN jako „części” grzejników, oraz po drugie, tytułem ewentualnym, czy rozporządzenie wykonawcze 2015/23 jest ważne. Na wstępie należy przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem zadanie Trybunału związane ze skierowanym do niego odesłaniem prejudycjalnym w zakresie klasyfikacji taryfowej polega przede wszystkim na wyjaśnieniu sądowi krajowemu kryteriów, których zastosowanie pozwoli mu na prawidłową klasyfikację spornych towarów w ramach CN, a nie na dokonaniu tej klasyfikacji przez Trybunał, tym bardziej że Trybunałowi nie zawsze są znane wszystkie niezbędne w tym celu szczegóły. Sąd krajowy wydaje się zatem w każdym wypadku znajdować w lepszej sytuacji, by dokonać tej klasyfikacji (zob. w szczególności wyrok z dnia 25 lutego 2016 r., G.E. Security, C‑143/15 , EU:C:2016:115 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). Do sądu odsyłającego należeć więc będzie dokonanie klasyfikacji towarów będących przedmiotem postępowania głównego w świetle odpowiedzi udzielonych przez Trybunał na przedłożone mu pytania. W celu udzielenia sądowi odsyłającemu użytecznej odpowiedzi należy przede wszystkim podkreślić, że ogólne reguły interpretacji CN stanowią, iż klasyfikację towarów należy ustalać zgodnie z brzmieniem pozycji i uwag do sekcji lub działów, natomiast tytuły sekcji, działów lub poddziałów mają znaczenie wyłącznie orientacyjne. Noty wyjaśniające do CN, jak również noty wyjaśniające do HS, mimo iż brak im mocy wiążącej, przyczyniają się w istotny sposób do interpretacji zakresu poszczególnych pozycji taryfowych (wyrok z dnia 12 czerwca 2014 r., Łukojł Neftochim Burgas, C‑330/13 , EU:C:2014:1757 , pkt , i przytoczone tam orzecznictwo). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem w interesie pewności prawa i ułatwienia kontroli decydującego kryterium dla klasyfikacji taryfowej towarów należy poszukiwać zasadniczo w ich obiektywnych cechach i właściwościach, takich jak określone w pozycjach CN oraz uwagach do sekcji lub działów (wyrok z dnia 25 lutego 2016 r., G.E. Security, C‑143/15 , EU:C:2016:115 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). Trybunał orzekł również, że przeznaczenie produktu może stanowić obiektywne kryterium klasyfikacji, o ile jest ono właściwe temu produktowi, co daje się ocenić na podstawie jego obiektywnych cech i właściwości (wyroki: z dnia 13 lipca 2006 r., Uroplasty, C‑514/04 , EU:C:2006:464 , pkt ; z dnia 26 kwietnia 2017 r., Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16 , EU:C:2017:298 , pkt ). W sprawie w postępowaniu głównym sąd odsyłający dąży w istocie do ustalenia, do jakiej pozycji CN, czyli 7307 CN czy 7322 CN, należy zaklasyfikować spawane części stalowe tego rodzaju co stanowiące przedmiot postępowania głównego. W tym względzie z brzmienia pozycji 7307 CN wynika, że obejmuje ona łączniki rur lub przewodów rurowych, takie jak złączki nakrętne, kolanka i tuleje z żeliwa lub stali. Ponadto zgodnie z notą wyjaśniającą do HS dotyczącą pozycji HS 7307 pozycja ta zawiera armaturę z żelaza lub stali, stosowaną głównie do łączenia dwóch rur lub przyłączania rur do jakiegokolwiek urządzenia, lub do zaślepienia otworu rury. Brzmienie pozycji 7322 CN wskazuje ze swej strony, że pozycja ta obejmuje grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich części z żeliwa, żelaza lub stali. Z powyższego wynika, że dla celów klasyfikacji spawanych części stalowych tego rodzaju co stanowiące przedmiot postępowania głównego należy ustalić, czy stanowią one „łączniki rur lub przewodów rurowych” w rozumieniu pozycji 7307 CN, czy też „części” grzejników w rozumieniu pozycji 7322 CN. Należy zauważyć w tym względzie, że jakkolwiek CN nie definiuje pojęcia „części” w rozumieniu pozycji 7322 CN, z orzecznictwa Trybunału rozwiniętego w kontekście działów 84 i 85 sekcji XVI oraz działu 90 sekcji XVIII CN wynika, iż pojęcie „części” zakłada istnienie całości, dla której funkcjonowania części te są niezbędne. Dla celów klasyfikacji towaru jako „części” w rozumieniu wskazanych działów nie jest wystarczające wykazanie, że bez owego towaru maszyna lub urządzenie nie byłyby w stanie wykonać zadań, dla których zostały przeznaczone. Należałoby ponadto wykazać, że mechaniczne lub elektryczne funkcjonowanie danej maszyny lub urządzenia jest uzależnione od owego towaru (wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r., HARK, C‑450/12 , EU:C:2013:824 , pkt ). W interesie spójnego i jednolitego stosowania Wspólnej taryfy celnej pojęciu „części” w rozumieniu pozycji 7322 CN należy nadać tę samą definicję co definicja wynikająca z orzecznictwa wydanego w kontekście innych działów CN (zob. analogicznie wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r., HARK, C‑450/12 , EU:C:2013:824 , pkt ). W niniejszej sprawie z akt sprawy, którymi dysponuje Trybunał, wynika, że spawane części stalowe tego rodzaju co stanowiące przedmiot postępowania głównego są niezbędne do funkcjonowania grzejników, z którymi są połączone i z którymi tworzą całość. W związku z tym mogą one zostać zakwalifikowane jako „części” grzejników, objęte pozycją 7322 CN. Należy jednak przypomnieć, że Trybunał orzekł już, iż klasyfikacja określonego produktu w ramach pozycji 7307 CN jako „łączniki rur lub przewodów rurowych”, a zatem jako „części ogólnego użytku” w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XV CN, wyklucza klasyfikację tego produktu jako „części” objęte inną pozycją CN (wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r., HARK, C‑450/12 , EU:C:2013:824 , pkt – ). Zgodnie bowiem z treścią uwagi 2 do sekcji XV CN postanowienia dotyczące „części”, zawarte w rozdziałach 73–76 oraz 78–82 CN, nie obejmują „części ogólnego użytku”. W uwadze 2 do sekcji XV CN wskazano, że towary objęte w szczególności pozycją 7307 CN obejmują „części ogólnego użytku”. W związku z tym należy zbadać, czy spawane części stalowe takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym należy klasyfikować jako „łączniki rur lub przewodów rurowych”, objęte pozycją 7307 CN, a zatem jako „części ogólnego użytku” w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XV CN, co wykluczałoby klasyfikację tych towarów jako „części” grzejników objętych pozycją 7322 CN. W tym względzie należy podkreślić, że aby dany produkt można było zakwalifikować jako „części ogólnego użytku” w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XV CN, powinien on, na podstawie swoich obiektywnych cech i właściwości oraz właściwego mu przeznaczenia, służyć do połączenia dwóch rur lub przyłączenia rur do jakiegokolwiek urządzenia (zob. podobnie wyrok z dnia 12 grudnia 2013 r., HARK, C‑450/12 , EU:C:2013:824 , pkt , ). W niniejszym przypadku, jak zaznaczono w pkt 23 niniejszego wyroku, spawane części stalowe składają się z dwóch lub trzech końców, wśród których można wyróżnić, z jednej strony, jedno lub większą liczbę ramion skonstruowanych tak, aby można je było przyłączyć do paneli grzejnika poprzez doczołowe zespawanie, oraz z drugiej strony, końcówkę wyposażoną w wewnętrzny gwint, która służy do przyłączenia albo zaworu odpowietrzającego, albo zaworu regulacyjnego, albo do przyłączenia jakiejkolwiek rury prowadzącej do źródła ogrzewania. Ponadto skarżąca w postępowaniu głównym przyznała na rozprawie przed Trybunałem, że średnica wewnętrznego gwintu, w który są wyposażone spawane części stalowe rozpatrywane w postępowaniu głównym, odpowiada standardowej średnicy stosowanej ogólnie w przypadku łączników rur i przewodów rurowych. Wynika stąd, że spawane części stalowe takie jak rozpatrywane w postępowaniu głównym, z zastrzeżeniem oceny przez sąd odsyłający wszystkich dostępnych mu okoliczności faktycznych, należy klasyfikować jako „łączniki rur lub przewodów rurowych” w rozumieniu uwagi 2 do sekcji XV CN, a w szczególności jako „łączniki rur lub przewodów rurowych” objęte pozycją 7307 CN. Co się tyczy ważności rozporządzenia wykonawczego 2015/23, należy przypomnieć, że z orzecznictwa wynika, po pierwsze, iż rozporządzenie klasyfikacyjne jest przyjmowane przez Komisję, gdy klasyfikacja danego produktu w ramach CN może sprawiać trudności lub być przedmiotem sporów, oraz po drugie, że rozporządzenie takie ma zakres generalny, jako że ma zastosowanie nie do konkretnych podmiotów, lecz do ogółu produktów identycznych z produktem będącym przedmiotem danej klasyfikacji (wyroki: z dnia 19 lutego 2009 r., Kamino International Logistics, C‑376/07 , EU:C:2009:105 , pkt ; z dnia 26 kwietnia 2017 r., Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16 , EU:C:2017:298 , pkt i przytoczone tam orzecznictwo). W niniejszej sprawie informacje zawarte w postanowieniu odsyłającym nie pozwalają na jasne określenie, czy spawane części stalowe rozpatrywane w postępowaniu głównym są identyczne z produktem, o którym mowa w rozporządzeniu wykonawczym 2015/23, a zatem, czy rozporządzenie to ma zastosowanie do takich części. Nawet zakładając, że wspomniane rozporządzenie wykonawcze ma zastosowanie, Trybunał orzekł już, iż takie stosowanie nie jest konieczne, gdy Trybunał w swojej odpowiedzi na pytanie prejudycjalne udziela sądowi odsyłającemu wszystkich informacji niezbędnych do dokonania klasyfikacji danego produktu do odpowiedniej pozycji CN (wyrok z dnia 26 kwietnia 2017 r., Stryker EMEA Supply Chain Services, C‑51/16 , EU:C:2017:298 , pkt ). W związku z tym, ponieważ z powyższych rozważań wynika, że Trybunał dostarczył sądowi odsyłającemu wszystkich informacji niezbędnych do zaklasyfikowania spawanych części stalowych będących przedmiotem postępowania głównego do odpowiedniej pozycji CN, nie ma potrzeby orzekania w przedmiocie ważności rozporządzenia wykonawczego 2015/23. Biorąc pod uwagę całość powyższych rozważań, na zadane pytania należy odpowiedzieć, że CN należy interpretować w ten sposób, iż spawane części stalowe będące przedmiotem postępowania głównego, z zastrzeżeniem oceny przez sąd odsyłający wszystkich dostępnych mu okoliczności faktycznych, należy zaklasyfikować do pozycji 7307 CN jako „łączniki rur lub przewodów rurowych”. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniach głównych, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (ósma izba) orzeka, co następuje: Nomenklaturę scaloną zawartą w załączniku I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej, zmienionego rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 1101/2014 z dnia 16 października 2014 r. należy interpretować w ten sposób, że spawane części stalowe będące przedmiotem postępowania głównego, z zastrzeżeniem oceny przez sąd odsyłający wszystkich dostępnych mu okoliczności faktycznych, należy zaklasyfikować do pozycji 7307 Nomenklatury scalonej jako „łączniki rur lub przewodów rurowych”. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: czeski.

62009CJ0009

cs

Nesplnění povinnosti státem – Nepřijetí nebo neoznámení předpisů nezbytných k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk (Úř. věst. L 102, s. 48; Zvl. vyd. 15/08, s. 291) ve stanovené lhůtě Výrok 1) Belgické království tím, že ve stanovené lhůtě nepřijalo všechny právní a správní předpisy nezbytné k dosažení souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk, nesplnilo povinnosti, které pro něj z této směrnice vyplývají. 2) Belgickému království se ukládá náhrada nákladů řízení.

61999CJ0382

pt

Fundamentação jurídica do acórdão 1 Por petição entrada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 9 de Outubro de 1999, o Reino dos Países Baixos pediu, nos termos do artigo 230._, primeiro parágrafo, CE, a anulação parcial da Decisão 1999/705/CE da Comissão, de 20 de Julho de 1999, relativa a um auxílio estatal dos Países Baixos a favor de 633 estações de serviço neerlandesas ao longo da fronteira com a Alemanha (JO L 280, p. 87, a seguir «decisão»), na medida em que declara que os auxílios concedidos a determinadas categorias de estações de serviço são incompatíveis com o mercado comum e com o funcionamento do Acordo sobre o Espaço Económico Europeu, de 2 de Maio de 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, a seguir «acordo EEE»), e determina a recuperação dos auxílios já concedidos. 2 O artigo 92._, n._ 1, do Tratado CE (que passou, após alteração, a artigo 87._, n._ 1, CE) dispõe: «Salvo disposição em contrário do presente Tratado, são incompatíveis com o mercado comum, na medida em que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções.» 3 A comunicação 96/C 68/06 da Comissão, relativa aos auxílios de minimis, publicada no Jornal Oficial das Comunidades Europeias de 6 de Março de 1996 (JO C 68, p. 9, a seguir «comunicação»), aborda o conceito de «afectação das trocas comerciais entre Estados-Membros», constante do artigo 92._, n._ 1, do Tratado, de forma mais específica. Nos termos do primeiro parágrafo da comunicação: «Se é um facto que qualquer intervenção financeira do Estado a favor de uma empresa falseia ou ameaça falsear, em maior ou menor grau, a concorrência entre essa empresa e os seus concorrentes que não beneficiaram de tal auxílio, nem todos os auxílios têm contudo um impacte sensível no comércio e na concorrência entre Estados-Membros. É o que acontece em especial com os auxílios de montante muito reduzido.» 4 É por esta razão que, de acordo com o segundo parágrafo da comunicação, se pode considerar que o n._ 1 do artigo 92._ do Tratado é inaplicável aos auxílios cujo montante máximo seja de 100 000 ecus (actualmente, 100 000 euros) concedidos para um período de três anos, com início no momento da concessão do primeiro auxílio de minimis. Este montante cobre todas as categorias de auxílios, independentemente da sua forma e do seu objectivo, à excepção dos auxílios à exportação que não podem beneficiar desta medida. Os auxílios de minimis que não foram notificados à Comissão não afectam a possibilidade de o beneficiário receber outros auxílios com base em regimes aprovados pela Comissão. 5 O último parágrafo da comunicação recorda igualmente que «[a] Comissão tem o dever de assegurar que os Estados-Membros não concedem às suas empresas auxílios incompatíveis com o mercado comum» e que se reserva «o direito de tomar as medidas adequadas em relação aos auxílios que respeitem a regra de minimis mas que violem outras disposições do Tratado». O mesmo parágrafo refere que os Estados-Membros devem facilitar o desempenho da missão da Comissão, de controlo da compatibilidade dos auxílios concedidos com o mercado comum. É-lhes pedido, em especial, que criem «um mecanismo de controlo que permita assegurar que da cumulação de diferentes auxílios concedidos a um mesmo beneficiário a título de auxílios de minimis não resulta um montante total deste tipo de auxílios superior a 100 000 ecus num período de três anos». Além disso, a concessão de um auxílio de minimis ou as modalidades de um regime que preveja a concessão desse tipo de auxílios deve incluir uma condição expressa que preveja que «um auxílio suplementar concedido à mesma empresa a título da regra de minimis não deve fazer com que o montante total do auxílio de minimis de que a empresa beneficia ultrapasse o limite de 100 000 ecus num período de três anos. Este mecanismo deve igualmente permitir aos Estados-Membros responder a eventuais questões que a Comissão possa levantar». Os factos do litígio e a decisão 6 A partir de 1 de Julho de 1997, os impostos especiais sobre o consumo de gasolina, gasóleo e gás líquido, cobrados nos Países Baixos, aumentaram na proporção de, respectivamente, 0,11 NLG, 0,05 NLG e 0,08 NLG por litro. Contudo, consciente de que esse aumento teria consequências prejudiciais para os revendedores neerlandeses que exploram estações de serviço situadas, designadamente, ao longo da fronteira alemã, o legislador neerlandês previu, no artigo VII da Wet tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (lei que altera certas leis fiscais, Stbl. 1996, p. 654), de 20 de Dezembro de 1996, a possibilidade de se adoptarem medidas temporárias para reduzir, na zona fronteiriça, a diferença entre as taxas dos impostos especiais sobre o consumo decorrentes do referido aumento e a carga fiscal destes mesmos impostos sobre os óleos ligeiros existente na Alemanha. 7 Assim, o Reino dos Países Baixos adoptou, em 21 de Julho de 1997, a Tijdelijke regeling subsidie tankstations grensstreek Duitsland (regime temporário relativo ao subsídio a favor das estações de serviço situadas ao longo da fronteira com a Alemanha, Stcrt. 1997, p. 138), alterado por Decreto ministerial de 15 de Dezembro de 1997 (Stcrt. 1997, p. 241, a seguir «regime temporário»). Este regime, entrado retroactivamente em vigor em 1 de Julho de 1997, previa a concessão de um subsídio de 0,10 NLG por litro de gasolina fornecido aos revendedores situados até 10 km da fronteira entre os Países Baixos e a Alemanha e de 0,05 NLG por litro de gasolina fornecido aos revendedores situados entre 10 km e 20 km dessa fronteira. Precisava que, em caso de aumento dos impostos especiais sobre o consumo alemães, a diferença de carga fiscal destes impostos, que justificava o regime de subsídios, diminuiria. O montante dos subsídios seria, então, reduzido na proporção de, respectivamente, 10/11 e 5/11 do contravalor em moeda neerlandesa do aumento dos impostos especiais sobre o consumo alemães. Se, na sequência dessa redução, o montante dos subsídios atribuídos aos revendedores situados até 10 km da fronteira viesse a ser inferior a 0,025 NLG por litro, o regime temporário seria, na sua totalidade, inoperante. 8 A fim de satisfazer os critérios da comunicação, o regime temporário fixava um limite de subsídio correspondente, para um período de três anos (de 1 de Julho de 1997 a 30 de Junho de 2000, inclusive), a 100 000 ecus, quer dizer, o limite fixado pela comunicação. Além disso, o auxílio previsto pelo regime temporário era um auxílio por requerente, significando este termo qualquer pessoa singular ou colectiva por cuja conta e risco são exploradas uma ou várias estações de serviço, bem como os seus sucessores. 9 Uma alteração do regime temporário, tendo por objecto a fixação do subsídio, já não por requerente, mas por estação de serviço, foi posteriormente encarada (a seguir «projecto de alteração»). Este projecto justificava-se pela vontade de eliminar o desequilíbrio que se criara entre as estações de serviço relativamente ao montante dos subsídios. Com efeito, determinados requerentes, que possuíam várias estações de serviço, apenas recebiam 100 000 ecus no total, enquanto outros, que apenas possuíam uma, recebiam o mesmo montante. 10 Querendo certificar-se da validade, à luz da comunicação, do projecto de alteração do regime temporário, o Governo neerlandês, por ofício de 14 de Agosto de 1997, informou a Comissão desse projecto, precisando que, «caso a Comissão considere que o regime [proposto] deve, contudo, ser notificado nos termos do artigo 93._, n._ 3, do Tratado CE, o Governo neerlandês solicita que o presente ofício seja considerado uma notificação» (a seguir «notificação condicional»). 11 A Comissão procedeu, nos termos do artigo 93._, n._ 3, do Tratado CE (actual artigo 88._, n._ 3, CE), a um exame preliminar do regime temporário e do projecto de alteração deste, para se certificar que as medidas em causa, já em execução ou em projecto, não eram susceptíveis de favorecer formas de cumulação de auxílios proibidas pela comunicação. A Comissão receava, concretamente, que o regime temporário e o projecto de alteração dessem às grandes companhias petrolíferas a possibilidade de, indirectamente, beneficiarem do auxílio concedido aos diversos revendedores aos quais estão ligadas, tornando inoperantes as «cláusulas de gestão de preços» constantes de determinados acordos de compra exclusiva celebrados entre elas e os seus distribuidores. 12 No n._ 84 dos fundamentos da decisão, a Comissão definiu as cláusulas de gestão de preços da seguinte forma: «O objectivo da cláusula SGP [sistema de gestão de preços] consiste em proteger o volume de negócios do revendedor contra estações concorrentes situadas na sua proximidade. A cláusula SGP estipula, regra geral, que a companhia petrolífera pode assumir uma parte dos custos resultantes de reduções de preço `na bomba' concedidas pelo revendedor, desde que as condições de mercado a nível nacional e/ou internacional tornem desejável ou necessário um ajustamento temporário ou a longo prazo destes descontos. Frequentemente, é necessária uma consulta entre as partes antes de introduzir tais descontos. O grau de assistência do fornecedor ao revendedor é estabelecido no acordo através de uma tabela de repartição ou de um acordo de participação. Regra geral, o respectivo montante é deduzido directamente na factura.» 13 A fim de apurar se o auxílio podia ter um efeito cumulativo, a Comissão pediu às autoridades neerlandesas que lhe dessem informações sobre a estrutura de propriedade das 633 estações de serviço situadas ao longo da fronteira germano-neerlandesa e que, por essa razão, poderiam beneficiar do auxílio, a lista dos acordos de distribuição que vinculavam as estações de serviço aos seus fornecedores, uma indicação do número total de estações de serviço nos Países Baixos, bem como a quota de mercado global das 633 estações de serviço referidas. 14 Não ficando satisfeita com as respostas apresentadas pelas autoridades neerlandesas e receando que o regime temporário e o projecto de alteração deste não pudessem impedir situações de cumulação de auxílios proibidas pela comunicação, a Comissão decidiu, em Junho de 1998, dar início ao procedimento previsto no artigo 93._, n._ 2, do Tratado (v. JO 1998, C 307, p. 10). No termo desse procedimento, declarou, na decisão, que uma parte dos auxílios litigiosos era incompatível com o mercado comum e que a outra parte estava abrangida pela regra de minimis. 15 Na sua decisão, a Comissão classificou as estações de serviço em seis categorias: - a dos revendedores proprietários («dealer-owned/dealer-operated», a seguir «Do/Do»), em que o revendedor é também proprietário da estação de serviço que explora assumindo os riscos dessa exploração e está ligado à companhia petrolífera por um acordo de compra exclusiva sem cláusula de gestão de preços; - a dos revendedores que arrendam a estação de serviço («company-owned/dealer-operated», a seguir «Co/Do»), em que o revendedor é locatário da estação de serviço que explora assumindo os riscos dessa exploração e está ligado, enquanto locatário, à companhia petrolífera por um acordo de compra exclusiva sem cláusula de gestão de preços; - a das estações de serviço relativamente às quais as autoridades neerlandesas não deram informações ou apenas forneceram informações parciais; - a dos revendedores assalariados («company-owned/company-operated», a seguir «Co/Co»), em que a estação de serviço é explorada por empregados ou por filiais da companhia petrolífera, que não assumem os riscos da exploração e não podem escolher livremente os seus fornecedores; a Comissão subdividiu esta categoria em duas subcategorias: a das estações de serviço Co/Co «puras», em que a estação de serviço é propriedade da companhia petrolífera e é explorada por esta, e a da das estações de serviço Co/Co «de facto», em que um mesmo revendedor solicita várias vezes um auxílio, aparecendo, assim, repetidas vezes na lista dos beneficiários; - a das estações de serviço Do/Do, ligadas por uma cláusula de gestão de preços segundo a qual a companhia petrolífera assume, eventualmente, uma parte das reduções de preços praticados na «bomba» pelo revendedor que explora a estação de serviço; e, por último, - a das estações de serviço Co/Do, ligadas por uma cláusula de gestão de preços. 16 Quanto às duas primeiras categorias, a Comissão entendeu que não existia risco de cumulação e considerou que a regra de minimis era aplicável (artigo 1._ da decisão). 17 Quanto à terceira categoria, a Comissão entendeu não ser de excluir a existência de uma cumulação de auxílios proibida. Assim, segundo a Comissão, o auxílio concedido às estações de serviço em causa era incompatível com o mercado comum e com o funcionamento do acordo EEE, na medida em que podia exceder 100 000 euros por beneficiário durante um período de três anos [artigo 2._, primeiro parágrafo, alínea a), da decisão]. 18 Quanto à quarta categoria, a Comissão entendeu também não ser de excluir que tivessem existido auxílios incompatíveis com o mercado comum e com o funcionamento do acordo EEE a favor de companhias que possuem e exploram várias estações de serviço, na medida em que, tendo em conta a cumulação, os auxílios podiam exceder 100 000 euros por beneficiário durante um período de três anos [artigo 2._, primeiro parágrafo, alínea b), da decisão]. 19 Por fim, quanto às duas últimas categorias, a Comissão entendeu que também existia, nas mesmas condições, um risco de cumulação de auxílios a favor das companhias petrolíferas em causa. Segundo a Comissão, o fornecedor beneficiava completa ou parcialmente do auxílio concedido aos revendedores, uma vez que estes últimos não podiam invocar a cláusula de gestão de preços ou apenas o podiam fazer com menor amplitude [artigo 2._, primeiro parágrafo, alíneas c) e d), e segundo parágrafo, da decisão]. 20 A Comissão considerou que as medidas não abrangidas pela regra de minimis tomadas pelo Governo neerlandês constituíam auxílios na acepção do artigo 92._, n._ 1, do Tratado (v. n.os 88 a 93 dos fundamentos da decisão) e que esses auxílios não eram justificados por uma das derrogações previstas no artigo 92._, n.os 2 e 3, do Tratado (v. n.os 94 a 102 dos fundamentos da decisão). Consequentemente, declarou esses auxílios incompatíveis com o mercado comum (artigo 2._ da decisão) e ordenou a sua recuperação (artigo 3._ da decisão). Quanto ao mérito 21 Em apoio do seu recurso, o Governo neerlandês acusa a Comissão de, genericamente, ter ignorado o carácter vinculativo, para si, da comunicação, ao recusar-se a considerar que o regime temporário e o projecto de alteração deste eram compatíveis com a regra de minimis. Mais concretamente, este governo alega que a Comissão violou o artigo 92._, n._ 1, do Tratado, a regra de minimis, os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da protecção da confiança legítima, o dever de cooperação leal enunciado no artigo 5._ do Tratado CE (actual artigo 10._ CE), a exigência de suficiente precisão da decisão, decorrente do artigo 189._ do Tratado CE (actual artigo 249._ CE), bem como o dever de fundamentação enunciado no artigo 190._ do Tratado CE (actual artigo 253._ CE): - ao considerar que a concessão de um auxílio de minimis por estação de serviço, quando o mesmo requerente explora várias estações de serviço, integra o âmbito do artigo 92._, n._ 1, do Tratado e não o da comunicação; - ao fazer, sem justificação, uma distinção entre as estações de serviço Co/Co «puras» e as estações de serviço Co/Co «de facto»; - ao presumir a existência de um auxílio indirecto a favor das companhias petrolíferas ligadas às estações de serviço por um acordo de compra exclusiva com uma cláusula de gestão de preços; - ao considerar que a concessão dos auxílios em benefício das estações de serviço relativamente às quais as autoridades neerlandesas não deram informações ou forneceram informações parciais integrava o âmbito do artigo 92._, n._ 1, do Tratado e não o da comunicação; - ao ignorar, na sua apreciação da compatibilidade das medidas litigiosas com o mercado comum, o objectivo de protecção do ambiente prosseguido pelo Governo neerlandês; e - ao impor a recuperação dos auxílios. Quanto ao carácter vinculativo da comunicação 22 O Governo neerlandês entende que, na medida em que o montante dos auxílios pagos às estações de serviço fronteiriças não ultrapassa o limiar dos 100 000 euros previsto na comunicação, a Comissão devia ter considerado que o regime temporário e o projecto de alteração deste eram compatíveis com o mercado comum. Com efeito, a presunção que está ligada à regra de minimis tem carácter inilidível, tal como resulta, aliás, dos n.os 68 e 69 dos fundamentos da decisão. Além do carácter absoluto dessa regra, a Comissão teria também violado os princípios da segurança jurídica, da protecção da confiança legítima e da igualdade de tratamento. 23 A Comissão contesta ter violado o carácter inilidível da presunção que está ligado à regra de minimis, pois, na sua opinião, as condições estritas da sua aplicação, impostas pela comunicação, não estavam preenchidas no caso em apreço. Em concreto, sustenta que as medidas litigiosas são susceptíveis de ter efeitos cumulativos proibidos pela comunicação, quer porque um proprietário possui várias estações de serviço quer porque o fornecedor controla de facto o revendedor através de um contrato de compra exclusiva (v. n._ 69 dos fundamentos da decisão). 24 A este respeito, importa recordar que a Comissão pode dotar-se de linhas directrizes para o exercício dos seus poderes de apreciação, particularmente em matéria de auxílios de Estado. Desde que não se afastem das regras do Tratado, as regras indicativas que essas directrizes contêm impõem-se à instituição (v. acórdãos de 24 de Fevereiro de 1987, Deufil/Comissão, 310/85, Colect., p. 901, n._ 22; de 24 de Março de 1993, CIRFS e o./Comissão, C-313/90, Colect., p. I-1125, n.os 34 e 36; e de 15 de Outubro de 1996, IJssel-Vliet, C-311/94, Colect., p. I-5023, n._ 42). 25 A comunicação precisa, assim, a forma como a Comissão deve apreciar a afectação, através de uma medida de auxílio, das trocas comerciais entre Estados-Membros, estabelecendo o princípio nos termos do qual um auxílio «de montante muito reduzido» não tem «impacte sensível no comércio e na concorrência entre Estados-Membros». A comunicação fixa, assim, no seu segundo parágrafo, primeiro travessão, o limiar de auxílio abaixo do qual o artigo 92._, n._ 1, do Tratado não se aplica - de forma que o auxílio em causa deixa de estar sujeito à obrigação de ser previamente notificado à Comissão, prevista no artigo 93._, n._ 3, do Tratado - num montante máximo de 100 000 euros pago ao longo de um período de três anos, com início no momento da concessão do primeiro auxílio de minimis. 26 Contudo, a comunicação precisa também, no seu último parágrafo, que os Estados-Membros devem facilitar a missão de controlo atribuída à Comissão e subordina a aplicação da regra de minimis ao respeito da condição de não cumulação, segundo a qual um auxílio suplementar concedido à mesma empresa beneficiária a título de auxílio de minimis não deve fazer com que o montante total desse tipo de auxílio ultrapasse o limite de 100 000 euros num período de três anos. 27 Ora, no presente caso, a Comissão acusa o Governo neerlandês de não ter respeitado a condição de não cumulação (v., em especial, os n.os 69 e 71 a 75 dos fundamentos da decisão). A Comissão limitou-se, portanto, a verificar se as condições de aplicação da regra de minimis estavam reunidas, sem acrescentar novas condições às linhas directrizes da comunicação. 28 O fundamento relativo ao carácter vinculativo da comunicação não tem base factual, pelo que deve ser julgado improcedente. Quanto ao risco de cumulação de auxílios 29 O Governo neerlandês acusa a Comissão de ter considerado que a concessão de subsídios limitados por estação de serviço não podia ficar abrangida pela regra de minimis devido ao risco de cumulação de auxílios a favor de um mesmo beneficiário efectivo, especialmente quando o requerente explora várias estações de serviço. A Comissão violou, assim, o artigo 92._, n._ 1, do Tratado, a regra de minimis, os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da protecção da confiança legítima. 30 Segundo o Governo neerlandês, na hipótese de um auxílio concedido por estação de serviço, a mesma estação de serviço nunca poderá obter mais do que uma vez o auxílio de minimis. O facto de as 633 estações de serviço subsidiadas serem consideradas empresas distintas ou fazerem parte, em determinados casos, de entidades económicas maiores não tem qualquer incidência económica no comércio entre Estados-Membros e na concorrência. 31 No mínimo, a decisão infringia o dever de fundamentação enunciado no artigo 190._ do Tratado, na medida em que não precisava as razões ou, pelo menos, não indicava razões claras para a regra de minimis não poder ser aplicada por estação de serviço caso uma estação de serviço fizesse parte de uma entidade económica maior. 32 Segundo a Comissão, o controlo da inexistência de cumulação exige a identificação do beneficiário real do auxílio. Pode acontecer que seja uma estação de serviço, mas também pode acontecer que seja uma entidade económica maior, como uma companhia petrolífera, quando essa companhia não tivesse de pagar, ou tivesse pago, às estações de serviço às quais está ligada por uma cláusula de gestão de preços, montantes compensatórios menos elevados do que se o auxílio não existisse. 33 A Comissão contesta, igualmente, ter violado o dever de fundamentação, uma vez que a decisão precisa as razões por que considerou que o limiar de minimis não era respeitado. 34 A este respeito, no que se refere ao dever de fundamentação, resulta do n._ 74 dos fundamentos da decisão que, segundo a Comissão, para as necessidades de aplicação da regra de minimis, há que «determinar quem beneficia de facto do auxílio e se o limiar de minimis foi respeitado para cada beneficiário». Por outro lado, no n._ 69 dos fundamentos da decisão, a Comissão precisou que existe um «risco de cumulação» quando «um proprietário possui várias estações de serviço» ou quando «o fornecedor controla de facto o revendedor através de um contrato de compra exclusiva». Resulta igualmente do n._ 82 dos fundamentos da decisão que situações de cumulação de auxílios, proibidas pela comunicação, surgem quando a «mesma empresa possui e explora várias estações de serviço» ou quando o «mesmo revendedor solicita várias vezes um auxílio, aparecendo assim repetidas vezes na lista dos requerentes elegíveis». 35 Tal fundamentação, que revela de forma clara e não equívoca o raciocínio da Comissão, permitiu ao Governo neerlandês conhecer as razões por que esta instituição entendeu que o regime em causa, de atribuição de auxílios, mesmo limitados, por estação de serviço, não está abrangido pela regra de minimis e permite ao Tribunal de Justiça exercer a sua fiscalização. 36 Consequentemente, a decisão cumpre o dever de fundamentação enunciado no artigo 190._ do Tratado. 37 Quanto ao mérito, há que observar que o regime em causa, na medida em que prevê o pagamento dos auxílios por estação de serviço, abre, por definição, a possibilidade de o proprietário de várias estações de serviço por si exploradas receber tantos auxílios quantas as estações de serviço que possui. Tal mecanismo comporta, portanto, o risco de que o limiar de minimis por beneficiário seja ultrapassado, o que é proibido pela comunicação. 38 A Comissão concluiu igualmente, com razão, pela existência de um risco de cumulação comparável quando uma companhia petrolífera exerce um controlo de facto sobre os revendedores que exploram estações de serviço, cuja liberdade estaria limitada por acordos exclusivos de compra e de locação. Nesse caso, tal como resulta dos n.os 60 a 66 do presente acórdão, a companhia petrolífera podia igualmente ser considerada beneficiária real dos auxílios concedidos às estações de serviço, na medida em que a sua concessão torna inútil uma cláusula de gestão de preços. 39 Nestas condições, a Comissão não excedeu o seu poder de apreciação nem violou os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da protecção da confiança legítima, ao considerar que o regime de concessão dos auxílios limitados por estação de serviço, devido ao risco do não respeito da condição de não cumulação que comporta, não preenche as condições que lhe permitem integrar o âmbito de aplicação da comunicação. 40 Há, portanto, que negar provimento ao fundamento relativo ao risco de cumulação de auxílios. Quanto à distinção entre as estações de serviço Co/Co «puras» e as estações de serviço Co/Co «de facto» 41 O Governo neerlandês entende que a Comissão, no âmbito da distinção que efectou entre as categorias de estações de serviço Co/Co «puras» e de «facto», infringiu o artigo 92._, n._ 1, do Tratado, a regra de minimis, os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da protecção da confiança legítima, a exigência de suficiente precisão da decisão decorrente do artigo 189._ do Tratado, bem como o dever de fundamentação enunciado no artigo 190._ do Tratado. 42 O Governo neerlandês observa que, no n._ 82, alínea a), dos fundamentos da decisão, a Comissão considerou que 28 estações de serviço se inseriam na categoria das Co/Co «puras», quer dizer, pertenciam à mesma companhia petrolífera e eram por ela exploradas, sem ter precisado as circunstâncias de facto e de direito que estavam na base desta conclusão nem identificado as companhias petrolíferas que, segundo a Comissão, possuíam várias estações de serviço e estavam assim em condições de beneficiar de vários auxílios de minimis. 43 Da mesma forma, a Comissão identificou, no n._ 82, alínea b), dos fundamentos da decisão, 21 estações de serviço como pertencentes à categoria das Co/Co «de facto», quer dizer, abrangidas pela hipótese em que revendedores que exploram várias estações de serviço apresentaram mais do que um pedido de auxílio e apareceram, assim, várias vezes na lista dos beneficiários, sem também ter precisado quais desses beneficiários eram, em seu entender, idênticos e as circunstâncias de facto e de direito em que se apoiou para chegar a essa conclusão. 44 Desta forma, a Comissão teria violado o seu dever de fundamentação, o que, além disso, teria impossibilitado o Governo neerlandês de conhecer os montantes que deviam ser recuperados e de saber a quem devia ser exigida essa recuperação. 45 O Governo neerlandês acrescenta que a obrigação de informação, prevista na comunicação, que incumbe aos Estados-Membros a título dos auxílios de minimis, é necessariamente menos pesada do que a que lhes incumbe nos termos do artigo 92._ e 93._ do Tratado. Com efeito, a comunicação foi adoptada com a preocupação de simplificação administrativa quer para os Estados-Membros quer para os serviços da Comissão e seria contrário a esse objectivo aumentar as responsabilidades dos Estados em matéria de informação. 46 Segundo a Comissão, não tendo o Governo neerlandês dado seguimento às suas numerosas solicitações, nem mesmo ao pedido de informações, relativas, nomeadamente, às estruturas de propriedade das estações de serviço, pôde legitimamente basear-se nas únicas informações de que dispunha (v. n.os 71 a 81 dos fundamentos da decisão) para proceder, designadamente, à classificação constante do n._ 82 dos fundamentos da decisão. Entende que, tendo em conta a existência de um regime de auxílios, não se lhe podia exigir que, na sua decisão, indicasse os beneficiários com a mesma precisão que no caso de auxílios individuais. 47 A Comissão observa que, na impossibilidade de se poder assegurar que, a respeito de certas empresas, as condições da regra de minimis estavam preenchidas, indicou, na decisão, as empresas em relação às quais o auxílio concedido nos termos do regime temporário era contestável. Trata-se dos requerentes/estações de serviço enumerados no artigo 2._ da decisão. Cabe, assim, ao Governo neerlandês determinar, sobretudo com base nos dados constantes do anexo da decisão, o montante do auxílio concedido, o montante a recuperar e as entidades às quais deve ser exigida essa recuperação. 48 A este respeito, embora seja exacto que a comunicação autoriza, em certas condições, os Estados-Membros a conceder auxílios de montante pouco elevado - identificados segundo critérios objectivos -, sem se submeterem à obrigação de notificação prévia, é no entanto necessário que o Estado-Membro, que pretende conceder tais auxílios, forneça à Comissão todos os elementos susceptíveis de justificar o recurso à regra de minimis, para, precisamente, o caso de a Comissão ter dúvidas quanto à compatibilidade dos auxílios com o mercado comum e, portanto, quanto ao respeito das condições impostas pela comunicação. Este dever de informação decorre do dever geral de cooperação leal dos Estados-Membros com a Comissão, previsto no artigo 5._ do Tratado. 49 Nestas condições, se um Estado-Membro não fornecer à Comissão as informações pedidas ou lhe fornecer informações parciais, a legalidade da decisão tomada pela Comissão, designadamente à luz do dever de fundamentação, deve ser apreciada em função dos elementos de informação de que esta última dispunha no momento em que a tomou (v., neste sentido, designadamente, acórdão de 10 de Julho de 1986, Bélgica/Comissão, 234/84, Colect., p. 2263, n.os 16 e 22). 50 Importa ainda recordar que um Estado-Membro, quando se defronte com dificuldades imprevistas no momento da execução de uma ordem de recuperação, pode submetê-las à apreciação da Comissão. Nesse caso, a Comissão e o Estado-Membro interessado devem, em conformidade com o dever de cooperação leal, colaborar de boa fé com vista a ultrapassar as dificuldades no pleno respeito das disposições do Tratado, nomeadamente das relativas aos auxílios (v., designadamente, acórdão de 21 de Março de 1991, Itália/Comissão, C-303/88, Colect., p. I-1433, n._ 58). 51 No presente caso, as acusações do Governo neerlandês referem-se às imprecisões da decisão, que não lhe teriam permitido determinar a identidade exacta dos beneficiários reais dos auxílios concedidos às estações de serviço das categorias Co/Co «puras» e Co/Co «de facto». 52 Há que declarar que a decisão designa, atribuindo-lhes um número, as estações de serviço que pertencem a uma mesma companhia petrolífera e que por ela são exploradas (categoria das Co/Co «puras») e as exploradas por um mesmo revendedor que teria apresentado mais do que um pedido de auxílio e teria, assim, aparecido várias vezes na lista dos beneficiários (categoria das Co/CO «de facto»). Ora, o Governo neerlandês não invoca qualquer elemento concreto susceptível de pôr em causa a classificação das estações de serviço nas duas categorias referidas, feita pela Comissão em função dos elementos de informação de que dispunha. 53 Se, além disso, o Governo neerlandês deparasse com dificuldades no momento da execução da decisão, em particular para determinar a identidade exacta dos beneficiários reais dos auxílios litigiosos, deveria comunicá-las à Comissão, que seria obrigada a ajudá-lo a ultrapassá-las de acordo com o seu dever de cooperação leal previsto no artigo 5._ do Tratado. 54 Tendo em conta o que precede, há que considerar improcedente o fundamento relativo à distinção entre estações de serviço Co/Co «puras» e estações de serviço Co/Co «de facto». Quanto à existência de auxílios indirectos a favor das companhias petrolíferas 55 O Governo neerlandês sustenta que, ao presumir a existência de auxílios indirectos a favor das companhias petrolíferas ligadas às estações de serviço por um acordo de compra exclusiva com cláusula de gestão de preços, a Comissão violou o artigo 92._, n._ 1, do Tratado, a regra de minimis, os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da protecção da confiança legítima, bem como o dever de fundamentação enunciado no artigo 190._ do Tratado. 56 Segundo o Governo neerlandês, as vantagens indirectas de que beneficiam as companhias petrolíferas não constituem auxílios de Estado na acepção do artigo 92._ do Tratado, antes decorrendo de relações contratuais em relação às quais as autoridades nacionais são completamente estranhas e cuja existência até ignoram. Não se pode exigir destas últimas que verifiquem permanentemente a existência de tais efeitos indirectos, para elas invisíveis, e ainda menos que procedam sempre de forma a que esses efeitos não se produzam. 57 O Governo neerlandês acrescenta que as cláusulas de gestão de preços são variáveis quanto ao conteúdo e, na maior parte dos casos, não criam uma obrigação incondicional, a cargo das companhias petrolíferas, de contribuir para a redução dos preços «na bomba». A iniciativa dessas reduções era, na maior parte dos casos, dessas companhias petrolíferas, que apenas aceitam aplicá-las caso a sua quota de mercado esteja ameaçada. Ora, as respectivas posições concorrenciais das referidas companhias no mercado neerlandês não foram afectadas pelas diferenças de preços com a Alemanha, pois todas foram igualmente atingidas. 58 A Comissão alega que, devido aos auxílios concedidos pelo Estado neerlandês, as companhias petrolíferas estavam dispensadas de aplicar as cláusulas de gestão de preços que as ligam aos distribuidores. Com efeito, tendo a redução do preço «na bomba», aplicada pelo revendedor para manter a sua quota de mercado, sido compensada pelo auxílio concedido pelo Estado neerlandês, qualquer pedido de intervenção da companhia petrolífera, baseado numa cláusula de gestão de preços, teria necessariamente sido rejeitado por esta última, por falta de objecto (v. n.os 84 e 85 dos fundamentos da decisão). 59 De qualquer modo, a Comissão sustenta que não teria podido, com base nas informações que lhe foram comunicadas pelas autoridades neerlandesas, certificar-se que, nos casos em que o contrato entre a companhia petrolífera e as estações de serviço compreendesse uma cláusula de gestão de preços, não existia risco de cumulação que pudesse levar a que o limiar previsto na comunicação a favor do mesmo beneficiário real fosse ultrapassado (v. n._ 83 dos fundamentos da decisão). Segundo a Comissão, competia ao Governo neerlandês instituir, para o efeito, um mecanismo de controlo adequado que permitisse à Comissão certificar-se que o limiar de minimis nunca seria ultrapassado. 60 A este respeito, há que recordar que o artigo 92._, n._ 1, do Tratado declara incompatíveis com o mercado comum, na medida em que afectem as trocas comerciais entre os Estados-Membros, os auxílios concedidos pelos Estados ou provenientes de recursos estatais, independentemente da forma que assumam, que falseiem ou que ameacem falsear a concorrência, favorecendo certas empresas ou certas produções. Consideram-se auxílios, nomeadamente, as intervenções que, de formas diversas, aliviam os encargos que normalmente oneram o orçamento de uma empresa e que, por essa razão, não sendo subvenções na acepção estrita da palavra, têm a mesma natureza e efeitos idênticos (v., designadamente, acórdãos de 15 de Março de 1994, Banco Exterior de España, C-387/92, Colect., p. I-877, n._ 13; de 17 de Junho de 1999, Bélgica/Comissão, C-75/97, Colect., p. I-3671, n._ 23, e de 19 de Setembro de 2000, Alemanha/Comissão, C-156/98, Colect., p. I-6857, n._ 25). 61 Além disso, resulta de jurisprudência constante que o artigo 92._, n._ 1, não faz a distinção segundo as causas ou os objectivos das intervenções estatais, mas define-as em função dos seus efeitos (acórdãos de 2 de Julho de 1974, Itália/Comissão, 173/73, Colect., p. 357, n._ 27, e de 26 de Setembro de 1996, França/Comissão, C-241/94, Colect., p. I-4551, n._ 20). 62 No caso em apreço, há que observar que a vantagem indirectamente atribuída às companhias petrolíferas tem a sua origem no auxílio concedido ao abrigo do regime temporário, na medida em que torna inútil, na prática, a aplicação das cláusulas de gestão de preços. 63 Com efeito, o auxílio concedido pelo Estado neerlandês destinava-se a evitar que, face ao aumento do preço dos combustíveis em consequência do aumento dos impostos especiais sobre o consumo nos Países Baixos, as estações de serviço situadas ao longo da fronteira com a Alemanha sofressem uma redução do seu volume de negócios, tendo em conta os preços mais competitivos praticados na Alemanha. Inversamente, o regime temporário precisava que, em caso de aumento dos impostos especiais sobre o consumo alemães, o montante dos subsídios seria reduzido. 64 Ora, esse objectivo é igualmente prosseguido pelas cláusulas de gestão de preços, que, tal como correctamente salienta o n._ 84 dos fundamentos da decisão, visam proteger o volume de negócios dos revendedores contra vendas de concorrentes situadas próximo da sua estação de serviço, quando as condições de mercado a nível nacional ou internacional tornem desejável, ou mesmo necessário, um ajustamento temporário ou a longo prazo dos descontos nos preços «na bomba» aplicados pelo revendedor. 65 Isto significa, portanto, que o regime temporário se aplicaria em circunstâncias susceptíveis de desencadear a aplicação das cláusulas de gestão de preços. 66 Nestas condições, há que concluir que os auxílios concedidos às estações de serviço ligadas às companhias petrolíferas por cláusulas de gestão de preços tinham consequências económicas para as companhias em causa, uma vez que conduziam necessariamente a isentar essas companhias da obrigação de assumirem, no todo ou em parte, os custos da redução do preço de revenda praticada pelo seu distribuidor, para evitar perdas de quotas de mercado. Tal intervenção dos poderes públicos constituía, portanto, um auxílio a favor das companhias petrolíferas, uma vez que tinha por efeito atenuar os encargos que, em princípio, onerariam o orçamento das companhias, preocupadas em manter a sua posição concorrencial face à evolução do mercado nacional ou internacional. 67 Os n.os 83 e seguintes dos fundamentos da decisão exprimem, no essencial, de forma clara e inequívoca, as considerações que precedem e permitiram ao Governo neerlandês conhecer as razões que levaram a Comissão a presumir existirem auxílios indirectos às companhias petrolíferas ligadas às estações de serviço por um acordo de compra exclusiva que inclui uma cláusula de gestão de preços, devido à simples existência de tais cláusulas. 68 Nestas condições, importa concluir que a Comissão não excedeu os limites do seu poder de apreciação nem violou a obrigação de fundamentação. 69 Consequentemente, o fundamento relativo à existência dos auxílios indirectos a favor das companhias petrolíferas deve ser considerado improcedente. Quanto às consequências da inexistência ou da insuficiência das informações fornecidas pelo Estado-Membro 70 O Governo neerlandês alega que a Comissão, ao considerar que a concessão de um auxílio às estações de serviço, em relação às quais as autoridades neerlandesas não forneceram informações ou apenas forneceram informações parciais, não está abrangida pela comunicação, violou o artigo 92._, n._ 1, do Tratado, a regra de minimis, os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da protecção da confiança legítima, a exigência de suficiente precisão da decisão decorrente do artigo 189._ do Tratado, bem como o dever de fundamentação enunciado no artigo 190._ do Tratado. 71 O Governo neerlandês sustenta, antes de mais, que a afirmação da Comissão, segundo a qual não lhe foi transmitida qualquer informação no que respeita às estações de serviço repertoriadas no artigo 2._, primeiro parágrafo, alínea a), da decisão, é incorrecta em relação às estações de serviço identificadas com os números 297, 372 e 433. 72 Seguidamente, a Comissão cometeu um erro de apreciação ao entender que as informações que lhe foram fornecidas deviam considerar-se incompletas pelo simples facto da não comunicação dos acordos de compra exclusiva. O exame deste tipo de acordo é, com efeito, desprovido de pertinência quando está em causa a apreciação, à luz dos critérios da comunicação, de um subsídio a revendedores que exploram estações de serviço. A mesma conclusão se impõe quando a Comissão alega que a comunicação dos acordos de compra exclusiva lhe era necessária para poder detectar a existência de auxílios indirectos às companhias petrolíferas. 73 Por último, de uma forma mais geral, o Governo neerlandês alega que a falta das informações exigidas pela Comissão não podia justificar o receio, por parte desta, de uma cumulação de auxílios em benefício das estações de serviço em causa. Seja qual for a hipótese considerada - a de um requerente que possua um única estação de serviço ou a de um requerente que possua várias -, a estação de serviço que recebe o auxílio não podia, em caso algum, receber esse auxílio mais do que uma vez. Sendo a condição de não cumulação respeitada, a Comissão devia ter afastado a aplicação das disposições do artigo 92._, n._ 1, do Tratado. 74 A Comissão replica que, se a decisão contém inexactidões, estas são imputáveis às informações inexactas ou incompletas fornecidas pelas autoridades neerlandesas. No que respeita mais concretamente às informações relativas às estações de serviço n.os 297, 372 e 433, chama a atenção para o facto de a última não figurar no artigo 2._, primeiro parágrafo, alínea a), da decisão, mas sim no artigo 2._, primeiro parágrafo, alínea b), como Co/Co «pura». No que respeita às duas outras estações de serviço, a Comissão mantém que não recebeu informações a respeito delas, pelo menos no prazo que fixou para o efeito. 75 Segundo a Comissão, não compete aos Estados-Membros, mas à Comissão, no âmbito do seu poder discricionário, apreciar se as informações pedidas são pertinentes ou não. Em qualquer caso, os acordos de compra exclusiva, susceptíveis de conter uma cláusula de gestão de preços, eram pertinentes desde que a sua aplicação pudesse dar lugar a uma cumulação. 76 A este respeito, tal como se referiu no n._ 49 do presente acórdão, a legalidade de uma decisão em matéria de auxílios de Estado deve ser apreciada em função dos elementos de informação de que a Comissão dispunha no momento em que a tomou. Consequentemente, um Estado-Membro não pode contestar a legalidade de tal decisão prevalecendo-se dos elementos de que não deu conhecimento à Comissão durante o procedimento administrativo (v. acórdão de 14 de Setembro de 1994, Espanha/Comissão, C-278/92 a C-280/92, Colect., p. I-4103, n._ 31). O mesmo se passa, a fortiori, quando o Estado-Membro se recusou a responder a um pedido expresso de informações emanado da Comissão (v. acórdão França/Comissão, já referido, n.os 36 e 37). 77 No caso em apreço, resulta do n._ 64 dos fundamentos da decisão que não foi transmitida à Comissão nenhuma informação no que respeita a 59 estações de serviço e que lhe foram fornecidas informações incompletas em relação a 191 estações de serviço. Nesse número, a Comissão expôs, nos seguintes termos, as razões por que entendeu que as informações fornecidas eram incompletas: «[...] as informações são insuficientes quando uma estação de serviço preencheu apenas o questionário do Senter [organismo de controlo designado pelas autoridades neerlandesas] sem apresentar cópias dos seus acordos de compra exclusiva. As respostas ao questionário não estão assim suficientemente documentadas. As estações de serviço classificam-se a si próprias como pertencendo a uma das três categorias (Do/Do, Co/Do ou Co/Co), sem apresentar quaisquer elementos justificativos. Algumas das estações de serviço alegaram ser independentes, mas não forneceram as devidas provas». 78 Excepto no caso de três estações de serviço, a propósito das quais, contudo, não foi apresentada a prova do erro de apreciação imputado à Comissão, o Governo neerlandês não contesta não ter respondido aos pedidos de informação da Comissão. 79 Ora, as informações e os documentos comprovativos reclamados pela Comissão, relativos às estruturas de propriedade das estações de serviço em causa (Do/Do, Co/Do ou Co/Co) ou à existência ou não de cláusulas de gestão de preços nos acordos de compra exclusiva, eram indispensáveis para determinar os beneficiários reais dos auxílios e, consequentemente, para verificar a inexistência de uma situação de cumulação de auxílios proibida pela comunicação. 80 Consequentemente, a Comissão não violou o dever de fundamentação nem cometeu um erro manifesto de apreciação ao declarar que os auxílios concedidos às estações de serviço em relação às quais não recebera informações ou apenas recebera informações incompletas não estavam abrangidos pelo âmbito da regra de minimis. O fundamento relativo às consequências da inexistência ou da insuficiência das informações fornecidas pelo Estado-Membro deve, portanto, ser julgado improcedente. Quanto não tomada em consideração do objectivo de protecção do ambiente 81 O Governo neerlandês alega que a Comissão, ao ignorar, na apreciação da compatibilidade das medidas litigiosas com o mercado comum, o objectivo de protecção do ambiente prosseguido pelo legislador comunitário, violou o artigo 92._, n._ 3, do Tratado e o dever de fundamentação. 82 Salienta que o aumento dos impostos especiais sobre o consumo neerlandeses a partir de 1 de Julho de 1997 visava limitar a circulação automóvel, os engarrafamentos e as emissões de gases provocadas pelo tráfego rodoviário. 83 O regime temporário teve, precisamente, por objecto reduzir o mais possível os efeitos prejudiciais deste aumento a nível da competitividade dos revendedores que exploram estações de serviço. Ora, segundo os princípios em que se baseia a política da concorrência da Comissão (v., a este respeito, o XXII Relatório sobre a Política de Concorrência, 1992, n._ 451), um auxílio pode ser compatível com o mercado comum quando visa evitar que certas empresas não sofram uma grande redução de competitividade na sequência da aplicação de medidas nacionais destinadas a promover a protecção do ambiente e as economias de energia. 84 A este respeito, independentemente da questão de saber se o aumento dos impostos especiais sobre o consumo neerlandeses se justificou efectivamente por considerações ambientais, basta observar que, como a Comissão alegou, o Governo neerlandês não referiu estas considerações na fase administrativa, pelo que não se pode criticar a Comissão por não ter examinado o objectivo de protecção ambiental no âmbito da apreciação da compatibilidade das medidas litigiosas com o artigo 92._, n._ 1, do Tratado. Tal como foi sublinhado no n.os 49 e 76 do presente acórdão, a legalidade de uma decisão tomada pela Comissão em matéria de auxílios de Estado, designadamente à luz do dever de fundamentação, deve ser apreciada em função dos elementos de informação fornecidos pelo Estado-Membro no momento em que a decisão foi tomada. 85 O fundamento baseado na não tomada em consideração do objectivo de protecção do ambiente deve, portanto, ser julgado improcedente. Quanto à recuperação dos auxílios 86 O Governo neerlandês sustenta que a obrigação de recuperação dos auxílios concedidos viola o artigo 92._, n._ 1, do Tratado, a regra de minimis, os princípios da segurança jurídica, da igualdade de tratamento e da protecção da confiança legítima, a exigência de suficiente precisão da decisão decorrente do artigo 189._ do Tratado, bem como o dever de fundamentação enunciado no artigo 190._ do Tratado. 87 Segundo este governo, a decisão não permite determinar de forma exacta os montantes que devem ser recuperados nem as pessoas a quem devem ser exigidos. Aliás, nunca seria possível determinar esses montantes, pois era impossível estimar a redução do preço «na bomba» que uma companhia assumiria se nenhum subsídio tivesse sido concedido nos termos do regime temporário. 88 O Governo neerlandês alega igualmente que a Comissão estava informada, desde 8 de Agosto de 1997 - data do registo da notificação condicional -, da existência do regime temporário, da sua entrada em vigor em 1 de Julho de 1997, bem como da posição das autoridades neerlandesas, segundo a qual as medidas se inseriam no âmbito da comunicação. Segundo este governo, se a Comissão considerasse não ser esse o caso e que, à semelhança do regime de subsídios por estação de serviço, considerado no projecto de alteração do regime temporário, que foi objecto da notificação condicional, o regime vigente devia ter sido submetido à sua apreciação ao abrigo do artigo 93._, n._ 3, do Tratado, não obstante a comunicação, cabia-lhe informar imediata e inequivocamente as autoridades neerlandesas desse facto, atendendo à obrigação de cooperação leal com as autoridades nacionais que impende sobre si por força do artigo 5._ do Tratado. 89 A este respeito, o artigo 93._, n._ 2, do Tratado prevê que se a Comissão verificar que um auxílio concedido por um Estado ou proveniente de recursos estatais não é compatível com o mercado comum, decide que o Estado em causa deve suprimi-lo ou alterá-lo no prazo que a Comissão determinar. A obrigação de o Estado suprimir um auxílio que a Comissão considerou incompatível com o mercado comum visa, segundo jurisprudência constante, o restabelecimento da situação anterior (v., nomeadamente, acórdão de 4 de Abril de 1995, Comissão/Itália, C-350/93, Colect., p. I-699, n._ 21). 90 Não existindo disposições comunitárias na matéria, a recuperação de um auxílio declarado incompatível com o mercado comum deve ser efectuada segundo as modalidades previstas pelo direito nacional, desde que estas não tornem praticamente impossível a recuperação exigida pelo direito comunitário e não violem o princípio da equivalência em relação a processos destinados a decidir litígios do mesmo tipo, embora exclusivamente nacionais (v. acórdãos de 21 de Setembro de 1983, Deutsche Milchkontor e o., 205/82 a 215/82, Recueil, p. 2633, n._ 19, e de 2 de Fevereiro de 1989, Comissão/Alemanha, 94/87, Colect., p. 175, n._ 12). 91 Importa acrescentar que a obrigação de um Estado-Membro calcular o montante exacto dos auxílios a recuperar, particularmente quando, como no caso em apreço, uma vez que se trata de um grande número de estações de serviço, esse cálculo depende de elementos de informação que não comunicou à Comissão, inscreve-se no âmbito mais amplo da obrigação de cooperação leal que vincula a Comissão e os Estados-Membros na aplicação das regras do Tratado em matéria de auxílios de Estado. 92 Quanto à incerteza alegada em relação à identidade dos destinatários das ordens de recuperação, importa referir que resulta claramente da decisão, em particular do n._ 74 dos seus fundamentos, que a recuperação dos auxílios deve ser exigida às empresas que deles foram as beneficiárias reais. Assim, como já se recordou no n._ 50 do presente acórdão, se o Governo neerlandês tinha dúvidas sérias a esse respeito, podia, e pode ainda, como qualquer Estado-Membro que, no momento da execução de uma ordem de recuperação, depara com dificuldades imprevistas, submeter esses problemas à apreciação da Comissão, para os ultrapassar de acordo com o princípio da cooperação leal e no pleno respeito das disposições do Tratado relativas aos auxílios. Tal atitude seria tanto mais justificada quanto a incerteza sobre a identidade de um grande número de destinatários das ordens de recuperação está ligada à insuficiência das informações transmitidas à Comissão. 93 Por último, resulta do n._ 1 dos fundamentos da decisão que a Comissão pediu, logo em 22 de Setembro de 1997, ou seja, um mês depois da notificação condicional, às autoridades neerlandesas, informações complementares para poder apreciar se o regime temporário e o projecto de alteração deste respeitavam as condições da comunicação. Depois de várias insistências da Comissão e dos pedidos de prolongamento de prazo do Governo neerlandês, a Comissão decidiu dar início ao procedimento previsto no artigo 93._, n._ 2, do Tratado (v. n._ 2 dos fundamentos da decisão). 94 Nestas condições, não pode a Comissão ser acusada de ter atrasado a abertura do procedimento de inquérito e a adopção da decisão. Importa acrescentar, a este respeito, que a decisão de abertura do procedimento exprimia já as dúvidas da Comissão sobre a aplicabilidade da comunicação ao regime temporário a respeito de certas categorias de estações de serviço e recordava que os auxílios incompatíveis deviam ser recuperados. Deste modo, as acusações baseadas na violação dos princípios da segurança jurídica e da protecção da confiança legítima não são procedentes. 95 Consequentemente, o último fundamento do Governo neerlandês deve ser considerado improcedente. 96 Não tendo nenhum dos fundamentos do Governo neerlandês sido acolhido, há que negar provimento ao recurso. Decisão sobre as despesas Quanto às despesas 97 Nos termos do artigo 69._, n._ 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Tendo a Comissão pedido a condenação do Reino dos Países Baixos e tendo este sido vencido, há que condená-lo nas despesas. Parte decisória Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA (Quinta Secção) decide: 98 É negado provimento ao recurso. 99 O Reino dos Países Baixos é condenado nas despesas.

62014CJ0386

es

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación del artículo 49 TFUE. Esta petición ha sido planteada en el marco de un litigio entre Groupe Steria SCA y el ministère des Finances et des Comptes publics respecto al rechazo por parte de éste de devolver a dicha sociedad una parte del impuesto sobre sociedades y de las contribuciones adicionales a dicho impuesto pagada en relación con los ejercicios cerrados de los años 2005 a 2008 y correspondiente a la imposición de la parte proporcional de gastos y cargas integrada en sus resultados por los dividendos percibidos de sus filiales establecidas en Estados miembros distintos de Francia. Marco jurídico Derecho de la Unión La Directiva 90/435/CEE del Consejo, de 23 de julio de 1990, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes ( DO L 225, p. 6 ), en su versión modificada por la Directiva 2003/123/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 2003 ( DO 2004, L 7, p. 41 ), que estaba vigente durante el período sobre el que versa el litigio principal, establecía, en su artículo 4, que: «1.   Cuando una sociedad matriz o un establecimiento permanente de ésta reciban, por la participación de aquélla en una sociedad filial, beneficios distribuidos por motivos distintos de la liquidación de la misma, el Estado de la sociedad matriz y el Estado del establecimiento permanente: — o bien se abstendrán de gravar dichos beneficios, — o bien los gravarán, autorizando al mismo tiempo a la sociedad matriz y a su establecimiento permanente a deducir de la cuantía de su impuesto la fracción del impuesto relacionado con dichos beneficios y abonado por la filial y toda filial de ulterior nivel, […] hasta la cuantía máxima del impuesto adeudado. [...] 2.   No obstante, todo Estado miembro conservará la facultad de prever que los gastos que se refieren a la participación y las minusvalías derivadas de la distribución de los beneficios de la sociedad filial no sean deducibles del beneficio imponible de la sociedad matriz. Si, en dicho caso, los gastos de gestión referidos a la participación quedasen fijados a tanto alzado, la cuantía a tanto alzado no podrá exceder un 5 % de los beneficios distribuidos por la sociedad filial.» El artículo 9 de la Directiva 2011/96/UE del Consejo, de 30 de noviembre de 2011, relativa al régimen fiscal común aplicable a las sociedades matrices y filiales de Estados miembros diferentes ( DO L 345, p. 8 ), derogó la Directiva 90/435. Derecho francés En virtud del artículo 145, apartado 1 del Code général des impôts (en lo sucesivo, «CGI»), el régimen de las sociedades matrices es de aplicación, en particular, a las sociedades sujetas al impuesto sobre sociedades al tipo general que tienen participaciones que representan al menos el 5 % del capital de la sociedad que lo emite. En lo que respecta a los ingresos procedentes de participaciones, el artículo 216 del CGI establece que: «I. Los ingresos netos procedentes de las participaciones que dan derecho a la aplicación del régimen de las sociedades matrices a que se refiere el artículo 145, obtenidos durante un ejercicio por una sociedad matriz, podrán sustraerse del beneficio neto total de ésta, previa deducción de una parte proporcional de gastos y cargas. La parte proporcional de gastos y cargas mencionada en el párrafo primero se fija de manera uniforme en el 5 % del ingreso total procedente de las participaciones, incluido el crédito fiscal. No obstante, dicha parte proporcional no podrá exceder, para cada período impositivo, del total de gastos y cargas de todo tipo a que haya tenido que hacer frente la sociedad participante durante el mismo período.» En lo que respecta al régimen de consolidación fiscal, el artículo 223 A del CGI establece que: «Una sociedad podrá asumir la condición de sujeto pasivo único del impuesto sobre sociedades exigible por el conjunto de los resultados del grupo formado por la misma sociedad y por las sociedades de cuyo capital posea al menos el 95 % de forma continuada durante el ejercicio, directa o indirectamente a través de sociedades del grupo [...] [...] Sólo pueden formar parte del grupo las sociedades que hayan dado su acuerdo y cuyos resultados estén sujetos al impuesto sobre sociedades en las condiciones del régimen general […]» El artículo 223 B del CGI establece que: «La sociedad matriz calculará el resultado conjunto mediante la suma algebraica de los resultados de cada una de las sociedades del grupo, determinados conforme a las reglas del régimen general [...] En lo que se refiere al cálculo de los resultados de los ejercicios iniciados antes del 1 de enero de 1993 o finalizados con posterioridad al 31 de diciembre de 1998, del resultado conjunto se deducirá la parte proporcional de gastos y cargas incluida en sus resultados por una sociedad del grupo en razón de su participación en otra sociedad del grupo [...] [...]» Litigio principal y cuestión prejudicial La demandante en el litigio principal es la sociedad matriz de un grupo en consolidación fiscal, en el sentido del artículo 223 A del CGI. Steria, que es una sociedad que forma parte de ese grupo, tiene por su parte participaciones superiores al 95 % en filiales establecidas tanto en Francia como en otros Estados miembros. Conforme al artículo 216 del CGI, los dividendos percibidos por Steria de sus filiales establecidas en otros Estados miembros fueron deducidos de su beneficio neto total, excepto la parte proporcional de gastos y cargas fijada de manera uniforme en el 5 % del importe neto de los dividendos percibidos (en lo sucesivo, «parte proporcional de gastos y cargas») y que representan los gastos y cargas soportados por la matriz en relación con su participación en la filial que distribuyó tales dividendos. Tras haber pagado espontáneamente, sobre esta base, el impuesto sobre sociedades y las contribuciones adicionales a este impuesto, la demandante en el litigio principal solicitó, respecto a los años 2005 a 2008, la devolución de la parte de estos gravámenes correspondiente a la parte proporcional de gastos y cargas. Basó su petición en la incompatibilidad de la normativa controvertida con el artículo 43 CE (actualmente artículo 49 TFUE). La demandante señaló en este sentido la desigualdad de trato entre los dividendos percibidos por una sociedad matriz de un grupo en consolidación fiscal, dependiendo de si los dividendos provienen de sociedades que sean ellas mismas miembros de ese grupo fiscal, lo que implica que estén establecidas en Francia, o que provengan de filiales establecidas en otros Estados miembros. En efecto, los dividendos quedan totalmente exentos del impuesto sobre sociedades únicamente en la primera situación, debido a la neutralización, en aplicación del artículo 223 B del CGI, de la integración —dentro del beneficio de la sociedad matriz— de la parte proporcional de gastos y cargas. Dado que la administración tributaria no estimó la solicitud de la demandante en el litigio principal, ésta interpuso recurso ante el tribunal administratif de Montreuil. Tras la desestimación de dicho recurso mediante resolución de 4 de octubre de 2012, la demandante en el litigio principal interpuso recurso de apelación frente a esta última ante la cour administrative d’appel de Versailles. El órgano jurisdiccional remitente recuerda que el Tribunal de Justicia declaró, en su sentencia X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89 ), que los artículos 49 TFUE y 54 TFUE no se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite a una sociedad matriz constituir una unidad fiscal con su filial residente, pero no permite la constitución de dicha unidad fiscal con una filial no residente si los beneficios de ésta no están sometidos a la legislación fiscal de dicho Estado miembro. Sin embargo, según el órgano jurisdiccional remitente, dicha sentencia no examinó la conformidad al Derecho de la Unión del conjunto de ventajas reservadas a las sociedades miembros de un grupo en consolidación fiscal. En esas circunstancias, la cour administrative d’appel de Versailles decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente cuestión prejudicial: «¿Debe interpretarse el artículo 43 CE, actualmente artículo 49 TFUE, relativo a la libertad de establecimiento, en el sentido de que se opone a que la legislación sobre el régimen francés de consolidación fiscal otorgue a una sociedad matriz que realiza dicha consolidación la neutralización de la integración de la parte proporcional de gastos y cargas establecida a tanto alzado en el 5 % del total de los dividendos netos percibidos por ella y procedentes únicamente de las sociedades residentes que forman parte de la consolidación, mientras que se le deniega ese mismo derecho, con arreglo a dicha legislación, en relación con los dividendos distribuidos por sus filiales establecidas en otro Estado miembro que, si hubiesen sido residentes, habrían tenido derecho objetivamente a que se les aplicara, opcionalmente, el régimen de consolidación?» Sobre la cuestión prejudicial El artículo 49 TFUE obliga a suprimir las restricciones a la libertad de establecimiento. Si bien las disposiciones del Tratado FUE relativas a la libertad de establecimiento, según su tenor literal, se proponen asegurar el disfrute del trato nacional en el Estado miembro de acogida, se oponen, asimismo, a que el Estado miembro de origen obstaculice el establecimiento en otro Estado miembro de uno de sus nacionales o de una sociedad constituida de conformidad con su legislación (sentencia X, C‑686/13, EU:C:2015:375 , apartado 27 y jurisprudencia citada). De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que se obstaculiza la libertad de establecimiento si, en virtud de una legislación de un Estado miembro, una sociedad residente que posee una filial o un establecimiento permanente en otro Estado miembro sufre una diferencia de trato fiscal desfavorable respecto de una sociedad residente que posea un establecimiento permanente o una filial en el primer Estado miembro (véase la sentencia Nordea Bank Danmark, C‑48/13, EU:C:2014:2087 , apartado 19 y jurisprudencia citada). En virtud de la normativa controvertida en el litigio principal, los dividendos percibidos por una sociedad matriz residente que provengan de una filial, ya sea residente o no residente, se deducen del beneficio neto de la sociedad matriz, excepto la parte proporcional de los gastos y cargas. Los gastos y cargas relativos a las participaciones cuyos dividendos están exentos del impuesto son consideradas, en efecto, no deducibles del beneficio de la sociedad matriz. Sin embargo, esta integración de la parte proporcional de los gastos y cargas en el beneficio de la sociedad matriz se neutraliza en favor de una sociedad matriz que forme parte de un grupo en consolidación fiscal, en el sentido del artículo 223 A del CGI, únicamente en lo que respecta a los dividendos distribuidos por sus filiales pertenecientes a ese grupo. Así, se desprende de una normativa de un Estado miembro como la controvertida en el litigio principal, que los dividendos percibidos por una sociedad matriz residente que forma parte de un grupo en consolidación fiscal, y que han sido distribuidos por sus filiales pertenecientes al mismo grupo fiscal, se deducen en su totalidad del beneficio neto de la sociedad matriz y, por tanto, quedan enteramente exentos del impuesto sobre sociedades en ese Estado miembro, mientras que los dividendos percibidos por dicha sociedad de filiales que no pertenecen a dicho grupo fiscal sólo quedan parcialmente exentos de dicho impuesto, debido a la integración de la parte proporcional de gastos y cargas en el beneficio de dicha sociedad matriz. Ahora bien, dado que, en virtud de dicha normativa, únicamente las sociedades residentes pueden formar parte de un grupo en consolidación fiscal, la ventaja fiscal de que se trata en el litigio principal queda reservada a los dividendos de origen nacional. El hecho de excluir del beneficio de dicha ventaja a una sociedad matriz cuya filial esté establecida en otro Estado miembro puede hacer menos atractivo para esa sociedad matriz el ejercicio de la libertad de establecimiento, disuadiéndola de constituir filiales en otros Estados miembros. Para que esa diferencia de trato sea compatible con las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento, es preciso que afecte a situaciones que no sean objetivamente comparables o que resulte justificada por una razón imperiosa de interés general (véase la sentencia X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89 , apartado 20). Ahora bien, el hecho de que los dividendos percibidos por una sociedad matriz, que disfrutan de la exención fiscal total, provengan de filiales que forman parte del grupo en consolidación fiscal al que pertenece igualmente la sociedad matriz afectada no corresponde a una diferencia de situación objetiva entre sociedades matrices que justifique la diferencia de trato apreciada (véanse, en este sentido, las sentencias Papillon, C‑418/07, EU:C:2008:659 , apartados 23 a 30; X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89 , apartados 21 a 24, y SCA Group Holding y otros, C‑39/13 a C‑41/13, EU:C:2014:1758 , apartados 29 a 31). En efecto, respecto a una normativa como la controvertida en el litigio principal, que prevé, como resultado de la neutralización de la integración de la parte proporcional de gastos y cargas en el beneficio de la sociedad matriz, la exención fiscal total de los dividendos percibidos, la situación de las sociedades pertenecientes a un grupo en consolidación fiscal es comparable a la de las sociedades que no pertenecen a dicho grupo, en la medida en que, en ambos casos, por una parte, la sociedad matriz soporta gastos y cargas vinculados a su participación en su filial y, por otra parte, los beneficios generados por la filial y de los cuales surgen los dividendos distribuidos pueden, en principio, ser objeto de doble imposición económica o de una imposición en cadena (véanse, en este sentido, las sentencias Haribo Lakritzen Hans Riegel y Österreichische Salinen, C‑436/08 y C‑437/08, EU:C:2011:61 , apartado 113, y Santander Asset Management SGIIC y otros, C‑338/11 a C‑347/11, EU:C:2012:286 , apartado 42). Debe todavía examinarse si una diferencia de trato como la controvertida en el litigio principal está justificada por razones imperiosas de interés general. Los Gobiernos francés, neerlandés y del Reino Unido alegan que la neutralización de la integración de la parte proporcional de gastos y cargas constituye un elemento indisociable del régimen de consolidación fiscal, que se justifica por la necesidad de preservar el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros. A este respecto, conviene recordar que, en su sentencia X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89 , apartados 18 y 43), el Tribunal de Justicia, tras recordar que el régimen de consolidación fiscal permite, en particular, consolidar en sede de la sociedad matriz los beneficios y las pérdidas de las sociedades integradas en la unidad fiscal y efectuar transacciones dentro del grupo con carácter fiscalmente neutro, declaró que las disposiciones del Tratado relativas a la libertad de establecimiento no se oponen a la normativa de un Estado miembro que permite a una sociedad matriz constituir una unidad fiscal con su filial residente, pero no permite la constitución de dicha unidad fiscal con una filial no residente si los beneficios de esta última no están sometidos a la legislación fiscal de dicho Estado miembro. En efecto, según el Tribunal de Justicia, la exclusión de las sociedades no residentes de dicho régimen está justificada por la necesidad de mantener el reparto de la potestad tributaria entre los Estados miembros. Dado que la sociedad matriz puede optar libremente por la constitución de una unidad fiscal con su filial y decidir con la misma libertad la disolución de dicha unidad de un ejercicio a otro, permitirle incluir en la unidad fiscal a una filial no residente supondría dejarle libertad para elegir el régimen fiscal aplicable a las pérdidas de dicha filial y el lugar de imputación de esas pérdidas (sentencia X Holding, C‑337/08, EU:C:2010:89 , apartados 31 a 33). Sin embargo, no puede deducirse de la sentencia X Holding (C‑337/08, EU:C:2010:89 ) que cualquier diferencia de trato entre sociedades pertenecientes a un grupo fiscal consolidado, por una parte, y sociedades no pertenecientes a dicho grupo, por otra parte, sea compatible con el artículo 49 TFUE. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia examinó únicamente el requisito de residencia como requisito de acceso a un régimen de consolidación fiscal y declaró que este requisito estaba justificado, teniendo en cuenta el hecho de que dicho régimen permite la transmisión de las pérdidas dentro del grupo fiscal consolidado. En lo que respecta a las ventajas fiscales distintas de la transmisión de las pérdidas al interior del grupo fiscal consolidado, procede, en consecuencia, examinar separadamente, como señaló la Abogado General en el punto 34 de sus conclusiones, si un Estado miembro puede reservar esas ventajas a las sociedades que forman parte de un grupo fiscal consolidado y, por tanto, excluirlas en situaciones transfronterizas. Ahora bien, una diferencia de trato como la controvertida en el litigio principal no puede estar justificada por la necesidad de preservar el reparto equilibrado de la potestad tributaria entre los Estados miembros. En efecto, esa diferencia de trato versa únicamente sobre los dividendos recibidos, percibidos por sociedades matrices residentes, de modo que afecta a la soberanía fiscal de un único Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia Papillon, C‑418/07, EU:C:2008:659 , apartados 39 y 40). Los Gobiernos francés, alemán y del Reino Unido invocaron también la necesidad de preservar la coherencia del sistema fiscal controvertido en el litigio principal. Para que una argumentación basada en tal justificación pueda prosperar, se exige que se demuestre una relación directa entre la ventaja fiscal de que se trate y la compensación de esa ventaja con un gravamen fiscal determinado, debiendo apreciarse el carácter directo de ese vínculo en relación con el objetivo de la normativa controvertida (sentencia Bouanich, C‑375/12, EU:C:2014:138 , apartado 69 y jurisprudencia citada). A este respecto, el Gobierno francés alegó que la ventaja fiscal controvertida en el litigio principal responde al objetivo de asimilar el grupo constituido por la sociedad matriz y sus filiales a una única empresa que tiene diversos establecimientos. Es cierto que dicha asimilación implica prescindir de la participación que la sociedad matriz cabecera de un grupo consolidado fiscal tiene en el capital de sus filiales, lo que implica que distintas operaciones realizadas en el seno del grupo sean consideradas como fiscalmente inexistentes. Ahora bien, el Tribunal de Justicia admitió, en la sentencia Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659 , apartado 50), que pueda existir una relación directa, en el régimen de consolidación fiscal, entre una ventaja fiscal concedida a las sociedades que forman parte de un grupo fiscal consolidado y una desventaja fiscal que resulta de dicha neutralización de las operaciones internas de dicho grupo. En el asunto que dio lugar a esa sentencia, la toma en consideración inmediata por la sociedad matriz de las pérdidas sufridas por su filial era compensada por el hecho de que se prescinde, en el contexto de un grupo fiscal consolidado, de la existencia de una participación de la primera sociedad en la segunda, lo que imposibilita, a la sociedad matriz, constituir una provisión por depreciación de su participación en la filial que sufre las pérdidas (véanse las sentencias Papillon, C‑418/07, EU:C:2008:659 , apartado 48, y SCA Group Holding y otros, C‑39/13 a C‑41/13, EU:C:2014:1758 , apartados 34 y 35). Sin embargo, contrariamente a lo ocurrido en el asunto que dio lugar a la sentencia Papillon (C‑418/07, EU:C:2008:659 ), no se ha podido identificar ninguna relación directa, en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 31 de la presente sentencia, entre la ventaja fiscal controvertida en el litigio principal y una desventaja fiscal que resulte de la neutralización de las operaciones internas del grupo. En efecto, aunque como sostiene el Gobierno francés, la neutralización de la integración de la parte proporcional de gastos y cargas resulta de la asimilación del grupo constituido por la sociedad matriz y sus filiales a una única empresa con diversos establecimientos, esa neutralización no crea ninguna desventaja fiscal a la sociedad matriz cabecera del grupo fiscal consolidado sino que, por el contrario, como resulta de los apartados 17 a 19 de la presente sentencia, le confiere la ventaja fiscal controvertida en el litigio principal. Por tanto, no puede estimarse la argumentación basada en la necesidad de preservar la coherencia del sistema fiscal controvertido en el asunto principal. Por último, los gobiernos francés y alemán alegan igualmente que la ventaja fiscal controvertida en el litigio principal es conforme con el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 90/435, conforme al cual los Estados miembros conservan la facultad de prever que los gastos que se refieren a la participación de una sociedad matriz en su filial no son deducibles del beneficio imponible de la primera sociedad. Así, según dichos Gobiernos, el artículo 216 del CGI da cumplimiento a esta facultad. Esta argumentación tampoco puede ser acogida. En efecto, resulta de una reiterada jurisprudencia que la posibilidad ofrecida a los Estados miembros en el artículo 4, apartado 2, de la Directiva 90/435 sólo puede ejercerse respetando las disposiciones fundamentales del Tratado, en el presente asunto el artículo 49 TFUE (véanse las sentencias Bosal, C‑168/01, EU:C:2003:479 , apartado 26; Keller Holding, C‑471/04, EU:C:2006:143 , apartado 45, y Test Claimants in the FII Group Litigation, C‑446/04, EU:C:2006:774 , apartado 46). Del conjunto de consideraciones que preceden resulta que procede responder a la cuestión planteada que el artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro relativa a un régimen de consolidación fiscal en virtud de la cual una sociedad matriz que lo integra disfruta de la neutralización de la integración de una parte proporcional de gastos y cargas fijados de forma uniforme en el 5 % del importe neto de los dividendos percibidos por ella de las sociedades residentes que forman parte de la consolidación, mientras que dicha neutralización le es denegada, en virtud de dicha normativa, respecto a los dividendos que le son distribuidos por sus filiales situadas en otro Estado miembro que, si hubiesen sido residentes, habrían tenido derecho objetivamente a que se les aplicara, opcionalmente, el régimen de consolidación. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados al presentar observaciones ante el Tribunal de Justicia, distintos de aquellos en que hayan incurrido dichas partes, no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Segunda) declara: El artículo 49 TFUE debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa de un Estado miembro relativa a un régimen de consolidación fiscal en virtud de la cual una sociedad matriz que lo integra se beneficia de la neutralización de la integración de una parte proporcional de gastos y cargas fijados de forma uniforme en el 5 % del importe neto de los dividendos percibidos por ella de las sociedades residentes que forman parte de la consolidación, mientras que dicha neutralización le es denegada, en virtud de dicha normativa, respecto a los dividendos que le son distribuidos por sus filiales situadas en otro Estado miembro que, si hubiesen sido residentes, habrían tenido derecho objetivamente a que se les aplicara, opcionalmente, el régimen de consolidación. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: francés.

61997TJ0260

pt

Quadro jurídico 1       O Regulamento (CEE) n.° 404/93 do Conselho, de 13 de Fevereiro de 1993, que estabelece a organização comum de mercado no sector das bananas (JO L 47, p. 1), substituiu os diferentes regimes nacionais anteriores por um regime comum de trocas comerciais com países terceiros. Este regulamento previa, na versão em vigor na época dos factos na origem do presente litígio, a abertura de um contingente pautal anual para as importações de bananas provenientes de países terceiros e de países da África, das Caraíbas e do Pacífico (ACP). O seu artigo 15.°, posteriormente artigo 15.°A após alteração introduzida pelo Regulamento (CE) n.° 3290/94 do Conselho, de 22 de Dezembro de 1994, relativo às adaptações e medidas transitórias necessárias no sector da agricultura para a execução dos acordos concluídos no âmbito das negociações comerciais multilaterais do «Uruguay Round» (JO L 349, p. 105), estabelecia uma distinção entre as bananas ditas «tradicionais ACP» e as ditas «não tradicionais ACP», consoante estivessem ou não abrangidas pelas quantidades fixadas em anexo ao Regulamento n.° 404/93, exportadas tradicionalmente pelos Estados ACP para a Comunidade. 2       O artigo 17.°, primeiro parágrafo, do Regulamento n.° 404/93 dispunha que todas as importações de bananas para a Comunidade estavam sujeitas à apresentação de um certificado de importação. 3       O artigo 18.°, n.° 1, do Regulamento n.° 404/93, alterado pelo Regulamento n.° 3290/94, especificava que, para as importações de bananas de países terceiros diferentes dos países ACP (a seguir «bananas países terceiros») e de bananas não tradicionais ACP, seria aberto anualmente um contingente pautal de 2,1 milhões de toneladas (peso líquido) para o ano de 1994 e de 2,2 milhões de toneladas (peso líquido) para os anos seguintes. No âmbito deste contingente pautal, as importações de bananas países terceiros estavam sujeitas ao pagamento de um direito de 75 ecus por tonelada e as importações de bananas não tradicionais ACP a um direito nulo. Além disso, o artigo 18.°, n.° 2, previa que as importações à margem do referido contingente, quer se tratasse de importações não tradicionais provenientes dos países ACP ou de países terceiros, estavam sujeitas a um direito calculado com base na pauta aduaneira comum. 4       O artigo 19.°, n.° 1, do Regulamento n.° 404/93 repartia o contingente pautal assim aberto afectando 66,5% à categoria de operadores que comercializaram bananas países terceiros e/ou bananas não tradicionais ACP (categoria A), 30% para a categoria de operadores que tinham comercializado bananas comunitárias e/ou bananas tradicionais ACP (categoria B) e 3,5% para a categoria de operadores estabelecidos na Comunidade que tinham começado a partir de 1992 a comercializar bananas que não as bananas comunitárias e/ou tradicionais ACP (categoria C). 5       De acordo com o artigo 19.°, n.° 2, segundo parágrafo, do Regulamento n.° 404/93, para o segundo semestre de 1993, cada operador obtinha a emissão dos certificados de importação com base na metade da quantidade média anual comercializada em 1989 a 1991. 6       O artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93 previa: «No caso de ser necessário adoptar medidas específicas, a partir de Julho de 1993, para facilitar a transição dos regimes existentes antes da entrada em vigor do presente regulamento para o regime nele previsto, designadamente para ultrapassar dificuldades sensíveis, a Comissão adoptará, de acordo com o processo previsto no artigo 27.°, as medidas de transição consideradas necessárias.» 7       O artigo 27.° do Regulamento n.° 404/93 estabelecia um processo dito «comité de gestão». O artigo 20.° do mesmo regulamento previa que a Comissão adoptasse as modalidades do regime de trocas comerciais com os países terceiros em conformidade com este procedimento. 8       As modalidades do regime de trocas comerciais com os países terceiros constavam, na época dos factos na origem do presente litígio, do Regulamento (CEE) n.° 1442/93 da Comissão, de 10 de Junho de 1993, que estabelece normas de execução do regime de importação de bananas na Comunidade (JO L 142, p. 6). De acordo com os artigos 4.° e 5.° desse regulamento, a repartição do contingente pautal entre os operadores da categoria A (66,5%) efectuava‑se com base nas quantidades de bananas países terceiros e de bananas não tradicionais ACP comercializadas durante os três anos anteriores ao que precede o ano para o qual o contingente pautal foi aberto. A repartição do contingente entre os operadores da categoria B (30%) era feita, por seu turno, com base nas quantidades de bananas comunitárias ou tradicionais ACP comercializadas durante um período de referência calculado da mesma forma que para a categoria A. 9       Por força das disposições do artigo 19.°, n.° 2, segundo parágrafo, do Regulamento n.° 404/93, bem como dos artigos 4.° e 5.° do Regulamento n.° 1442/93, o período de referência diferenciava‑se, anualmente, em um ano. Em consequência, se para as importações a realizar em 1993, o período de referência incluía os anos de 1989, 1990 e 1991, para as que deviam ser efectuadas em 1997 e em 1998, incluía, respectivamente, os anos de 1993, 1994 e 1995 e os anos de 1994, 1995 e 1996. 10     Além disso, de acordo com o artigo 13.° do Regulamento n.° 1442/93, os operadores das categorias A ou B podiam, durante o período de validade dos certificados de importação que lhes tinham sido emitidos nessa qualidade, transmitir os direitos decorrentes desses certificados a operadores das categorias A, B ou C. 11     O regime estabelecido no Regulamento n.° 404/93 e no Regulamento n.° 1442/93 é designado a seguir «regime de 1993». 12     O Regulamento (CE) n.° 1637/98 do Conselho, de 20 de Julho de 1998, que altera o Regulamento n.° 404/93 (JO L 210, p. 28), aplicável a partir de 1 de Janeiro de 1999, revogou o artigo 15.°‑B e alterou os artigos 16.° a 20.° do Regulamento n.° 404/93. 13     O artigo 18.° do Regulamento n.° 404/93, alterado pelo Regulamento n.° 1637/98 abria, além do contingente pautal de 2,2 milhões de toneladas, consolidado no quadro da Organização Mundial do Comércio (n.° 1) um contingente pautal suplementar para as importações de bananas países terceiros e de bananas não tradicionais ACP (n.° 2). 14     O artigo 19.°, n.° 1, primeiro parágrafo, do Regulamento n.° 404/93, alterado pelo Regulamento n.° 1637/98, previa que futuramente «[a] gestão dos contingentes pautais referidos nos n. os 1 e 2 do artigo 18.°, bem como das importações de bananas tradicionais ACP [efectuar‑se‑á] mediante a aplicação do método baseado na tomada em consideração das correntes de comércio tradicionais (segundo o método dito ‘tradicionais/recém‑chegados’)». 15     O artigo 20.° do Regulamento n.° 404/93, alterado pelo Regulamento n.° 1637/98, atribui à Comissão competência para a adopção de normas de execução do novo regime de importação, as quais deviam incluir nomeadamente, por força do mesmo artigo, alínea d), «as medidas específicas necessárias para facilitar a transição do regime de importação aplicável a partir de 1 de Julho de 1993 para o [novo] regime». 16     Com base neste artigo 20.°, a Comissão adoptou o Regulamento (CE) n.° 2362/98, de 28 de Outubro de 1998, que estabelece normas de execução do Regulamento n.° 404/93 no que respeita ao regime de importação de bananas na Comunidade (JO L 293, p. 32), o qual substituiu, a partir de 1 de Janeiro de 1999, o Regulamento n.° 1442/93. 17     O artigo 3.°, primeiro parágrafo, do Regulamento n.° 2362/98 definia os operadores tradicionais nos seguintes termos: «Para efeitos do presente regulamento, entende‑se por operador tradicional o agente económico estabelecido na Comunidade durante o período que determina a sua quantidade de referência e aquando do seu registo em aplicação do artigo 5.°, que, por sua conta, tenha efectivamente importado, durante um período de referência, uma quantidade mínima de bananas originárias de Estados terceiros e/ou dos Estados ACP, com vista à sua ulterior colocação no mercado comunitário.» 18     O artigo 4.°, n.° 1, do Regulamento n.° 2362/98 prevê que «[c]ada operador tradicional registado num Estado‑Membro nos termos do artigo 5.° [obtinha], para cada ano e relativamente às origens mencionadas no anexo I [países terceiros e Estados ACP], uma quantidade de referência única, determinada em função das quantidades de bananas que [tinha] efectivamente importado durante o período de referência». O artigo 4, n.° 2, esclarecia que, relativamente às importações a efectuar em 1999 no âmbito dos contingentes pautais e das bananas tradicionais ACP, o período de referência é constituído pelos anos de 1994, 1995 e 1996. 19     O regime fixado pelas alterações introduzidas no Regulamento n.° 1637/98 e no Regulamento n.° 2362/98 é designado a seguir «regime de 1999». 20     No regime de 1999, o recurso às quantidades de referência notificadas aos operadores tradicionais para o ano de 1999 foi sucessivamente confirmado, até 30 de Junho de 2001, pelo Regulamento (CE) n.° 2268/1999 da Comissão, de 27 de Outubro de 1999, relativo à importação de bananas no âmbito dos contingentes pautais e das bananas tradicionais ACP, para o primeiro trimestre de 2000 (JO L 277, p. 10), o Regulamento (CE) n.° 250/2000 da Comissão, de 1 de Fevereiro de 2000, relativo à importação de bananas no âmbito dos contingentes pautais e das bananas tradicionais ACP, e que fixa as quantidades indicativas para o segundo trimestre do ano de 2000 (JO L 26, p. 6), o Regulamento (CE) n.° 1077/2000 da Comissão, de 22 de Maio de 2000, que fixa determinadas quantidades indicativas e limites máximos individuais para a emissão de certificados de importação de bananas na Comunidade para o terceiro trimestre de 2000, no âmbito dos contingentes pautais e da quantidade de bananas tradicionais ACP (JO L 121, p. 4), o Regulamento (CE) n.° 1637/2000 da Comissão, de 25 de Julho de 2000, que fixa quantidades para a importação de bananas para a Comunidade no quarto trimestre de 2000, no âmbito dos contingentes pautais e da quantidade de bananas tradicionais ACP (JO L 187, p. 36), o Regulamento (CE) n.° 2599/2000 da Comissão, de 28 de Novembro de 2000, que fixa determinadas quantidades indicativas e limites máximos individuais para a emissão de certificados de importação de bananas na Comunidade para o primeiro trimestre de 2001, no âmbito dos contingentes pautais e da quantidade de bananas tradicionais ACP (JO L 300, p. 8), e por último o Regulamento (CE) n.° 395/2001 da Comissão, de 27 de Fevereiro de 2001, que fixa determinadas quantidades indicativas e limites máximos individuais para a emissão de certificados de importação de bananas na Comunidade para o segundo trimestre de 2001, no âmbito dos contingentes pautais e da quantidade de bananas tradicionais ACP (JO L 58, p. 11). 21     O regime de importação de bananas na Comunidade foi posteriormente alterado, a partir de 1 de Julho de 2001, na sequência da adopção do Regulamento (CE) n.° 216/2001 do Conselho, de 29 de Janeiro de 2001, que altera o Regulamento n.° 404/93 (JO L 31, p. 2), designadamente os seus artigos 16.° a 20.°, e da adopção do Regulamento (CE) n.° 896/2001 da Comissão, de 7 de Maio de 2001, que estabelece normas de execução do Regulamento n.° 404/93 no que respeita ao regime de importação de bananas na Comunidade (JO L 133, p. 19). O regime estabelecido pelas alterações introduzidas pelo Regulamento n.° 216/2001 e pelo Regulamento n.° 896/2001 é designado a seguir «regime de 2001». Tramitação processual e pedidos das partes 22     Por acórdão de 8 de Junho de 2000, Camar e Tico/Comissão e Conselho (T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Colect., p. II‑2193, a seguir «acórdão de 8 de Junho de 2000»), proferido nomeadamente no presente processo, o Tribunal de Primeira Instância anulou a decisão da Comissão de 17 de Julho de 1997, que indeferiu o pedido de 21 de Janeiro de 1997 apresentado pela recorrente com base no artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93, e condenou a Comissão a indemnizar o prejuízo sofrido pela recorrente devido a essa decisão. 23     Além disso, o Tribunal condenou a Comissão e o Conselho a suportar, respectivamente, 90% e 10% das despesas no processo T‑260/97 e a República Francesa, enquanto interveniente, a suportar as suas próprias despesas. 24     No n.° 5 da parte decisória do acórdão de 8 de Junho de 2000, as partes deviam informar o Tribunal, num prazo de seis meses a contar da data de prolação do acórdão, do acordo a que tivessem chegado sobre os montantes a pagar ou, na ausência de acordo, apresentar ao Tribunal, dentro do mesmo prazo, os seus pedidos quantificados. 25     Por petição apresentada na Secretaria do Tribunal de Justiça em 17 de Agosto de 2000, a Comissão interpôs recurso do acórdão de 8 de Junho de 2000 (processo C‑312/00 P). 26     Nos termos do artigo 77.°, alínea b), do Regulamento de Processo do Tribunal de Primeira Instância, este decidiu, por despacho de 7 de Fevereiro de 2001, suspender a instância no processo T‑260/97 até à prolação de acórdão do Tribunal de Justiça que pusesse termo à instância no processo C‑312/00 P. 27     Por acórdão de 10 de Dezembro de 2002, Comissão/Camar e Tico (C‑312/00 P, Colect., p. I‑11355), o Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso na parte em que era dirigido contra a parte do acórdão de 8 de Junho de 2000 relativa ao processo T‑260/97. 28     Por carta da Secretaria do Tribunal de Primeira Instância de 9 de Janeiro de 2003, as partes foram informadas do reinício do processo T‑260/97 e de que o prazo de seis meses, previsto no n.° 5 da parte decisória do acórdão de 8 de Junho de 2000, tinha começado a correr e chegaria ao seu termo em 10 de Junho de 2003. 29     A recorrente e a Comissão encetaram negociações com vista à avaliação do prejuízo. Não tendo chegado a acordo no prazo previsto, apresentaram em 10 de Junho de 2003 na Secretaria do Tribunal de Primeira Instância as suas propostas para a avaliação do prejuízo. 30     A recorrente apresentou as suas observações sobre a proposta da Comissão em 18 de Julho de 2003, e esta formulou posteriormente as suas observações quanto à proposta bem como quanto às observações da recorrente em 5 de Setembro de 2003. 31     Com base no relatório do juiz‑relator, o Tribunal de Primeira Instância (Quarta Secção) decidiu abrir a fase oral e, no âmbito das medidas de organização do processo previstas no artigo 64.° do Regulamento de Processo, colocou por escrito questões à recorrente e à Comissão, que lhe responderam no prazo estabelecido. 32     A recorrente e a Comissão foram ouvidas em alegações e nas respostas às questões orais colocadas pelo Tribunal de Primeira Instância na audiência de 24 de Fevereiro de 2005. 33     A recorrente conclui pedindo que o Tribunal se digne: –       declarar a justeza dos montantes em que a recorrente avaliou o prejuízo sofrido, ou seja, sem juros, 2 771 132 euros para 1997, 2 253 060 euros para 1998, 7 190 000 euros para 1999, 7 190 000 euros para 2000 e 4 399 200 euros para o primeiro semestre de 2001; –       condenar a Comissão no pagamento integral da soma correspondente a estes montantes bem como os montantes devidos a título de reavaliação monetária e de juros de mora calculados de acordo com os critérios sugeridos pela recorrente ou de acordo com outro eventual critério que o Tribunal de Primeira Instância entenda mais adequado; –       condenar a Comissão nas despesas resultantes desta nova fase do processo. 34     A Comissão conclui pedindo que o Tribunal determine os montantes a pagar à recorrente de acordo com as indicações seguintes: –       a reparação é devida pelo período compreendido entre 1 de Janeiro de 1997 e 31 de Dezembro de 1998; –       o período a tomar em consideração para o cálculo da quantidade de referência da recorrente corresponde aos anos de 1989 e 1990; –       o montante da indemnização deve ser calculado com base nos lucros cessantes constituídos pela diferença entre os rendimentos que a recorrente teria obtido da comercialização de bananas durante o período de 1 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 1998, caso a Comissão tivesse respondido favoravelmente ao seu pedido de medidas transitórias de 21 de Janeiro de 1997, e os rendimentos efectivos resultantes da comercialização durante o período considerado, acrescidos daqueles que obteve ou poderia ter obtido durante esse mesmo período em eventuais actividades de substituição; –       as quantidades de bananas suplementares que a recorrente poderia ter comercializado, caso a Comissão tivesse respondido favoravelmente ao seu pedido de medidas transitórias de 21 de Janeiro de 1997, atingiam 13 855,66 toneladas para 1997 e 11 265,30 toneladas para 1998; –       o montante da indemnização assim obtido será reavaliado de acordo com os índices oficiais disponíveis para a Itália e aplicáveis ao período considerado; a este montante reavaliado acresceriam os juros de mora a contar da data da prolação do acórdão de 8 de Junho de 2000 até à data do pagamento, juros calculados com base na taxa legal em vigor em Itália. Questão de direito Considerações prévias 35     A título preliminar, há que recordar que, por carta de 21 de Janeiro de 1997, a recorrente tinha pedido à Comissão, com base no artigo 175.° do Tratado CE (actual artigo 232.° CE), que, por aplicação do artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93, os certificados de importação de bananas países terceiros e de bananas não tradicionais ACP que lhe deviam ser atribuídos enquanto operador da categoria B para o ano de 1997 e para os anos seguintes, até serem restabelecidas as suas quantidades de referência normais, fossem determinados com base nas quantidades de bananas comercializadas nos anos de 1988, 1989 e 1990. 36     Como resulta do n.° 208 do acórdão de 8 de Junho de 2000, o prejuízo a ressarcir consiste na atribuição à recorrente de um número de certificados de importação reduzido relativamente àquele que ela teria obtido se o artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93 tivesse sido correctamente aplicado. 37     Ora, embora a recorrente e a Comissão estejam de acordo quanto aos anos a tomar em conta para o cálculo da quantidade de referência da recorrente para o cálculo do número de certificados de importação que deveria ter obtido a mais, opõem‑se, ao invés, no tocante a três pontos principais: –       período a ter em conta para avaliar o prejuízo que deve ser indemnizado; –       critérios gerais a adoptar para a avaliação do prejuízo; –       critérios a tomar em consideração para avaliação da desvalorização da moeda e dos juros de mora. Quanto aos anos a tomar em consideração para o cálculo da quantidade de referência Argumentos das partes 38     A Comissão refere que o período a tomar em consideração para o cálculo da quantidade de referência da recorrente, isto é, o período de referência, devia em princípio compreender os três anos anteriores à entrada em vigor da organização comum de mercado, instituída pelo Regulamento n.° 404/93, para os quais existiam dados disponíveis, ou seja, os anos de 1989 a 1991. No entanto, o início da guerra civil na Somália justifica que não seja tomado em conta, relativamente à recorrente, o ano de 1991. Sublinha que o período restante, que abrange os anos de 1989 e 1990, pode ser definido como um período de actividade normal para a recorrente, a qual teria com efeito reconhecido que o ano de 1988 tinha sido caracterizado por um significativo aumento das suas importações relativamente à média das suas importações. O período a considerar como período de referência abrange, portanto, os anos de 1989 e 1990. 39     A recorrente aceita reportar‑se, para efeitos da avaliação do prejuízo a ressarcir, ao período de referência indicado pela Comissão, em vez do triénio 1988 a 1990 constante do seu pedido nos termos do artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93. Apreciação do Tribunal de Primeira Instância 40     No acórdão de 8 de Junho de 2000, o Tribunal, embora declarando ilegal a recusa da Comissão em adoptar as medidas transitórias face às dificuldades encontradas pela recorrente, não indicou que a Comissão devesse, em especial, levar em conta, a respeito da recorrente, precisamente, o período de 1988 a 1990, como período de referência para efeitos de cálculo do número de certificados de importação que lhe deviam ser atribuídos enquanto operador da categoria B. 41     Atendendo a que, por um lado, nada na regulamentação pertinente impunha que, num caso de rigor como o caso vertente, o período de referência fosse necessariamente redefinido relativamente a um período trienal e, por outro, devido ao facto de a recorrente aceitar a exclusão do ano de 1988, a abordagem acordada entre as partes pode ser aprovada. O período relativamente ao qual deve ser calculada a quantidade de referência da recorrente para efeitos de avaliação do prejuízo abrange assim os dois anos de 1989 e 1990. Quanto ao período pelo qual o prejuízo deve ser indemnizado Argumentos das partes 42     A recorrente entende que o período abrangido pelo prejuízo sofrido devido à rejeição do seu pedido de medidas transitórias é o período compreendido entre 1 de Janeiro de 1997 e 30 de Junho de 2001. 43     A recorrente alega que, sob o regime de 1999, não obstante a supressão da distinção entre os certificados da categoria A e B, a obtenção dos certificados de importação de bananas países terceiros era, como no regime anterior, função, nomeadamente, das quantidades de bananas tradicionais ACP importadas no período de referência. Com efeito, realça que as bananas tradicionais ACP eram tomadas em consideração, de entre as bananas de todas as origens, para efeitos de determinação da quantidade de referência única estabelecida pelo Regulamento n.° 2362/98, a qual era ainda calculada com base no período de referência que abrangia os anos de 1994 a 1996. 44     Além disso, o facto de a recorrente, no seu pedido de 21 de Janeiro de 1997 dirigido à Comissão, se ter referido aos certificados da categoria B não impede de modo algum que se possa concluir pela existência de um prejuízo que deva ser ressarcido pela Comissão igualmente para o período posterior a 31 de Dezembro de 1998. Com efeito, a recorrente observa que, embora nesse pedido tivesse mencionado os certificados da categoria B, foi unicamente para caracterizar os certificados que eram atribuídos com base numa quantidade de referência constituída por importações de bananas tradicionais ACP. Com a sua acção que resultou no acórdão de 8 de Junho de 2000, teria pretendido obter uma adaptação das suas quantidades de referência, o que o Tribunal de Primeira Instância reconheceu no n.° 194, terceiro a quinto períodos, do dito acórdão. 45     O prejuízo deve por conseguinte ser indemnizado, segundo a recorrente, por todos os anos no decurso dos quais, com base na legislação comunitária, poderia ter invocado, enquanto operador tradicional de bananas ACP, as suas quantidades de referência normais, isto é, até 1 de Julho de 2001, data da entrada em vigor do regime de 2001. Este regime fixou novos critérios de cálculo das quantidades de referência que servem para a atribuição de certificados de importação de bananas países terceiros ou não tradicionais ACP tendo como efeito que, para um operador como a recorrente, este cálculo deveria passar a ser efectuado com base unicamente nas importações realizadas durante o período de referência, na qualidade de operador da categoria A. 46     Aliás, a recorrente esclarece que, para efeitos da avaliação do prejuízo no que se refere aos anos de 1999 e 2000 e ao primeiro semestre de 2001, importa ter em conta as importações que poderia ter efectuado de 1994 a 1996, se a Comissão tivesse adoptado as medidas necessárias para lhe permitir substituir as bananas da Somália que não estavam disponíveis nessa época. 47     A Comissão entende que o período pelo qual a recorrente tem direito à reparação do prejuízo deve ser circunscrito ao período de 1 de Janeiro de 1997 a 31 de Dezembro de 1998. 48     Recorda que o prejuízo a ressarcir é aquele que decorre da recusa de conceder à recorrente, nos termos do artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93, um maior número de certificados de importação da categoria B, calculado com base nas importações de bananas efectuadas pela recorrente antes da guerra civil na Somália. 49     Ora, a Comissão observa que em 1 de Janeiro de 1999 entrou em vigor uma importante reforma do regime de trocas comerciais previsto no âmbito da organização comum de mercado das bananas que suprimiu, nomeadamente, a repartição dos importadores nas categorias A, B e C e instaurou uma gestão comum dos contingentes pautais e das bananas tradicionais ACP. Salienta que, no regime de 1999, a recorrente nunca pediu disposições de favor especiais, enquanto as medidas pedidas sob o regime anterior, que terminou em 31 de Dezembro de 1998, não poderiam ter efeito sob o novo regime. 50     A Comissão realça que, a partir de 1 de Janeiro de 1999, a base jurídica das medidas pedidas pela recorrente também se alterou. Com efeito, se a recorrente considerava encontrar‑se numa situação particularmente desfavorável, deveria ter pedido de novo à Comissão para adoptar as medidas adequadas com base, desta vez, no novo artigo 20.°, alínea d), do Regulamento n.° 404/93, alterado pelo Regulamento n.° 1637/98. Apreciação do Tribunal de Primeira Instância 51     Há que observar que a Comissão reconhece estar obrigada a ressarcir o prejuízo que a recorrente sofreu em 1997 e em 1998 devido à sua recusa em deferir o pedido de 21 de Janeiro de 1997. Ao invés, a Comissão contesta a pretensão da recorrente de imputar a esta recusa o prejuízo que alega ter sofrido no período durante o qual esteve em vigor o regime de 1999, a saber, desde 1 de Janeiro de 1999 a 30 de Junho de 2001. 52     Esta pretensão da recorrente não pode ser acolhida. 53     É certo que o pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997 pode ser interpretado no sentido de que visava, no essencial, uma medida que autorizasse as autoridades nacionais competentes a fixar a quantidade de referência que servia de base para a atribuição à recorrente, enquanto operadora da categoria B, de certificados de importação de bananas países terceiros ou não tradicionais ACP, tendo em conta as quantidades de bananas tradicionais ACP comercializadas no decurso de outro período de referência que não o decorrente da regulamentação aplicável. 54     Resulta, nomeadamente, do referido pedido que a substituição do período de referência de 1993 a 1995 que serviu sob o regime de 1993 para a atribuição de certificados de importação em 1997 se justificava, para efeitos da atribuição à recorrente de certificados de importação de bananas países terceiros ou não tradicionais ACP, à luz do nível anormalmente baixo das importações de bananas tradicionais ACP efectuadas pela recorrente nesse mesmo período, devido ao efeito conjugado da guerra civil que eclodiu na Somália e da instituição da organização comum de mercado. 55     A recorrente pedia que fossem tomados em consideração os anos de 1988 a 1990, como período de referência, «até ao restabelecimento das suas quantidades de referência normais», o que significa, no contexto do dito pedido, até que, por efeito da diferença anual prevista pela regulamentação em vigor (v. os n. os 8 e 9, supra ), o período de referência só abrangesse os anos não caracterizados pelas dificuldades de abastecimento de bananas tradicionais ACP na origem do pedido da recorrente. 56     Assim, as medidas que a Comissão deveria ter adoptado para deferir esse pedido deveriam ter permitido igualmente para o ano de 1998 que fossem tomadas em consideração as quantidades de bananas tradicionais ACP comercializadas pela recorrente no período por esta proposto, para efeitos do cálculo do número de certificados de importação da categoria B que lhe deviam ser atribuídos. Com efeito, para esse ano, o período de referência pertinente nos termos do Regulamento n.° 1442/93 (1994 a 1996) continuava a abranger – como o Tribunal de Primeira Instância expressamente declarou no n.° 148, in fine , do acórdão de 8 de Junho de 2000 – os anos em que a recorrente sofreu as referidas dificuldades de abastecimento. 57     Embora o regime de 1993 se tenha mantido até 1999, as medidas que a Comissão deveria ter adoptado para deferir o pedido da recorrente teriam permitido a mesma substituição do período de referência igualmente para o ano de 1999, uma vez que o período de referência que resulta dos Regulamentos n.° 404/93 e n.° 1442/93, com a diferença de um ano suplementar (1995 a 1997), teria ainda abrangido os anos (1995 e 1996) afectados pelas dificuldades em questão. 58     No entanto, o regime de 1993 foi reformado a partir de 1 de Janeiro de 1999. Ora, há que verificar que esta reforma era de molde a fazer cessar, em 31 de Dezembro de 1998, os efeitos das medidas que a Comissão poderia ter adoptado para deferir o pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997. 59     Tal conclusão não pode todavia basear‑se, como pretende a Comissão, numa razão de ordem formal da introdução, pelo artigo 20.°, alínea d), do Regulamento n.° 404/93, alterado pelo Regulamento n.° 1637/98, de uma nova base jurídica para a adopção das medidas transitórias. 60     Com efeito, a situação da recorrente não é abrangida pelo artigo 20.°, alínea d), acima referido, na medida em que o caso de rigor excessivo por esta invocado, a saber, as suas dificuldades de abastecimento em bananas tradicionais ACP durante o período de 1994 a 1996, não está ligado à passagem do regime de 1993 ao de 1999. Ao invés, embora conexo com a guerra civil na Somália no final de 1990, era uma consequência directa da instituição da organização comum de mercado, uma vez que o regime de 1993, na prática, gerou uma diminuição objectiva importante da possibilidade, oferecida pelo regime italiano anterior, de a recorrente substituir a oferta deficitária de bananas da Somália por, nomeadamente, outras bananas tradicionais ACP (acórdão de 8 de Junho de 2000, n. os 140 a 143). Decorrendo da passagem dos regimes nacionais para o regime de 1993, estas dificuldades existiam ainda, sob o regime de 1999, devido ao artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93, o qual não foi nem revogado nem alterado pelo Regulamento n.° 1637/98. 61     As razões que se opõem a que as medidas que a Comissão poderia ter adoptado para deferir o pedido de 21 de Janeiro de 1997 se pudessem manter para além de 31 de Dezembro de 1998 são de ordem substancial e estão ligadas às características que distinguem fundamentalmente, à luz do objecto do referido pedido, o regime de 1999 do de 1993. 62     Nos termos do quinto considerando do Regulamento n.° 2362/98, «a gestão comum dos contingentes pautais e das bananas tradicionais ACP» era adequada para favorecer a evolução do comércio internacional e uma maior fluidez do comércio e para evitar diferenciações injustificadas. Assim, de acordo com o referido considerando; os operadores tradicionais e os novos operadores deviam «ser definidos de acordo com critérios únicos, independentemente dos países terceiros ou ACP de que importam», os direitos dos operadores tradicionais deviam «ser determinados com base em importações efectivas, sejam quais forem as origens e as fontes de abastecimento» e deviam «conferir a possibilidade de importar de todas as origens», essa abordagem deve «encontrar tradução no modo de gestão periódico das importações, sem qualquer diferenciação baseada nas origens das importações». 63     Por conseguinte, o regime de 1999 suprimiu a distinção que era feita no artigo 19.° do Regulamento n.° 404/93, para efeitos da repartição do contingente pautal, entre operadores (e certificados) da categoria A, B e C. O regime de 1999 distinguia unicamente os operadores ditos tradicionais (v. n.° 17, supra ), como a recorrente, dos operadores novos. 64     Além disso, embora, sob o regime de 1993, as quantidades de referência fossem calculadas para os operadores da categoria A, com base nas quantidades de bananas países terceiros e de bananas não tradicionais ACP comercializadas durante um período de referência e, para os operadores da categoria B, com base nas quantidades de bananas comunitárias ou tradicionais ACP comercializadas no decurso do mesmo período de referência (v. n.° 8, supra ), sob o regime de 1999, uma «quantidade de referência única», prevista pelo artigo 4.° do Regulamento n.° 2362/98 (v. n.° 18 supra ), era calculada tendo em conta as importações na Comunidade de todas as origens, a saber, de bananas tradicionais e não tradicionais ACP, bem como de bananas países terceiros (Anexo I do Regulamento n.° 2362/98), efectuadas pelo operador em causa durante o período de referência. 65     É certo que, não obstante a supressão das categorias de operadores e de certificados A, B e C, bem como da fixação de uma quantidade de referência única, as importações de bananas tradicionais ACP efectuadas durante o período de referência continuavam a influenciar, igualmente sob o regime de 1999, o número de certificados que podiam ser atribuídos à recorrente para importação de bananas países terceiros e não tradicionais ACP. E também é certo que o período de referência continuou fixado, na duração do regime de 1999, para os anos de 1994 a 1996 (v. n. os 18 e 20, supra ), a saber, o mesmo triénio que constituía o período de referência durante o ano de 1998, último ano do regime de 1993, e que, devido às dificuldades de abastecimento resultantes da guerra civil na Somália e da instauração da organização comum de mercado, não era representativo do nível normal de actividade da recorrente no âmbito das bananas tradicionais ACP. 66     Entretanto, mesmo admitindo que não tivesse sido totalmente inconciliável com as modalidades de funcionamento do regime de 1999, uma tomada em consideração, para efeitos da fixação da quantidade de referência única da recorrente, os anos de 1989 e 1990, em vez do período de 1994 a 1996, para a única componente da dita quantidade constituída pelas importações de bananas tradicionais ACP, não poderia decorrer, sob o regime de 1999, das medidas que a Comissão poderia ter adoptado sob o regime de 1993 para acolher o pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997. 67     Com efeito, há que observar que, sob o regime de 1993, as importações de bananas tradicionais ACP efectuadas por um operador durante o período de referência permitiam a sua participação na repartição de uma parte bem delimitada (30%) do contingente pautal. É neste contexto que a substituição do período de referência, que consta do pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997, se destina a operar. 68     Ora, sob o regime de 1999, as quantidades de referência em bananas tradicionais ACP já não serviam, como tinha sido o caso sob o regime de 1993, para calcular o número de certificados de importação de bananas países terceiros ou não tradicionais ACP a atribuir no âmbito da reserva de 30% do contingente pautal aos operadores da categoria B, mas contribuíam para constituir a quantidade de referência única utilizada, de um modo mais geral, para calcular o número de certificados a atribuir aos operadores para a importação de todas as origens no âmbito de uma gestão comum dos contingentes pautais e de bananas tradicionais ACP. Nos termos do considerando n.° 5 do Regulamento n.° 2362/98, sob o regime de 1999, os direitos dos operadores tradicionais não só deviam «ser determinados com base em importações efectivas, sejam quais forem as origens e as fontes de abastecimento», mas deviam igualmente «conferir a possibilidade de importar de todas as origens». 69     Por conseguinte, sob o regime de 1999, as quantidades de bananas tradicionais ACP importadas durante o período de referência não influenciavam só, como era o caso sob o regime de 1993, a repartição pelos operadores de uma parte bem delimitada do contingente pautal, mas também a repartição da totalidade dos contingentes pautais e, sobretudo, a repartição dos certificados de importação de bananas tradicionais ACP (artigos 3.°, 4.° e 6.° do Regulamento n.° 2362/98), enquanto, sob o regime de 1993, a importação de bananas tradicionais ACP não estava condicionada pela detenção de uma quantidade de referência (artigos 14.° a 16.° do Regulamento n.° 1442/93). 70     Estas modificações fundamentais das condições de acesso às bananas de países terceiros ou não tradicionais ACP e, sobretudo, às bananas tradicionais ACP marcam uma descontinuidade evidente entre o regime de 1993 e o regime de 1999 face ao objecto do pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997. É portanto errada a tese da recorrente segundo a qual, embora os certificados da categoria B já não existissem sob o regime de 1999, o mecanismo de atribuição de certificados de bananas países terceiros ou não tradicionais ACP continuou a existir e era essencialmente o mesmo em vigor sob o regime de 1993. 71     As medidas que a Comissão poderia ter adoptado para deferir o pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997 não podiam, assim, produzir efeitos para além de 31 de Dezembro de 1998. Uma substituição, no âmbito do regime de 1999, do período de referência para a única componente da quantidade de referência única constituída pelas importações de bananas tradicionais ACP teria um alcance bem diferente e bem mais importante do que o das medidas requeridas pela recorrente. Tal substituição, supondo que seja admissível no contexto da aplicação do regime de 1999, só poderia ser objecto de uma nova decisão da Comissão que incumbia à recorrente solicitar mediante novo pedido à luz das modalidades específicas do dito regime. 72     Daqui resulta que o prejuízo que a Comissão tem que ressarcir no caso vertente é o que decorre da atribuição à recorrente, unicamente para os anos de 1997 e 1998, de um número de certificados de importação de bananas países terceiros e não tradicionais ACP reduzido em relação ao que poderia ter obtido para esses mesmos anos se a Comissão tivesse acolhido o seu pedido de 21 de Janeiro de 1997 autorizando, nos termos do artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93, a tomada em consideração dos anos de 1989 e 1990 como período de referência. 73     Tal conclusão impõe‑se tanto mais quando se considere, de acordo com a jurisprudência, que a possibilidade de os particulares invocarem um prejuízo futuro no âmbito de uma acção de responsabilidade extracontratual da Comunidade apenas respeita a danos iminentes e previsíveis com uma razoável certeza com base na situação material e regulamentar existente (acórdão do Tribunal de Justiça de 2 de Junho de 1976, Kampffmeyer e o./Conselho e Comissão, 56/74 a 60/74, Colect., p. 315, n. os 6 a 8). 74     Nestas condições, o pedido de indemnização apresentado pela recorrente no presente processo só pode ter por objecto a reparação do prejuízo susceptível de ocorrer, em consequência da decisão da Comissão de 17 de Julho de 1997, com base na regulamentação existente na época da apresentação do pedido, a saber, o regime de 1993. Ora, o alegado prejuízo de que a recorrente pede reparação para o período de 1 de Janeiro de 1999 a 30 de Junho de 2001 não resulta, em qualquer caso, desta regulamentação, mas de uma regulamentação substancialmente diferente adoptada posteriormente à propositura da acção e cujas características não eram de modo algum previsíveis nesse momento. Quanto aos critérios gerais a considerar para a avaliação do prejuízo Argumentos das partes 75     A recorrente entende que o Tribunal de Primeira Instância, nomeadamente nos n. os 194, 195 e 211 do acórdão de 8 de Junho de 2000, já indicou claramente o critério de cálculo dos montantes devidos a título de indemnização, designadamente referindo‑se ao critério proposto pela própria recorrente, a saber, o valor de troca dos certificados de importação não atribuídos, avaliado em 200 euros por tonelada numa declaração dos serviços da Comissão ao grupo de trabalho «Bananas» de 9 e 10 de Fevereiro de 1998 do comité especial «Agricultura» do Conselho. Por conseguinte, segundo a recorrente, o prejuízo deve ser calculado multiplicando 200 euros pelo número de toneladas representadas pelos certificados que ela recebeu a menos em relação aos que deveria ter obtido se o período de referência considerado tivesse sido o período anterior à guerra civil, em vez dos anos de 1993 a 1995 para as importações a efectuar em 1997 e dos anos de 1994 a 1996 para as importações a efectuar nos anos seguintes. 76     A recorrente observa que o Tribunal não pode condenar uma parte a indemnizar por um prejuízo se este não for real e se não for já certo no seu princípio e no seu quantum no momento da condenação (v. acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 2 de Julho de 2003, Hameico Stuttgart e o./Conselho e Comissão, T‑99/98, Colect., p. II‑2195, n.° 67, e jurisprudência aí referida), no sentido de que esse prejuízo possa pelo menos ser avaliado com exactidão de acordo com critérios já estabelecidos. Ora, a Comissão, alegando que o Tribunal de Primeira Instância não fixou esses critérios no acórdão de 8 de Junho de 2000, pretende erradamente fazer crer que o prejuízo é não só indeterminado, mas ainda incerto. 77     A recorrente salienta que, embora o Tribunal, no seu acórdão de 8 de Junho de 2000, não tenha analisado expressamente a justeza do critério do valor de troca dos certificados, por ela proposto, também não o considerou infundado ou inadequado para quantificar o prejuízo. Se assim fosse, não teria afirmado, no n.° 195 do acórdão, que tal critério permite prever a extensão do prejuízo «com uma certeza suficiente» e convidar as partes, no n.° 211, «a chegarem a acordo, à luz [deste] acórdão, sobre o montante da indemnização da totalidade do prejuízo invocado». 78     Além disso, a recorrente salienta que, na tréplica apresentada no âmbito do processo principal, a Comissão poderia ter contestado o critério proposto pela recorrente, mas não o fez. Por conseguinte, a Comissão já não pode pôr em causa esse critério. 79     De qualquer modo, a recorrente afirma que o valor da troca dos certificados é um dado fundado e fiável para quantificar o prejuízo no caso vertente. Com efeito recorda que o carácter transmissível dos certificados de importação de bananas está expressamente previsto pela regulamentação comunitária desde o início do regime de 1993 (artigo 20.° do Regulamento n.° 1442/93) e que os certificados da categoria B eram precisamente aqueles que eram objecto de trocas, uma vez que, nos termos do artigo 13.°, n.° 3, do Regulamento n.° 1442/93, a sua transmissão não implica qualquer redução das quantidades de referência do titular e permite completar as pequenas margens de lucro permitidas pelo comércio de bananas ACP. A este propósito, a recorrente remete para o n.° 86 do acórdão do Tribunal de Justiça de 5 de Outubro de 1994, Alemanha/Conselho (C‑280/93, Colect., p. I‑4973). O preço de transmissão dos certificados representa, portanto, uma receita certa e, mais exactamente, um lucro mínimo. 80     Para basear o mérito do critério do valor de troca dos certificados de importação, a recorrente lembra que, no acórdão de 27 de Janeiro de 2000, Mulder e o./Conselho e Comissão (C‑104/89 e C‑37/90, Colect., p. I‑203, n.° 79), o Tribunal de Justiça afirmou que podem ser utilizados dados estatísticos e comerciais para avaliar o prejuízo. 81     A Comissão sustenta que o acórdão de 8 de Junho de 2000 não definiu os critérios para quantificar a indemnização devida à recorrente. Com efeito, o critério sugerido pela recorrente apenas foi tomado em consideração pelo Tribunal de Primeira Instância para apreciar a admissibilidade do pedido de indemnização, sem que o Tribunal o tenha no entanto considerado adequado. Não houve, aliás, qualquer discussão contraditória quanto ao mérito de tal critério. 82     A Comissão não admite que a reparação devida possa ser calculada em função de um hipotético valor de troca dos certificados de importação fazendo total abstracção do facto de as mercadorias em causa serem importadas ou não. Com efeito, tal elemento não tem qualquer relação com o acontecimento que deu origem ao prejuízo e com as consequências efectivas para a situação da recorrente (acórdão do Tribunal de Justiça de 14 de Julho de 1967, Kampffmeyer e o./Comissão, 5/66, 7/66 e 13/66 a 24/66, Colect. 1965‑1968, p. 637). 83     Observa que a transmissibilidade dos certificados de importação de um operador para outro raramente se verifica na prática. Além disso, lembra que a cessão dos certificados implicava, em princípio, já sob o regime de 1993, por força do artigo 13.° do Regulamento n.° 1442/93, que as quantidades cedidas fossem deduzidas da quantidade de referência do cedente. Segundo a Comissão, é certo que os operadores da categoria B, como a recorrente, escapam a esta limitação, mas a sua possibilidade de obter os certificados de importação de bananas países terceiros e não tradicionais ACP dependia da comercialização efectiva da sua parte de bananas comunitárias e tradicionais ACP durante o período de referência. 84     Quanto ao alegado valor de troca dos certificados de importação de 200 euros por tonelada, indicado pela recorrente com base na declaração dos serviços da Comissão no grupo de trabalho «Bananas» do comité especial «Agricultura» do Conselho de 9 e 10 de Fevereiro de 1998, a Comissão observa que não constitui um elemento significativo para determinar o prejuízo. Com efeito, não pode em caso algum ser tomado em consideração para todo o período em causa, uma vez que se trata apenas de uma indicação relativa a um momento específico, limitado aos certificados da categoria B, e os preços dos certificados variam em função do preço das bananas. Por outro lado, tal indicação não se infere de dados estatísticos e comerciais oficiais, na medida em que não existia um verdadeiro mercado de certificados de importação. 85     Ao invés, a Comissão sugere, para se avaliar o prejuízo em causa, que se recorra à jurisprudência assente de acordo com a qual a reparação tem por objecto reconstituir, na medida do possível, o património da vítima do prejuízo na situação em que este se encontraria se não tivesse sofrido tal prejuízo (acórdão do Tribunal de Justiça de 3 de Fevereiro de 1994, Grifoni/CEEA, C‑308/87, Colect., p. I‑341, n.° 40). Importa portanto ter em conta, na medida do possível, a situação real da vítima do prejuízo, em especial quando o ressarcimento está ligado ao exercício de uma actividade económica que, pela sua natureza, pode comportar não apenas lucros mas também perdas (acórdão do Tribunal de Justiça de 19 de Maio de 1992, Mulder e o./Conselho e Comissão, C‑104/89 e C‑37/90, Colect., p. I‑3061, n. os 32 a 34, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 11 de Julho de 1997, Oleifici Italiani/Comissão, T‑267/94, Colect., p. II‑1239, n. os 73 e seguintes). 86     Referindo‑se aos acórdãos de 19 de Maio de 1992, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido (n.° 26), e de 27 de Janeiro de 2000, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido, a Comissão sugere que sejam tidos em conta, no caso vertente, os lucros cessantes constituídos pela diferença entre os lucros que a recorrente poderia ter obtido do comércio das bananas durante o período pertinente (que abrange os anos de 1997 e 1998), se a Comissão tivesse respondido favoravelmente ao seu pedido de medidas transitórias de 21 de Janeiro de 1997, e os lucros efectivos deste comércio obtidos durante o mesmo período, acrescidos daqueles que tirou ou poderia ter tirado durante esse mesmo período de eventuais actividades de substituição. Com o objectivo de avaliar os rendimentos suplementares que a recorrente poderia ter obtido durante o período considerado no caso de resposta favorável ao seu pedido, a Comissão considera razoável tomar em consideração as margens de lucro da recorrente obtidas das importações de bananas efectivamente realizadas nesse período. A Comissão esclarece também que, se o Tribunal de Primeira Instância acolher este critério, compete à recorrente fornecer todos os elementos de prova necessários para a determinação exacta das suas margens de lucro. Apreciação do Tribunal de Primeira Instância –       Quanto à questão de saber se o critério do valor de troca dos certificados foi decidido pelo acórdão de 8 de Junho de 2000 87     Cabe, antes de mais, verificar se o critério invocado pela recorrente foi julgado adequado, no acórdão de 8 de Junho de 2000, para efeitos de avaliação do prejuízo no caso presente. 88     A este propósito, importa concluir que, como a Comissão invocou, as considerações do Tribunal relativas ao valor de troca dos certificados de importação como critério do cálculo do prejuízo inscrevem‑se no quadro da análise da admissibilidade do pedido de indemnização (n. os 194 e 195 do acórdão de 8 de Junho de 2000). 89     Ora, é manifesto, da leitura dos n. os 194 e 195, que a afirmação do Tribunal de Primeira Instância segundo a qual a recorrente indicou os elementos que permitem prever a extensão do prejuízo invocado com uma certeza suficiente significa unicamente que a recorrente forneceu ao Tribunal os elementos graças aos quais este pôde concluir que a extensão do alegado prejuízo era determinável e que, por conseguinte, o pedido de indemnização era admissível. 90     Na análise do mérito do pedido de indemnização, o Tribunal não se pronunciou de modo algum sobre a extensão do prejuízo a reparar, mas limitou‑se a constatar, no n.° 211 do acórdão de 8 de Junho de 2000, que «há que convidar as partes a chegarem a acordo, à luz [deste] acórdão, sobre o montante da indemnização da totalidade do prejuízo invocado». Isto significa que as partes devem ter em conta, no âmbito das suas negociações, o facto de a Comissão ser responsável das consequências danosas do seu comportamento ilegal como foi declarado no acórdão e que aquela devia reparar o prejuízo na sua totalidade, e só este, na medida em que apresente um nexo causal com esse mesmo comportamento. Ao invés, não se pode inferir do número já referido do acórdão de 8 de Junho de 2000, como faz a recorrente, uma remissão para as considerações feitas pelo Tribunal no âmbito da análise da admissibilidade do recurso e, nomeadamente, para o valor de troca dos certificados como critério de determinação da extensão do prejuízo. 91     A recorrente baseia‑se erradamente no acórdão Hameico Stuttgart e o./Conselho e Comissão, já referido. Com efeito, o Tribunal, no n.° 67 deste acórdão, lembrou unicamente que só existe responsabilidade da Comunidade se a recorrente tiver sofrido efectivamente um prejuízo «real e certo». Trata‑se aí de uma condição de verificação da responsabilidade extracontratual da Comunidade que o juiz comunitário pode considerar preenchida num caso concreto sem ter necessariamente que examinar em primeiro lugar em detalhe a extensão do alegado prejuízo, desde que resulte das circunstâncias concretas do caso que a existência de um prejuízo não suscita qualquer dúvida. Ora, nos n. os 207 e 208 do acórdão de 8 de Junho de 2000, o Tribunal declarou precisamente, no essencial, a realidade das consequências danosas para a recorrente resultantes da violação do artigo 30.° do Regulamento n.° 404/93 pela Comissão, consequências que o Tribunal identificou na atribuição à recorrente de um número de certificados de importação inferior ao que poderia ter obtido se o dito artigo tivesse sido correctamente aplicado. O facto de um tal prejuízo não poder ainda ser quantificado com precisão no momento da propositura da acção de modo algum obsta a que se possa concluir pelo carácter certo desse prejuízo. 92     Por conseguinte, incumbe ao Tribunal de Primeira Instância, após o insucesso das negociações entre as partes, pronunciar‑se sobre os critérios que devem ser utilizados para avaliar o prejuízo sofrido pela recorrente e fixar o montante da indemnização. –       Quanto à questão de saber se a Comissão está impedida de contestar o critério do valor de troca dos certificados 93     Há que rejeitar igualmente a alegação da recorrente segundo a qual a Comissão, por não ter impugnado, na tréplica apresentada na fase do presente processo que levou à prolação do acórdão de 8 de Junho de 2000, a justeza do critério do valor de troca dos certificados de importação que a recorrente tinha indicado na réplica, está actualmente impedida de o fazer nesta nova fase do processo. 94     Basta lembrar, a este propósito, que a recorrente, na sua petição, não tinha indicado os critérios que deviam ser aplicados para a determinação do alegado prejuízo. Tinha‑se limitado a indicar que não era então possível quantificar esse prejuízo, que continuava a existir, e, por conseguinte, a convidar o Tribunal de Primeira Instância a pronunciar‑se, numa primeira fase, quanto à existência do prejuízo reservando a sua avaliação para um acordo extrajudicial entre as partes ou, na falta deste, para uma decisão do Tribunal no âmbito de uma acção posterior. Foi apenas na réplica e, em resposta à excepção suscitada pelo Conselho de acordo com o qual o pedido de indemnização era inadmissível, nomeadamente por falta de especificações quanto à natureza e extensão do alegado prejuízo, que a recorrente se referiu ao valor de troca dos certificados de importação não atribuídos. 95     Nestas circunstâncias particulares, a Comissão não tinha que, sob pena de preclusão, formular na tréplica as suas observações quanto ao mérito do critério de quantificação proposto pela recorrente, podendo validamente fazê‑lo após o acórdão interlocutório de 8 de Junho de 2000, no âmbito da fase do processo especificamente dedicada à avaliação do prejuízo. 96     De qualquer modo, o Tribunal de Primeira Instância, chamado a examinar a extensão da obrigação de reparação de um prejuízo cuja responsabilidade cabe à Comunidade, não está vinculado ao critério de determinação dos montantes a pagar proposto pela recorrente, unicamente pelo simples facto de a Comissão não ter tomado posição quanto ao mérito desse critério num momento preciso da fase escrita. –       Quanto aos critérios a adoptar para quantificar o prejuízo a ressarcir 97     É jurisprudência assente que a reparação do prejuízo no quadro da responsabilidade extracontratual tem por objecto reconstituir, na medida do possível, o património da vítima (acórdãos Grifoni/CEEA, já referido, n.° 40, e de 27 de Janeiro de 2000, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido, n. os 51 e 63). 98     Nos termos da jurisprudência, cabe à recorrente provar, por um lado, a existência do prejuízo sofrido e, por outro, os seus elementos constitutivos e a extensão deste (acórdão de 27 de Janeiro de 2000, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido, n.° 82). 99     Ora, considerou‑se provada a existência de um prejuízo no caso presente, por acórdão de 8 de Junho de 2000, no qual o Tribunal de Primeira Instância declarou que esse prejuízo consistia na atribuição de um número de certificados de importação reduzido relativamente àquele que a recorrente teria recebido se tivesse sido favoravelmente acolhido o seu pedido de 21 de Janeiro de 1997 (n.° 208 do dito acórdão). Assim sendo, a recorrente apenas tem que demonstrar os diferentes elementos constitutivos e a extensão desse prejuízo. 100   A este propósito, a recorrente pede uma reparação do prejuízo baseada no montante do contravalor económico dos certificados de importação não atribuídos, método que, em seu entender, permite unicamente ressarcir um «dano mínimo determinado» representado pela perda de uma «receita certa» que constitui o preço de transmissibilidade destes certificados. Esclarece que tal método subvaloriza, na realidade, o prejuízo globalmente sofrido, que inclui elementos como «a perda de clientes e de canais de abastecimento até à cessação quase total da actividade». Estes elementos são, por outro lado, invocados pela primeira vez unicamente nas observações da recorrente sobre a proposta de indemnização da Comissão e não estão nem circunstanciados nem provados. 101   No caso concreto, a reparação do prejuízo deve, em princípio, permitir que a recorrente seja colocada financeiramente na situação em que estaria se a Comissão não tivesse seguido o comportamento ilegal constitutivo da origem do prejuízo. Isso implica, em primeiro lugar, a determinação do número de certificados de importação suplementares que deveriam ter sido atribuídos à recorrente de acordo com a decisão que a Comissão deveria ter adoptado para deferir o seu pedido de 21 de Janeiro de 1997 e, em segundo lugar, a reconstituição da situação financeira em que a recorrente se encontraria se tivesse recebido e explorado esses certificados. 102   No que toca ao número de certificados de importação suplementares, há que tomar em consideração, de acordo com o referido no n.° 72 supra , unicamente os anos de 1997 e 1998, constituindo estes o período para efeitos do cálculo do prejuízo a indemnizar. 103   De acordo com o cálculo que efectuou na sua proposta de indemnização, e tendo em conta os anos de 1989 e 1990 como períodos de referência, a recorrente deveria ter recebido, além do que tinha efectivamente obtido, certificados da categoria B para uma quantidade de 13 855,66 toneladas em 1997 e de 11 625,30 toneladas em 1998. 104   Na sua proposta sobre a indemnização, a Comissão, que não contesta o método e os dados da recorrente para efeitos do cálculo do número de certificados suplementares, indicou que, se tivesse respondido favoravelmente ao pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997, esta teria recebido, com base no período de referência de 1989‑1990, certificados da categoria B suplementares para 13 855,66 toneladas em 1997 e para 11 265,30 toneladas em 1998. 105   A não coincidência, nas propostas das duas partes, do dado relativo aos certificados suplementares que a recorrente poderia ter obtido em 1998 (11 625,30 toneladas segundo a recorrente e 11 265,30 toneladas segundo a Comissão) resulta manifestamente de um erro de cálculo ou de escrita cometido pela recorrente. Com efeito, no seu cálculo, esta última indica que, para o referido ano, ela deveria ter recebido certificados para 15 610,39 toneladas e que recebeu unicamente para 4 345,092 toneladas. A diferença entre estas quantidades é de 11 265,298 toneladas, número que, arredondado, confirma o dado indicado pela Comissão. 106   Importa pois concluir que, se a Comissão tivesse respondido favoravelmente ao pedido da recorrente de 21 de Janeiro de 1997, esta teria recebido certificados da categoria B suplementares para 13 855,66 toneladas em 1997 e para 11 265,30 toneladas em 1998. 107   No tocante à reconstituição da situação financeira em que a recorrente se teria encontrado se tivesse podido contar com estes certificados suplementares, há que observar que, sob o regime de 1993, os titulares de certificados de importação da categoria B dispunham de uma dupla possibilidade de exploração económica destes certificados. Com efeito, não só os podiam utilizar para a importação de bananas países terceiros ou não tradicionais ACP na Comunidade, mas também lhes era permitido expressamente, pelo artigo 13.° do Regulamento n.° 1442/93 (v. n.° 10 supra ), transmiti‑los a outros operadores das categorias A, B ou C. 108   Aliás o Tribunal de Justiça teve oportunidade de referir esta outra possibilidade de exploração económica dos certificados da categoria B sob o regime de 1993 no acórdão Alemanha/Conselho, já referido (n. os 84 a 86), no qual observou que «o princípio da transmissibilidade dos certificados […] leva[va] ao resultado prático de que o detentor de um certificado, em vez de proceder ele próprio à importação e à venda de bananas países terceiros [podia] ceder o seu direito de importação a outro operador económico que [quisesse] efectuar ele próprio a importação» e que «a cessão dos certificados de importação constituía uma faculdade que o Regulamento [n.° 1442/93] permit[ia] às diferentes categorias de operadores económicos exercer em função dos seus interesses comerciais». O Tribunal de Justiça esclareceu igualmente que «[a] vantagem financeira que este tipo de venda [podia] proporcionar aos operadores de bananas comunitárias e tradicionais ACP constitu[ía] uma consequência necessária do princípio da transmissibilidade dos certificados e [devia] ser apreciado no contexto mais geral do conjunto das medidas adoptadas pelo Conselho para garantir o escoamento dos produtos comunitários e tradicionais ACP». Neste contexto, acrescentou o Tribunal de Justiça, «[devia] ser considerado um meio destinado a contribuir para a capacidade concorrencial dos operadores económicos que comercializam as bananas comunitárias e ACP e para facilitar a integração dos mercados dos Estados‑Membros». 109   Além disso, é ponto assente que os certificados de importação da categoria B eram concretamente objecto de transacções no mercado. 110   A este propósito, a recorrente evoca correctamente a declaração do representante da Comissão no grupo de trabalho «Bananas» do comité especial «Agricultura» do Conselho de 9 e 10 de Fevereiro de 1998, de acordo com o qual os certificados de importação da categoria B eram, na época, negociados no mercado ao preço aproximado de 200 euros por tonelada. 111   A alegação da Comissão de acordo com a qual a cessão dos certificados de um operador para outro se verificava raramente na prática não tem relevo e é, além disso, desmentida pela constatação que figura no considerando 4 do Regulamento n.° 2362/98, no qual a própria Comissão declarava «atendendo ao elevado número de transmissões informais e de cessões a título oneroso de documentos de importação registado durante o último período de aplicação do regime inicial instituído pelo Regulamento [...] n.° 404/93». 112   Por outro lado, os argumentos da Comissão retomados no n.° 83 supra não obstam a que se recorra ao valor de troca dos certificados como critério de avaliação do prejuízo sofrido pela recorrente. Com efeito, a própria Comissão reconhece que os operadores da categoria B, como a recorrente, não estavam sujeitos, até à entrada em vigor do regime de 1999, ao mecanismo da redução das quantidades de referência na sequência da cessão dos certificados, o qual só se aplicava, nos termos do artigo 13.°, n.° 3, do Regulamento n.° 1442/93, nos casos de «cessão de direitos por um operador da categoria A em benefício de outro operador das categorias A ou C». Quanto ao facto, lembrado pela Comissão, de que a possibilidade de os operadores da categoria B obterem os certificados de importação de bananas países terceiros e não tradicionais ACP dependia da comercialização efectiva da sua quota de bananas comunitárias e tradicionais ACP durante o período de referência, é irrelevante no presente contexto. 113   No que toca à referência da Comissão ao método de avaliação do prejuízo seguido pelo Tribunal de Justiça nos processos que deram origem aos acórdãos Mulder e o./Conselho e Comissão, já referidos, importa lembrar que as recorrentes, nestes processos, pediam para ser indemnizadas no valor dos lucros que poderiam ter realizado se, no termo do seu compromisso de não comercialização, tivessem podido retomar as entregas de leite com base na quantidade de referência a que tinham direito e de que tinham sido privadas pela regulamentação aplicável, declarada inválida pelo Tribunal de Justiça. As instituições recorridas propunham, ao invés, o cálculo das indemnizações devidas pela Comunidade às recorrentes com base no montante do prémio de não comercialização pago a cada uma delas. Este prémio, instituído no sector do leite pelo Regulamento (CEE) n.° 1078/77 do Conselho, de 17 de Março de 1977, que institui um regime de prémios de não comercialização do leite e dos produtos lácteos e de reconversão dos efectivos bovinos de orientação leiteira (JO L 131, p. 1; EE 03 F12 p. 143), era concedido aos produtores que se comprometessem a não comercializar os seus produtos durante cinco anos e era fixado a um nível que permitia considerá‑los como «certa compensação para a perda de rendimentos resultante da comercialização dos produtos em questão» (terceiro considerando do referido Regulamento). 114   O Tribunal de Justiça, no seu acórdão de 19 de Maio de 1992, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido (n.° 26), declarou que, «[n]o respeitante à extensão do dano a reparar pela Comunidade, [havia] que tomar em consideração, salvo circunstâncias especiais que justifi[cassem] uma apreciação diferente, o lucro cessante constituído pela diferença entre, por um lado, os rendimentos que os demandantes teriam obtido, segundo a ordem normal das coisas, com as entregas de leite que teriam efectuado se tivessem obtido, durante o período [relevante], as quantidades de referência a que tinham direito e, por outro, os rendimentos que efectivamente obtiveram com as suas entregas de leite, realizadas no decurso desse período fora de qualquer quantidade de referência, acrescidos dos que obtiveram, ou que teriam podido obter, durante esse mesmo período, com eventuais actividades de substituição». 115   O Tribunal de Justiça aceitou assim, ao especificar e ao delimitar, o método proposto pelas recorrentes, baseado na reconstituição da situação hipotética em que se encontrariam se tivessem efectuado as entregas de leite correspondentes às quantidades de referência a que tinham direito. O Tribunal de Justiça ressalvou contudo a possibilidade de haver circunstâncias especiais que justifiquem uma apreciação diferente quanto aos elementos a tomar em consideração para efeitos da avaliação do prejuízo, afastando contudo o critério que consiste em quantificar os lucros cessantes das recorrentes com base no montante do prémio de não comercialização, porque «esse prémio constitui a contrapartida do compromisso de não comercialização e não tem qualquer nexo com o prejuízo que os demandantes sofreram» (acórdão de 19 de Maio de 1992, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido, n.° 34). 116   Ora, embora o prémio de não comercialização não tivesse qualquer nexo real com os ganhos que os recorrentes poderiam ter realizado nos processos que deram lugar aos acórdãos Mulder e o./Conselho e Comissão, já referidos, se não tivessem sido ilegalmente privados das suas quantidades de referência, decorre das considerações feitas nos n. os 107 a 111 supra que as coisas se passam de outro modo, no caso vertente, quanto ao valor de troca dos certificados de importação não atribuídos à recorrente. Com efeito, este valor representa não, como era o caso para o prémio de não comercialização no sector do leite, um montante fixo previamente e por via administrativa para conceder aos operadores «uma determinada compensação pelas perdas de rendimentos resultantes da não comercialização dos produtos em questão», mas sim um dado propriamente comercial, estabelecido pelos operadores económicos interessados de acordo com as leis da oferta e da procura e que, portanto, supostamente reflecte, pelo menos aproximadamente, o valor económico dos certificados trocados, os quais conferiam uma possibilidade de acção económica com condições privilegiadas. 117   É certo que é possível que a recorrente se tenha encontrado numa situação financeira diferente consoante a escolha que tivesse feito quanto à exploração concreta dos certificados. A cessão dos certificados teria gerado determinadas receitas líquidas, enquanto a importação e a comercialização das bananas teria exposto a recorrente aos riscos inerentes a qualquer actividade comercial e, portanto, à possibilidade de lucros, eventualmente mesmo superiores aos realizáveis pela cessão dos certificados, mas igualmente a eventuais perdas de gestão, em função nomeadamente da situação do mercado e da eficiência económica da empresa. 118   Não é por isso que se impõe uma avaliação do prejuízo sofrido pela recorrente efectuada com base da hipótese da utilização por esta dos certificados para efeitos de importação e de comercialização e por aplicação do método seguido pelo Tribunal de Justiça nos processos na origem dos acórdãos Mulder e o./Conselho e Comissão, já referidos. Essa operação, além da complexidade e do atraso que causaria na reconstituição do património da recorrente, levaria também, enquanto exercício de avaliação de actividades económicas em grande parte com carácter hipotético (v., neste sentido, acórdão de 27 de Janeiro de 2000, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido, n. os 79 e 84), a um resultado necessariamente aproximativo. Por outro lado, uma avaliação dos rendimentos suplementares que a recorrente teria podido obter em caso de resposta favorável ao seu pedido, como aquela que propõe a Comissão – baseada na aplicação, às quantidades de bananas representadas pelos certificados não atribuídos, de margens de benefício que a recorrente obteve das importações de bananas efectivamente realizadas no período de 1997‑1998 – revela‑se inadequada no caso vertente, na medida em que estas margens foram de acordo com toda a verosimilhança afectadas pelo facto de o nível de actividade da recorrente no comércio de bananas países terceiros e não tradicionais ACP no decurso do referido período ter ficado aquém do que a recorrente poderia ter alcançado graças à utilização, para efeitos de importação e de comercialização, dos certificados suplementares que lhe teriam sido atribuídos se o seu pedido de 21 de Janeiro de 1997 tivesse sido acolhido. 119   Há que considerar que um método de avaliação do prejuízo baseado na hipótese da cessão dos certificados tem fundamento económico, ao mesmo tempo que apresenta vantagens evidentes em termos de simplicidade, de rapidez e de fiabilidade. Pode portanto ser aprovado, sem prejuízo do exame das informações disponíveis quanto ao valor de troca dos certificados não atribuídos. –       Quanto às informações disponíveis relativas ao valor de troca dos certificados não atribuídos e quanto à avaliação do prejuízo 120   A recorrente pede ao Tribunal de Primeira Instância para determinar o prejuízo tendo em conta o valor de 200 euros por tonelada, resultante, para os certificados de importação da categoria B, de uma declaração do representante da Comissão no grupo de trabalho «Bananas» do comité especial «Agricultura» do Conselho de 9 e 10 de Fevereiro de 1998. 121   Resulta mais exactamente desta declaração, apresentada pela recorrente em anexo à réplica, que este dado representa o preço aproximativo dos certificados de importação da categoria B na época dessa mesma declaração, ou seja, no início de Fevereiro de 1998. 122   O facto, salientado pela Comissão, de que este dado não provém de um documento estatístico e comercial oficial não lhe retira relevância. Importa lembrar que, por força do artigo 288.°, segundo parágrafo, CE, os montantes de indemnização devem ser estabelecidos de acordo com os princípios gerais comuns aos direitos dos Estados‑Membros em matéria de responsabilidade extracontratual e que, no que toca à questão da prova do dano, estes direitos são geralmente caracterizados pela liberdade de o tribunal apreciar todos os elementos para a formação da sua convicção que lhe tenham sido apresentados (acórdão do Tribunal de Justiça de 6 de Outubro de 1982, Interquell Stärke‑Chemie/Conselho e Comissão, 261/78, Recueil, p. 3271, n.° 11). Ora, o valor de 200 euros por tonelada foi mencionado pelos próprios serviços da Comissão e esta não o impugna enquanto tal nos seus articulados. Assim, há que tomar em consideração este valor para efeitos de avaliação do prejuízo no caso vertente. 123   No entanto, uma vez que este dado não representa um valor médio dos certificados de categoria B para todo o período relativamente ao qual o prejuízo deve ser indemnizado, a saber, os anos de 1997 e 1998, e atendendo à alegação da Comissão, não impugnada pela recorrente, de acordo com a qual o valor de troca dos certificados de importação depende das flutuações do preço das bananas, o Tribunal de Primeira Instância, no âmbito das medidas de organização do processo, convidou a recorrente a apresentar informações provadas documentalmente quanto à evolução do valor de troca dos certificados de categoria B no referido período. 124   Ao responder a tal convite, a recorrente apresentou nomeadamente 19 facturas relativas a operações de cessão de certificados da categoria B entre empresas terceiras no território da Comunidade em diferentes datas compreendidas entre 31 de Dezembro de 1997 e 20 de Outubro de 1998. Resulta dessas facturas, não impugnadas pela Comissão, que o preço a que os ditos certificados foram transferidos na época destas operações foi, com uma única excepção, superior a 200 euros por tonelada e que, em numerosos casos, atingiu mesmo 289 euros por tonelada. 125   Na audiência, a Comissão observou que o preço praticado nas cessões individuais como as atestadas pelas facturas apresentadas pela recorrente não são um dado objectivo, uma vez que podem variar em função das circunstâncias e, nomeadamente, das necessidades específicas que os cessionários podem ter em dispor desses certificados. Esta objecção tem de ser relativizada. É claro que o preço verificado numa transacção individual não pode ser considerado em si representativo do valor de mercado do bem comercializado. Não obstante, este valor resulta de uma média de preços praticada nas transacções individuais e é com base numa observação sem dúvida mais alargada do mercado que os serviços da Comissão puderam referenciar, no quadro dos trabalhos do grupo de trabalho «Bananas» do comité especial «Agricultura» do Conselho de 9 e 10 de Fevereiro de 1998, um valor aproximativo dos certificados da categoria B de 200 euros por tonelada na mesma época. Ora, os preços praticados nas diversas transacções a que se referem as facturas apresentadas pela recorrente constituem igualmente indícios sérios, precisos e coincidentes de que o valor de troca dos certificados da categoria B não evoluiu em baixa no ano de 1998 relativamente ao nível verificado pelos serviços da Comissão em Fevereiro de 1998. Por seu turno, a Comissão não apresentou qualquer indício em sentido contrário. Por outro lado, o gráfico relativo à evolução do preço de venda por grosso das bananas ditas «dollar» na União Europeia, elaborado pelos serviços da Comissão e anexo à proposta da Comissão sobre a indemnização, mostra que este preço que, no entender da Comissão, influenciava o valor de troca dos certificados da categoria B, era na época da declaração mencionada no n.° 120 supra praticamente de um euro por quilo e que, ao longo do ano de 1998, flutuou em torno deste nível de tal forma que não pode ser sustentado que, na época da dita declaração, se situava claramente acima da sua média para o ano de 1998. 126   Nestas condições, o Tribunal de Primeira Instância considera que, embora não se possa considerar que os dados que figuram na documentação apresentada pela recorrente, tendo em conta igualmente a volatilidade do preço de cessão dos certificados que evidenciam, permitem obter uma avaliação rigorosa do prejuízo, são, não obstante, suficientemente probatórios e constituem uma base séria para concluir que o valor de 200 euros por tonelada, indicado pela recorrente, representa uma aproximação razoável e aceitável do valor médio dos certificados de categoria B no decurso do ano de 1998. 127   No que toca ao ano de 1997, a recorrente apresenta uma factura datada de 31 de Dezembro de 1997, da qual consta um preço de cessão dos certificados da categoria B equivalente a 274 euros por tonelada, e indicou que, no quadro de uma transacção relativa a uma operação de importação efectiva de bananas efectuada no mês de Agosto de 1997, o valor dos certificados da categoria B utilizados foi avaliado em aproximadamente 172 euros por tonelada. 128   Face ao exposto, o prejuízo sofrido pela recorrente pode ser fixado, nos termos de uma avaliação ex aequo et bono , num montante principal de 5 024 192 euros, a saber, 2 771 132 euros (13 855,66 x 200) para o ano de 1997 e 2 253 060 euros (11 265,30 x 200) para o ano de 1998. Quanto à desvalorização da moeda e aos juros de mora Argumentos das partes 129   A recorrente considera que há que ter em conta a desvalorização da moeda e, portanto, reavaliar os montantes a pagar com base em cada período considerado por meio dos coeficientes fixados ao nível nacional italiano pelo Istituto centrale di statistica (instituto central de estatística) para efeitos de estatísticas económicas, dado a recorrente ter a sua sede em Itália. 130   O montante reavaliado anualmente deverá ainda ser acrescido de juros de mora a contar do dia em que se verificou o acto danoso. Entende que, por cada anuidade, os juros de mora deverão ser calculados a partir de 1 de Janeiro, na medida em que os operadores conheciam antes do início de cada ano o número de certificados e podiam planificar assim a sua utilização. 131   A recorrente observa que a cumulação da reavaliação monetária e dos juros de mora se justifica porque estes dois factores de indemnização preenchem funções diferentes. A reavaliação monetária visa colocar a vítima do prejuízo nas condições em que se encontraria se o facto danoso não se tivesse produzido, enquanto os juros de mora visam compensar o atraso na concessão do que era devido à vítima. 132   No que se refere às taxas a aplicar para os juros de mora, a recorrente sustenta que, para o período anterior a 1 de Janeiro de 1999, na falta de taxa de referência do Banco Central Europeu (BCE) para as principais operações de refinanciamento, há que aplicar a taxa de juro legal em vigor em Itália, ou seja 5% para 1997 e 1998. A contar de 1 de Janeiro de 1999, importa, ao invés, aplicar a taxa de refinanciamento do BCE acrescida de sete pontos percentuais, de acordo com o critério previsto no artigo 3.°, n.° 1, alínea d), da Directiva 2000/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Junho de 2000, que estabelece medidas de luta contra os atrasos de pagamento nas transacções comerciais (JO L 200, p. 35), aplicável no caso vertente na medida em que está precisamente em causa indemnizar um operador económico do prejuízo resultante da falta de liquidez (acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 10 de Outubro de 2001, Corus UK/Comissão, T‑171/99, Colect., p. II‑2967, n.° 64). 133   No caso de o início e as taxa de juros de mora que propõe não serem aceites conjuntamente, a recorrente sugere, a título subsidiário, duas soluções alternativas: ou a aplicação da taxa de juro legal em vigor em Itália, para cada ano sobre os montantes reavaliados, a contar de 1997 até à data de pagamento, ou o cálculo dos juros sobre a integralidade do montante reavaliado a partir da data do acórdão interlocutório (8 de Junho de 2000), mas com a aplicação da taxa do BCE acrescida de sete pontos. 134   A Comissão aceita que a desvalorização da moeda deva ser tomada em conta e que os montantes devidos devam ser reavaliados com base nos índices oficiais disponíveis para Itália, dado a recorrente exercer as suas actividades no mercado italiano. A reavaliação deverá ser calculada a contar da ocorrência do facto danoso até à data do acórdão interlocutório que declara a responsabilidade extracontratual da Comunidade. 135   A contar dessa mesma data, e não da ocorrência do facto danoso, até ao pagamento, deverão ser calculados, sobre o montante reavaliado, os juros de mora (acórdão Grifoni/CEEA, já referido, n.° 43). A este propósito, a Comissão recorda que, de acordo com a jurisprudência comunitária, a obrigação de pagar juros de mora só pode ser encarada na condição de o crédito principal ser certo quanto ao seu montante ou, pelo menos, determinável com base em elementos objectivos estabelecidos (acórdão do Tribunal de Justiça de 30 de Setembro de 1986, Amman e o./Conselho, 174/83, Colect., p. 2647, e acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 26 de Fevereiro de 1992, Brazzelli e o./Comissão, T‑17/89, T‑21/89 e T‑25/89, Colect., p. II‑293, n.° 24). 136   A Comissão entende que, relativamente aos juros de mora, há que aplicar a taxa de juro legal em vigor em Itália para todo o período relevante. Com efeito, a Directiva 2000/35, de acordo com o seu considerando 13, não se aplica aos pagamentos devidos a título de indemnização por danos. Apreciação do Tribunal de Primeira Instância 137   No que concerne à desvalorização da moeda, importa concluir que a recorrente e a Comissão estão de acordo em considerar que ela deve ser tomada em conta e que a reavaliação monetária deve ser calculada mediante a aplicação dos índices estatísticos oficiais para Itália. 138   Resulta da jurisprudência que a reparação do prejuízo no quadro da responsabilidade extracontratual tem por objecto reconstituir, na medida do possível, o património da vítima. Consequentemente, quando se encontrem preenchidas as condições da responsabilidade extracontratual, as consequências desfavoráveis resultantes do lapso de tempo decorrido entre a produção do facto danoso e a data do pagamento da indemnização não podem ser ignoradas, na medida em que a desvalorização monetária deve ser tida em conta (v. acórdãos Grifoni/CEEA, já referido, n.° 40, e de 27 de Janeiro de 2000, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido, n.° 51). 139   A desvalorização da moeda deverá portanto ser tomada em consideração no caso vertente, para efeitos do cálculo da indemnização, de acordo com os índices oficiais elaborados para Itália pelo organismo nacional competente, a contar do dia da ocorrência do prejuízo. 140   Relativamente ao início da reavaliação monetária, há que ter em conta o facto de que a recorrente, caso a Comissão tivesse respondido favoravelmente ao seu pedido de 21 de Janeiro de 1997, teria recebido os seus certificados em datas escalonadas. Importa recordar, com efeito, que, sob o regime de 1993, a emissão dos certificados de importação era efectuada de acordo com uma periodicidade trimestral. Assim, nos termos do artigo 11.° do Regulamento n.° 1442/93, na redacção do Regulamento (CE) n.° 875/96 da Comissão, de 14 de Maio de 1996 (JO L 118, p. 14), os certificados de importação eram emitidos, o mais tardar, no dia 23 do último mês de cada trimestre, em relação ao trimestre seguinte. 141   São estas datas, portanto, que há que tomar como referência para cada lote de certificados não atribuídos, enquanto datas de ocorrência do prejuízo a partir das quais a reavaliação do contravalor monetário deve ser calculada com base em 200 euros por tonelada de cada lote de certificados. 142   No que toca à data em que o cálculo da reavaliação monetária deve terminar, esta deve ser apreciada ao mesmo tempo que o momento a partir do qual há que calcular os juros de mora. 143   Segundo jurisprudência do Tribunal de Justiça, o montante da indemnização devida deve ser acrescido de juros de mora a contar da data da prolação do acórdão que declara a obrigação de reparar o prejuízo (acórdãos do Tribunal de Justiça de 4 de Outubro de 1979, Dumortier e o./Conselho, 64/76 e 113/76, 167/78 e 239/78, 27/79, 28/79 e 45/79, Recueil, p. 3091, n.° 25, e de 19 de Maio de 1992, Mulder e o./Conselho e Comissão, já referido, n.° 35). No caso vertente, foi o acórdão interlocutório de 8 de Junho de 2000 que declarou a obrigação de a Comissão indemnizar o prejuízo sofrido pela recorrente. 144   Contudo, na medida em que o crédito principal, na data da prolação desse acórdão, não era certo quanto ao seu montante nem determinável com base nos elementos objectivos estabelecidos (v., a este propósito, n. os 87 a 92 supra ), os juros de mora não podem correr a partir dessa data, mas só, no caso de atraso e até integral pagamento, da data da prolação do presente acórdão, relativo à liquidação da indemnização (v. jurisprudência citada no n.° 135 supra , bem como as conclusões do advogado‑geral G. Tesauro no acórdão Grifoni/CEEA, já referido, Colect., p. I‑343, n.° 24). 145   Daí resulta que a reavaliação monetária das indemnizações devidas à recorrente não deve terminar na data da prolação do acórdão de 8 de Junho de 2000, devendo alargar‑se até à data da prolação do presente acórdão. 146   O montante da indemnização, reavaliado para ter em conta a desvalorização da moeda, será acrescido de juros de mora a contar da prolação do presente acórdão até integral pagamento. A taxa de juro a aplicar é calculada com base na taxa fixada pelo BCE para as operações principais de refinanciamento, aplicável durante o período em causa, acrescido de dois pontos. Quanto às despesas 147   Por força do artigo 87.°, n.° 2, do Regulamento de Processo, a parte vencida é condenada nas despesas se a parte vencedora o tiver requerido. Por força do artigo 87.°, n.° 3, do mesmo regulamento, se cada parte obtiver vencimento parcial, o Tribunal pode determinar que as despesas sejam repartidas entre as partes ou que cada uma das partes suporte as suas próprias despesas. Por último, por força do artigo 87.°, n.° 4, primeiro parágrafo, do referido Regulamento, os Estados‑Membros que intervenham no processo suportam as respectivas despesas. 148   Importa lembrar que as despesas causadas pelo presente processo foram reguladas pelo acórdão interlocutório de 8 de Junho de 2000 (v. n.° 23 supra ). 149   O presente processo não é um novo processo, mas sim a continuação do processo T‑260/97 no qual foi proferido acórdão em 8 de Junho de 2000, em que a Comissão e o Conselho foram condenados a suportar respectivamente 90% e 10% das despesas desse processo (v. n. os 7 e 8 da parte decisória). Há que confirmar esta repartição para a fase do presente processo que se seguiu ao referido acórdão e condenar, portanto, a Comissão e o Conselho a suportar, respectivamente, 90% e 10% das despesas resultantes desta mesma fase. 150   A República Francesa, enquanto interveniente, suportará as suas próprias despesas. Pelos fundamentos expostos, O TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (Quarta Secção) decide: 1) A Comissão é condenada a pagar à recorrente uma indemnização de 5 024 192 euros. 2) Esta indemnização será reavaliada de acordo com os critérios definidos nos n. os 139 a 141 e 145 do presente acórdão. 3) A indemnização, reavaliada, será acrescida de juros de mora a contar da prolação do presente acórdão até integral pagamento. A taxa de juro a aplicar é calculada com base na taxa fixada pelo Banco Central Europeu para as operações principais de refinanciamento, aplicável durante o período em causa, acrescida de dois pontos. 4) A Comissão é condenada a pagar 90% das despesas da fase do presente processo que se seguiu ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Junho de 2000, Camar e Tico/Comissão e Conselho (T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Colect., p. II‑2193). 5) O Conselho é condenado a pagar 10% das despesas da fase do presente processo que se seguiu ao acórdão do Tribunal de Primeira Instância de 8 de Junho de 2000, Camar e Tico/Comissão e Conselho (T‑79/96, T‑260/97 e T‑117/98, Colect., p. II‑2193). 6) A República Francesa suportará as suas próprias despesas. Legal Mengozzi Wiszniewska‑Białecka Proferido em audiência pública no Luxemburgo, em 13 de Julho de 2005. O secretário O presidente H. Jung H. Legal * Língua do processo: italiano.

62010TJ0386

sk

Okolnosti predchádzajúce sporu Rozhodnutím K(2010) 4185 v konečnom znení z 23. júna 2010 týkajúcom sa konania podľa článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.092 – Kúpeľňové doplnky a príslušenstvo) (ďalej len „napadnuté rozhodnutie“) konštatovala Európska komisia existenciu porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ a článku 53 Dohody o Európskom hospodárskom priestore (EHP) v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva. Toto porušenie, na ktorom sa podieľalo 17 podnikov, prebiehalo počas rôznych časových úsekov v období od 16. októbra 1992 do 9. novembra 2004 v podobe súboru protisúťažných dohôd a zosúladených postupov na územiach Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska a Rakúska (odôvodnenia 2 a 3 a článok 1 napadnutého rozhodnutia). V napadnutom rozhodnutí Komisia konkrétne uviedla, že konštatované porušenie spočívalo, po prvé, v tom, že uvedení výrobcovia kúpeľňových doplnkov a príslušenstva koordinovali v rámci pravidelných zasadnutí v rôznych vnútroštátnych profesijných združeniach ročné zvyšovanie cien a iných poplatkov, po druhé, v určovaní alebo koordinácii cien pri príležitosti osobitných udalostí, ako je zvýšenie cien surovín, zavedenie eura, ako aj zavedenie mýtneho, a po tretie, v sprístupnení a výmene citlivých obchodných informácií. Komisia okrem toho konštatovala, že k určovaniu cien v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva dochádzalo v ročných cykloch. V jeho rámci stanovili výrobcovia svoje cenové sadzobníky, ktoré boli obvykle platné počas jedného roka a boli základom obchodných vzťahov s veľkoobchodníkmi (odôvodnenia 152 až 163 napadnutého rozhodnutia). Výrobky dotknuté kartelom sú kúpeľňové doplnky a príslušenstvo patriace do jednej z týchto troch podskupín výrobkov: vodovodné batérie, sprchové kúty a príslušenstvo, ako aj keramika (ďalej len „tri podskupiny výrobkov“) (odôvodnenia 5 a 6 napadnutého rozhodnutia). Žalobkyňa Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG, ktorá, pokiaľ ide o tri podskupiny výrobkov, vyrába vodovodné batérie, je jednou z adresátov napadnutého rozhodnutia (odôvodnenia 34 až 36 napadnutého rozhodnutia). Dňa 15. júla 2004 Masco Corp. a jej dcérske spoločnosti, medzi ktoré patrí Hansgrohe AG, ktorá vyrába vodovodné batérie, a Hüppe GmbH, ktorá vyrába sprchové kúty, informovali Komisiu o existencii kartelu v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva a požiadali o oslobodenie od pokút podľa oznámenia Komisie o oslobodení od pokút a znížení pokút v prípadoch kartelov ( Ú. v. ES C 45 , 2002, s. 3; Mim. vyd. 08/002, s. 155, ďalej len „oznámenie o spolupráci z roku 2002“) alebo v prípade zamietnutia o zníženie výšky týchto pokút. Dňa 2. marca 2005 prijala Komisia v súlade s odsekom 8 písm. a) a odsekom 15 oznámenia o spolupráci z roku 2002 podmienečné rozhodnutie o oslobodení od pokút v prospech spoločnosti Masco (odôvodnenia 126 až 128 napadnutého rozhodnutia). Dňa 9. a 10. novembra 2004 vykonala Komisia na základe článku 20 ods. 4 nariadenia Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch [101 ZFEÚ] a [102 ZFEÚ] ( Ú. v. ES L 1, 2003, s. 1 ; Mim. vyd. 08/002, s. 205) neohlásené inšpekcie v priestoroch viacerých spoločností a vnútroštátnych profesijných združení pôsobiacich v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva (odôvodnenie 129 napadnutého rozhodnutia). Dňa 15. a 19. novembra 2004 Grohe Beteiligungs GmbH a jej dcérske spoločnosti, ako aj American Standard Inc. (ďalej len „Ideal Standard“) a jej dcérske spoločnosti požiadali o oslobodenie od pokút podľa oznámenia o spolupráci z roku 2002 alebo v prípade zamietnutia o zníženie ich výšky (odôvodnenia 131 a 132 napadnutého rozhodnutia). V období od 15. novembra 2005 a 16. mája 2006 zaslala Komisia v súlade s článkom 18 nariadenia č. 1/2003 žiadosti o informácie viacerým spoločnostiam a združeniam pôsobiacim v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva, vrátane žalobkyne (odôvodnenie 133 napadnutého rozhodnutia). Dňa 17. a 19. januára 2006 Roca SARL, ako aj Hansa Metallwerke AG a jej dcérske spoločnosti požiadali o oslobodenie od pokút podľa oznámenia o spolupráci z roku 2002 alebo v prípade zamietnutia o zníženie ich výšky. Dňa 20. januára 2006 požiadala aj žalobkyňa o takéto oslobodenie od pokút alebo v prípade zamietnutia o zníženie jej výšky (odôvodnenia 135 až 138 napadnutého rozhodnutia). Dňa 26. marca 2007 prijala Komisia oznámenie o výhradách, ktoré bolo oznámené žalobkyni (odôvodnenie 139 napadnutého rozhodnutia). Od 12. do 14. novembra 2007 sa uskutočnilo vypočutie, ktorého sa zúčastnila žalobkyňa (odôvodnenie 143 napadnutého rozhodnutia). Dňa 9. júla 2009 zaslala Komisia viacerým spoločnostiam vrátane žalobkyne list, v ktorom uviedla skutkové okolnosti a upozornila ich na niektoré dôkazy, o ktoré sa zamýšľala oprieť pri prijatí konečného rozhodnutia (odôvodnenia 147 a 148 napadnutého rozhodnutia). V období od 19. júna 2009 do 8. marca 2010 zaslala Komisia viacerým spoločnostiam vrátane žalobkyne žiadosti o doplňujúce informácie v súlade s článkom 18 nariadenia č. 1/2003 (odôvodnenia 149 až 151 napadnutého rozhodnutia). Dňa 23. júna 2010 prijala Komisia napadnuté rozhodnutie. V napadnutom rozhodnutí sa Komisia, po prvé, domnievala, že postupy opísané v bode 2 vyššie boli súčasťou celkového plánu s cieľom obmedziť hospodársku súťaž medzi adresátmi uvedeného rozhodnutia a vyznačovali sa jediným a nepretržitým porušením, ktoré sa vzťahovalo na tri podskupiny výrobkov uvedené v bode 3 vyššie a ktoré zahŕňalo územia Belgicka, Nemecka, Francúzska, Talianska, Holandska a Rakúska (odôvodnenia 778 a 793 napadnutého rozhodnutia) (ďalej len „konštatované porušenie“). V tomto ohľade zdôraznila najmä skutočnosť, že uvedené postupy sa uskutočnili podľa opakovaného modelu, ktorý bol rovnaký vo všetkých šiestich členských štátoch, na ktoré sa vzťahovalo prešetrovanie Komisie (odôvodnenia 778 a 793 napadnutého rozhodnutia). Rovnako poukázala na existenciu vnútroštátnych profesijných združení týkajúcich sa všetkých troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie, ktoré nazvala „koordinačnými subjektmi“, na existenciu vnútroštátnych profesijných združení pozostávajúcich z členov pôsobiacich minimálne v dvoch z týchto troch podskupín výrobkov, ktoré nazvala „viacvýrobkové združenia“, ako aj na existenciu špecializovaných združení pozostávajúcich z členov pôsobiacich v jednej z týchto troch podskupín výrobkov (odôvodnenia 796 a 798 napadnutého rozhodnutia). Napokon konštatovala prítomnosť hlavnej skupiny podnikov, ktorá pôsobila v rámci kartelu v rôznych členských štátoch a v rámci koordinačných subjektov a viacvýrobkových združení (odôvodnenia 796 a 797 napadnutého rozhodnutia). Pokiaľ ide o účasť žalobkyne na konštatovanom porušení, Komisia uviedla, že hoci bola žalobkyňa výrobcom vodovodných batérií, predsa mala vedomosť o rôznych radách výrobkov, ktoré boli predmetom konštatovaného porušenia, s prihliadnutím na jej účasť na kartelových zasadnutiach koordinačných subjektov, ktorými sú Arbeitskreis Sanitärindustrie (ďalej len „ASI“) v Rakúsku a IndustrieForum Sanitär v Nemecku (odôvodnenie 872 napadnutého rozhodnutia). Pokiaľ však ide o geografický rozsah kartelu, Komisia sa domnievala, že nemožno vychádzať z toho, že žalobkyňa mala vedomosť o celom karteli, ale len o kartelových správaniach, ktoré sa uskutočnili v Nemecku a Rakúsku (odôvodnenie 873 napadnutého rozhodnutia), a to vzhľadom na jej účasť na zasadnutiach dvoch koordinačných subjektov uvedených vyššie a na zasadnutiach špecializovaného združenia v podskupine vodovodných batérií v Nemecku, Arbeitsgemeinschaft Sanitärindustrie (ďalej len „AGSI“). Po druhé, na účely určenia výšky pokuty uloženej každému podniku Komisia vychádzala z usmernení k metóde stanovovania pokút uložených podľa článku 23 ods. 2 písm. a) nariadenia č. 1/2003 ( Ú. v. EÚ C 210, 2006, s. 2 , ďalej len „usmernenia z roku 2006“) (odôvodnenie 1184 napadnutého rozhodnutia). V prvom rade Komisia určila základnú výšku pokuty. Na tento účel v napadnutom rozhodnutí spresnila, že uvedené určenie vychádzalo v prípade každého podniku z jeho predajov v členskom štáte, ktoré boli vynásobené počtom rokov jeho účasti na konštatovanom porušení v každom členskom štáte a pre dotknutú podskupinu výrobkov tak, aby sa zohľadnilo, že niektoré podniky vykonávajú svoje činnosti iba v niektorých členských štátoch alebo len v jednej z troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie (odôvodnenie 1197 napadnutého rozhodnutia). Vezmúc do úvahy toto spresnenie, Komisia stanovila koeficient závažnosti konštatovaného porušenia v zmysle odsekov 20 až 23 usmernení z roku 2006 na 15 %. V tejto súvislosti vzala do úvahy štyri kritériá na posúdenie uvedeného porušenia, a to povahu, spoločný podiel na trhu, geografický rozsah a uskutočnenie (v odôvodneniach 1210 až 1220 napadnutého rozhodnutia). Komisia okrem toho na základe ustanovení odseku 24 usmernení z roku 2006 stanovila koeficient, ktorý sa má z dôvodu trvania konštatovaného porušenia uplatniť na základnú výšku pokuty určenej pre žalobkyňu, na 6,66 pre Nemecko, keďže sa tam žalobkyňa zúčastňovala na konštatovanom porušení v období od 6. marca 1998 do 9. novembra 2004, a na 3,66 pre Rakúsko, keďže sa tam žalobkyňa zúčastňovala na konštatovanom porušení v období od 2. marca 2001 do 9. novembra 2004 (odôvodnenie 1223 napadnutého rozhodnutia). Napokon sa Komisia s cieľom odradiť dotknuté podniky od vytvárania horizontálnych dohôd stanovovania cien v obdobných dohodách tvoriacich predmet napadnutého rozhodnutia, s prihliadnutím na štyri kritériá posudzovania uvedené v bode 19 vyššie, rozhodla na základe ustanovení odseku 25 usmernení z roku 2006 zvýšiť základnú výšku pokuty aplikáciou dodatočnej sumy 15 % (odôvodnenia 1224 a 1225 napadnutého rozhodnutia). Na základe toho bola základná výšky pokuty stanovená v prípade žalobkyne na [dôverné] ( ) eur (odôvodnenie 1226 napadnutého rozhodnutia). V druhom rade Komisia skúmala existenciu priťažujúcich alebo poľahčujúcich okolností, ktoré by mohli odôvodniť úpravu základnej výšky pokuty. V prípade žalobkyne nezistila žiadnu priťažujúcu alebo poľahčujúcu okolnosť. V treťom rade Komisia na účely stanovenia výšky pokuty, ktorú treba uložiť, uplatnila podľa článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 hornú hranicu 10 % celkového obratu uskutočneného v predchádzajúcom obchodnom roku (ďalej len „horná hranica 10 %“). Výška pokuty uloženej žalobkyni po uplatnení hornej hranice 10 % bola 12517671 eur (odôvodnenia 1261 a 1264 napadnutého rozhodnutia). V štvrtom rade Komisia tvrdila, že žalobkyňa nemá nárok na zníženie pokút podľa oznámenia o spolupráci z roku 2002, keďže sa nemožno domnievať, že dôkazy, ktoré predložila, majú značnú pridanú hodnotu v zmysle odseku 21 uvedeného oznámenia (odôvodnenie 1304 napadnutého rozhodnutia). S prihliadnutím na vyššie uvedené dospela Komisia v článku 1 ods. 2 napadnutého rozhodnutia k záveru, že žalobkyňa porušila článok 101 ZFEÚ a článok 53 Dohody o EHP tým, že sa v období od 6. marca 1998 do 9. novembra 2004 zúčastnila na pokračujúcej dohode alebo zosúladených postupoch v odvetví kúpeľňových doplnkov a príslušenstva na území Nemecka a Rakúska. Za toto konštatované porušenie uložila Komisia v článku 2 ods. 6 napadnutého rozhodnutia žalobkyni pokutu 12517671 eur. V článku 3 napadnutého rozhodnutia Komisia nariadila podnikom uvedeným v článku 1 uvedeného rozhodnutia jednak ukončiť, ak tak už neurobili, konštatované porušovanie, a jednak zdržať sa opakovania akejkoľvek činnosti alebo konania uvedeného v článku 1 napadnutého rozhodnutia a akejkoľvek činnosti alebo konania, ktoré by mali rovnaký alebo podobný účel alebo účinok. Článok 4 napadnutého rozhodnutia vymenúva adresátov napadnutého rozhodnutia, ku ktorým patrí aj žalobkyňa. Konanie a návrhy účastníkov konania Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 8. septembra 2010 podala žalobkyňa túto žalobu. Podaním doručeným do kancelárie Všeobecného súdu 14. októbra 2010 podala Rada Európskej únie návrh na vstup vedľajšieho účastníka do konania na podporu návrhov Komisie. Uznesením z 8. marca 2011 predseda štvrtej komory Všeobecného súdu vyhovel tomuto návrhu. Dňa 7. apríla 2011 podala Rada svoje vyjadrenie vedľajšieho účastníka konania. Hlavní účastníci konania podali svoje pripomienky k tomuto vyjadreniu. Na základe správy sudcu spravodajcu Všeobecný súd (štvrtá komora) rozhodol o otvorení ústnej časti konania a v rámci opatrení na zabezpečenie priebehu konania stanovených v článku 64 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu položil žalobkyni písomné otázky. Žalobkyňa na tieto otázky odpovedala v stanovenej lehote listom z 30. januára 2012. Prednesy účastníkov konania a ich odpovede na otázky, ktoré im Všeobecný súd položil, boli vypočuté počas pojednávania 29. februára 2012. Žalobkyňa navrhuje, aby Všeobecný súd: — zrušil napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa jej týka, — subsidiárne znížil výšku pokuty, ktorá jej bola uložená, — zaviazal Európsku komisiu na náhradu trov konania. Komisia navrhuje, aby Všeobecný súd: — zamietol žalobu, — zaviazal žalobkyňu na náhradu trov konania. Rada navrhuje, aby Všeobecný súd: — zamietol námietku nezákonnosti článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003, — primerane rozhodol o trovách konania. Právny stav Na úvod treba pripomenúť, že súdna kontrola vykonávaná súdom Európskej únie v prípade rozhodnutí prijatých Komisiou na účely potrestania porušení práva hospodárskej súťaže spočíva v preskúmaní zákonnosti stanovenej v článku 263 ZFEÚ, ktorá je doplnená, ak je v tomto zmysle podaný návrh, neobmedzenou súdnou právomocou, ktorú uvedenému súdu priznáva článok 31 nariadenia č. 1/2003 v súlade s článkom 261 ZFEÚ (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 8. decembra 2011, Chalkor/Komisia, C-386/10 P, Zb. s. I-13085 , body 53, 63 a 64). Táto právomoc oprávňuje súd, aby nad rámec jednoduchej kontroly zákonnosti sankcie nahradil posúdenie Komisie svojím posúdením a v dôsledku toho prípadne zrušil, znížil alebo zvýšil uloženú výšku pokuty alebo penále (pozri rozsudok Súdneho dvora z 8. decembra 2011, KME Germany a i./Komisia, C-272/09 P, Zb. s. I-12789 , bod 103 a tam citovanú judikatúru; pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu z 5. októbra 2011, Romana Tabacchi/Komisia, T-11/06, Zb. s. II-6681 , bod 265). V prejednávanej veci je zrejmé, že žalobkyňa sa touto žalobou obrátila na Všeobecný súd s dvoma žalobnými návrhmi, ktoré smerujú k tomu, aby bolo napadnuté rozhodnutie v rozsahu, v akom sa jej týka, zrušené a subsidiárne, aby bola výška jej uloženej pokuty znížená. Okrem toho treba uviesť, že vo vyjadrení k žalobe Komisia v podstate tvrdí, že prvý žalobný návrh je neprípustný, keďže v žalobe nie je na jeho podporu uvedený žiadny žalobný dôvod. Vzhľadom na pripomenutú judikatúru a predchádzajúce úvahy Všeobecný súd najprv preskúma prípustnosť prvého žalobného návrhu žaloby. V rámci preskúmania zákonnosti napadnutého rozhodnutia ďalej preskúma najmä opodstatnenosť hlavných predložených návrhov smerujúcich k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia a nakoniec subsidiárne návrhy smerujúce v podstate k tomu, aby Všeobecný súd vykonal svoju neobmedzenú súdnu právomoc na to, aby zmenil výšku pokuty, ktorú Komisia uložila žalobkyni, tak, že ju zníži. I – O prípustnosti Komisia v podstate tvrdí, že prvý žalobný návrh je neprípustný, pretože žalobné dôvody uplatnené žalobkyňou smerujú iba k zníženiu výšky pokuty. Okrem toho sa domnieva, že pokus žalobkyne o nápravu nedostatku odôvodnenia žaloby v replike treba odmietnuť ako oneskorený. Žalobkyňa v podstate namieta, že zo skutkových okolností uvedených v žalobe treba vyvodiť, že napadnuté rozhodnutie sa musí zrušiť. Okrem toho v replike spresňuje, že táto neplatnosť vyplýva z toho, že sa nezúčastnila konštatovaného porušenia, keďže, ako vyvodila Komisia v odôvodnení 873 napadnutého rozhodnutia, nemala vedomosť o geografickom rozsahu uvedeného porušenia, a to o šiestich členských štátoch. V prvom rade, pokiaľ najprv ide o posúdenie prípustnosti prvého žalobného návrhu, treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry platí, že ak žalobca neuvádza žiaden žalobný dôvod na podporu žalobného návrhu, nie je splnená podmienka uvedená v článku 44 ods. 1 písm. c) rokovacieho poriadku, podľa ktorého dôvody, na ktoré sa odvoláva, musia byť predmetom zhrnutia dôvodov a uvedený žalobný návrh treba zamietnuť ako neprípustný (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa zo 14. mája 1998, Metsä‑Serla a i./Komisia, T-339/94 až T-342/94, Zb. s. II-1727 , bod 62, a z 23. marca 2004, Theodorakis/Rada, T-310/02, Zb. VS s. I-A-95 a II-427 , body 21 a 22). Rovnako podľa ustálenej judikatúry okrem toho platí, že aj keď treba pripustiť, že uvedenie žalobných dôvodov nie je viazané na terminológiu a uvedenie rokovacieho poriadku a že tieto dôvody môžu postačovať skôr svojou podstatou ako svojou právnou kvalifikáciou, avšak pod podmienkou, že uvedené dôvody vyplývajú zo žaloby dostatočne jasne (uznesenia Súdu prvého stupňa z 28. apríla 1993, De Hoe/Komisia, T-85/92, Zb. s. II-523 , bod 21, a Všeobecného súdu z 20. januára 2012, Groupe Partouche/Komisia, T‑315/10, bod 20, rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2012, Arbos/Komisia, T‑161/06, bod 22). V prejednávanom prípade treba na účely rozhodnutia o prípustnosti prvého žalobného návrhu v súlade s judikatúrou pripomenutou v bodoch 44 a 45 vyššie overiť, či žalobkyňa uviedla žalobné dôvody a minimálne zhrnula skutkové okolnosti a právne dôvody, na ktorých sa zakladajú tieto výhrady, ktoré v podstate podporujú uvedený žalobný návrh. V tejto súvislosti treba uviesť, že na podporu žaloby uplatňuje žalobkyňa osem žalobných dôvodov. Prvý žalobný dôvod je v podstate založený na nesprávnych posúdeniach podľa článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003, pokiaľ ide o konštatovanie porušenia, ktoré sa jej vytýka, a výšku pokuty, ktorá jej bola uložená, druhý žalobný dôvod je založený na porušení článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003, ktoré vyplýva z uplatnenia hornej hranice 10 % uvedenej v článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia, tretí žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania tým, že sa nezohľadnila individuálna účasť žalobkyne na konštatovanom porušení, štvrtý žalobný dôvod je založený na porušení zásady rovnosti zaobchádzania tým, že sa nezohľadnili skoršie rozhodnutia Komisie, piaty žalobný dôvod je založený na porušení zásady proporcionality tým, že sa nezohľadnila obmedzená ekonomická výkonnosť žalobkyne, šiesty žalobný dôvod je založený na porušení zásady zákazu retroaktivity vyplývajúcej z uplatnenia usmernení z roku 2006, ktoré upravujú prísnejšiu metódu stanovenia výšky pokút ako usmernenia na výpočet uložených pokút uplatnením článku 15 ods. 2 nariadenia č. 17 a článku 65 ods. 5 [UO] ( Ú. v. ES C 9, 1998, s. 3 ; Mim. vyd. 08/001, s. 171, ďalej len „usmernenia z roku 1998), na konania, ku ktorým došlo pred ich prijatím, siedmy žalobný dôvod je založený na tom, že článok 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 porušuje zásadu presnosti a ôsmy žalobný dôvod je založený na nezákonnosti usmernení z roku 2006 v rozsahu, v akom priznávajú Komisii príliš širokú mieru voľnej úvahy. Tieto dva posledné dôvody predstavujú námietky nezákonnosti. Treba konštatovať, že žalobkyňa síce uviedla týchto osem žalobných dôvodov, avšak bez spresnenia, ktorý z dvoch prvých žalobných návrhov podporujú. Treba však uviesť, že s výnimkou tretieho žalobného dôvodu, ktorý je v podstate uplatnený na podporu druhého žalobného návrhu a smeruje k tomu, aby Všeobecný súd zmenil parametre stanovenia výšky pokuty uloženej žalobkyni s ohľadom na jej vlastnú situáciu v porovnaní so situáciou ostatných účastníkov, prvý, druhý, štvrtý a piaty žalobný dôvod smerujú v podstate k tomu, aby Všeobecný súd dospel k záveru, že Komisia sa tým, že nezohľadnila rôzne okolnosti charakterizujúce účasť žalobkyne na konštatovanom porušení, dopustila viacerých nesprávnych posúdení, ktoré postihujú napadnuté rozhodnutie nezákonnosťami, a preto by sa malo zrušiť alebo by sa aspoň mala znížiť výška pokuty, ktorá bola uložená žalobkyni. Pokiaľ ide o šiesty žalobný dôvod, treba sa domnievať, že žalobkyňa odvolajúc sa na zásadu zákazu retroaktivity, ktorá vyplýva z uplatnenia usmernení z roku 2006 na konania vytýkané žalobkyni, ktoré nastali pred prijatím uvedených usmernení, v podstate Všeobecný súd žiada, aby rozhodol, že metóda stanovenia výšky pokuty, o ktorú sa oprela Komisia v napadnutom rozhodnutí, je postihnutá nezákonnosťou, a preto zrušil napadnuté rozhodnutie alebo aspoň znížil výšku pokuty, ktorá jej bola uložená, pretože ak by Komisia uplatnila usmernenia z roku 1998, uvedená výška pokuty by bola nižšia. Pokiaľ ide o siedmy a ôsmy žalobný dôvod, treba uviesť, že žalobkyňa sa odvolajúc sa na nezákonnosť článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 a usmernení z roku 2006 snaží preukázať, že napadnuté rozhodnutie je nezákonné v rozsahu, v akom na účely stanovenia výšky pokuty, ktorá jej bola uložená, vychádza z uvedeného článku a uvedených usmernení, v dôsledku čoho by mal Všeobecný súd napadnuté rozhodnutie zrušiť alebo aspoň znížiť výšku pokuty, ktorá jej bola uložená. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že s výnimkou tretieho žalobného dôvodu sú ostatné žalobné dôvody uvedené taktiež na podporu prvého žalobného návrhu. Preto na rozdiel od toho, čo tvrdí Komisia, treba prvý žalobný návrh vyhlásiť za prípustný. V druhom rade, pokiaľ ide o prípustnosť tvrdení uvedených žalobkyňou v replike na účely preukázania, že sa nezúčastnila na jedinom a nepretržitom porušení, ktoré sa týkalo šiestich členských štátov, treba pripomenúť, že z ustanovení článku 44 ods. 1 písm. c) a článku 48 ods. 2 rokovacieho poriadku vyplýva, že žaloba musí obsahovať predmet konania a zhrnutie dôvodov, na ktorých je návrh založený, a že uvádzanie nových dôvodov je prípustné počas konania len vtedy, ak sú tieto dôvody založené na nových právnych a skutkových okolnostiach, ktoré vyšli najavo v priebehu konania. Žalobný dôvod, ktorý predstavuje rozšírenie žalobného dôvodu, ktorý bol už priamo alebo implicitne uvedený v návrhu na začatie konania a ktorý je s ním úzko spojený, treba vyhlásiť za prípustný (pozri rozsudok Súdu prvého stupňa z 26. júna 2008, Alferink a i./Komisia, T-94/98, Zb. s. II-1125 , bod 38 a tam citovanú judikatúru). V prejednávanej veci, pokiaľ ide o geografický rozsah konštatovaného porušenia, Všeobecný súd uvádza, že žalobkyňa v žalobe dvakrát, a to na podporu prvého a tretieho žalobného dôvodu, vytýka Komisii, že sa pri stanovení výšky pokuty, ktorá jej bola uložená, dopustila nesprávneho posúdenia, ktoré je výsledkom uplatnenia tých istých faktorov ako v prípade podnikov, ktoré mali vedomosť o konštatovanom porušení v celom rozsahu, hoci v odôvodnení 873 napadnutého rozhodnutia Komisia dospela k záveru, že vedomosť žalobkyne o geografickom rozsahu uvedeného porušenia bola obmedzená na územie dvoch členských štátov (Nemecka a Rakúska) zo šiestich členských štátov, ktorých sa toto porušenie týkalo. Okrem toho žalobkyňa na dvoch miestach tvrdí, že jej účasť na porušení sa teda obmedzila na územie týchto dvoch členských štátov. Naopak, pokiaľ ide o ostatné podstatné znaky konštatovaného porušenia, treba uviesť, že žalobkyňa v žalobe nenapadla tieto znaky ani skutočnosť, že uvedené porušenie sa týkalo troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie, ale iba uviedla, že pôsobila na trhu iba jednej z týchto troch podskupín. S prihliadnutím na predchádzajúce úvahy treba vychádzať z toho, že tvrdenia uvedené žalobkyňou v replike smerujúce k spochybneniu geografického rozsahu konštatovaného porušenia predstavujú rozšírenie výhrady formulovanej v žalobe, a treba ich tak vyhlásiť za prípustné. Naopak, pokiaľ ide o ostatné tvrdenia uvedené žalobkyňou v replike, ktoré sa snažia spochybniť ostatné podstatné znaky konštatovaného porušenia, tie nepredstavujú rozšírenie výhrady formulovanej v žalobe a treba ich z dôvodu ich oneskorenosti vyhlásiť za neprípustné. II – O veci samej Ako bolo uvedené v bode 49 vyššie, žalobkyňa na podporu svojej žaloby uvádza osem žalobných dôvodov. Prvý, druhý, štvrtý, piaty a šiesty žalobný dôvod sú uvedené na podporu žalobného návrhu smerujúceho k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia, ako aj žalobného návrhu smerujúceho k tomu, aby Všeobecný súd znížil výšku pokuty uloženej žalobkyni (prvý a druhý žalobný návrh). Tretí dôvod je uvedený iba na podporu žalobného návrhu smerujúceho k tomu, aby Všeobecný súd znížil uvedenú sumu (druhý žalobný návrh). Pokiaľ ide o siedmy a ôsmy žalobný dôvod, ako to vyplýva z toho istého bodu, treba uviesť, že tieto predstavujú námietky nezákonnosti. V prvom rade treba preto preskúmať dve námietky nezákonnosti vznesené v rámci siedmeho a ôsmeho žalobného dôvodu. V druhom rade, ako bolo uvedené v bode 41 vyššie, budú preskúmané žalobné návrhy smerujúce k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia a žalobné návrhy smerujúce k tomu, aby Všeobecný súd vykonal svoju neobmedzenú právomoc na účely zmeny výšky uloženej pokuty a to jej znížením. A – O námietkach nezákonnosti 1. O námietke založenej na nezákonnosti článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 Žalobkyňa v podstate na základe námietky založenej na nezákonnosti článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 (ďalej len „prvá námietka“) tvrdí, že uvedený článok, na ktorom sa zakladá napadnuté rozhodnutie, porušuje „zásadu presnosti“, keďže tento článok ako parametre stanovenia výšky pokuty uvádza len závažnosť a trvanie porušenia bez presnejšieho definovania týchto pojmov, čo znamená, že pokiaľ ide o stanovenie výšky pokuty, Komisia má skoro neobmedzenú mieru voľnej úvahy. Komisia podporená Radou spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu prvej námietky. Ak sa žalobkyňa v predmetnom prípade dovoláva porušenia „zásady presnosti“, treba konštatovať, že tým, že uvádza, že pojmy závažnosť a trvanie porušenia nie sú dostatočne presné, sa v podstate odvoláva na zásady zákonnosti trestov a právnej istoty (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 29. marca 2011, ThyssenKrupp Nirosta/Komisia, C-352/09 P, Zb. s. I-2359 , bod 80). Prvú námietku treba preto preskúmať s prihliadnutím na tieto dve zásady. V tejto súvislosti z judikatúry vyplýva, že zásada zákonnosti trestov, ako ju uvádza článok 49 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie ( Ú. v. EÚ C 83 , 2010, s. 389), a ktorá bola zakotvená predovšetkým v článku 7 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd podpísaného v Ríme 4. novembra 1950 (ďalej len „EDĽP“), je dôsledkom zásady právnej istoty, ktorá vyžaduje, aby právna úprava Európskej únie jasne definovala porušenia a sankcie (pozri rozsudok ThyssenKrupp Nirosta/Komisia, už citovaný v bode 59 vyššie, bod 80 a tam citovanú judikatúru, pozri tiež v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 5. apríla 2006, Degussa/Komisia, T-279/02, Zb. s. II-897 , bod 66, a rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010, Wieland‑Werke a i./Komisia, T‑11/05, neuverejnený v Zbierke, bod 58). Zásada právnej istoty okrem toho vyžaduje, aby takáto právna úprava umožnila dotknutým osobám poznať s istotou rozsah povinností, ktoré im táto úprava stanovuje, aby mohli jednoznačne poznať svoje práva a povinnosti a podľa toho konať (rozsudok Súdneho dvora ThyssenKrupp Nirosta/Komisia, už citovaný v bode 59 vyššie, bod 81 a tam citovaná judikatúra). Na splnenie požiadaviek zásad zákonnosti trestov a právnej istoty sa nevyžaduje, aby znenie ustanovení, podľa ktorých sa tieto sankcie ukladajú, bolo natoľko presné, aby následky, ktoré môžu z porušenia uvedených ustanovení nastať, bolo možné predvídať s absolútnou istotou. Existencia vágnych výrazov v ustanovení totiž nespôsobuje nevyhnutne porušenie týchto dvoch zásad a skutočnosť, že zákon pripúšťa mieru voľnej úvahy, sama osebe neodporuje požiadavke predvídateľnosti pod podmienkou, že rozsah a spôsoby výkonu takejto právomoci sú dostatočne jasne definované (pozri v tomto zmysle Degussa/Komisia, bod 60 vyššie, bod 71 a Wieland‑Werke a i./Komisia, bod 60 vyššie, body 62 a 63). V tejto súvislosti Súdny dvor rozhodol, že jasnosť zákona sa posudzuje nielen vzhľadom na znenie príslušného ustanovenia, ale aj na spresnenia vymedzené ustálenou a zverejnenou judikatúrou (rozsudok z 22. mája 2008, Evonik Degussa/Komisia, C‑266/06 P, neuverejnený v Zbierke, bod 40). Takisto zdôraznil, že kritériá stanovené judikatúrou týkajúce sa metódy stanovenia výšky pokút v práve hospodárskej súťaže Únie použila Komisia najmä pri vypracovaní usmernení a tieto kritériá jej umožnili vytvoriť známu a dostupnú rozhodovaciu prax (pozri v tomto zmysle rozsudok Evonik Degussa/Komisia, už citovaný, bod 61). Pokiaľ ide o platnosť článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003, z hľadiska zásad zákonnosti trestov a právnej istoty treba pripomenúť, že Všeobecný súd už vo vzťahu k tvrdeniam, ktoré sú v podstate podobné tým, ktoré uviedla žalobkyňa na podporu prvej námietky, rozhodol, že odseky 2 a 3 tohto článku, ktoré treba vykladať spoločne, keďže obmedzujú mieru voľnej úvahy Komisie, spĺňajú požiadavky vyplývajúce z uvedených zásad (rozsudok Wieland‑Werke a i./Komisia, už citovaný v bode 60 vyššie, body 63 až 72). Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že prvú námietku treba zamietnuť ako nedôvodnú. 2. O námietke založenej na nezákonnosti usmernení z roku 2006 Zo žaloby a z listu z 30. januára 2012 vyplýva, že žalobkyňa na základe námietky založenej na nezákonnosti usmernení z roku 2006 (ďalej len „druhá námietka“) tvrdí, že tieto usmernenia, najmä ich odseky 35 a 37, sú nezákonné, keďže so zreteľom na skoro neobmedzenú voľnú úvahu, ktorú zverujú Komisii, porušujú zásady zákonnosti trestov a právnej istoty. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu druhej námietky. V tejto súvislosti treba po prvé pripomenúť, že prijatie usmernení Komisiou podľa judikatúry vo svojej podstate prispieva k zabezpečeniu dodržiavania zásady zákonnosti trestov. V tomto ohľade treba uviesť, že usmernenia všeobecne a abstraktne určujú metodiku, ktorú sa Komisia zaviazala uplatňovať pri stanovovaní výšky pokút, a preto zaisťujú právnu istotu podnikov (rozsudok Súdneho dvora z 28. júna 2005, Dansk Rørindustri a i./Komisia, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P, Zb. s. I-5425 , body 211 a 213). Po druhé z odseku 2 usmernení z roku 2006 vyplýva, že sú súčasťou právneho rámca stanoveného článkom 23 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1/2003. Navyše sa v bodoch 59 až 64 vyššie určilo, že tento článok spĺňa požiadavky vyplývajúce zo zásady zákonnosti trestov a zásady právnej istoty. Po tretie treba zdôrazniť, že Komisia prijatím usmernení z roku 2006 neprekročila hranice voľnej úvahy, ktorá je jej zverená článkom 23 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1/2003 (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 250). V článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 sa totiž stanovuje, že Komisia pri stanovení výšky pokút prihliada k závažnosti a dĺžke trvania porušenia. Usmernenia z roku 2006 pritom vo svojom odseku 19 stanovujú, že základná výška pokuty súvisí s časťou hodnoty predaja stanovenou v závislosti od stupňa závažnosti porušenia a vynásobená počtom rokov, v ktorých porušenie trvalo. Pokiaľ ide konkrétne o prihliadnutie na závažnosť porušenia, podľa odsekov 21 až 23 usmernení z roku 2006 sa zohľadňovaná časť hodnoty predaja (ďalej len „koeficient ‚závažnosti porušenia’“) stanoví na úrovni, ktorá môže dosiahnuť až 30 % pri zohľadnení určitého počtu ukazovateľov, ako je napríklad povaha porušenia, kumulovaný podiel všetkých zúčastnených strán na trhu, geografický rozsah porušenia, uskutočnenie alebo neuskutočnenie porušenia, pričom medzi najzávažnejšie obmedzenia hospodárskej súťaže patria svojou povahou dohody o stanovení cien, rozdelení trhu a obmedzení produkcie. Podľa odseku 25 usmernení z roku 2006 sa spresnilo, že Komisia na účely odradenia od účasti zahrnie do základnej výšky pokuty sumu v hodnote 15 až 25 % hodnoty predaja umožňujúcu stanoviť dodatočnú sumu (ďalej len „koeficient ‚dodatočnej sumy’“), pričom prihliadne k vyššie uvedeným faktorom. Pokiaľ ide o zohľadnenie obdobia trvania porušenia, odsek 24 usmernení z roku 2006 stanovuje, že suma určená na základe hodnôt predajov je vynásobená počtom rokov účasti na porušení a obdobia kratšie ako 6 mesiacov sa budú počítať ako polrok a že obdobia dlhšie ako 6 mesiacov, ale kratšie ako rok, sa budú počítať ako celý rok. Podľa odsekov 27 až 31 usmernení z roku 2006 môže byť základná výška prispôsobená tak, aby sa zohľadnili priťažujúce a poľahčujúce okolnosti a aby sa zabezpečil dostatočne odstrašujúci charakter výšky pokuty. Podľa odseku 34 uvedených usmernení môže byť na účely zohľadnenia oznámenia o spolupráci z roku 2002 pokuta taktiež znížená. Odsek 32 usmernení z roku 2006 ďalej spresňuje, že v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 konečná výška pokuty v žiadnom prípade nepresiahne pri akomkoľvek podniku alebo združení podnikov podieľajúcich sa na porušení 10 % z celkového obratu uskutočneného v predchádzajúcom obchodnom roku. Napokon Komisia v odseku 35 usmernení z roku 2006 stanovuje, že výnimočne môže na účely stanovenia výšky pokuty prihliadnuť na platobnú neschopnosť podniku. Na rozdiel od tvrdenia žalobkyne toto ustanovenie nedáva Komisii neobmedzenú mieru voľnej úvahy, lebo podmienky udelenia zníženia výšky pokuty z dôvodu platobnej neschopnosti sú v ňom presne opísané. V uvedenom odseku sa tak na jednej strane spresnilo, že na zníženie výšky pokuty nebude stačiť samotné zistenie o nepriaznivej alebo stratovej finančnej situácii, a na druhej strane, že zníženie môže byť povolené len na základe objektívnych dôkazov, ktoré preukazujú, že uloženie pokuty by nenapraviteľne ohrozilo ekonomickú životaschopnosť dotknutého podniku a viedlo by k strate hodnoty jeho majetku. Komisia ďalej v odseku 37 usmernení z roku 2006 uvádza, že konkrétne okolnosti danej veci alebo nevyhnutnosť dosiahnuť odstrašujúci účinok v konkrétnej veci môžu byť dôvodom na to, aby sa Komisia odchýlila od metodológie opísanej v usmerneniach z roku 2006. Keďže ustanovenia uvedeného odseku neumožňujú odchýliť sa od zásad stanovených článkom 23 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1/2003, treba vychádzať z toho, že na rozdiel od tvrdenia žalobkyne neudeľujú Komisii skoro neobmedzenú mieru voľnej úvahy, a že uvedený odsek tak neporušuje zásadu zákonnosti trestov. Z toho vyplýva, že prijatie usmernení z roku 2006 Komisiou však vzhľadom na to, že Komisia neprekročila právny rámec stanovený článkom 23 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1/2003, prispelo k presnejšiemu vymedzeniu uplatnenia výkonu jej diskrečnej právomoci, ktorá už vyplýva z tohto ustanovenia (rozsudok Degussa/Komisia, už citovaný v bode 60 vyššie, bod 82) a neporušuje zásadu zákonnosti trestov, ale prispieva k jej rešpektovaniu. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že druhú námietku treba zamietnuť ako nedôvodnú. B – O hlavných žalobných návrhoch smerujúcich k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia Ako bolo uvedené v bode 49 vyššie, prvý, druhý, štvrtý, piaty a šiesty žalobný dôvod sú uplatnené predovšetkým na podporu žalobných návrhov smerujúcich k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia. Vzhľadom na to, že Komisia v napadnutom rozhodnutí uplatnila usmernenia z roku 2006 a že, ako bolo konštatované v bode 78 vyššie, druhú námietku treba zamietnuť, je nutné najskôr preskúmať šiesty žalobný dôvod založený na porušení zásady zákazu retroaktivity, ktorá vyplýva z ich uplatnenia na konania, ktoré nastali pred ich prijatím a ktoré sú vytýkané žalobkyni. Ďalej bude preskúmaný prvý, druhý, štvrtý a piaty žalobný dôvod v rozsahu, v akom smerujú k preukázaniu toho, že napadnuté rozhodnutie je v dôsledku niekoľkých nesprávnych posúdení Komisiou postihnuté nezákonnosťou. 1. O šiestom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady zákazu retroaktivity Žalobkyňa tvrdí, že vzhľadom na to, že kartel sa týka obdobia od roku 1992 do roku 2004, Komisia mala uplatniť usmernenia z roku 1998. Keďže Komisia stanovila výšku pokút na základe usmernení z roku 2006, porušila podľa jej názoru zásadu zákazu retroaktivity. Žalobkyňa dodáva, že uplatnenie usmernení z roku 1998 by viedlo k nižšej pokute. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu šiesteho žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba po prvé pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry zásada zákazu retroaktivity trestnoprávnych ustanovení, ktorá je upravená v článku 49 Charty základných práv a bola zakotvená okrem iného v článku 7 EDĽP, ktorej dodržiavanie zabezpečuje súd Únie, umožňuje zabrániť retroaktívnemu použitiu nového výkladu právneho predpisu, ktorý stanovuje porušenie, ktorého výsledok nebolo možné v čase, keď k porušeniu došlo, rozumne predvídať (pozri v tomto zmysle a analogicky rozsudok Súdneho dvora z 8. februára 2007, Groupe Danone/Komisia, C-3/06 P, Zb. s. I-1331 , body 87 až 89 a tam citovanú judikatúru, a rozsudok Všeobecného súdu z 2. februára 2012, Denki Kagaku Kogyo a Denka Chemicals/Komisia, T‑83/08, bod 120). Po druhé rovnako podľa ustálenej judikatúry platí, že bez ohľadu na ustanovenia článku 23 ods. 5 nariadenia č. 1/2003, z ktorého vyplýva, že rozhodnutia o uložení pokút za porušenie práva hospodárskej súťaže nemajú trestnoprávny charakter, Komisia je povinná dodržiavať zásadu zákazu retroaktivity vo všetkých správnych konaniach, ktoré môžu viesť k sankciám podľa pravidiel hospodárskej súťaže uvedených v Zmluve (pozri v tomto zmysle Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 202; pozri rozsudok Denki Kagaku Kogyo a Denka Chemicals/Komisia, už citovaný v bode 84 vyššie, bod 122). Je to tak predovšetkým v prípade, keď Komisia rozhodne upraviť represívnu politiku, v tomto prípade svoju všeobecnú politiku hospodárskej súťaže v oblasti pokút. Takáto zmena, zvlášť ak je uskutočnená prijatím pravidiel správania, akými sú usmernenia, môže mať totiž vplyv na zásadu zákazu retroaktivity (rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 222). Po tretie na účely preskúmania dodržania zásady zákazu retroaktivity sa rozhodlo, že bolo potrebné overiť, či predmetná zmena bola v čase, keď došlo k predmetným porušeniam, rozumne predvídateľná (rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 224). Význam pojmu predvídateľnosť závisí vo veľkej miere od obsahu dotknutého textu, oblasti, na ktorú sa vzťahuje, ako aj od počtu a charakteru osôb, ktorým je určený. Predvídateľnosť zákona však nebráni tomu, aby dotknutá osoba požiadala o radu odborne spôsobilé osoby s cieľom posúdiť spôsobom primeraným okolnostiam prípadu dôsledky, ktoré môžu z daného aktu vyplynúť. Ide najmä o profesionálov zvyknutých vynakladať veľkú obozretnosť pri výkone svojej profesie. Je tiež možné od nich očakávať, že s osobitnou obozretnosťou posúdia riziká, ktoré táto profesia zahŕňa (rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v už citovaný v bode 68 vyššie, bod 219). V tejto súvislosti treba pripomenúť, že účinné uplatnenie pravidiel hospodárskej súťaže, ktoré vyplývajú z ustanovení nariadenia č. 1/2003, vyžaduje, aby Komisia bola oprávnená pri rešpektovaní hornej hranice stanovenej článkom 23 ods. 2 uvedeného nariadenia kedykoľvek zvýšiť výšku pokút, ak je to potrebné na zabezpečenie uplatnenia politiky hospodárskej súťaže. Z toho vyplýva, že podniky zúčastnené na správnom konaní, ktoré môže viesť k uloženiu pokuty, nemôžu nadobudnúť legitímnu dôveru v skutočnosť, že Komisia neprekročí úroveň pokút používanú v minulosti, ani v metódu stanovenia ich výšky, ale naopak, že uvedené podniky musia počítať s možnosťou, že Komisia môže kedykoľvek rozhodnúť o zvýšení úrovne pokút v porovnaní s úrovňou uplatňovanou v minulosti, či už zvýšením úrovne pokút stanovených v individuálnych rozhodnutiach, či vtedy, keď sa zvýšenie v konkrétnych prípadoch uskutoční uplatnením pravidiel správania, ktoré majú všeobecnú pôsobnosť, akými sú usmernenia (rozsudky Groupe Danone/Komisia, už citovaný v bode 84 vyššie, body 90 a 91, a Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, body 227 až 230). V danom prípade treba pripomenúť, že v bodoch 69 a 78 vyššie sa konštatovalo, že usmernenia z roku 2006 neprekračujú právny rámec stanovený článkom 23 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1/2003 a prispievajú k presnejšiemu vymedzeniu uplatnenia výkonu diskrečnej právomoci Komisie, ktorá už vyplýva z tohto ustanovenia. Všeobecný súd predovšetkým v bode 75 vyššie konštatoval, že v súlade s článkom 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 odsek 32 usmernení z roku 2006 zabezpečuje, aby konečná výška uloženej pokuty presiahla v akomkoľvek prípade, pri akomkoľvek podniku alebo združení podnikov podieľajúcich sa na porušení, 10 % z celkového obratu uskutočneného v predchádzajúcom obchodnom roku. Ďalej treba uviesť, že aj pri neexistencii výslovného ustanovenia týkajúceho sa pravidelnej revízie usmernení z roku 1998 žalobkyňa mala s ohľadom na existujúcu judikatúru zohľadniť možnosť, že sa Komisia po tom, ako príde k porušeniu, rozhodne prijať a uplatniť nové usmernenia pre stanovenie výšky pokút (rozsudok Denki Kagaku Kogyo a Denka Chemicals/Komisia, už citovaný v bode 84 vyššie, bod 116). S prihliadnutím na predchádzajúce úvahy treba dospieť k záveru, že usmernenia z roku 2006 a osobitne v nich obsiahnutá nová metóda stanovovania výšky pokút, za predpokladu, že sa v jej dôsledku uložené pokuty sprísnili v porovnaní s tou, ktorá bola obsiahnutá v usmerneniach z roku 1998, bola primerane predvídateľná podnikmi, akým je žalobkyňa, v čase, keď bolo konštatované porušenie spáchané, a že Komisia tým, že v spornom rozhodnutí v podstate uplatnila usmernenia z roku 2006 na porušenie, ktoré bolo spáchané pred ich prijatím, neporušila zásadu zákazu retroaktivity (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, body 231 a 232, a z 18. mája 2006, Archer Daniels Midland a Archer Daniels Midland Ingredients/Komisia, C-397/03 P, Zb. s. I-4429 , bod 25). Šiesty žalobný dôvod preto treba zamietnuť ako nedôvodný. 2. O prvom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila Komisia pri konštatovaní porušenia vytýkaného žalobkyni a pri stanovení výšky pokuty, ktorá jej bola uložená Najprv treba uviesť, že z nadpisu prvého žalobného dôvodu uvedeného v žalobe, konkrétne „žalovaná v rozpore s článkom 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 nezohľadnila početné poľahčujúce okolnosti v prospech žalobkyne“, by mohlo vyplývať, že žalobkyňa tvrdí, že napadnuté rozhodnutie je poznačené viacerými nezákonnosťami, ktoré vyplývajú zo skutočnosti, že Komisia nezohľadnila poľahčujúce okolnosti, na základe ktorých mala znížiť výšku pokuty, ktorá jej bola uložená. Trinásť okolností, ktorých sa žalobkyňa dovoláva a ktoré sú uvedené v trinástich častiach, na ktoré sa delí prvý žalobný dôvod, však v podstate odkazujú na niekoľko nesprávnych posúdení, ktorých sa dopustila Komisia, po prvé, pokiaľ ide o niektoré posúdenia, v súvislosti s konštatovaním porušenia, ktoré vytýka žalobkyni (štvrtá, šiesta, siedma, ôsma a jedenásta časť), a po druhé, pokiaľ ide o ostatné posúdenia, v súvislosti so stanovením výšky pokuty, ktorá jej bola uložená (prvá, druhá, tretia, piata, deviata, desiata, dvanásta a trinásta časť). a) O nesprávnych posúdeniach v súvislosti s konštatovaním porušenia vytýkaného žalobkyni V prvom rade treba preskúmať šiestu, siedmu a ôsmu časť prvého žalobného dôvodu v rozsahu, v akom v podstate smerujú k preukázaniu toho, že Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia, keď dospela k záveru o účasti žalobkyne na konštatovanom porušení v Rakúsku, takže jej eventuálna účasť na uvedenom porušení by sa obmedzila na Nemecko. V druhom rade bude preskúmaná štvrtá a jedenásta časť prvého žalobného dôvodu v rozsahu, v akom v podstate smerujú k preukázaniu nesprávneho použitia článku 101 ZFEÚ, keďže určité konania vytýkané žalobkyni nepredstavujú porušenia práva hospodárskej súťaže. O šiestej, siedmej a ôsmej časti prvého žalobného dôvodu založených na nesprávnom posúdení účasti žalobkyne na konštatovanom porušení v Rakúsku Najprv treba preskúmať siedmu časť prvého žalobného dôvodu, potom jeho šiestu časť a nakoniec jeho ôsmu časť. – O siedmej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnom posúdení prispôsobenia cien uplatňovaných žalobkyňou v Rakúsku cenám uplatňovaným v Nemecku Žalobkyňa uvádza, že na rozdiel od toho, čo tvrdí Komisia v odôvodnení 351 napadnutého rozhodnutia, ceny, ktoré uplatňovala v Rakúsku, neprispôsobila cenám uplatňovaným v Nemecku na základe dohody so svojimi konkurentmi, ale na základe autonómneho rozhodnutia. Okrem toho tvrdí, že dôkazy, ktoré Komisia v tomto smere uviedla v poznámke pod čiarou 404 napadnutého rozhodnutia, sú z obdobia, keď ešte nebola členkou koordinačného subjektu ASI alebo sa týkali sprchových kútov, teda podskupiny výrobkov, ktoré nevyrábala. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu siedmej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba, po prvé, vychádzať z toho, že žalobkyňa nesprávne vykladá odôvodnenie 351 napadnutého rozhodnutia v tom zmysle, že jej Komisia vytýkala, že ceny uplatňované v Rakúsku prispôsobila cenám uplatňovaným v Nemecku. Odôvodnenie 351 napadnutého rozhodnutia je totiž jedným z odôvodnení, v ktorých Komisia odmietla tvrdenia uvedené žalobkyňou v rámci správneho konania. Žalobkyňa tvrdila, že napriek svojej nepretržitej účasti na zasadnutiach koordinačného subjektu ASI od roku 2001 nikdy nepoužila informácie, ktoré boli počas týchto zasadnutí vymenené v súvislosti s cenami, a svoje ceny na rakúskom trhu stanovila podľa cien uplatňovaných jej materskou spoločnosťou na nemeckom trhu, a že výmena informácií nemala v žiadnom prípade vplyv na trh. V odpovedi na tvrdenia uvedené žalobkyňou v rámci správneho konania sa Komisia v podstate v odôvodnení 350 napadnutého rozhodnutia domnievala, že s prihliadnutím na účasť žalobkyne na zasadnutiach koordinačného subjektu ASI od roku 2001 nemohla, či už priamo, alebo nepriamo, nezohľadniť informácie o cenách, ktoré zverejnili jej konkurenti. Komisia v odôvodnení 351 uvedeného rozhodnutia vysvetlila, že skutočnosť, že koordinácia cien nemusela mať vplyv na trh alebo na ceny účtované konečnému spotrebiteľovi, nič nezmení na zistení, že táto koordinácia mala protisúťažný cieľ. V tom istom odôvodnení spresnila, že nikdy netvrdila, že žalobkyňa diskutovala o použití cien uplatňovaných v Nemecku na rakúskom trhu, ale sa naopak domnievala, že členovia koordinačného subjektu ASI diskutovali o svojich cenových politikách s prihliadnutím na ich vývoj na nemeckom trhu. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že zistenie Komisie týkajúce sa prispôsobenia cien v Rakúsku cenám uplatňovaným v Nemecku nie je konkrétne adresované žalobkyni, ale týka sa všeobecne mechanizmu koordinácie cien zavedeného všetkými výrobcami kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v rámci koordinačného subjektu ASI a to aj predtým, ako sa žalobkyňa stala jeho členkou. Okrem toho treba pripomenúť, že koordinačný subjekt ASI bol vnútroštátnym profesijným združením zoskupujúcim výrobcov troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie. Skutočnosť, že sa žalobkyňa odvoláva na to, že dôkazy uvedené Komisiou v poznámke pod čiarou 404 napadnutého rozhodnutia sa týkajú výrobkov, ktoré nevyrábala, je preto neúčinná. Po druhé, pokiaľ ide o výhradu, že Komisia sa nesprávne domnievala, že žalobkyňa prispôsobila ceny v Rakúsku cenám uplatňovaným v Nemecku na základe dohody s jej konkurentmi, treba konštatovať, že žalobkyňa iba tvrdí, a to bez podporenia tohto tvrdenia dôkazmi, že toto prispôsobenie vyplývalo z autonómneho rozhodnutia. Preto treba túto výhradu zamietnuť. Po tretie, treba uviesť, rovnako ako uviedla Komisia v odôvodnení 350 napadnutého rozhodnutia, že žalobkyňa vo svojej odpovedi na oznámenie výhrad potvrdila, že sa zúčastnila výmeny informácií o zvyšovaní cien počas zasadnutí koordinačného subjektu ASI od roku 2001, pričom spresnila, že informácie vymenené počas týchto zasadnutí týkajúce sa cien nikdy nepoužila. V odpovedi na otázku položenú Všeobecným súdom na pojednávaní žalobkyňa toto konštatovanie potvrdila. Toto priznanie účasti je navyše podporené zisteniami Komisie, ktoré sú riadne podložené konkrétnymi a zhodujúcimi sa dôkazmi, ktoré žalobkyňa nespochybnila a ktoré sú uvedené v odôvodneniach 325 až 339 napadnutého rozhodnutia, a ktoré preukazujú, že od roku 2001 sa nepretržite zúčastnila zasadnutí koordinačného subjektu ASI, na ktorých výrobcovia kúpeľňových doplnkov a príslušenstva koordinovali svoje ceny na rakúskom trhu. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že Komisia dostatočným spôsobom preukázala účasť žalobkyne na protisúťažných dohodách spočívajúcich v koordinácii zvyšovania cien. Tento záver nemôže byť spochybnený okolnosťou, že poznámka pod čiarou 404 napadnutého rozhodnutia obsahuje informácie týkajúce sa obdobia, ktoré predchádzalo pristúpeniu žalobkyne do koordinačného subjektu ASI. Cieľom tejto poznámky pod čiarou je totiž podporiť zistenie nachádzajúce sa v odôvodnení 351 napadnutého rozhodnutia, ktoré sa týka prispôsobenia rakúskych cien cenám uplatňovaným v Nemecku. V bode 100 vyššie sa pritom uviedlo, že toto zistenie sa všeobecne týkalo mechanizmu koordinácie cien zavedeného všetkými výrobcami kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v rámci koordinačného subjektu ASI, a to aj predtým, ako k nemu žalobkyňa pristúpila. Okolnosť, že dotknuté dohody neboli uskutočnené žalobkyňou, keďže svoje ceny prispôsobila cenám svojej nemeckej materskej spoločnosti a nepoužila informácie vymenené na zasadnutiach koordinačného subjektu ASI, nemôže vylúčiť uplatnenie článku 101 ZFEÚ a článku 53 Dohody o EHP. S prihliadnutím na predchádzajúce úvahy treba siedmu časť prvého žalobného dôvodu zamietnuť ako nedôvodnú. – O šiestej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o účasť žalobkyne na výmene informácií v Rakúsku Žalobkyňa tvrdí, že v Rakúsku sa nepodieľala na výmene iných citlivých obchodných informácií než tých, ktoré sa týkajú cien. Na podporu tohto tvrdenia vysvetľuje, že žiaden z dokumentov citovaných Komisiou v poznámke pod čiarou 387 napadnutého rozhodnutia nepreukazuje, že sa v Rakúsku zúčastnila nedovolenej výmeny informácií. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu šiestej časti prvého žalobného dôvodu. Najskôr treba uviesť, že za predpokladu, že by uvedené tvrdenia boli úplne alebo i čiastočne dôvodné, pochybenie, ktorým by tak bolo postihnuté zistenie v napadnutom rozhodnutí, pokiaľ ide o účasť žalobkyne na výmene citlivých obchodných informácií v Rakúsku, by nemohlo mať za následok zrušenie článku 1 napadnutého rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týka žalobkyne. V rámci preskúmania siedmej časti prvého žalobného dôvodu sa totiž preukázalo, že Komisia dospela k záveru o účasti žalobkyni na koordinácii zvyšovania cien na rakúskom trhu od 2. marca 2001 do 9. novembra 2004. Z odôvodnenia 341 napadnutého rozhodnutia pritom vyplýva, že Komisia sa domnievala, že výmena informácií podporila hlavný mechanizmus koordinácie cien. V odôvodnení 395 napadnutého rozhodnutia Komisia s odkazom na mechanizmus koordinácie zvyšovanie cien dospela k záveru o existencii kartelových dohôd výrobcami kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v Rakúsku. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že s ohľadom na záver prijatý o siedmej časti netreba rozhodnúť o šiestej časti. – O ôsmej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o rozsah účasti žalobkyne na karteli V rámci ôsmej časti prvého žalobného dôvodu žalobkyňa predovšetkým tvrdí, že zistenie uvedené Komisiou v odôvodneniach 796 a 834 napadnutého rozhodnutia, a to že nadnárodné skupiny umožnili zorganizovať pevný kartel siahajúci za hranice a podskupiny výrobkov vďaka centralizovanému stanoveniu cien a dobrému toku informácií v uvedených skupinách, sa jej netýka, keďže jej účasť na konštatovanom porušení, pokiaľ ide o stanovenie cien, nemala nadnárodný rozsah z dôvodu nedostatku samostatnosti pobočky v Rakúsku v závislosti od sídla spoločnosti v Nemecku, a že pôsobila iba na trhu jednej z troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu ôsmej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba zistenia Komisie nachádzajúce sa v odôvodneniach 796 a 834 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorých nadnárodné skupiny zorganizovali pevný kartel siahajúci za hranice a podskupiny výrobkov vďaka centralizovanému stanoveniu cien, zaradiť v kontexte tohto rozhodnutia. Tieto zistenia sú totiž súčasťou odôvodnenia Komisie, v odôvodneniach 793 až 849 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého znenia chcela Komisia preukázať, že kartelové dohody, na ktorých sa podieľali výrobcovia kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v šiestich členských štátoch a ktoré pokrývali tri podskupiny výrobkov uvedené v bode 3 vyššie, mali znaky jediného a nepretržitého porušenia. Tieto zistenia sa teda nemali ako také uplatniť konkrétne na žalobkyňu. Ďalej treba uviesť, že Komisia po tom, čo v odôvodnení 850 napadnutého rozhodnutia konštatovala existenciu jediného a nepretržitého porušenia, vysvetlila, že na účely pripísania zodpovednosti za takéto porušenie podniku, ktorý sa osobne zúčastnil iba časti protisúťažných dohôd, stačí preukázať, že uvedený podnik zamýšľal svojím vlastným správaním prispieť k spoločným cieľom sledovaným všetkými účastníkmi a že mal vedomosť o zamýšľaných alebo uskutočnených správaniach ostatných podnikov pri sledovaní týchto cieľov, alebo že ich rozumne mohol predvídať a bol ochotný prevziať z toho vyplývajúce riziko. V odôvodneniach 872 a 873 napadnutého rozhodnutia však Komisia vychádzala z toho, že žalobkyňa sa zúčastnila na jedinom a nepretržitom porušení, keďže v súvislosti s jej účasťou na zasadnutiach koordinačného subjektu ASI v Rakúsku a IndustrieForum Sanitär v Nemecku mohla mať rozumne vedomosť o jednotlivých radách výrobkov, ktoré sú predmetom konštatovaného porušenia. Pokiaľ ide o geografický rozsah uvedeného porušenia, Komisia sa naopak domnievala, že žalobkyňa mohla mať vedomosť len o kartelových správaniach, ktoré existovali v Rakúsku a Nemecku. V tejto žalobe však žalobkyňa nespochybnila existenciu konštatovaného porušenia, a to jediného a nepretržitého porušenia, tak ako bolo uvedené v odôvodneniach 793 až 849 napadnutého rozhodnutia. Ako bolo okrem toho preukázané v bodoch 53 a 54 vyššie, žalobkyňa oneskorene spochybnila svoju vedomosť o jednom z podstatných znakov uvedeného porušenia, a to o skutočnosti, že toto porušenie sa týkalo troch podskupín výrobkov. Okolnosť uvádzaná žalobkyňou, že zistenia Komisie nachádzajúce sa predovšetkým v odôvodneniach 793 a 834 napadnutého rozhodnutia, ktoré sa týka centralizovaného stanovenia cien a podskupín výrobkov dotknutých kartelom, sa na ňu neuplatnia, nemôže spochybniť odôvodnenie Komisie o existencii jediného a nepretržitého porušenia a účasti žalobkyne na takom porušení, a teda viesť k zrušeniu napadnutého rozhodnutia. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že ôsmu časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako neúčinnú. Vzhľadom na závery v bodoch 105, 109 a 116 vyššie treba vychádzať z toho, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, Komisia mohla bez dopustenia sa nesprávneho posúdenia dospieť k záveru, že účasť žalobkyne na konštatovanom porušení sa neobmedzila na Nemecko, ale zahŕňa taktiež Rakúsko. O štvrtej a jedenástej časti prvého žalobného dôvodu založených na nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ Treba uviesť, že štvrtá časť prvého žalobného dôvodu je v podstate založená na tvrdeniach, že koordinácia zvyšovania cien odpovedala na dopyt zákazníkov, konkrétne veľkoobchodníkov, a že uspokojenie takéhoto dopytu nepredstavovalo porušenie článku 101 ZFEÚ. Pokiaľ ide o jedenástu časť prvého žalobného dôvodu, žalobkyňa tvrdí, že transparentnosť trhu nie je pre hospodársku súťaž škodlivá. Pred preskúmaním štvrtej a jedenástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na porušení článku 101 ZFEÚ treba pripomenúť judikatúru týkajúcu sa existencie porušenia článku 101 ods. 1 ZFEÚ. V tejto súvislosti sú podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ nezlučiteľné s vnútorným trhom, a teda zakázané, všetky dohody medzi podnikateľmi, rozhodnutia združení podnikateľov a zosúladené postupy, ktoré môžu ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi a ktoré majú za cieľ alebo účinok vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci vnútorného trhu. Na to, aby išlo o dohodu v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ, stačí, aby dotknuté podniky vyjadrili svoju spoločnú vôľu správať sa na trhu určitým spôsobom (rozsudky Súdu prvého stupňa zo 17. decembra 1991, Hercules Chemicals/Komisia, T-7/89, Zb. s. II-1711 , bod 256, a z 20. marca 2002, HFB a i./Komisia, T-9/99, Zb. s. II-1487 , bod 199). Možno konštatovať, že dohoda v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ je uzatvorená, pokiaľ existuje zhoda vôle týkajúca sa samotného princípu obmedzenia hospodárskej súťaže, aj keď sú konkrétne prvky zamýšľaného obmedzenia ešte predmetom rokovaní (pozri v tomto zmysle rozsudok HFB a i./Komisia, už citovaný v bode 121 vyššie, body 151 až 157 a 206). Pojem zosúladený postup predstavuje formu spolupráce medzi podnikmi, ktorá bez toho, aby podniky dospeli k uskutočneniu dohody v pravom zmysle slova, vedome nahrádza riziká hospodárskej súťaže praktickou spoluprácou medzi nimi (rozsudky Súdneho dvora z 8. júla 1999, Komisia/Anic Partecipazioni, C-49/92 P, Zb. s. I-4125 , bod 115, a Hüls/Komisia, C-199/92 P, Zb. s. I-4287 , bod 158). V tejto súvislosti článok 101 ods. 1 ZFEÚ bráni akémukoľvek priamemu alebo nepriamemu nadviazaniu kontaktov medzi hospodárskymi subjektmi, ktoré môže buď ovplyvniť správanie skutočného alebo potenciálneho konkurenta na trhu, alebo odhaliť takému konkurentovi správanie, ktoré sa tieto subjekty rozhodli samy dodržiavať na trhu alebo ktoré zamýšľajú dodržiavať, pokiaľ je cieľom alebo účinkom týchto kontaktov obmedzenie hospodárskej súťaže (pozri v tomto zmysle rozsudok Komisia/Anic Partecipazioni, už citovaný v bode 123 vyššie, body 116 a 117). Výmena informácií je v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže Únie, pokiaľ zmierňuje alebo odstraňuje stupeň neistoty o fungovaní dotknutého trhu, čo vedie k obmedzeniu hospodárskej súťaže medzi podnikmi (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 2. októbra 2003, Thyssen Stahl/Komisia, C-194/99 P, Zb. s. I-10821 , bod 81 a tam citovanú judikatúru). Sprístupnenie citlivých informácií totiž odstraňuje neistotu týkajúcu sa budúceho správania konkurenta a ovplyvňuje tak priamo alebo nepriamo stratégiu adresáta týchto informácií (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora z 23. novembra 2006, Asnef‑Equifax a Administración del Estado, C-238/05, Zb. s. I-11125 , bod 51 a tam citovanú judikatúru). Každý hospodársky subjekt musí teda samostatne určiť politiku, ktorú chce uskutočňovať na vnútornom trhu, a podmienky, ktoré chce zaistiť svojim zákazníkom (pozri rozsudok Thyssen Stahl/Komisia, už citovaný v bode 125 vyššie, bod 82 a tam citovanú judikatúru). Hoci je pravda, že táto požiadavka na samostatnosť nevylučuje právo hospodárskych subjektov rozumne sa prispôsobiť zistenému alebo očakávanému správaniu ich konkurentov, je však jasne v rozpore s akýmkoľvek nadviazaním priamych alebo nepriamych kontaktov medzi takýmito hospodárskymi subjektmi, ktorých cieľom alebo účinkom je dosiahnutie takých podmienok hospodárskej súťaže, ktoré nezodpovedajú bežným trhovým podmienkam vzhľadom na povahu výrobkov alebo poskytovaných služieb, význam a počet podnikov a objem tohto trhu (pozri rozsudok Thyssen Stahl/Komisia, už citovaný v bode 125 vyššie, bod 83 a tam citovanú judikatúru). – O štvrtej časti prvého žalobného dôvodu založenej na tom, že koordinácia cien odpovedala na dopyt zákazníkov V rámci štvrtej časti prvého žalobného dôvodu žalobkyňa v podstate uvádza, že na rozdiel od zistenia Komisie v napadnutom rozhodnutí nebol článok 101 ZFEÚ porušený, keďže koordinácia budúceho zvyšovania cien mala uspokojiť dopyt zákazníkov, teda veľkoobchodníkov, ktorí vyvíjali značný nátlak na výrobkov kúpeľňových doplnkov a príslušenstva. Žalobkyňa okrem toho tvrdí, že Komisia na účely stanovenia výšky pokuty, ktorá jej bola uložená, nezohľadnila nátlaky, ktoré vyvíjali veľkoobchodníci na výrobcov kúpeľňových doplnkov a príslušenstva, ako poľahčujúcu okolnosť, hoci tieto nátlaky predstavovali jednu z príčin konštatovaného porušenia. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu štvrtej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti v prvom rade, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého koordinácia medzi výrobcami, keďže smerovala k uspokojeniu dopytu zákazníkov, teda veľkoobchodníkov, nepredstavuje porušenie článku 101 ZFEÚ, treba po prvé uviesť, že Komisia v napadnutom rozhodnutí skúmala rolu veľkoobchodníkov v danom prípade. V odôvodnení 740 napadnutého rozhodnutia totiž uviedla, že v čase zavedenia mýtneho v Rakúsku veľkoobchodníci požiadali výrobcov kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v rámci koordinačného subjektu ASI, aby zvýšili ceny o 0,6 %, a nie o 0,2 %, ako rozhodli výrobcovia. Takisto v odôvodneniach 657 a 658 napadnutého rozhodnutia Komisia uviedla, že niektorí rakúski výrobcovia vysvetľujú koordináciu zvyšovania cien pri príležitosti zavedenia eura nátlakmi, ktoré vyvíjali veľkoobchodníci. Napokon Komisia v odôvodneniach 931 až 934 napadnutého rozhodnutia vo všeobecnosti uviedla, že výrobcovia kúpeľňových doplnkov a príslušenstva sa odvolávali na kúpnu silu a nátlaky veľkoobchodníkov pre zdôvodnenie kartelových dohôd ako na poľahčujúcu okolnosť. Komisia však odmietla týmto tvrdeniam vyhovieť. Po druhé s ohľadom na judikatúru citovanú v bodoch 120 až 127 vyššie treba pripomenúť, že v bode 102 vyššie bolo preukázané, že žalobkyňa sa zúčastnila na protisúťažných dohodách spočívajúcich v koordinácii budúceho zvyšovania cien na rakúskom trhu. Okrem toho treba konštatovať, že v rámci tejto žaloby, a ako potvrdila žalobkyňa v odpovedi na otázku položenú Všeobecným súdom na pojednávaní, žalobkyňa nespochybňuje svoju účasť na kartelových dohodách uskutočnených výrobcami kúpeľňových doplnkov a príslušenstva na nemeckom trhu, tak ako uviedla Komisia v odôvodneniach 246 až 252 napadnutého rozhodnutia. Na rozdiel od toho, čo uvádza žalobkyňa, a ako Komisia správne uviedla v odôvodnení 657 napadnutého rozhodnutia, však skutočnosť, že veľkoobchodníci žiadali výrobcov, aby konali konkrétnym spôsobom, nemôže týchto výrobcov zbaviť zodpovednosti z dôvodu ich účasti na protisúťažných praktikách. Navyše, ako to Komisia správne zdôrazňuje v odôvodnení 934 napadnutého rozhodnutia, aj keď podmienky na trhoch, ktoré predchádzajú a nadväzujú na trh dotknutý kartelom, môžu ovplyvniť správanie účastníkov tohto trhu, v žiadnom prípade to neodôvodňuje, aby títo účastníci namiesto toho, aby nezávisle reagovali na podmienky trhu, spolupracovali so svojimi konkurentmi (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdu prvého stupňa HFB a i./Komisia, už citovaný v bode 121 vyššie, bod 178, a z 25. októbra 2005, Groupe Danone/Komisia, T-38/02, Zb. s. II-4407 , bod 423). V prejednávanej veci preto údajná kúpna sila veľkoobchodníkov, a to ani za predpokladu, že by sa preukázala, nemôže v žiadnom prípade odôvodniť kartelové dohody uskutočnené výrobcami kúpeľňových doplnkov a príslušenstva. V druhom rade, pokiaľ žalobkyňa vytýka Komisii, že v štádiu stanovenia výšky pokuty nezohľadnila nátlaky vyvíjané veľkoobchodníkmi ako poľahčujúce okolnosti, stačí pripomenúť, že podľa judikatúry nátlaky, akýkoľvek by bol ich stupeň, nemôžu predstavovať poľahčujúcu okolnosť. Existencia takýchto nátlakov nič nemení na skutočnosti a závažnosti spáchaného porušenia. Žalobkyňa mohla radšej nátlak, ktorého bola objektom, oznámiť príslušným orgánom a predložiť Komisii sťažnosť, ako sa zúčastniť na karteli (pozri v tomto zmysle rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 370, a rozsudok Súdu prvého stupňa z 20. marca 2002, LR AF 1998/Komisia, T-23/99, Zb. s. II-1705 , bod 339). Preto treba v danom prípade vychádzať z toho, že Komisia správne rozhodla nezohľadniť nátlaky veľkoobchodníkov ako poľahčujúcu okolnosť. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že štvrtú časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú. – O jedenástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na výhodách transparentnosti na trhu pre hospodársku súťaž Žalobkyňa v podstate tvrdí, že tvrdenie Komisie v odôvodnení 991 napadnutého rozhodnutia, podľa ktorého zosúladenie dátumov, kedy sa stanovia ceny, potvrdzuje spôsob fungovania cenových cyklov, keďže toto zosúladenie robí trh transparentným, nezohľadňuje skutočnosť, že transparentnosť trhu nie je sama osebe pre hospodársku súťaž škodlivá a že toto zosúladenie a transparentnosť sa týkali načasovania a nie cien. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu jedenástej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti s prihliadnutím na judikatúru pripomenutú v bodoch 120 až 127 vyššie treba uviesť, že Komisia v odôvodnení 991 napadnutého rozhodnutia odpovedala na tvrdenia uvedené žalobkyňou v rámci správneho konania, ktoré sa týkajú údajných výhod vyplývajúcich zo zosúladenia načasovania zvyšovania cien. Z tohto dôvodu sa Komisia domnievala, že uvedené tvrdenia potvrdzovali transparentnosť na trhu a fungovanie cenových cyklov, ako boli opísané v napadnutom rozhodnutí. Tak ako v rámci štvrtej časti prvého žalobného dôvodu treba pripomenúť, že v bode 102 vyššie sa preukázalo, že žalobkyňa sa zúčastnila na protisúťažných dohodách spočívajúcich v koordinácii zvyšovania cien na rakúskom trhu. Navyše žalobkyňa v rámci tejto žaloby nespochybnila svoju účasť na kartelových dohodách uskutočnených výrobcami kúpeľňových doplnkov a príslušenstva na nemeckom trhu, ako to uviedla Komisia v odôvodneniach 246 až 252 napadnutého rozhodnutia. Treba ešte zdôrazniť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa v rámci tejto časti prvého žalobného dôvodu, ako to vyplýva z odôvodnení 152 až 163 napadnutého rozhodnutia, uvedených v podstate v bode 2 vyššie, koordinácia budúceho zvyšovania cien konštatovaná Komisiou na nemeckom a rakúskom trhu sa týkala načasovania uvedených zvýšení, ako aj ich podielu. Z judikatúry však vyplýva, že ak môže každý výrobca slobodne zmeniť svoje ceny a zohľadniť v tejto súvislosti aktuálne alebo predpokladané správanie svojich konkurentov, je naopak proti pravidlám hospodárskej súťaže Zmluvy FEÚ, aby výrobca spolupracoval so svojimi konkurentmi akýmkoľvek spôsobom na účely určenia koordinovanej línie správania týkajúcej sa zvyšovania cien a zabezpečenia úspechu tým, že vopred vylúči akúkoľvek neistotu, pokiaľ ide o recipročné správanie týkajúce sa hlavných prvkov tohto konania, akými sú výška, predmet, dátum a miesto zvýšenia (rozsudok Súdneho dvora zo 14. júla 1972, ICI/Komisia, 48/69, Zb. s. 619 , bod 118). Preto sa Komisia správne domnievala, že kartelové dohody uskutočnené na rakúskom a nemeckom trhu predstavujú porušenia práva hospodárskej súťaže. Z toho vyplýva, že tvrdenie žalobkyne týkajúce sa transparentnosti na trhu nemožno prijať. Vzhľadom na predchádzajúce úvahy treba jedenástu časť prvého žalobného dôvodu zamietnuť ako nedôvodnú. b) O nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o stanovenie výšky pokuty uloženej žalobkyni Na základe prvej, druhej, tretej, piatej, deviatej, desiatej, dvanástej a trinástej časti prvého žalobného dôvodu žalobkyňa Komisii v podstate vytýka, že sa dopustila viacerých nesprávnych posúdení, keď v rozpore s článkom 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 nezohľadnila početné okolnosti, ktoré považuje za poľahčujúce a na základe ktorých mala byť výška pokuty, ktorá jej bola uložená, znížená. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou. Na úvod treba v prvom rade pripomenúť, tak ako bolo konštatované v bodoch 69 a 78 vyššie, že prijatie usmernení z roku 2006 Komisiou však vzhľadom na to, že Komisia neprekročila právny rámec stanovený článkom 23 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1/2003, tak prispelo k presnejšiemu vymedzeniu diskrečnej právomoci Komisie, ktorá už vyplýva z tohto ustanovenia a neporušuje zásadu zákonnosti trestov, ale prispieva k jej rešpektovaniu. Ďalej treba pripomenúť, že ako vyplýva z usmernení z roku 2006, metóda používaná Komisiou na stanovenie pokút zahŕňa dve fázy. Komisia najskôr určí základnú výšku pre každý podnik alebo združenie podnikov. Táto základná suma umožňuje odzrkadliť závažnosť dotknutého porušenia, a to pri zohľadnení jeho vlastných prvkov v súlade s bodom 22 uvedených usmernení, akými sú povaha porušenia, kumulovaný podiel všetkých zúčastnených strán na trhu, geografický rozsah porušenia, uskutočnenie alebo neuskutočnenie porušenia. Komisia potom môže túto základnú výšku upraviť smerom nahor alebo nadol, a to vzhľadom na priťažujúce alebo poľahčujúce okolnosti, ktoré charakterizujú účasť každého z dotknutých podnikov, ktoré sa zúčastnili na porušení (pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu z 25. októbra 2011, Aragonesas Industrias y Energía/Komisia, T-348/08, Zb. s. II-7583 , body 260 a 264 a tam citovanú judikatúru). Pokiaľ ide konkrétne o prvú fázu metódy stanovenia pokút podľa odsekov 13 až 25 usmernení z roku 2006, treba síce uviesť, že základná suma pokuty sa stanovuje podľa koeficientu „závažnosti porušenia“, ktorý odráža stupeň samotného porušenia, a ako to bolo uvedené v bode 72 vyššie, môže sa vo všeobecnosti nachádzať na stupnici do 30 % hodnoty predaja, na ktoré sa prihliada so zreteľom na ukazovatele uvedené v odseku 22 usmernení z roku 2006 (pozri v tomto zmysle Aragonesas Industrias y Energía/Komisia, už citovaný v bode 147 vyššie, bod 261). Treba však konštatovať, že už v tejto prvej fáze sa tiež prihliadne na objektívne prvky súvisiace so špecifickou a individuálnou situáciou každého podniku, ktorý sa zúčastnil na tomto porušení. Koeficient „závažnosti porušenia“ sa totiž uplatní spoločne s dvoma objektívnymi individuálnymi parametrami, a to s hodnotou predaja výrobkov alebo služieb uskutočnenou každým z nich v príslušnej geografickej oblasti v rámci EHP v rozsahu, v akom sa priamo alebo nepriamo týkajú porušenia, a s dĺžkou trvania ich účasti na dotknutom porušení ako celku (pozri v tomto zmysle Aragonesas Industrias y Energía/Komisia, už citovaný v bode 147 vyššie, bod 269). Navyše základná výška pokuty môže byť podľa ustanovení odseku 25 usmernení z roku 2006 doplnená použitím dodatočnej sumy, ktorej cieľom je odradiť podniky od vytvárania horizontálnych dohôd o stanovení cien. Ako bolo uvedené v bode 72 vyššie, koeficient „dodatočnej sumy“, ktorý sa použije nezávisle od trvania účasti podniku na porušení, sa stanoví na stupnici v rozmedzí od 15 do 25 % hodnoty predaja pri zohľadnení ukazovateľov uvedených v odseku 22 usmernení z roku 2006 (rozsudok Aragonesas Industrias y Energía/Komisia, už citovaný v bode 147 vyššie, bod 261). Najprv treba v prvom rade preskúmať prvú, tretiu, piatu, deviatu a desiatu časť prvého žalobného dôvodu založenú na nesprávnych posúdeniach, ktorých sa dopustila Komisia, pokiaľ ide o závažnosť konštatovaného porušenia. V druhom rade sa preskúma druhá, dvanásta a trinásta časť prvého žalobného dôvodu založená na nesprávnych posúdeniach Komisie, pokiaľ ide o nezohľadnenie poľahčujúcich okolností. O prvej, tretej, piatej, deviatej a desiatej časti prvého žalobného dôvodu založených na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o závažnosť konštatovaného porušenia – O prvej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že žalobkyňa vyrábala iba výrobky patriace do jednej z troch podskupín výrobkov pokrytých konštatovaným porušením Žalobkyňa tvrdí, že vyrába iba vysokokvalitné kúpeľňové vodovodné batérie a že Komisia nezohľadnila skutočnosť, že jej činnosť sa obmedzuje na časť jedinej z troch podskupín výrobkov, ktorých sa týka konštatované porušenie. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu prvej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba uviesť, ako bolo pripomenuté v bode 112 vyššie, že Komisia v odôvodneniach 793 až 849 napadnutého rozhodnutia preukázala, že kartelové dohody uskutočnené výrobcami kúpeľňových doplnkov a príslušenstva v šiestich členských štátoch a pokrývajúce tri podskupiny výrobkov predstavujú znaky jediného a nepretržitého porušenia, a v odôvodnení 872 uvedeného rozhodnutia preukázala, že žalobkyňa mohla mať rozumne vedomosť o skutočnosti, že toto porušenie sa týkalo troch podskupín výrobkov. Navyše sa v bode 54 vyššie uviedlo, že tieto zistenia žalobkyňa v rámci prejednávanej žaloby spochybnila oneskorene. Za týchto podmienok treba uviesť, že obmedzenú účasť žalobkyne na konštatovanom porušení, t. j. pokiaľ ide o jedinú z troch podskupín výrobkov, teda časť podskupiny vodovodných batérií, Komisia zohľadnila pri stanovení základnej sumy pokuty. V súlade s judikatúrou pripomenutou v bode 148 vyššie, a tak ako bolo uvedené v bode 18 vyššie, je totiž uvedená základná suma stanovená pre každý podnik na základe hodnoty predajov v členskom štáte a pre dotknutú podskupinu výrobkov. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že prvú časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú. – O tretej časti prvého dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že žalobkyňa mala vedomosť o konštatovanom porušení a že sa na ňom zúčastnila iba v dvoch zo šiestich členských štátoch, ktorých sa týkalo Žalobkyňa v podstate Komisii vytýka, že vo fáze stanovenia základnej výšky pokuty nezohľadnila skutočnosť, ako bolo uvedené v odôvodnení 873 napadnutého rozhodnutia, že sa zúčastnila na konštatovanom porušení iba v dvoch zo šiestich členských štátov, ktorých sa týkalo. Vzhľadom na toto zistenie sa žalobkyňa domnieva, že za predpokladu, že sa usmernenia z roku 2006 aplikujú na daný prípad, Komisia mala pri stanovení základnej výšky pokuty na základe uvedených usmernení uplatniť koeficient „závažnosti porušenia“ a koeficient „dodatočnej sumy“ nižší ako 15 %. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu tretej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba v prvom rade uviesť, že, po prvé, Komisia v odôvodneniach 872 a 873 napadnutého rozhodnutia dospela k záveru, že žalobkyňa sa zúčastnila na konštatovanom porušení, teda na jedinom a nepretržitom porušení, po druhé, ako bolo konštatované v bodoch 53 a 54 vyššie, že žalobkyňa oneskorene spochybnila vecnú pôsobnosť uvedeného porušenia pred súdom Únie, a po tretie, že Komisia považovala žalobkyňu za zodpovednú za toto porušenie. V druhom rade treba pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry môže porušenie článku 101 ods. 1 ZFEÚ vyplývať nielen zo samostatného aktu, ale aj zo skupiny aktov, alebo dokonca z pokračujúceho správania, hoci jeden alebo viacero prvkov tejto skupiny aktov alebo tohto pokračujúceho správania by mohli ako také a samostatne predstavovať porušenie uvedeného ustanovenia. Pokiaľ rôzne činnosti spadajú do „spoločného plánu“ vzhľadom na ich rovnaký cieľ skresľujúci hospodársku súťaž vo vnútri spoločného trhu, Komisia je oprávnená vyvodzovať zodpovednosť za tieto činnosti v závislosti od účasti na porušení ako celku (rozsudky Súdneho dvora Komisia/Anic Partecipazioni, už citovaný v bode 123 vyššie, bod 81, a zo 7. januára 2004, Aalborg Portland a i./Komisia, C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P, Zb. s. I-123 , bod 258). Podnik, ktorý sa zúčastnil na takomto jedinom a nepretržitom porušení vlastným správaním, ktoré spočíva v dohode alebo zosúladenom postupe s protisúťažným predmetom v zmysle článku 101 ods. 1 ZFEÚ a ktorého cieľom je prispieť k porušeniu v celom rozsahu, môže byť zodpovedný aj za správanie ostatných podnikov v rámci toho istého porušenia počas celého obdobia svojej účasti na tomto porušení. Tak je to, ak je preukázané, že uvedený podnik zamýšľal prispieť svojím vlastným správaním k spoločným zámerom, ktoré sledoval celok účastníkov, a že mal vedomosť o protiprávnom správaní, ktoré zamýšľali alebo realizovali ďalšie podniky sledujúce rovnaké ciele, alebo že ho mohol rozumne predvídať a bol ochotný prevziať z toho vyplývajúce riziko (rozsudky Komisia/Anic Partecipazioni, už citovaný v bode 123 vyššie, body 87 a 203, a Aalborg Portland a i./Komisia, už citovaný v bode 159 vyššie, bod 83). Podnik sa tak mohol priamo zúčastňovať na všetkých protisúťažných správaniach tvoriacich jediné a nepretržité porušenie a Komisia bola v takom prípade oprávnená pripisovať mu zodpovednosť za všetky tieto správania, a teda za uvedené porušenie v celom rozsahu. Podnik sa mohol tiež priamo zúčastňovať iba na časti protisúťažných správaní tvoriacich jediné a nepretržité porušenie, avšak vedel o všetkých ostatných protiprávnych správaniach, ktoré zamýšľali alebo uskutočnili ďalší účastníci kartelu sledujúci rovnaké ciele, alebo ich mohol rozumne predvídať a bol ochotný prevziať z toho vyplývajúce riziko. V takomto prípade je Komisia rovnako oprávnená pripisovať tomuto podniku zodpovednosť za všetky protisúťažné správania tvoriace takéto porušenie a následne za porušenie v celom rozsahu. V treťom rade v prejednávanom prípade, po prvé, ako bolo konštatované v bode 79 vyššie, druhú námietku uvedenú žalobkyňou, ktorá sa týka usmernení z roku 2006, treba zamietnuť ako nedôvodnú. Treba totiž posúdiť tvrdenia uvedené žalobkyňou vzhľadom na to, že Komisia vo fáze stanovenia základnej výšky pokuty na základe uvedených usmernení nezohľadnila geografický rozsah jej účasti na konštatovanom porušení, ktorý bol obmedzený na dva členské štáty. Po druhé, ako bolo uvedené v bodoch 19 a 21 vyššie, Komisia stanovila základnú výšku pokuty predovšetkým tým, že koeficient „závažnosti porušenia“ a koeficient „dodatočnej sumy“ určila so zreteľom na štyri kritériá posudzovania konštatovaného porušenia, a to povahu, spoločný podiel na trhu, geografický rozsah a uskutočnenie, na 15 %. Pokiaľ ide o geografický rozsah konštatovaného porušenia, Komisia vzala do úvahy skutočnosť, že dotknuté jediné a nepretržité porušenie pokrývalo minimálne šesť členských štátov (odôvodnenie 1213 napadnutého rozhodnutia). Ako to však bolo uvedené v bode 16 vyššie, Komisia v odôvodnení 873 napadnutého rozhodnutia dospela k záveru, že pokiaľ ide o geografický rozsah konštatovaného porušenia, nemožno sa domnievať, že žalobkyňa mala vedomosť o konštatovanom porušení ako celku, ale iba o kartelových správaniach, ktoré existovali v Rakúsku a Nemecku. S prihliadnutím na judikatúru pripomenutú v bodoch 158 až 161 vyššie vyplýva zo záveru, ku ktorému dospela Komisia v odôvodnení 873 napadnutého rozhodnutia, že vzhľadom na to, že žalobkyňa nemala vedomosť o celom geografickom rozsahu príslušného jediného a nepretržitého porušenia, Komisia jej nemohla vytýkať, že sa zúčastnila na takto konštatovanom porušení, a preto ju nemohla považovať za zodpovednú za toto porušenie v celom rozsahu. Za týchto podmienok mala Komisia vo fáze stanovenia výšky pokuty uloženej žalobkyni stanoviť koeficient „závažnosti porušenia“ a „dodatočnej sumy“ zo zreteľom na tento záver. Je však zrejmé, že tieto dva koeficienty boli v napadnutom rozhodnutí stanovené na 15 % so zreteľom iba na hlavné znaky konštatovaného porušenia, a to predovšetkým vzhľadom na jeho geografický rozsah, ktorý pokrýval územie šiestich členských štátov. Komisia sa dopustila dvoch nesprávnych posúdení tým, že vo fáze stanovenia výšky pokuty uloženej žalobkyni nezohľadnila geografický rozsah porušenia, na ktorom sa žalobkyňa zúčastnila a ktorý bol obmedzený na dva členské štáty, o čom mala Komisia vedomosť. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že tretiu časť prvého žalobného dôvodu treba prijať ako dôvodnú. – O piatej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení nižšej intenzity dohôd týkajúcich sa vodovodných batérií Žalobkyňa uvádza, že Komisia sa v napadnutom rozhodnutí domnievala, že dohody medzi výrobcami sprchových kútov boli zvlášť intenzívne. A contrario boli dohody menej intenzívne, pokiaľ ide o dve ostatné podskupiny výrobkov, čo Komisia nevzala do úvahy. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu piatej časti prvého žalobného dôvodu. Ako bolo v tejto súvislosti pripomenuté v bode 16 vyššie, Komisia dospela v napadnutom rozhodnutí k záveru, že žalobkyňa sa zúčastnila na konštatovanom porušení, teda na jedinom a nepretržitom porušení týkajúcom sa predovšetkým troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie, a ako bolo rozhodnuté v bodoch 53 a 54 vyššie, žalobkyňa oneskorene spochybnila tento hlavný znak uvedeného porušenia, a to jeho vecný rozsah. Preto mohla Komisia s prihliadnutím na odsek 22 usmernení z roku 2006 a v súlade s judikatúrou citovanou v bode 147 vyššie dôvodne stanoviť základnú sumu pokuty predovšetkým na základe závažnosti porušenia ako celku. Nemožno sa teda domnievať, že Komisia mala povinnosť zohľadniť konkrétnu intenzitu kartelových dohôd, a to ani za predpokladu, že by sa preukázala, v prípade jednej z dotknutých podskupín výrobkov. Pokiaľ ide ďalej o tvrdenie uvedené žalobkyňou, podľa ktorého kartelové dohody v prípade vodovodných batérií boli menej intenzívne ako tie, ktoré sa týkali sprchových kútov, treba konštatovať, že pokiaľ ide o tieto dve podskupiny výrobkov, Komisia získala dôkazy o tom, že výrobcovia kúpeľňových doplnkov a príslušenstva sa zúčastnili na obmedzeniach hospodárskej súťaže, ktoré sa považujú za najzávažnejšie, a to na koordinácii budúceho ročného zvyšovania cien, ako aj na koordinácii budúceho zvyšovania cien pri príležitosti osobitných udalostí. Okrem toho frekvencia kartelových zasadnutí v Nemecku nebola menej pravidelná a sporadickejšia v prípade vodovodných batérií ako v prípade sprchových kútov, ako to vyplýva z príloh 2 a 3 napadnutého rozhodnutia. V Rakúsku sa kartelové zasadnutia týkajúce sa troch podskupín výrobkov konali v jedinom a tom istom združení, a to v koordinačnom subjekte ASI, čo znamená, že medzi podskupinami výrobkov, pokiaľ ide o periodicitu zasadnutí, nie je rozdiel. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že piatu časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú. – O deviatej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že kartel nemohol poškodiť nadväzujúce trhy Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia nezohľadnila skutočnosť, že kartel sa týkal iba brutto cien a nie určujúcich parametrov hospodárskej súťaže, čiže rabatov a prebytkov, čo znamená, že kartel mohol mať len zanedbateľný vplyv na nadväzujúce trhy. Dodáva, že výmena informácií týkajúca sa základných rabatov, ku ktorej došlo počas zasadnutia špecializovaného združenia AGSI 6. marca 1998, bola v každom prípade v rozpore s jej záujmami a predstavovala iba ojedinelý prípad. Pokiaľ ide o diskusiu na zasadnutiach koordinačného subjektu ASI 7. novembra 2002 týkajúcu sa zliav a marží, na ktorú sa Komisia odvoláva v poznámke pod čiarou 403 napadnutého rozhodnutia, táto diskusia predstavuje nanajvýš pokus o koordináciu, vo výnimočnom prípade jediný a bezvýznamný rabat, ktorý nespadá pod článok 101 ZFEÚ. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu deviatej časti prvého žalobného dôvodu. V tomto ohľade treba, po prvé, pripomenúť, že zo znenia článku 101 ods. 1 písm. a) ZFEÚ vyplýva, že zosúladený postup má protisúťažný cieľ, pokiaľ predovšetkým „priamo alebo nepriamo určuje nákupné alebo predajné ceny alebo iné obchodné podmienky“. Preto s prihliadnutím na skutočnosť, že článok 101 ZFEÚ smeruje, podobne ako iné pravidlá hospodárskej súťaže uvedené v Zmluve, nielen k ochrane priamych záujmov účastníkov hospodárskej súťaže alebo spotrebiteľov, ale aj k ochrane štruktúry trhu a tým hospodárskej súťaže ako takej, sa rozhodlo, že uvedené znenie nedovoľuje sa domnievať, že zakázané sú len zosúladené postupy, ktoré majú priamy vplyv na ceny zaplatené spotrebiteľmi (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdneho dvora zo 4. júna 2009, T‑Mobile Netherlands a i., C-8/08, Zb. s. I-4529 , body 36 až 38). Navyše podľa ustálenej judikatúry totiž na účely posúdenia toho, či článok 101 ods. 1 ZFEÚ zakazuje zosúladený postup, je zbytočné zohľadňovať jeho konkrétne účinky, pokiaľ sa preukáže, že cieľom tohto postupu je vylučovanie, obmedzovanie alebo skresľovanie hospodárskej súťaže v rámci spoločného trhu (pozri rozsudok T‑Mobile Netherlands a i., už citovaný, bod 29 a tam citovanú judikatúru). Po druhé, zo systému sankcií za porušenie pravidiel hospodárskej súťaže, ako bol zavedený nariadeniami č. 17 a č. 1/2003 a ako ho vykladá ustálená judikatúra, vyplýva, že nedovolené dohody, akými sú kartely, si už z dôvodu svojej podstaty zasluhujú najprísnejšie pokuty. Ich prípadný konkrétny dosah na trh, najmä otázka, nakoľko obmedzenie hospodárskej súťaže viedlo k vyššej cene na trhu, než aká by prevládala, pokiaľ by kartel neexistoval, nie je rozhodujúcim kritériom na určenie úrovne pokút (rozsudok Všeobecného súdu z 19. mája 2010, KME Germany a i./Komisia, T‑25/05, neuverejnený v Zbierke, bod 82 a tam citovaná judikatúra). Po tretie, okrem toho treba pripomenúť, že na rozdiel od usmernení z roku 2006 bod 1 A usmernení z roku 1998 síce stanovoval, že v zásade vyhodnotenie kritéria závažnosti porušenia bralo do úvahy v rozsahu, v akom bolo merateľné, konkrétny dosah tohto porušenia na trh. Podľa usmernení uvedených ako posledné však môžu byť dohody alebo zosúladené postupy, ktorých predmetom je ako v prejednávanej veci koordinácia zvyšovania cien, kvalifikované ako „veľmi závažné“ už na základe svojej povahy, a to bez toho, aby bolo nevyhnutné charakterizovať takéto správania konkrétnym dosahom alebo geografickým rozsahom. Tento záver je podporený skutočnosťou, že zatiaľ čo v opise „závažných“ porušení v usmerneniach z roku 1998 sa výslovne spomína dosah na trh a účinky v rozsiahlych oblastiach spoločného trhu, v opise „veľmi závažných“ porušení naopak nie je nijaká zmienka o požiadavke skutočného dosahu na trh, či spôsobení účinkov v konkrétnej geografickej oblasti (pozri rozsudok KME Germany a i./Komisia, už citovaný v bode 177 vyššie, bod 83 a tam citovanú judikatúru). Z úvah a pripomenutí, ktoré sa nachádzajú v bodoch 176 až 178 vyššie, vyplýva, že v prípade porušenia, ktoré patrí medzi najzávažnejšie obmedzenia hospodárskej súťaže, umožňuje jeho vlastná povaha sama osebe nie len konštatovať, že ide o zakázané správania podľa ustanovenia článku 101 ZFEÚ, ale taktiež posúdiť v súlade s ustanoveniami článku 103 ZFEÚ a nariadenia č. 1/2003 jeho stupeň závažnosti na účely stanovenia výška pokuty, ktorá sa má uložiť podnikom, ktoré sa na porušení zúčastnili. V danom prípade treba uviesť, že aj keď žalobkyňa v rámci tejto časti prvého žalobného dôvodu spochybňuje, že stanovila kúpne ceny pre konečných spotrebiteľov, nepopiera, že sa zúčastnila na kartelových dohodách týkajúcich sa brutto cien. Okrem toho vzhľadom na úvahy a pripomenutia, ktoré sa nachádzajú v bodoch 176 až 178 vyššie, nesprávne tvrdí, že kartel sa principiálne týkal brutto cien, a preto nemohol mať dosah na nadväzujúce trhy. Za predpokladu, že to bol hlavný účel postupov uskutočnených v rámci kartelu, treba uviesť, že brutto ceny predstavovali základ pre výpočet predajných cien pre zákazníkov. Preto treba vychádzať z toho, že koordinácia brutto cien medzi konkurentmi môže narušiť hospodársku súťaž vo vnútri spoločného trhu, a predstavuje preto zosúladený postup v zmysle článku 101 ZFEÚ. V súvislosti s tou istou judikatúrou sa žalobkyňa rovnako nesprávne dovoláva toho, že kartelové diskusie mali izolovanú povahu, alebo čo sa jej týka, ostali z dôvodu nedostatku záujmu bez následkov. Komisia preto správne v odôvodnení 1211 napadnutého rozhodnutia rozhodla, že dotknuté kartelové dohody sú v rozsahu, v akom smerovali ku koordinácii budúceho zvyšovania cien, svojou vlastnou povahou porušením, ktoré patrí medzi najzávažnejšie porušenia pravidiel o hospodárskej súťaži. So zreteľom na vlastnú povahu konštatovaného porušenia Komisia taktiež správne potvrdila ten istý stupeň závažnosti na určenie výšky pokuty, ktorá sa má uložiť. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že deviatu časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú. – O desiatej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že kartel nepoškodil hospodárstvo Žalobkyňa tvrdí, že kartel nemohol poškodiť hospodárstvo, zvlášť spotrebiteľov, keďže, po prvé, kartel nemôže byť účinný s tak nízkym podielom na trhu, aký konštatovala Komisia v odôvodnení 1212 napadnutého rozhodnutia, po druhé, skutočnosť, že existovali významné obchodné toky medzi členskými štátmi, nepodporuje stálosť kartelu, a po tretie, úplná absencia odvetného mechanizmu v danom prípade hovorí za príležitostnú spoluprácu, nízky stupeň organizácie a z toho dôvodu neexistenciu dosahu na hospodárstvo. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu desiatej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti stačí pripomenúť, ako to bolo rozhodnuté v bode 179 vyššie, že pri existencii takých porušení, akými sú tie v danom prípade, ktoré patria medzi najzávažnejšie obmedzenia hospodárskej súťaže, ich vlastná povaha umožňuje sama osebe na účely stanovenia výšky pokuty, ktorá sa má uložiť podnikom, ktoré sa na porušení zúčastnili, posúdiť v súlade s ustanoveniami článku 103 ZFEÚ a nariadenia č. 1/2003 jeho stupeň závažnosti. Okrem toho bolo rozhodnuté, že pri posudzovaní dohody podľa článku 101 ods. 1 ZFEÚ sa nemusí brať do úvahy konkrétny rámec, v ktorom táto dohoda spôsobuje účinky, ak ide o dohodu, ktorá zahŕňa zjavné obmedzenia hospodárskej súťaže, ako je určovanie cien, rozdelenie trhu alebo kontrola odbytu (rozsudok Súdu prvého stupňa z 15. septembra 1998, European Night Services a i./Komisia, T-374/94, T-375/94, T-384/94 a T-388/94, Zb. s. II-3141 , bod 136). V danom prípade postupy, v ktorých prípade je žalobkyni vyčítané, že sa na nich zúčastnila, obsahovali zjavné obmedzenia hospodárskej súťaže. V bode 102 vyššie sa totiž rozhodlo, že Komisia dostatočným spôsobom preukázala účasť žalobkyne na protisúťažných dohodách spočívajúcich v koordinácii zvyšovaní cien. Za týchto okolností Komisia nebola povinná preukázať protisúťažné účinky. Komisia preto správne v odôvodnení 1211 napadnutého rozhodnutia vychádzala z toho, že dotknuté kartelové dohody patrili medzi najzávažnejšie obmedzenia hospodárskej súťaže. A fortiori skutočnosť, že predmetné dohody nepoškodili hospodárstvo, ani za predpokladu, že by sa to preukázalo, nepredstavuje v žiadnom prípade poľahčujúcu okolnosť. Tento záver nemôže byť spochybnený tvrdením žalobkyne založeným na údajnej absencii odvetného mechanizmu. Aj keď sa existencia opatrení na kontrolu realizácie kartelu môže zohľadniť ako priťažujúca okolnosť, absencia takýchto opatrení nemôže sama osebe predstavovať poľahčujúcu okolnosť (rozsudok Groupe Danone/Komisia, už citovaný v bode 132, bod 393). Nemôže tomu byť inak, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne založené na tom, že so zreteľom na nízky podiel na trhu podnikov, ktoré sa zúčastnili na konštatovanom porušení, uvedený v odôvodnení 1212 napadnutého rozhodnutia, toto porušenie nemohlo poškodiť hospodárstvo. Z uvedeného odôvodnenia totiž vyplýva, že dotknutý podiel na trhu Komisia posúdila na 54,3 %. Takýto podiel na trhu však za predpokladu, že sa preukáže, nemožno kvalifikovať ako nízky. Žalobkyňa navyše nepreukázala, v čom bol uvedený podiel nedostatočný na poškodenie hospodárstva. Preto treba toto tvrdenie zamietnuť ako nedôvodné. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že desiatu časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú. O druhej, dvanástej a trinástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnych posúdeniach poľahčujúcich okolností týkajúcich sa žalobkyne – O druhej časti prvého dôvodu založenej na nezohľadnení následníckej úlohy žalobkyne Žalobkyňa tvrdí, že nikdy nebola súčasťou hlavnej skupiny podnikov identifikovanej Komisiou, ale naopak sa uspokojila s následníckou úlohou, čo odôvodňuje zníženie jej pokuty, ako to a contrario vyplýva z rozsudku Všeobecného súdu z 3. marca 2011, Areva a i./Komisia ( T-117/07 a T-121/07, Zb. s. II-633 , bod 308). Okrem toho pripomína, že sa na zasadnutiach v Rakúsku nezúčastnila od začiatku. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu desiatej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že pokiaľ bola pasívna alebo následnícka úloha podniku poľahčujúcou okolnosťou podľa bodu 3 prvej zarážky usmernení z roku 1998, nie je už tomu tak v prípade usmernení z roku 2006. Odsek 29 tretia zarážka usmernení z roku 2006 stanovuje, že Komisia môže konštatovať poľahčujúcu okolnosť, ak dotknutý podnik preukáže, že jeho účasť na konštatovanom porušení je podstatne znížená, a v dôsledku toho preukáže, že sa v skutočnosti vyhýbal uskutočňovaniu dohôd predstavujúcich porušenie a správal sa na trhu konkurenčným spôsobom. Spresňuje sa, že samotná skutočnosť, že sa určitý podnik podieľal na porušení v kratšom časovom období ako ostatné podniky, sa nebude považovať za poľahčujúcu okolnosť, pretože táto okolnosť je už zohľadnená pri výške pokuty. V danom prípade treba uviesť, že žalobkyňa na účely preukázania, že jej účasť na konštatovanom porušení bola podstatne znížená, iba tvrdí, že nikdy nebola súčasťou hlavnej skupiny podnikov. Po prvé, z bodu 5.2.3.2 napadnutého rozhodnutia však vyplýva, že účelom zistenia Komisie, že existuje hlavná skupina podnikov, ktoré sa zúčastnili na karteli v rôznych členských štátoch a patrili minimálne k jednému koordinačnému subjektu, ktorý pokrýval tri podskupiny výrobkov, bolo prispieť k preukázaniu existencie jediného a nepretržitého porušenia. Toto zistenie nijak neznamená, že podniky, ktoré nepatria do tejto hlavnej skupiny podnikov, sa zúčastnili na konštatovanom porušení sporadickejšie. Po druhé, so zreteľom na odsek 29 tretiu zarážku usmernení z roku 2006 mala žalobkyňa preukázať, že sa vyhýbala uplatneniu dohôd predstavujúcich porušenie, čo nespravila. Naopak, treba uviesť, že Komisia v prílohách 2 a 5 napadnutého rozhodnutia poukázala na dokumenty preukazujúce pravidelnú účasť žalobkyne na zasadnutiach špecializovaného združenia AGSI v Nemecku od roku 1996 a koordinačného subjektu ASI v Rakúsku od roku 2001. Ako to však žalobkyňa potvrdila v odpovedi na otázku položenú Všeobecným súdom na pojednávaní, nespochybňuje, že sa na týchto zasadnutiach zúčastnila. Okrem toho, ako bolo uvedené v bode 102 vyššie, žalobkyňa vo svojej odpovedi na oznámenie výhrad uznala, že sa zúčastnila na výmene informácií o cenách v koordinačnom subjekte ASI v Rakúsku. Z odpovede žalobkyne na oznámenie výhrad rovnako vyplýva, že sa zúčastnila na diskusiách o cenách v špecializovanom združení AGSI. Komisia tieto diskusie považovala za diskusie protisúťažnej povahy, čo žalobkyňa v rámci tejto žaloby nespochybňuje. Po tretie, pokiaľ ide o tvrdenie týkajúce sa oneskoreného vstupu žalobkyne do konštatovaného porušenia v Rakúsku, treba uviesť, že jednak, ako to bolo pripomenuté v bode 194 vyššie, takáto okolnosť nemôže predstavovať poľahčujúcu okolnosť a navyše žalobkyňa neuviedla žiadne tvrdenie, ktoré by mohlo vysvetliť, prečo mal takýto oneskorený vstup do konštatovaného porušenia v Rakúsku povahu, ktorá by mohla preukázať jej pasívnu úlohu v tomto karteli. Po štvrté, z rozsudku Areva a i./Komisia, už citovaného v bode 192 vyššie, nemožno v danom prípade vyvodiť žiadny záver. Hoci tento rozsudok potvrdzuje, že podniku, ktorý mal v karteli vedúcu úlohu, môže byť pokuta zvýšená, Všeobecný súd však netvrdí, že skutočnosť, že podnik nehral vedúcu úlohu v karteli, treba považovať za poľahčujúcu okolnosť. Pokiaľ ide okrem toho o bod 308 daného rozsudku, na ktorý sa žalobkyňa výslovne odvoláva, postačuje uviesť, že v danom prípade nemožno vyvodiť žiadny záver z toho, že Všeobecný súd v uvedenom bode 308 rozhodol, že Komisia nesprávne uplatnila identické zvýšenie základnej sumy pokuty viacerým podnikom, hoci uvedené podniky mali vedúcu úlohu počas podstatne rozličných období. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že druhú časť prvého žalobného dôvodu je potrebné zamietnuť ako nedôvodnú. – O dvanástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení strednej veľkosti žalobkyne Žalobkyňa tvrdí, že Komisia na rozdiel od toho, čo jej umožňoval bod 1 A usmernení z roku 1998, nezohľadnila skutočnosť, že žalobkyňa je podnikom strednej veľkosti, ktorý nemá právne oddelenie a akúkoľvek skúsenosť v odvetví práva hospodárskej súťaže. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu dvanástej časti prvého žalobného dôvodu. Ako v tejto súvislosti vyplýva z preskúmania šiesteho žalobného dôvodu v bodoch 82 až 91 vyššie, usmernenia z roku 1998 sa na daný prípad neuplatnia. V každom prípade sa rozhodlo, že aj keď uvedené usmernenia vo svojom bode 1 A umožňovali Komisii vziať do úvahy skutočnosť, že veľké podniky obvykle majú právnické a ekonomické znalosti a infraštruktúry, ktoré im umožnia ľahšie rozpoznať, či ich konanie predstavuje porušenie, a byť si vedomí z toho plynúcich dôsledkov podľa zákona o hospodárskej súťaži, neznamenalo to, že Komisia musela zohľadniť menšiu veľkosť určitých podnikov (rozsudok Súdu prvého stupňa z 30. apríla 2009, CD‑Contact Data/Komisia, T-18/03, Zb. s. II-1021 , bod 115). Ďalej podľa judikatúry nie sú malé a stredné podniky zbavené ich povinnosti dodržiavať pravidlá hospodárskej súťaže (rozsudok Všeobecného súdu z 28. apríla 2010, Gütermann a Zwicky/Komisia, T-456/05 a T-457/05, Zb. s. II-1443 , bod 281). Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že dvanástu časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú. – O trinástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení spolupráce žalobkyne Žalobkyňa tvrdí, že Komisia nezohľadnila skutočnosť, že žalobkyňa spolupracovala na prešetrovaní a že dobrovoľne a v stanovenej lehote odpovedala na všetky žiadosti o informácie, ako aj na ďalšie žiadosti. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu trinástej časti prvého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba pripomenúť, že podľa judikatúry spolupráca pri preskúmaní, ktorá nepresahuje rámec povinností podnikov podľa článku 18 ods. 3 a 4 nariadenia č. 1/2003, neodôvodňuje zníženie pokuty (rozsudok Všeobecného súdu z 27. septembra 2012, Nynäs Petroleum a Nynas Belgium/Komisia, T‑347/06, bod 62). V danom prípade však žalobkyňa iba tvrdí, že na žiadosti o informácie, ktoré jej adresovala Komisia, odpovedala v stanovených lehotách. Keďže toto správanie patrí pod povinnosti uvedené v bode 208 vyššie, nemôže predstavovať poľahčujúcu okolnosť. Z týchto úvah vyplýva, že trinástu časť prvého žalobného dôvodu treba zamietnuť ako nedôvodnú. So zreteľom na závery uvedené v bodoch 105, 109, 116, 136, 143, 155, 168, 173, 182, 191, 200, 205 a 210 vyššie treba tretej časti prvého žalobného dôvodu vyhovieť a zvyšné časti treba zamietnuť. Dôsledky, ktoré treba vyvodiť zo záveru o dôvodnosti tretej časti prvého žalobného dôvodu pre stanovenie výšky pokuty uloženej žalobkyni, preskúma Všeobecný súd v rámci výkonu jeho neobmedzenej súdnej právomoci v bodoch 245 a nasl. 3. O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 a zásady rovnosti zaobchádzania, ktorá vyplýva z uplatnenia hornej hranice 10 % upravenej v článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia Žalobkyňa v podstate tvrdí, že Komisia porušila článok 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003, keďže tým, že hornú hranicu 10 % stanovú v článku 23 ods. 2 druhého pododseku uvedeného nariadenia vyložila ako maximálnu úroveň výšky uloženej pokuty uplatnenú na konci postupu stanovenia výšky pokuty s tým, že môže byť prekročená v priebehu jednotlivých etáp stanovenia, a nie ako najvyššiu úroveň na stupnici trestov, ktoré sa majú uložiť, stanovenú na začiatku uvedeného postupu, sa ocitla v situácii, v ktorej nemôže posúdiť závažnosť porušenia, ktoré jej vytýkala. Uplatnenie takejto maximálnej úrovne je okrem toho v rozpore so zásadou rovnosti zaobchádzania. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu druhého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti treba najprv uviesť, že na rozdiel od toho, čo tvrdí žalobkyňa, článok 15 ods. 2 nariadenia č. 17 a článok 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 sú v podstate zhodné. Ďalej stačí pripomenúť, že podľa ustálenej judikatúry iba konečná suma uloženej pokuty musí rešpektovať uvedenú hornú hranicu 10 % stanovenú v článku 23 ods. 2 druhom pododseku nariadenia č. 1/2003 a že toto ustanovenie nezakazuje Komisii dospieť počas rozličných etáp stanovenia výšky pokuty k predbežnej sume, ktorá je vyššia ako táto hranica, ak napokon konečná suma uloženej pokuty neprekročí uvedenú hranicu (pozri v tomto zmysle rozsudky Súdneho dvora Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, body 277 a 278, a z 29. júna 2006, SGL Carbon/Komisia, C-308/04 P, Zb. s. I-5977 , bod 82). Pokiaľ teda ide o výpočet, zdá sa, že konečná suma pokuty musí byť znížená o sumu prevyšujúcu túto hornú hranicu, pričom skutočnosť, že určité faktory, ako je závažnosť a dĺžka trvania porušenia, sa neodrazia účinným spôsobom na výške uloženej pokuty, je jednoducho len dôsledkom uplatnenia tejto hornej hranice na konečnú sumu (rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 279). Uvedená horná hranica 10 % smeruje k zabráneniu uloženia takých pokút, pri ktorých je zrejmé, že podniky vzhľadom na ich veľkosť determinovanú ich celkovým obratom, hoci len približným a neúplným spôsobom, ich nebudú schopné uhradiť (rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 280). Ide teda o hranicu jednotne uplatňovanú na všetky podniky a premenlivú v závislosti od veľkosti každého z nich, ktorá smeruje k vylúčeniu pokuty nadmernej a neprimeranej výšky. Táto horná hranica má totiž odlišný a autonómny cieľ v porovnaní s kritériami závažnosti a dĺžky trvania porušenia (rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, body 281 a 282). Uvedená hranica má len jediný možný dôsledok, a to ten, že výška pokuty vypočítaná na základe týchto kritérií bude znížená na najvyššiu povolenú úroveň. Jej uplatnenie znamená, že dotknutý podnik v zásade neplatí pokutu, ktorú by bol inak povinný zaplatiť v dôsledku posúdenia založeného na týchto kritériách (rozsudok Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 283). Z judikatúry pripomenutej vyššie vyplýva, že na rozdiel od toho, čo uvádza žalobkyňa, sa nemožno v danom prípade domnievať, že Komisia porušila článok 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 tým, že článok 23 ods. 2 druhý pododsek tohto nariadenia vyložila ako maximálnu úroveň výšky uloženej pokuty uplatnenú na konci postupu stanovenia výšky pokuty tak, že môže byť prekročená počas rôznych etáp uvedeného stanovenia a nie ako najvyššiu úroveň stupnice trestov, ktoré sa majú uložiť, určenú na začiatku uvedeného postupu. Tento záver nemôžu spochybniť tvrdenia žalobkyne. Po prvé, aj keby sa malo vychádzať z toho, že uplatnenie percentuálnej sadzby 10 % ako hornej hranice je v rozpore s odstrašujúcim cieľom sledovaným nariadením č. 1/2003, keďže skutočne uložená výška pokuty musí byť znížená, aby sa táto horná hranica zohľadnila, takéto obmedzenie je jednako odôvodnené povinnosťou dodržiavať zásadu proporcionality (pozri v tomto zmysle Dansk Rørindustri a i./Komisia, už citovaný v bode 68 vyššie, bod 281). Okrem toho treba uviesť, že výklad prezentovaný žalobkyňou by ešte vo väčšej miere odporoval odstrašujúcemu cieľu, keďže žalobkyňa navrhuje, aby sa na účely stanovenia výšky pokuty v prvom rade uplatnila horná hranica 10 % a v druhom rade, aby sa zohľadnila závažnosť a dĺžka trvania porušenia, čo by nevyhnutne viedlo k uloženiu nižšej pokuty, ako je horná hranica 10 %. Preto tvrdenie žalobkyne založené na odstrašujúcom cieli nariadenia č. 1/2003 nemôže obstáť. Po druhé, hoci výroková časť napadnutého rozhodnutia výslovne neuvádza, akým spôsobom sa zohľadnili dĺžka trvania a závažnosť konštatovaného porušenia pre stanovenie výšky pokuty uloženej žalobkyni, treba pripomenúť, že podľa judikatúry sa musí výrok rozhodnutia vykladať vo svetle odôvodnení, ktoré ho podporujú (rozsudok Všeobecného súdu z 22. marca 2011, Altstoff Recycling Austria/Komisia, T-419/03, Zb. s. II-975 , bod 152). V danom prípade však treba uviesť, že Komisia zohľadnila závažnosť konštatovaného porušenia v odôvodneniach 1210 až 1220 a dĺžku jeho trvania v bodoch 1221 až 1223 napadnutého rozhodnutia. Z toho vyplýva, že tvrdenie žalobkyne, že vo výroku napadnutého rozhodnutia nie je zmienka o závažnosti a dĺžke trvania konštatovaného porušenia, treba zamietnuť ako nedôvodné. Po tretie, pokiaľ ide o údajné porušenie zásady rovnosti zaobchádzania, ako to predovšetkým vyplýva z judikatúry citovanej v bode 217 vyššie, skutočnosť, že z dôvodu uplatnenia hornej hranice 10 % stanovenej v článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 sa niektoré faktory, ako je závažnosť a dĺžka trvania porušenia, neodrazia účinným spôsobom na výške uloženej pokuty účastníkovi porušenia na rozdiel od ostatných účastníkov, na ktorých sa nevzťahovalo zníženie z dôvodu uplatnenia uvedenej hornej hranice, je len dôsledkom uplatnenia tejto hornej hranice na konečnú sumu uloženej pokuty. Všeobecný súd už rozhodol, že samotná skutočnosť, že pokuta, ktorá bola nakoniec uložená, dosahuje 10 % obratu žalobkyne, zatiaľ čo toto percento je pri ostatných účastníkoch kartelu nižšie, nemôže predstavovať porušenie zásady rovnosti zaobchádzania. Tento dôsledok je totiž vnútorne spätý s výkladom, že horná hranica 10 % je jednoducho maximálnou povolenou úrovňou, ktorá sa použije po prípadnom znížení pokuty z dôvodu poľahčujúcich okolností alebo zásady proporcionality (rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2011, Putters International/Komisia, T-211/08, Zb. s. II-3729 , bod 74). Tento argument treba teda zamietnuť ako nedôvodný. Po štvrté, pokiaľ ide o tvrdenie žalobkyne, podľa ktorého si sama Komisia nie je istá zákonnosťou usmernení z roku 2006, treba konštatovať, že neprispieva k preukázaniu porušenia článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003. Toto tvrdenie treba teda zamietnuť ako neúčinné. Z predchádzajúcich úvah vyplýva, že druhý žalobný dôvod treba zamietnuť ako čiastočne nedôvodný a čiastočne neúčinný. 4. O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady rovnosti zaobchádzania tým, že Komisia porušila skoršiu rozhodovaciu prax Žalobkyňa sa domnieva, že Komisia porušila zásadu rovnosti zaobchádzania, keďže z porovnania predmetného prípadu na jednej strane a rozhodnutí Komisie z 22. júla 2009 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.396 – Reagenty na báze acetylidu vápenatého a horčíka pre oceliarsky a plynárenský priemysel), z 11. marca 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.543 – Medzinárodné sťahovacie služby), zo 7. októbra 2009 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/39.129 – Výkonové transformátory), a z 11. júna 2008 týkajúceho sa konania podľa článku 81 [ES] a článku 53 Dohody o EHP (vec COMP/38.695 – Chlorečnan sodný) na druhej strane vyplýva, že Komisia posudzovala odlišné situácie rovnako. Žalobkyňa je toho názoru, že hoci bol stupeň závažnosti konštatovaného porušenia veľmi odlišný od stupňa závažnosti porušení v uvedených skorších rozhodnutiach, Komisia na účely stanovenia základných výšok pokuty stanovila skoro identický podiel hodnoty predajov, a to od 15 do 19 %. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu štvrtého žalobného dôvodu. V tejto súvislosti je potrebné pripomenúť, že rozhodovacia prax Komisie nie je právnym rámcom pokút v oblasti hospodárskej súťaže, ten je definovaný v článku 23 ods. 2 a 3 nariadenia č. 1/2003 a doplnený usmerneniami (pozri analogicky rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. septembra 2006, Archer Daniels Midland/Komisia, T-329/01, Zb. s. II-3255 , bod 108 a tam citovanú judikatúru). Okrem toho vzhľadom na širokú diskrečnú právomoc, ktorou Komisia disponuje pri stanovení výšky pokút, samotná skutočnosť, že vo svojej skoršej rozhodovacej praxi usúdila, že správanie odôvodňuje pokutu určitej výšky, neznamená, že je povinná pridŕžať sa rovnakého posúdenia v neskoršom rozhodnutí (pozri v tomto zmysle Archer Daniels Midland, už citovaný v bode 230 vyššie, body 109 a 110 a tam citovanú judikatúru). V danom prípade treba teda vychádzať z toho, že jednoduchý odkaz žalobkyne na rozhodnutia uvedené v bode 228 vyššie je sám osebe neúčinný, keďže Komisia nebola povinná vykonať také isté posúdenie v prejednávanej veci. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že štvrtý žalobný dôvod treba zamietnuť ako neúčinný. 5. O piatom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady proporcionality v rozsahu, v akom Komisia nezohľadnila obmedzenú ekonomickú výkonnosť žalobkyne Žalobkyňa uvádza, že v roku 2009 bola jej jediná výrobňa z veľkej časti zničená požiarom, ktorý spôsobil úplné zastavenie výroby počas viacerých mesiacov a významne zhoršil jej finančnú situáciu a jej výsledky. Takisto tvrdí, že požiadala Komisiu, aby pri stanovení výšky pokuty zohľadnila jej obmedzenú ekonomickú výkonnosť, avšak Komisia v napadnutom rozhodnutí túto žiadosť ani nezmienila, ani nepreskúmala jej tvrdenia. Žalobkyňa sa domnieva, že vzhľadom na tieto okolnosti jej mala byť pokuta znížená, a to aj v prípade, že obrat zohľadnený pri stanovení pokuty vzal do úvahy jej obmedzenú ekonomickú výkonnosť. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu piateho žalobného dôvodu. Po prvé na úvod treba uviesť, že výška pokuty uloženej žalobkyni zohľadňuje možný pokles obratu v roku 2009, ktorý mohol vyplynúť z požiaru, ktorý zničil jej jedinú výrobňu v roku 2009. Aj keď síce z odôvodnenia 1200 napadnutého rozhodnutia vyplýva, že na stanovenie základnej sumy pokuty sa použila hodnota predajov za obchodný rok 2003, v odôvodnení 1262 uvedeného rozhodnutia sa spresnilo, že horná hranica 10 % podľa článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003 bola predsa len stanovená na základe obratu za rok 2009, čiže rok, keď došlo k požiaru. Po druhé, pokiaľ ide o výhradu založenú na nezohľadnení ekonomickej výkonnosti žalobkyne, treba konštatovať, že žalobkyňa počas správneho konania neuviedla žiadny dôkaz, ktorý by vzhľadom na odsek 35 usmernení z roku 2006 preukazoval, že jej finančná situácia bola taká, že jej ekonomická životaschopnosť by bola uložením pokuty nenapraviteľne ohrozená. Vzhľadom na vyššie uvedené úvahy treba piaty žalobný dôvod zamietnuť ako nedôvodný. Z preskúmania prvého, druhého, štvrtého, piateho a šiesteho žalobného dôvodu, ktoré boli uvedené na podporu žalobných návrhov smerujúcich k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia, vyplýva, že tretej časti prvého žalobného dôvodu treba vyhovieť a jeho ostatné časti, ako aj druhý, štvrtý, piaty a šiesty žalobný dôvod treba zamietnuť ako nedôvodné alebo neúčinné. Pokiaľ ide o dôsledky, ktoré treba vyvodiť zo žalobných návrhov smerujúcich k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia, treba, po prvé, uviesť, že pokiaľ ide o článok 1 napadnutého rozhodnutia, Komisia sa v odseku 2 uvedeného článku domnievala, že žalobkyňa porušila článok 101 ZFEÚ tým, že sa zúčastnila na porušení na územiach Nemecka a Rakúska. V tejto súvislosti treba konštatovať, že vzhľadom na to, že Komisia v tomto článku nezopakovala pochybenia, ktorých sa dopustila v štádiu stanovenia výšky pokuty uloženej žalobkyni, pokiaľ ide o geografický rozsah jej vytýkaného porušenia, uvedený článok nie je postihnutý nezákonnosťou. Uvedené žalobné návrhy smerujúce k čiastočnému zrušeniu treba preto zamietnuť v rozsahu, v akom sa týkajú článku 1 ods. 2 napadnutého rozhodnutia. Po druhé, pokiaľ ide o článok 2 napadnutého rozhodnutia, s prihliadnutím na záver urobený v predchádzajúcom bode, z ktorého vyplýva, že sa žalobkyňa dopustila porušenia ustanovení článku 101 ZFEÚ, Komisia na podklade ustanovení článku 23 ods. 2 nariadenia č. 1/2003, uvedenom v odôvodnení 1182 napadnutého rozhodnutia, správne v článku 2 ods. 6 uvedeného rozhodnutia rozhodla uložiť žalobkyni pokutu. Žalobné návrhy smerujúce k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia treba preto zamietnuť v rozsahu, v akom sa týkajú článku 2 ods. 6 uvedeného rozhodnutia. Ďalej, pokiaľ článok 2 ods. 6 napadnutého rozhodnutia stanovuje výšku pokuty, ktorá sa má uložiť žalobkyni, keďže podľa druhého žalobného návrhu žalobkyňa subsidiárne navrhuje Všeobecnému súdu znížiť pokutu, ktorá jej bola uložená, ten vyvodí dôsledky z nesprávnych posúdení konštatovaných v bode 167 vyššie, pokiaľ ide o stanovenie uvedenej sumy, v rámci preskúmania uvedeného žalobného návrhu. Z úvah nachádzajúcich sa v bodoch 240 až 242 vyššie vyplýva, žalobné návrhy smerujúce k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia treba zamietnuť v celom rozsahu. C – O návrhoch uvedených subsidiárne smerujúcim k zníženiu pokuty uloženej žalobkyni S prihliadnutím na druhý žalobný návrh, ktorým žalobkyňa subsidiárne Všeobecnému súdu navrhuje znížiť jej uloženej pokuty, mu v rámci jeho neobmedzenej súdnej právomoci prináleží preskúmať jednak dôsledky, ktoré treba vyvodiť z pochybení, ktorých sa dopustila Komisia, ktoré sú uvedené v bodoch 156 až 168 vyššie, pri stanovení výšky pokuty, ktorá bola uložená žalobkyni, a jednak ostatné tvrdenia, ktoré žalobkyňa uvádza s cieľom primäť Všeobecný súd k zníženiu pokuty, ktorá jej bola uložená. 1. O dôsledkoch, ktoré treba vyvodiť z pochybenia, ktorého sa dopustila Komisia pri výške pokuty Vzhľadom na dve chybné posúdenia, ktorých sa dopustila Komisia, ako boli uvedené v bode 167 vyššie, Všeobecný súd na základe svojej neobmedzenej súdnej právomoci podľa ustanovenia článku 261 ZFEÚ a článku 31 nariadenia č. 1/2003 rozhodol nahradiť posúdenie Komisie svojím posúdením, pokiaľ ide o stanovenie výšky pokuty uloženej žalobkyni (pozri v tomto zmysle rozsudky KME Germany a i./Komisia, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 103 a tam citovanú judikatúru, a Romana Tabacchi/Komisia, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 265). Hoci usmernenia z roku 2006 v tomto ohľade nemajú dosah na stanovenie pokuty súdom Únie, keď tento súd rozhoduje na základe svojej neobmedzenej súdnej právomoci (pozri v tomto zmysle rozsudok Súdu prvého stupňa z 27. júla 2005, Brasserie nationale a i./Komisia, T-49/02 až T-51/02, Zb. s. II-3033 , bod 169), Všeobecný súd považuje v danom prípade za vhodné sa nimi inšpirovať pri novom stanovení výšky pokuty, predovšetkým z dôvodu, že umožňujú vziať do úvahy všetky relevantné okolnosti daného prípadu a uložiť primerané pokuty všetkým podnikom, ktoré sa na konštatovanom porušení zúčastnili. V danom prípade, po prvé, ako to vyplýva z preskúmania tretej časti prvého žalobného dôvodu v bodoch 156 až 168 vyššie, dve nesprávne posúdenia, ktorých sa dopustila Komisia, spočívajú v tom, že na účely stanovenia výšky pokuty uloženej žalobkyni koeficienty „závažnosti porušenia“ a „dodatočnej sumy“ stanovila na 15 % s prihliadnutím iba na hlavné znaky konštatovaného porušenia, a predovšetkým na jeho geografický rozsah pokrývajúci šesť členských štátov. Žalobkyňa naproti tomu nepreukázala, že sa Komisia dopustila pochybení, keď použila iné ukazovatele pri stanovení uvedenej pokuty. Pokiaľ ide o dôsledky, ktoré treba vyvodiť z pochybení, ktorých sa Komisia dopustila v prípade stanovenia výšky pokuty, prináleží Všeobecnému súdu nahradiť svojím posúdením posúdenie Komisie, pokiaľ ide iba o určenie koeficientov „závažnosti porušenia“ a „dodatočnej sumy“. Po druhé, Všeobecný súd sa domnieva, že Komisia sa správne rozhodla, ako to vyplýva z článku 1 ods. 2 a z odôvodnení 872 a 873 napadnutého rozhodnutia, že žalobkyňa sa v období od 6. marca 1998 do 9. novembra 2004 zúčastnila na územiach Nemecka a Rakúska na jedinom a nepretržitom porušení pozostávajúcom z tajného kartelu, ktorého cieľom bola koordinácia budúceho zvyšovania cien troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie. Okrem toho také porušenie, akým je to v danom prípade, patrí nie len vzhľadom na svoju vlastnú povahu, ale aj na svoj geografický rozsah ‑ územie šiestich členských štátov – a na dĺžku jeho trvania, a to skoro sedem rokov, medzi najzávažnejšie. S prihliadnutím na skutočnosť, že podľa odseku 23 usmernení z roku 2006 odôvodňujú tieto obmedzenia stanovenie časti hodnoty predaja v hornej časti stupnice od 0 do 30 %, zastáva Všeobecný súd názor, že časť stanovená v danom prípade, a to 15 %, zodpovedá minimu s ohľadom na dotknuté porušenie (pozri v tomto zmysle rozsudok Všeobecného súdu zo 16. júna 2011, Team Relocations/Komisia, T-204/08 a T 212/08, Zb. s. II-3569 , body 94, 100 a 118). S prihliadnutím na usmernenia z roku 2006 a posúdenia uvedené v predchádzajúcom bode sa Všeobecný súd na účely stanovenia základnej sumy pokuty uloženej žalobkyni domnieva, že pri stanovení základnej sumy pokuty uloženej žalobkyni je vhodné stanoviť koeficient „závažnosti porušenia“ a koeficient „dodatočnej sumy“ na 15 % hodnoty jej predaja dotknutých výrobkov na území Nemecka a Rakúska. Vzhľadom na úvahy uvedené v bodoch 245 až 250 vyššie Všeobecný súd určuje celkovú sumu pokuty na 12517671 eur, ktorú treba uložiť žalobkyni, pokiaľ ide o jediné a nepretržité porušenie, na ktorom sa zúčastnila v Nemecku a Rakúsku. 2. O doplňujúcich tvrdeniach uvedených žalobkyňou na podporu žalobných návrhov smerujúcich k zmene výšky pokuty, ktorá jej bola uložená V tejto súvislosti treba pripomenúť, že v rámci výkonu svojej neobmedzenej súdnej právomoci musí Všeobecný súd vykonať svoje vlastné posúdenie pri zohľadnení všetkých okolností daného prípadu. V prvom rade sa toto posúdenie musí uskutočniť pri zachovaní všeobecných zásad práva Únie, akou je zásada proporcionality (pozri v tomto zmysle rozsudok Romana Tabacchi/Komisia, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 280) alebo ďalej zásada rovnosti zaobchádzania (rozsudok Súdneho dvora z 24. septembra 2009, Erste Group Bank a i./Komisia, C-125/07 P, C-133/07 P, C-135/07 P a C-137/07 P, Zb. s. I-8681 , bod 187). Napokon z judikatúry vyplýva, že výkon neobmedzenej súdnej právomoci neznamená preskúmanie ex offo , a že na základe toho, s výnimkou dôvodov verejného poriadku, medzi ktoré patrí neexistencia odôvodnenia napadnutého rozhodnutia, ktoré je súd Únie povinný preskúmavať ex offo , prináleží žalobcovi, aby uviedol žalobné dôvody proti dotknutému rozhodnutiu a predložil dôkazy na podporu týchto dôvodov (pozri v tomto zmysle rozsudok Chalkor/Komisia, už citovaný v bode 38 vyššie, bod 64). V danom prípade treba v prvom rade konštatovať, ako bolo uvedené v bode 49 vyššie, že tretí žalobný dôvod uviedla žalobkyňa na podporu druhého žalobného návrhu a na základe toho je jeho cieľom podpora žiadosti žalobkyne o zmenu výšky pokuty. Na podporu tretieho žalobného dôvodu žalobkyňa Komisii vytýka, že stanovila základnú sumu pokuty uplatnením jednotných koeficientov „závažnosti porušenia“ a „dodatočnej sumy“ bez zohľadnenia šiestich nasledujúcich okolností, ktoré charakterizovali jej účasť na konštatovanom porušení. Z toho dôvodu tvrdí, že, po prvé, sa na uvedenom porušení zúčastnila iba v dvoch členských štátoch, po druhé, výhrada vznesená voči nej sa týkala iba jednej z troch podskupín výrobkov uvedených v bode 3 vyššie, po tretie, táto podskupina bola predmetom menej intenzívnych dohôd ako podskupina sprchových kútov, po štvrté, jej účasť nemala nadnárodný rozsah, po piate, nepatrila ani k iniciátorom kartelu, ani k hlavnej skupine podnikov, ani k podnikom, ktoré sa vzájomne zosúlaďovali pred uskutočnením kartelu v rámci zasadnutí združení, a po šieste, zúčastnila sa iba na zasadnutiach troch združení. Komisia spochybňuje tvrdenia uvedené žalobkyňou na podporu tretieho žalobného dôvodu. V tejto súvislosti Všeobecný súd, po prvé, konštatuje, že šesť okolností uvedených žalobkyňou pre charakterizovanie jej účasti na konštatovanom porušení aspoň v podstate preberajú určité tvrdenia, ktoré už uviedla v rámci prvého žalobného dôvodu aj na podporu prvého žalobného návrhu. Z preskúmania uvedeného žalobného dôvodu Všeobecným súdom však vyplýva, že s výnimkou tvrdenia založeného na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila Komisia, pokiaľ ide o geografický rozsah porušenia, na ktorom sa žalobkyňa zúčastnila (tretia časť prvého žalobného dôvodu), treba uvedené tvrdenia zamietnuť ako nedôvodné alebo neúčinné. Po druhé, Všeobecný súd uvádza, že tretia časť prvého žalobného dôvodu je prevzatá žalobkyňou v rámci prvej okolnosti uvedenej pod tretím žalobným dôvodom. Uvedenú okolnosť, ktorá spočíva na geografickom rozsahu účasti žalobkyne na porušení, ktoré jej je vytýkané, obmedzenom na Nemecko a Rakúsko, už však Všeobecný súd preskúmal v bodoch 247 až 251 vyššie na základe jeho neobmedzenej súdnej právomoci na účely prípadnej zmeny výšky pokuty. Tretí žalobný dôvod treba preto zamietnuť. V druhom rade sa Všeobecný súd na základe svojej neobmedzenej súdnej právomoci domnieva, že žiadna z okolností, ktorých sa žalobkyňa z akéhokoľvek dôvodu v tejto veci dovoláva, ani žiadny dôvod verejného poriadku, neodôvodňujú, aby využil uvedenú právomoc na to, aby vhodne znížil pokutu, ktorá sa má uložiť žalobkyni, ako bolo stanovené v bode 251 vyššie. Všeobecný súd sa ďalej domnieva, že so zreteľom na všetky skutočnosti, ktoré mu boli predložené, pokuta vo výške 12517671 eur predstavuje s prihliadnutím na dĺžku trvania a závažnosť porušenia, na ktorom sa žalobkyňa zúčastnila, primeranú sankciu umožňujúcu potrestať primeraným a odstrašujúcim spôsobom jej protisúťažné správanie. Pokiaľ ide o subsidiárne žalobné návrhy smerujúce k zníženiu pokuty uloženej žalobkyni v článku 2 ods. 6 napadnutého rozhodnutia, zo všetkých vyššie uvedených úvah vyplýva, že vzhľadom na to, že uvedená suma bola zhodná s tou, ktorú Všeobecný súd na základe svojej neobmedzenej súdnej právomoci stanovil v bode 251 vyššie, treba uvedené žalobné návrhy zamietnuť. Vo vzťahu k záverom uvedeným v bodoch 243 a 261 vyššie treba žalobu v jej celom rozsahu zamietnuť. O trovách Podľa článku 87 ods. 2 rokovacieho poriadku účastník konania, ktorý vo veci nemal úspech, je povinný nahradiť trovy konania, ak to bolo v tomto zmysle navrhnuté. Keďže žalobkyňa nemala vo veci úspech, je opodstatnené zaviazať ju na náhradu trov konania v súlade s návrhom Komisie. Pokiaľ ide o trovy vynaložené Radou, treba pripomenúť, že podľa ustanovení článku 87 ods. 4 prvého pododseku rokovacieho poriadku inštitúcie, ktoré vstúpili do konania ako vedľajší účastníci, znášajú vlastné trovy konania. Preto Rada ako vedľajší účastník znáša svoje trovy konania. Z týchto dôvodov VŠEOBECNÝ SÚD (štvrtá komora) rozhodol a vyhlásil: 1. Žaloba sa zamieta. 2. Aloys F. Dornbracht GmbH & Co. KG znáša svoje vlastné trovy konania a je povinná nahradiť trovy konania, ktoré vznikli Európskej komisii. 3. Rada Európskej únie znáša svoje vlastné trovy konania. Pelikánová Jürimäe van der Woude Rozsudok bol vyhlásený na verejnom pojednávaní v Luxemburgu 16. septembra 2013. Podpisy Obsah Okolnosti predchádzajúce sporu Konanie a návrhy účastníkov konania Právny stav I – O prípustnosti II – O veci samej A – O námietkach nezákonnosti 1. O námietke založenej na nezákonnosti článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 2. O námietke založenej na nezákonnosti usmernení z roku 2006 B – O hlavných žalobných návrhoch smerujúcich k čiastočnému zrušeniu napadnutého rozhodnutia 1. O šiestom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady zákazu retroaktivity 2. O prvom žalobnom dôvode založenom na nesprávnom posúdení, ktorého sa dopustila Komisia pri konštatovaní porušenia vytýkaného žalobkyni a pri stanovení výšky pokuty, ktorá jej bola uložená a) O nesprávnych posúdeniach v súvislosti s konštatovaním porušenia vytýkaného žalobkyni O šiestej, siedmej a ôsmej časti prvého žalobného dôvodu založených na nesprávnom posúdení účasti žalobkyne na konštatovanom porušení v Rakúsku – O siedmej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnom posúdení prispôsobenia cien uplatňovaných žalobkyňou v Rakúsku cenám uplatňovaným v Nemecku – O šiestej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o účasť žalobkyne na výmene informácií v Rakúsku – O ôsmej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o rozsah účasti žalobkyne na karteli O štvrtej a jedenástej časti prvého žalobného dôvodu založených na nesprávnom uplatnení článku 101 ZFEÚ – O štvrtej časti prvého žalobného dôvodu založenej na tom, že koordinácia cien odpovedala na dopyt zákazníkov – O jedenástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na výhodách transparentnosti na trhu pre hospodársku súťaž b) O nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o stanovenie výšky pokuty uloženej žalobkyni O prvej, tretej, piatej, deviatej a desiatej časti prvého žalobného dôvodu založených na nesprávnom posúdení, pokiaľ ide o závažnosť konštatovaného porušenia – O prvej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že žalobkyňa vyrábala iba výrobky patriace do jednej z troch podskupín výrobkov pokrytých konštatovaným porušením – O tretej časti prvého dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že žalobkyňa mala vedomosť o konštatovanom porušení a že sa na ňom zúčastnila iba v dvoch zo šiestich členských štátoch, ktorých sa týkalo – O piatej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení nižšej intenzity dohôd týkajúcich sa vodovodných batérií – O deviatej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že kartel nemohol poškodiť nadväzujúce trhy – O desiatej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení skutočnosti, že kartel nepoškodil hospodárstvo O druhej, dvanástej a trinástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nesprávnych posúdeniach poľahčujúcich okolností týkajúcich sa žalobkyne – O druhej časti prvého dôvodu založenej na nezohľadnení následníckej úlohy žalobkyne – O dvanástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení strednej veľkosti žalobkyne – O trinástej časti prvého žalobného dôvodu založenej na nezohľadnení spolupráce žalobkyne 3. O druhom žalobnom dôvode založenom na porušení článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1/2003 a zásady rovnosti zaobchádzania, ktorá vyplýva z uplatnenia hornej hranice 10 % upravenej v článku 23 ods. 2 uvedeného nariadenia 4. O štvrtom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady rovnosti zaobchádzania tým, že Komisia porušila skoršiu rozhodovaciu prax 5. O piatom žalobnom dôvode založenom na porušení zásady proporcionality v rozsahu, v akom Komisia nezohľadnila obmedzenú ekonomickú výkonnosť žalobkyne C – O návrhoch uvedených subsidiárne smerujúcim k zníženiu pokuty uloženej žalobkyni 1. O dôsledkoch, ktoré treba vyvodiť z pochybenia, ktorého sa dopustila Komisia pri výške pokuty 2. O doplňujúcich tvrdeniach uvedených žalobkyňou na podporu žalobných návrhov smerujúcich k zmene výšky pokuty, ktorá jej bola uložená O trovách ( *1 ) Jazyk konania: nemčina. ( ) „Skryté dôverné údaje“.

62007CJ0038

bg

Със своята жалба Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV (наричано по-нататък „H & S“) иска от Съда да отмени Решение на Първоинстанционния съд на Европейските общности от 30 ноември 2006 г. по дело Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods/Комисия (T-382/04, наричано по-нататък „обжалваното съдебно решение“), с което Първоинстанционният съд отхвърля жалбата му за отмяна на Решение REM 19/2002 на Комисията от , с което се установява, че в особен случай опрощаването на вносни мита не е обосновано (наричано по-нататък „спорното решение“). Правна уредба Правна уредба, свързана с тарифното класиране на оризовата хартия Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 година относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа ( ОВ L 256, стp. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 4, стр. 3) установява пълна номенклатура на стоките, предмет на операции по внос и износ в рамките на Европейската общност (наричана по-нататък „КН“), като тази номенклатура се съдържа в приложение I към посочения регламент. Подпозиции 19019099 и 19059020 от КН, в редакцията им, съдържаща се в Регламент (ЕО) № 1624/97 на Комисията от 13 август 1997 година за изменение на приложение I към Регламент № 2658/87 ( ОВ L 224, стp. 16 ), могат да бъдат приложени в случая. Позициите 1901 и 1905 от КН, както и съответните подпозиции в редакцията им на френски език имат следното съдържание: „1901 Eкстракти от малц; хранителни продукти от брашна, едрозърнест и дребнозърнест грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао […], неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от № 0401 до № 0404, несъдържащи какао […], неупоменати, нито включени другаде: […] 1901 90 99 — — — Други […] Хлебарски, тестени сладкарски или бисквитeни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти: […] 1905 90 — Други: […] 1905 90 20 — — Нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти. “ Текстът на КН на нидерландски език съдържа следното описание на позиция 1905 и на съответните подпозиции: „1905 Brood, gebak, biscuits en andere bakkerswaren, ook indien deze producten cacao bevatten; ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten van meel of van zetmeel: […] 1905 90 — andere: […] 1905 90 20 — — ouwel in bladen, hosties, ouwels voor geneesmiddelen, plakouwels en dergelijke producten, van meel of van zetmeel.“ За да се гарантира еднаквото прилагане на КН в Общността, по силата на член 9, параграф 1, буква a), първо тире от Регламент № 2658/87 Комисията на Европейските общности може да приеме мерки, свързани с класификацията на особени стоки в КН. Съгласно приложението към Регламент (ЕО) № 1196/97 на Комисията от 27 юни 1997 година относно класирането на определени стоки в Комбинираната номенклатура ( ОВ L 170, стp. 13 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 10, стр. 99, наричан по-нататък „Регламентът относно класирането“) в подпозиция 19059020 от КН попадат „хранител[ни] препарат[и] на базата на оризово брашно, сол и вода, представен[и] под формата на листове или кръгчета с различни размери, сушени, прозрачни“. В това приложение се уточнява също, че „тези листове, след като бъдат накиснати във вода […] се използват обикновено за направата на „обвивките“ на пролетни рула (цилиндрични пълнени хапки) и аналогични продукти“. Правна уредба, свързана с опрощаването на вносни мита Член 5 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 година относно създаване на Митнически кодекс на Общността ( ОВ L 302, стp. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 5, стр. 58), изменен с Регламент (ЕО) № 82/97 на Европейския парламент и на Съвета от ( ОВ L 17, 1997 г., стp. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 2, том 9, стр. 250, наричан по-нататък „Митническият кодекс“), гласи: „1.   Според условията, предвидени в член 64, параграф 2, и при спазване на разпоредбите, приети в рамките на член 243, параграф 2, буква б), всяко лице може да бъде представлявано пред митническите органи за извършване на действията и формалностите, предвидени в митническото законодателство. 2.   Представителството може да бъде: — пряко, когато представителят действа от името на и за сметка на друго лице, или — косвено, когато представителят действа от свое име, но за сметка на друго лице. […]“. Член 239 от Митническия кодекс предвижда: „1.   Възстановяване или опрощаване на вносни или износни [мита] се извършва и в случаи, различни от тези по членове 236, 237 и 238: — които се определят съгласно процедурата на комитета, — които произтичат от обстоятелства, които не предполагат недобросъвестно поведение или груба небрежност от страна на заинтересуваното лице. Случаите, в които може да се приложи тази разпоредба, както и процедурата, която трябва да се следва за тази цел, се определят съгласно процедурата на комитета. Възстановяването или опрощаването могат да подлежат на специални условия. 2.   Възстановяването или опрощаването на [мита] на основанията, посочени в параграф 1, се разрешава при подаване на молба във въпросното митническо учреждение […]“. Обстоятелствата в основата на спора, както следват от обжалваното съдебно решение H & S, установено в Нидерландия, е вносител на оризова хартия от Виетнам. Във връзка с тази дейност то прибягва към услугите на митнически агент, а именно Switch Customs Brokers BV, като го определя за свой пряк представител по смисъла на член 5, параграф 2 от Митническия кодекс. H & S декларира внасяната от него оризова хартия като попадаща под код 19019099 от КН. С писмо от 21 март 1996 г. нидерландската митническа администрация (наричана по-нататък „митническата администрация“) указва на жалбоподателя, че разглежданата оризова хартия действително трябва да бъде класирана под посочения код. На 27 юни 1997 г. Комисията приема Регламента относно класирането, който е публикуван в Официален вестник на Европейските общности от и влиза в сила на същата година. Независимо от съществуването на Регламента относно класирането, H & S продължава да внася оризовата хартия под код 19019099 от КН, а в период от 6 месеца митническата администрация приема още 29 декларации при такова класиране (като извършва документна, а в един случай и физическа проверка). Въпреки това на 16 март 1998 г. последната уведомява жалбоподателя, че разглежданата стока трябва да бъде класирана не в подпозиция 19019099 от КН, а в подпозиция 19059020 от КН. По-късно същия ден тя все пак приема за правилна декларация, според която оризовата хартия е класирана в подпозиция 19019099 от КН. Считано от , жалбоподателят осъществява внос на оризова хартия, като я класира в подпозиция 19059020 от КН. С писмо от 22 ноември 2000 г. митническата администрация уведомява H & S, че за периода от до тя ще извърши последващо вземане под отчет на вносни мита в общ размер от 645399,50 NLG (тоест 292869,52 EUR) на основание, че през посочения по-горе период дружеството класира погрешно въпросните стоки, тъй като съответстващият код съгласно Регламента относно класирането е 19059020 от КН. След корекция този размер е определен окончателно на 636518,40 NLG, което съответства на подадените декларации с погрешно класиране в подпозиция 19019099 от КН за периода от до Като уважава молба, подадена в този смисъл от H & S, на 13 септември 2002 г. Кралство Нидерландия моли Комисията да реши дали е оправдано опрощаването на вносните мита на това дружество съгласно член 239 от Митническия кодекс. На 17 юни 2004 г. Комисията приема спорното решение. В това решение тя установява, че е налице особено положение по смисъла на член 239 от Митническия кодекс. Тя все пак счита, че H & S е проявило груба небрежност, тъй като, макар че е опитен оператор и че Регламентът относно класирането е премахнал сложността на законодателството, която е можело да съществува преди това, то не е предприело никаква стъпка, за да се осведоми дали практиката на митническата администрация е правилна, а тя явно противоречала на посочения регламент. Производството пред Първоинстанционния съд и обжалваното съдебно решение На 23 септември 2004 г. H & S подава в секретариата на Първоинстанционния съд жалба срещу спорното решение, с която се цели, от една страна, отмяната му, доколкото с него се установява, че молбата за опрощаване на мита не е обоснована, и от друга страна, осъждане на Комисията да заплати съдебните разноски. Що се отнася до последната, тя моли жалбата да се отхвърли и жалбоподателят да се осъди да заплати съдебните разноски. В подкрепа на жалбата си H & S представя три правни основания за отмяна на спорното решение, изведени, на първо място, от нарушение на член 239 от Митническия кодекс, от неправилна преценка на фактите и от липса на мотиви в това решение, на второ място, от нарушение на принципите на добра администрация и на равно третиране, и на трето място, от нарушение на принципа на пропорционалност. С обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд отхвърля жалбата на H & S. С първото си правно основание H & S по-специално подчертава сложността на правната уредба, поради факта че за разлика от текстовете на КН в други езикови редакции, текстът на нидерландски език не съдържа изрично позоваване на „тестени листа от изсушено брашно“, така че подобно на митническата администрация, която в миналото е отстоявала класирането на тези стоки в подпозиция 19019099 от КН, това дружество е можело добросъвестно да счита, че оризовите листа попадат в тази подпозиция. Освен това Регламентът относно класирането противоречал на текста на КН на нидерландски език и следователно не можел да бъде противопоставен на H & S. H & S изтъква също, че не било опитен вносител и че не можелo да му се приписва професионалният опит на неговия митнически агент. В това отношение то поддържа, че евентуалната небрежност на последния, който не се запознал с Регламента относно класирането, публикуван в Официален вестник на Европейските общности , не можела да бъде взета предвид, за да се твърди, че то е проявило груба небрежност. В това отношение, след като в началото уточнява в точка 43 от обжалваното съдебно решение, че спорът се отнася изключително до въпроса дали Комисията може основателно да твърди, че H & S е проявило груба небрежност, в следващата точка от посоченото съдебно решение Първоинстанционният съд напомня, че според съдебната практика, произтичаща от Решение от 11 ноември 1999 г. по дело Söhl et Söhlke ( C-48/98, Recueil, стp. I-7877 , точка 56), за да се прецени дали е налице груба небрежност, е необходимо да се вземат предвид именно сложността на разпоредбите, от чието неизпълнение възниква митническото задължение, както и професионалният опит и това дали операторът е положил дължимата грижа. В точка 58 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема на следващо място, че публикуването на Регламента относно класирането е премахнало евентуалната сложност на законодателството, породена от липсата на някои думи в текста на подпозиция 19059020 от КН на нидерландски език. В точка 70 от посоченото съдебно решение той приема, че доказателствата, свързани с евентуалната небрежност на митническия агент, включително с професионалния му опит, трябвало да бъдат представени от H & S. Накрая в точка 75 от същото съдебно решение Първоинстанционният съд напомня, че при съмнение относно точното прилагане на разпоредбите, неизпълнението на които може да доведе до пораждане на митническо задължение, операторът трябва да се осведоми и да потърси всички възможни разяснения, за да не наруши въпросните разпоредби. Така в точка 87 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд заключава, че като не са се осведомили пред митническата администрация относно причините за несъответствието между нейната практика на класиране и разпоредбите на Регламента относно класирането, H & S и неговият митнически агент не са положили дължимата съгласно член 239 от Митническия кодекс грижа. При тези обстоятелства в точка 96 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд постановява, че H & S не е доказало, че Комисията е нарушила член 239 от Митническия кодекс, че е извършила неправилна преценка на фактите или че не е изложила мотиви в спорното решение, в резултат на което отхвърля първото правно основание. С второто си правно основание H & S по-конкретно упреква Комисията, че в нарушение на принципа на добра администрация е проявила прекомерна строгост, като не е отчела грешките на митническата администрация при преценката дали вносителят е положил дължимата грижа. В това отношение в точка 103 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд приема, че небрежността на митническата администрация вече е взета предвид при преценката за наличие на особено положение, но че тя все пак не може да освободи жалбоподателя от отговорност за собствената му небрежност. Що се отнася до третото правно основание, в точка 111 от обжалваното съдебно решение Първоинстанционният съд заключава, че когато условията за прилагане на член 239 от Митническия кодекс не са изпълнени, отказът да се опростят митата не представлява нарушение на принципа на пропорционалност. По жалбата Със своята жалба H & S иска отмяната на обжалваното съдебно решение и на спорното решение, както и осъждането на Комисията да заплати съдебните разноски. Комисията, от своя страна, иска отхвърлянето на жалбата като неоснователна и осъждането на H & S да заплати съдебните разноски. В подкрепа на жалбата си Н & S изтъква по същество едно-единствено правно основание, изведено от нарушение от страна на Първоинстанционния съд на член 239 от Митническия кодекс, във връзка с преценката на условието относно липсата на груба небрежност на оператора. Това правно основание се подразделя на три части, съответстващи на трите елемента, които съдебната практика отчита в рамките на такава преценка, а именно сложността на законодателството, професионалния опит и дължимата грижа на вносителя. От своя страна, Комисията счита, че Първоинстанционният съд е приложил правилно член 239 от Митническия кодекс. Освен това, като уточнява, че не възнамерява да повдига възражение за недопустимост, тя заключава, че H & S понякога буквално възпроизвежда доводите, изтъкнати от него пред Първоинстанционния съд. По допустимостта Следва да се напомни, че според трайната съдебна практика от член 225 ЕО, член 58, първа алинея от Статута на Съда и от член 112, параграф 1, буква в) от Процедурния правилник на Съда следва, че жалбата трябва точно да посочва пороците на съдебното решение, чиято отмяна се иска, както и правните доводи, с които по специфичен начин се подкрепя това искане (Решение от 3 март 2005 г. по дело Biegi Nahrungsmittel и Commonfood/Комисия, C-499/03 P, Recueil, стp. I-1751 , точка 37 и цитираната съдебна практика). Жалба, която само повтаря или възпроизвежда буквално вече изложени пред Първоинстанционния съд правни основания и доводи, не отговаря на произтичащите от тези разпоредби изисквания за мотивиране (вж. в този смисъл Решение по дело Biegi Nahrungsmittel и Commonfood/Комисия, посочено по-горе, точка 38 и цитираната съдебна практика). При все това, при положение че жалбоподателят оспорва тълкуването или прилагането на общностното право от страна на Първоинстанционния съд, разгледаните в първата инстанция правни въпроси могат отново да бъдат обсъдени в хода на производството по обжалване. Всъщност, ако жалбоподателят не би могъл да основе жалбата си пред Съда на вече изложени пред Първоинстанционния съд основания и доводи, посоченото производство отчасти би се обезсмислило (Решение по дело Biegi Nahrungsmittel и Commonfood/Комисия, посочено по-горе, точка 39 и цитираната съдебна практика) В конкретния случай обаче следва да се заключи, че макар да използва доводите, които вече е представил пред Първоинстанционния съд в подкрепа на жалбата си за отмяна, жалбоподателят все пак оспорва даденото от последния тълкуване на критериите, които трябва да бъдат изпълнени, за да се отговори на условието, свързано с липсата на груба небрежност на вносителя, предвидено в член 239 от Митническия кодекс. При тези условия настоящата жалба следва да се разгледа. По първата част, свързана със сложността на правната уредба Доводи на страните Според H & S класирането на оризовата хартия в подпозиция 19059020 от КН все още не било установено, както потвърждава фактът, че Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) сезира Съда с преюдициално запитване по дело, регистрирано под номер C-375/07. Това обстоятелство било в подкрепа на позицията на жалбоподателя, който счита, че става въпрос за сложно законодателство, по-специално поради факта че в текста на КН на нидерландски език съществували редакционни недостатъци и че митническата администрация продължавала да приема класиране, за което се твърдяло, че е погрешно. Освен това жалбоподателят счита, че противно на постановеното от Първоинстанционния съд, Регламентът относно класирането не можел да премахне свързаната с класирането на разглежданата стока неяснота, тъй като извършеното съгласно този регламент класиране противоречало на КН и на практиката на Съда, произтичаща от Решение от 11 август 1995 г. по дело Uelzena Milchwerke ( C-12/94, Recueil, стp. I-2397 ). Според Комисията приложимото законодателство не е сложно и във всеки случай Регламентът относно класирането, чието прилагане се разглежда в случая, бил изяснил действащите правила. В действителност доводите на H & S се отнасяли основно до сложността на класирането на оризовата хартия. Такива доводи обаче засягали не процедурата по опрощаване на мита, а наличието на митническото задължение, тоест жалбата, подадена от H & S пред националния съд срещу класирането на тази стока в подпозиция 19059020 от КН, възприето от митническата администрация. Съображения на Съда Следва да се напомни, че за да се прецени дали е налице явна небрежност по смисъла на член 239 от Митническия кодекс, е необходимо да се вземе предвид именно сложността на разпоредбите, неизпълнението на които води до пораждане на митническото задължение, както и професионалният опит и това дали операторът е положил дължимата грижа (Решение от 13 септември 2007 г. по дело Common Market Fertilizers/Комисия, C-443/05 P, Recueil, стp. I-7209 , точка 174 и цитираната съдебна практика). В това отношение са налице убедителни данни относно сложния характер на проблема, който следва да се реши, в случай че предвид съществуващите различия между държавите-членки по отношение на тарифното класиране на дадена стока, е необходимо да се приеме регламент, който окончателно да изясни тарифната позиция, в която трябва да бъде класирана стоката (вж. Решение от 1 април 93 г. по дело Hewlett Packard France, C-250/91, Recueil, стp. I-18 , точка 23). При все това в настоящия случай следва да се заключи, че поисканото от H & S опрощаване на мита се отнасяло до операции по внос, които са извършени именно след влизането в сила на Регламента относно класирането. Макар да е вярно обаче, че по отношение на класирането на въпросната стока текстът на подпозиция 19059020 от КН на нидерландски език изглежда по-малко прецизен в сравнение с текста на други езици, Регламентът относно класирането, който е пряко приложим и задължителен в своята цялост, все пак описва изрично и недвусмислено стоките, които трябва да бъдат класирани в посочената подпозиция и на които съответстват тези, внесени от жалбоподателя (вж. в този смисъл Решение от 20 ноември 2008 г. по дело Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, C-375/07, все още непубликувано в Сборника, точка 52). От горепосоченото следва, че Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил в точка 58 от обжалваното съдебно решение, че с публикуването на Регламента относно класирането е премахната евентуалната сложност на законодателството, породена от липсата на определени думи в текста на позиция 1905 от КН на нидерландски език, и по-конкретно на подпозиция 19059020 от нея. От друга страна, това заключение не се поставя под въпрос от обстоятелството, че в точка 20 от Решение от 26 юни 1990 г. по дело Deutsche Fernsprecher ( C-64/89, Recueil, стp. I-2535 ) Съдът е приел, че в случай като разглеждания по това дело, когато на оператора е потвърдена двукратно обосноваността на погрешната позиция, която е в основата на митническото третиране, повтаряната от митническите власти грешка представлява доказателство за сложността на проблема, който следва да бъде решен. Всъщност по делото, което е в основата на посоченото съдебно решение, както се уточнява в точка 5 от него, съмнявайки в основателността на освобождаването от мита, от което се е ползвал, жалбоподателят е поискал от митническото учреждение да преразгледа неговия случай и така е получил от директора на това учреждение потвърждение за митническото освобождаване. В настоящия случай обаче е безспорно, че H & S не е получило такова потвърждение след запитване на митническата администрация относно практиката ѝ, която не е съобразена с текста на Регламента относно класирането. То просто е подавало митническите декларации, които са приемани до момента, в който тази администрация си е дала сметка за погрешното класиране. От горепосоченото следва, както постановява Първоинстанционният съд в точка 58 от обжалваното съдебно решение, че текстът на разглежданата тарифна правна уредба на нидерландски език, приложим към обстоятелствата по случая, не се характеризира с особена сложност. Следователно първата част трябва да се отхвърли. По втората част, свързана с професионалния опит на вносителя Доводи на страните H & S поддържа, че Първоинстанционният съд неправилно постановява, че професионалният опит на неговия митнически агент трябва да бъде отнесен към него. Жалбоподателят подчертава, от една страна, че се занимава единствено с производство и търговия и че следователно по никакъв начин не е специализиран в операциите по внос. От друга страна, тълкуването на Първоинстанционния съд противоречало на волята на законодателя, тъй като предприятие, което се представлява пряко от даден агент, имало възможност в по-малка степен да се ползва от опрощаване на мита, отколкото дружество, което само подава митническите си декларации. Според Комисията Първоинстанционният съд основателно счита, че професионалният опит на митническия агент трябва да бъде отнесен към предприятието вносител, тъй като при пряко представителство декларацията се изготвя от агента от името и за сметка на вносителя. Впрочем Първоинстанционният съд при всички положения бил заключил, че жалбоподателят е опитен вносител. Съображения на Съда За да се прецени професионалният опит на даден вносител, който се взема предвид с оглед на условието, свързано с липсата на груба небрежност по смисъла на член 239 от Митническия кодекс, е необходимо да се изясни дали става въпрос за икономически оператор, чиято професионална дейност се състои основно във вносни или износни операции и дали същият вече притежава известен опит в осъществяването на тези операции (Решение по дело Söhl & Söhlke, посочено по-горе, точка 57, както и Решение по дело Common Market Fertilizers/Комисия, посочено по-горе, точка 188). Все пак член 5, параграф 2 от Митническия кодекс предвижда възможността даден оператор да бъде представляван. Така за осъществяването на актовете и формалностите, предвидени в митническата правна уредба, представителството на даден оператор може да бъде пряко — когато представителят действа от негово име и за негова сметка, или косвено — когато представителят действа от свое име, но за чужда сметка (Решение по дело Common Market Fertilizers/Комисия, посочено по-горе, точка 184). В това отношение Съдът е уточнил, че операторът, ползващ услугите на митнически агент, независимо дали се представлява пряко или косвено, е във всички случаи длъжник по митническото задължение спрямо митническите власти и не може да се освободи от отговорност, като се позовава на грешките, допуснати от този агент (вж. Решение по дело Common Market Fertilizers/Комисия, посочено по-горе, точки 186 и 187). По същия начин операторът, ползващ услугите на митнически агент, не може да избегне последващото събиране на мита, като се позовава на липсата си на опит в областта на митническите формалности. Всъщност, ако е необходимо, операторите могат да заобиколят изискването, свързано с професионалния опит, като ползват редовно услугите на специалисти в областта на митата, и така, противно на поддържаното от H & S, операторите, осъществяващи сами митническите си операции, ще бъдат поставени в по-неблагоприятно положение с оглед на процедурата, предвидена от член 239 от Митническия кодекс. Освен това, както и самият жалбоподател признава в точка 71 от жалбата си, оператор, който е представляван, безспорно се ползва от професионалния опит на митническия си агент. От посоченото следва, че Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото, като е постановил в точка 70 от обжалваното съдебно решение, че доколкото агентът действа от името и за сметка на вносителя, елементите, свързани с евентуалната небрежност на този агент, включително и професионалният му опит, трябва да бъдат взети предвид с оглед на преценката на небрежността на този вносител. По отношение на доводите на жалбоподателя, целящи да поставят под въпрос преценката на Първоинстанционния съд, съдържаща се в точка 63 от обжалваното съдебно решение, според която самият жалбоподател имал определен опит в областта на вноса, следва да се напомни, че освен в случай на изопачаване на доказателствата, които са му били представени, преценката на фактите не представлява правен въпрос, който в това си качество подлежи на контрол от Съда в рамките на производство по обжалване (вж. Решение по дело Biegi Nahrungsmittel и Commonfood/Комисия, посочено по-горе, точка 40). Ето защо посочените доводи трябва да бъдат отхвърлени като недопустими. Предвид изложените по-горе съображения втората част следва също да бъде отхвърлена. По третата част, свързана с дължимата грижа на вносителя Доводи на страните H & S поддържа, че Първоинстанционният съд нарушава член 239 от Митническия кодекс, като изисква от даден вносител дължимата от него грижа да се простира до оспорването на тарифното класиране, извършвано от митническата му администрация. В случая обаче това дружество не вижда основания за такова поведение, тъй като, от една страна, класирането на изделията „без топлинна обработка“ в тарифна подпозиция 19019099 му изглежда в съответствие с КН, а от друга страна, Регламентът относно класирането може да се отнася единствено до изделията „преминали топлинна обработка“. По-нататък жалбоподателят счита, че от операторите не може да се изисква да познават текстовете на приложимите разпоредби на различните езици, публикувани в Официален вестник на Европейските общности . Ето защо, продължавайки да подава митническите си декларации по подпозиция 19019099 от КН, като същите били приемани от митническата администрация, жалбоподателят положил дължимата грижа. Освен това, ако била проявена небрежност, тя се дължала на неговия митнически агент и то не можело да носи отговорност за нея. Накрая H & S счита, че дори то да е проявило небрежност, тя била минимална в сравнение с допуснатата от посочената администрация. Комисията твърди, че Първоинстанционният съд не е допуснал грешка при прилагане на правото във връзка с прилагането на условието, свързано с дължимата грижа на оператора. Тя напомня, че според съдебната практика при съмнение относно точното прилагане на разпоредбите, чието неизпълнение може да породи митническо задължение, операторът трябва да се осведоми и да потърси всички възможни разяснения, за да не наруши въпросните разпоредби. Безспорно било обаче, че както H & S, така и митническият му агент не се били запознали с Регламента относно класирането, публикуван в Официален вестник на Европейските общности , което само по себе си било проява на небрежност. Те не са могли а fortiori да отправят питане до митническата администрация във връзка с тарифната позиция, която трябвало да се използва за правилното прилагане на КН. Съображения на Съда В началото следва да се напомни, че възстановяването или опрощаването на вносни или износни мита, които могат да се предоставят само при определени условия и в специално предвидени случаи, представляват изключение от нормалния режим на внос и износ, поради което разпоредбите, предвиждащи такова възстановяване или опрощаване, подлежат на стеснително тълкуване. Доколкото липсата на „груба небрежност“ е съществено условие, за да може да се иска възстановяването или опрощаването на вносни или износни мита, то това понятие трябва да се тълкува така, че броят на случаите на възстановяване или опрощаване да остане ограничен (Решение по дело Söhl et Söhlke, посочено по-горе, точка 52). Общностните разпоредби, приложими в областта на митническата тарифа, задължително се публикуват в Официален вестник на Европейските общности . Считано от датата на това публикуване те представляват единственото позитивно право в тази област — право, което всеки трябва да познава (вж. Решение от 12 юли 1989 г. по дело Binder, 161/88, Recueil, стp. 2415 , точка 19). Както се заключава в точка 42 от настоящото съдебно решение обаче, Регламентът относно класирането, който е надлежно публикуван в посочения Официален вестник на Европейските общности , включително редакцията му на нидерландски език, и който следователно е пряко приложим и задължителен в своята цялост, описва изрично и по недвусмислен начин стоките, които трябва да бъдат класирани в подпозиция 19059020 от КН и на които съответстват тези, внесени от H & S. От горепосоченото следва, че жалбоподателят не може да твърди, че е можел добросъвестно да счита, че този регламент не се отнася до внасяните от него стоки, в случая до изделията „без топлинна обработка“. По отношение на грешките от страна на митническата администрация, които дали увереност на жалбоподателя при избора му на подпозиция 19019099 от КН за неговите операции по внос, следва да се посочи, че оператор, който действа с дължимата грижа и се е запознал с Регламент относно класиране, публикуван в Официален вестник на Европейските общности като този в настоящия случай, не може просто да продължи да внася тази стока под код от КН единствено въз основа на факта, че това класиране е прието от тази администрация. Всъщност допускането на такава небрежност би било равнозначно на насърчаване на операторите да се възползват от грешките на техните митнически власти. Както впрочем основателно заключава Първоинстанционният съд в точка 103 от обжалваното съдебно решение, грешката на митническата администрация, която вече е отчетена в настоящия случай при проверката на съществуването на особено положение, по принцип не може да освободи оператора от отговорност за собствената му небрежност. Във всеки случай трябва да се подчертае, че в положение като това на жалбоподателя операторът си запазва възможността да оспори съществуването на митническото задължение, като при необходимост се позовава на незаконосъобразността на Регламента относно класирането, което впрочем H & S прави пред националния съд, сезирал Съда с преюдициално запитване по делото, което е в основата на Решение Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading, посочено по-горе. Относно доводите на H & S, насочени към оспорване на възможността то да носи отговорност за небрежността, проявена от неговия митнически агент, те не могат да бъдат уважени предвид припомненото в точка 52 от настоящото съдебно решение. От това следва, че третата част трябва също да се отхвърли. След като трите части от единственото правно основание, изтъкнато от H & S в подкрепа на жалбата му, са отхвърлени, то също трябва да се отхвърли. По съдебните разноски По смисъла на член 69, параграф 2 от Процедурния правилник, приложим към производството по обжалване по силата на член 118 от този правилник, загубилата делото страна се осъжда да заплати съдебните разноски, ако е направено такова искане. След като Комисията е направила искане за осъждането на H & S и последното е загубило делото, то трябва да бъде осъдено да заплати разноските. По изложените съображения Съдът (втори състав) реши: 1) Отхвърля жалбата. 2) Осъжда Heuschen & Schrouff Oriëntal Foods Trading BV да заплати съдебните разноски. Подписи ( *1 ) Език на производството: нидерландски.

62007TJ0460

nl

Overwegingen van het arrest Voorgeschiedenis van het geding 1. Op 7 januari 2004 heeft verzoekster, Nokia Oyj, bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM) een gemeenschapsmerkaanvraag ingediend krachtens verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (PB 1994, L 11, blz. 1), zoals gewijzigd [vervangen door verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk (PB L 78, blz. 1)]. 2. Het merk waarvan inschrijving is aangevraagd, betreft het woordteken LIFE BLOG. 3. De waren en diensten waarvoor de inschrijving werd aangevraagd, behoren tot de klassen 9, 38 en 41 in de zin van de Overeenkomst van Nice van 15 juni 1957 betreffende de internationale classificatie van de waren en diensten ten behoeve van de inschrijving van merken, zoals herzien en gewijzigd. Zij zijn voor elk van deze klassen omschreven als volgt: – Klasse 9: „Wetenschappelijke, zeevaartkundige, landmeetkundige, fotografische, cinematografische, optische toestellen en instrumenten, en weeg-, meet-, sein-, controle- (inspectie-), hulpverlenings- (reddings-) en onderwijstoestellen en ‑instrumenten; apparaten en instrumenten voor de geleiding, de verdeling, de omzetting, de opslag, het regelen en het sturen van elektrische stroom; apparaten voor het opnemen, overbrengen en weergeven van geluid en beeld; magnetische gegevensdragers, schijfvormige geluidsdragers; verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling; kasregisters, rekenmachines, apparatuur voor het verwerken van gegevens en computers; brandblusapparaten”; – Klasse 38: „Telecommunicatie”; – Klasse 41: „Opvoeding; opleidingen; amusement; het organiseren van sportieve en culturele aangelegenheden”. 4. Deze aanvraag werd op 10 januari 2005 gepubliceerd in het Blad van gemeenschapsmerken nr. 2/2005. 5. Op 4 april 2005 heeft interveniënte, Medion AG, oppositie ingesteld tegen het aangevraagde merk op grond dat er sprake was van verwarringsgevaar in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 8, lid 1, sub b, van verordening (EG) nr. 207/2009]. 6. De oppositie was gebaseerd op alle waren en diensten waarop met name het ingeschreven Duitse woordmerk LIFE (nr. 39 849 644) betrekking had. Dit merk was aangevraagd op 29 augustus 1998 en ingeschreven op 22 februari 1999 voor waren en diensten van de klassen 1, 7 tot en met 11, 16, 21, 28, 37, 38, 41 en 42. 7. De oppositie was gericht tegen alle in de merkaanvraag opgegeven waren en diensten, met uitzondering van „brandblusapparaten” van klasse 9 en „het organiseren van sportieve en culturele aangelegenheden” van klasse 41. 8. Bij beslissing van 27 november 2006 heeft de oppositieafdeling de oppositie toegewezen op grond dat er op het Duitse grondgebied verwarringsgevaar bestond met betrekking tot alle waren en diensten met uitzondering van „reddingstoestellen en ‑instrumenten” en „verkoopautomaten en mechanismen voor apparaten met vooruitbetaling” van klasse 9, die werden geacht te verschillen van de door het oudere merk aangeduide waren. 9. Op 18 januari 2007 heeft verzoekster beroep ingesteld tegen de beslissing van de oppositieafdeling. 10. Bij beslissing van 2 oktober 2007 (hierna: „bestreden beslissing”) heeft de tweede kamer van beroep het beroep verworpen. Na te hebben opgemerkt dat verzoekster geen enkel argument had aangedragen op grond waarvan de beoordeling kon worden weerlegd dat de waren en diensten van de klassen 9, 38 en 41 waarop het aangevraagde merk betrekking heeft en de door het oudere merk aangeduide waren en diensten dezelfde of soortgelijk zijn, heeft de kamer van beroep de beslissing van de oppositieafdeling op dit punt bevestigd. Zoals de oppositieafdeling heeft de kamer van beroep het aangevraagde merk vergeleken met een van de oudere merken van interveniënte, dat de grootste draagwijdte had en waarvan de voorstelling het dichtst aanleunde bij die van verzoeksters merk. 11. Wat de vergelijking van de betrokken tekens betreft, heeft de kamer van beroep zich in punt 24 van de bestreden beslissing in wezen op het standpunt gesteld dat de term „life” of het Duitse equivalent ervan „Leben” niet kon worden geacht de betrokken waren en diensten te beschrijven. Zij heeft in punt 25 van die beslissing daaraan toegevoegd dat het weinig waarschijnlijk was dat het relevante Duitse publiek het Engelse woord „life” associeert met het concept van duurzaamheid. Met betrekking tot de afzwakking van het oudere merk wegens de vermeende co-existentie van een groot aantal overeenstemmende merken heeft de kamer van beroep in de punten 26 en 27 van de bestreden beslissing (punten 27 en 28 van de Engelse versie van deze beslissing) geoordeeld dat dit argument niet werd gestaafd door de uittreksels uit het register van gemeenschapsmerken van het BHIM, aangezien bepaalde van deze merken nog niet waren ingeschreven en andere waren ingetrokken. Voorts heeft de kamer van beroep in punt 28 van de bestreden beslissing (punt 29 van de Engelse versie van deze beslissing) erop gewezen dat het Hof in het arrest van 6 oktober 2005, Medion (C‑120/04, Jurispr. blz. I‑8551) het normale onderscheidend vermogen van de term „life” had erkend. 12. Wat de term „blog” betreft, was de kamer van beroep in de punten 30 en 32 van de bestreden beslissing (punten 31 en 33 van de Engelse versie van deze beslissing) van mening dat algemeen werd erkend dat deze term de afkorting van „weblog” was, waarmee een regelmatig geactualiseerd, persoonlijk dagboek op internet wordt aangeduid, en heeft de vaststelling van de oppositieafdeling bevestigd dat voor een deel van de betrokken waren en diensten die waren en diensten in verband met internet kunnen omvatten, het woord „blog” „vrij zwak” was, aangezien de gemiddelde consument van waren en diensten die verband houden met informatietechnologieën, dit woord associeert met de kenmerken van die waren en diensten. 13. Met betrekking tot de andere waren en diensten heeft de kamer van beroep zich in punt 32 van de bestreden beslissing (punt 33 van de Engelse versie van deze beslissing) op het standpunt gesteld dat het Hof, door uitspraak te doen op de oppositie tussen hetzelfde teken LIFE en het teken THOMSON LIFE, het bestaan van verwarringsgevaar had vastgesteld. Aangezien het Hof tot deze conclusie was gekomen in een context waarin het element „life” als tweede was geplaatst en waarin het tevens elektrische waren betrof, kan de relatieve „sterkte” of „zwakte” van de term „blog” de eindconclusie niet bovenmatig beïnvloeden. 14. Wat ten slotte de beoordeling van de merken in hun geheel betreft, heeft de kamer van beroep in de punten 33 en 34 van de bestreden beslissing (punten 34 en 35 van de Engelse versie van deze beslissing) gesteld dat er overeenkomstig het arrest Medion (punt 11 supra) verwarringsgevaar bestond doordat de term „life” een zelfstandige onderscheidende rol speelde in het aangevraagde teken, zonder evenwel het dominerende bestanddeel ervan te zijn, en doordat het Duitse publiek het aangevraagde merk opvat als een teken dat economisch verbonden is met het oudere merk. Volgens de kamer van beroep is deze conclusie allereerst gebaseerd op het feit dat de identieke of soortgelijke aard van de betrokken waren en diensten het duidelijke fonetische en visuele verschil tussen de merken compenseert, ten tweede op het feit dat de aandacht van de consument meer wordt getrokken door het begin van het teken, dat derhalve gemakkelijker wordt gememoriseerd, en ten derde op het feit dat de door de betrokken tekens overgebrachte concepten elkaar deels overlappen. Conclusies van partijen 15. Verzoekster concludeert dat het het Gerecht behage: – de bestreden beslissing te vernietigen; – de oppositie af te wijzen; – de zaak terug te verwijzen naar het BHIM voor inschrijving van het aangevraagde merk; – het BHIM te verwijzen in de kosten. 16. Het BHIM en interveniënte concluderen dat het het Gerecht behage: – het beroep te verwerpen; – verzoekster te verwijzen in de kosten. Ontvankelijkheid van de tweede en de derde vordering Argumenten van partijen 17. Het BHIM concludeert tot de niet-ontvankelijkheid van de tweede en de derde vordering van verzoekster, te weten de vorderingen strekkende tot afwijzing van de oppositie en tot inschrijving van het aangevraagde merk, op grond dat het bevelen betreft. Beoordeling door het Gerecht 18. Er zij aan herinnerd dat volgens vaste rechtspraak in het kader van een beroep voor de gemeenschapsrechter tegen de beslissing van een kamer van beroep van het BHIM, dit laatste ingevolge artikel 63, lid 6, van verordening nr. 40/94 [thans artikel 65, lid 6, van verordening nr. 207/2009] verplicht is, de maatregelen te treffen die nodig zijn ter uitvoering van het arrest van deze rechter. Het Gerecht kan derhalve geen bevelen richten tot het BHIM [arresten Gerecht van 31 januari 2001, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld/BHIM (Giroform), T‑331/99, Jurispr. blz. II‑433, punt 33, en 14 februari 2008, Orsay/BHIM – Jiménez Arellano (O orsay), T‑39/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 15]. 19. Derhalve moet de derde vordering van verzoekster, die ertoe strekt dat het Gerecht het BHIM gelast om het aangevraagde merk in te schrijven, niet-ontvankelijk worden verklaard. 20. Wat de tweede vordering betreft, volstaat het op te merken dat deze enkel zal moeten worden onderzocht wanneer de vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing wordt toegewezen. Ontvankelijkheid van de voor het eerst voor het Gerecht overgelegde documenten Argumenten van partijen 21. Het BHIM en interveniënte betogen dat de bijlagen A 1 tot en met A 4 bij het verzoekschrift, die ertoe strekken het bewijs te leveren van de co‑existentie van merken met de term „life” op de markt, op geen enkel ogenblik werden overgelegd tijdens de administratieve procedure voor het BHIM, zodat zij niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Beoordeling door het Gerecht 22. Het beroep bij het Gerecht is gericht op toetsing van de rechtmatigheid van de beslissingen van de kamers van beroep van het BHIM in de zin van artikel 63 van verordening nr. 40/94. Het Gerecht heeft derhalve niet tot taak de feiten opnieuw te onderzoeken tegen de achtergrond van bewijsstukken die voor het eerst voor hem zijn aangevoerd [arresten Gerecht van 18 februari 2004, Koubi/BHIM – Flabesa (CONFORFLEX), T‑10/03, Jurispr. blz. II‑719, punt 52, en 27 oktober 2005, Éditions Albert René/BHIM – Orange (MOBILIX), T‑336/03, Jurispr. blz. II‑4667, punten 15 en 16]. 23. In dit verband dient te worden opgemerkt dat verzoekster in het kader van de procedure voor het BHIM het argument had aangevoerd dat de co-existentie van de oudere merken het bewijs kon leveren van de „mate van verwatering” van het woord „life” [zie punten 11, 23 en 27 van de bestreden beslissing (punten 11, 23 en 28 van de Engelse versie van deze beslissing)], zodat zij de stukken ter staving van dit betoog voor het BHIM had moeten overleggen. 24. Hieruit volgt dat de bijlagen A 1 tot en met A 4, die ertoe strekken het bewijs te leveren van de co-existentie van merken met de term „life” op de markt en die op geen enkel ogenblik werden overgelegd in het kader van de procedure voor het BHIM, niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. Ontvankelijkheid van de argumenten en bewijsstukken die reeds voor het BHIM werden aangevoerd Argumenten van partijen 25. Het BHIM stelt vast dat de algemene verwijzing door verzoekster in het verzo ekschrift naar de geschriften die tijdens de procedure voor het BHIM zijn overgelegd, niet voldoet aan de vereisten van artikel 44, lid 1, sub c, van het Reglement voor de procesvoering van het Gerecht. Derhalve zijn verzoeksters argumenten inzake de mate van onderscheidend vermogen van huis uit van het oudere merk en de verschillen tussen de betrokken merken niet-ontvankelijk. Beoordeling door het Gerecht 26. Volgens artikel 44, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering moet het verzoekschrift een summiere uiteenzetting van de aangevoerde middelen bevatten. Volgens de rechtspraak moet deze uiteenzetting voldoende duidelijk en nauwkeurig zijn opdat de verwerende partij haar verweer kan voorbereiden en het Gerecht op het beroep kan beslissen, in voorkomend geval, zonder daarvoor verdere informatie nodig te hebben [zie arrest Gerecht van 21 april 2004, Concept/BHIM (ECA), T‑127/02, Jurispr. blz. II‑1113, punt 17, en aangehaalde rechtspraak]. 27. Ofschoon het verzoekschrift als zodanig op specifieke punten kan worden gestaafd en aangevuld door verwijzingen naar bepaalde passages uit bijgevoegde stukken, kan een algemene verwijzing naar andere geschriften, ook al zijn die bij het verzoekschrift gevoegd, het ontbreken van de essentiële elementen van het betoog rechtens, die volgens bovengenoemde bepaling in het verzoekschrift moeten worden vermeld, niet verhelpen (zie arrest ECA, punt 26 supra, punt 18, en aangehaalde rechtspraak). 28. Wat in casu in de eerste plaats de punten van overeenstemming en verschil tussen de betrokken tekens betreft, heeft verzoekster in het verzoekschrift (punt 29) enkel op het volgende gewezen: „Verzoekster zal niet uitweiden over de punten van verschil en overeenstemming tussen de betrokken merken, omdat deze evident zijn en uitvoerig zijn onderzocht in een eerdere fase van de procedure. Ten einde zich te houden aan het gevraagde maximum aantal bladzijden, verwijst verzoekster dan ook naar de argumenten en bewijsstukken die voor het BHIM en de kamer van beroep werden aangevoerd.” 29. Verzoekster zegt dus niet welke specifieke punten van het verzoekschrift zij door deze verwijzing wenst aan te vullen, en zij zegt evenmin in welke geschriften haar eventuele argumenten worden uiteengezet. 30. In deze omstandigheden dient het Gerecht niet in die geschriften en bijlagen te zoeken naar de argumenten waarnaar verzoekster zou kunnen verwijzen, en dient het deze evenmin te onderzoeken, aangezien dergelijke argumenten niet-ontvankelijk zijn. 31. Wat in de tweede plaats de argumenten inzake het onderscheidend vermogen van het oudere merk betreft, dient te worden vastgesteld dat, hoewel verzoekster in punt 28 van het verzoekschrift heeft verwezen naar de voor het BHIM aangevoerde argumenten en bewijsstukken, zij in het bijzonder in de punten 22 tot en met 27 van het verzoekschrift de argumenten ter ondersteuning van een zwak onderscheidend vermogen van dit merk heeft ontwikkeld. Het is dus op basis van deze argumenten dat het Gerecht de kritiek op de bestreden beslissing zal onderzoeken. 32. Om dezelfde redenen als die welke in de punten 26 tot en met 30 supra zijn uiteengezet, is het Gerecht evenwel niet verplicht tot een onderzoek van de „voor het BHIM en de kamer van beroep aangevoerde argumenten en bewijsstukken” (punt 28 van het verzoekschrift), die niet zijn aangeduid of gepreciseerd in het verzoekschrift. Vordering tot vernietiging van de bestreden beslissing Argumenten van partijen 33. Verzoekster voert één middel aan, te weten schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. 34. Verzoekster betoogt dat de kamer van beroep blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door zich te baseren op het arrest Medion (punt 11 supra), omdat in casu niet is voldaan aan de door het Hof geformuleerde cumulatieve voorwaarden: in de onderhavige zaak gaat het niet om een merk bestaande in de combinatie van een ouder merk met de firmanaam van een onderneming, het oudere merk heeft geen normaal onderscheidend vermogen en het oudere merk oefent geen „zelfstandige rol” uit in het jongere merk. Verzoekster preciseert dat in het aangevraagde merk de term „blog” niet de maatschappelijke benaming van verzoekster is. 35. Het begrip „zelfstandige rol” van een merk betekent dat het element dat niet het gemeenschappelijke deel van de betrokken merken vormt, ook in staat is om de oorsprong van de waren en diensten aan te duiden, los van het samengestelde merk. Door de nevenschikking van een nieuw merk en de naam van de onderneming wekt het samengestelde teken de indruk dat het ziet op een bepaalde productlijn van de waren en diensten van de onderneming. Volgens verzoekster zou een correcte analyse overeenkomstig de rechtspraak van het Gerecht erin bestaan dat voor het bestaan van verwarringsgevaar wordt vastgesteld dat het element dat het oudere merk vormt, het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk is, hetgeen niet het geval kan zijn bij de term „life” in het aangevraagde merk, die minder onderscheidend vermogen heeft dan de term „blog”. 36. Ook wijst verzoekster erop dat, in tegenstelling tot de opvatting van de kamer van beroep, volgens welke het oudere merk een normaal onderscheidend vermogen heeft, dit merk een „zwak merk” is, en dat het Hof in het kader van het arrest Medion (punt 11 supra) niet is kunnen overgaan tot een dergelijke kwalificatie, aangezien het een prejudiciële verwijzing betrof. Verder wijst zij erop dat het aan de kamer van beroep was om het onderscheidend vermogen van het oudere merk te beoordelen. 37. Ten slotte stelt verzoekster dat het element dat het oudere merk vormt, in de betrokken sector een zeer gangbare term is, en dat dit merk co-existeert op de markten wat de relevante waren en diensten en de consumenten betreft. 38. Het BHIM en interveniënte vorderen afwijzing van dit middel. Beoordeling door het Gerecht 39. Volgens artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 wordt na oppositie door de houder van een ouder merk inschrijving van het aangevraagde merk geweigerd wanneer „het gelijk is aan of overeenstemt met het oudere merk en betrekking heeft op dezelfde of soortgelijke waren of diensten, indien daardoor verwarring bij het publiek kan ontstaan op het grondgebied waarop het oudere merk beschermd wordt; verwarring omvat het gevaar van associatie met het oudere merk”. 40. Voorts moet volgens artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 8, lid 2, sub a‑ii, van verordening nr. 207/2009) onder oudere merken worden verstaan, de in een lidstaat ingeschreven merken waarvan de datum van de inschrijvingsaanvraag voorafgaat aan die van de gemeenschapsmerkaanvraag. 41. Volgens vaste rechtspraak is er sprake van verwarringsgevaar wanneer het publiek kan menen dat de betrokken waren of diensten van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen afkomstig zijn [zie arrest Gerecht van 10 september 2008, Boston Scientific/BHIM – Terumo (CAPIO), T‑325/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70, en aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arresten Hof van 29 september 1998, Canon, C‑39/97, Jurispr. blz. I‑5507, punt 29, en 22 juni 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Jurispr. blz. I‑3819, punt 17]. 42. Het gevaar voor verwarring bij het publiek dient globaal te worden beoordeeld, met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval (zie arrest CAPIO, punt 41 supra, punt 71, en aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arresten Hof van 11 november 1997, SABEL, C‑251/95, Jurispr. blz. I‑6191, punt 22; Canon, punt 41 supra, punt 16, en Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 41 supra, punt 18). 43. Deze globale beoordeling veronderstelt een zekere onderlinge samenhang tussen de in aanmerking te nemen factoren, met name tussen de overeenstemming van de merken en de soortgelijkheid van de waren of diensten waarop zij betrekking hebben. Zo kan een geringe mate van soortgelijkheid van de betrokken waren of diensten worden gecompenseerd door een hoge mate van overeenstemming van de merken, en omgekeerd [arrest Hof van 13 september 2007, Il Ponte Finanziaria/BHIM, C‑234/06 P, Jurispr. blz. I‑7333, punt 48; arrest Gerecht van 23 oktober 2002, Matratzen Concord/BHIM – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Jurispr. blz. II‑4335, punt 25; zie ook, naar analogie, arrest Canon, punt 41 supra, punt 17]. De onderlinge samenhang tussen deze factoren komt tot uitdrukking in de zevende overweging van de considerans van verordening nr. 40/94 (thans overweging 8 van de considerans van verordening nr. 207/2009), waarin wordt gesteld dat het begrip overeenstemming dient te worden uitgelegd in samenhang met het gevaar voor verwarring, waarvan de afweging afhangt van vele factoren, met name de bekendheid van het merk op de markt, de mogelijkheid van associatie van het merk met het gebruikte of ingeschreven teken en de mate van overeenstemming tussen het merk en het teken en tussen de erdoor geïdentificeerde waren of diensten (zie arrest CAPIO, punt 41 supra, punt 72, en aangehaalde rechtspraak). 44. Bovendien dient de globale beoordeling, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze tekens wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan. Blijkens de formulering van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, volgens hetwelk „verwarring bij het publiek kan ontstaan”, speelt immers de wijze waarop de gemiddelde consument van het betrokken type waren of diensten het merk percipieert, een beslissende rol bij de globale beoordeling van het verwarringsgevaar. De gemiddelde consument neemt een merk gewoonlijk als een geheel waar en let niet op de verschillende details ervan (zie arrest CAPIO, punt 41 supra, punt 73, en aangehaalde rechtspraak; zie ook, naar analogie, arrest SABEL, punt 42 supra, punt 23). 45. Voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar wordt de gemiddelde consument van de betrokken waren geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Voorts moet er rekening mee worden gehouden, dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft, de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, maar moet afgaan op het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven. Ook moet in aanmerking worden genomen dat het aandachtsniveau van de gemiddelde consument kan variëren naargelang van de soort waren of diensten waarom het gaat [arresten Gerecht van 23 oktober 2002, Oberhauser/BHIM – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, Jurispr. blz. II‑4359, punt 28, en 30 juni 2004, BMI Bertollo/BHIM – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Jurispr. blz. II‑1887, punt 38; zie ook, naar analogie, arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer, punt 41 supra, punt 26]. 46. In casu is het oudere merk een in Duitsland ingeschreven nationaal merk, ten aanzien waarvan de bestreden beslissing werd vastgesteld. Derhalve moet, zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing heeft vastgesteld, het onderzoek worden beperkt tot het Duitse grondgebied. 47. Tevens staat vast dat het relevante publiek, zoals de kamer van beroep in punt 21 van de bestreden beslissing op goede gronden heeft gesteld, bestaat uit de gemiddelde Duitse consument, die wordt geacht normaal geïnformeerd en redelijk omzichtig en oplettend te zijn. Aangezien bepaalde waren en diensten duur kunnen zijn, zal het publiek noodzakelijkerwijs aandachtiger zijn. Deze vaststellingen, die door partijen niet zijn betwist, moeten worden overgenomen. 48. Tegen de achtergrond van deze overwegingen dient de beoordeling door de kamer van beroep van het gevaar voor verwarring van de conflicterende tekens te worden onderzocht. Soortgelijkheid van de waren en diensten 49. Op dit punt volstaat de vaststelling dat het standpunt van de kamer van beroep in punt 18 van de bestreden beslissing, dat verwijst naar de analyse van de oppositieafdeling, moet worden gevolgd, aangezien verzoekster geen enkele grief heeft geformuleerd tegen de bestreden beslissing met betrekking tot de identieke of soortgelijke aard van de betrokken waren en diensten. Overeenstemming van de tekens 50. Zoals in punt 44 supra reeds is opgemerkt, dient de globale beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de visuele, fonetische of begripsmatige overeenstemming van de betrokken merken betreft, te berusten op de totaalindruk die door deze merken wordt opgeroepen, waarbij in het bijzonder rekening dient te worden gehouden met de onderscheidende en dominerende bestanddelen ervan [zie arresten Gerecht van 14 oktober 2003, Phillips-Van Heusen/BHIM – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Jurispr. blz. II‑4335, punt 47, en CAPIO, punt 41 supra, punt 88, en aangehaalde rechtspraak; zie, naar analogie, arrest SABEL, punt 42 supra, punt 23]. 51. Uit de rechtspraak volgt eveneens dat twee merken overeenstemmen wanneer zij uit het oogpunt van het relevante publiek ten minste voor een deel gelijk zijn wat één of meer relevante aspecten betreft [arresten MATRATZEN, punt 43 supra, punt 30, en CAPIO, punt 41 supra, punt 89; zie ook, naar analogie, arrest SABEL, punt 42 supra, punt 23). 52. De kamer van beroep heeft in punt 35 van de bestreden beslissing (punt 36 van de Engelse versie van deze beslissing) geconcludeerd dat bij een globale beoordeling de betrokken merken overeenstemden. Deze beoordeling moet worden bevestigd. 53. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat de te vergelijken tekens LIFE en LIFE BLOG zijn. 54. Wat in de eerste plaats de visuele vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat het aangevraagde merk bestaat uit twee woorden, die in hoofdletters zijn geschreven en in totaal acht letters bevatten. Het oudere merk bestaat uit één woord, dat ook in hoofdletters is geschreven en in totaal vier letters bevat. Deze verschillen worden evenwel gecompenseerd door het feit dat het woord „life” in beide tekens voorkomt en de getrouwe weergave van het oudere merk vormt. 55. De conflicterende tekens stemmen dus op visueel vlak in zekere mate overeen doordat het enige element van het oudere merk het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is. Aangezien het om twee woordmerken gaat, zijn zij bovendien in niet-gestileerde vorm geschreven voor de beoordeling van de visuele overeenstemming. De gemiddelde consument, die normaal moet afgaan op het onvolmaakte beeld van de merken dat hem is bijgebleven, kan derhalve de betrokken merken visueel verwarren [zie, in die zin, arrest Gerecht van 4 mei 2005, Reemark/BHIM – Bluenet (Westlife), T‑22/04, Jurispr. blz. II‑1559, punt 34]. 56. Wat in de tweede plaats de fonetische vergelijking betreft, dient te worden opgemerkt dat het aangevraagde merk twee woorden bevat, en het oudere merk slechts één. De twee tekens worden dus verschillend uitgesproken. Toch is er sprake van een zekere fonetische overeenstemming van de twee tekens, in hun geheel beschouwd, doordat het eerste woord van het aangevraagde merk en het enige woord van het oudere merk hetzelfde zijn en op dezelfde wijze worden uitgesproken [zie, in die zin, arrest Gerecht van 27 september 2007, La Mer Technology/BHIM – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 123]. 57. Wat in de derde plaats de begripsmatige vergelijking betreft, dient te worden vastgesteld dat de term „life” een gangbaar Engels woord is dat gemakkelijk kan worden begrepen door een gemiddeld Duitstalig publiek. Voor alle betrokken waren en diensten verwijst deze term „life” eerder naar het begrip leven (life) dan naar een bepaalde levensduur van deze waren en diensten. Dezelfde begripsinhoud kan worden gevonden in het aangevraagde merk, dat – ten minste voor zij die de betekenis van het woord „blog” begrijpen – verwijst naar een persoonlijk online dagboek. 58. Er dient te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het extra begrip „blog” dat is verbonden aan het aangevraagde merk, niet in staat is om de verwijzing te verdringen naar het begrip leven (life) dat beide tekens gemeen hebben en niet kan worden geacht van weinig belang of zelfs verwaarloosbaar te zijn, zodat er sprake is van een zekere begripsmatige overeenstemming van de betrokken tekens. Verwarringsgevaar 59. Er zij aan herinnerd dat er verwarringsgevaar bestaat indien zowel de mate van overeenstemming van de betrokken merken als de mate van soortgelijkheid van de door deze merken aangeduide waren of diensten hoog genoeg is (arrest MATRATZEN, punt 43 supra, punt 45). 60. In dit verband is het juist dat de consument normaal meer belang hecht aan het eerste deel van de woorden, aangezien dit met meer nadruk wordt uitgesproken [zie, in die zin, arrest Gerecht van 27 februari 2008, Citigroup/BHIM – Link Interchange Network (WORLDLINK), T‑325/04, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 82], maar noch het bestanddeel „life” noch het bestanddeel „blog” komt duidelijk naar voren als het dominerende bestanddeel van het in casu aangevraagde merk. Dienaangaande zou het onnatuurlijk zijn te stellen dat het woord „life” dominerend is omdat het het eerste bestanddeel van het aangevraagde merk is, maar evenmin bestaat er enige reden om het bestanddeel „blog” als dominerend aan te merken (zie, in die zin, arrest Westlife, punt 55 supra, punt 36). 61. Daaraan dient te worden toegevoegd dat niet op goede gronden kan worden aangevoerd dat het woord „life” op welke wijze dan ook de betrokken waren en diensten beschrijft. 62. Wat verder de term „blog” betreft, dient een onderscheid te worden gemaakt naargelang de betrokken waren en diensten. Bij gebruik ervan voor waren en diensten op het gebied van informatica of telecommunicatie moet de term „blog” immers worden geacht een beperkt onderscheidend vermogen te hebben, aangezien voor dit domein deze term over het algemeen wordt begrepen, zelfs door de gemiddelde Duitse consument van die waren of diensten, als een verwijzing naar een online dagboek (weblog). In deze categorie zal het woord „life” dus een groter onderscheidend vermogen hebben dan het woord „blog”. 63. Wat daarentegen alle andere waren of diensten betreft, die geen element inzake informatica of telecommunicatie bevatten en waarvoor de term „blog” dus geen enkele betekenis heeft, dient te worden vastgesteld dat noch het element „life” noch het element „blog” duidelijk naar voren komt als het element met het grootste onderscheidend vermogen. Zoals het BHIM evenwel terecht heeft opgemerkt, zal het grotere onderscheidend vermogen van huis uit van de term blog, gesteld dat dit is aangetoond, enigszins worden gecompenseerd door het feit dat de term „life” aan het begin van het teken staat, aangezien de aandacht van het publiek normaalgezien vooral op het begin van het aangevraagde teken is gericht. 64. In casu werd reeds vastgesteld in punt 49 supra dat de betrokken waren en diensten deels dezelfde en deels soortgelijk zijn. Gelet op de vaststellingen in de punten 60 tot en met 63 supra, kan voorts de door de conflicterende tekens opgeroepen totaalindruk voldoende overeenstemming creëren om bij de consument verwarringsgevaar te doen ontstaan. Zelfs indien het relevante publiek, daaronder begrepen h et publiek met een hoger aandachtsniveau, de litigieuze tekens van elkaar kan onderscheiden, is het niettemin mogelijk, zoals het BHIM heeft opgemerkt, dat het ertoe wordt gebracht te denken dat de merken afkomstig zijn van dezelfde onderneming of, in voorkomend geval, van economisch verbonden ondernemingen, die worden geïdentificeerd door de term „life”. 65. Zoals blijkt uit punt 60 supra, wijst niets erop dat in casu het woord „life” minder uitgesproken is dan het woord „blog” in het aangevraagde merk. In casu blijkt dat het verschil tussen de betrokken twee tekens inzake het laatste woord van het aangevraagde merk niet volstaat om de vastgestelde overeenstemming tussen een van de twee elementen van het aangevraagde merk en het enige bestanddeel van het oudere merk te compenseren. 66. Verder dient te worden opgemerkt dat, ook al zou er in casu een daadwerkelijk begripsmatig verschil tussen de tekens bestaan, dit verschil de voorheen vastgestelde visuele en fonetische overeenstemming niet ongedaan kan maken (zie, in dit verband, arrest Hof van 18 december 2008, Éditions Albert René/BHIM, C‑16/06 P, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 98). 67. Ten slotte is verzoekster niet erin geslaagd om een afzwakking van het onderscheidend vermogen van het oudere merk aan te tonen, aangezien het bewijs van de co-existentie van merken met de term „life” niet werd geleverd. 68. In dit verband dient eraan te worden herinnerd dat het weliswaar niet volledig uitgesloten is dat in bepaalde gevallen de co-existentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze co-existentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept en het oudere merk van de interveniënt waarop die oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn [zie arrest Gerecht van 7 november 2007, NV Marly/BHIM – Erdal (Top iX), T‑57/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 97, en aangehaalde rechtspraak]. 69. Er dient evenwel te worden vastgesteld dat in casu niet het bewijs is geleverd dat de op de markt co-existerende inschrijvingen identiek zijn, zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt in punt 27 van de bestreden beslissing (punt 28 van de Engelse versie van deze beslissing). Bovendien heeft verzoekster in elk geval geenszins aangetoond dat deze co-existentie berustte op het ontbreken van verwarringsgevaar [arrest Gerecht van 11 mei 2005, Grupo Sada/BHIM – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, Jurispr. blz. II‑1667, punt 87]. 70. Verder moet eraan worden herinnerd dat zelfs in het geval van een ouder merk met een zwak onderscheidend vermogen en een aangevraagd merk dat geen exacte kopie daarvan is, er sprake kan zijn van verwarringsgevaar, in het bijzonder door overeenstemming van de tekens en soortgelijkheid van de waren of diensten (beschikking Hof van 27 april 2006, L’Oréal/BHIM, C‑235/05 P, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 53). 71. Hieruit volgt dat de mate van overeenstemming van de betrokken merken en de gelijkheid of de mate van soortgelijkheid van de erdoor aangeduide waren en diensten tezamen genomen hoog genoeg zijn. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat er bij het betrokken publiek gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestond. 72. Gelet op de conclusie van de kamer van beroep in punt 33 van de bestreden beslissing (punt 34 van de Engelse versie van deze beslissing) en zonder dat de relevantie behoeft te worden nagegaan van het feit dat de kamer van beroep zich onder meer heeft gebaseerd op het arrest Medion (punt 11 supra), op grond dat het element „blog” noch een merk noch de naam van een bekende onderneming was, dient te worden vastgesteld dat het onderzoek door de kamer van beroep met betrekking tot de beoordeling van het verwarringsgevaar gelet op de soortgelijkheid van de waren en diensten en de overeenstemming van de betrokken tekens moet worden bevestigd. 73. Bovendien is het volgens de rechtspraak mogelijk dat, wanneer een samengesteld merk bestaat uit de nevenschikking van een element en een ander merk, laatstgenoemd merk een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het samengestelde merk, zelfs wanneer het niet het dominerende bestanddeel van het samengestelde merk vormt. In een dergelijk geval kunnen het samengestelde merk en dit andere merk worden geacht overeen te stemmen [arrest Gerecht van 2 december 2008, Harman International Industries/BHIM – Becker (Barbara Becker), T‑212/07, nog niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 37; zie ook arrest Medion, punt 11 supra, punten 30 en 37]. In casu dient te worden vastgesteld dat gelet op het voorgaande het element „life” een zelfstandige onderscheidende plaats behoudt in het aangevraagde merk. 74. Bijgevolg dient het enige middel, ontleend aan schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, ongegrond te worden verklaard, en het beroep in zijn geheel te worden verworpen, zonder dat uitspraak hoeft te worden gedaan over de ontvankelijkheid van de tweede vordering van verzoekster, die ertoe strekt dat het Gerecht de oppositie van interveniënte afwijst [zie, in die zin, arrest Gerecht van 22 mei 2008, NewSoft Technology/BHIM – Soft (Presto! Bizcard Reader), T‑205/06, niet gepubliceerd in de Jurisprudentie, punt 70]. Kosten 75. Volgens artikel 87, lid 2, van het Reglement voor de procesvoering wordt de in het ongelijk gestelde partij verwezen in de kosten, voor zover dit is gevorderd. Aangezien verzoekster in het ongelijk is gesteld, dient zij overeenkomstig de vorderingen van het BHIM en interveniënte te worden verwezen in de kosten. HET GERECHT (Achtste kamer), Dictum rechtdoende, verklaart: 1) Het beroep wordt verworpen. 2) Nokia Oyj wordt verwezen in de kosten.

62006TJ0079

pt

Pedido de anulação parcial da Decisão C (2005) 4634 final da Comissão, de 30 de Novembro de 2005, relativa a um processo de aplicação do artigo 81.° [CE] (processo COMP/F/38.354 – Sacos industriais), respeitante a um cartel no mercado dos sacos industriais em plástico, bem como, a título subsidiário, pedido de reforma da referida decisão. Dispositivo 1) É negado provimento ao recurso. 2) A Sachsa Verpackung GmbH é condenada nas despesas.

62001CJ0388

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 8 octobre 2001, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l'article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en réservant des avantages tarifaires discriminatoires pour l'accès aux musées, monuments, galeries, fouilles archéologiques, parcs et jardins classés monuments publics, accordés par les collectivités locales ou nationales décentralisées aux seuls ressortissants italiens ou aux seuls résidents sur le territoire desdites collectivités gérant l'installation culturelle en question âgés de plus de 60 ou 65 ans, et en excluant de tels avantages les touristes ressortissants des autres États membres ou les non-résidents qui satisfont aux mêmes conditions objectives d'âge, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE et 49 CE. La réglementation nationale 2 L'article 1er, paragraphe 1, du décret n° 507 du ministère du Patrimoine culturel et des Sites naturels, du 11 décembre 1997, intitulé «Règlement instituant le billet d'entrée aux monuments, musées, galeries, fouilles archéologiques, parcs et jardins classés monuments nationaux» (GURI n° 35, du 12 février 1998, p. 13), dispose: «L'entrée aux monuments, musées, galeries, fouilles archéologiques, parcs et jardins classés monuments nationaux est autorisée contre paiement d'un billet dont la validité peut ne pas dépendre de la date d'émission.» 3 Aux termes de l'article 4, paragraphe 3, du même décret: «L'entrée gratuite est accordée: [...] e) aux citoyens italiens âgés de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante ans. Les visiteurs de moins de douze ans doivent être accompagnés; [...]» 4 Le décret n° 375 du même ministère, du 28 septembre 1999, intitulé «Règlement portant modification du décret ministériel n° 507, du 11 décembre 1997, instituant le billet d'entrée aux monuments, musées, galeries, fouilles archéologiques, parcs et jardins classés monuments nationaux» (GURI n° 253, du 27 octobre 1999, p. 20), prévoit à son article unique: «1. Les modifications suivantes sont apportées à l'article 4 du décret n° 507, du 11 décembre 1997: a) au paragraphe 3, point e), la première phrase est remplacée par la phrase suivante: aux citoyens de l'Union européenne âgés de moins de dix-huit ans ou de plus de soixante-cinq ans; [...]» La procédure précontentieuse 5 Après avoir été saisie de plusieurs plaintes au cours de l'année 1998, la Commission a effectué des enquêtes qui ont abouti à la conclusion que le régime tarifaire préférentiel applicable aux personnes âgées de plus de 60 ou 65 ans pour l'entrée au Palais des Doges, à Venise (Italie), ainsi que, notamment, aux musées communaux des villes italiennes de Trévise, de Padoue et de Florence comportait une discrimination fondée soit sur la nationalité, soit sur la résidence, au détriment des ressortissants des États membres autres que la République italienne. 6 Plusieurs courriers de la Commission par lesquels celle-ci demandait au gouvernement italien de lui fournir des informations à ce sujet étant restés sans réponse, la Commission a, le 1er juillet 1999, adressé une lettre de mise en demeure à la République italienne. 7 Par lettre du 5 octobre 1999, les autorités italiennes ont informé la Commission d'une modification imminente du décret n° 507, en vue d'étendre à tous les citoyens des États membres le régime tarifaire préférentiel d'entrée dans les musées nationaux réservé jusqu'alors aux citoyens italiens. Lesdites autorités ont en outre précisé qu'une interprétation extensive de la réglementation en vigueur permet en fait l'application des avantages tarifaires litigieux à tous les citoyens communautaires. 8 Estimant que la réponse du gouvernement italien n'était pas satisfaisante, la Commission a, le 2 février 2000, adressé un avis motivé à la République italienne en relevant, notamment, que la modification annoncée concernait les musées et monuments nationaux et non pas les musées et monuments communaux dont font partie les musées de Florence, de Padoue, de Trévise et de Venise. Par ailleurs, l'interprétation extensive de la réglementation en vigueur ne suffirait pas à éliminer le manquement. En outre, selon la circulaire ministérielle n° 1560, du 11 mars 1998, qui a pour objet d'interpréter le décret n° 507, l'extension du bénéfice des avantages tarifaires réservés par la réglementation en vigueur aux seuls citoyens italiens serait laissée à l'appréciation discrétionnaire du gestionnaire de l'établissement touristique concerné. 9 Le 12 octobre 2000, la Commission a été saisie d'une nouvelle plainte relative au Palais des Doges, selon laquelle la gratuité du droit d'entrée accordée aux personnes âgées de plus de 60 ans ne profiterait qu'aux seuls citoyens italiens. 10 Le 13 novembre 2000, la Commission a adressé une lettre à la République italienne pour lui demander des explications à cet égard et une copie des règlements relatifs à l'accès aux différents musées en Italie. Par ailleurs, par lettre du 2 avril 2001, la Commission a, notamment, demandé aux autorités italiennes de préciser les moyens par lesquels elles entendaient mettre un terme à la discrimination exercée à l'égard des ressortissants communautaires autres que les citoyens italiens en ce qui concerne les sites du patrimoine culturel italien dont les communes sont propriétaires. 11 Aucune réponse n'étant parvenue à la Commission dans le délai de deux mois imparti par l'avis motivé, celle-ci a décidé d'introduire le présent recours. Sur le recours 12 La Cour a déjà jugé qu'une réglementation nationale relative à l'accès aux musées d'un État membre, qui comporte une discrimination au détriment des seuls touristes étrangers, est, pour les ressortissants des autres États membres, interdite par les articles 7 et 59 du traité CEE (devenus respectivement articles 6 et 59 du traité CE, eux-mêmes devenus, après modification, articles 12 CE et 49 CE) (arrêt du 15 mars 1994, Commission/Espagne, C-45/93, Rec. p. I-911). 13 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 5 décembre 1989, Commission/Italie, C-3/88, Rec. p. 4035, point 8) que le principe d'égalité de traitement, dont l'article 49 CE est une expression particulière, prohibe non seulement les discriminations ostensibles, fondées sur la nationalité, mais encore toutes formes dissimulées de discrimination qui, par application d'autres critères de distinction, aboutissent en fait au même résultat. 14 Tel est le cas, notamment, d'une mesure qui prévoit une distinction fondée sur le critère de la résidence, en ce que celui-ci risque de jouer principalement au détriment des ressortissants d'autres États membres, dans la mesure où les non-résidents sont le plus souvent des non-nationaux (voir, notamment, arrêt du 29 avril 1999, Ciola, C-224/97, Rec. p. I-2517, point 14). Dans ce contexte, il est indifférent que la mesure litigieuse affecte, le cas échéant, aussi bien les ressortissants nationaux résidant dans les autres parties du territoire national que les ressortissants des autres États membres. Pour qu'une mesure puisse être qualifiée de discriminatoire, il n'est pas nécessaire qu'elle ait pour effet de favoriser l'ensemble des ressortissants nationaux ou de ne défavoriser que les seuls ressortissants des autres États membres à l'exclusion des nationaux (voir, en ce sens, notamment, arrêt du 6 juin 2000, Angonese, C-281/98, Rec. p. I-4139, point 41). 15 En l'occurrence, il est constant que la gratuité du droit d'accès aux musées, monuments, galeries, fouilles archéologiques, parcs et jardins classés monuments publics, accordée par les collectivités locales ou nationales décentralisées, est réservée aux seuls ressortissants italiens ou aux seuls résidents sur le territoire des collectivités gérant le musée ou le monument public en question, notamment lorsqu'ils sont âgés de plus de 60 ou 65 ans, en sorte que sont exclus du bénéfice de l'accès gratuit les touristes ressortissants des autres États membres ou les non-résidents qui satisfont aux mêmes conditions objectives d'âge. 16 En effet, le gouvernement italien ne conteste pas que les modifications introduites dans l'article 4 du décret n° 507 par le décret n° 375, afin d'étendre aux ressortissants de tous les États membres le bénéfice des avantages tarifaires litigieux, ne visent pas les musées ni les autres monuments gérés par les collectivités locales et nationales decentralisées. 17 La Commission reconnaît ainsi que le décret n° 375 a mis fin au manquement allégué en ce qui concerne les musées et monuments gérés par l'État et elle rappelle que le présent recours porte exclusivement sur les réglementations tarifaires applicables aux musées et aux monuments gérés par les collectivités locales et nationales decentralisées. 18 La République italienne avance toutefois différentes raisons d'intérêt général afin de justifier les avantages tarifaires litigieux. D'une part, eu égard aux coûts engendrés par la gestion des biens culturels, l'accès gratuit à ceux-ci ne pourrait faire abstraction de considérations d'ordre économique. D'autre part, le traitement de faveur réservé aux ressortissants italiens ou à certains résidents serait justifié par des raisons de cohérence du système fiscal, en ce que lesdits avantages constitueraient la contrepartie du paiement des impôts par lesquels ces ressortissants ou résidents participent à la gestion des sites concernés. 19 Tout d'abord, pour autant que les avantages tarifaires litigieux prévoient une distinction fondée sur le critère de la nationalité, il convient de rappeler que de tels avantages ne sont compatibles avec le droit communautaire que s'ils peuvent relever d'une disposition dérogatoire expresse, tel l'article 46 CE, auquel l'article 55 CE renvoie, à savoir l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique. Des objectifs de nature économique ne peuvent constituer des raisons d'ordre public au sens de l'article 46 CE (voir, notamment, arrêt du 14 novembre 1995, Svensson et Gustavsson, C-484/93, Rec. p. I-3955, point 15). 20 Par conséquent, dans la mesure où ni la nécessité de préserver la cohérence du régime fiscal ni les considérations d'ordre économique invoquées par le gouvernement italien ne relèvent des exceptions admises par l'article 46 CE, les avantages tarifaires litigieux, en tant qu'ils sont réservés aux seuls ressortissants italiens, sont incompatibles avec le droit communautaire. 21 Ensuite, pour autant que lesdits avantages tarifaires prévoient une distinction fondée sur le critère de la résidence, il convient d'examiner si les justifications sur lesquelles se fonde le gouvernement italien constituent des raisons impérieuses d'intérêt général susceptibles de justifier de tels avantages. 22 S'agissant, en premier lieu, des motifs de nature économique avancés par le gouvernement italien, il suffit de rappeler qu'ils ne sauraient être admis, des objectifs de nature purement économique ne pouvant constituer des raisons impérieuses d'intérêt général de nature à justifier une restriction à une liberté fondamentale garantie par le traité (voir, notamment, arrêt du 6 juin 2000, Verkooijen, C-35/98, Rec. p. I-4071, point 48). 23 S'agissant, en second lieu, de la nécessité de préserver la cohérence du système fiscal, laquelle, dans l'arrêt du 28 janvier 1992, Bachmann (C-204/90, Rec. p. I-249), a été reconnue comme susceptible de justifier des réglementations de nature à restreindre les libertés fondamentales garanties par le traité, il y a lieu de rappeler que, dans les affaires qui ont donné lieu à l'arrêt Bachmann, précité, ainsi qu'à l'arrêt du même jour, Commission/Belgique (C-300/90, Rec. p. I-305), il existait un lien direct entre la déductibilité des cotisations, d'une part, et l'imposition des sommes dues par des assureurs en exécution des contrats d'assurance contre la vieillesse et le décès, d'autre part, lien qu'il était nécessaire de préserver en vue de sauvegarder la cohérence du système fiscal en cause (voir à cet égard, notamment, arrêts Svensson et Gustavsson, précité, point 18; du 27 juin 1996, Asscher, C-107/94, Rec. p. I-3089, point 58; du 16 juillet 1998, ICI, C-264/96, Rec. p. I-4695, point 29, et du 28 octobre 1999, Vestergaard, C-55/98, Rec. p. I-7641, point 24). 24 Or, en l'espèce, il n'existe aucun lien direct de cette nature entre une quelconque imposition, d'une part, et l'application de tarifs préférentiels pour l'accès aux musées et aux monuments publics visés par le recours en manquement, d'autre part. Il en est d'autant plus ainsi que le bénéfice des avantages tarifaires litigieux est fonction de la résidence de l'intéressé sur le territoire de la collectivité gérant le musée ou le monument public concerné, à l'exclusion des autres personnes résidant en Italie et qui, en tant que telles, sont également assujetties à l'impôt dans cet État membre. 25 Dès lors, les avantages tarifaires litigieux, en tant qu'ils sont réservés aux seuls résidents sur le territoire des collectivités gérant le musée ou le monument public concerné, sont également incompatibles avec le droit communautaire. 26 Enfin, le gouvernement italien fait valoir que les réglementations qui ont institué les avantages tarifaires litigieux ne relèvent pas de sa compétence. En effet, ceux-ci concerneraient des musées ou d'autres lieux d'exposition gérés par des collectivités locales, alors que, conformément à l'article 47 du décret du président de la République n° 616, du 24 juillet 1977 (GURI n° 234, du 29 août 1977, supplément ordinaire, III, p. 3), «tous les services et les activités relatifs à l'existence, à la conservation, au fonctionnement, à la jouissance publique et au développement des musées, des collections présentant un intérêt artistique, historique et bibliographique (...) appartenant à la région ou à d'autres collectivités, y compris non territoriales, soumises à son contrôle ou, en tout état de cause, d'intérêt local» relèveraient de la compétence exclusive des régions. 27 À cet égard, il suffit de rappeler qu'un État membre ne saurait exciper de situations de son ordre juridique interne pour justifier le non-respect des obligations qui résultent du droit communautaire. Si chaque État membre est libre de répartir, comme il l'entend, les compétences normatives sur le plan interne, il n'en demeure pas moins que, en vertu de l'article 226 CE, il reste seul responsable, à l'égard de la Communauté, du respect desdites obligations (voir, notamment, arrêt du 13 décembre 1991, Commission/Italie, C-33/90, Rec. p. I-5987, point 24). 28 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en réservant des avantages tarifaires discriminatoires pour l'accès aux musées, monuments, galeries, fouilles archéologiques, parcs et jardins classés monuments publics, accordés par les collectivités locales ou nationales décentralisées aux seuls ressortissants italiens ou aux seuls résidents sur le territoire desdites collectivités gérant l'installation culturelle en question qui sont âgés de plus de 60 ou 65 ans, et en excluant de tels avantages les touristes ressortissants des autres États membres ou les non-résidents qui satisfont aux mêmes conditions objectives d'âge, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE et 49 CE. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 29 Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République italienne et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (sixième chambre) déclare et arrête: 1) En réservant des avantages tarifaires discriminatoires pour l'accès aux musées, monuments, galeries, fouilles archéologiques, parcs et jardins classés monuments publics, accordés par les collectivités locales ou nationales décentralisées aux seuls ressortissants italiens ou aux seuls résidents sur le territoire desdites collectivités gérant l'installation culturelle en question qui sont âgés de plus de 60 ou 65 ans, et en excluant de tels avantages les touristes ressortissants des autres États membres ou les non-résidents qui satisfont aux mêmes conditions objectives d'âge, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 12 CE et 49 CE. 2) La République italienne est condamnée aux dépens.

62020CJ0028

de

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 ( ABl. 2004, L 46, S. 1 ). Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Airhelp Ltd und der Scandinavian Airlines System Denmark – Norway – Sweden (im Folgenden: SAS) wegen deren Weigerung, an S., der seine Rechte an Airhelp abgetreten hat, wegen der Annullierung seines Fluges Ausgleichszahlungen zu leisten. Rechtlicher Rahmen Unionsrecht Die Erwägungsgründe 1, 14 und 15 der Verordnung Nr. 261/2004 lauten: „(1) Die Maßnahmen der [Union] im Bereich des Luftverkehrs sollten unter anderem darauf abzielen, ein hohes Schutzniveau für Fluggäste sicherzustellen. Ferner sollte den Erfordernissen des Verbraucherschutzes im Allgemeinen in vollem Umfang Rechnung getragen werden. … (14) Wie nach dem Übereinkommen [zur Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im internationalen Luftverkehr, geschlossen am 28. Mai 1999 in Montreal und genehmigt im Namen der Europäischen Gemeinschaft durch den Beschluss 2001/539/EG des Rates vom 5. April 2001 ( ABl. 2001, L 194, S. 38 )] sollten die Verpflichtungen für ausführende Luftfahrtunternehmen in den Fällen beschränkt oder ausgeschlossen sein, in denen ein Vorkommnis auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. Solche Umstände können insbesondere bei politischer Instabilität, mit der Durchführung des betreffenden Fluges nicht zu vereinbarenden Wetterbedingungen, Sicherheitsrisiken, unerwarteten Flugsicherheitsmängeln und den Betrieb eines ausführenden Luftfahrtunternehmens beeinträchtigenden Streiks eintreten. (15) Vom Vorliegen außergewöhnlicher Umstände sollte ausgegangen werden, wenn eine Entscheidung des Flugverkehrsmanagements zu einem einzelnen Flugzeug an einem bestimmten Tag zur Folge hat, dass es bei einem oder mehreren Flügen des betreffenden Flugzeugs zu einer großen Verspätung, einer Verspätung bis zum nächsten Tag oder zu einer Annullierung kommt, obgleich vom betreffenden Luftfahrtunternehmen alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen wurden, um die Verspätungen oder Annullierungen zu verhindern.“ Art. 2 („Begriffsbestimmungen“) dieser Verordnung sieht vor: „Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck … b) ‚ausführendes Luftfahrtunternehmen‘ ein Luftfahrtunternehmen, das im Rahmen eines Vertrags mit einem Fluggast oder im Namen einer anderen – juristischen oder natürlichen – Person, die mit dem betreffenden Fluggast in einer Vertragsbeziehung steht, einen Flug durchführt oder durchzuführen beabsichtigt; … l) ‚Annullierung‘ die Nichtdurchführung eines geplanten Fluges, für den zumindest ein Platz reserviert war.“ In Art. 5 („Annullierung“) der Verordnung heißt es: „(1)   Bei Annullierung eines Fluges werden den betroffenen Fluggästen … c) vom ausführenden Luftfahrtunternehmen ein Anspruch auf Ausgleichsleistungen gemäß Artikel 7 eingeräumt, es sei denn, i) sie werden über die Annullierung mindestens zwei Wochen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet, oder ii) sie werden über die Annullierung in einem Zeitraum zwischen zwei Wochen und sieben Tagen vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet und erhalten ein Angebot zur anderweitigen Beförderung, das es ihnen ermöglicht, nicht mehr als zwei Stunden vor der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel höchstens vier Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit zu erreichen, oder iii) sie werden über die Annullierung weniger als sieben Tage vor der planmäßigen Abflugzeit unterrichtet und erhalten ein Angebot zur anderweitigen Beförderung, das es ihnen ermöglicht, nicht mehr als eine Stunde vor der planmäßigen Abflugzeit abzufliegen und ihr Endziel höchstens zwei Stunden nach der planmäßigen Ankunftszeit zu erreichen. … (3)   Ein ausführendes Luftfahrtunternehmen ist nicht verpflichtet, Ausgleichszahlungen gemäß Artikel 7 zu leisten, wenn es nachweisen kann, dass die Annullierung auf außergewöhnliche Umstände zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. …“ Art. 7 („Ausgleichsanspruch“) der Verordnung sieht in Abs. 1 vor: „Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so erhalten die Fluggäste Ausgleichszahlungen in folgender Höhe: a) 250 EUR bei allen Flügen über eine Entfernung von 1500 km oder weniger, b) 400 EUR bei allen innergemeinschaftlichen Flügen über eine Entfernung von mehr als 1500 km und bei allen anderen Flügen über eine Entfernung zwischen 1500 km und 3500 km, c) 600 EUR bei allen nicht unter Buchstabe a) oder b) fallenden Flügen. …“ Schwedisches Recht § 45 des Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (Gesetz [1976:580] über die Mitbestimmung im Arbeitsleben bestimmt u. a.: „Beabsichtigen eine Arbeitgeberorganisation, ein Arbeitgeber oder eine Arbeitnehmerorganisation, eine Arbeitskampfmaßnahme zu ergreifen oder eine laufende Arbeitskampfmaßnahme auszuweiten, müssen sie dies der Gegenpartei und dem Medlingsinstitut (staatliche Schlichtungsstelle) mindestens sieben Arbeitstage im Voraus ankündigen. Als ‚Arbeitstag‘ zählt jeder Tag, ausgenommen Samstag, Sonntag, andere allgemeine Feiertage, Mittsommerabend, Heiligabend und Silvester. Die Frist wird ab dem Zeitpunkt des Tages berechnet, zu dem die betreffende Arbeitskampfmaßnahme eingeleitet werden soll.“ Ausgangsverfahren und Vorlagefragen S. hatte einen Inlandsflug von Malmö nach Stockholm (Schweden) gebucht. Dieser Flug hätte von SAS am 29. April 2019 durchgeführt werden sollen, wurde aber wegen eines Pilotenstreiks in Dänemark, Schweden und Norwegen (im Folgenden: der Streik) am selben Tag annulliert. Aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten geht hervor, dass die Arbeitnehmerorganisationen, die die SAS-Piloten in Dänemark, Schweden und Norwegen vertreten (im Folgenden: Pilotengewerkschaften), im Sommer 2018 beschlossen hatten, den mit SAS geschlossenen Tarifvertrag zu kündigen, der normalerweise für den Zeitraum 2017 bis 2020 gelten sollte. Die Verhandlungen über den Abschluss eines neuen Tarifvertrags begannen im März 2019. Da die Pilotengewerkschaften diese Verhandlungen für gescheitert oder zumindest deren Fortschritt für ungenügend hielten, riefen sie ihre Mitglieder zum Streik auf. Der Streik begann am 26. April 2019 und dauerte bis zum 2. Mai 2019. Während des siebentägigen Streiks musste SAS mehr als 4000 Flüge annullieren. Vom Streik waren dadurch etwa 380000 Fluggäste betroffen, darunter auch S., der seine möglicherweise gegenüber SAS wegen der Annullierung des Flugs bestehenden Rechte auf eine Ausgleichszahlung an Airhelp abtrat. Am 2. Mai 2019 wurde ein neuer Tarifvertrag mit einer Laufzeit von drei Jahren geschlossen, der somit bis zum Jahr 2022 gelten soll. Airhelp erhob beim vorlegenden Gericht, dem Attunda tingsrätt (Bezirksgericht Attunda, Schweden), Klage und beantragte, SAS nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 261/2004 in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a dieser Verordnung zu einer Ausgleichszahlung in Höhe von 250 Euro zuzüglich Verzugszinsen ab dem 10. September 2019 bis zur Zahlung dieses Betrags zu verurteilen. SAS hält sich nicht für verpflichtet, die geforderte Ausgleichszahlung zu leisten, da es sich bei dem Streik um einen außergewöhnlichen Umstand gehandelt habe, der angesichts der überzogenen Gehaltserhöhungsforderungen der Pilotengewerkschaften auch dann nicht hätte vermieden werden können, wenn sie alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen hätte. SAS trägt vor, der Streik stelle einen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 dar, da er nicht Teil der normalen Ausübung ihrer Tätigkeit und von ihr nicht tatsächlich beherrschbar sei. Ein Streikaufruf von vier Gewerkschaften gleichzeitig falle nicht unter die normale Ausübung der Tätigkeit von SAS, die darin bestehe, Luftverkehrsdienstleistungen zu erbringen. Außerdem seien Streiks auf dem schwedischen Arbeitsmarkt sehr selten und der Streik, der im Prinzip sämtliche Piloten von SAS betroffen habe, sei einer der größten gewesen, den die Luftverkehrsbranche je zu verzeichnen gehabt habe. SAS sei es daher nicht möglich gewesen, ihre Tätigkeiten neu zu organisieren, um dadurch die vorgesehenen Flüge gewährleisten zu können. Im Übrigen habe SAS, da der Streik rechtmäßig gewesen sei, von den Arbeitnehmern nicht die Wiederaufnahme ihrer Arbeit verlangen können. Überdies könne die Antwort des Gerichtshofs im Urteil vom 17. April 2018, Krüsemann u. a. (C‑195/17, C‑197/17 bis C‑203/17, C‑226/17, C‑228/17, C‑254/17, C‑274/17, C‑275/17, C‑278/17 bis C‑286/17 und C‑290/17 bis C‑292/17, im Folgenden: Urteil Krüsemann, EU:C:2018:258 ), wonach ein wilder Streik zur normalen Ausübung der Tätigkeit eines Luftfahrtunternehmens gehöre, nicht auf das Ausgangsverfahren übertragen werden. Der Streik gehe nicht auf eine von SAS getroffene Maßnahme zurück und sei auch keine spontane Reaktion der Beschäftigten von SAS auf eine von dieser ergriffene normale Geschäftsführungsmaßnahme gewesen. Schließlich habe SAS, da ein Streik nach schwedischem Recht erst eine Woche vor seinem Beginn angekündigt werden müsse, jedenfalls die Ausgleichspflicht nach Art. 5 Abs. 1 Buchst. c Ziff. i in Verbindung mit Art. 7 Abs. 1 Buchst. a der Verordnung Nr. 261/2004 nicht abwenden können. Nach Auffassung von Airhelp stellt der Streik keinen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung dar. Der Abschluss von Tarifverträgen falle unter die gewöhnliche Geschäftstätigkeit einer Fluggesellschaft und dabei könne es zu Tarifkonflikten kommen. Außerdem hätten die Parteien während der Verhandlungen über den Abschluss eines solchen Vertrags die Möglichkeit, Arbeitskampfmaßnahmen wie Streik oder Aussperrung zu ergreifen. Jedenfalls sei dieser Tarifkonflikt angesichts der Entwicklung der Pilotengehälter bei SAS in den Vorjahren für die Fluggesellschaft vorhersehbar gewesen. Das vorlegende Gericht möchte daher wissen, ob der Begriff „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 einen Streik umfasst, der von Arbeitnehmerorganisationen nach erfolgter Vorankündigung rechtmäßig beschlossen und eingeleitet wurde. Vor diesem Hintergrund hat das Attunda tingsrätt (Bezirksgericht Attunda) das Verfahren ausgesetzt und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorgelegt: 1. Stellt ein Streik von Piloten, die bei einem Luftverkehrsunternehmen angestellt sind und für die Durchführung eines Fluges benötigt werden, einen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 dar, wenn der Streik nicht aus Anlass einer Maßnahme stattfindet, die von dem Luftverkehrsunternehmen beschlossen oder mitgeteilt wurde, sondern von Arbeitnehmerorganisationen als Arbeitskampfmaßnahme angekündigt und rechtmäßig in der Absicht eingeleitet wurde, das Luftverkehrsunternehmen zu zwingen, Gehälter zu erhöhen, Vorteile zu gewähren oder Beschäftigungsbedingungen zu ändern, um den Forderungen der Arbeitnehmerorganisation nachzukommen? 2. Welche Bedeutung ist gegebenenfalls der Angemessenheit der Forderungen der Arbeitnehmerorganisationen beizumessen, insbesondere dem Umstand, dass die geforderten Lohn- und Gehaltserhöhungen deutlich über den Lohn- und Gehaltserhöhungen liegen, die auf den maßgeblichen nationalen Arbeitsmärkten allgemein gewährt werden? 3. Welche Bedeutung ist gegebenenfalls dem Umstand beizumessen, dass das Luftverkehrsunternehmen zur Vermeidung eines Streiks einem Schlichtungsvorschlag einer staatlichen Schlichtungsstelle für Tarifstreitigkeiten zustimmt, während die Arbeitnehmerorganisationen dies nicht tun? Zu den Vorlagefragen Mit seinen drei Fragen, die zusammen zu prüfen sind, möchte das vorlegende Gericht wissen, ob Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 dahin auszulegen ist, dass es sich bei durch den Streikaufruf einer Gewerkschaft von Beschäftigten eines ausführenden Luftfahrtunternehmens eingeleiteten Streikmaßnahmen, bei denen die Anforderungen des nationalen Rechts – insbesondere die darin für die Vorankündigung vorgesehene Frist – beachtet werden, mit denen die Forderungen der Beschäftigten dieses Unternehmens durchgesetzt werden sollen und denen sich eine oder mehrere der für die Durchführung eines Fluges erforderlichen Beschäftigtengruppen anschließen, um einen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne dieser Vorschrift handelt. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass Art. 5 der Verordnung Nr. 261/2004 für den Fall der Annullierung eines Fluges vorsieht, dass den betroffenen Fluggästen vom ausführenden Luftfahrtunternehmen ein Anspruch auf Ausgleichsleistungen gemäß Art. 7 Abs. 1 dieser Verordnung eingeräumt wird, es sei denn, sie wurden über diese Annullierung innerhalb den in Art. 5 Abs. 1 Buchst. c Ziffern i) bis iii) vorgesehenen Fristen unterrichtet. Nach Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 in Verbindung mit den Erwägungsgründen 14 und 15 dieser Verordnung ist das ausführende Luftfahrtunternehmen von dieser Verpflichtung befreit, wenn es nachweisen kann, dass die Annullierung auf „außergewöhnliche Umstände“ zurückgeht, die sich auch dann nicht hätten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen worden wären. Zudem muss das ausführende Luftfahrtunternehmen bei Eintritt eines solchen Umstands nachweisen, dass es die der Situation angemessenen Maßnahmen ergriffen hat, indem es alle ihm zur Verfügung stehenden personellen, materiellen und finanziellen Mittel eingesetzt hat, um zu vermeiden, dass dieser zur Annullierung des betreffenden Fluges führt. Jedoch können von ihm keine angesichts der Kapazitäten seines Unternehmens zum maßgeblichen Zeitpunkt nicht tragbaren Opfer verlangt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Juni 2020, Transportes Aéros Portugueses, C‑74/19 , EU:C:2020:460 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs werden als „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 Vorkommnisse angesehen, die ihrer Natur oder Ursache nach nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betreffenden Luftfahrtunternehmens sind und von ihm nicht tatsächlich beherrschbar sind, wobei diese beiden Bedingungen kumulativ sind und ihr Vorliegen von Fall zu Fall zu beurteilen ist (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Dezember 2008, Wallentin-Hermann, C‑549/07 , EU:C:2008:771 , Rn. , vom 17. September 2015, van der Lans, C‑257/14 , EU:C:2015:618 , Rn. , vom 17. April 2018, Krüsemann, Rn. 32 und 34, sowie vom 11. Juni 2020, Transportes Aéros Portugueses, C‑74/19 , EU:C:2020:460 , Rn. ). Allerdings ist angesichts des Ziels der Verordnung, das nach ihrem ersten Erwägungsgrund darin besteht, ein hohes Schutzniveau für Fluggäste sicherzustellen, und der Tatsache, dass Art. 5 Abs. 3 eine Ausnahme von dem Grundsatz vorsieht, wonach Fluggäste im Fall der Annullierung ihres Fluges Anspruch auf Ausgleichsleistungen haben, der Begriff „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne dieser Vorschrift eng auszulegen (Urteil vom 17. April 2018, Krüsemann, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung). Vor diesem Hintergrund ist zu beurteilen, ob es sich bei durch den Streikaufruf einer Gewerkschaft von Beschäftigten eines ausführenden Luftfahrtunternehmens eingeleiteten Streikmaßnahmen, bei denen die Anforderungen des nationalen Rechts – insbesondere die darin für die Vorankündigung vorgesehene Frist – beachtet werden, mit denen die Forderungen der Beschäftigten dieses Unternehmens durchgesetzt werden sollen und denen sich eine oder mehrere der für die Durchführung eines Fluges erforderlichen Beschäftigtengruppen anschließen, um einen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 in seiner Auslegung durch die in Rn. 23 des vorliegenden Urteils angeführte Rechtsprechung des Gerichtshofs handeln kann. Zunächst ist zu bestimmen, ob es sich bei einem Streik, der die in der vorstehenden Randnummer genannten Merkmale aufweist, seiner Natur oder Ursache nach um ein Vorkommnis handeln kann, das nicht Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betreffenden Luftfahrtunternehmens ist. Insoweit ist festzustellen, dass das Recht auf Durchführung einer kollektiven Maßnahme einschließlich des Streikrechts ein in Art. 28 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: Charta) verankertes Grundrecht ist, das nach dem Unionsrecht und den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten geschützt wird (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 11. Dezember 2007, International Transport Workers’ Federation und Finnish Seamen’s Union, C‑438/05 , EU:C:2007:772 , Rn. ). Zwar ist ein Streik eine Konfliktphase in den Beziehungen zwischen den Arbeitnehmern und dem Arbeitgeber, dessen Tätigkeit gelähmt werden soll, aber er bleibt gleichwohl eine der möglichen Erscheinungsformern von Kollektivverhandlungen und ist damit als ein Vorkommnis anzusehen, das Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit des betreffenden Arbeitgebers ist, unabhängig von den Besonderheiten des entsprechenden Arbeitsmarktes oder des anwendbaren nationalen Rechts zur Umsetzung dieses Grundrechts. Diese Auslegung muss auch gelten, wenn der Arbeitgeber – wie im vorliegenden Fall – ein ausführendes Luftfahrtunternehmen ist. Der Gerichtshof hat in den Rn. 40 bis 42 des Urteils vom 17. April 2018, Krüsemann, entschieden, es sei nicht ungewöhnlich, dass Luftfahrtunternehmen sich bei der Ausübung ihrer Tätigkeit Meinungsverschiedenheiten oder Konflikten mit ihren Mitarbeitern oder einem Teil von ihnen gegenübersehen können. Wie bei den in der Rechtssache, in der dieses Urteil ergangen ist, in Rede stehenden Maßnahmen zur Umstrukturierung oder Neuorganisation und den sich daraus möglicherweise ergebenden Tarifkonflikten fallen auch Maßnahmen in Bezug auf die Arbeits- und Entlohnungsbedingungen der Mitarbeiter eines ausführenden Luftfahrtunternehmens unter die normale Geschäftsführung dieses Unternehmens. Somit handelt es sich bei einem Streik, dessen Ziel sich darauf beschränkt, gegenüber Luftfahrtunternehmen eine Gehaltserhöhung für die Piloten, eine Änderung ihrer Arbeitszeiten sowie eine bessere Planbarkeit der Arbeitszeit durchzusetzen, um ein Vorkommnis, das Teil der normalen Ausübung der Tätigkeit dieses Unternehmens ist, insbesondere, wenn ein solcher Streik unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen organisiert wird. Sodann ist zu beurteilen, ob ein Streik, der die in Rn. 25 des vorliegenden Urteils genannten Merkmale aufweist, als ein Vorkommnis anzusehen ist, das vom betreffenden Luftfahrtunternehmen in keiner Weise tatsächlich beherrschbar ist. Insoweit ist erstens, da es sich beim Streik um ein für die Arbeitnehmer durch Art. 28 der Charta verbürgtes Recht handelt, die Tatsache, dass die Arbeitnehmer sich auf dieses Recht berufen und folglich Streikmaßnahmen auslösen, als für jeden Arbeitgeber vorhersehbare Tatsache anzusehen – insbesondere, wenn ein solcher Streik angekündigt wurde. Der Gerichtshof hat zudem bereits festgestellt, dass ein rechtmäßig angekündigter Streik, der sich nach den abgegebenen Erklärungen auch auf Bereiche erstrecken konnte, die die Tätigkeit eines zunächst nicht vom Streik betroffenen Unternehmens berühren würden, kein ungewöhnliches und unvorhersehbares Ereignis darstellt (Urteil vom 7. Mai 1991, Organisationen Danske Slagterier, C‑338/89 , EU:C:1991:192 , Rn. ). Im Ausgangsverfahren scheint die Vorhersehbarkeit des Streiks bestätigt, da aus der Vorlageentscheidung hervorgeht, dass die Pilotengewerkschaften schon im Sommer 2018 den Tarifvertrag, der von 2017 bis 2020 gelten sollte, gekündigt hatten, sodass SAS nicht entgangen sein konnte, dass die Piloten beabsichtigten, Forderungen zu stellen. Im Übrigen ergibt sich aus den dem Gerichtshof vorgelegten Akten nicht, dass der Streik, um den es im Ausgangsverfahren geht, ohne die Einhaltung der für dessen Ankündigung gesetzlich vorgesehenen Frist begonnen hätte. Zweitens verfügt der Arbeitgeber, da für ihn der Ausbruch eines Streiks ein vorhersehbares Ereignis darstellt, grundsätzlich über die Mittel, sich darauf vorzubereiten und damit dessen Folgen gegebenenfalls abzufangen, so dass die Ereignisse für ihn zu einem gewissen Grad beherrschbar bleiben. Wie aus Rn. 24 des vorliegenden Urteils hervorgeht, ist – da der Begriff „außergewöhnlicher Umstand“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 eng ausgelegt werden muss – anzunehmen, dass die Wahl des Ausdrucks „außerordentlich“ den Willen des Unionsgesetzgebers belegt, in den Begriff „außerordentliche Umstände“ nur die Umstände einzubeziehen, die für das ausführende Luftfahrtunternehmen nicht kontrollierbar sind. Wie jeder Arbeitgeber kann auch das ausführende Luftfahrtunternehmen, dessen Beschäftigte zur Durchsetzung besserer Arbeitsbedingungen und einer höheren Bezahlung streiken, nicht behaupten, es habe keinerlei Einfluss auf diese Maßnahmen. Um die praktische Wirksamkeit der in Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 261/2004 verankerten Ausgleichsverpflichtung zu gewährleisten, kann daher ein Streik der Beschäftigten eines ausführenden Luftfahrtunternehmens nicht als „außergewöhnlicher Umstand“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 dieser Verordnung angesehen werden, wenn dieser Streik mit Forderungen in Bezug auf die Arbeitsbedingungen zwischen dem Unternehmen und seinen Beschäftigten verbunden ist, die im Rahmen des betriebsinternen sozialen Dialogs verhandelt werden können. Genau dies ist bei Gehaltsverhandlungen der Fall. Diese Feststellung kann im Übrigen weder dadurch in Frage gestellt werden, dass die Forderungen der Streikenden möglicherweise unangemessen oder unverhältnismäßig sind, noch dadurch, dass ein Schlichtungsvorschlag abgelehnt wird, da die Bestimmung des Lohn- und Gehaltsniveaus jedenfalls in den Bereich der Arbeitsbeziehungen zwischen dem Arbeitgeber und seinen Arbeitnehmern fällt. Drittens ergibt sich aus der Rechtsprechung zum Begriff „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004, dass Vorkommnisse mit im Hinblick auf das ausführende Luftfahrtunternehmen „interner“ Ursache von solchen mit „externer“ Ursache zu unterscheiden sind. Unter diesen Begriff fallen als solche „externen“ Ereignisse etwa die Kollision eines Flugzeugs mit einem Vogel (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Mai 2017, Pešková und Peška, C‑315/15 , EU:C:2017:342 , Rn. ), die Beschädigung des Reifens eines Flugzeugs durch einen Fremdkörper, wie einen umherliegenden Gegenstand auf dem Rollfeld eines Flughafens (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. April 2019, Germanwings, C‑501/17 , EU:C:2019:288 , Rn. ), Vorhandensein von Treibstoff auf einer Flughafenrollbahn, das zu deren Schließung geführt hatte (vgl. in diesem Sinne Urteil vom26. Juni 2019, Moens, C‑159/18 , EU:C:2019:535 , Rn. ), eine Kollision zwischen dem Höhenruder eines Flugzeugs in Parkposition und dem Winglet eines Flugzeugs einer anderen Fluggesellschaft, die durch die Bewegung des zweiten Flugzeugs verursacht wurde (vgl. in diesem Sinne Beschluss vom 14. Januar 2021, Airhelp, C‑264/20 , nicht veröffentlicht, EU:C:2021:26 , Rn. ), aber genauso ein versteckter Fabrikationsfehler oder auch Sabotageakte oder terroristische Handlungen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 22. Dezember 2008, Wallentin-Hermann, C‑549/07 , EU:C:2008:771 , Rn. , und vom 17. September 2015, van der Lans, C‑257/14 , EU:C:2015:618 , Rn. ). Allen diesen Ereignissen ist gemein, dass sie auf die Tätigkeit des Luftfahrtunternehmens und auf äußere Umstände zurückzuführen sind, die in der Praxis mehr oder weniger häufig vorkommen, aber vom Luftfahrtunternehmen nicht beherrschbar sind, weil sie auf ein Naturereignis oder die Handlung eines Dritten, etwa eines anderen Luftfahrtunternehmens oder einer öffentlichen oder privaten Stelle, zurückgehen, die in den Flug- oder den Flughafenbetrieb eingreifen. Wenn der Unionsgesetzgeber also im 14. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 261/2004 angibt, dass außergewöhnliche Umstände insbesondere bei den Betrieb eines ausführenden Luftfahrtunternehmens beeinträchtigenden Streiks eintreten können, so wollte er damit auf die außerhalb der Tätigkeit des betroffenen Luftfahrtunternehmens liegenden Streiks Bezug nehmen. Folglich können „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 dieser Verordnung insbesondere bei Streikmaßnahmen der Fluglotsen oder des Flughafenpersonals vorliegen (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 4. Oktober 2012, Finnair, C‑22/11 , EU:C:2012:604 ). Bei solchen Streikmaßnahmen, die im Übrigen nicht Teil der Ausübung der Tätigkeit dieses Unternehmens und daher von diesem nicht tatsächlich beherrschbar sind, handelt es sich um „außergewöhnliche Umstände“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004. Dagegen handelt es sich bei einem von den eigenen Beschäftigten des betroffenen Luftfahrtunternehmens ausgelösten und befolgten Streik um ein „internes“ Ereignis dieses Unternehmens; dies schließt auch einen durch den Streikaufruf von Gewerkschaften ausgelösten Streik ein, da diese im Interesse der Arbeitnehmer dieses Unternehmens auftreten. Liegen einem solchen Streik jedoch Forderungen zugrunde, die nur von staatlichen Stellen erfüllt werden können und die daher für das betroffene Luftfahrtunternehmen nicht tatsächlich beherrschbar sind, so kann es sich dabei um einen „außergewöhnlichen Umstand“ im Sinne der in Rn. 23 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung handeln. Viertens verletzt die Annahme, dass ein Streik, der unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen und wie in Rn. 25 des vorliegenden Urteils beschrieben organisiert wird, nicht unter den Begriff der „außergewöhnlichen Umstände“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 fällt, nicht die Grundrechte des betroffenen Luftfahrtunternehmens. Denn das Vorliegen von Streikmaßnahmen und die Gefahr, dass die Ausgleichsleistung nach Art. 5 Abs. 1 und Art. 7 Abs. 1 der Verordnung Nr. 261/2004 an die Fluggäste zu zahlen ist, deren Flug annulliert wurde, kann nicht als eine Beeinträchtigung des Wesensgehalts des in Art. 28 der Charta verankerten Rechts des Arbeitgebers auf Kollektivverhandlungen angesehen werden. Insoweit genügt die Feststellung, dass der Umstand, dass ein Luftfahrtunternehmen aufgrund eines unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen organsierten Streiks seiner Beschäftigten der Gefahr ausgesetzt ist, eine solche Ausgleichsleistung zahlen zu müssen, dieses Unternehmen nicht dazu zwingt, ohne Weiteres allen Forderungen der Streikenden zuzustimmen. Das Luftfahrtunternehmen ist weiterhin in der Lage, die betrieblichen Interessen so zu vertreten, dass ein alle Sozialpartner zufriedenstellender Kompromiss erreicht werden kann. Somit kann nicht angenommen werden, dass dem Luftfahrtunternehmen seine unionsrechtlich geschützte Koalitionsfreiheit genommen wird und es sich im Arbeitskampf von vornherein in der Rolle des Unterlegenen befindet. In Bezug auf die von SAS geltend gemachte Verletzung sowohl ihrer unternehmerischen Freiheit als auch ihres Eigentumsrechts, die durch die Art. 16 und 17 der Charta garantiert sind, ist darauf hinzuweisen, dass die unternehmerische Freiheit und das Eigentumsrecht nicht absolut gewährleistet werden und in einem Kontext wie dem des Ausgangsverfahrens mit Art. 38 der Charta in Einklang gebracht werden müssen, der wie Art. 169 AEUV darauf abzielt, dass in der Politik der Union ein hohes Niveau des Schutzes der Verbraucher, zu denen die Fluggäste gehören, gewährleistet ist (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 31. Januar 2013, McDonagh, C‑12/11 , EU:C:2013:43 , Rn. , und ). Die Bedeutung, die dem Ziel des Schutzes der Verbraucher und somit auch der Fluggäste zukommt, kann aber negative wirtschaftliche Folgen selbst beträchtlichen Ausmaßes für bestimmte Wirtschaftsteilnehmer rechtfertigen (Urteil vom 31. Januar 2013, McDonagh, C‑12/11 , EU:C:2013:43 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Nach alledem ist festzustellen, dass die dem ausführenden Luftfahrtunternehmen durch die Art. 16, 17 und 28 der Charta garantierten Grundrechte nicht dadurch beeinträchtigt werden, dass ein unter Beachtung der gesetzlichen Anforderungen organisierter Streik, der die in Rn. 25 des vorliegenden Urteils genannten Merkmale aufweist, nicht als „außergewöhnlicher Umstand“ im Sinne von Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 eingestuft wird. Unter diesen Umständen ist auf die Vorlagefragen zu antworten, dass Art. 5 Abs. 3 der Verordnung Nr. 261/2004 dahin auszulegen ist, dass durch den Streikaufruf einer Gewerkschaft von Beschäftigten eines ausführenden Luftfahrtunternehmens eingeleitete Streikmaßnahmen, bei denen die Anforderungen des nationalen Rechts – insbesondere die darin für die Vorankündigung vorgesehene Frist – beachtet werden, mit denen die Forderungen der Beschäftigten dieses Unternehmens durchgesetzt werden sollen und denen sich eine oder mehrere der für die Durchführung eines Fluges erforderlichen Beschäftigtengruppen anschließen, nicht unter den Begriff „außergewöhnlicher Umstand“ im Sinne dieser Vorschrift fallen. Kosten Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Große Kammer) für Recht erkannt: Art. 5 Abs. 3 der Verordnung (EG) Nr. 261/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Februar 2004 über eine gemeinsame Regelung für Ausgleichs- und Unterstützungsleistungen für Fluggäste im Fall der Nichtbeförderung und bei Annullierung oder großer Verspätung von Flügen und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 295/91 ist dahin auszulegen, dass durch den Streikaufruf einer Gewerkschaft von Beschäftigten eines ausführenden Luftfahrtunternehmens eingeleitete Streikmaßnahmen, bei denen die Anforderungen des nationalen Rechts – insbesondere die darin für die Vorankündigung vorgesehene Frist – beachtet werden, mit denen die Forderungen der Beschäftigten dieses Unternehmens durchgesetzt werden sollen und denen sich eine oder mehrere der für die Durchführung eines Fluges erforderlichen Beschäftigtengruppen anschließen, nicht unter den Begriff „außergewöhnlicher Umstand“ im Sinne dieser Vorschrift fallen. Unterschriften ( *1 ) Verfahrenssprache: Schwedisch.

62018CJ0216

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par to, kā interpretēt Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm ( OV 2002, L 190, 1. lpp. ), kas grozīts ar Padomes Pamatlēmumu 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris) ( OV 2009, L 81, 24. lpp. ), (turpmāk tekstā – “Pamatlēmums 2002/584”) 1. panta 3. punktu. Šis lūgums ir iesniegts saistībā ar Eiropas apcietināšanas orderu, ko Polijas tiesas ir izdevušas attiecībā uz LM (turpmāk tekstā – “ieinteresētā persona”), izpildi Īrijā. Atbilstošās tiesību normas Līgums par ES LES 7. pantā ir noteikts: “1.   Padome pēc trešdaļas dalībvalstu, Eiropas Parlamenta vai Eiropas Komisijas pamatota priekšlikuma, saņēmusi Eiropas Parlamenta piekrišanu, ar četru piektdaļu tās locekļu balsu vairākumu var konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka kāda dalībvalsts varētu nopietni pārkāpt 2. pantā minētās vērtības. Pirms nākt klajā ar šādu konstatāciju, Padome uzklausa attiecīgo dalībvalsti un, pieņemot lēmumu saskaņā ar to pašu procedūru, var šai dalībvalstij adresēt ieteikumus. Padome pastāvīgi pārbauda, vai pamatojums, uz kura balstīta konstatācija, vēl aizvien ir spēkā. 2.   Eiropadome pēc trešdaļas dalībvalstu vai Eiropas Komisijas priekšlikuma un ar Eiropas Parlamenta piekrišanu var ar vienprātīgu lēmumu konstatēt, ka kāda dalībvalsts vairākkārt nopietni pārkāpusi 2. pantā minētās vērtības, iepriekš aicinot attiecīgo dalībvalsti izteikt savu viedokli. 3.   Ja saskaņā ar 2. punktu konstatēti pārkāpumi, tad Padome ar kvalificētu balsu vairākumu var nolemt attiecīgai dalībvalstij uz laiku atņemt dažas tiesības, kas izriet no Līgumu piemērošanas konkrētai dalībvalstij, tostarp šīs dalībvalsts valdības pārstāvja balsstiesības Padomē. To īstenojot, Padome ņem vērā iespējamās sekas, ko šāda tiesību atņemšana var radīt attiecībā uz fizisku un juridisku personu tiesībām un pienākumiem. Attiecīgai dalībvalstij joprojām ir saistoši Līgumu uzliktie pienākumi. [..]” Harta Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (turpmāk tekstā – “Harta”) VI sadaļā “Tiesiskums” ir iekļauts 47. pants “Tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu”, kurā ir noteikts: “Ikvienai personai, kuras tiesības un brīvības, kas garantētas Savienības tiesībās, tikušas pārkāptas, ir tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību, ievērojot nosacījumus, kuri paredzēti šajā pantā. Ikvienai personai ir tiesības uz taisnīgu, atklātu un laikus veiktu lietas izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā, tiesību aktos noteiktā tiesā. Ikvienai personai ir iespējas saņemt konsultāciju, aizstāvību un pārstāvību. [..]” Paskaidrojumos attiecībā uz Pamattiesību hartu ( OV 2007, C 303, 17. lpp. ) saistībā ar Hartas 47. panta otro daļu ir precizēts, ka šī tiesību norma atbilst Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas, kas parakstīta 1950. gada 4. novembrī Romā (turpmāk tekstā – “ECPAK”), 6. panta 1. punktam. Hartas 48. pantā “Nevainīguma prezumpcija un tiesības uz aizstāvību” ir paredzēts: “1.   Ikvienu apsūdzēto uzskata par nevainīgu, kamēr vaina nav pierādīta saskaņā ar likumu. 2.   Ikvienam apsūdzētajam tiek garantētas tiesības uz aizstāvību.” Pamatlēmums 2002/584 Pamatlēmuma 2002/584 5.–8., 10. un 12. apsvērums ir formulēti šādi: “(5) [..] Ieviešot jaunu, vienkāršotu sistēmu, saskaņā ar kuru notiesātas vai aizdomās turētas personas nodod sodu izpildei vai kriminālvajāšanai, būs iespējams izvairīties no sarežģītības un iespējamās kavēšanās, kas piemīt pastāvošajām izdošanas procedūrām. [..] (6) Eiropas apcietināšanas orderis, kuru paredz šis pamatlēmums, ir pirmais konkrētais pasākums, ar kuru krimināltiesību jomā īsteno savstarpējas atzīšanas principu, kuru Eiropadome raksturojusi kā tiesu iestāžu sadarbības “stūrakmeni”. (7) Tā kā, darbojoties vienpusēji, dalībvalstis nespēj pilnībā sasniegt mērķi aizvietot daudzpusējo izdošanas sistēmu, kuras pamatā ir 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvencija par izdošanu, un šis mērķis tā apjoma un rezultātu dēļ ir vieglāk sasniedzams Savienības līmenī, tad Padome var noteikt pasākumus saskaņā ar subsidiaritātes principu, kā noteikts 2. pantā [ES] un 5. pantā [EK] dibināšanas līgumā. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šis pamatlēmums nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs šā mērķa sasniegšanai. (8) Nolēmumiem par Eiropas apcietināšanas ordera izpildi ir jābūt pakļautiem pietiekamai kontrolei, kas nozīmē, ka dalībvalsts tiesas iestādei, kurā pieprasītā persona ir apcietināta, būs jāpieņem lēmums par tās nodošanu. [..] (10) Eiropas apcietināšanas ordera mehānism[a] pamatā ir augsta dalībvalstu savstarpēja uzticība [uzticēšanās]. Tā īstenošanu var apturēt tikai gadījumā, ja viena no dalībvalstīm nopietni un vairākkārt pārkāpj principus, kas paredzēti [LES] 6. panta 1. punktā [..] [pēc grozījumiem – LES 2. pants], ko konstatē Padome, ievērojot [LES] 7. panta 1. punktu [pēc grozījumiem – LES 7. panta 2. punkts], ar sekām, kas izklāstītas attiecīgā līguma 7. panta 2. punktā [pēc grozījumiem – LES 7. panta 3. punkts]. [..] (12) Šajā pamatlēmumā ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti [LES] 6. pantā [..] un atspoguļoti [Hartā], īpaši tās VI nodaļā. Neko šajā pamatlēmumā nevar interpretēt kā aizliegumu atteikt tādas personas nodošanu, par kuru izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, ja, pamatojoties uz objektīviem apstākļiem, ir iemesls domāt, ka minētais apcietināšanas orderis ir izsniegts, lai veiktu personas vajāšanu vai sodīšanu tās dzimuma, rases, reliģijas, nacionālās izcelsmes, valstiskās piederības, valodas, politisko uzskatu vai seksuālās orientācijas dēļ, vai ka šīs personas stāvokli varētu pasliktināt kāda no šiem iemesliem dēļ. [..]” Šī pamatlēmuma 1. pantā “Eiropas apcietināšanas ordera definīcija un pienākums to izpildīt” ir noteikts: “1.   Eiropas apcietināšanas orderis ir tiesas nolēmums, ko izsniedz dalībvalsts, lai cita dalībvalsts apcietinātu un nodotu pieprasīto personu kriminālvajāšanas veikšanai vai lai izpildītu brīvības atņemšanas sodu, vai arī lai piemērotu ar brīvības atņemšanu saistītu drošības līdzekli. 2.   Dalībvalstis izpilda ikvienu Eiropas apcietināšanas orderi, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu un saskaņā ar šī pamatlēmuma noteikumiem. 3.   Šis pamatlēmums groza [negroza] pienākumu ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kā tie minēti [LES] 6. pantā.” Minētā pamatlēmuma 3., 4. un 4.a pantā ir noteikti Eiropas apcietināšanas ordera obligātas un fakultatīvas neizpildes pamati. Šī paša pamatlēmuma 7. pantā “Centrālās iestādes iesaistīšana” ir paredzēts: “1.   Katra dalībvalsts var izraudzīties centrālo iestādi vai, ja tās tiesību sistēma to pieļauj, vairākas centrālās iestādes, kas palīdz kompetentajām tiesu iestādēm. 2.   Dalībvalsts var, ja tas ir vajadzīgs tās tiesu sistēmas organizācijas dēļ, paredzēt centrālajai iestādei (centrālajām iestādēm) atbildību par Eiropas apcietināšanas orderu administratīvu pārsūtīšanu un saņemšanu, kā arī par citu oficiālu saraksti, kas uz to (tām) attiecas. Dalībvalsts, kas vēlas izmantot šajā pantā minētās iespējas, Padomes ģenerālsekretariātam paziņo informāciju, kas attiecas uz izraudzīto centrālo iestādi vai centrālajām iestādēm. Šīs norādes ir saistošas visām izsniegšanas dalībvalsts iestādēm.” Pamatlēmuma 15. pantā “Lēmums par nodošanu” ir paredzēts: “1.   Izpildes tiesu iestāde termiņos un saskaņā ar šajā pamatlēmumā noteiktajiem nosacījumiem pieņem lēmumu par to, vai persona ir jānodod. 2.   Ja izpildes tiesu iestāde uzskata, ka informācija, ko paziņojusi izsniegšanas dalībvalsts, ir nepietiekama, lai ļautu pieņemt lēmumu par nodošanu, tā lūdz, lai steidzami piegādā vajadzīgo papildu informāciju, konkrēti to, kas attiecas uz 3. līdz 5. pantu un 8. pantu, un tā var noteikt termiņu tās saņemšanai, ņemot vērā to, ka ir vajadzīgs ievērot termiņus, kas noteikti 17. pantā. [..]” Īrijas tiesības Pamatlēmums 2002/584 Īrijas tiesību sistēmā ir transponēts ar European Arrest Warrant Act 2003 (2003. gada Likums par Eiropas apcietināšanas orderi). 2003. gada Likuma par Eiropas apcietināšanas orderi 37. panta 1. punktā ir noteikts: “Saskaņā ar šo likumu personas nodošana nav pieļaujama, ja: a) viņa vai viņas nodošana nav saderīga ar valsts pienākumiem, kas paredzēti: i) [ECPAK] vai ii) [ECPAK] protokolos, b) viņa vai viņas nodošana ir pretrunā jebkurai Konstitūcijas tiesību normai [..].” Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi 2012. gada 1. februārī, 2012. gada 4. jūnijā un 2013. gada 26. septembrī Polijas tiesas izsniedza trīs Eiropas apcietināšanas orderus (turpmāk tekstā – “EAO”) attiecībā uz ieinteresēto personu, lai panāktu tās apcietināšanu un nodošanu šīm tiesām kriminālvajāšanai, tostarp par narkotisko un psihotropo vielu nelikumīgu pārvadāšanu. 2017. gada 5. maijā attiecīgā persona, pamatojoties uz šiem EAO, tika aizturēta Īrijā un nogādāta iesniedzējtiesā High Court (Augstā tiesa, Īrija). Tā informēja šo tiesu, ka nepiekrīt savai nodošanai Polijas tiesu iestādēm, un tika ievietota ieslodzījuma vietā, gaidot lēmumu par nodošanu šīm iestādēm. Pamatojot iebildumu pret savu nodošanu, attiecīgā persona tostarp apgalvo, ka šī nodošana pakļaušot viņu faktiskam riskam, ka, pārkāpjot ECPAK 6. pantu, klaji tiks liegta piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem. Šajā ziņā attiecīgā persona it īpaši apgalvo, ka nesenās Polijas tiesu sistēmas likumdošanas reformu dēļ viņam ir liegtas tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu. Šīs reformas fundamentāli apdraudot savstarpējas uzticēšanās pamatu starp Eiropas apcietināšanas ordera izsniegšanas iestādi un šī ordera izpildes iestādi, un tas radot šaubas par Eiropas apcietināšanas ordera mehānisma darbību. Attiecīgā persona it īpaši pamatojas uz Komisijas 2017. gada 20. decembra pamatoto priekšlikumu, kas iesniegts saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 7. panta 1. punktu, par tiesiskumu Polijā [COM(2017) 835 final ] (turpmāk tekstā – “pamatotais priekšlikums”), kā arī dokumentiem, uz kuriem tā atsaucas. Pamatotajā priekšlikumā Komisija vispirms detalizēti izklāsta likumdošanas reformu kontekstu un vēsturi, pēc tam aplūko divas īpašas problēmas, proti, pirmkārt, neatkarīgas un leģitīmas konstitucionālas kontroles neesamību un, otrkārt, parasto tiesu neatkarības apdraudējuma risku, un visbeidzot aicina Padomi konstatēt, ka ir droša varbūtība, ka Polijas Republika varētu nopietni pārkāpt LES 2. pantā paredzētās vērtības, kā arī sniegt šai dalībvalstij ieteikumus, kas nepieciešami šajā ziņā. Turklāt pamatotajā atzinumā ir izklāstīti Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” konstatējumi attiecībā uz situāciju Polijas Republikā un nesenajām šīs dalībvalsts tiesu sistēmas likumdošanas reformām. Visbeidzot, pamatotajā atzinumā ir atspoguļotas nopietnas bažas šajā ziņā, kuras radušās periodā pirms šī piekšlikuma pieņemšanas un kuras ir paudušas daudzas starptautiskas un Eiropas iestādes un organizācijas, tādas kā Apvienoto Nāciju Organizācijas Cilvēktiesību komiteja, Eiropas Padome, Eiropas Parlaments un Eiropas Tiesu iestāžu padomju tīkls, kā arī valsts līmenī Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa, Polija), Trybunał Konstytucyjny (Konstitucionālā tiesa, Polija), Rzecznik Praw Obywatelskich (ombuds, Polija), Krajowa Rada Sądownictwa (Valsts tiesu padome, Polija) un tiesnešu un advokātu apvienības. Pamatojoties uz pamatotajā atzinumā ietverto informāciju un Eiropas Padomes komisijas “Demokrātija caur tiesībām” konstatējumiem par situāciju Polijas Republikā un neseno šīs dalībvalsts tiesu sistēmas likumdošanas reformu sekām, iesniedzējtiesa secina, ka Polijas Republikā kopš 2015. gada notikušo likumdošanas reformu kumulatīvās sekas, kas tostarp attiecas uz Trybunał Konstytucyjny (Konstitucionālā tiesa), Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa), Valsts tiesu padomi, parasto tiesu organizāciju, Valsts tiesnešu skolu un Prokuratūru, ir tādas, ka šajā dalībvalstī ir pārkāpts tiesiskums. Iesniedzējtiesa pamato šo secinājumu ar konstatējumu par tādām īpaši būtiskām izmaiņām kā: – grozījumi Valsts tiesu padomes tiesu neatkarības aizsardzības konstitucionālajā lomā kopsakarā ar Polijas valdības prettiesiskajām iecelšanām Trybunał Konstytucyjny (Konstitucionālā tiesa) tiesnešu amatos un šīs valdības atteikšanās publicēt noteiktus lēmumus; – tas, ka tieslietu ministrs turpmāk ir ģenerālprokurors, kuram ir pilnvaras aktīvi iesaistīties kriminālvajāšanā un kuram ir disciplināra funkcija attiecībā uz tiesu priekšsēdētājiem, kurai potenciāli var būt preventīva iedarbība attiecībā uz šiem priekšsēdētājiem un līdz ar to ietekme uz tiesas spriešanu; – tas, ka Sąd Najwyższy (Augstākā tiesa) tiek ietekmēta, ieviešot pensionēšanos pēc savas ierosmes un nākotnē paredzamas iecelšanas tiesnešu amatos, un ka jaunajā Valsts tiesu padomē lielā mērā prevalēs politiski motivētas iecelšanas tiesnešu amatos, un – tas, ka Trybunał Konstytucyjny (Konstitucionālā tiesa) neaizskaramība un efektivitāte ir būtiski traucēta tādējādi, ka nekas negarantē, ka likumi Polijā atbilst Polijas konstitūcijai, un ar to pašu par sevi ir pietiekami, lai ietekmētu visu krimināltiesību sistēmu. Šādos apstākļos iesniedzējtiesa uzskata, ka, tā kā Polijas Republikas tiesu sistēmas “plašās un nekontrolētās” pilnvaras ir pretrunā tām, kādas tiesu sistēmai ir piešķirtas demokrātiskā valstī, kurā tiek īstenots tiesiskuma princips, pastāv faktisks risks, ka attiecīgā persona tiks pakļauta patvaļībai tiesvedībā izsniegšanas dalībvalstī. Tādējādi ar attiecīgās personas nodošanu tiktu pārkāptas tai ECPAK 6. pantā paredzētās tiesības, un līdz ar to šī nodošana būtu jāatsaka saskaņā ar Īrijas tiesībām un Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 3. punktu, aplūkotu kopsakarā ar tā 10. apsvērumu. Šajā ziņā iesniedzējtiesa norāda, ka 2016. gada 5. aprīļa spriedumā Aranyosi un Căldăraru ( C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ) Tiesa nodošanas, ar kuru var tikt pārkāpts ECPAK 3. pants, kontekstā ir nospriedusi, ka, ja izpildes tiesu iestāde konstatē sistēmiskas vai vispārējas nepilnības izsniegšanas dalībvalsts sniegtajā aizsardzībā, šai izpildes iestādei ir konkrēti un precīzi jāizvērtē, vai pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka pastāv faktisks risks, ka attiecīgajai personai šajā dalībvalstī būs faktisks risks piedzīvot necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos. Šajā spriedumā Tiesa arī esot iedibinājusi divu posmu procedūru, kura izpildes iestādei būtu jāpiemēro šādos apstākļos. Šai iestādei vispirms esot jākonstatē, ka izsniegšanas dalībvalsts sniegtajā aizsardzībā ir vispārējas un sistēmiskas nepilnības, un pēc tam no izsniegšanas dalībvalsts tiesu iestādes ir jāpieprasa visa nepieciešamā papildu informācija saistībā ar attiecīgās personas aizsardzību. Taču iesniedzējtiesa jautā, vai tad, ja izpildes tiesu iestāde konstatē, ka izsniegšanas dalībvalsts ir pārkāpusi tiesiskuma kopējo vērtību, kas nostiprināta LES 2. pantā, un ka šis sistēmiskais tiesiskuma pārkāpums pēc savas būtības ir tiesu sistēmas fundamentāls defekts, prasība konkrēti un precīzi saskaņā ar 2016. gada 5. aprīļa spriedumu Aranyosi un Căldăraru ( C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ) izvērtēt, vai pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka attiecīgā persona tiks pakļauta riskam, ka tiks pārkāptas viņas tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kas paredzētas ECPAK 6. pantā, vēl joprojām ir piemērojama vai arī šādos apstākļos var tikt vienkārši uzskatīts, ka izsniegšanas iestādes vispār nevarētu piešķirt nekādu specifisku garantiju saistībā ar lietas taisnīgu izskatīšanu, jo tiesiskuma pārkāpumam ir sistēmisks raksturs, līdz ar to izpildes tiesu iestādei nav pienākuma konstatēt, ka pastāv šādi iemesli. Šajos apstākļos High Court (Augstā tiesa) nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “1) Neatkarīgi no Tiesas secinājumiem 2016. gada 5. aprīļa spriedumā Aranyosi un Căldăraru ( C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ), ja valsts tiesa konstatē, ka pastāv pārliecinoši pierādījumi, kas liecina, ka apstākļi izsniegšanas dalībvalstī nav saderīgi ar pamattiesībām uz taisnīgu tiesu, jo izsniegšanas dalībvalsts tiesu sistēma vairs nedarbojas saskaņā ar tiesiskuma principu, – vai izpildes tiesu iestādei konkrēti un precīzi ir jāvērtē, kādā mērā attiecīgā persona tiks pakļauta riskam, ka tiks apdraudētas tās pamattiesības uz taisnīgu lietas izskatīšanu, ja attiecīgās personas tiesāšana notiks sistēmā, kas vairs nedarbojas saskaņā ar tiesiskuma principu? 2) Ja pārbaudes mērķiem ir jāveic īpašs izvērtējums par to, vai pastāv droša varbūtība, ka attiecīgajai personai klaji varētu tikt liegta piekļuve tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, un ja valsts tiesa ir konstatējusi sistēmiskus tiesiskuma pārkāpumus, – vai valsts tiesai kā izpildes tiesu iestādei ir jālūdz izsniegšanas tiesu iestādei sniegt visu papildinformāciju, kas tai ir nepieciešama, lai tā izslēgtu risku, ka attiecīgajai personai netiks nodrošināta taisnīga lietas izskatīšana, un apstiprinošas atbildes gadījumā – kādas garantijas līdz ar to būtu jāpieprasa, lai notiktu lietas taisnīga izskatīšana?” Par steidzamības tiesvedību Iesniedzējtiesa ir lūgusi, lai šim lūgumam sniegt prejudiciālu nolēmumu tiktu piemērota Tiesas Reglamenta 107. pantā paredzētā steidzamības tiesvedība. Šī pieteikuma pamatošanai iesniedzējtiesa tostarp ir norādījusi, ka attiecīgajai personai šobrīd ir atņemta brīvība, gaidot lēmumu par tās nodošanu Polijas iestādēm, un ka atbilde uz uzdotajiem jautājumiem ir izšķiroša, lai pieņemtu šādu lēmumu. Šajā ziņā ir jānorāda, ka šis lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par Pamatlēmuma 2002/584, uz ko attiecas LESD trešās daļas V sadaļa par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, interpretāciju. Tādējādi attiecībā uz šo lūgumu var tikt piemērota steidzamības prejudiciālā nolēmuma tiesvedība. Otrkārt, attiecībā uz steidzamības kritēriju atbilstoši Tiesas judikatūrai ir jāņem vērā, ka attiecīgajai personai šobrīd ir atņemta brīvība un ka tās turpmāka atrašanās apcietinājumā ir atkarīga no strīda atrisinājuma pamatlietā. Turklāt attiecīgās personas situācija ir vērtējama tāda, kāda tā ir datumā, kad tiek izskatīts pieteikums par steidzamības tiesvedības piemērošanu lūgumam sniegt prejudiciālu nolēmumu (spriedums, 2017. gada 10. augusts, Zdziaszek, C‑271/17 PPU , EU:C:2017:629 , 72. punkts un tajā minētā judikatūra). Taču šajā gadījumā, pirmkārt, nav strīda par to, ka minētajā datumā attiecīgā persona bija apcietināta. Otrkārt, tās turpmāka atrašanās apcietinājumā ir atkarīga no pamatlietas risinājuma, jo apcietināšanas pasākums atbilstoši iesniedzējtiesas sniegtajiem paskaidrojumiem tai tika noteikts, izpildot attiecīgo EAO. Šādos apstākļos Tiesas pirmā palāta pēc tiesneša referenta priekšlikuma, uzklausījusi ģenerāladvokātu, 2018. gada 12. aprīlī nolēma apmierināt iesniedzējtiesas pieteikumu par steidzamības tiesvedības piemērošanu šim lūgumam sniegt prejudiciālu nolēmumu. Tā arī nolēma nodot lietu Tiesai, lai tā to iedalītu virspalātai. Par prejudiciālajiem jautājumiem Vispirms no lēmuma lūgt prejudiciālu nolēmumu pamatojuma, kā arī no norādes uz 2016. gada 5. aprīļa spriedumu Aranyosi un Căldăraru ( C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 ), kura ir ietverta pirmā jautājuma formulējumā, izriet, ka iesniedzējtiesas uzdotie jautājumi attiecas uz nosacījumiem, kas ļauj izpildes tiesu iestādei, pamatojoties uz Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 3. punktu, atturēties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, jo pastāv risks, ka, ja pieprasītā persona tiks nodota izsniegšanas tiesu iestādei, tiks pārkāptas ECPAK 6. panta 1. punktā nostiprinātās pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu neatkarīgā tiesā, kas, kā tas izriet no šī sprieduma 5. punkta, atbilst Hartas 47. panta otrajai daļai. Tādējādi ir jāuzskata, ka ar abiem saviem jautājumiem, kuri ir jāizvērtē kopā, iesniedzējtiesa būtībā jautā, vai Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja izpildes tiesu iestādei, kurai jālemj par personas, saistībā ar kuru ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis, lai veiktu kriminālvajāšanu, izdošanu, rīcībā ir tādi elementi, kuri ietverti Komisijas pamatotajā priekšlikumā, kas pieņemts, piemērojot LES 7. panta 1. punktu, un kuri vedina domāt, ka pastāv faktisks risks, ka tiks pārkāptas Hartas 47. panta otrajā daļā garantētās pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, jo pastāv sistēmiskas vai vispārējas nepilnības saistībā ar tiesu varas neatkarību izsniegšanas dalībvalstī, šai iestādei konkrēti un precīzi ir jāpārbauda, vai pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka attiecīgajai personai šajā dalībvalstī būs šāds risks nodošanas uz šo pēdējo minēto valsti gadījumā. Apstiprinošas atbildes gadījumā iesniedzējtiesa lūdz Tiesu precizēt nosacījumus, kuri ir jāievēro šādā pārbaudē. Lai atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem, ir jāatgādina, ka Savienības tiesības ir balstītas uz pamatpremisu, saskaņā ar kuru katrai dalībvalstij ar visām pārējām dalībvalstīm – un tās to savstarpēji atzīst –, kā tas ir precizēts LES 2. pantā, ir kopīgas daudzas Savienības pamatvērtības. Šī premisa nozīmē un pamato dalībvalstu savstarpējo uzticēšanos šo vērtību atzīšanā un tādējādi Savienības tiesību, ar kurām tās tiek īstenotas, ievērošanā (spriedums, 2018. gada 6. marts, Achmea, C‑284/16 , EU:C:2018:158 , 34. punkts un tajā minētā judikatūra). Gan savstarpējas uzticēšanās starp dalībvalstīm principam, gan arī savstarpējās atzīšanas principam, kas pats ir balstīts uz savstarpējo uzticēšanos starp šīm dalībvalstīm (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2017. gada 10. augusts, Tupikas, C‑270/17 PPU , EU:C:2017:628 , 49. punkts un tajā minētā judikatūra), Savienības tiesībās ir fundamentāla nozīme, jo tie ļauj izveidot un uzturēt telpu bez iekšējām robežām. Konkrētāk, it īpaši attiecībā uz brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, ar savstarpējas uzticēšanās principu katrai no šīm valstīm ir noteikts pienākums uzskatīt, izņemot ārkārtas apstākļus, ka visas pārējās dalībvalstis ievēro Savienības tiesības, it īpaši šajās tiesībās atzītās pamattiesības (spriedums, 2016. gada 10. novembris, Poltorak, C‑452/16 PPU , EU:C:2016:858 , 26. punkts un tajā minētā judikatūra). Tādejādi dalībvalstīm, tām īstenojot Savienības tiesības, saskaņā ar šīm pašām tiesībām var tikt prasīts prezumēt, ka pārējās dalībvalstis ievēro pamattiesības, un tas nozīmē, ka tās nevar ne vien kādai citai dalībvalstij pieprasīt ievērot valstī noteikto pamattiesību aizsardzības līmeni, kas ir augstāks par Savienības tiesībās nodrošināto līmeni, bet arī, izņemot ārkārtas gadījumus, pārbaudīt, vai šī cita dalībvalsts konkrētā gadījumā patiešām ir ievērojusi Savienībā garantētās pamattiesības (Atzinums 2/13 (Savienības pievienošanās ECPAK), 2014. gada 18. decembris, EU:C:2014:2454 , 192. punkts). No Pamatlēmuma 2002/584 6. apsvēruma izriet, ka šajā pamatlēmumā paredzētais Eiropas apcietināšanas orderis ir pirmā savstarpējas atzīšanas principa konkretizācija krimināltiesību jomā. Kā izriet, konkrēti, no Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 1. un 2. punkta, tāpat kā no tā 5. un 7. apsvēruma, tā mērķis ir aizvietot notiesāto vai aizdomās turamo personu daudzpusējo izdošanas sistēmu, kuras pamatā ir 1957. gada 13. decembra Eiropas Konvencija par izdošanu, ar nodošanas sistēmu starp tiesu iestādēm, lai pildītu spriedumus vai veiktu kriminālvajāšanu, šai pēdējai sistēmai tiekot balstītai uz savstarpējās atzīšanas principa (spriedums, 2016. gada 10. novembris, Kovalkovas, C‑477/16 PPU , EU:C:2016:861 , 25. punkts un tajā minētā judikatūra). Tādējādi, ar Pamatlēmumu 2002/584 ieviešot jaunu, vienkāršotu un iedarbīgāku personu, kuras ir notiesātas vai tiek turētas aizdomās par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, nodošanas sistēmu, ir mēģināts atvieglot un paātrināt tiesu sadarbību, lai veicinātu Savienībai noteiktā mērķa – kļūt par brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, pamatojoties uz augstu savstarpējo uzticēšanos, kurai jābūt starp dalībvalstīm, – sasniegšanu (spriedums, 2016. gada 10. novembris, Poltorak, C‑452/16 PPU , EU:C:2016:858 , 25. punkts un tajā minētā judikatūra). Jomā, kas tiek regulēta ar Pamatlēmumu 2002/584, savstarpējas atzīšanas princips, kā tas tostarp izriet no šī pamatlēmuma 6. apsvēruma, kas ir tiesu iestāžu sadarbības krimināllietās “stūrakmens”, ir piemērots šī pamatlēmuma 1. panta 2. punktā, kurā ir paredzēts noteikums, saskaņā ar kuru dalībvalstīm ir jāizpilda ikviens Eiropas apcietināšanas orderis, pamatojoties uz savstarpējas atzīšanas principu un saskaņā ar šī paša pamatlēmuma tiesību normām. Tādēļ izpildes tiesu iestādes šādu orderi principā var atteikties izpildīt tikai atbilstošo izsmeļoši uzskaitītajiem, Pamatlēmumā 2002/584 paredzētajiem neizpildes pamatiem, un Eiropas apcietināšanas ordera izpilde var tikt pakārtota tikai vienam no minētajā pamatlēmuma 5. pantā paredzētajiem ierobežojoši paredzētajiem nosacījumiem. Tādējādi, lai arī Eiropas apcietināšanas ordera izpilde ir princips, izpildes atteikums tiek saprasts kā izņēmums, kas ir jāinterpretē šauri (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2017. gada 10. augusts, Tupikas, C‑270/17 PPU , EU:C:2017:628 , 49. un 50. punkts, kā arī tajos minētā judikatūra). Tādējādi Pamatlēmumā 2002/584 tieši ir norādīti Eiropas apcietināšanas ordera obligātās neizpildes pamati (3. pants) un fakultatīvās neizpildes pamati (4. un 4.a pants), kā arī garantijas, kas īpašos gadījumos jāsniedz izsniegšanas dalībvalstij (5. pants) (skat. spriedumu, 2017. gada 10. augusts, Tupikas, C‑270/17 PPU , EU:C:2017:628 , 51. punkts). Tomēr Tiesa ir atzinusi, ka “ārkārtas apstākļos” savstarpējas atzīšanas un uzticēšanās starp dalībvalstīm principi var tikt ierobežoti (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 82. punkts un tajā minētā judikatūra). Šajā kontekstā Tiesa ar noteiktiem nosacījumiem ir atzinusi izpildes tiesu iestādes iespēju izbeigt nodošanas procedūru, kura noteikta Pamatlēmumā 2002/584, ja ar šādu nodošanu tiktu radīts necilvēcīga vai pazemojošas attieksmes risks pieprasītajai personai Hartas 4. panta nozīmē. (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 104. punkts). Šajā ziņā Tiesa, pirmkārt, ir pamatojusies uz šī pamatlēmuma 1. panta 3. punktu, kurā ir paredzēts, ka ar šo pamatlēmumu nebūtu grozāms pienākums ievērot pamattiesības un tiesību pamatprincipus, kā tie noteikti LES 2. un 6. pantā, un, otrkārt, uz Hartas 4. pantā garantēto pamattiesību absolūto raksturu (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 83. un 85. punkts). Šajā gadījumā, balstoties uz pamatoto priekšlikumu un tajā norādītajiem dokumentiem, attiecīgā persona iebilst pret tās nodošanu Polijas tiesu iestādēm, it īpaši apgalvojot, ka šāda nodošana to pakļautu faktiskam klajas piekļuves tiesiskās aizsardzības līdzekļiem liegšanas riskam tādu izsniegšanas dalībvalsts tiesu sistēmas nepilnību dēļ, kuras izriet no neseno tiesu sistēmas reformu īstenošanas šajā dalībvalstī. Tādēļ vispirms ir jāpārbauda, vai, tāpat kā tas ir Hartas 4. panta pārkāpuma faktiska riska gadījumā, faktisks risks, ka tiks pārkāptas attiecīgās personas pamattiesības uz neatkarīgu tiesu un līdz ar to tās pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kā tas ir paredzēts Hartas 47. panta otrajā daļā, var ļaut izpildes tiesu iestādei izņēmuma kārtā atturēties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, pamatojoties uz Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 3. punktu. Šajā ziņā ir jāuzsver, ka prasība par tiesnešu neatkarību ietilpst to pamattiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu būtiskajā saturā, kurām ir kardināla nozīme kā garantijai visu tiesību aizsardzībai, kuras indivīdiem izriet no Savienības tiesībām, un dalībvalstu kopējo vērtību, kas izklāstītas LES 2. pantā, tostarp tiesiskuma, saglabāšanai. Savienība ir tiesību Savienība, kurā indivīdiem ir tiesības apstrīdēt tiesā jebkura valsts lēmuma vai cita akta par Savienības tiesību akta piemērošanu tiem tiesiskumu (spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 31. punkts un tajā minētā judikatūra). Saskaņā ar LES 19. pantu, kurā ir konkretizēta LES 2. pantā noteiktā tiesiskuma vērtība, valsts tiesām un Tiesai ir jānodrošina pilnīga Savienības tiesību piemērošana visās dalībvalstīs, kā arī jānodrošina šo tiesību, kas šiem indivīdiem izriet no Savienības tiesībām, aizsardzība tiesā (šajā nozīmē skat. spriedumus, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 32. punkts un tajā minētā judikatūra, kā arī 2018. gada 6. marts, Achmea, C‑284/16 , EU:C:2018:158 , 36. punkts un tajā minētā judikatūra). Tas, ka pastāv efektīva pārbaude tiesā, kuras mērķis ir nodrošināt Savienības tiesību ievērošanu, ir tiesiskuma neatņemama sastāvdaļa (spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 36. punkts un tajā minētā judikatūra). No tā izriet, ka ikvienai dalībvalstij ir jānodrošina, lai attiecīgās instances, kuras kā “tiesa” Savienības tiesību izpratnē ietilpst tās tiesību aizsardzības līdzekļu sistēmas jomās, uz kuru attiecas Savienības tiesības, atbilstu efektīvas tiesību aizsardzības tiesā prasībām (spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 37. punkts). Lai nodrošinātu šādu aizsardzību, īpaši svarīga, kā tas norādīts Hartas 47. panta otrajā daļā, kurā viena no prasībām saistībā ar pamattiesībām uz efektīvu tiesisko aizsardzību ir norāde uz piekļuvi “neatkarīgai” tiesai, ir šo instanču neatkarības saglabāšana (spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 41. punkts). Valstu tiesu neatkarība ir īpaši būtiska tiesu sadarbības sistēmas, ko iemieso LESD 267. pantā paredzētais prejudiciāla nolēmuma tiesvedības mehānisms, raitai darbībai, jo šo mehānismu var iedarbināt vienīgi instance, kurai ir uzticēts piemērot Savienības tiesības un kura tostarp atbilst šim neatkarības kritērijam (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 43. punkts). Ciktāl, kā tas ir norādīts šī sprieduma 40. punktā, ar Pamatlēmumu 2002/584 ir paredzēts izveidot vienkāršotu tiešas nodošanas sistēmu starp “tiesu iestādēm”, lai nodrošinātu tiesu nolēmumu krimināllietās brīvu apriti kopīgā brīvības, drošības un tiesiskuma telpā, šādu iestāžu neatkarības saglabāšana arī ir būtiska Eiropas apcietināšanas ordera mehānisma ietvaros. Pamatlēmums 2002/584 ir balstīts uz principu, saskaņā ar kuru lēmumiem attiecībā uz Eiropas apcietināšanas orderi ir visas tiesas nolēmumiem piemītošās garantijas, tostarp garantijas, kuras izriet no šī pamatlēmuma 1. panta 3. punktā minētajām pamattiesībām un tiesību pamatprincipiem. Tas ietver ne tikai to, ka lēmumu, kas attiecas uz Eiropas apcietināšanas ordera izpildi, bet arī lēmumu, kas attiecas uz šāda ordera izsniegšanu, pieņem tiesu iestāde, kas atbilst prasībām, kuras ir raksturīgas efektīvai tiesību aizsardzībai tiesā – tostarp neatkarības garantijai –, līdz ar to ikvienai Pamatlēmumā 2002/584 paredzētajai nodošanas procedūrai starp dalībvalstīm ir jābūt pakļautai tiesas kontrolei (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 10. novembris, Kovalkovas, C‑477/16 PPU , EU:C:2016:861 , 37. punkts un tajā minētā judikatūra). Turklāt ir jānorāda, ka saistībā ar kriminālvajāšanu, brīvības atņemšanas soda izpildi vai ar brīvības atņemšanu saistīta drošības līdzekļa piemērošanu vai arī, izskatot krimināllietu pēc būtības, kas neietilpst Pamatlēmuma 2002/584 un Savienības tiesību piemērošanas jomā, dalībvalstīm joprojām ir pienākums ievērot pamattiesības, kas noteiktas ECPAK vai to valsts tiesībās, tostarp tiesības uz taisnīgu tiesu un no tām izrietošās garantijas (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2013. gada 30. maijs, F, C‑168/13 PPU , EU:C:2013:358 , 48. punkts). Augstais uzticēšanās līmenis starp dalībvalstīm, uz kuru balstās Eiropas apcietināšanas ordera mehānisms, kā arī premisa, saskaņā ar kuru citu dalībvalstu krimināltiesas, kurām pēc Eiropas apcietināšanas ordera izpildes ir jāveic kriminālvajāšana vai soda izpilde vai jāpiemēro ar brīvības atņemšanu saistīts drošības līdzeklis, kā arī kriminālprocess pēc būtības, atbilst efektīvas tiesību aizsardzības tiesā prasībām, tostarp, it īpaši, prasībai par šo tiesu neatkarību un objektivitāti. Tādēļ ir jāuzskata, ka faktiska riska, ka, ja persona tiks nodota izsniegšanas tiesu iestādei, tiks pārkāptas personas, saistībā ar kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, pamattiesības uz neatkarīgu tiesu un līdz ar to tās pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kā tas ir paredzēts Hartas 47. panta otrajā daļā, būtiskais saturs, esamība var ļaut izpildes tiesu iestādei izņēmuma kārtā atturēties izpildīt Eiropas apcietināšanas orderi, pamatojoties uz Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 3. punktu. Tādējādi, ja, kā tas ir pamatlietā, persona, saistībā ar kuru ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis, lai iebilstu pret tās nodošanu izsniegšanas tiesu iestādei, norāda, ka pastāv sistēmiskas vai vismaz vispārējas nepilnības, kas, pēc tās domām, var ietekmēt tiesu varas neatkarību izsniegšanas dalībvalstī un tādējādi apdraudēt tās pamattiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu būtisko saturu, izpildes tiesu iestādei, tai lemjot par šīs personas nodošanu minētās dalībvalsts iestādēm, ir jāizvērtē, vai pastāv faktisks risks, ka tiks pārkāptas attiecīgās personas pamattiesības (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 88. punkts). Šajā nolūkā izpildes tiesu iestādei vispirms, pamatojoties uz objektīviem, ticamiem, precīziem un pienācīgi aktualizētiem elementiem saistībā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesu sistēmas darbību (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 89. punkts), ir jāizvērtē, vai pastāv faktisks risks, ka tiks pārkāptas tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, saistībā ar šīs dalībvalsts tiesu neatkarības trūkumu, jo šajā dalībvalstī pastāv sistēmiskas vai vispārējas nepilnības. Informācija, kas ietverta pamatotajā priekšlikumā, kuru nesen Komisija adresēja Padomei, pamatojoties uz LES 7. panta 1. punktu, ir īpaši atbilstoši elementi saistībā ar šo vērtējumu. Šāds vērtējums ir jāveic atbilstoši pamattiesību, kas garantētas Hartas 47. panta otrajā daļā, aizsardzības standartam (pēc analoģijas skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 88. punkts un tajā minētā judikatūra). Šajā ziņā saistībā ar prasību par tiesu neatkarību, kura ietilpst šo tiesību būtiskajā saturā, ir jāatgādina, ka šī prasība ir raksturīga tiesas spriešanas uzdevumam un ietver divus aspektus. Saistībā ar pirmo – ārējo – aspektu tiek pieņemts, ka attiecīgā instance veic savas funkcijas pilnībā autonomi, nebūdama pakļauta nekādai hierarhiskai saiknei vai subordinācijai attiecība pret kādu un nesaņemot jebkādas izcelsmes rīkojumus vai instrukcijas, tādējādi būdama aizsargāta pret ārēju iejaukšanos vai spiedienu, kuri var nelabvēlīgi ietekmēt tās locekļu tiesas spriešanas neatkarību un ietekmēt viņu lēmumus (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 44. punkts un tajā minētā judikatūra). Šim būtiskajam atbrīvojumam no ārējas ietekmes ir nepieciešamas tādas noteiktas garantijas kā neatceļamība, lai aizsargātu tos, kuriem ir dots uzdevums izlemt strīdu (spriedums, 2006. gada 19. septembris, Wilson, C‑506/04 , EU:C:2006:587 , 51. punkts un tajā minētā judikatūra). Darba samaksas saņemšana atbilstoši tiesnešu veikto funkciju nozīmei ir ar viņu neatkarību nedalāmi saistīta garantija (spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16 , EU:C:2018:117 , 45. punkts). Otrs – iekšējais – aspekts ir saistīts ar neitralitātes jēdzienu un attiecas uz to, ka tiek saglabāta vienāda attieksme attiecībā uz strīda dalībniekiem un to attiecīgajām interesēm saistībā ar strīda priekšmetu. Šī aspekta ietvaros ir jāievēro objektivitāte un, izņemot stingru tiesību normu piemērošanu, ir jābūt absolūtai neieinteresētībai strīda atrisinājumā (spriedums, 2006. gada 19. septembris, Wilson, C‑506/04 , EU:C:2006:587 , 52. punkts un tajā minētā judikatūra). Šādas neatkarības un objektivitātes garantijas ir nepieciešamas, lai pastāvētu tiesību normas, it īpaši attiecībā uz tiesas sastāvu, iecelšanu, pilnvaru ilgumu, kā arī tās locekļu atturēšanās, noraidīšanas un atsaukšanas iemesliem, ļaujot kliedēt indivīdos jebkādas pamatotas šaubas par minētās tiesas ārēju ietekmējamību un tās neitralitāti attiecībā uz interesēm, ar ko tā saskaras. Lai uzskatītu, ka nosacījums saistībā ar attiecīgās instances neatkarību ir izpildīts, judikatūrā tostarp ir prasīts, ka tās locekļu atsaukšanas gadījumi ir noteikti ar tiešām likumdošanas normām (spriedums, 2014. gada 9. oktobris, TDC, C‑222/13 , EU:C:2014:2265 , 32. punkts un tajā minētā judikatūra). Neatkarības prasība arī pieprasa, lai to personu, kuras spriež tiesu, disciplinārie pasākumi arī būtu garantijas, kas nepieciešamas, lai izvairītos no jebkāda riska, ka šādi pasākumi tiks izmantoti kā tiesu nolēmumu satura politiskās kontroles sistēma. Šajā sakarā tādu noteikumu paredzēšana, kuros tostarp ir definēta gan rīcība, kas ir disciplinārpārkāpumi, gan konkrēti piemērojami sodi, kuri paredz neatkarīgas instances iesaistīšanos saskaņā ar procedūru, kas pilnībā garantē Hartas 47. un 48. pantā paredzētās tiesības, tostarp tiesības uz aizstāvību, un kuros ir paredzēta iespēja tiesā apstrīdēt disciplināro iestāžu lēmumus, ir būtisko garantiju kopums, lai saglabātu tiesu varas neatkarību. Ja no prasību, kas atgādinātas šī sprieduma 62.–67. punktā, skatpunkta izpildes tiesu iestāde konstatē, ka izsniegšanas dalībvalstī pastāv faktisks risks, ka tiks pārkāpts pamattiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu būtiskais saturs, jo pastāv tādas sistēmiskas vai vispārējas nepilnības saistībā ar tiesu varu šajā dalībvalstī, kuras var kompromitēt šīs valsts tiesu neatkarību, šai iestādei, otrkārt, ir konkrēti un precīzi jāizvērtē, vai lietas apstākļos pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka pieprasītajai personai būs šāds risks, ja tā tiks nodota izsniegšanas dalībvalstij (pēc analoģijas Hartas 4. panta kontekstā skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 92. un 94. punkts). Šis konkrētais vērtējums ir jāveic arī tad, ja, tāpat kā tas ir šajā lietā, pirmkārt, uz izsniegšanas dalībvalsti attiecas pamatots Komisijas atzinums, kas pieņemts saskaņā ar LES 7. panta 1. punktu, lai Padome konstatētu, ka pastāv droša varbūtība, ka šī dalībvalsts pārkāps LES 2. pantā paredzētās vērtības, tādas kā tiesiskums, it īpaši valsts tiesu neatkarības aizskārumu dēļ, un, otrkārt, ja izpildes tiesu iestāde uzskata, ka tās rīcība, tostarp uz šāda priekšlikuma pamata, ir elementi, kas pierāda sistēmisku nepilnību saistībā ar šīm vērtībām pastāvēšanu šīs dalībvalsts tiesu varas līmenī. No pamatlēmuma 2002/584 10. apsvēruma izriet, ka Eiropas apcietināšanas ordera īstenošanas mehānisma īstenošana var tikt apturēta tikai gadījumā, ja kāda no dalībvalstīm nopietni un vairākkārt pārkāpj LES 2. pantā paredzētos principus, ko, ievērojot LES 7. panta 2. punktu, konstatē Eiropadome, un šī apturēšana izraisa tā paša panta 3. punktā izklāstītās sekas. Tādējādi no šī apsvēruma formulējuma izriet, ka Eiropadomei ir jākonstatē, ka izsniegšanas dalībvalstī ir pārkāpti LES 2. pantā izklāstītie principi, tostarp tiesiskums, lai attiecībā uz šo dalībvalsti apturētu Eiropas apcietināšanas ordera mehānisma piemērošanu. Līdz ar to, vienīgi esot Eiropadomes lēmumam, ar kuru atbilstoši LES 7. panta 2. punktā paredzētajiem nosacījumiem ir konstatēts, ka izsniegšanas dalībvalsts ir vairākkārt nopietni pārkāpusi LES 2. pantā paredzētos principus, tādus kā tiesiskums, kam seko tas, ka Padome aptur Pamatlēmuma 2002/584 piemērošanu attiecībā uz šo dalībvalsti, izpildes tiesu iestādei būtu automātiski jāatsakās izpildīt ikvienu šīs dalībvalsts izsniegtu Eiropas apcietināšanas orderis, neesot pienākumam veikt jebkādu konkrētu vērtējumu par faktisko risku, ka tiks ietekmēts attiecīgās personas pamattiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu būtiskais saturs. Tāpēc, tā kā Eiropadome nav pieņēmusi šādu lēmumu, izpildes tiesu iestāde, pamatojoties uz Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 3. punktu, atteikties izpildīt tās dalībvalsts izsniegtu Eiropas apcietināšanas orderi, uz kuru attiecas pamatots atzinums LES 7. panta 1. punkta nozīmē, var vienīgi izņēmuma apstākļos, ja šī iestāde pēc konkrēta un precīza šīs lietas izvērtējuma konstatē, ka pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka personai, saistībā ar kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, ja tā tiks nodota izsniegšanas tiesu iestādei, būs faktisks risks, ka tiks pārkāptas viņas pamattiesības uz neatkarīgu tiesu un līdz ar to pārkāpts viņas pamattiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu būtiskais saturs. Šāda vērtējuma ietvaros izpildes tiesu iestādei tostarp ir jāizvērtē, kādā mērā sistēmiskās vai vispārējās nepilnības saistībā ar izsniegšanas dalībvalsts tiesu neatkarību, par kurām liecina tās rīcībā esošie elementi, var ietekmēt šīs dalībvalsts kompetento tiesu spēju īstenot procedūras, kurām tiks pakļauta pieprasītā persona. Ja no šīs pārbaudes izriet, ka šīs nepilnības var ietekmēt šīs tiesas, izpildes tiesu iestādei vēl ir jāizvērtē, vai, ņemot vērā attiecīgās personas paustās specifiskās bažas un tās eventuāli iesniegto informāciju, pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka personai, saistībā ar kuru ir izsniegts Eiropas apcietināšanas orderis, ņemot vērā viņas personisko situāciju, kā arī pārkāpuma raksturu, par kuru viņa tiek vajāta, un faktisko kontekstu, kas ir Eiropas apcietināšanas ordera pamatā, ja viņa tiks nodota izsniegšanas tiesu iestādei, būs faktisks risks, ka tiks pārkāptas viņas pamattiesības uz neatkarīgu tiesu un līdz ar to pārkāpts viņas pamattiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu būtiskais saturs. Turklāt izpildes tiesu iestādei, piemērojot Pamatlēmuma 2002/584 15. panta 2. punktu, ir jālūdz izsniegšanas tiesu iestādei visa papildu informācija, kuru tā uzskata par nepieciešamu, lai izvērtētu šāda riska pastāvēšanu. Šādā dialogā starp izpildes tiesu iestādi un izsniegšanas tiesu iestādi šī pēdējā attiecīgā gadījumā var iesniegt izpildes tiesu iestādei visus objektīvos elementus par eventuālajiem grozījumiem saistībā ar apstākļiem, kā izsniegšanas dalībvalstī tiek garantēta tiesu neatkarība, kuri var izslēgt šāda riska esamību saistībā ar attiecīgo personu. Gadījumā, ja informācija, kuru izsniegšanas tiesu iestāde vajadzības gadījumā ir lūgusi izsniegšanas dalībvalsts centrālajai iestādei vai kādai no centrālajām iestādēm Pamatlēmuma 2002/584 7. panta nozīmē (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2016. gada 5. aprīlis, Aranyosi un Căldăraru, C‑404/15 un C‑659/15 PPU , EU:C:2016:198 , 97. punkts) un kura ir paziņota izpildes tiesu iestādei, neļauj šai pēdējai izslēgt risku, ka šajā dalībvalstī tiks pārkāptas attiecīgās personas pamattiesības uz neatkarīgu tiesu un līdz ar to pārkāpts viņas pamattiesību uz lietas taisnīgu izskatīšanu būtiskais saturs, izpildes tiesu iestādei ir jāatturas izpildīt Eiropas apcietināšanas orderis, kas attiecas uz šo personu. Ņemot vērā iepriekš izklāstītos apsvērumus, uz uzdotajiem jautājumiem ir jāatbild, ka Pamatlēmuma 2002/584 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja izpildes tiesu iestādes, kurai ir jālemj par personas, saistībā ar kuru ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis, lai veiktu kriminālvajāšanu, izdošanu, rīcībā ir tādi elementi, kuri ietverti Komisijas pamatotajā priekšlikumā, kas pieņemts, piemērojot LES 7. panta 1. punktu, un kuri vedina domāt, ka pastāv faktisks risks, ka tiks pārkāptas Hartas 47. panta otrajā daļā garantētās pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, jo pastāv sistēmiskas vai vispārējas nepilnības saistībā ar tiesu varas neatkarību izsniegšanas dalībvalstī, šai iestādei konkrēti un precīzi ir jāpārbauda, vai, ņemot vērā tās personisko situāciju, kā arī nodarījuma, saistībā ar kuru attiecībā uz to tiek veikta kriminālvajāšana, raksturu un Eiropas apcietināšanas ordera pamatā esošo faktisko kontekstu, kā arī informāciju, kuru sniegusi izsniegšanas dalībvalsts, piemērojot šī pamatlēmuma 15. panta 2. punktu, pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka attiecīgajai personai šajā dalībvalstī būs šāds risks, ja tā tiks nodota pēdējai minētajai valstij. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz pamatlietas pusēm šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto pušu izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (virspalāta) nospriež: Padomes Pamatlēmuma 2002/584/TI (2002. gada 13. jūnijs) par Eiropas apcietināšanas orderi un par nodošanas procedūrām starp dalībvalstīm, kas grozīts ar Padomes Pamatlēmumu 2009/299/TI (2009. gada 26. februāris), 1. panta 3. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka, ja izpildes tiesu iestādes, kurai ir jālemj par personas, saistībā ar kuru ir izdots Eiropas apcietināšanas orderis, lai veiktu kriminālvajāšanu, izdošanu, rīcībā ir tādi elementi, kuri ietverti Komisijas pamatotajā priekšlikumā, kas pieņemts, piemērojot LES 7. panta 1. punktu, un kuri vedina domāt, ka pastāv faktisks risks, ka tiks pārkāptas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. panta otrajā daļā garantētās pamattiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, jo pastāv sistēmiskas vai vispārējas nepilnības saistībā ar tiesu varas neatkarību izsniegšanas dalībvalstī, šai iestādei konkrēti un precīzi ir jāpārbauda, vai, ņemot vērā tās personisko situāciju, kā arī nodarījuma, saistībā ar kuru attiecībā uz to tiek veikta kriminālvajāšana, raksturu un Eiropas apcietināšanas ordera pamatā esošo faktisko kontekstu, kā arī informāciju, kuru sniegusi izsniegšanas dalībvalsts, piemērojot grozītā Pamatlēmuma 2002/584 15. panta 2. punktu, pastāv būtiski un reāli iemesli uzskatīt, ka attiecīgajai personai šajā dalībvalstī būs šāds risks, ja tā tiks nodota šai pēdējai minētajai valstij. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – angļu.

62004CJ0437

fi

Euroopan yhteisöjen komissio vaatii kanteellaan yhteisöjen tuomioistuinta toteamaan, että Belgian kuningaskunta ei ole noudattanut yhteisöjen erioikeuksista ja vapauksista 8.4.1965 tehdyn pöytäkirjan, joka liitettiin alun perin Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehtyyn sopimukseen (EYVL 1967, 152, s. 13) ja sitten Amsterdamin sopimuksen nojalla EY:n perustamissopimukseen (jäljempänä pöytäkirja), 3 artiklan mukaisia velvoitteitaan, koska se on ottanut käyttöön veron (jäljempänä alueellinen vero), jolla loukataan Euroopan yhteisöille myönnettyä verovapautta. Asiaa koskevat oikeussäännöt Yhteisön lainsäädäntö Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen 28 artiklan 1 kohdan ja, Amsterdamin sopimuksen tultua voimaan, EY 291 artiklan nojalla sekä pöytäkirjan johdanto-osan ainoan perustelukappaleen mukaan Euroopan yhteisöllä on jäsenvaltioiden alueella pöytäkirjassa määrätyin edellytyksin ne erioikeudet ja vapaudet, jotka ovat tarpeen yhteisön tehtävien toteuttamiseksi. Pöytäkirjan 3 artiklassa määrätään seuraavaa: ”Yhteisöt, niiden varat, tulot ja muu omaisuus on vapautettu kaikista välittömistä veroista. Jäsenvaltioiden hallitusten on toteutettava aina, kun se on mahdollista, aiheelliset toimenpiteet hyvittääkseen tai maksaakseen takaisin irtaimen tai kiinteän omaisuuden hintaan sisältyvät välilliset verot ja myyntiverot, kun yhteisöt suorittavat virkakäyttöönsä huomattavia hankintoja, joiden hintaan sisältyy tällaisia veroja. Näiden määräysten soveltaminen ei kuitenkaan saa johtaa kilpailun vääristymiseen yhteisöissä. Vapautus ei koske sellaisia veroja ja maksuja, jotka ovat ainoastaan korvausta yleishyödyllisistä palveluista.” Pöytäkirjan 13 artiklassa määrätään seuraavaa: ”Niillä edellytyksin ja noudattaen sitä menettelyä, jotka neuvosto komission ehdotuksesta vahvistaa, yhteisöjen virkamiehet ja muu henkilöstö ovat velvollisia maksamaan yhteisöille veroa yhteisöjen heille maksamista palkoista ja palkkioista. He eivät maksa kansallista veroa yhteisöjen maksamista palkoista ja palkkioista.” Pöytäkirjan 19 artiklassa määrätään seuraavaa: ”Tämän pöytäkirjan soveltamiseksi yhteisöjen toimielimet toimivat yhteistyössä kyseisten jäsenvaltioiden vastuussa olevien viranomaisten kanssa.” Kansallinen lainsäädäntö Ordonnance du 23 juillet 1992 relative à la taxe régionale à charge des occupants d’immeubles bâtis et de titulaires de droits réels sur certains immeubles de la Région de Bruxelles-Capitalen (tiettyjen Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueen kiinteistöjen osalta rakennettujen kiinteistöjen haltijoilta ja kiinteistöihin liittyvien esineoikeuksien haltijoilta kannettavasta verosta 23.7.1992 annettu asetus, Moniteur belge 1.8.1992, s. 17334; jäljempänä asetus) 2 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Verovuodesta 1993 alkaen otetaan käyttöön Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueella sijaitsevien rakennettujen kiinteistöjen haltijoilta ja muuhun kuin asumiskäyttöön tarkoitettuihin kiinteistöihin liittyvien esineoikeuksien haltijoilta kannettava vuotuinen vero; vero määräytyy verovuoden tammikuun 1. päivänä vallinneen tilanteen perusteella.” Kyseisen asetuksen 3 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa: ”[Alueellista] veroa kannetaan a)       perheenpäältä, joka käyttää Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueella sijaitsevaa rakennettua kiinteistöä tai kiinteistön osaa ensisijaisena tai toissijaisena asuntonaan – – b)       jokaiselta, joka käyttää Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueella sijaitsevaa rakennettua kiinteistöä tai kiinteistön osaa ja harjoittaa siellä omaan lukuunsa ansiotoimintaa tai muuta kuin ansiotoimintaa, mukaan lukien vapaata ammattia, ja kaikilta oikeushenkilöiltä tai rekisteröimättömiltä yhdistyksiltä, joilla on kiinteistössä kotipaikka, hallinnollinen toimipaikka, liiketoimipaikka tai toimipaikka – – c)       jokaiselta, jolla on täysi omistusoikeus Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueella sijaitsevaan rakennettuun kiinteistöön tai kiinteistön osaan, joita ei käytetä a kohdassa mainitussa tarkoituksessa, tai jos henkilöä, jolla on täysi omistusoikeus, ei ole, pitkäaikaisen vuokraoikeuden haltijalta, nautintaoikeuden haltijalta tai käyttöoikeuden haltijalta.” Kyseisen asetuksen 8 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan mainitun asetuksen 3 §:n 1 momentin c kohdassa tarkoitetuilta verovelvollisilta kannettavan alueellisen veron määrä on rakennetun kiinteistön osalta lattiapinta-alasta 6,36 euroa neliömetriltä kolmensadan neliömetrin pinta-alan ylittävältä osuudelta – tai 2 500 neliömetrin ylittävältä osuudelta, jos kyse on teolliseen tai käsiteolliseen toimintaan käytetyistä tiloista – ja veron määrä ei voi olla enempää kuin 14 prosenttia indeksiin sidotusta laskennallisesta kiinteistötulosta, joka liittyy koko kiinteistön tai kiinteistön osan pinta-alaan, johon sovelletaan tätä veroa. Oikeudenkäyntiä edeltänyt menettely Yhteisö ja SA Vita -yhtiö (jäljempänä Vita), jonka oikeudet ja velvollisuudet ovat siirtyneet SA Zurich -yhtiölle (jäljempänä Zurich), tekivät 3.2.1988 vuokrasopimuksen Ixellesissä (joka on Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueeseen kuuluva kunta Belgiassa) sijaitsevasta kiinteistöstä. Kyseisessä sopimuksessa määrätään, että kaikki sopimuksen voimaantulon jälkeen maksettavaksi tulevat kaikentyyppiset verot ja maksut, joita viranomaiset perivät vuokratusta kiinteistöstä, ja kaikki vastaavat maksut jäävät vuokralaisen maksettaviksi, paitsi jos vuokralainen onnistuu erityisasemansa, sellaisena kuin siitä määrätään muun muassa pöytäkirjan 3 artiklassa, perusteella saamaan toimivaltaisilta viranomaisilta vuokranantajalle kyseisiä veroja ja maksuja koskevan vapautuksen. Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalue määräsi asetuksen nojalla Vitan maksettavaksi eri rahamääriä, jotka koostuivat vuosien 1992–1997 alueellisista veroista. Vita vaati yhteisöä, jota komissio edusti, maksamaan Vitalle täten määrätyt rahasummat, mihin komissio ei suostunut. Vita saattoi asian juge de paix du premier canton d’Ixellesin käsiteltäväksi, joka velvoitti 26.5.1998 antamassaan tuomiossa komission maksamaan Vitalle 20 000 277 ja 290 211 Belgian frangin suuruiset rahamäärät. Tribunal de première instance de Bruxelles hylkäsi yhteisön kyseisestä tuomiosta tekemän valituksen, minkä jälkeen yhteisö teki kassaatiovalituksen, jonka Cour de cassation hylkäsi 1.3.2002 antamallaan tuomiolla. Cour de cassation katsoi, ettei kyseisessä asiassa ollut tarpeen pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua yhteisön esittämästä kysymyksestä, joka koski sitä, oliko Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen 28 artiklaa ja pöytäkirjan 3 artiklaa, luettuina tarvittaessa yhdessä 18.4.1961 tehdyn diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen (jäljempänä Wienin yleissopimus) 23 artiklan kanssa, tulkittava siten, että niissä kielletään sellaisen lain tai muun kansallisen säädöksen antaminen, jossa säädetään välittömästä verosta, joka koskee näennäisesti kaikkia kansainvälisoikeudellisen oikeushenkilön (kuten Euroopan yhteisön) kanssa sopimuksen tekeviä henkilöitä mutta jonka todellisena tarkoituksena tai vaikutuksena on välttämättä, että mainitun veron osalta varsinainen verotaakka kohdistuu kansainvälisoikeudelliseen oikeushenkilöön (kuten Euroopan yhteisöön) tai se siirretään tällaiselle oikeushenkilölle (kuten Euroopan yhteisölle). Komissio aloitti EY 226 artiklan mukaisen menettelyn 2.4.2003 päivätyllä virallisella huomautuksella, jossa se kehotti Belgian kuningaskuntaa esittämään pöytäkirjan 3 artiklan mukaisten velvoitteidensa noudattamatta jättämistä koskevat huomautuksensa. Belgian viranomaiset katsoivat 3.6.2003 päivätyssä vastauksessaan, että alueellinen vero ei koskenut välittömästi eikä välillisesti kansainvälisiä toimielimiä vaan kaikkia muuhun kuin asumiskäyttöön tarkoitettujen, tietyn pinta-alan ylittävien rakennettujen kiinteistöjen omistajia ja että Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalue ei näin ollen loukannut periaatetta, jonka mukaan perustamissopimukset on pantava täytäntöön lojaalisti. Komissio kehotti 16.12.2003 päivätyllä perustellulla lausunnolla Belgian kuningaskuntaa toteuttamaan kyseisen perustellun lausunnon noudattamisen edellyttämät toimenpiteet kahden kuukauden määräajassa sen vastaanottamisesta. Belgian viranomaiset vastasivat 30.7.2004 päivätyllä kirjeellä, että Belgian kuningaskunta pysyy kannassaan. Näin ollen komissio päätti nostaa esillä olevan kanteen. Yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 6.4.2005 antamalla määräyksellä neuvosto hyväksyttiin väliintulijaksi tukemaan komission vaatimuksia. Kanne Asianosaisten ja väliintulijan lausumat Komissio ja neuvosto väittävät, että kyseessä olevalla lainsäädännöllä loukataan yhteisöillä olevaa verovapautta. Riidanalaisen asetuksen oikeusvaikutukset eivät ole sopusoinnussa tämän verovapauden, joka vahvistetaan Euroopan yhteisöjen yhteisen neuvoston ja yhteisen komission perustamisesta tehdyn sopimuksen 28 artiklassa ja jota koskevat määräykset ovat pöytäkirjan 3 artiklassa, kanssa. Komissio ja neuvosto korostavat, että tällä asetuksella voidaan kiertää yhteisöjen verovapaus siten, että sillä siirretään välillisesti yhteisöjen, jotka ovat vuokralaisena, suoritettavaksi vero, jonka kantaminen välittömästi on tämän verovapauden perusteella kiellettyä. Alueellisen lainsäätäjän tahto ilmenee komission ja neuvoston mukaan sekä asetuksen 3 §:n 1 momentista, jossa määritetään, ketkä ovat velvollisia suorittamaan alueellista veroa, että valmisteluasiakirjoista. Aikaisempi sääntely koski nimittäin ainoastaan kiinteistön haltijaa, kun taas asetuksella otettiin käyttöön vero, jota ovat velvollisia suorittamaan ammatin harjoittamiseen tarkoitettujen, tietyn pinta-alan ylittävien kiinteistöjen omistajat. Komission ja neuvoston mukaan vero kohdistuu kuitenkin edelleen kiinteistön hallintaan, sillä haltija on viime kädessä maksajana sen johdosta, että verovelvollinen omistaja vyöryttää veron väistämättä vuokralaisen maksettavaksi. Komissio pitää merkityksellisenä sitä, että vapautukset, joita tällaisen kiinteistön omistaja voi saada, liittyvät haltijan ominaisuuksiin. Täten komission mukaan silloin, kun haltija on verosta vapautettu, myös omistaja on verosta vapautettu. Koska verovapautukset määritetään yksinomaan haltijan ominaisuuksien perusteella, neuvosto päättelee tästä myös, että lainsäädännön tarkoituksena on tosiasiassa verottaa kiinteistöjen haltijoita. Komissio viittaa tältä osin raha-asioista, talousarviosta ja hallinnosta vastaavan Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueen ministerin esittämään selvitykseen, jossa todettiin, että uudesta alueellisesta verosta aiheutuva verotaakka kohdistuu myös julkiseen sektoriin, kansainvälisluonteinen julkinen sektori mukaan lukien, mikä ei ollut aikaisemmin mahdollista. Tämän veron käyttöön ottamisella tavoiteltu päämäärä oli komission mukaan siis se, että verotulot kasvavat muun muassa sen johdosta, että kyseinen vero kannetaan sellaisten kiinteistöjen osalta, joista veroa ei ollut peritty, koska niiden haltijoina oli henkilöitä tai toimielimiä, jotka olivat verosta vapautettuja. Neuvosto väittää lisäksi, että yhteisöillä, toisin kuin yksityisillä vuokralaisilla, ei ole mahdollisuutta vähentää vuokria ja mahdollisia oheiskustannuksia verotuksessa, minkä vuoksi ne ovat verrattain suuri rasite yhteisöille. Vastaavasti Belgian kuningaskunta hyötyy verotuksen kannalta erityisen tuntuvasti siitä, että kiinteistöjä vuokrataan yhteisöille, koska Belgian kuningaskunta perii veroa vuokranantajan saamista vuokratuloista ilman, että sen olisi myönnettävä vuokralaiselle verovähennyksiä. Neuvosto toteaa Wienin yleissopimuksen 23 artiklan osalta, että siinä vahvistetaan verovapautusta koskeva periaate suppeana ja että pöytäkirjan 3 artiklan sanamuoto on siitä poikkeava. Lisäksi se, että yhteisöihin sovelletaan toimielinluonteisena kansainvälisenä järjestönä verovapautusta, on perusteena sille, että tätä periaatetta sovelletaan laajasti, tai se jopa edellyttää sitä. Neuvosto muistuttaa, että yhteisöjen erioikeudet ja vapaudet ovat luonteeltaan toiminnallisia ja niillä on tarkoituksena välttää se, että yhteisöjen toimintaan ja riippumattomuuteen puututaan. Neuvoston mukaan toimenpiteenä, jolla puututaan yhteisöjen toimintaan, on pidettävä kaikkia toimenpiteitä, jotka vaikuttavat yhteisöillä tehtäväänsä hoitaessaan käytettävissä oleviin budjettivaroihin. Komissio ja neuvosto katsovat alueellisen veron osalta, että haltijaa ja omistajaa verottamalla päästään samaan tulokseen. Alueellisen lainsäätäjän olisi pitänyt päättäessään siitä, kuka on verovelvollinen, ottaa huomioon velvoitteensa tehdä lojaalia yhteistyötä yhteisöjen kanssa, joiden varoja ei pidä käyttää sijaintijäsenvaltion tulojen kasvattamiseen. On nimittäin vältettävä, että jäsenvaltio, jonka alueella yhteisöt sijaitsevat, saisi muihin jäsenvaltioihin nähden perusteetonta etua. Joka tapauksessa tapaus, joka koskee yhteisöjen käyttöön tarkoitettuja kiinteistöjä, olisi pitänyt lisätä niiden kyseessä olevassa asetuksessa säädettyjen tapausten joukkoon, joissa omistajat on vapautettu verosta. Belgian hallitus korostaa, että yhteisöt eivät kuulu asetuksen soveltamisalaan, koska ne on pöytäkirjan nojalla vapautettu alueellisesta verosta niin kiinteistön haltijoina kuin omistajina tai vuokranantajinakin. Yhteisöt eivät näin ollen voi olla verovelvollisena. Belgian hallituksen näkemyksen mukaan tällä verolla ei loukata periaatetta, jonka mukaan perustamissopimukset on pantava täytäntöön lojaalisti, koska sillä ei loukata yhteisöjen verovapautta. Kyseessä oleva mahdollinen maksuvelvollisuus ei nimittäin ole luonteeltaan verotukseen liittyvä, vaan se seuraa sopimuksesta, joka on tehty sellaisen omistajan kanssa, joka on velvollinen suorittamaan veroa. Belgian hallitus muistuttaa myös, että Cour de cassation totesi, että tämä vyöryttäminen perustuu yksityisoikeudelliseen sopimukseen ja että olisi kohtuutonta, jos kansainvälinen järjestö voisi vaatia vapautusta vuokranmaksuvelvollisuudesta vuokran siltä osalta, joka perustuu yleiseen veronkorotukseen. Belgian hallitus muistuttaa, että Wienin yleissopimuksen 23 artiklan 2 kappaleen mukaan verovapautta ei sovelleta, jos lähettäjävaltio on vuokralaisena ja vuokranantajan on suoritettava vero. Pöytäkirjassa määrättyyn vapauteen, joka on saanut vaikutteita kyseisestä yleissopimuksesta ja jota on tulkittava yleisen kansainvälisen oikeuden valossa, ei voida vedota sopimusehdon nojalla toteutetun verotaakan siirtämisen osalta. Belgian hallitus huomauttaa lisäksi, että kansainvälisiin järjestöihin sovellettavalla verovapautuksella ei ole tarkoitus pienentää kyseisille järjestöille aiheutuvia vuokramenoja, vaan sillä pelkästään ilmaistaan se, että ne eivät kansainvälisoikeudellisina oikeushenkilöinä ole verovelvollisia. Se korostaa, että kyseessä olevalle hallintoalueelle ei aiheudu verotuksellista etua siitä, että sen alueella on kansainvälisiä järjestöjä, sillä alueellisen veron on velvollinen suorittamaan vain ja ainoastaan omistaja riippumatta siitä, onko kiinteistön vuokrannut yhteisöjen toimielin vai yksityinen henkilö tai onko sitä ylipäätään lainkaan vuokrattu. Verovapautuksella vaarannettaisiin tässä yhteydessä omistajien yhdenvertaisen kohtelun toteutuminen, sillä ne omistajat, jotka vuokraavat kiinteistöjään yhteisöille, olisivat etuoikeutetussa asemassa muihin omistajiin nähden. Belgian hallitus huomauttaa oikeuskäytännöstä, johon komissio on vedonnut, ettei yhteisöjen tuomioistuin ole koskaan lausunut yhteisöjen väitetystä verovapaudesta sellaisessa tapauksessa, jossa veroa on velvollinen suorittamaan yhteisöjen toimielimelle vuokratun kiinteistön omistaja ja jossa tämä vero siirretään vuokran määrään. Oikeuskäytännössä kuitenkin yleisesti vahvistetaan yhteisöille pöytäkirjassa tunnustettujen erioikeuksien ja vapauksien puhtaasti toiminnallinen luonne siltä osin kuin niillä on tarkoituksena välttää se, että yhteisöjen toimintaan ja riippumattomuuteen puututaan. Komissio ei Belgian hallituksen mukaan sitä paitsi ole osoittanut, millä tavoin alueellisella verolla voidaan puuttua yhteisöjen toimintaan ja riippumattomuuteen, ja sitä, että yhteisön toimielinten on maksettava korkeampaa vuokraa, ei voida mitenkään pitää toimenpiteenä, joka vaikuttaa yhteisöillä tehtäviään hoitaessaan käytettävissä oleviin budjettivaroihin. Belgian hallitus huomauttaa pöytäkirjan 13 artiklaan liittyvän oikeuskäytännön osalta, että komissio väittää, että kyseistä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa tämän saman pöytäkirjan 3 artiklaan, mutta komissio ei täsmennä, millainen näiden kahden määräyksen välinen yhteys on tai millaisia eroja niillä tavoiteltavien päämäärien sekä niiden aineellisten ja henkilöllisten soveltamisalojen välillä on. Yhteisöjen tuomioistuin sitä vastoin on nimenomaisesti tehnyt eron pöytäkirjan 13 artiklaa ja 3 artiklaa koskevien oikeuskäytäntöjen välillä. Belgian hallituksen mukaan komissio ei yrittäessään välttyä alueellisen veron maksamiselta ota huomioon EY 10 artiklaan sisältyvää lojaalin yhteistyön periaatetta, joka ei velvoita ainoastaan jäsenvaltioita toteuttamaan kaikkia toimenpiteitä, jotka ovat aiheellisia yhteisön oikeuden soveltamisalan ja tehokkuuden takaamiseksi, vaan joka velvoittaa myös yhteisöjen toimielimiä tekemään vastavuoroisesti lojaalia yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa. Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta Aluksi on täsmennettävä esillä olevan asian normatiivista viitekehystä. Wienin yleissopimuksen 23 artiklan, johon asianosaiset ja väliintulija viittaavat, osalta on muistutettava, että kyseinen yleissopimus on kansainvälinen sopimus, jonka jäsenvaltiot ja kolmannet valtiot ovat tehneet diplomaattisia suhteita koskevan toimivaltansa puitteissa. Wienin yleissopimus koskee lähtökohtaisesti valtioiden kahdenvälisiä suhteita, eikä yhteisön, joka ei edes ole yleissopimuksen sopimuspuoli, ja yhteisöjen jonkin toimielimen sijaintivaltion eli esillä olevassa asiassa Belgian kuningaskunnan välisiä suhteita. Joka tapauksessa, kuten julkisasiamies korosti ratkaisuehdotuksensa 35–37 kohdassa, vaikka yhteisön on toimivaltaansa käyttäessään noudatettava kansainvälistä oikeutta (asia C-286/90, Poulsen ja Diva Navigation, tuomio 24.11.1992, Kok. 1992, s. I-6019, Kok. Ep. XIII, s. I‑191, 9 kohta), Wienin yleissopimuksella ei ole tässä asiassa ratkaisevaa merkitystä. Yhteisöjen verovapauden, joka on osa yhteisön oikeutta, soveltamisala määritetään ensisijaisesti pöytäkirjan 3 artiklassa, joka on laadittu erityisesti yhteisöjen ominaisuudet huomioon ottaen. On todettava, että pöytäkirjan 3 artiklassa otetaan käyttöön kaksi verovapautta koskevaa järjestelmää sen mukaan, onko kyse välittömistä vai välillisistä veroista. Pöytäkirjan 3 artiklan ensimmäinen kohta koskee yhteisöjen verovapautta välittömien verojen osalta, kun taas kyseisen artiklan toinen kohta liittyy välillisiin veroihin ja maksuihin. Välittömiin veroihin liittyvän järjestelmän osalta verovapaus on ehdoton ja yleinen, sillä yhteisöt sekä niiden varat, tulot ja muu omaisuus on vapautettu jäsenvaltioiden kaikista välittömistä veroista. Välillisiin veroihin ja maksuihin liittyvässä järjestelmässä puolestaan verovapaus ei ole rajoittamaton; se on päinvastoin rajattu, ja siihen liittyy soveltamisedellytyksiä (ks. vastaavasti asia C-199/05, Communauté européenne, tuomio 26.10.2006, 31 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Koska tämä järjestelmien välinen ero on keskeinen verovapauden arvioimisen kannalta, on välttämätöntä selvittää, kumpaan näistä kahdesta järjestelmästä väitettyä verovapautta koskeva asia kuuluu. Lisäksi jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevassa menettelyssä komission on ilmoitettava jo oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn vaiheessa täsmällisesti se säännös tai määräys, jossa määritellään velvoite, jonka noudattamatta jättämiseen jäsenvaltion väitetään syyllistyneen. Tämä komissiolla oleva velvollisuus seuraa erityisesti kahdesta vaatimuksesta eli jäsenvaltion, jota vastaan tällainen menettely on aloitettu, puolustautumisoikeuksien suojaamisesta sekä välttämättömyydestä rajata oikeusriidan kohde selvästi. Oikeudenkäyntiä edeltävän menettelyn tarkoituksena on nimittäin muun muassa antaa asianomaiselle jäsenvaltiolle tilaisuus puolustautua asianmukaisesti komission esittämiä väitteitä vastaan (asia C-439/99, komissio v. Italia, tuomio 15.1.2002, Kok. 2002, s. I-305, 10 kohta ja asia C-350/02, komissio v. Alankomaat, tuomio 24.6.2004, Kok. 2004, s. I-6213, 18 kohta) ja varmistaa se, että mahdollisen oikeudenkäynnin kohteena oleva riita on selvästi määritelty (asia C-287/00, komissio v. Saksa, tuomio 20.6.2002, Kok. 2002, s. I-5811, 17 kohta ja em. asia komissio v. Alankomaat, tuomion 19 kohta). Esillä olevan asian oikeusriidan kohteen osalta on todettava, että komissio ei yksilöi, mihin pöytäkirjan 3 artiklan kolmesta kohdasta se perustaa kanteensa, kun se viittaa kyseiseen artiklaan perustellussa lausunnossaan ja kannekirjelmässään. Vaikka komissio ei täsmennä nimenomaisesti säännöstä, jossa määritellään velvoite, jonka noudattamatta jättämiseen Belgian kuningaskunnan väitetään syyllistyneen, perusteltuun lausuntoon ja kannekirjelmään sisältyy kuitenkin seikkoja, joiden perusteella on mahdollista päätellä selvästi, mihin sen vaatimukset perustuvat. Ensinnäkin on huomattava, että pöytäkirjan 3 artiklan kolmas kohta ei selvästikään voi olla minkäänlaisen verovapauden perustana. Toiseksi on todettava, että komissio ei esitä perustellussa lausunnossaan eikä kannekirjelmässään erityisiä argumentteja esittääkseen väitteitä siitä, miltä osin Belgian kuningaskunta olisi jättänyt noudattamatta kyseisen pöytäkirjan 3 artiklan toisesta kohdasta seuraavia velvoitteitaan. Kuten tämän tuomion 11 kohdasta ilmenee, komissio oli sitä vastoin esittänyt Cour de cassationissa käydyssä menettelyssä, että yhteisöjen tuomioistuimelta tiedustellaan, onko alueellisen veron kaltaisen välittömän veron käyttöön ottaminen ristiriidassa yhteisöjen verovapauden kanssa. Koska komissio toistaa perustellussa lausunnossaan ja kannekirjelmässään Cour de cassationille esittämänsä vaatimuksen ja lainaa kyseistä vaatimusta, jossa se selvästi määrittelee alueellisen veron ”välittömäksi veroksi”, tästä ilmenee, että komission esittämä väite liittyy järjestelmään, joka koskee vapautusta välittömistä veroista. Lisäksi vaikka pöytäkirjaan ei sisälly välittömän veron määritelmää ja vaikka tältä osin ei ole annettu säännöksiä pöytäkirjan täytäntöön panemiseksi, jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten keskinäisestä avusta välittömien verojen alalla 19.12.1977 annettuun neuvoston direktiiviin 77/799/ETY (EYVL L 336, s. 15) sisältyy tiettyjä tätä käsitettä koskevia tulkintaohjeita. Tämän direktiivin, jonka soveltamisalaan kuului ennen 6.12.1979 annetulla direktiivillä 79/1070/ETY (EYVL L 331, s. 8) toteutettua muutosta yksinomaan välittömät verot, 1 artiklan 2 kohdassa määriteltiin tulo- ja varallisuusveroiksi näiden verojen kantamisjärjestelmästä riippumatta verot, jotka kannetaan kokonaisvarallisuudesta tai varallisuuden osista. Veron, joka yhteisöjen on komission ja neuvoston mukaan suoritettava, osalta on selvää, että se perustuu asetuksen 3 §:n 1 momentin c kohtaan ja että se koskee kiinteistöihin liittyvien esineoikeuksien haltijoita. Koska tämä vero kohdistuu henkilöihin välittömästi heidän omaisuutensa tai varallisuusarvoisten esineoikeuksiensa mukaan, sitä voidaan katsoa kannettavan direktiivissä 77/799 tarkoitetulla tavalla varallisuuden osasta. Asetuksen 3 §:n 1 momentin c kohdan osalta on myös muistutettava, että alueellisen veron ominaispiirteet on määritettävä niin, että otetaan huomioon kaikki henkilöt, jotka ovat velvollisia sitä suorittamaan, eli luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, joilta kyseinen vero on tarkoitettu kannettavan, eikä sen mukaan, mitä taloudellisia seurauksia tästä verosta mahdollisesti ja välillisesti aiheutuu yhteisöille. Tästä seuraa, että kyseessä oleva alueellinen vero on välittömän veron luonteinen, ja komission kannetta on arvioitava pöytäkirjan 3 artiklan ensimmäisen kohdan yhteydessä. On selvää, että yhteisöt on tämän pöytäkirjan 3 artiklan ensimmäisen kohdan nojalla vapautettu asetuksella käyttöön otetusta verosta sekä kiinteistön haltijana että sen omistajana tai vuokranantajana. Vero-oikeuden mukaan yhteisöjä ei siis voida käsitellä verovelvollisina kyseisen asetuksen soveltamisalalla. Komissio ja neuvosto väittävät kuitenkin, että kyseessä oleva asetus, jossa ei nimenomaisesti velvoiteta yhteisöjä suorittamaan tätä veroa mutta josta , seuraa ja jolla on tarkoituksena, joskin välillisesti, mutta välttämättä, että mainittu vero jää yhteisöjen maksettavaksi, on verovapauden periaatteen vastainen. Kun asetuksen antaja ei ota huomioon tätä vapautta, yhteisöt velvoitetaan maksamaan vero joko sopimusmääräyksin, joissa verot, joita kiinteistöjen omistajien on suoritettava, siirretään yleisesti ja järjestelmällisesti yhteisöjen suoritettavaksi, kun nämä kiinteistöt vuokrataan niille, tai pelkästään niin, että vero vyörytetään vuokraan. Näitä perusteluja ei voida hyväksyä. Vaikka on selvää, että yhteisöt vapautetaan välittömistä veroista pöytäkirjan 3 artiklan ensimmäisessä kohdassa, siinä ei sitä vastoin säädetä tällaisesta vapautuksesta yhteisöjen sopimuskumppaneiden osalta. Tässä määräyksessä ei myöskään säädetä mitään sellaisten välittömien verojen taloudellisesta vyöryttämisestä, joita mainitut sopimuskumppanit ovat velvollisia suorittamaan. Näin ollen komissio ja neuvosto eivät voi riitauttaa alueellisen veron vyöryttämistä pöytäkirjan 3 artiklan ensimmäisen kohdan perusteella. Yhtäältä tämä vyöryttäminen nimittäin toteutetaan vuokrasopimuksessa olevan sopimusehdon perusteella, joten se on välttämättä sopimuspuolten tahdon mukainen, koska tällaisesta ehdosta päättäminen on osa sopimuspuolten sopimusvapautta. Toisaalta myös silloin, kun alueellinen vero vyörytetään korottamalla vuokraa, se on osa sopimuspuolten sopimusvapautta, sillä sopimuksen sisältö, vuokran määrän kaltainen sopimuksen osa mukaan lukien, määritetään sopimuspuolten suostumuksella. Tässä jälkimäisessä tapauksessa omistajat eivät sitä paitsi välttämättä vyörytä niiltä kannettavaa alueellista veroa automaattisesti ja kokonaisuudessaan vuokralaisille. On totta, että kiinteistöjen vuokramarkkinoilla voi vallita tilanne, joka kannustaa yhteisöä – tai pakottaa yhteisön – hyväksymään tällaisen sopimusmääräyksen tai maksamaan sellaista vuokraa, jolla kumotaan yhteisön sopimuskumppanille välittömästä verosta aiheutuva verotaakka tai kevennetään sitä. Minkäänlaisesta markkinatilanteesta ei kuitenkaan voi seurata verovapautta, koska verovapauden on oltava seurausta kansainvälisen oikeuden normista, yhteisön normista tai kansallisesta normista. Komission ja neuvoston perusteluja noudattamalla voitaisiin sitä paitsi häivyttää verovapauden piiriin kuuluvien tilanteiden ja sen piiriin kuulumattomien tilanteiden välinen ero, kun tällä mahdollistettaisiin se, että verovapautta koskevia vaatimuksia esitetään kaikenlaisten välittömien verojen osalta, mukaan lukien tulovero ja yhtiövero. Tätä pöytäkirjan 3 artiklan ensimmäistä kohtaa koskevaa tulkintaa, jonka mukaan kyseinen määräys ei voi olla perustana alueellista veroa koskevalle vapautukselle, ei voida kumota, toisin kuin komissio ja neuvosto väittävät, yhteisöjen verovapauden tarkoituksella eikä kyseisen veron käyttöön ottamista koskevilla olosuhteilla. Kyseisen verovapauden tarkoituksen osalta on muistutettava, että sillä pyritään turvaamaan yhteisöjen riippumattomuus jäsenvaltioista ja hyvät toimintamahdollisuudet (asia C-191/94, AGF Belgium, tuomio 28.3.1996, Kok. 1996, s. I-1859, 19 kohta). On kuitenkin todettava, että vaikka sopimuskumppaneiden vapauttaminen alueellisesta verosta merkitsisi taloudellista etua yhteisöille, komissio ei ole esittänyt mitään vakuuttavaa näyttöä sen osoittamiseksi, että kyseisen veron vyöryttäminen sille on omiaan loukkaamaan yhteisöjen riippumattomuutta ja haittaamaan sen moitteetonta toimintaa (em. asia Communauté européenne, tuomion 43 kohta). Tulkinta määräyksen tarkoituksen valossa ei myöskään saa johtaa siihen, että kyseisen määräyksen selvältä ja täsmälliseltä sanamuodolta riistetään kokonaan sen tehokas vaikutus (ks. vastaavasti em. asia Communauté européenne, tuomion 42 kohta ja Euroopan keskuspankin erioikeuksien ja vapauksien osalta asia C-220/03, EKP v. Saksa, tuomio 8.12.2005, Kok. 2005, s. I-10595, 31 kohta). Alueellisen veron käyttöön ottamista koskevien olosuhteiden osalta on todettava, että alueellisen lainsäätäjän tavoittelema päämäärä oli epäilemättä se, että verotulot kasvavat. Tältä osin on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan välitön verotus kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan, mutta jäsenvaltioiden on tätä toimivaltaansa käyttäessään noudatettava yhteisön oikeutta (ks. asia C-345/05, komissio v. Portugali, tuomio 26.10.2006, 10 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia C-513/04, Kerckhaert ja Morres, tuomio 14.11.2006, 15 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Mikäli yhteisön oikeutta ei loukata, jäsenvaltioiden on tämän toimivallan perusteella lähtökohtaisesti mahdollista ottaa käyttöön uusia veroja, määrittää muita kuin vastaavassa aikaisemmassa lainsäädännössä tarkoitettuja verovelvollisia ja verovapautuksia tai korottaa verokantaa. Tätä päätelmää ei kumoa se seikka, että Brysselin pääkaupunkiseudun hallintoalueen toimivaltainen ministeri mainitsi kyseessä olevan asetuksen antamiseen liittyneen keskustelun yhteydessä, että oli todennäköistä, että tästä asetuksesta aikaisempaan lainsäädäntöön seuraavat muutokset johtavat tilanteeseen, jossa tietyt kiinteistöjen omistajat voivat vyöryttää tämän veron muun muassa yhteisöjen vuokralaisina maksamiin vuokriin. Jäsenvaltiota ei nimittäin voida moittia siitä, että se kasvattaa verotulojaan sisällyttämällä veron soveltamisalaan henkilöitä, jotka voivat toimia yhteisöjen sopimuskumppaneina, pelkästään sen vuoksi, että kyseisille henkilöille voi tietyissä markkinatilanteissa olla mahdollista vyöryttää tämä vero osittain tai kokonaan yhteisöille toimittamiensa tavaroiden tai palvelujen hintoihin. On lisäksi todettava, että alueellista veroa sovelletaan asetuksen 3 §:n 1 momentin c kohdan mukaan tietyn pinta-alan ylittävien kiinteistöjen omistajiin ja että tämäntyyppiset alueellisen lainsäätäjän käyttöön ottamat välittömät verot ovat yleisiä jäsenvaltioissa. Lisäksi on hylättävä komission ja neuvoston perustelut, jotka koskevat yhtäältä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, joka liittyy pöytäkirjan 13 artiklaan ja jolla komission ja neuvoston mukaan suojataan verovapautusta jäsenvaltioiden yrityksiltä kajota tähän periaatteeseen suoraan tai välillisesti (asia 260/86, komissio v. Belgia, tuomio 24.2.1988, Kok. 1988, s. 955 ja asia C-229/98, Vander Zwalmen ja Massart, tuomio 14.10.1999, Kok. 1999, s. I-7113), ja toisaalta sitä seikkaa, että yhteisöille aiheutuu suurempi taloudellinen rasitus kuin yksityisille vuokralaisille, jotka saavat verovähennyksen vuokrasta ja kuluista. Kuten Belgian hallitus toteaa, kyseisessä oikeuskäytännössä tulkitaan pöytäkirjan määräyksiä, joiden perusteella yhteisöjen virkamiehet ja toimihenkilöt vapautetaan maksamasta kansallisia veroja palkoistaan ja palkkioistaan. Tämä vapautus koskee erityisesti yhteisöjen henkilöstöä ja suoritetuista tehtävistä saatujen tulojen verotusta, joka voisi kuulua kansallisen verotuksen piiriin, mutta joista vero maksetaan yhteisölle. Esillä olevassa asiassa ei sitä vastoin ole yhteisön tasolla kannettavaa veroa, ja kyse on sitä paitsi ainoastaan pöytäkirjan määräyksistä, joilla itse yhteisöt vapautetaan välittömistä veroista (ks. vastaavasti em. asia AGF Belgium, tuomion 14 kohta). Sen osalta, että henkilöt, jotka ovat velvollisia suorittamaan yhtiöveroa, voivat vähentää vuokran ja kiinteistön vuokraamiseen liittyvät kulut veron perusteesta, on todettava, että tämä argumentti ei voi vaikuttaa esillä olevan kanteen lopputulokseen, koska yhteisöjen toimielimet eivät tavoittele voittoa ja ne ovat luonteeltaan täysin erilaisia kuin yritykset, jotka ovat velvollisia suorittamaan yhtiöveroa. Näiden seikkojen perusteella on todettava, että alueellisen veron käyttöön ottaminen ei ole ristiriidassa pöytäkirjan 3 artiklan ensimmäisen kohdan sanamuodon eikä tavoitteiden kanssa. Näin ollen komission kanne on hylättävä. Oikeudenkäyntikulut Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Belgian kuningaskunta on vaatinut komission velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska tämä on hävinnyt asian, komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Saman työjärjestyksen 69 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan väliintulijana oleva toimielin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Väliintulijana ollut neuvosto vastaa näin ollen omista oikeudenkäyntikuluistaan. Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Kanne hylätään. 2) Euroopan yhteisöjen komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. 3) Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Allekirjoitukset * Oikeudenkäyntikieli: ranska.

62008CJ0063

et

Eelotsusetaotlus puudutab nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) ( EÜT L 348, lk 1 ; ELT eriväljaanne 05/02, lk 110) artiklite 10 ja 12 ning nõukogu . aasta direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega ( EÜT L 39, lk 40 ; ELT eriväljaanne 05/01, lk 187), mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu . aasta direktiiviga 2002/73/EÜ ( EÜT L 269, lk 15 ; ELT eriväljaanne 05/04, lk 225, edaspidi „direktiiv 76/207”)) artikli 2 tõlgendamist. See taotlus on esitatud V. Pontini ja tema endise tööandja äriühingu T-Comalux SA (edaspidi „T-Comalux”) vahelise kohtuvaidluse raames, mille tingis tööandjapoolne töölepingu ülesütlemine (edaspidi „töölepingu ülesütlemine”) jaanuaris 2007. Õiguslik raamistik Ühenduse õigus Direktiiv 92/85 Direktiivi 92/85 põhjendusest 9 tuleneb, et rasedate, rinnaga toitvate ja hiljuti sünnitanud töötajate ohutuse ja tervise kaitsmine ei tohi asetada naisi tööturul ebasoodsasse olukorda ega töötada vastu meeste ja naiste võrdset kohtlemist käsitlevatele direktiividele. Selle direktiivi artikli 1 lõike 1 kohaselt on direktiivi eesmärk rakendada meetmeid, soodustamaks rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamist. Rase töötaja on direktiivi 92/85 artikli 2 punkti a määratluse kohaselt „rase töötaja, kes kooskõlas siseriiklike õigusaktide ja/või siseriiklike tavadega teatab tööandjale oma olukorrast”. Direktiivi artikli 8 lõike 1 alusel võtavad liikmesriigid tarvitusele vajalikud meetmed tagamaks, et direktiivi artiklis 2 määratletud töötajatel oleks õigus saada vähemalt 14 nädala pikkune katkestamatu rasedus- ja sünnituspuhkus enne ja/või pärast sünnitust vastavalt siseriiklikele õigusaktidele ja/või tavadele. Direktiivi 92/85 artikkel 10 pealkirjaga „Vallandamise keelamine” on sõnastatud järgmiselt: „Selleks et tagada artiklis 2 määratletud töötajatele nende käesoleva artikli alusel tunnustatud tervise- ja ohutusalaste õiguste kasutamine, sätestatakse, et: 1) liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et keelata artiklis 2 määratletud töötajate vallandamine ajavahemikus nende raseduse algusest kuni artikli 8 lõikes 1 nimetatud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole seotud nende olukorraga ja mis on lubatud siseriiklike õigusaktide ja/või tavade alusel ning võimaluse korral tingimusel, et pädev ametiasutus on andnud oma nõusoleku; 2) artiklis 2 määratletud töötaja vallandamise korral punktis 1 nimetatud ajavahemikus peab tööandja kirjalikult esitama tema vallandamise nõuetekohaselt põhjendatud aluse; 3) liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et kaitsta artiklis 2 määratletud töötajaid sellise vallandamise tagajärgede eest, mis on punkti 1 alusel ebaseaduslik.” Direktiivi 92/85 artikkel 12 sätestab: „Liikmesriigid sätestavad oma siseriiklikes õigussüsteemides vajalikud meetmed, võimaldamaks kõikidel töötajatel, kes arvavad, et neid on käesolevast direktiivist tulenevate kohustuste eiramise tõttu õigusvastaselt koheldud, taotleda oma õiguste kaitset kohtu kaudu ja/või kooskõlas siseriiklike seaduste ja/või tavadega pöörduda selleks teiste pädevate organite poole.” Direktiiv 76/207 Direktiivi 76/207 artikli 1 lõikest 1 tulenevalt on selle direktiivi eesmärk viia liikmesriikides ellu meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõte seoses töö saamisega, kaasa arvatud edutamise, kutseõppe ja töötingimustega. Sama direktiivi artikli 2 lõige 1 sätestab, et nimetatud põhimõte tähendab seda, et „puudub igasugune otsene või kaudne sooline diskrimineerimine, eriti seoses perekonnaseisuga.” Direktiivi artikli 2 lõike 7 esimese lõik näeb ette, et see direktiiv „ei piira naiste kaitset käsitlevate sätete kohaldamist, eriti seoses raseduse ja sünnitusega” ja sama sätte kolmas lõik sätestab, et „naise halvem kohtlemine seoses [raseduse või] rasedus- või sünnituspuhkusega direktiivi [92/85] tähenduses on käesoleva direktiivi tähenduses diskrimineerimine”. [täpsustatud tõlge] Direktiivi 76/207 artikli 3 lõike 1 punkti c kohaselt tähendab võrdse kohtlemise põhimõte, et ei esine ei otsest ega kaudset soolist diskrimineerimist ei avalikus ega erasektoris, sealhulgas avalik-õiguslikes asutustes, eelkõige seoses töö saamise ja töö tingimustega, kaasa arvatud töölt vabastamise tingimustega. Sama artikli lõike 2 punkti a kohaselt võtavad liikmesriigid vajalikud meetmed tagamaks kõigi võrdse kohtlemise põhimõttega vastuolus olevate õigus- ja haldusnormide tühistamine. Siseriiklik õigus Code du travail luxembourgeois’ (Luksemburgi tööseadustik, edaspidi „tööseadustik”) artikli L. 124-11 lõiked 1 ja 2 sätestavad: „(1) Seadusega vastuolus olev töölepingu ülesütlemine või selline töölepingu ülesütlemine, mis ei tugine töötaja sobivuse või käitumisega seotud tegelikele ja olulistele põhjustele või ettevõtja, ettevõtte või osakonna toimimisnõuetele, on ebaõiglane ja kujutab endast sotsiaalselt ja majanduslikult soovimatut toimingut. Sama kehtib ka juhul, kui töölepingu ülesütlemine on vastuolus artikli L. 423-1 punktis 3 esitatud üldkriteeriumidega. (2) Hagi töölepingu ebaõiglase ülesütlemise vaidlustamiseks peab esitama töökohtule kolme kuu jooksul arvates töölepingu ülesütlemise või selle põhjenduste teatavaks tegemisest, vastasel korral see õigus lõpeb. Põhjenduste puudumisel algab nimetatud tähtaeg artikli L. 124-5 lõikes 2 ettenähtud tähtaja lõppemisest. Viidatud tähtaeg peatub juhul, kui töötaja, tema esindaja või ametiühing esitab tööandjale kirjaliku kaebuse. Nimetatud kaebuse esitamisega algab uus hagi aegumise üheaastane tähtaeg.” Tööseadustiku artikli L. 124-12 lõige 4 kõlab: „Kui töölepingu ülesütlemine on seadusest tulenevalt tühine, peab töökohus töötaja vastava taotluse alusel kohustama, et tema senine töösuhe säilitataks. […] Tühisuse tuvastamise hagi suhtes kohaldatakse artikli L. 124-11 sätteid.” Tööseadustiku III raamatu III jaotise VII peatükk kannab pealkirja „Töölepingu ülesütlemise keeld” ja selles sisaldub artikkel L. 337-1, mis on sõnastatud järgmiselt: „(1) Tööandjal on keelatud üles öelda tööleping või kutsuda sellele eelnevale vestlusele naistöötaja, kui viimane on arsti väljastatud tõendi kohaselt rase, sama kehtib 12 nädala jooksul sünnitamisest. Kui töölepingu ülesütlemine on teatavaks tehtud enne arsti poolt raseduse kindlakstegemist, võib naistöötaja kaheksa päeva jooksul töölepingu ülesütlemisavalduse saamisest tõendada oma olukorda, esitades tähitud kirjaga vastava tõendi. Igasugune töölepingu ülesütlemine, millega rikutakse kahes eelnevas lõigus sätestatud töölepingu ülesütlemise keeldu ja võimalik töölepingu ülesütlemisele eelnevale vestlusele kutsumine on tühine ja kehtetu. Naistöötaja võib 15 päeva jooksul arvates töölepingu ülesütlemisest esitada töökohtu esimehele – kes teeb otsuse kiirmenetluses, olles pooled ära kuulanud või nõuetekohaselt kohtusse kutsunud – vormivaba avalduse, milles palub tuvastada töölepingu ülesütlemise tühisus ja kohustada, et säilitataks tema senine töösuhe või vajaduse korral ennistataks ta tööle kooskõlas artikli L. 124-12 lõikega 4. […]” Nimetatud seaduse artikli L. 337-6 kohaselt: „Naistöötaja, kelle tööleping on üles öeldud abiellumise tõttu, võib tugineda töölepingu ülesütlemise tühisusele ning taotleda töösuhte jätkamist tööandjale kahe kuu jooksul arvates töölepingu ülesütlemise teatavaks tegemisest saadetud tähitud kirja teel. Sellisel juhul tööleping jätkub ja töötajal säilib täies ulatuses töötasu saamise õigus. Kui naistöötaja ei ole tuginenud töölepingu ülesütlemise tühisusele ega taotlenud eespool viidatud tähtaja jooksul töösuhte jätkamist, on tal õigus saada artikli L. 124-7 lõikes 1 ette nähtud hüvitisi [kui ta on töötanud sama tööandja juures vähemalt viis aastat]. Lisaks võib ta töölepingu ebaõiglase üleütlemise korral esitada artiklite L. 124-11 ja L. 124-12 alusel kahju hüvitamise hagi.” Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimused T-Comalux võttis V. Pontini tähtajatult sõlmitud töölepingu alusel täistööajaga tööle 2005. aasta novembrist. 18. jaanuari 2007. aasta tähitud kirjaga, mille V. Pontin sai kätte , öeldi talle tööleping üles etteteatamistähtajaga . Eelotsusetaotluse esitanud kohtu otsusest ei nähtu etteteatamisega ülesütlemise põhjendus. Põhikohtuasjas toimunud menetluses väitis V. Pontin, et ta saatis 19. jaanuaril 2007 lihtkirja teel T-Comaluxile haiguslehe. Äriühing vaidleb aga kohtus sellise dokumendi saamisele vastu. V. Pontin saatis 24. jaanuaril 2007 T-Comaluxile e-kirja, milles ta teatas, et tema „tervislik seisund ei ole oluliselt paranenud”, mistõttu ta ei saa järgmisest päevast tööle naasta ja saadab haiguslehe niipea kui võimalik. 25. jaanuari 2007. aasta tähitud kirjaga teatas T-Comalux V. Pontinile, et tema tööleping on üles öeldud ilma etteteatamistähtaega järgimata „olulise rikkumise” tõttu põhjusel, et „ta on puudunud töölt mõjuva põhjuseta üle kolme päeva”. 26. jaanuari 2007. aasta tähitud kirjas, mille T-Comalux sai kätte 30. jaanuaril, teatas V. Pontin, et ta on rase. Ta leidis, et seda asjaolu arvestades on talle kätte toimetatud töölepingu ülesütlemine T-Comaluxi poolt tühine. Kuna T-Comalux ei vastanud viimati nimetatud kirjale, pöördus V. Pontin 5. veebruaril 2007 eelotsusetaotluse esitanud kohtu poole hagiavaldusega, milles palus tuvastada töölepingu ülesütlemise tühisus. Eelotsusetaotluse esitanud kohus, tehes otsuse teises koosseisus võrreldes eelotsusetaotluse koostanud kohtukoosseisuga, leidis 30. märtsi 2007. aasta otsuses, et tema pädevusse ei kuulu V. Pontini hagiavalduse lahendamine, milles palutakse tuvastada, et töölepingu ülesütlemine on tühine. See kohtukoosseis leidis nimelt, et tööseadustiku artikkel L. 337-1 annab töökohtu, see tähendab tribunal du travail esimehele erilise pädevuse tuvastada töötaja kaitse eesmärgil kiirmenetluses töölepingu ülesütlemise tühisus, mis tähendab, et V. Pontin oleks pidanud oma taotlusega tuvastada tema töölepingu ülesütlemise tühisus pöörduma selle kohtu esimehe poole. Euroopa Kohtule esitatud toimikust ilmneb, et V. Pontin, keda ei esindanud nähtavasti sel ajal advokaat, esitas oma taotluse kirja vormis adressaadile „Töökohus – härra esimees ja tema kaasistujad” ning alustas oma kirjalikke märkusi viisakusväljendiga „[lugupeetud] härra esimees”. V. Pontin ei esitanud selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebust. Euroopa Kohtu istungil selgitas ta selles osas, et ta eelistas vältida apellatsioonkaebuse esitamisega seotud riske ega soovinud mööda lasta ebaõiglase töölepingu ülesütlemise korral töötaja kahju hüvitamise hagi, mis on ette nähtud tööseadustiku artikli L. 124-11 lõigetes 1 ja 2 (edaspidi „kahju hüvitamise hagi”), esitamise kolmekuulist tähtaega. 18. aprillil 2007 esitatud teises hagiavalduses palus V. Pontin eelotsusetaotluse esitanud kohtul kohustada T-Comaluxi maksma talle kahjuhüvitist. Selles hagiavalduses väidab ta eelkõige, et nii töölepingu etteteatamisega ülesütlemine kui töölepingu ülesütlemine etteteatamistähtaega järgimata on vastuolus seadusega ning seega ebaõiglased tööseadustiku artikli L. 124-11 järgi. T-Comalux leiab, et Luksemburgi õiguses kahju hüvitamise hagide suhtes kehtivaid üldsätteid ei saa kohaldada raseda töötaja suhtes, kes ei saa kooskõlas tööseadustiku artikliga L. 337-1 valida selles sättes ette nähtud tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi (edaspidi „tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi”) ja kahju hüvitamise hagi vahel, vaid tal on kohustus esitada oma tööandjale rasedust tõendav arstitõend 8 päeva jooksul arvates töölepingu ülesütlemise teatavaks tegemisest, nagu see on ette nähtud nimetatud artikli lõike 1 teises lõigus (edaspidi „8-päevane tähtaeg”) ning esitada tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi tribunal de travail’ esimehele lõike 1 neljandas lõigus sätestatud 15 päevase tähtaja jooksul (edaspidi „15-päevane tähtaeg”) arvates töölepingu ülesütlemisest. Eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul võib käesolevas asjas tähtsust omavatest Luksemburgi õigusaktidest järeldada, et kui rase töötaja on ükskõik mis põhjusel, seejuures sõltumata tema tahtest, lasknud mööda kas 8-päevase või 15-päevase tähtaja, ei ole tal enam võimalik hagi korras töölepingu ülesütlemist vaidlustada, sest kui nimetatud tähtajad on möödunud, ei ole sellise raseda töötaja töölepingu ülesütlemine tühine ega ebaõiglane, vaid täielikult kehtiv. Eelotsusetaotluse esitanud kohus viitab ka Luksemburgi kohtute praktikale, mille kohaselt algab tühisuse tuvastamise nõudes hagi esitamise tähtaeg mitte ülesütlemisavalduse kättesaamisest, vaid selle avalduse postiasutusele üleandmisest. Neil asjaoludel, kaheldes asjaomaste siseriiklike õigusaktide kooskõlas ühenduse õigusega, eelkõige direktiividega 92/85 ja 76/207, otsustas tribunal du travail d’Esch-sur-Alzette menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmised eelotsuse küsimused: „1. Kas [direktiivi 92/85] artikleid 10 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus see, kui siseriiklik seadusandja kehtestab hagi esitamisele raseda töötaja poolt, kelle tööleping öeldi üles tema raseduse ajal, sellised kindlaksmääratud tähtajad nagu tööseadustiku artikli 337 lõike 1 teises lõigus sätestatud 8-päevane tähtaeg või sama lõike 1 neljandas lõigus sätestatud 15-päevane tähtaeg? 2. Kui vastus esimesele küsimusele on jaatav, siis kas need 8- ja 15-päevased tähtajad ei ole liiga lühikesed selleks, et rase töötaja, kelle tööleping öeldi üles tema raseduse ajal, saaks oma õigusi kohtulikus korras kaitsta? 3. Kas [direktiivi 76/207] artiklit 2 tuleb tõlgendada nii, et sellega ei ole vastuolus see, kui siseriiklik seadusandja ei võimalda rasedal töötajal, kelle tööleping öeldi üles tema raseduse ajal, esitada ebaõiglase töölepingu ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamise hagi, millele on teistel töötajatel töölepingu ülesütlemise korral õigus tööseadustiku artikli L. 124-11 lõigete 1 ja 2 alusel?” Eelotsuse küsimused Euroopa Kohtule esitatud toimikust ilmneb, et oma kolmes küsimuses soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiiviga 92/85 ja/või direktiiviga 76/207 on vastuolus selline siseriiklik õigusnorm nagu tööseadustiku artikkel L. 337-1, mis piirab spetsiifiliselt direktiivi 92/85 artiklis 10 nimetatud rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate töölepingu ülesütlemise keeldu silmas pidades viimaste õiguskaitsevahendid üksnes tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi esitamise võimalusega, milles suhtes kehtivad põhikohtuasjas kohaldatavad tähtajad, ja välistab siinkohal eelkõige kahju hüvitamise hagi esitamise võimaluse. Sellest tulenevalt soovitakse kahe esimese küsimusega esmajärjekorras teada, kas sellised menetlusnormid, nagu need sisalduvad artiklis 337-1, täidavad direktiivi 92/85 artiklite 10 ja 12 nõudeid ja eelkõige, kas need võimaldavad kõikidel töötajatel, kes arvavad, et neid on artiklist 10 tulenevate kohustuste eiramise tõttu õigusvastaselt koheldud, taotleda oma õiguste kaitset kohtu kaudu. Vastus nendele kahele küsimusele võib omada tähtsust ka kolmandale küsimusele vastamisel, mis puudutab peamiselt seda, kas raseduse ajal töölepingu ülesütlemise puhul õiguskaitsevahendite piiramine üksnes võimalusega esitada tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi, võib kujutada endast diskrimineerimist direktiivi 76/207 tähenduses. Euroopa Kohtule esitatud märkused V. Pontin väidab, et rasedale töötajale Luksemburgi õigusega oma õiguste kaitsmiseks antud võimalus ei vasta direktiiviga 92/85 sätestatud kriteeriumitele, mille eesmärk on tagada tegelik ja tõhus sellise töötaja õiguste kaitse. Direktiivi 76/207 osas leiab ta, et erinev kohtlemine töölepingu ülesütlemisel, millega välistatakse raseda töötaja võimalus esitada kahju hüvitamise hagi, ei saa tugineda ühelegi mõistlikule õigustusele ning kujutab endast raseda naistöötaja diskrimineerimist töölepingu ülesütlemise korral võrreldes teiste töötajatega. T-Comalux leiab, et direktiiviga 92/85 ei ole vastuolus vastavalt 8-päevane ja 15-päevane tähtaeg. Ka ei takista direktiiv 76/207 T-Comaluxi sõnul välistada siseriiklikul seadusandjal raseda töötaja võimalus esitada raseduse ajal kahju hüvitamise hagi. Nimelt ei saa raseda töötaja puhul, kelle tööleping on üles öeldud raseduse ajal ja keda kaitstakse eriliselt tulenevalt tema olukorrast, rääkida tema diskrimineerimisest, vaid talle laieneb vastupidiselt eriline kaitse, milleks on töölepingu ülesütlemise tühisuse tuvastamise võimalus. Luksemburgi valitsus väidab, et käesolev eelotsusetaotlus tugineb põhikohtuasjas käsitletavate siseriiklike õigusaktide ekslikule tõlgendamisele, mille kohaselt ei ole töötajal, kes on mööda lasknud 8-päevase ja 15-päevase tähtaja, enam võimalik hagi korras vaidlustada töölepingu ülesütlemist. Luksemburgi valitsuse sõnul võib töötaja juhul, kui ta ei kasuta seda erilist õigust või ei saa seda kasutada vaidlusalustes õigusaktides sätestatud tähtaegade lõppemise tõttu, esitada kahju hüvitamise hagi. Nimetatut arvestades ei ole tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi esitamise tähtajad liiga lühikesed. Itaalia valitsus leiab, et 8-päevast ja 15-päevast tähtaega tuleb pidada liiga lühikesteks võimaldamaks töötajal, kelle tööleping on üles öeldud tema raseduse ajal, pöörduda oma õiguste kaitseks kohtu poole. Itaalia valitsus väidab lisaks, et direktiiv 76/207 keelab siseriiklikul seadusandjal diskrimineerida rasedaid töötajaid, kelle tööleping on üles öeldud nende raseduse ajal, selliselt, et välistatakse nende võimalus esitada kahju hüvitamise hagi, kuigi sellise hagi esitamise võimalus on töölepingu ülesütlemise korral teistel töötajatel. Euroopa Ühenduste Komisjoni arvates ei ole direktiivi 92/85 artiklitega 10 ja 12 põhimõtteliselt vastuolus see, kui siseriiklik õigusnorm määrab ühenduse õiguse alusel esitatava hagi suhtes kindlaks selle esitamise tähtajad, kui seejuures on järgitud võrdväärsuse ja tõhususe põhimõtteid. Selles osas väidab ta, et 15-päevane tähtaeg on oma lühikese kestuse tõttu vastuolus nimetatud põhimõtetega ning rikub seetõttu nimetatud artikleid 10 ja 12. Ka väidab komisjon, et direktiiviga 76/207 on vastuolus siseriiklik õigusnorm, mis välistab raseda töötaja, kelle tööleping on üles öeldud raseduse ajal, võimaluse esitada talle ebaõiglase töölepingu ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamise hagi, kui selline võimalus on antud töölepingu ülesütlemise korral teistele töötajatele. Euroopa Kohtu vastus Kaks esimest küsimust Kõigepealt tuleb märkida, et erinevalt 15-päevasest tähtajast ei kujuta 8-päevane tähtaeg endast menetlustähtaega kohtu poole pöördumisel, mida peab vajaduse korral kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. Kaks esimest küsimust puudutavad siiski peamiselt isikutele ühenduse õigusest, nagu näiteks direktiivi 92/85 artikli 10 punktist 3 ja artiklist 12 tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtet. Seega tuleb nimetatud põhimõtte kohaldatavust põhikohtuasja aluseks olevatel asjaoludel uurida niisugust 15-päevast tähtaega arvestades. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus leiab, et ka 8-päevane tähtaeg on selline tähtaeg, mille lõppemine võib kahjustada isikutele antud õiguste kasutamist, tuleb ka selle tähtaja osas kohaldada mutatis mutandis käesolevas otsuses 15-päevase tähtaja suhtes võetud seisukohti. Tuleb ka märkida, et Euroopa Kohus peab ühenduse ja siseriiklike kohtute pädevuste jaotuse raames võtma arvesse eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt sõnastatud eelotsuse küsimuste faktilist ja õiguslikku konteksti (vt eelkõige 4. detsembri 2008. aasta otsus kohtuasjas C-330/07: Jobra, EKL 2008, lk I-9099 , punkt 17 ja seal viidatud kohtupraktika). Seega tuleb hoolimata Luksemburgi valitsuse kriitikast eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt siseriiklikele õigusnormidele antud tõlgenduse kohta, käesoleva eelotsusetaotluse uurimisel lähtuda eelotsusetaotluse esitanud kohtu antud tõlgendusest sellele õigusele (vt analoogia alusel . aasta otsus kohtuasjas C-346/05: Chateignier, EKL 2006, lk I-10951 , punkt 22, ja . aasta otsus liidetud kohtuasjades C-378/07 kuni C-380/07: Angelidaki jt, EKL 2009, lk I-3071 , punkt 51). Järelikult tuleb kahele esimesele küsimusele anda vastus tuginedes eeldusele, et töötajal, kelle tööleping on üles öeldud tema raseduse ajal, ei ole Luksemburgi õiguse alusel võimalik kasutada teisi õiguskaitsevahendeid peale tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi esitamise. Selles osas tuleb kõigepealt meenutada, et kooskõlas direktiivi 92/85 artikli 10 punktiga 1 peavad liikmesriigid võtma vajalikud meetmed, et keelata nimetatud sättes määratletud töötajate töölepingu ülesütlemine ajavahemikus nende raseduse algusest kuni sama direktiivi artikli 8 lõikes 1 nimetatud rasedus- ja sünnituspuhkuse lõpuni, välja arvatud erijuhtudel, mis ei ole seotud nende olukorraga ja mis on lubatud siseriiklike õigusaktide ja/või tavade alusel ning võimaluse korral tingimusel, et pädev ametiasutus on andnud oma nõusoleku. Kooskõlas direktiivi 92/85 artikliga 12 on liikmesriigid lisaks kohustatud võtma oma siseriiklikes õigussüsteemides vajalikud meetmed, võimaldamaks kõikidel isikutel, kes arvavad, et neid on samast direktiivist tulenevate kohustuste eiramise tõttu, sealhulgas selle artiklist 10 tulenevate kohustuste eiramise tõttu õigusvastaselt koheldud, taotleda oma õiguste kaitset kohtu kaudu. Sama direktiivi artikli 10 punkt 3 näeb konkreetselt ette, et liikmesriigid on kohustatud võtma vajalikud meetmed, et kaitsta rasedaid, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvaid töötajaid sellise töölepingu ülesütlemise tagajärgede eest, mis on sama sätte punkti 1 alusel ebaseaduslik (vt 11. oktoobri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-460/06: Paquay, EKL 2007, lk I-8511 , punkt 47). Nimetatud sätted ja eelkõige direktiivi 92/85 artikkel 12 kujutavad endast selle direktiivi kontekstis isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtte täpsustust. Kohtupraktikast nähtub lisaks, et liikmesriigid ei ole direktiivi 92/85 artiklist 12 tulenevalt küll kohustatud võtma kindlaksmääratud meedet, kuid siiski on selge, et valitud meede peab tagama tegeliku ja tõhusa kohtuliku kaitse, avaldama tööandjale tegelikku hoiatavat mõju ja olema igal juhul piisav tekitatud kahju hüvitamiseks (vt eespool viidatud kohtuotsus Paquay, punktid 45 ja 49). Isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtte osas tuleneb väljakujunenud kohtupraktikast, et menetlusnormid, mis on kehtestatud nende kohtuasjade läbivaatamiseks, mille eesmärk on tagada isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste kaitse, ei tohi olla ebasoodsamad kui samalaadsete siseriiklike hagide puhul (võrdväärsuse põhimõte) ja need ei tohi muuta ühenduse õiguskorraga antud õiguste kasutamist praktiliselt võimatuks või ülemäära raskeks (tõhususe põhimõte) (vt eelkõige 15. aprilli 2008. aasta otsus kohtuasjas C-268/06: Impact, EKL 2008, lk I-2483 , punkt 46 ja seal viidatud kohtupraktika). Võrdväärsuse ja tõhususe nõuded väljendavad liikmesriikide üldist kohustust tagada isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste kohtulik kaitse. Need nõuded kehtivad nii sellele õigusele tuginevate hagide läbivaatamiseks pädevate kohtute kui ka menetlusnormide määratlemise osas (eespool viidatud kohtuotsus Impact, punktid 47 ja 48). Võrdväärsuse põhimõtte järgimine eeldab, et asjaomane siseriiklik õigusnorm oleks ühtemoodi kohaldatav nii ühenduse õiguse rikkumisest tulenevate hagide puhul kui ka siseriikliku õiguse eiramisest tulenevate hagide puhul, kui neil hagidel on sarnane ese ja alus (1. detsembri 1998. aasta otsus kohtuasjas C-326/96: Levez, EKL 1998, lk I-7835 , punkt 41). Siiski ei tule sellest põhimõttest aru saada nii, et see kohustab liikmesriiki laiendama soodsamat siseriiklikku õigusnormi kõikidele tööõiguse valdkonnas esitatud hagidele (vt eespool viidatud kohtuotsus Levez, punkt 42). Võrdväärsuse põhimõttest kinnipidamise kontrollimisel hindab siseriiklik kohus, kellele ainsana on vahetult teada siseriiklikul õigusel põhinevate hagide suhtes kohaldatavad menetlusnormid, nii seda, kas menetlusnormid, mis tagavad siseriiklikus õiguses isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste kaitse, on kooskõlas nimetatud põhimõttega, kui ka väidetavalt sarnaste siseriiklikul õigusel põhinevate hagide eset ja olulisi tunnuseid (vt eespool viidatud kohtuotsus Levez, punktid 39 ja 43, ja . aasta otsus kohtuasjas C-78/98: Preston jt, EKL 2000, lk I-3201 , punkt 49). Selleks peab siseriiklik kohus hindama asjaomaste hagide sarnasust, võttes arvesse nende eset, alust ja olulisi tunnuseid (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Preston jt, punkt 57). Kohtupraktikast nähtub, et menetlusnormide võrdväärsuse üle otsustamisel tuleb kontrollida objektiivselt ja abstraktselt, kas vaidlusalused normid on sarnased, arvestades nende seisundit menetluses tervikuna, selle menetluse kulgemist ning menetlusnormide eripära (vt selle kohta eespool viidatud kohtuotsus Preston jt, punktid 61–63). Mis puudutab tõhususe põhimõtet, siis selle kohta tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et iga juhtumit, mille puhul tekib küsimus, kas mingi siseriiklik menetlusnorm muudab isikutele ühenduse õiguskorrast tulenevate õiguste kasutamise praktiliselt võimatuks või ülemäära raskeks, tuleb samuti analüüsida, võttes arvesse selle sätte asukohta menetluses tervikuna, menetluse kulgu ja eripära erinevates liikmesriigi ametiasutustes. Seda silmas pidades tuleb vajaduse korral arvesse võtta siseriikliku õiguskaitsesüsteemi aluseks olevaid põhimõtteid nagu kaitseõiguse tagamine, õiguskindluse põhimõte ja menetluse nõuetekohane läbiviimine (vt 21. veebruari 2008. aasta otsus kohtuasjas C-426/05: Tele2 Telecommunication, EKL 2008, lk I-685 , punkt 55 ja seal viidatud kohtupraktika). Nii on Euroopa Kohus tunnistanud ühenduse õigusega kooskõlas olevaks selle, kui õiguskindluse huvides määratakse mõistlikud hagi aegumistähtajad, kui sellised tähtajad ei muuda ühenduse õiguskorra alusel antud õiguste kasutamist praktiliselt võimatuks või ülemäära raskeks (vt 24. septembri 2002. aasta otsus kohtuasjas C-255/00: Grundig Italiana, EKL 2002, lk I-8003 , punkt 34, ja . aasta otsus kohtuasjas C-2/06: Kempter, EKL 2008, lk I-411 , punkt 58 ja seal viidatud kohtupraktika). Õigust lõpetavate tähtaegade osas on Euroopa Kohus lisaks otsustanud, et liikmesriikide ülesanne on kindlaks määrata ühenduse õiguse kohaldamisalasse kuuluvates siseriiklikes õigusnormides kasutatavad tähtajad, võttes arvesse eelkõige vastuvõetavate otsuste olulisust nende adressaatidele, menetluste ja kohaldatavate õigusnormide keerukust, asjassepuutuvate isikute võimalikku arvu ja muid avalikke või erahuvisid, millega tuleb arvestada (vt selle kohta . aasta otsus kohtuasjas C-349/07: Sopropé, EKL 2008, lk I-10369 , punkt 40). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikast tuleneb, et tema ülesanne ei ole tõlgendada siseriiklikku õigust, see ülesanne kuulub ainult eelotsusetaotluse esitanud kohtule, kes peab käesolevas asjas tegema kindlaks, kas asjaomased siseriiklikud õigusnormid järgivad võrdväärsuse ja tõhususe nõudeid (vt eespool viidatud kohtuotsus Angelidaki jt, punkt 163). Siiski võib Euroopa Kohus eelotsusetaotluse osas otsust tehes esitada vajaduse korral täpsustusi, mille eesmärk on anda siseriiklikule kohtule juhiseid temapoolsel tõlgendamisel (vt 7. septembri 2006. aasta otsus kohtuasjas C-53/04: Marrosu ja Sardino, EKL 2006, lk I-7213 , punkt 54; . aasta otsus kohtuasjas C-180/04: Vassallo, EKL 2006, lk I-7251 , punkt 39, ja . aasta määrus kohtuasjas C-364/07: Vassilakis jt, punkt 143). Eelotsusetaotluse esitanud kohtu kahele esimesele küsimusele tuleb vastata just neid kaalutlusi arvestades. Selles osas tuleneb eelotsusetaotlusest, et tööseadustiku artikkel L. 337-1 võeti vastu direktiivi 92/85 artikli 10 koosmõjus sama direktiivi artikliga 12 rakendamiseks. Nagu väidavad nii Itaalia valitsus kui komisjon ja nagu see tuleneb käesoleva otsuse punktist 42, ei takista direktiivi 92/85 artiklid 10 ja 12 põhimõtteliselt siseriiklikul seadusandjal ette näha rasedatele, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvatele töötajatele töölepingu ülesütlemise korral spetsiifilise hagi esitamise võimalust, mille puhul tuleb arvestada ette kindlaksmääratud tähtaegadega. Siiski vastutavad liikmesriigid igal konkreetsel juhul isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhusa kaitse eest (vt eelkõige eespool viidatud kohtuotsus Impact, punkt 45 ja seal viidatud kohtupraktika) ja sellise hagi esitamise kord peab järgima käesoleva otsuse punktides 39–48 viidatud kohtupraktikast tulenevaid nõudeid. Seda järeldust ei kummuta T-Comaluxi poolt kohtuistungil esitatud argument, et erinevalt kahju hüvitamise hagist, mida on võimalik esitada juhul, kui töölepingu ülesütlemine on „ebaõiglane” siseriiklike õigusnormide tähenduses, või tööseadustiku artiklis L. 337-6 sätestatud hagist, mida on võimalik esitada juhul, kui tööleping on üles öeldud abiellumise „tõttu” (edaspidi „hagi, mida on võimalik esitada töölepingu ülesütlemisel abiellumise tõttu”), tuleb tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi rahuldada põhimõtteliselt automaatselt, olenemata tööandja süülisest käitumisest. Vastupidiselt sellele, mida T-Comalux näib väitvat, ei saa ainuüksi asjaolu, et liikmesriik otsustab direktiivi 92/85 artiklite 10 ja 12 rakendamisel rasedatele erilise hagi esitamise õiguse loomisega kooskõlas artikli 10 punktis 1 ette nähtud võimalusega mitte näha ette erandeid töölepingu üldisest ülesütlemise keelust, mis ei ole seotud raseduse, hiljuti sünnitamisega või rinnaga toitmisega, tuua endaga seda, et selle hagi menetluskord ei pea vastama isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtte nõuetele. Esiteks tuleneb eelotsusetaotlusest küsimuse osas, kas käesolevas asjas on järgitud võrdväärsuse põhimõtet, et mõlemad eelotsusetaotluse esitanud kohtu poolt kirjeldatud tööõiguse valdkonna hagi liigid, see tähendab esiteks kahju hüvitamise hagi ja teiseks hagi, mida on võimalik esitada töölepingu ülesütlemisel abiellumise tõttu, on esmapilgul oma olemuselt sarnased tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagiga ja nagu tuleneb käesoleva otsuse punktist 45 peab seda kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus, võttes arvesse nende hagide eset, alust ja olulisi tunnuseid. Kui ilmneb, et üks või mitu eelotsusetaotluses nimetatud hagi või ka teised siseriiklikud hagid, mida ei ole Euroopa Kohtu menetluses nimetatud, on sarnased tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagiga, peab eelotsusetaotluse esitanud kohus veel hindama, kas nende hagide menetluskord on soodsam. Selles osas tuleb arvestada asjaolu, et tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi tuleb nähtavasti esitada eraldiseisvale instantsile, see tähendab „töökohtu esimehele”. Käesoleva otsuse punktist 24 tulenevalt tõlgendatakse seda nõuet grammatiliselt ja eriti kitsalt. Nagu nähtub põhikohtuasja asjaoludest võib selline nõue tuua endaga kahjulikke tagajärgi asjaomasele isikule, arvestades eelkõige eriti lühikest hagi esitamise tähtaega, mis raskendab pöördumist õigusalaste teadmistega isiku poole nõuannete saamiseks või viimase poolt esindamise korraldamiseks. Kui pidada kahju hüvitamise hagi sarnaseks tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagiga, tuleb meenutada, et viimase suhtes kehtiv 15-päevane aegumistähtaeg on oluliselt lühem kui kahju hüvitamise hagi suhtes kehtiv kolmekuuline aegumistähtaeg. Euroopa Kohtule esitatud toimikust ei nähtu töölepingu ülesütlemisel abiellumise tõttu esitatava hagi aegumistähtaeg, mis on ette nähtud siseriiklikusse kohtusse pöördumiseks. Sellest hoolimata tuleb märkida, et naistöötajal on tööseadustiku artikli L. 337-6 alusel kaks kuud aega tööandjale töösuhte jätkamise nõude esitamiseks ja kui ta ei esita nimetatud tähtaja jooksul töölepingu vaidlusaluse ülesütlemise osas tühisuse tuvastamise nõuet ega taotlust töösuhte jätkamiseks, on tal õigus saada lahkumishüvitis ja lisaks võimalik esitada kahju hüvitamise hagi. Arvestades Euroopa Kohtule teadaolevaid asjaolusid ei tundu selline menetluskord, nagu on ette nähtud tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi osas tööseadustiku artikli L. 337-1 artikli 1 neljandas lõigus, esmapilgul järgivat võrdväärsuse põhimõtet; siiski peab seda kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus käesoleva otsuse punktides 43, 45 ja 46 meenutatud kohtupraktikat arvesse võttes. Teiseks tuleb tõhususe põhimõtte osas märkida – nagu sisuliselt väitsid Itaalia valitsus ja komisjon ja nagu see tuleneb käesoleva otsuse punktidest 47 ja 48 – võib põhimõtteliselt õiguspärane olla sellise hagi küllalt lühike aegumistähtaeg, mille eesmärk on töötaja tööle ennistamine, kui tema tööleping on õigusvastaselt üles öeldud. Sest, nagu väidavad nii T-Comalux kui ka Luksemburgi valitsus, võivad nii rase töötaja, kelle tööleping üles öeldi, kui ta tööandja olla õiguskindlust arvestades huvitatud sellest, et sellise hagi esitamine on ajaliselt piiratud, arvestades eelkõige tööle ennistamisega kõigile osapooltele kaasnevaid tagajärgi, kui see peaks järgnema alles pika aja pärast. Järelikult ei ole – eelkõige õiguskindluse põhimõtet arvestades – tõhususe põhimõtte nõuetega põhimõtteliselt vastuolus see, et raseda töötaja, kelle tööleping on üles öeldud, tööle ennistamise hagile tööandja vastu kehtestatakse aegumistähtaeg, mis on lühem kahju hüvitamise hagi suhtes ette nähtud aegumistähtajast. Siiski tuleb selles osas märkida, nagu tuleneb ka käesoleva otsuse punktist 58, et arvestades eelkõige olukorda, milles on naine raseduse alguses, tuleb tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagile kehtestatud 15-päevast tähtaega pidada eriti lühikeseks. Lisaks nähtub toimikust, et enne, kui rase naine saab kätte ülesütlemisavalduse ja seega teada ülesütlemisest, võib kuluda mitu päeva, mis arvestatakse 15-päevase tähtaja hulka. Nimelt nähtub ühe töötajate ühenduse seisukohast tööseadustikku artikli L. 337-1 sisse viinud seadusettepaneku kohta, mille sõnastus on ära toodud eelotsusetaotluses, et 15-päevane tähtaeg algab Luksemburgi kohtute praktika kohaselt ülesütlemisavalduse postiasutusele üleandmisest. Luksemburgi valitsus väitis küll, et vastavalt 22. detsembri 1986. aasta seadusele hagi esitamise tähtaja möödalaskmise korral tähtaja ennistamise kohta (loi du relative au relevé de la déchéance résultant de l’expiration d’un délai imparti pour agir en justice; Mémorial A 1986, lk 2745) ei kulge hagi aegumistähtaeg juhul, kui töötaja ei olnud võimeline hagi esitama. Isegi kui see säte võib neutraliseerida nimetatud kohtupraktika mõju ülesütlemisavalduse üleandmise osas, mida hindab käesolevas asjas eelotsusetaotluse esitanud kohus, on siiski töötajal, kelle tööleping on üles öeldud tema raseduse ajal, väga raske 15-päevasest tähtajast kinni pidades leida aega pädeva õigusalase nõuande saamiseks ning vajaduse korral hagiavalduse koostamiseks ja esitamiseks. Nagu on märgitud käesoleva otsuse punktis 57, tõlgendatakse nõuet pöörduda „töökohtu esimehe” poole lisaks eriti kitsalt ja rasedal töötajal, kes on 15-päevase tähtaja mis tahes põhjusel mööda lasknud, ei ole – nagu on rõhutanud eelotsusetaotluse esitanud kohus – teisi võimalusi hagi korras oma õiguste kaitsmiseks seoses töölepingu ülesütlemisega. Neil asjaoludel näib, et sellised tingimused nagu on ette nähtud tööseadustiku artikli L. 337-1 lõikes 1 tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi suhtes, mis võivad endas menetluslikke takistusi sisaldades muuta direktiivi 92/85 artikliga 10 rasedatele naistele antud õiguste teostamise ülemäära raskeks, ei vasta tõhususe põhimõtte nõuetele, mida peab siiski aga hindama eelotsusetaotluse esitanud kohus. Nagu tuleneb käesoleva otsuse punktidest 43 ja 44, ei saa juhul, kui eelotsusetaotluse esitanud kohus jõuab järeldusele, et põhikohtuasjas käsitletavad õigusnormid ei järgi võrdväärsuse ja/või tõhususe põhimõtteid, pidada neid õigusnorme kooskõlas olevaks isikutele ühenduse õigusest, eelkõige direktiivi 92/85 artiklist 12, tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse nõudega. Eelnevat silmas pidades tuleb kahele esimesele küsimusele vastata, et direktiivi 92/85 artikleid 10 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusaktid, mis näevad seoses artiklis 10 nimetatud rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate töölepingu ülesütlemise keeluga ette erilise õiguskaitsevahendi, mille kasutamine allub vaid sellele menetlusele kehtivatele normidele, kui nimetatud menetlusnormid ei ole ebasoodsamad kui samalaadsete siseriiklike hagide puhul (võrdväärsuse põhimõte) ega muuda ühenduse õiguskorraga antud õiguste kasutamist praktiliselt võimatuks või ülemäära raskeks (tõhususe põhimõte). Tööseadustiku artikli L. 337-1 lõike 1 neljandas lõigus sätestatud 15-päevane õigust lõpetav tähtaeg ei tundu seda tingimust täitvat, kuid seda tuleb siiski hinnata eelotsusetaotluse esitanud kohtul. Kolmas küsimus Kolmandas küsimuses soovib eelotsusetaotluse esitanud kohus sisuliselt teada, kas direktiivi 76/207 artikliga 2 on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, nagu on kehtestatud tööseadustiku artikliga L. 337-1, mis välistab rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate, kelle tööleping on üles öeldud nende raseduse ajal, võimaluse esitada neile töölepingu ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamise hagi, samas kui selline õigus on töölepingu ülesütlemise korral teistel töötajatel. Selles osas tuleb meenutada, et kooskõlas direktiivi 76/207 artikli 2 lõike 7 kolmanda lõiguga, mis viidi nimetatud direktiivi sisse direktiivi 2002/73 artikli 1 punktiga 2, on naise halvem kohtlemine seoses rasedusega diskrimineerimine sama direktiivi tähenduses. Lisaks ei ole käesoleva eelotsusetaotluse raames viidatud sellele, et kahju hüvitamise hagi ei ole kooskõlas isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse põhimõttega. Kuid eelotsusetaotluse esitanud kohtu sõnul on rasedal naistöötajal, kelle tööleping on üles öeldud tema raseduse ajal, võimalik esitada üksnes tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi; kõik muud tööõiguse valdkonnas kehtivad õiguskaitsevahendid, sealhulgas kahju hüvitamise hagi esitamine, on siinkohal välistatud. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus peaks hinnangu andmisel vastuses esimesele kahele küsimusele antud juhiseid järgides jõudma seisukohale, et tühisuse tuvastamise ja tööle ennistamise hagi ei järgi tõhususe põhimõtet, kujutab selline muu hulgas direktiivi 92/85 artiklis 12 sätestatud tõhusa kohtuliku kaitse nõude rikkumine endast „naise halvemat kohtlemist seoses rasedusega” direktiivi 76/207 artikli 2 lõike 7 kolmanda lõigu tähenduses ja seega ka diskrimineerimist selle direktiivi tähenduses. Kui eelotsusetaotluse esitanud kohus tuvastab seetõttu võrdse kohtlemise põhimõtte sellise rikkumise direktiivi 76/207 artikli 3 lõike 1 tähenduses, on tal kohustus tõlgendada siseriiklikke pädevusnorme nii palju kui võimalik selliselt, et nende kohaldamine aitaks saavutada eesmärki tagada rasedatele naistele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhus kohtulik kaitse (vt analoogia alusel 15. mai 1986. aasta otsus kohtuasjas 222/84: Johnston, EKL 1986, lk 1651 , punkt 17; . aasta otsus kohtuasjas C-185/97: Coote, EKL 1998, lk I-5199 , punkt 18, ja eespool viidatud kohtuotsus Impact, punkt 54). Eeltoodut arvestades tuleb kolmandale küsimusele vastata, et direktiivi 76/207 artiklit 2 koosmõjus sama direktiivi artikliga 3 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, nagu on kehtestatud tööseadustiku artikliga L. 337-1, mis direktiivi 92/85 artiklis 10 ette nähtud kaitset täpsustades välistab rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate, kelle tööleping on üles öeldud nende raseduse ajal, võimaluse esitada neile töölepingu ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamise hagi, samas kui selline õigus on töölepingu ülesütlemise korral teistel töötajatel ning juhul, kui selline õiguskaitsevahendite piirang kujutab endast naise halvemat kohtlemist seoses rasedusega. Sellega on eelkõige tegemist juhul, kui nimetatud töötajatele töölepingu ülesütlemise korral antud ainukese hagi menetlusnormid ei järgi isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtet, mida peab hindama eelotsusetaotluse esitanud kohus. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolt jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse siseriiklik kohus. Euroopa Kohtule märkuste esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (kolmas koda) otsustab: 1. Nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiivi 92/85/EMÜ rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses) artikleid 10 ja 12 tuleb tõlgendada nii, et nendega ei ole vastuolus liikmesriigi õigusaktid, mis näevad seoses artiklis 10 nimetatud rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate töölepingu ülesütlemise keeluga ette erilise õiguskaitsevahendi, mille kasutamine allub vaid sellele menetlusele kehtivatele normidele, kui nimetatud menetlusnormid ei ole ebasoodsamad kui samalaadsete siseriiklike hagide puhul (võrdväärsuse põhimõte) ega muuda ühenduse õiguskorraga antud õiguste kasutamist praktiliselt võimatuks või ülemäära raskeks (tõhususe põhimõte). Tööseadustiku artikli L. 337-1 lõike 1 neljandas lõigus sätestatud 15-päevane õigust lõpetav tähtaeg ei tundu seda tingimust täitvat, kuid seda tuleb siiski hinnata eelotsusetaotluse esitanud kohtul. 2. Nõukogu 9. veebruari 1976. aasta direktiivi 76/207/EMÜ meeste ja naiste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta seoses töö saamise, kutseõppe ja edutamisega ning töötingimustega (mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu . aasta direktiiviga 2002/73/EÜ) artiklit 2 koosmõjus sama muudetud direktiivi 76/207 artikliga 3 tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus selline liikmesriigi õigusnorm, nagu on kehtestatud tööseadustiku artikliga L. 337-1, mis direktiivi 92/85 artiklis 10 ette nähtud kaitset täpsustades välistab rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate, kelle tööleping on üles öeldud nende raseduse ajal, võimaluse esitada neile töölepingu ülesütlemisega tekitatud kahju hüvitamise hagi, samas kui selline õigus on töölepingu ülesütlemise korral teistel töötajatel ning juhul, kui selline õiguskaitsevahendite piirang kujutab endast naise halvemat kohtlemist seoses rasedusega. Sellega on eelkõige tegemist juhul, kui nimetatud töötajatele töölepingu ülesütlemise korral antud ainukese hagi menetlusnormid ei järgi isikutele ühenduse õigusest tulenevate õiguste tõhusa kohtuliku kaitse põhimõtet, mida peab hindama eelotsusetaotluse esitanud kohus. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: prantsuse.

62008TJ0358

cs

) Skutečnosti předcházející sporu Rozhodnutím C (96) 2095 ze dne 26. července 1996 (dále jen „rozhodnutí z roku 1996“) Komise Evropských společenství schválila v rámci Fondu soudržnosti poskytnutí finanční podpory ve výši 8850689 eur na projekt č. 96/11/61/018 – „Saneamiento de Zaragoza“ (dále jen „projekt sanace města Zaragoza“). Tento projekt, jehož cílem bylo zlepšit a dovršit zařízení pro kanalizaci a čištění odpadních vod města Zaragoza (Španělsko), zahrnoval dvě skupiny operací. První skupina operací zvaná „Plán výměny kanalizačních potrubí“ (dále jen „fáze FIMMA 96“) stanovil výměnu kanalizačních potrubí v určitých částech města. Druhá skupina operací nazvaná „Program sanace západní oblasti aglomerace (nádrž čistírny odpadních vod v Almozaře)“ (dále jen „fáze SPWS“), zahrnovala zejména výstavbu sběračů, vedlejší sítě sběračů a odlehčovací komory na dešťovou vodu. Město Zaragoza bylo konečným příjemcem finanční podpory a bylo pověřeno řízením projektu, jehož provedení bylo stanoveno na dobu mezi 1. květnem 1996 a 31. prosincem 1998. Na žádost Španělského království bylo rozhodnutí z roku 1996 změněno rozhodnutím Komise C (97) 2601 ze dne 29. července 1997 (dále jen „rozhodnutí z roku 1997“), s cílem zařadit do něj dalších osm operací (dále jen „fáze FIMMA 97“). Sedm operací se týkalo výměny, změny a výstavby sběračů a jedna operace spočívala ve výstavbě továrny na zpracování kalů. Lhůta pro dokončení prací byla prodloužena až do 31. prosince 1999. (omissis) Napadené rozhodnutí V napadeném rozhodnutí Komise konstatovala nesrovnalosti týkající se osmi zakázek fáze SPWS a zejména čtyř zakázek fáze FIMMA 97. Toto je osm zakázek fáze SPWS: — sběrač s odlehčovací komorou na řece Ebro; — sběrač čtvrti Los Palos; — sběrač oblasti Martín Arpal; — sběrač Valles Verdes; — sběrač San Lamberto – Vistabella; — sběrač silnice do Madridu; — vedlejší síť sběračů; — sběrač limitní oblasti území města. Toto jsou čtyři zakázky fáze FIMMA 97: — sběrač pravého břehu řeky Huerva; — továrna na zpracování kalů; — sběrač řeky Gállego; — spojovací sběrač čistírny odpadních vod v Almozaře. Komise v bodě 20 napadeného rozhodnutí uvedla, že na základě čl. 4 odst. 2 a čl. 14 odst. 1, 10 a 13 směrnice 93/38 představovaly sporné zakázky položky jediné stavby, k níž dal podnět jediný zadavatel, a že se na ně měla vztahovat ustanovení uvedené směrnice. Měla za to, že uvedené zakázky byly rozděleny, což bylo porušením ustanovení této směrnice, zejména těch, která se týkají prahové hodnoty, zveřejnění a rovného zacházení s uchazeči. (omissis) Komise zaprvé s cílem určit, zda existují nesrovnalosti ve smyslu článku H přílohy II nařízení č. 1164/94, připomněla ustanovení čl. 1 odst. 4 písm. b), čl. 4 odst. 2 a čl. 14 odst. 1, 10 a 13 směrnice 93/38 (body 19, 21 až 23 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Komise dále v bodě 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedla, že ve všech vyhlášeních zveřejněných v Boletín Oficial de Aragón a v místních médiích byla rada města Zaragoza označena za zadavatele, kterému bylo třeba předkládat nabídky. Konstatovala rovněž podobnost popisu prací, které měly být uskutečněny v síti kanalizace a zpracování odpadních vod a uvedla, že práce měly plnit stejnou hospodářkou a technickou funkci. Měla za to, že v projednávané věci se jednalo o soubor specifických prací údržby, zvětšení a vylepšení existující sítě kanalizace a zpracování odpadních vod, jejichž výsledkem mělo být po jejich ukončení celkové zlepšení sítě pro konečné uživatele. Komise upřesnila, že práce byly spojeny se sběrači odpadních vod, sběrači s odlehčovacími komorami na dešťovou vodu, továrnou na zpracování kalu a sběračem odpadních vod mezi dvěma čistírnami odpadních vod v městech Almozara a Cartuja. Uvedla, že rozdíl mezi jednotlivými typy prací byl funkční, nikoliv technický nebo hospodářský, a že tedy nebyly požadovány zvláštní technické znalosti pro jejich realizaci. Závěrem uvedla, že z hospodářského pohledu by koneční uživatelé měli poskytovatelům služeb platit podle vlastního užívání. Zaprvé měla Komise v bodě 24 písm. a) napadeného rozhodnutí v případě osmi projektů fáze SPWS za to, že práce měly společný cíl, a jediným rozdílem bylo, že byly uskutečňovány v zeměpisně odlišných obvodech. Podle ní bylo hlavním cílem prací zavést nebo obnovit kanalizační systém pro jednotlivé obvody, včetně instalace sběračů odpadních vod a odlehčovacích komor. Zadruhé Komise ke čtyřem projektům fáze FIMMA 97, uvedených v bodě 15 výše, pro něž nelze uplatnit výjimku podle čl. 14 odst. 10 směrnice 93/38, v bodě 24 písm. b) odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedla, že práce sledovaly společný cíl a jediný rozdíl spočíval v jejich realizaci v zeměpisně odlišných obvodech. Podle ní bylo hlavním cílem prací zřízení sběračů podél řek Huerva a Gállego, aby sloužily oblastem, které ještě vypouštějí odpadní vody přímo do řek, a oprava dvou zařízení pro zpracování odpadních vod, do kterých byly odpadní vody odváděny. V bodě 25 napadeného rozhodnutí Komise upřesnila, že v případě porušení čl. 4 odst. 2 a čl. 14 odst. 10 směrnice 93/38 musí být smlouvy považovány za určené k provedení jediné stavby, pokud jsou natolik spojeny jako v projednávané věci, že je podnik Společenství může považovat za jedinou hospodářskou operaci, a pokud pro celou operaci předloží nabídku. Komise uvedla, že tento výklad je slučitelný s cílem směrnice 93/38, kterým je dohlížet na to, aby podniky jiných členských států mohly odpovídat na výzvy k podávání nabídek, pokud na tom mají zájem, z objektivních důvodů spočívajících v hodnotě zakázek. Takový podnik si mohl přát být informován o hodnotě všech položek prací, i kdyby nebyl schopen je všechny provést. Komise dále uvedla, že se jedná o jedinou možnost, jak posoudit skutečný rozsah zakázky a nastavit ceny podle počtu položek, pro které bylo zamýšleno předložení nabídek. Komise v bodě 26 napadeného rozhodnutí došla k závěru, že osm projektů fáze SPWS ve svém celku a čtyři projekty fáze FIMMA 97 ve svém celku naplňují jedinou hospodářskou a technickou funkci, a že tedy španělské orgány uměle rozdělily práce týkající se údržby, zvětšení a opravy existující sítě kanalizace a zpracování odpadních vod. Upřesnila, že tento závěr se zakládá na obdobné povaze popisu prací a podobnostech vyhlášení, provedení řízení a celkové koordinaci tímtéž smluvním subjektem, jakož i na skutečnosti, že práce byly uskutečněny v jediné zeměpisné oblasti. (omissis) Řízení a návrhová žádání účastníků řízení Návrhem došlým kanceláři Tribunálu dne 3. září 2008 podalo Španělské království projednávanou žalobu. Dne 30. listopadu 2010 byla projednávaná věc přidělena novému soudci zpravodaji, který zasedal v druhém senátu. Poté, co se změnilo složení senátů Tribunálu, byl soudce zpravodaj přidělen k osmému senátu, kterému byla v důsledku toho přidělena projednávaná věc. Na základě zprávy soudce zpravodaje rozhodl Tribunál (osmý senát) o zahájení ústní části řízení. Řeči účastníků řízení a odpovědi na otázky Tribunálu byly vyslechnuty na jednání konaném dne 28. listopadu 2012. Španělské království navrhuje, aby Tribunál: — zrušil napadené rozhodnutí; — uložil Komisi náhradu nákladů řízení. Komise navrhuje, aby Tribunál: — zamítl žalobu v plném rozsahu; — uložil Španělskému království náhradu nákladů řízení. Právní otázky (omissis) 1.1.1. K prvnímu žalobnímu důvodu, vycházejícímu z nesprávných právních posouzení a zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu v rámci použití článku H přílohy II týkající se finančních oprav nařízení č. 1164/94, ve spojení s čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38 (omissis) Úvodem je třeba uvést, že Španělské království při jednání v odpovědi na otázku Tribunálu upřesnilo, že prvním žalobním důvodem uplatňuje porušení čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38, a toto ustanovení musí být vykládáno ve spojení s čl. 14 odst. 10 směrnice 93/38. Bylo to zaznamenáno do protokolu z jednání. Španělské království mimoto tvrdí, že Komise se v napadeném rozhodnutí dopustila nesprávného právního posouzení a závažného nesprávného posouzení skutkového stavu, když rozhodla o porušení ustanovení směrnice 93/38. Tvrdí, že i když důkazní břemeno nese Komise, je účelné provést krátkou analýzu zakázek, které byly předmětem sporu podle kritérií vymezených Soudním dvorem, aby bylo prokázáno, že nebyla splněna žádná z podmínek umožňující konstatovat, že se jedná o jedinou stavbu. Je třeba konstatovat, že Španělské království projednávanou žalobou zpochybňuje definici podmínek použití čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce a čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38, již udává Komise, a jejich použití na zakázky dotčené v napadeném rozhodnutí. Je tedy třeba přezkoumat, zda Komise v napadeném rozhodnutí nesprávně rozhodla o porušení výše uvedených ustanovení, což musí Španělské království před Tribunálem prokázat. (omissis) K první části, vycházející ze zjevně nesprávného posouzení skutkového stavu ze strany Komise u pojmu stavba Podle Španělského království Komise nesprávně došla k závěru, že město Zaragoza porušilo ustanovení směrnice 93/38, když dotčené zakázky rozdělilo a nezveřejnilo o tom vyhlášení v Úředním věstníku. Španělské království považuje za neodůvodněná tvrzení Komise uvedená v bodě 8 druhém pododstavci, v bodě 9 pododstavci 23 písm. b) a v bodě 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí. Španělské království zaprvé tvrdí, že za účelem posouzení, zda projekt může obsahovat několik různých staveb, je třeba ve světle ustanovení směrnice 93/38 a judikatury Soudního dvora provést analýzu v trojí perspektivě: technickohospodářské, zeměpisné a časové. Španělské království zadruhé připomíná nesprávnost uplatnění těchto kritérii v projednávané věci. Komise údajně neprovedla ani nejmenší objektivní analýzu staveb podle této „trojí perspektivy“, ale zřejmě k určení protiprávního jednání španělských orgánů použila poněkud zvláštní kritéria, jako je kapacita možných uchazečů nebo účelnost provedení některých nebo všech zakázek najednou pro tyto uchazeče (bod 9 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Technickohospodářský přezkum navíc nebyl technicky přesný. Komise v napadeném rozhodnutí měla za to, že se španělské orgány dopustily porušení čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38, vykládaného ve spojení s odstavci 1 a 10 tohoto článku, když rozdělily osm zakázek fáze SPWS, a dále především čtyři zakázky fáze FIMMA 97. Poté, co v bodě 23 písm. b) odůvodnění napadeného rozhodnutí připomněla definici stavby ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38, uplatnila ji na sporné zakázky v bodech 24 až 26 odůvodnění napadeného rozhodnutí. (omissis) K pojmu stavba ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 v napadeném rozhodnutí Podle čl. 14 odst. 1 písm. c) směrnice 93/38 se tato směrnice vztahuje na zakázky, jejichž odhadovaná hodnota bez DPH není menší než 5 miliónů eur v případě zakázek na stavební práce. Podle čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38, „[z]adavatelé nesmějí obcházet tuto směrnici tím, že by rozdělili zakázky nebo použili zvláštní metody výpočtu hodnoty zakázek“. Podle čl. 14 odst. 10 směrnice 93/38 je dále „[z]ákladem pro výpočet hodnoty zakázky na stavební práce pro účely odstavce 1 celková hodnota [stavby]“ [–] stavba je v prvním pododstavci tohoto ustanovení definována jako „výsledek činností pozemního a inženýrského stavitelství jako celek, který má plnit hospodářskou a technickou funkci“. Zaprvé je třeba uvést, jak to učinilo Španělské království a Komise, že Soudní dvůr vyložil čl. 14 odst. 10 a 13 směrnice 93/38 v rozsudku ze dne 5. října 2000, Komise v. Francie ( C-16/98, Recueil, s. I-8315 ). V tomto rozsudku měl Soudní dvůr za to, že čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38 „vyjadřuje konkrétně povinnosti, které plynou zadavatelům z čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice [93/38], a musí být tedy zohledněny společně s tímto článkem, aby bylo možno rozhodnout o tom, že došlo k rozdělení [stavby]“ (bod 31). Kromě toho podle Soudního dvora „z definice [stavby] uvedené v čl. 14 odst. 10 prvním pododstavci druhé větě směrnice [93/38] vyplývá, že existence [stavby] musí být posuzována s ohledem na hospodářskou a technickou funkci výsledku dotčených prací“ (bod 36). Z tohoto rozsudku vyplývá, že k tomu, aby Soudní dvůr posoudil, zda tyto práce mezi sebou byly takto spojeny, bylo nutné považovat je za jedinou stavbu ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38, použil funkční hledisko (v tomto smyslu viz rozsudek Soudního dvora ze dne 15. března 2012, Komise v. Německo, C-574/10, bod 37). Soudní dvůr použil dvě kritéria, a sice kritérium hospodářské funkce a kritérium technické funkce výsledku prací. Je třeba konstatovat, že Komise v souladu s výše uvedeným rozsudkem Komise v. Francie v napadeném rozhodnutí uvedla, že za účelem definice stavby je třeba uplatnit kritéria hospodářské funkce a technické funkce výsledku prací ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 (body 23 a 24 odůvodnění). Po připomenutí znění tohoto ustanovení v bodě 23 odůvodnění napadeného rozhodnutí tak Komise v bodě 24 došla k závěru, že „[p]opis práce, která měla být provedena v síti kanalizace a zpracování odpadních vod byl podobný a práce plnily tutéž hospodářskou a technickou funkci“, že „[p]rojednávaná věc se týká souboru zvláštních prací údržby, zvětšení a opravy existující sítě kanalizace a zpracování odpadních vod, jejichž výsledkem musí být po ukončení celkové zlepšení sítě pro konečné uživatele“ a že „[r]ozdíl mezi jednotlivými druhy prací [není] technický ani hospodářský“. I když tedy není nutné vyjadřovat se k otázce Komise, zda jsou kritéria hospodářské a technické funkce výsledku prací pro účely definice stavby ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 kumulativní, je třeba uvést, že oproti tvrzení Španělského království se Komise v napadeném rozhodnutí nedopustila pochybení, když určila, že kritéria hospodářské funkce a technické funkce výsledku prací musí být použita pro účely definice stavby ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38. Zadruhé Španělské království uvádí, že analýza sporných zakázek měla být provedena rovněž s užitím zeměpisného a časového kritéria. V tomto ohledu je třeba uvést, že Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie použil k definici jediné stavby kritéria technické a hospodářské funkce výsledku prací (body 49 až 56). Dále v bodě 65 upřesnil, že „každý případ zadání zakázky musí být posouzen v závislosti na [jeho] kontextu a vlastních okolnostech“. Soudní dvůr doplnil, že v situaci, ve které byl vydán tento rozsudek „[existovaly] významné prvky, jako [současné vyhlášení] sporných zakázek, podobnost vyhlášení, jednota zeměpisného rámce, ve kterém byly zakázky vyhlášeny, a koordinace zajišťovaná subjektem, který spojoval meziobecní svazy elektrifikace na úrovni krajů, které hovoří pro propojení uvedených zakázek na této úrovni“. Soudní dvůr tak ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie vzal v úvahu zeměpisný prvek, aby ověřil, zda jednotná povaha technické a hospodářské funkce prací trvá pro jednotlivé místní sítě, ať již distribuce elektřiny (body 64 a 65), nebo veřejného osvětlení (body 69 a 70) v širší zeměpisné oblasti, a že tyto místní sítě tedy mohly být spojeny v jediné síti, a opíral se přitom o možnost propojení těchto místních sítí. K časovému hledisku Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie zmínil „současn[é] vyhlášení sporných zakázek“ (bod 65). Je třeba zdůraznit, že zeměpisné a časové aspekty nejsou kritérii určenými k definici stavby ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38, nýbrž prvky nezbytnými pro potvrzení toho, že taková stavba existuje, neboť za jedinou stavbu lze považovat pouze práce, které se nacházejí v určitém zeměpisném a časovém rámci. Je třeba uvést, že Komise v napadeném rozhodnutí odkazuje na zeměpisný prvek (body 24 a 26 napadeného rozhodnutí) a na časový prvek z důvodu propojení zakázek týkajících se projektů patřících do téže fáze, ať již fáze SPWS nebo fáze FIMMA 97. Komise se tedy nedopustila nesprávného posouzení, když provedla analýzu sporných zakázek s použitím zeměpisného a časového prvku, aniž je považovala za funkční kritéria pro účely definice dotčených staveb. Zatřetí Komise podle Španělského království pro určení protiprávního jednání španělských orgánů zřejmě použila poněkud zvláštní kritéria, jako je kapacita potenciálních uchazečů nebo účelnost provedení některých nebo všech zakázek pro tyto uchazeče najednou (bod 9 napadeného rozhodnutí). Komise v napadeném rozhodnutí skutečně zmínila určité skutečnosti týkající se možných uchazečů v části vztahující se k úvodnímu posouzení (bod 9 odůvodnění). K tomuto Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie uvedl, že definice stavby, kterou obsahuje čl. 14 odst. 10 první pododstavec směrnice 93/38, nepodřizuje existenci stavby naplnění prvků, jako je počet zadavatelů nebo možnost realizace všech prací jediným podnikem (bod 43). Konstatoval, že i když existence jediného a téhož zadavatele a možnost unijního podniku realizovat veškeré práce, kterých se týkaly dotčené zakázky, mohou být v závislosti na okolnostech nepřímými důkazy na podporu toho, že existuje jedna stavba ve smyslu směrnice, nemohou oproti tomu v tomto ohledu být určujícími kritérii. Dodal, že „větší počet zadavatelů a nemožnost realizace všech dotčených prací jediným podnikem [nemůže] zpochybnit existenci [stavby], pokud je tento závěr nutno učinit na základě funkčních kritérií vymezených v čl. 14 odst. 10 prvním pododstavci druhé větě směrnice“ (bod 42). Z výše uvedeného rozsudku Komise v. Francie tedy vyplývá, že užití některých skutečností týkajících se zejména možných zadavatelů je možné, ale tyto skutečnosti nemohou být ani určující, ani zpochybnit závěr, že existuje jedna stavba, jež se opírá o spojení kritérií technické funkce a hospodářské funkce výsledku prací. Je tak třeba přezkoumat uplatnění těchto kritérií na zakázky dotčené v napadeném rozhodnutí a posoudit, zda je Komise správně považovala za splněné, aby mohla dojít k závěru, že existují dvě stavby. Je tedy třeba dále přezkoumat, na jakém základě byly vzaty v úvahu jiné skutečnosti. K uplatnění pojmu stavba ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 na sporné zakázky v napadeném rozhodnutí Španělské království zmiňuje neprovedení objektivní analýzy staveb z pohledu technickohospodářského, zeměpisného a časového, nesprávnost uplatnění těchto kritérií v projednávané věci, jakož i uplatnění neobvyklých kritérií. Komise v napadeném rozhodnutí uvedla, že existují dvě skupiny staveb, tvořené osmi projekty fáze SPWS [(bod 24 písm. a) odůvodnění] a čtyřmi projekty fáze FIMMA 97 [(bod 24, písm. b) odůvodnění]. Je tedy třeba přezkoumat postupně obě tyto skupiny. –– – – K osmi sporným zakázkám fáze SPWS Španělské království tvrdí, že Komise nebyla při technickohospodářském přezkumu dostatečně přesná, a provádí analýzu osmi sporných zakázek fáze SPWS, uvedených v bodě 14 výše, která se týká šesti sběračů odpadních vod, odlehčovací komory na dešťovou vodu a vedlejší sítě sběračů, které představovaly nezávislé projekty. K technické funkci těchto prací Španělské království uvádí, že je odlišná pro každý dotčený projekt. Analýza Komise však nespočívala v nezávislém přezkumu jednotlivých prací, jichž se sporné zakázky týkaly, a v posouzení jejich technické funkce, jak to vyžaduje Španělské království, ale v souladu s judikaturou uvedenou v bodě 45 výše zkoumala, zda má výsledek prací tutéž technickou funkci. Komise tak měla za to, že se jedná o práce, jejichž výsledkem bylo celkové zlepšení kanalizační sítě, a že splňují tutéž technickou funkci (bod 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Je třeba uvést, že šest sběračů a vedlejší síť sběračů shromažďují všechny odpadní vody v rámci kanalizační sítě. Dále Španělské království uvádí, že technická funkce odlehčovací komory na dešťovou vodu, je odlišná a nespočívá v odvádění nebo zpracování odpadních vod, ale v zabránění záplavám v důsledku nadměrných dešťů. Netvrdí však, že uvedená odlehčovací komora není spolu se sběrači a vedlejší sítí sběračů součástí technické funkce kanalizační sítě. Jak Komise správně uvádí, slouží tato odlehčovací komora k zabránění nežádoucího zvýšení objemu vody, kterou má zpracovat čistička odpadních vod, a k omezení znečištění přijímajících vod přetížením vyplývajícím z velkých dešťů, a přispívá tak k lepšímu zpracování odpadních vod. Španělské království dále uvádí, že dotčená odlehčovací komora nezpracovává odpadní vody, ale netvrdí, že z této komory odpadní vody neodtékají. Upřesňuje, že nelze striktně oddělit dešťovou vodu, která vytéká z dotčené odlehčovací komory, a odpadní vody protékající sběrači. Je třeba konstatovat, že z dotčené odlehčovací komory odtéká dešťová voda a odpadní vody, aby bylo odlehčeno sběračům odpadních vod, což by umožnilo lepší fungování kanalizační sítě. K tomuto je třeba uvést, že španělské orgány v odpovědi na dotazník žádosti o podporu předložený v roce 1996 uvedly, že cílem projektu sanace je výstavba série sběračů určených k dokončení oblasti, která odvádí odpadní vody do čističky odpadních vod v Almozaře. Rovněž je uvedeno, že byla plánována výstavba povodňové odlehčovací komory, která by odváděla do řeky Ebro dešťovou vodu, kterou by sběrač nemohl odvést, pouze v okamžicích silného deště a v případě příslušného stupně zředění odpadních vod. Nakonec je upřesněno, že hlavním předmětem všech projektů bylo „sanovat zastaralé existující struktury a napravit nedostatky systémů tím, že by byla obci poskytnuta stoková síť schopná odvádět odpadní vody k hlavním sběračům, a tak by bylo zabráněno záplavám, prosakování do podzemní vody a nekontrolovaným výtokům odpadních vod“. Tentýž popis hlavního cíle je převzat v rozhodnutí z roku 1996 v přehledu v příloze, ve které je uvedeno shrnutí projektu. Vyplývá z něj, že podle samotného Španělského království existuje v rámci kanalizační sítě spojitost mezi přepravou odpadních vod a bráněním záplavám prostřednictvím odlehčovací komory. Je třeba dojít k závěru, že osm projektů není nezávislých, jak tvrdí Španělské království, ale že všechny patří pod jeden projekt týkající se kanalizační sítě, kterým je podle dotazníku k žádosti o podporu předložené v roce 1996 a přehledu v příloze k rozhodnutí z roku 1996 výstavba stokové sítě schopné odvádět odpadní vody do hlavních sběračů, bránit tak záplavám, prosakování do podzemní vody a nekontrolovaným únikům odpadních vod. Jak Komise správně uvedla, sledují dotčené práce fáze SPWS stejný cíl, tj. vytvořit nebo obnovit kanalizační systém pro jednotlivé obvody, včetně zřízení sběračů odpadních vod a odlehčovacích komor [bod 24 písm. a) odůvodnění napadeného rozhodnutí]. Jsou tedy skutečně souborem prací, jejichž výsledkem je celkové zlepšení kanalizační sítě pro konečné uživatele (bod 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí). Podle čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 a výše uvedeného rozsudku Komise v. Francie je výsledek tohoto souboru prací určen k plnění technické funkce, kterou je čištění odpadních vod. Tento závěr není zpochybněn argumentací Španělského království, podle které není směrnice 93/38 použitelná na odlehčovací komory, jelikož nejsou určeny k odvádění odpadních vod. Jak již bylo uvedeno (viz bod 67 výše), je nesprávné tvrdit, že dotčená odlehčovací komora odvádí pouze dešťovou vodu. Jak navíc uvádí Komise, je třeba mít za to, že se působnost čl. 6 odst. 2 písm. b) směrnice 93/38 neomezuje na zařízení, která přímo odvádějí nebo zpracovávají odpadní vody, ale že se toto ustanovení uplatní na zakázky, které „jsou spojeny s odváděním nebo zpracováním odpadních vod“, což odlehčovací komory zahrnuje. Dále je třeba odmítnout argumentaci předloženou Španělským královstvím ke zpochybnění argumentace Komise, podle níž je možnost považovat za jedinou stavbu soubor činností týkajících se různých typů sběračů městských odpadních vod potvrzena směrnicí Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských odpadních vod ( Úř. věst. L 135, s. 40 ; Zvl. vyd. 15/02 s. 26). Směrnice se totiž týká zejména odvádění, čištění a vypouštění městských odpadních vod, které ve svém čl. 2 odst. 1 definuje jako zahrnující dešťové vody. Ani za předpokladu, že směrnice upravuje režim použitelný na čističky odpadních vod, Španělské království nevysvětluje důsledky, které je z toho třeba vyvodit pro dotčené projekty, z nichž se žádný čističky odpadních vod netýká. Zadruhé Španělské království zpochybňuje identitu hospodářských funkcí dotčených projektů. Dešťové vody údajně nepodléhají zvláštní dani na služby čištění odpadních vod, kterou vybírá město Zaragoza. Nelze tedy vybírat daň nebo poplatek na odlehčovací komoru na dešťovou vodu. Kromě toho Španělské království v odpovědi Komisi tvrdí, že i když je tato zvláštní daň určena na financování nákladů na provozování sítě, je nedostatečná a vyžaduje příspěvky z rozpočtu obce. To by znamenalo, že je-li správa odpadních vod skutečně částečně pokryta příjmy z daně, musí být infrastruktura sítě určené ke shromažďování a zpracování dešťové vody financována z veřejných zdrojů. Existuje zásadní rozdíl mezi daní na zpracování odpadních vod a placením veřejné služby poskytnuté odlehčovacími komorami na dešťovou vodu, což ukazuje jejich odlišnost z hospodářského hlediska. Daň na zpracování odpadních vod je totiž stanovena v závislosti na skutečném vypouštění odpadů každé domácnosti, je tedy daní individualizovanou v závislosti na vlastní spotřebě každé osoby povinné k dani, zatímco placení služby poskytované odlehčovacími komorami na dešťovou vodu by mohlo být rozděleno mezi obyvatelstvo, aniž však požadované částky budou měněny v závislosti na užitečnosti pro dotyčné osoby. V napadeném rozhodnutí měla Komise za to, že z hospodářského pohledu „[musí] koneční uživatelé platit poskytovateli za služby, které užívají“ (bod 24 odůvodnění). (omissis) Zaprvé Španělské království při jednání v odpovědi na otázku Tribunálu potvrdilo, že zvláštní daň na služby čištění odpadních vod, vybíraná městem Zaragoza, na kterou se odkazuje v žalobě, byla stanovena čl. 2 kapitolou 2 nadepsanou „Služba čištění odpadních vod“ daňové vyhlášky č. 24.25 města Zaragoza o dani ze služeb zásobování pitnou vodou a čištění odpadních vod, a Komise tento článek citovala ve spisu. Na základě tohoto ustanovení „[z]danitelnou událostí pro tuto daň je poskytnutí služby čištění odpadních vod, pokud se jedná o dešťové vody nebo odpadní vody odváděné ve sběračích a kanalizacích na pozemku nebo v péči města, neboť město Zaragoza přebírá správu těchto vod, včetně nákladů na jejich přepravu, zpracování a jejich vypouštění do přírodních vodních toků za podmínek stanovených v povoleních o vypouštění vydaných Hydrografickým sdružením řeky Ebro“. Z tohoto ustanovení vyplývá, že neprovádí rozlišení mezi odpadními vodami a dešťovými vodami. Zadruhé je třeba konstatovat, že argumentace Španělského království týkající se financování infrastruktury sítě určené ke shromažďování a zpracování dešťové vody není opodstatněná, jelikož se Španělské království omezuje na tvrzení, že uvedené infrastruktury musí být financovány z veřejných rozpočtů. Španělské království kromě toho nepředložilo důkazy o tom, že tyto infrastruktury nejsou – alespoň částečně – financovány ze zvláštní daně na čištění odpadní vody. V důsledku toho je třeba dojít k závěru, že práce dotčené fází SPWS tvoří celek, jehož výsledek je určen ke splnění jediné hospodářské funkce. Vzhledem k výše uvedenému je třeba mít za to, že Španělské království neprokázalo, že se Komise dopustila nesprávného posouzení, když v bodě 26 odůvodnění napadeného rozhodnutí došla k závěru, že práce dotčené fází SPWS plní tutéž technickou a hospodářskou funkci ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38. –– – – Ke čtyřem sporným zakázkám fáze FIMMA 97 Španělské království upozorňuje na nedostatek přesnosti Komise při technickohospodářském přezkumu a provádí technickou a hospodářskou analýzu čtyř sporných zakázek fáze FIMMA 97, uvedených výše v bodě 15, jež se týkají továrny na zpracování kalů, spojovacího sběrače a dvou sběračů, včetně sběračů řeky Gállego. Dále provádí analýzu zakázek uvedené fáze a dochází k závěru, že každý projekt musí být považován za nezávislý na ostatních a že zveřejnění vyhlášení v Úředním věstníku nebylo požadováno. Zaprvé měla Komise v napadeném rozhodnutí za to, že podle technické funkce projektů fáze FIMMA 97 jsou čtyři projekty pouze jedinou stavbou, což Španělské království zpochybňuje. Podle dotazníku žádosti o podporu předložené v roce 1997 plní projekty fáze FIMMA 97 tři odlišné cíle. Je však třeba uvést, stejně jako to učinila Komise, že čtyři sporné projekty uvedené fáze patří do stejné skupiny, odpovídají témuž cíli, kterým bylo „odstranění vypouštění nezpracované odpadní vody“. Ke spojovacímu sběrači Španělské království uvádí, že „jeho funkcí není, jako u jiných sběračů, shromažďovat a přepravovat odpadní nebo dešťové vody do [čističek] odpadních vod nebo odlehčovacích komor“, ale uvádí, že tento spojovací sběrač „se snaží mírnit nerovnováhu v oblasti kanalizačních struktur, která je způsobena asymetrickým růstem města Zaragoza“. Oproti tvrzení Španělského království je tedy nesprávné mít za to, že spojovací sběrač mezi dvěma čističkami odpadních vod je „infrastrukturou zcela nezávislou na ostatních sběračích“, jelikož uvedený sběrač je součástí kanalizační sítě města Zaragoza. Španělské království tak odlišuje technickou funkci každého projektu, aniž zohledňuje skutečnost, že se jedná o soubor prací, jejichž výsledkem je celkové zlepšení kanalizační sítě pro konečné uživatele (bod 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí), a který je určen k plnění jediné technické funkce, kterou je čištění odpadních vod. Španělské království totiž tvrdí, že na rozdíl od sběračů není funkcí továrny na zpracování kalů přepravovat dešťovou nebo odpadní vodu, ale zabránit vypouštění kalů vzniklých při procesu získávání pitné vody pro účely osobní spotřeby a obchodní a průmyslové potřeby celého města do řeky Huerva. Avšak nejde o to, určit, zda továrna na zpracování kalu má sama o sobě jinou technickou funkci než sběrače, ale o posouzení, zda s ohledem na čl. 14 odst. 10 první pododstavec směrnice 93/38 sběrače a továrna na zpracování kalu patří do souboru prací, jejichž výsledek má společnou technickou funkci, kterou je čištění odpadních vod. Španělské království přitom nepopírá, že továrny na zpracování kalů přispívají k čištění odpadních vod města Zaragoza. Argument Španělského království, podle kterého je profil uchazeče o zakázku týkající se sběrače zcela odlišný od profilu uchazeče o zakázku týkající se továrny na zpracování kalů, musí být zamítnut, jelikož se nejedná o jedno z kritérií umožňujících vymezit stavbu ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38. Závěrem Španělské království zpochybňuje argument Komise, podle kterého existuje v technické rovině rovnocennost mezi sběrači a stanicemi na zpracování kalů, jejichž povaha je s ohledem na zpracování odpadních vod doplňková. K tomuto uvádí, že v projednávané věci se jedná o továrnu na zpracování kalů pocházejících z jednotky pro získávání pitné vody, nikoliv z čističky odpadních vod. Je však třeba konstatovat, že Španělské království nevysvětluje důvod, proč skutečnost, že se jedná o takovou továrnu na zpracování kalů, znamená, že se doplňkově neúčastní zpracování odpadních vod, jelikož tato továrna odpovídá cíli odstranění vypouštění nezpracovaných odpadních vod, jak upřesňuje dotazník k žádosti o financování předložené v roce 1997. (omissis) Je třeba dojít k závěru, že čtyři projekty nejsou na sobě nezávislé, jak tvrdí Španělské království, ale že patří všechny k témuž projektu týkajícímu se kanalizační sítě. Jak Komise správně uvedla, práce dotčené fází FIMMA 97 sledovaly společný cíl, kterým je zřízení sběračů podél řek Huerva a Gállego, aby sloužily oblastem, které ještě vypouštějí odpadní vody přímo do řek, a oprava dvou zařízení pro zpracování odpadních vod, do kterých byly tyto vody odváděny [bod 24 písm. b) odůvodnění napadeného nařízení]. Jsou tedy souborem prací, jejichž výsledkem je celkové zlepšení kanalizační sítě pro konečné uživatele (bod 24 odůvodnění napadeného nařízení). Podle čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 a výše uvedeného rozsudku Komise v. Francie je výsledek tohoto souboru prací určen ke splnění technické funkce, kterou je čištění odpadních vod. (omissis) S ohledem na výše uvedené úvahy je třeba mít za to, že Španělské království neprokázalo, že se Komise dopustila nesprávného posouzení, když v bodě 26 odůvodnění napadeného rozhodnutí konstatovala, že práce dotčené fází FIMMA 97 plní ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 tutéž technickou a hospodářskou funkci. –– – – Závěry V případě projektů dotčených fázemi SPWS a FIMMA 97 tedy Španělské království neprokázalo, že Komise došla v bodě 26 odůvodnění napadeného rozhodnutí nesprávně k závěru, že uvedené projekty tvoří pro každou z obou fází jedinou stavbu, uměle rozdělenou ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce a odst. 13 směrnice 93/38. Analogicky se situací, ve které byl vydán výše uvedený rozsudek Komise v. Francie, totiž dotčené projekty spočívají ve dvou souborech dílčích prací týkajících se existující kanalizační sítě, jejichž výsledek je po ukončení prací nedílnou součástí funkce plněné uvedenou sítí. Španělské království tento závěr svým argumentem, týkajícím se jiných kritérií, která zmiňuje, a sice zeměpisných a časových prvků nebo kritérií, která Komise údajně nesprávně užila v napadeném rozhodnutí, nezpochybňuje. K zeměpisným a časovým aspektům je třeba úvodem připomenout, že se podle čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 a jeho výkladu Soudním dvorem ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie nejedná o kritéria vyplývající ze znění směrnice ani z judikatury (viz bod 53 výše). Komise zaprvé k zeměpisnému hlediska v bodě 24 odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedla, že „ohledně osmi projektů [fáze] SPWS, […],[byla] jediným rozdílem skutečnost, že [práce byly] prováděny v zeměpisně odlišených obvodech“ a že „ohledně čtyř projektů [fáze FIMMA 97], [byla] jediným rozdílem skutečnost, že [práce byly] prováděny v zeměpisně odlišených obvodech“. Komise v bodě 26 odůvodnění dodala, že „práce [byly] uskutečněny v jediné zeměpisné oblasti“. V tomto ohledu Španělské království zmiňuje rozpor v napadeném rozhodnutí, spočívající v tom, že Komise konstatovala paradoxně zároveň zeměpisné rozptýlení a jedinou zeměpisnou oblast. Je však třeba konstatovat, že Španělské království tvrdí totéž, když uvádí, že „přesto že se [dotčené stavby] vztahovaly k jedinému území, byly značně vzdáleny jedna od druhé a ze zeměpisného pohledu oddělené“. Španělské království uvádí vlastně neexistenci fyzického spojení mezi pracemi stanovenými v rámci dotčených projektů, která měla Komisi zabránit učinit závěr, že existují dvě stavby. Avšak i za předpokladu, že by byla tato neexistence fyzického spojení prokázána, platí, že jednotlivé práce jsou integrální součástí funkce, kterou plní kanalizační sítě města Zaragoza, což umožňuje mít za to, že jsou součástí téže stavby. Není tedy důležité, že uvedené práce jsou rozptýleny v rámci sítě a nejsou přímo fyzicky propojeny, nachází-li se – jak tvrdí Komise a Španělské království to nepopírá – uvnitř oblasti pokryté sítí stok a sběračů spravovanou městem Zaragoza. Jak tedy Komise zmínila v napadeném rozhodnutí, přestože jsou „prováděny v obvodech zeměpisně oddělených“ jsou „v jediné zeměpisné oblasti“. Argumentaci Španělského království týkající se údajného rozporu v tomto ohledu v napadeném rozhodnutí tedy nelze přijmout. Argument Španělského království vytvářející paralelu se situací zkoumanou ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie tedy musí být zamítnut. Španělské království neuvedlo žádnou skutečnost, která by mohla prokázat, že se sporné zakázky týkaly odlišných kanalizačních sítí, u kterých by bylo třeba přezkoumat, zda mohou být spojeny. Španělské království v odpovědi na argument Komise, podle kterého směrnice 91/271 užívá aglomeraci ve svých ustanoveních jako referenční zeměpisný rámec, tvrdí, že tento odkaz není pro definici stavby ve smyslu právní úpravy veřejných zakázek relevantní. Skutečnost, že tato směrnice užívá aglomeraci jako zeměpisný referenční rámec, má smysl v rámci zpracování odpadních vod a ochrany veřejného zdraví. Je namístě se domnívat, že i když je výsledek různých prací integrální součástí funkce plněné kanalizační sítí města Zaragoza, je relevantní zeměpisná oblast tvořena oblastí pokrytou touto sítí, ať už je spojena s městskou aglomerací, nebo obecním územím. Lze z toho tedy vyvodit závěr, že nelze přijmout argumentaci Španělského království týkající se použití údajného zeměpisného kritéria, které Komisi v napadeném rozhodnutí mělo dovést k závěru, že dotčené projekty nebyly dvěma stavbami ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38. Zadruhé Komise v napadeném rozhodnutí ohledně časového aspektu uvedla dvě skupiny projektů, jednu pro fázi SPWS a druhou pro fázi FIMMA 97. I za předpokladu, že by Španělské království na zpochybnění tohoto rozdělení na dvě rozhodnutí mělo zájem, musí být jeho argumentace, podle které nebylo možné definovat dvě skupiny pouze s ohledem na skutečnost, že byly projekty schváleny dvěma rozhodnutími, zamítnuta. Jak totiž Komise uvádí, skutečnost, že zachovala dvě skupiny projektů, vyplývá z uplatnění časového prvku, jelikož spojení prací souviselo s jejich příslušností ke dvěma časově odlišným fázím plánu sanace Zaragozy. Španělské království navíc zpochybňuje skutečnost, že sporné projekty mohly být v rámci každé z dvou etap považovány projekty, jež spadají do stejné časové jednotky. Španělské království zpochybňuje a posteriori provedenou analýzu Komise, která během správního řízení nevyvrátila jeho argument, podle něhož byly smlouvy uzavřeny v průběhu doby čtrnácti měsíců v případě fáze SPWS a v rámci dvaceti měsíců v případě fáze FIMMA 97. Jak již bylo upřesněno (viz body 50, 52 a 53 výše), Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie nedefinoval časové kritérium, ale vzal v úvahu časové hledisko jako prvek při posouzení. Je třeba uvést, že Soudní dvůr nezmiňuje časovou jednotku, ale zmiňuje „současn[é] vyhlášení sporných zakázek“ zatímco – jak tvrdí Komise – generální advokát P. Jacobs ve svém stanovisku k výše uvedenému rozsudku Komise v. Francie (Recueil, s. I-8341, I-8318) odkazoval na „vymezené období“ (bod 72). Jak v daném případě správně uvedla Komise, byly výzvy k podávání nabídek zveřejněny v průběhu stejného období pro každou dotčenou skupinu projektů. Z osmi zakázek fáze SPWS bylo sedm zveřejněno během méně než pěti měsíců, mezi 29. červencem 1997 a 17. prosincem 1997: u pěti z nich to bylo ve dvou dnech, a jedna byla zveřejněna dne 24. července 1998, avšak s prováděcí lhůtou čtyř měsíců. V případě čtyř zakázek fáze FIMMA 97 byly výzvy k podávání nabídek zveřejněny během méně než sedmi měsíců, mezi 13. listopadem 1998 a 9. červnem 1999. (omissis) Z toho vyplývá, že nelze přijmout argumentaci Španělského království týkající se údajného časového kritéria, jehož uplatnění v projednávané věci by umožnilo domnívat se, že Komise v napadeném rozhodnutí došla k nesprávnému závěru, že existují dvě stavby. Španělské království zadruhé tvrdí, že Komise se v napadeném rozhodnutí k tomu, aby určila protiprávní jednání španělských orgánů, opírala o poněkud zvláštní kritéria, jako je kapacita možných uchazečů nebo účelnost provedení některých nebo všech zakázek najednou pro tyto uchazeče (bod 9 odůvodnění napadeného rozhodnutí). V napadeném rozhodnutí Komise v části týkající se úvodního posouzení (bod 9 odůvodnění) skutečně uvedla určité skutečnosti týkající se potenciálních uchazečů. Rovněž je zmínila v konečném posouzení (bod 25 odůvodnění), i když použila jinou formulaci. Z bodů 24 a 26 odůvodnění napadeného rozhodnutí však vyplývá, že Komise došla k závěru, že existují dvě stavby ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 z důvodu společného uplatnění technického a hospodářského funkčního kritéria. Skutečnosti uvedené v bodě 25 odůvodnění napadeného rozhodnutí tedy pouze potvrzují závěr založený na těchto funkčních kritériích. V důsledku toho nemůže uvedení takových skutečností zpochybnit legalitu napadeného rozhodnutí. Pro úplnost je třeba uvést, že k odkazům na možné uchazeče v bodě 25 napadeného rozhodnutí Soudní dvůr ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie, bod 42, upřesnil, že „možnost podniku Společenství uskutečnit veškeré práce, kterých se týkají dotčené zakázky“, může být nepřímým důkazem, jenž potvrzuje, že existuje jedna stavba ve smyslu směrnice 93/38. Komise navíc v bodě 25 odůvodnění napadeného rozhodnutí uvedla čl. 4 odst. 2 směrnice 93/38. Toto ustanovení přitom zakazuje jakoukoliv diskriminaci mezi uchazeči, a chrání také ty, kteří od podání nabídky byli odrazeni znevýhodňujícím postupem, který zvolil zadavatel (výše uvedený Komise v. Francie, bod 109). Skutečnosti týkající se možných uchazečů v bodě 25 odůvodnění napadeného rozhodnutí jsou tedy uvedeny rovněž s ohledem na čl. 4 odst. 2 směrnice 93/38. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba dojít k závěru, že Španělské království neprokázalo, že se Komise v napadeném rozhodnutí dopustila nesprávného posouzení definice kritérií umožňujících kvalifikovat stavbu ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38, a rovněž uplatnění těchto kritérií v projednávané věci. Dotčené práce tedy představují dva soubory dílčích prací týkajících se kanalizační sítě města Zaragoza, jejichž výsledek je po ukončení těchto prací integrální částí funkce plněné touto sítí. Španělské království tedy neprokázalo, že Komise došla nesprávně k závěru, že existují dvě stavby, jedna pro fázi SPWS a druhá pro fázi FIMMA 97. První část prvního žalobního důvodu je tedy třeba zamítnout. Ke druhé části, vycházející ze zjevně nesprávného posouzení Komise, pokud jde o existenci úmyslné povahy Španělské království v podstatě tvrdí, že porušení čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38 předpokládá úmysl, který musí Komise prokázat. V tomto ohledu je třeba vzít v úvahu pouze právní úpravu týkající se veřejných zakázek, a nikoliv nařízení č. 1164/94. Komise však takový úmysl neprokázala. Španělské království každopádně tvrdí, že během celého řízení jednalo transparentně a v dobré víře a plně ve spolupráci s Komisí. Komise napadeným rozhodnutím v projednávané věci určila, že španělské orgány porušily čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38, a uložila Španělskému království finanční opravu podle článku H přílohy II nařízení č. 1164/94. Jak správně uvádí Španělské království, generální advokát P. Jacobs ve svém stanovisku k výše uvedenému rozsudku Komise v. Francie tvrdil, že znění čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38 předpokládá, že je postupováno s určitou měrou úmyslu (body 37 až 39). Soudní dvůr byl však ve výše uvedeném rozsudku Komise v. Francie (bod 31) toho názoru, že čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38 vyjadřuje konkrétním způsobem povinnosti, které vyplývají zadavatelům z čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38, a musí tedy být spolu s tímto ustanovením vzat v úvahu v rozhodnutí o rozdělení stavby. Soudní dvůr nezkoumal, zda zadavatelé jedinou stavbu ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38 úmyslně rozdělili. Je tedy třeba určit, že Komise v projednávané věci nebyla povinna prokázat s ohledem na čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38 úmysl španělských orgánů, tj. rozdělit jedinou stavbu do jednotlivých zakázek ve smyslu čl. 14 odst. 10 prvního pododstavce směrnice 93/38. Nenese tedy v tomto ohledu důkazní břemeno a nelze jí případně vytýkat, že takový úmysl neprokázala. Tento závěr nemohou zpochybnit ani argumenty Španělského království, podle kterých španělské orgány loajálně spolupracovaly s Komisí a jednaly transparentně a v dobé víře. Jelikož ze strany dotčených orgánů není pro účely konstatování porušení čl. 14 odst. 13 směrnice 93/38 vyžadován žádný prvek úmyslu, nejsou úvahy týkající se chování španělských orgánů v projednávané věci pro účely prokázání, že Komise nesprávně došla k závěru o porušení tohoto ustanovení, relevantní. (omissis) Z těchto důvodů TRIBUNÁL (osmý senát) rozhodl takto: 1) Žaloba se zamítá. 2) Španělskému království se ukládá náhrada nákladů řízení. Truchot Martins Ribeiro Popescu Takto vyhlášeno na veřejném zasedání v Lucemburku dne 11. července 2013. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: španělština. ( ) – Jsou uvedeny pouze body tohoto rozsudku, jejichž zveřejnění Tribunál považuje za účelné.

62017CJ0030

en

This request for a preliminary ruling concerns the interpretation of Article 3(1) of Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages ( OJ 1992 L 316, p. 21 ). The request has been made in proceedings between the Dyrektor Izby Celnej w Poznaniu (Director of the Poznán Customs Administration, Poland) and Kompania Piwowarska S.A. w Poznaniu (‘Kompania Piwowarska’), concerning the amount of excise duty owed by that company on the sale of flavoured beers. Legal context European Union law Directive 92/83 The fifth and sixth recitals of Directive 92/83 provide: ‘… in the case of beer, it is possible to permit alternative methods of calculating the duty on the finished product; … in the case of beer, it is possible within certain limits to permit Member States to apply the duty to gravity bands of more than one degree Plato, provided always that no beer is charged at less than the Community minimum rate’. Article 1(1) of that directive provides as follows: ‘Member States shall apply an excise duty to beer in accordance with this Directive.’ Article 2 of that directive reads as follows: ‘For the purposes of this Directive, the term “beer” covers any product falling within CN code 2203 or any product containing a mixture of beer with non-alcoholic drinks falling within CN code 2206, in either case with an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol.’ Article 3(1) of Directive 92/83 is worded as follows: ‘The excise duty levied by Member States on beer shall be fixed by reference either: – to the number of hectolitre/degrees Plato, or – to the number of hectolitre/degrees of actual alcoholic strength by volume of finished product.’ Article 5 of that directive provides: ‘1.   Member States may apply reduced rates, which may fall below the minimum rate, for beer with an actual alcoholic strength by volume not exceeding 2.8% vol. 2.   Member States may confine the application of this Article to products containing a mixture of beer with non-alcoholic drinks falling within CN code 2206.’ Article 28 of Directive 92/83 states: ‘The United Kingdom may continue to apply the exemptions which it applied on 1 January 1992 to the following products: – concentrated malt beverage the worts of which prior to fermentation were of a specific gravity of 1200 of original gravity (47° Plato) or more; …’ Directive 92/84/EEC The second and seventh recitals of Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages ( OJ 1992 L 316, p. 29 ), state: ‘… Directive 92/83/EEC … lays down provisions relating to the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages; … … the methods of taxing beer within the Member States vary, and it is possible to permit this variation to continue, in particular by laying down a minimum rate expressed as a charge related both to the original gravity and to the alcoholic content of the product’. Article 6 of Directive 92/84 provides: ‘As from 1 January 1993, the minimum rate of excise duty on beer shall be fixed at: – [EUR] 0,748 per hectolitre/degree Plato, or – [EUR] 1,87 per hectolitre/degree of alcohol of finished product.’ Polish law Article 68 of the ustawa o podatku akcyzowym (Law on excise duties, as amended) of 23 January 2004 (Dz. U. No 29, item 257) is worded as follows: ‘1.   For the purposes of this Law, the term “beer” covers products listed in item 13 of Annex 2 and all mixtures of beer with non-alcoholic beverages classified under Heading 15.94.10 of the Polish Classification of Goods and Services (PKWiU) and CN code 220600, with an actual alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol. … 3.   The basis of assessment for beer is the number of hectolitre/degrees Plato of finished product. 4.   The rate of excise duty on beer is 6.86 Polish zlotys (PLN) [approximately EUR 1.63] per hectolitre for each degree Plato of finished product. 5.   The minister responsible for public finances shall fix, by order, the methods of calculating the basis of assessment for beer, taking account of the bases of assessment which apply in the Member States.’ Paragraph 1(1) of the rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu ustalania podstawy opodatkowania piwa (Regulation of the Minister for Finance on the methods of calculating the basis of assessment for beer) of 31 March 2004 (Dz. U. No 70, item 635), provides: ‘For the purposes of calculating the basis of assessment for beer, 1 degree Plato equals 1% by mass of the dry wort extract calculated on the basis of the alcoholic strength and real extract in the finished product.’ The dispute in the main proceedings and the question referred for a preliminary ruling Kompania Piwowarska is a company established in Poland which produces beer, including flavoured beer under heading 2206 of the Combined Nomenclature and produced from traditional beer, to which sugar syrup, aromatic substances and water are added after the alcoholic fermentation process has been completed. In its initial tax declaration, Kompania Piwowarska fixed the amount of excise duty on account of the sale of flavoured beer, taking account, in calculating the degrees Plato of that beer on the basis of the Balling formula, the ingredients which had been added before the completion of the fermentation process. The excise duty calculated on that basis was paid by the company. Subsequently, that company applied to the tax authorities for a declaration that it had overpaid excise duties on the sale of flavoured beer in November 2004 and also corrected its original tax declaration on the basis that the overpayment resulted from the use of an incorrect number of degrees Plato. According to the company, the sugar content of the finished product must be deducted from the real extract before application of Balling’s formula, which can be applied only to traditional beer, in other words, to beer which does not contain additives. Since that application for a declaration of overpayment was rejected by the first-instance tax authority and that rejection was confirmed by the appeal body, Kompania Piwowarska lodged an action before the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Regional Administrative Court, Poznań, Poland) which annulled the decisions of the first instance tax authority and the appeal body. The Director of the Poznań Tax Chamber brought an appeal in cassation before the referring court against the judgment of the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu (Regional Administrative Court, Poznań). The referring court notes that, in the present case, the weight of the flavoured beer is more than the dry extract of original wort, by reason of the increased density caused by the addition of sugar syrup and, to a lesser extent, the aromatic substances. It takes the view that it must determine whether Article 3(1) of Directive 92/83 requires, where the basis of assessment for flavoured beers is calculated using the Plato scale, to take into account the content of real extract of the finished product, including the extract resulting from the substances added when the fermentation process has been completed or to disregard the ingredients added after the completion of that process. That court states that it must decide between two different approaches. According to the first approach, supported by Kompania Piwowarska, the concepts used to determine the basis of assessment for beer should be interpreted in their technical sense, specific to brewing, and cannot be modified for tax purposes. A degree Plato equivalent to 1% by weight of the dry extract of wort, only that extract and not the finished product should be used as a reference for determining the degree Plato. The degree Plato of flavoured beers should, therefore, be calculated, by means of the Balling formula, without taking account of the ingredients added after the completion of the fermentation process. That point of view is based on the idea, which follows from Article 3(1) of Directive 92/83, that, where the EU provisions give the possibility to adopt two alternative methods of calculating the basis of assessment for beer, those two methods must lead to similar results. According to the second approach, supported by the Director of the Poznán Tax Chamber, taxation according to degrees Plato should take account of all the extracts present in the finished product, including the sugar added after the completion of the fermentation process. That approach is based on the fact that the legislature has provided that degrees Plato are to be determined on the basis of the finished product. That approach allows the same tax treatment to be applied to beers having the same quality of taste and with the same alcohol content in the finished product, regardless of differences in the production technique. As it had doubts about the interpretation of Article 3(1) of Directive 92/83, the Naczelny Sąd Administracyjny (Supreme Court, Poland) decided to stay its proceedings and to refer the following question to the Court for a preliminary ruling: ‘In the light of Article 3(1) and the objectives of [Directive 92/83] in the determination of the basis of assessment for flavoured beers using the Plato scale, must the extract resulting from the aromatic substances added following the completion of fermentation be added to the real extract of the finished product or is the extract resulting from the added substances to be disregarded?’ Consideration of the question referred By its question, the referring court asks essentially whether Article 3(1) of Directive 92/83 must be interpreted as meaning that, in order to determine the basis of assessment for flavoured beers according to the Plato scale, the dry original wort extract or the dry extract of the finished product including aromatic substances and sugar syrup added after the completion of the fermentation process, must be taken into consideration. As a preliminary point it must be recalled, first, that according to Article 3(1) of Directive 92/83, the Member States may choose between two methods of calculating the basis of assessment for the excise duty on beer, namely by reference to the number of hectolitre/degrees Plato of the finished product or by reference to the number of hectolitre/degrees of actual alcoholic strength by volume of the finished product. In the case of the Republic of Poland, it is clear from Article 68(3) of the Law on excise duties of 23 January 2004, in the version applicable at the material time, Article 1(1) of the Decree of the Minister for Finance on the methods for calculating the basis of assessment for beer of 31 March 2004 and the written submissions of the Director of the Poznán Customs Office, that that Member State opted for the method of calculation by reference to the number of hectolitre/degree Plato of the finished product. Second it must be stated that, according to the information in the order for reference, the flavoured beer at issue in the main proceedings is produced from a traditional beer to which sugar syrup and aromatic substances are added, usually after the alcoholic fermentation is completed. Third as the Advocate General observed, in point 44 of his Opinion, the concept of ‘original wort’ designates, up to the moment when the fermentation process begins, the mixture of water and other ingredients of the beer prepared for fermentation, such as barley malt and hops. The ‘dry extract of original wort’ consists of all of the ingredients of the original wort other than water. As regards the question referred, it must be observed that the concept of ‘degree Plato’ mentioned in Article 3(1) of Directive 92/83 is not defined either in that directive or in other acts of the European Union. In those circumstances, the meaning and scope of that concept must be determined by considering its usual meaning in everyday language, while also taking into account the context in which it occurs and the purposes of the rules of which it is part (see, to that effect, judgment of 2 March 2017, Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main, C‑568/15 , EU:C:2017:154 , paragraph and the case-law cited). In that connection, first, it is common ground that, according to its usual meaning in brewing, the Plato scale enables the calculation of the percentage of dry extract in the mass of the original wort, one degree Plato being equivalent to 1 g of dry extract per 100 g of original wort. It follows that, as is commonly understood in brewing, the degree Plato is calculated without taking into account the aromatic substances and sugar syrup added in flavoured beer after the fermentation process. The use of the term ‘finished product’ in Article 3(1) of Directive 92/83 is not of such a nature as to challenge that interpretation. As the European Commission rightly observed, the fact that Article 3(1) of Directive 92/83 refers to degrees Plato of the finished product means that the number of degrees Plato must be a value determining a characteristic of the finished product, irrespective of whether the number of degrees is measured in the finished product or at an earlier stage of the production process. The degrees Plato which measure the dry extract in the original wort used for fermentation continue to characterise all of the finished products from that wort, whether those product are traditional beer or flavoured beer. Second the contextual analysis confirms that, within the framework of Directive 92/83, the calculation of the degrees Plato of flavoured beer cannot take account of the aromatic substances and sugar syrup added after the fermentation process has been completed. In that connection, reference must be made on one hand, to Article 28, first indent, of Directive 92/83, which also makes use of the concept of ‘degrees Plato’. According to that provision, the United Kingdom may continue to apply the exemptions in force on 1 January 1992 concerning, in particular, a concentrated malt beverage the worts of which prior to fermentation were of a specific gravity of 1200 of original gravity (47° Plato) or more. As the Advocate General observed in paragraphs 93 and 96 of his Opinion, it is clear from Article 28, first indent, that, for the application of that provision, the degrees Plato are to be calculated from the specific gravity of the original wort before its fermentation and it is not possible that, without any indication to that effect, the EU legislature intended to impose, in two provisions of the same directive, two different methods for calculating the degrees Plato. On the other hand, in the contextual interpretation of Directive 92/83, it is justified to take into consideration Directive 92/84 laying down a minimum rate of excise duty on beer, the structure of which is determined by the first of those directives. It must be observed that the seventh recital of Directive 92/84 provides that the methods of taxing beer within the Member States vary and it is possible to permit this variation to continue, in particular by laying down a minimum rate expressed as a charge related both to the original gravity and to the alcoholic content of the product. That minimum rate is fixed in Article 6 of that directive, in accordance with the number of hectolitres per degree Plato of the finished product or the number of hectolitres per degree of alcohol of the finished product. Therefore, the reference to the original gravity of the product, in the seventh recital of that directive, must be interpreted as referring to the method of calculation of excise duties on beer based on the degrees Plato of that beer, whereas the reference to the alcohol content of the product, in the same recital, must be interpreted as referring to the calculation method of excise duty having regard to the degree of alcohol. It follows that the degrees Plato must be calculated, for the purposes of Article 6, by taking account of the original gravity of the beer, that is, its original wort. The two methods of setting the minimum rate of excise duty mentioned in Article 6 of Directive 92/84 correspond to two methods of determining the excise duty referred to in Article 3(1) of Directive 92/83. ‘Finished product’ is also used in the same way in the two articles. It follows from the foregoing that, taking account of its usual meaning and the context in which it is used, the concept of ‘degree Plato’, referred to in Article 3(1) of Directive 92/83, must be interpreted as constituting a unit of measurement referring to the original gravity of the beer and, therefore, of its original wort. Third, it must be observed that such an interpretation is also confirmed by the examination of the objectives pursued by the legal regime established by Directives 92/83 and 92/84. Directives 92/83 and 92/84 aim to impose a minimum level of excise duty per hectolitre of beer, whether or not it is flavoured, which is higher the more its alcohol content increases. The excise duty provided for by those directives is therefore intended, as the Advocate General observed in point 101 of his Opinion, to tax the alcohol consumed. Thus, Article 2 and Article 5(1) of Directive 92/83 provide respectively for exemptions from taxation for beer or flavoured beer which have a percentage of alcohol less than 0.5% vol. and the application of reduced rates less than the minimum rate, to beer with an alcoholic strength of not more than 2.8% vol. In addition, it is clear from Article 6, second indent, of Directive 92/84 that the minimum amount of the excise duty on beer where it is calculated in accordance with its degree of alcohol is directly proportionate. As far as concerns the determination of the basis of assessment for excise duty according to the Plato scale, it is agreed by the parties in the main proceedings that, in principle, the higher the percentage of dry extract of original wort, the higher alcohol content of the beer produced from that original wort. However, as the Advocate General stated, in point 107 of his Opinion, the ingredients added after fermentation have no effect on the alcohol content of the finished product. Therefore, calculating the degrees Plato of a flavoured beer by taking into account not only the dry extract of the original wort but also the aromatic substances and the sugar syrup added to it after fermentation could lead to taxing that beer more than a traditional beer with the same degree of alcohol. Having regard to all of the foregoing considerations, the answer to the question referred is that Article 3(1) of Directive 92/83 must be interpreted as meaning that, in order to determine the basis of assessment for flavoured beers according to the Plato scale, the dry extract of the original wort must be taken into consideration but not the aromatic substances or sugar syrup added after the completion of fermentation. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules: Article 3(1) of Council Directive 92/83/EEC of 19 October 1992 on the harmonisation of the structures of excise duties on alcohol and alcoholic beverages must be interpreted as meaning that, in order to determine the basis of assessment for flavoured beers according to the Plato scale, the dry extract of the original wort must be taken into consideration but not the aromatic substances or sugar syrup added after the completion of fermentation. [Signatures] ( *1 ) Language of the case: Polish.

62018CJ0551

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn neuvoston puitepäätöksen 2002/584/YOS ( EYVL 2002, L 190, s. 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS ( EUVL 2009, L 81, s. 24 ; jäljempänä puitepäätös 2002/584), 8 artiklan 1 kohdan f alakohdan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanon yhteydessä Belgiassa, jonka eräs belgialainen tuomioistuin oli 27.8.2014 antanut IK:sta vapausrangaistuksen, johon liittyy oheisseuraamuksena strafuitvoeringsrechtbankin (rangaistusten täytäntöönpanotuomioistuin, Belgia) valvontaan määrääminen, täytäntöönpanoa varten tässä jäsenvaltiossa. Asiaa koskevat oikeussäännöt Unionin oikeus Perusoikeuskirja Euroopan unionin perusoikeuskirjan (jäljempänä perusoikeuskirja) 47 artiklan ensimmäisessä ja toisessa kohdassa määrätään seuraavaa: ”Jokaisella, jonka unionin oikeudessa taattuja oikeuksia ja vapauksia on loukattu, on oltava tässä artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti käytettävissään tehokkaat oikeussuojakeinot tuomioistuimessa. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa, joka on etukäteen laillisesti perustettu. Jokaisella on oltava mahdollisuus saada neuvoja ja antaa toisen henkilön puolustaa ja edustaa itseään.” Perusoikeuskirjan 48 artiklan 2 kohdassa määrätään seuraavaa: ”Jokaiselle syytetylle taataan oikeus puolustukseen.” Puitepäätös 2002/584 Puitepäätöksen 2002/584 johdanto-osan viidennestä seitsemänteen perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”(5) – – uusien ja yksinkertaisempien järjestelyjen käyttöönotto rikoksesta tuomittujen tai epäiltyjen henkilöiden luovuttamiseksi tuomioiden täytäntöönpanoa ja syytteeseen asettamista varten rikosasioissa tekee mahdolliseksi poistaa nykyiset monimutkaiset ja aikaa vievät luovuttamismenettelyt. – – (6) Tässä puitepäätöksessä säädetty eurooppalainen pidätysmääräys on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen, jota Eurooppa-neuvosto on luonnehtinut unionin oikeudellisen yhteistyön kulmakiveksi, ensimmäinen konkreettinen sovellus rikoslainsäädännön alalla. (7) Koska tavoitteena olevaa, rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta [Pariisissa 13.12.1957 allekirjoitettuun] eurooppalaiseen yleissopimukseen perustuvan monenvälisen luovuttamisjärjestelmän korvaamista ei voida riittävällä tavalla saavuttaa jäsenvaltioiden yksipuolisin toimin, vaan se voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, neuvosto voi toteuttaa toimenpiteitä [EU] 2 artiklassa tarkoitetun ja [EY] 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. [Viimeksi mainitussa] artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä puitepäätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.” Kyseisen puitepäätöksen 1 artiklassa, jonka otsikko on ”Eurooppalaisen pidätysmääräyksen määritelmä ja velvollisuus panna se täytäntöön”, säädetään seuraavaa: ”1.   Eurooppalaisella pidätysmääräyksellä tarkoitetaan oikeudellista päätöstä, jonka jäsenvaltio on antanut etsityn henkilön kiinni ottamiseksi ja luovuttamiseksi toisen jäsenvaltion toimesta syytetoimenpiteitä tai vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemista varten. 2.   Jäsenvaltiot panevat eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tämän puitepäätöksen määräysten mukaisesti. 3.   Tämä puitepäätös ei vaikuta velvoitteeseen kunnioittaa [EU] 6 artiklassa taattuja perusoikeuksia ja keskeisiä oikeusperiaatteita.” Mainitun puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Eurooppalainen pidätysmääräys voidaan antaa sellaisista teoista, joista määräyksen antaneen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voi seurata vapaudenmenetyksen käsittävä rangaistus tai turvaamistoimenpide, jonka enimmäisaika on vähintään 12 kuukautta, tai jos rangaistustuomio tai turvaamistoimenpidettä koskeva päätös on annettu, sellaisista seuraamuksista, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta.” Puitepäätöksen 3, 4 ja 4 a artiklassa luetellaan eurooppalaisen pidätysmääräyksen ehdottomat ja harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet. Erityisesti puitepäätöksen 2002/584 4 artiklan 4 ja 6 alakohdassa säädetään seuraavaa: ”Täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi kieltäytyä panemasta eurooppalaista pidätysmääräystä täytäntöön: – – 4) jos syyteoikeus on vanhentunut tai tuomittu rangaistus on rauennut täytäntöönpanosta vastaavan jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ja teot kuuluvat tämän jäsenvaltion toimivaltaan sen oman rikoslainsäädännön mukaan; – – 6) jos eurooppalainen pidätysmääräys on annettu vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanoa varten, kun etsitty henkilö oleskelee täytäntöönpanosta vastaavassa jäsenvaltiossa, on sen kansalainen tai asuu siellä vakinaisesti, ja tämä valtio sitoutuu panemaan tämän rangaistuksen tai toimenpiteen itse täytäntöön kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti”. Kyseisen puitepäätöksen 8 artiklan, jonka otsikko on ”Eurooppalaisen pidätysmääräyksen sisältö ja muoto”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä on liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti esitettyinä seuraavat tiedot: a) etsityn henkilöllisyys ja kansalaisuus; b) pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen nimi, osoite, puhelin- ja telekopionumero sekä sähköpostiosoite; c) ilmoitus siitä, onko olemassa täytäntöönpanokelpoinen tuomio, pidätysmääräys tai muu vastaava täytäntöönpanokelpoinen oikeudellinen päätös, joka kuuluu 1 ja 2 artiklan soveltamisalaan; d) rikoksen luonne ja oikeudellinen luokittelu, erityisesti 2 artiklan osalta; e) kuvaus olosuhteista, joissa rikos on tehty, mukaan lukien ajankohta, paikka ja se, millä tavoin etsitty henkilö on osallisena rikokseen; f) määrätty rangaistus, jos kyseessä on lopullinen tuomio, tai rikoksesta pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion laissa säädetty rangaistusasteikko; g) mahdollisuuksien mukaan rikoksen muut seuraukset.” Mainitun puitepäätöksen 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Luovuttamispäätös”, säädetään seuraavaa: ”1.   Täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen tekee päätöksen henkilön luovuttamisesta tässä puitepäätöksessä määritetyissä määräajoissa ja siinä määritetyin edellytyksin. 2.   Jos täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen katsoo, että pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion toimittamat tiedot eivät riitä, jotta se voisi tehdä päätöksen luovuttamisesta, se pyytää toimittamaan kiireellisesti erityisesti 3–5 ja 8 artiklan osalta tarvittavat lisätiedot ja voi asettaa tietojen saamiselle määräajan ottaen huomioon tarpeen noudattaa 17 artiklassa vahvistettua määräaikaa. 3.   Pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen voi milloin tahansa toimittaa kaikki käyttökelpoiset lisätiedot täytäntöönpanosta vastaavalle oikeusviranomaiselle.” Puitepäätöksen 27 artiklassa säädetään otsikon ”Mahdollinen syytteeseenpano muista rikoksista” alla seuraavaa: ”1.   Kukin jäsenvaltio voi ilmoittaa Euroopan unionin neuvoston pääsihteeristölle siitä, että sen suostumus syytteeseenpanoa, tuomitsemista tai säilöön ottamista varten vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemiseksi ennen kyseistä luovuttamista tehdystä, muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta katsotaan annetuksi muiden samanlaisen ilmoituksen antaneiden jäsenvaltioiden osalta, mikäli täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen ei jossain erityistapauksessa päätä luovuttamisesta tekemässään päätöksessä toisin. 2.   Lukuun ottamalta 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia, luovutettua henkilöä ei saa syyttää, tuomita tai muuten riistää häneltä vapautta ennen kyseistä luovuttamista tehdystä muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta. 3.   Edellä olevaa 2 kohtaa ei sovelleta seuraavissa tapauksissa: – – 4.   Suostumusta on pyydettävä täytäntöönpanosta vastaavalta oikeusviranomaiselta liittäen pyyntöön 8 artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot ja käännös 8 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Suostumus annetaan, jos rikoksesta, jonka perusteella sitä pyydetään, voitaisiin luovuttaa tämän puitepäätöksen määräysten nojalla. Suostumus on evättävä 3 artiklassa mainituilla perusteilla ja muuten se voidaan evätä ainoastaan 4 artiklassa mainituilla perusteilla. Päätös on tehtävä viimeistään 30 päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Edellä 5 artiklassa mainituissa tilanteissa pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion on annettava kyseisessä artiklassa säädetyt takuut.” Eurooppalaiseen pidätysmääräyslomakkeeseen, joka on puitepäätöksen 2002/584 liitteessä, sisältyy muun muassa c kohta, jonka otsikko on ”Rangaistuksen kestoa koskevat tiedot” ja jonka 2 kohtaan pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen on merkittävä ”Määrätyn vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen kesto”. Belgian oikeus Vapaudenmenetyksen käsittävään rangaistukseen tuomittujen ulkoisesta oikeusasemasta ja rikoksen uhreille annettavista oikeuksista rangaistuksen täytäntöönpanoa koskevien yksityiskohtaisten säännösten perusteella 17.5.2006 annetun lain (wet betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten; Moniteur belge 15.6.2006, s. 30455), sellaisena kuin se on muutettuna rangaistusten täytäntöönpanotuomioistuimen valvontaan määräämisestä 6.4.2007 annetulla lailla (wet betreffende de terbeschikkingstelling van de strafuitvoeringsrechtbank; Moniteur belge 13.7.2007, s. 38299), 95/2 §:ssä säädetään seuraavaa: ”1.   Määrätty rangaistusten täytäntöönpanotuomioistuimen suorittama valvonta alkaa päärangaistuksen päätyttyä. 2.   Rangaistusten täytäntöönpanotuomioistuin päättää ennen päärangaistuksen päättymistä 2 jaksossa säädetyn menettelyn mukaisesti, riistetäänkö tuomitun vapaus vai vapautetaanko hänet valvonnan alaisena. – – 3.   Rangaistusten täytäntöönpanotuomioistuimen valvontaan määrätyltä riistetään hänen vapautensa, jos on olemassa vaara, että hän syyllistyy vakaviin rikoksiin, joilla puututaan kolmansien fyysiseen tai psyykkiseen integriteettiin, eikä tätä vaaraa voida välttää siten, että hänet vapautetaan valvontaan, johon liittyy erityisiä ehtoja.” Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Hof van beroep te Antwerpen (Antwerpenin ylioikeus, Belgia) tuomitsi IK:n, joka on Belgian kansalainen, kontradiktorisessa menettelyssä 1.2.2013 annetulla tuomiolla päärangaistukseen, joka oli kolme vuotta vankeutta ilman väkivaltaa tai uhkausta tehdystä alle 16-vuotiaan alaikäisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä (jäljempänä päärangaistus). Hänet määrättiin tästä teosta samassa tuomiossa oheisseuraamukseen eli rangaistusten täytäntöönpanotuomioistuimen (strafuitvoeringsrechtbank) valvontaan kymmeneksi vuodeksi (jäljempänä oheisseuraamus). Belgian lainsäädännön mukaan tämä rangaistus alkaa päärangaistuksen päätyttyä ja strafuitvoeringsrechtbank päättää sen täytäntöönpanoa varten ennen päärangaistuksen päättymistä joko vapaudenriistosta tai tuomitun vapauttamisesta valvonnan alaisena. Koska IK oli poistunut Belgiasta, toimivaltainen belgialainen pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen antoi hänestä 27.8.2014 eurooppalaisen pidätysmääräyksen rangaistuksen täytäntöönpanoa varten. Eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä mainittiin päärangaistus, rangaistavien tekojen luonne, niiden oikeudellinen luokittelu ja sovellettavat lainsäännökset sekä selostettiin tosiseikat. Siinä ei mainittu oheisseuraamusta, joka asianomaiselle myös oli määrätty. Sen jälkeen kun IK oli otettu kiinni Alankomaissa, rechtbank Amsterdam, internationale rechtshulpkamer (Amsterdamin alioikeus, kansainvälisen oikeusavun jaosto, Alankomaat) antoi 8.3.2016 tekemällään päätöksellä suostumuksensa valittajan luovuttamiselle Belgian kuningaskuntaan vapausrangaistuksen siellä tapahtuvaa täytäntöönpanoa varten rikoksesta, jonka osalta hänen luovuttamistaan oli pyydetty. Asianomainen luovutettiin tämän jälkeen Belgian viranomaisille ja vangittiin. Tämä vankeus perustui hänelle tuomittuun päärangaistukseen, jonka oli määrä päättyä 12.8.2018, sekä oheisseuraamukseen eli hänen kymmeneksi vuodeksi valvontaan määräämiseensä. Strafuitvoeringsrechtbank Antwerpen (Antwerpenin rangaistusten täytäntöönpanosta vastaava tuomioistuin, Belgia) käsitteli kysymystä IK:n valvontaan määräämisestä 21.6. ja 19.7.2018. Tässä menettelyssä asianomainen väitti, että kun otetaan huomioon, ettei Belgian viranomaisten antamassa eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä lainkaan mainita oheisseuraamusta, Alankomaiden viranomaisten suorittama luovutus ei voi koskea sitä, eikä kyseinen tuomioistuin voi määrätä vapaudenriistoa sen täytäntöönpanemiseksi. Tässä yhteydessä toimivaltainen belgialainen pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen pyysi 2.7.2018 Alankomaiden viranomaisilta oheisseuraamusta koskevaa täydentävää suostumusta puitepäätöksen 2002/584 27 artiklan nojalla. Alankomaiden viranomaiset eivät hyväksyneet tätä täydentävää pyyntöä, koska ne katsoivat, että ne voivat antaa suostumuksensa vain siihen, että asianomainen henkilö pannaan syytteeseen tai tuomitaan muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta, mistä nyt ei ole kyse. Antwerpenin strafuitvoeringsrechtbank hylkäsi 31.7.2018 antamallaan ratkaisulla IK:n väitteet ja päätti jatkaa hänen vapaudenriistoaan. IK valitti tästä ratkaisusta 3.8.2018 ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen eli Hof van Cassatieen (ylin tuomioistuin, Belgia). Kyseinen tuomioistuin toteaa, että puitepäätöksen 2002/584 2 artiklan 1 kohdan nojalla eurooppalainen pidätysmääräys voidaan antaa rangaistuksen täytäntöönpanoa varten, jos rangaistustuomio tai turvaamistoimenpidettä koskeva päätös on annettu, sellaisista seuraamuksista, joiden kesto on vähintään neljä kuukautta. Kyseisen puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdan mukaan eurooppalainen pidätysmääräys laaditaan puitepäätöksen liitteenä olevan lomakkeen mukaisesti, ja siihen on sisällyttävä muun muassa seuraavat tiedot: ilmoitus siitä, että on olemassa täytäntöönpanokelpoinen tuomio, rikoksen luonne ja oikeudellinen luokittelu, kuvaus olosuhteista, joissa rikos on tehty, ja määrätty rangaistus. Näiden tietojen on mahdollistettava se, että täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi tarkistaa, täyttyvätkö luovuttamiseen liittyvät muotoa ja sisältöä koskevat vaatimukset annetun eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella ja onko mahdollisesti syytä ottaa huomioon kieltäytymisperuste, kuten SEU 6 artiklassa vahvistettujen perusoikeuksien ja yleisten periaatteiden noudattaminen tämän saman puitepäätöksen 1 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Lisäksi puitepäätöksen 2002/584 27 artiklan 2 kohdassa säädetään, että lukuun ottamatta tämän artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tapauksia luovutettua henkilöä ei saa syyttää, tuomita tai muuten riistää häneltä vapautta ennen kyseistä luovuttamista tehdystä muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta. Tässä tilanteessa Hof van Cassatie on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1) Onko [puitepäätöksen 2002/584] 8 artiklan 1 kohdan f alakohtaa tulkittava siten, että on riittävää, että pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen ilmoittaa eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä vain tuomitun täytäntöönpanokelpoisen vapausrangaistuksen mutta ei samasta teosta ja samassa tuomioistuimen ratkaisussa määrätyn valvontaseuraamuksen kaltaista oheisseuraamusta, joka johtaa tosiasialliseen vapaudenriistoon vasta sen jälkeen, kun ensin mainittu vapausrangaistus on suoritettu, ja vasta sen jälkeen, kun rangaistusten täytäntöönpanosta vastaava tuomioistuin on tehnyt siitä nimenomaisen päätöksen? 2) Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko puitepäätöksen [2002/584] 8 artiklan 1 kohdan f alakohtaa tulkittava siten, että siitä, että täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen jäsenvaltio luovuttaa henkilön sellaisen eurooppalaisen pidätysmääräyksen perusteella, jossa mainitaan ainoastaan määrätty täytäntöönpanokelpoinen vapausrangaistus mutta ei samasta teosta ja samassa tuomioistuimen ratkaisussa määrättyä oheisseuraamusta eli valvontaseuraamusta, seuraa, että pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen jäsenvaltiossa voidaan ryhtyä tosiasialliseen vapaudenriistoon kyseisen oheisseuraamuksen täytäntöönpanemiseksi? 3) Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko puitepäätöksen [2002/584] 8 artiklan 1 kohdan f alakohtaa tulkittava siten, että siitä, että pidätysmääräyksen antanut oikeusviranomainen ei mainitse valvontaseuraamuksen kaltaista oheisseuraamusta eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, seuraa, että oheisseuraamus, josta täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen ei voida olettaa olevan lainkaan tietoinen, ei voi johtaa tosiasialliseen vapaudenriistoon pidätysmääräyksen antaneen oikeusviranomaisen jäsenvaltiossa?” Kiireellinen menettely Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on pyytänyt tämän ennakkoratkaisupyynnön käsittelemistä unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 107 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa kiireellisessä ennakkoratkaisumenettelyssä. Kyseinen tuomioistuin on esittänyt pyyntönsä tueksi, että IK on tällä hetkellä vapautensa menettäneenä Belgiassa hänelle määrätyn valvontaseuraamuksen puitteissa 27.8.2014 annetun eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanon johdosta. Kyseisen tuomioistuimen mukaan esitettyihin kysymyksiin annettava vastaus on ratkaiseva IK:n vapaudenriiston ja sen jatkamisen kannalta. Tältä osin on ensinnäkin todettava, että nyt käsiteltävä ennakkoratkaisupyyntö koskee puitepäätöksen 2002/584, joka kuuluu EUT-sopimuksen kolmannen osan vapauden, turvallisuuden ja oikeuden aluetta koskevassa V osastossa tarkoitettuihin aloihin, tulkintaa. Pyyntö voidaan siis käsitellä kiireellisessä ennakkoratkaisumenettelyssä. Toiseksi kiireellisyyttä koskevasta edellytyksestä on todettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon se, että asianomaiseen henkilöön kohdistuu parhaillaan vapaudenmenetys ja että hänen vapaudenriistonsa jatkaminen riippuu pääasian ratkaisusta. Lisäksi asianomaisen henkilön tilannetta on arvioitava sellaisena, kuin se on ennakkoratkaisupyynnön käsittelemiseksi kiireellisessä menettelyssä tehdyn pyynnön tutkinta-ajankohtana (tuomio 19.9.2018, RO, C‑327/18 PPU , EU:C:2018:733 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Käsiteltävässä asiassa on yhtäältä kiistatonta, että IK:hon kohdistui vapaudenmenetys Belgiassa kyseisenä ajankohtana. Toisaalta ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämistä selityksistä ilmenee, että asianomaisen henkilön vapaudenriiston jatkaminen riippuu pääasian ratkaistusta, koska häneen kohdistuneesta vapaudenriistosta määrättiin hänestä annetun eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanon puitteissa ja koska IK:n vapaudenriiston jatkaminen oheisseuraamuksen täytäntöön panemiseksi riippuu vastauksista, jotka unionin tuomioistuin tulee antamaan ennakkoratkaisukysymyksiin. Unionin tuomioistuimen ensimmäinen jaosto on tämän vuoksi esittelevän tuomarin esityksestä ja julkisasiamiestä kuultuaan päättänyt 10.9.2018 hyväksyä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pyynnön ennakkoratkaisupyynnön käsittelemisestä kiireellisessä ennakkoratkaisumenettelyssä. Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy kolmella kysymyksellään, joita on syytä tarkastella yhdessä, ennen kaikkea, onko puitepäätöksen 2002/584 8 artiklan 1 kohdan f alakohtaa tulkittava siten, että se, että eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, jonka perusteella asianomainen henkilö on luovutettu, ei mainita oheisseuraamusta eli valvontaan määräämistä, johon hänet on tuomittu samasta rikoksesta ja samassa tuomioistuinratkaisussa kuin päärangaistuksena tuomittu vapausrangaistus, on esteenä sille, että tämän oheisseuraamuksen täytäntöönpano päärangaistuksen päätyttyä ja rangaistusten täytäntöönpanon osalta toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen tehtyä tätä varten nimenomaisen päätöksen johtaa vapaudenriistoon. On ensiksi huomautettava, että unionin oikeus perustuu siihen perustavanlaatuiseen lähtökohtaan, jonka mukaan kukin jäsenvaltio jakaa kaikkien muiden jäsenvaltioiden kanssa – ja tunnustaa sen, että nuo muut jäsenvaltiot jakavat sen kanssa – lukuisia yhteisiä arvoja, joihin unioni perustuu, kuten SEU 2 artiklassa täsmennetään. Tämä lähtökohta merkitsee sitä – ja perustelee sen –, että jäsenvaltioiden välillä vallitsee keskinäinen luottamus siihen, että kyseiset arvot tunnustetaan ja että siis ne täytäntöön panevaa unionin oikeutta noudatetaan (tuomio 25.7.2018, Minister for Justice and Equality (tuomioistuinjärjestelmän puutteet), C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Sekä jäsenvaltioiden välisen keskinäisen luottamuksen periaatteella että vastavuoroisen tunnustamisen periaatteella, joka puolestaan perustuu jäsenvaltioiden keskinäiseen luottamukseen, on unionin oikeudessa perustavanlaatuinen merkitys, koska niiden avulla voidaan luoda alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja, ja pitää sitä yllä. Keskinäisen luottamuksen periaate edellyttää etenkin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueen osalta sitä, että kukin jäsenvaltio katsoo – jollei kyse ole poikkeuksellisista olosuhteista –, että kaikki muut jäsenvaltiot noudattavat unionin oikeutta ja aivan erityisesti unionin oikeudessa tunnustettuja perusoikeuksia (tuomio 25.7.2018, Minister for Justice and Equality (tuomioistuinjärjestelmän puutteet), C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Puitepäätöksen 2002/584 johdanto-osan kuudennesta perustelukappaleesta ilmenee, että kyseisessä puitepäätöksessä säädetty eurooppalainen pidätysmääräys on vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen ensimmäinen konkreettinen sovellus rikoslainsäädännön alalla. Puitepäätöksen tavoitteena on, kuten erityisesti sen 1 artiklan 1 ja 2 kohdasta käy yhdessä sen johdanto-osan viidennen ja seitsemännen perustelukappaleen kanssa ilmi, korvata rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta 13.12.1957 Pariisissa allekirjoitettuun eurooppalaiseen yleissopimukseen perustuva monenvälinen luovuttamisjärjestelmä vastavuoroisen tunnustamisen periaatteeseen perustuvilla oikeusviranomaisten välisillä rikoksesta tuomittujen tai epäiltyjen henkilöiden luovuttamisjärjestelyillä tuomioiden täytäntöönpanoa tai syytetoimenpiteitä varten (tuomio 25.7.2018, Minister for Justice and Equality (tuomioistuinjärjestelmän puutteet), C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ottamalla käyttöön uusi yksinkertaistettu ja tehokkaampi järjestelmä rikoslain rikkomisesta tuomittujen tai epäiltyjen henkilöiden luovuttamiseksi puitepäätöksellä 2002/584 pyritään siis helpottamaan ja nopeuttamaan oikeudellista yhteistyötä, jotta voitaisiin myötävaikuttaa sellaisen unionille asetetun tavoitteen toteutumiseen, jonka mukaan siitä tulee vapauteen, turvallisuuteen ja oikeuteen perustuva alue, sen vankan luottamuksen perusteella, jonka on vallittava jäsenvaltioiden välillä (tuomio 25.7.2018, Minister for Justice and Equality (tuomioistuinjärjestelmän puutteet), C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Niinpä tämän puitepäätöksen 1 artiklan 1 kohdan mukaisesti eurooppalaista pidätysmääräystä koskevien järjestelyjen tavoitteena on etsityn henkilön kiinni ottamisen ja luovuttamisen mahdollistaminen, jotta – ottaen huomioon mainitun puitepäätöksen tavoite – tehty rikos ei jää rankaisematta ja jotta kyseinen henkilö voidaan asettaa syytteeseen tai jotta hän voi suorittaa hänelle tuomitun vapausrangaistuksen. Tältä osin vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta, joka on, kuten muun muassa puitepäätöksen 2002/584 johdanto-osan kuudennesta perustelukappaleesta ilmenee, rikosasioiden oikeudellisen yhteistyön kulmakivi, sovelletaan kyseisen puitepäätöksen 1 artiklan 2 kohdassa, jossa vahvistetaan sääntö, jonka mukaan jäsenvaltioiden on pantava eurooppalainen pidätysmääräys täytäntöön vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen perusteella ja tuon saman puitepäätöksen säännösten mukaisesti (tuomio 25.7.2018, Minister for Justice and Equality (tuomioistuinjärjestelmän puutteet), C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Täytäntöönpanosta vastaavat oikeusviranomaiset voivat siis lähtökohtaisesti kieltäytyä tällaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta vain puitepäätöksessä 2002/584 tyhjentävästi luetelluilla täytäntöönpanosta kieltäytymisen perusteilla, ja eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanolle voidaan asettaa vain kyseisen puitepäätöksen 5 artiklassa tyhjentävästi säädettyjä ehtoja. Eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpano on näin ollen pääsääntö, ja täytäntöönpanosta kieltäytymisen on katsottava olevan poikkeus, jota on tulkittava suppeasti (tuomio 25.7.2018, Minister for Justice and Equality (tuomioistuinjärjestelmän puutteet), C‑216/18 PPU , EU:C:2018:586 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Puitepäätöksessä 2002/584 esitetään siten nimenomaisesti sen 3 artiklassa eurooppalaisen pidätysmääräyksen ehdottomat kieltäytymisperusteet, 4 ja 4 a artiklassa sen harkinnanvaraiset kieltäytymisperusteet sekä 5 artiklassa erityistapauksissa annettavat pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion takeet. Unionin tuomioistuin on lisäksi katsonut, että kyseiset säännökset perustuvat lähtökohtaan, jonka mukaan asianomainen eurooppalainen pidätysmääräys täyttää puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdassa säädetyt kyseisen pidätysmääräyksen sääntöjenmukaisuutta koskevat vaatimukset, ja että näistä sääntöjenmukaisuutta koskevista vaatimuksista, joiden noudattaminen on eurooppalaisen pidätysmääräyksen pätevyyden edellytys, jonkin noudattamatta jättämisen on lähtökohtaisesti johdettava siihen, ettei täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen pane kyseistä pidätysmääräystä täytäntöön (ks. vastaavasti tuomio 1.6.2016, Bob-Dogi, C-241/15 , EU:C:2016:385 , ja kohta). Ei voida ensi näkemältä sulkea pois sitä, että oheisseuraamukseen tuomitseminen, jota ei mainita eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, voisi tietyissä olosuhteissa olla peruste, joka oikeuttaa tämän määräyksen täytäntöönpanosta kieltäytymiseen. Näiden seikkojen valossa on ratkaistava, onko pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa siitä, että oheisseuraamusta ei mainita eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, ollut seurauksena, että täytäntöönpanosta vastaavalle oikeusviranomaiselle puitepäätöksen 2002/584 3–5 artiklassa annetun toimivallan käyttämiseen on vaikutettu tai että kyseisen puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua sääntöjenmukaisuutta koskevaa vaatimusta ei ole noudatettu. Todettakoon ensiksi, että pääasiassa täytäntöönpanosta vastaavalta oikeusviranomaiselta ei ole riistetty mahdollisuutta vedota kyseisen puitepäätöksen 3–5 artiklan säännöksiin. Toiseksi pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa on tutkittava, eikö oheisseuraamuksen puuttuminen eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä merkitse, että mainitun puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettua sääntöjenmukaisuutta koskevaa vaatimusta ei ole noudatettu. Kyseisessä säännöksessä edellytetään, että mainitaan ”määrätty rangaistus, jos kyseessä on lopullinen tuomio”. Lisäksi on niin, että jotta luovuttamismenettelyä voidaan yksinkertaistaa ja nopeuttaa puitepäätöksen 2002/584 17 artiklassa säädetyissä määräajoissa, puitepäätöksen liitteessä säädetään erityisestä lomakkeesta, joka pidätysmääräyksen antaneiden oikeusviranomaisten on täytettävä ja jossa niiden on ilmoitettava erityisesti vaadittavat tiedot (tuomio 23.1.2018, Piotrowski, C-367/16 , EU:C:2018:27 , kohta). Kyseisen lomakkeen c kohdan 2 kohdassa on viittaus ”määrätyn vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen kesto[on]”. Puitepäätöksen 2002/584 8 artiklan 1 kohdan f alakohdassa vahvistetun sääntöjenmukaisuusvaatimuksen tarkoituksena on saattaa täytäntöönpanosta vastaavien oikeusviranomaisten tietoon sen vapausrangaistuksen kesto, jonka perusteella etsityn henkilön luovuttamista pyydetään, yhtenä muodollisista vähimmäistiedoista, jotka ovat tarpeen, jotta viimeksi mainitut oikeusviranomaiset voivat panna eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöön nopeasti tekemällä luovuttamista koskevan päätöksen kiireellisesti (ks. vastaavasti tuomio 23.1.2018, Piotrowski, C-367/16 , EU:C:2018:27 , ja kohta). Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 66 kohdassa, tämän vaatimuksen tarkoituksena on, että täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen voi varmistautua siitä, että eurooppalainen pidätysmääräys kuuluu tämän puitepäätöksen soveltamisalaan, ja erityisesti tarkistaa, että se on annettu sellaisen vapaudenmenetyksen käsittävän rangaistuksen tai turvaamistoimenpiteen täytäntöönpanemiseksi, jonka kesto ylittää puitepäätöksen 2 artiklan 1 kohdassa vahvistetun neljän kuukauden kynnyksen. Tässä tapauksessa IK:lle päärangaistuksena tuomittu kolmen vuoden vankeusrangaistus ylittää tämän kynnyksen. Näin ollen sen mainitseminen riitti varmistamaan, että eurooppalainen pidätysmääräys on tämän saman puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun sääntöjenmukaisuusvaatimuksen mukainen. Näissä olosuhteissa täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen oli velvollinen luovuttamaan henkilön, josta eurooppalainen pidätysmääräys oli annettu, jotta tehty rikos ei jää rankaisematta ja jotta viimeksi mainitulle langetettu tuomio pannaan täytäntöön. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa se, että eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä ei mainittu oheisseuraamusta, ei siis voi millään tavoin vaikuttaa tämän rangaistuksen täytäntöönpanoon pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa luovuttamisen jälkeen. Tätä päätelmää ei voi horjuttaa ensinnäkään IK:n ja Alankomaiden hallituksen esittämä väite, jonka mukaan täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen päätös on se perusta, johon vapaudenriisto pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa nojautuu, sillä seurauksella, että rangaistuksen, joka ei ole ollut täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen päätöksen kohteena ja jonka perusteella luovutukseen ei ole suostuttu, täytäntöönpanoon ei voida ryhtyä. Täytäntöönpanosta vastaavan viranomaisen päätöksen tarkoituksena ei nimittäin tässä tapauksessa ole luvan antaminen vapausrangaistuksen täytäntöönpanoon pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa. Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 81 kohdassa ja kuten edellä tämän tuomion 39 kohdassa huomautettiin, tämä päätös rajoittuu siihen, että asianomaisen henkilön luovuttaminen mahdollistetaan puitepäätöksen 2002/584 säännösten mukaisesti, jotta tehty rikos ei jää rankaisematta. Vapausrangaistuksen täytäntöönpanon perustana on pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa annettu täytäntööpanokelpoinen tuomio, joka tämän puitepäätöksen 8 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan on mainittava. Toiseksi Alankomaiden hallitus – täsmennettyään unionin tuomioistuimen istunnossa, että se ei kyseenalaista pääasiassa kyseessä olevan eurooppalaisen pidätysmääräyksen pätevyyttä – katsoo, että rangaistuksen, jota ei ole saatettu täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen tietoon, täytäntöönpano olisi kuitenkin spesialiteettiperiaatteen vastaista. Tällaista tulkintaa ei voida hyväksyä. On nimittäin huomattava yhtäältä, että puitepäätöksen 2002/584 27 artiklan, jonka otsikko on ”Mahdollinen syytteeseenpano muista rikoksista”, 2 kohdassa säädetään, että luovutettua henkilöä ei saa syyttää, tuomita tai muuten riistää häneltä vapautta ennen kyseistä luovuttamista tehdystä muusta kuin luovuttamisen perusteena olleesta rikoksesta. Toisaalta tämän artiklan 3 kohdan g alakohdan mukaan on mahdollista pyytää tätä varten täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen suostumusta luovuttamisen jälkeen. Kuten Alankomaiden hallitus itse on todennut kirjallisissa huomautuksissaan, täydentävä suostumus voi koskea vain muuta kuin luovuttamisen perusteena ollutta rikosta, ja se ei voi koskea samasta rikoksesta määrättyä rangaistusta. Tästä seuraa, että spesialiteettiperiaate, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan puitepäätöksen 2002/584 27 artiklassa, ja kuten julkisasiamies siitä muistuttaa ratkaisuehdotuksensa 53 ja 54 kohdassa, koskee vain muita rikoksia kuin niitä, jotka olivat luovuttamisen perusteena. Tältä osin täsmennettäköön, että – kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee – tässä tapauksessa oheisseuraamusta ei ole lisätty asianomaisen henkilön luovuttamisen jälkeen. Se määrättiin samasta rikoksesta ja samassa tuomioistuinratkaisussa, jolla langetettiin päärangaistuksena kolme vuotta vankeutta. Näin ollen on niin, että koska IK tuomittiin tähän oheisseuraamukseen rikoksesta, jonka perusteella eurooppalainen pidätysmääräys annettiin ja pantiin täytäntöön, kysymys siitä, voidaanko mainittu seuraamus panna täytäntöön vapaudenriistona, vaikka täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen ei ole ollut siitä tietoinen, ei kuulu spesialiteettiperiaatteen soveltamisalaan. Kolmanneksi – toisin kuin Euroopan komissio väittää – ei ole tarpeen katsoa, että koska oheisseuraamusta ei ole mainittu eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, keskinäisen luottamuksen periaatteen valossa sen täytäntöönpanosta voisi seurata vapaudenriisto vain sillä edellytyksellä, että siitä on ilmoitettu ennalta täytäntöönpanosta vastaavalle oikeusviranomaiselle puitepäätöksen 2002/584 15 artiklan 3 kohdan nojalla ja että tämä ei päätä – siltä osin kuin kyse on tästä oheisseuraamuksesta – vedota johonkin kieltäytymisperusteista tai asettaa eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanon ehdoksi tiettyjä pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion takeita tämän puitepäätöksen 3–5 artiklan nojalla. Unionin tuomioistuin on tosin jo katsonut, että tehokasta oikeudellista yhteistyötä rikosasioissa silmällä pitäen pidätysmääräyksen antaneiden oikeusviranomaisten ja täytäntöönpanosta vastaavien oikeusviranomaisten on käytettävä täysimääräisesti muun muassa puitepäätöksen 2002/584 8 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklassa tarkoitettuja välineitä siten, että edistetään tämän yhteistyön perustana olevaa keskinäistä luottamusta (ks. vastaavasti tuomio 22.12.2017, Ardic, C‑571/17 PPU , EU:C:2017:1026 , ja kohta). Kuten Belgian hallitus myönsi unionin tuomioistuimen istunnossa, tässä tapauksessa oheisseuraamus olisi pitänyt mainita eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä. On kuitenkin niin, että – kuten edellä tämän tuomion 46 kohdasta ilmenee – ensiksi siitä, että oheisseuraamusta ei ole mainittu eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, ei ole seurannut, että olisi vaikutettu täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen puitepäätöksen 2002/584 3–5 artiklaan perustuvan toimivallan käyttöön. Kuten sitten julkisaisamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 109 kohdassa, unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta käy ilmi, että vaikka IK ei ollut tietämätön rangaistuksensa olemassaolosta eikä sen kestosta, hän ei vedonnut täytäntöönpanosta vastaavassa viranomaisessa siihen, että oheisseuraamusta ei ollut mainittu eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä. Lopuksi on katsottava, että – kuten unionin tuomioistuin on jo todennut – eurooppalaista pidätysmääräystä koskevassa menettelyssä henkilön, jonka luovuttamista pyydetään, oikeuksien takaaminen kuuluu ensisijaisesti pidätysmääräyksen antaneelle jäsenvaltiolle, jonka voidaan olettaa noudattavan unionin oikeutta ja erityisesti siinä tunnustettuja perusoikeuksia (tuomio 23.1.2018, Piotrowski, C-367/16 , EU:C:2018:27 , kohta). Täytäntöönpanosta vastaavan oikeusviranomaisen päätös ei siis vaikuta asianomaisen henkilön mahdollisuuteen käyttää luovuttamisensa jälkeen pidätysmääräyksen antaneen jäsenvaltion oikeusjärjestyksen mukaisia oikeussuojakeinoja, joiden avulla hän voi tarvittaessa riitauttaa sen, onko hänen vapaudenmenetyksensä tämän jäsenvaltion vankilassa laillinen, muun muassa, kuten pääasiasta käy ilmi, siihen eurooppalaiseen pidätysmääräykseen nähden, jonka perusteella hänen luovuttamisensa on sallittu. Hän voi tässä tapauksessa vedota muun muassa tehokkaita oikeussuojakeinoja ja oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden kunnioittamiseen ja puolustautumisoikeuksiin, jotka hänellä on perusoikeuskirjan 47 artiklan ja 48 artiklan 2 kohdan nojalla (ks. vastaavasti tuomio 19.9.2018, RO, C‑327/18 PPU , EU:C:2018:733 , kohta). Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa puitepäätöksen 2002/584 15 artiklan 3 kohtaa ei siis voida tulkita siten, että siinä asetettaisiin pidätysmääräyksen antaneelle oikeusviranomaiselle velvollisuus ilmoittaa täytäntöönpanosta vastaavalle oikeusviranomaiselle sen jälkeen, kun tämä viranomainen on vastaanottanut luovutuspyynnön, oheisseuraamuksen olemassaolosta, jotta mainittu viranomainen tekisi päätöksen siitä, onko tämä rangaistus mahdollista panna täytäntöön pidätysmääräyksen antaneessa jäsenvaltiossa. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 116 kohdassa, se, että oheisseuraamuksen täytäntöönpanoon liitettäisiin tällainen velvollisuus, vaikka täytäntöönpanosta vastaava oikeusviranomainen ei voisi kieltäytyä eurooppalaisen pidätysmääräyksen täytäntöönpanosta, olisi ristiriidassa myös tämän puitepäätöksen sen tavoitteen kanssa, joka on oikeudellisen yhteistyön helpottaminen ja nopeuttaminen (ks. vastaavasti tuomio 23.1.2018, Piotrowski, C-367/16 , EU:C:2018:27 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kaiken edellä esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että puitepäätöksen 2002/584 8 artiklan 1 kohdan f alakohtaa on tulkittava siten, että se, että eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, jonka perusteella asianomainen henkilö on luovutettu, ei mainita oheisseuraamusta eli valvontaan määräämistä, johon hänet on tuomittu samasta rikoksesta ja samassa tuomioistuinratkaisussa kuin päärangaistuksena tuomittu vapausrangaistus, ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevissa olosuhteissa sille, että tämän oheisseuraamuksen täytäntöönpano päärangaistuksen päätyttyä ja rangaistusten täytäntöönpanon osalta toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen tehtyä tätä varten nimenomaisen päätöksen johtaa vapaudenriistoon. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: Eurooppalaisesta pidätysmääräyksestä ja jäsenvaltioiden välisistä luovuttamismenettelyistä 13.6.2002 tehdyn puitepäätöksen 2002/584/YOS, sellaisena kuin se on muutettuna 26.2.2009 tehdyllä neuvoston puitepäätöksellä 2009/299/YOS, 8 artiklan 1 kohdan f alakohtaa on tulkittava siten, että se, että eurooppalaisessa pidätysmääräyksessä, jonka perusteella asianomainen henkilö on luovutettu, ei mainita oheisseuraamusta eli valvontaan määräämistä, johon hänet on tuomittu samasta rikoksesta ja samassa tuomioistuinratkaisussa kuin päärangaistuksena tuomittu vapausrangaistus, ei ole esteenä pääasiassa kyseessä olevissa olosuhteissa sille, että tämän oheisseuraamuksen täytäntöönpano päärangaistuksen päätyttyä ja rangaistusten täytäntöönpanon osalta toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen tehtyä tätä varten nimenomaisen päätöksen johtaa vapaudenriistoon. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

62013CJ0255

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 19 odst. 1 a čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 16. září 2009, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( Úř. věst. L 166, s. 1 ; Zvl. vyd. 05/05, s. 72). Projednávaná žádost byla předložena v rámci sporu mezi I., irským státním příslušníkem, a Health Service Executive (Úřadem pro služby ve zdravotnictví, dále jen „HSE“) ve věci odmítnutí posledně uvedeného prodloužit v případě I. platnost formuláře E 112 pro úhradu lékařské péče, která mu je poskytována v Německu. Právní rámec Nařízení (EHS) č. 1408/71 Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby, osoby samostatně výdělečně činné a jejich rodinné příslušníky pohybující se v rámci Společenství ( Úř. věst. L 149, s. 2 ; Zvl. vyd. 05/01, s. 35), bylo nahrazeno nařízením č. 883/2004. V souladu s článkem 91 nařízení č. 883/2004 a článkem 97 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( Úř. věst. L 284, s. 1 ), nařízení č. 883/2004 vstoupilo v platnost 1. května 2010, tedy dne, ke kterému bylo zrušeno nařízení č. 1408/71. Článek 2 nařízení č. 1408/1971 obsahoval následující definice: „Pro účely tohoto nařízení: [...] h) se ‚bydlištěm‘ rozumí obvyklé bydliště; i) se ‚pobytem‘ rozumí dočasné bydliště; [...]“ Článek 22 nařízení č. 1408/71, nadepsaný „Pobyt mimo příslušný stát – Návrat do místa bydliště v jiném členském státu nebo přemístění bydliště do jiného členského státu během nemoci nebo mateřství – Potřeba odejít do jiného členského státu za účelem vhodného léčení“, v odstavci 1 stanovil: „Zaměstnaná osoba nebo osoba samostatně výdělečně činná, která splňuje podmínky právních předpisů příslušného státu pro vznik nároku na dávky, případně s přihlédnutím k ustanovení článku 18, a a) jejíž stav vyžaduje okamžité dávky […] během jejího pobytu na území jiného členského státu, […] nebo b) která po získání nároku na dávky hrazené příslušnou institucí má povolení uvedené instituce k návratu na území členského státu, kde má bydliště, nebo k přemístění svého bydliště na území jiného členského státu, nebo c) která získá povolení příslušné instituce k odjezdu na území jiného členského státu za účelem léčení přiměřeného jejímu zdravotnímu stavu: má nárok i) na věcné dávky poskytované na účet příslušné instituce institucí místa pobytu nebo bydliště podle jí uplatňovaných právních předpisů, jako by u ní byla pojištěna; doba, po kterou jsou dávky poskytovány, se však řídí právními předpisy příslušného státu; ii) na peněžité dávky poskytované příslušnou institucí podle jí uplatňovaných právních předpisů. Na základě dohody mezi příslušnou institucí a institucí místa pobytu však může tyto dávky poskytovat instituce místa pobytu na účet příslušné instituce v souladu s právními předpisy příslušného státu.“ Nařízení (EHS) č. 574/72 Nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (EHS) č. 1408/71 ( Úř. věst. L 74, s. 1 ; Zvl. vyd. 05/01, s. 83), bylo nahrazeno nařízením č. 987/2009, jež podle svého článku 97 vstoupilo v platnosti dne 1. května 2010. Článek 21 nařízení č. 574/72, nadepsaný „Věcné dávky v případě pobytu v jiném členském státě, než je příslušný stát — Pracovníci jiní než uvedení v článku 20 prováděcího nařízení“ ve svém odstavci 1 stanovil: „K pobírání věcných dávek na základě čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) [nařízení č. 1408/71] [...], s výjimkou případů uvedených v článku 20 prováděcího nařízení, předloží pracovník instituci místa pobytu potvrzení osvědčující, že má nárok na věcné dávky. Potvrzení, které vydává příslušná instituce na žádost pracovníka pokud možno předtím, než pracovník opustí území členského státu, ve kterém má bydliště, uvádí zejména případnou maximální dobu, po kterou mohou být věcné dávky poskytovány v souladu s právními předpisy příslušného státu. Nepředloží-li pracovník uvedené potvrzení, vyžádá si je instituce místa pobytu přímo od příslušné instituce.“ Na základě čl. 2 odst. 1 nařízení č. 574/72 přijala Správní komise pro sociální zabezpečení migrujících pracovníků uvedená v čl. 80 odst. 1 nařízení č. 1408/71 vzor osvědčení o uplatnění čl. 22 odst. 1 písm. a) bodu i) tohoto naposled uvedeného nařízení, tedy formulář E 111. Tento formulář byl od 1. června 2004 nahrazen evropským průkazem zdravotního pojištění. Uvedená správní komise mimoto přijala vzor potvrzení týkajícího se použití čl. 22 odst. 1 písm. c) bodu i) nařízení č. 1408/71, tedy formulář E112. Tento formulář byl od 1. května 2010 nahrazen formulářem S2. Nařízení č. 883/2004 Body 3 a 15 odůvodnění nařízení č. 883/2004 znějí: „3) [Nařízení č. 1408/71] bylo vícekrát změněno a aktualizováno nejen s ohledem na vývoj na úrovni Společenství, včetně rozsudků Soudního dvora, ale také na změny vnitrostátních právních předpisů. Takové faktory přispěly k tomu, že pravidla Společenství pro koordinaci se stala složitými a rozsáhlými. Nahrazení a současná aktualizace a zjednodušení těchto pravidel má proto zásadní význam pro dosažení cíle volného pohybu osob. [...] 15) Je nezbytné podřídit osoby pohybující se ve Společenství sociálnímu systému jen jednoho členského státu, aby bylo zamezeno souběhu příslušných ustanovení vnitrostátních právních předpisů a komplikacím z toho vyplývajícím.“ Článek 1 nařízení č. 883/2004, nadepsaný „Definice“, stanoví: „Pro účely tohoto nařízení se: [...] j) ‚bydlištěm‘ rozumí obvyklé bydliště; k) ‚pobytem‘ rozumí dočasné bydliště; [...] va) ‚věcnými dávkami‘ rozumí:i) pro účely hlavy III kapitoly 1 (dávky v nemoci, mateřství a rovnocenné otcovské dávky) věcné dávky stanovené v právních předpisech členského státu, které jsou určeny k poskytnutí a zpřístupnění lékařské péče a produktů a služeb souvisejících s touto péčí i k přímé úhradě nebo náhradě nákladů na tuto péči, produkty a služby související s touto péčí. Patří sem i věcné dávky dlouhodobé péče; [...]“ Článek 11 uvedeného nařízení, který náleží do jeho hlavy II, nadepsaný „Určení použitelných právních předpisů“, v odstavcích 1 a 3 stanoví: „1.   Osoby, na které se vztahuje toto nařízení, podléhají právním předpisům pouze jediného členského státu. Tyto právní předpisy se určí v souladu s touto hlavou. [...] 3.   S výhradou článků 12 až 16 se:a) na zaměstnance nebo osobu samostatně výdělečně činnou v členském státě vztahují právní předpisy tohoto členského státu;b) na úředníka vztahují právní předpisy členského státu, kterému podléhá správní orgán, který jej zaměstnává;c) na osobu pobírající dávky v nezaměstnanosti v souladu s článkem 65 podle právních předpisů členského státu bydliště vztahují právní předpisy tohoto členského státu;d) na osobu odvedenou nebo znovu povolanou do vojenské nebo civilní služby v některém členském státě vztahují právní předpisy tohoto členského státu;e) na jinou osobu, na kterou se nepoužijí písmena a) až d), vztahují právní předpisy členského státu bydliště, aniž jsou dotčena ostatní ustanovení tohoto nařízení, která jí zaručují dávky podle právních předpisů jednoho nebo více členských států.“ Články 19 a 20 téhož nařízení náležejí do jeho hlavy III, nadepsané „Zvláštní ustanovení o různých druzích dávek“, a jsou součástí kapitoly I této hlavy, která se týká dávek v nemoci, mateřství a rovnocenných otcovských dávek. Článek 19 nařízení č. 883/2004, nadepsaný „Pobyt mimo příslušný členský stát“, v odstavci 1 stanoví: „[...] pojištěná osoba a její rodinní příslušníci pobývající v jiném členském státě než v příslušném členském státě mají nárok na věcné dávky, které se stanou nezbytnými ze zdravotních důvodů během jejich pobytu, s přihlédnutím k povaze těchto dávek a k očekávané délce pobytu. Tyto dávky poskytuje instituce místa pobytu jménem příslušné instituce v souladu s právními předpisy, které uplatňuje tak, jako by dotyčné osoby byly podle uvedených právních předpisů pojištěny.“ Článek 20 uvedeného nařízení, nadepsaný „Vycestování za účelem obdržení věcných dávek – povolení k obdržení vhodného léčení mimo členský stát bydliště“, v odstavcích 1 a 2 stanoví: „1.   Nestanoví-li toto nařízení jinak, pojištěná osoba cestující do jiného členského státu za účelem obdržení věcných dávek během pobytu je povinna požádat o povolení příslušnou instituci. 2.   Pojištěná osoba, které příslušná instituce povolila cestu do jiného členského státu za účelem léčení odpovídajícího jejímu stavu, obdrží jménem příslušné instituce věcné dávky poskytované institucí místa pobytu, a to podle právních předpisů, které uplatňuje tak, jako by byla podle uvedených právních předpisů pojištěna. Povolení je vydáno, pokud dotyčné léčení patří mezi dávky stanovené právními předpisy v členském státě, kde má dotyčná osoba bydliště a kde se jí nemůže dostat takového léčení v lékařsky odůvodnitelné lhůtě, s přihlédnutím k jejímu zdravotnímu stavu a pravděpodobnému průběhu její nemoci.“ Nařízení č. 987/2009 Bod 11 odůvodnění nařízení č. 987/2009 zní: „Členské státy by měly spolupracovat při určování místa bydliště osob, na něž se vztahuje toto nařízení a nařízení [...] č. 883/2004, a v případě sporu zohlednit všechna příslušná kritéria k vyřešení této záležitosti. Tato kritéria mohou zahrnovat kritéria uvedená v příslušném článku tohoto nařízení.“ Článek 11 uvedeného nařízení, nadepsaný „Prvky pro určení bydliště“, zní: „1.   Pokud existují rozdílná stanoviska institucí dvou nebo více členských států, pokud jde o určení bydliště osoby, na kterou se vztahuje […] nařízení [č. 883/2004], stanoví instituce vzájemnou dohodou střed zájmu dotyčné osoby, a to na základě celkového posouzení veškerých dostupných a významných informací o skutečnostech, které mohou zahrnovat podle okolností:a) délku a nepřetržitost přítomnosti na území dotčených členských států;b) osobní situaci dané osoby, včetně: i) povahy a konkrétních znaků všech vykonávaných činností, zejména místa, kde se činnost obvykle vykonává, stability činnosti a doby platnosti každé pracovní smlouvy, ii) rodinné situace dané osoby a jejích rodinných vazeb, iii) vykonávání jakýchkoli nevýdělečných činností, iv) v případě studentů zdroje jejich příjmu, v) situace týkající se bydlení dané osoby, zejména nakolik je toto bydlení trvalé, vi) členského státu, v němž je daná osoba považována za daňového rezidenta. 2.   Pokud různá kritéria založená na příslušných skutečnostech, jak je uvedeno v odstavci 1, neumožní dotčeným institucím dosažení dohody, považuje se pro stanovení jejího skutečného místa bydliště za rozhodující záměr dotyčné osoby, jak se jeví z těchto skutečností a okolností, zejména pak z důvodů, které vedly dotyčnou osobu k tomu, aby se přestěhovala.“ Rozhodnutí H1 Správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení ze dne 12. června 2009 o rámci pro přechod od nařízení Rady č. 1408/71 a č. 574/72 k nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004 a č. 987/2009 a o použití rozhodnutí a doporučení správní komise pro koordinaci systémů sociálního zabezpečení ( Úř. věst. 2010, C 106, s. 13 ) v bodě 5 stanoví: „Dokumenty nezbytné k použití nařízení [...] č. 1408/71 a [...] č. 574/72 (tj. E‑formuláře, evropské průkazy zdravotního pojištění a potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz zdravotního pojištění) vydané příslušnými institucemi, orgány a jinými subjekty členských států před vstupem nařízení [...] č. 883/2004 a [...] č. 987/2009 v platnost jsou i nadále platné [navzdory skutečnosti, že odkazují na nařízení (...) č. 1408/71 a (...) č. 574/72] a instituce, orgány a jiné subjekty jiných členských států na ně berou ohled i po uvedeném datu, dokud nevyprší jejich vlastní doba platnosti nebo dokud nejsou staženy nebo nahrazeny dokumenty vydanými nebo oznámenými na základě nařízení [...] č. 883/2004 a [...] č. 987/2009.“ Uvedené rozhodnutí se v souladu se svým bodem 6 použije ode dne vstupu nařízení č. 987/2009 v platnosti, tedy od 1. května 2010. Spor v původním řízení a předběžná otázka Z předkládacího rozhodnutí a ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že I. je irským státním příslušníkem ve věku 56 let, který pracoval zároveň v Irsku a ve Velké Británii. V průběhu srpna 2002, kdy měl bydliště v Irsku, I. odjel do Německa na dovolenou se svojí partnerkou slečnou B., rumunskou státní příslušnicí. V průběhu dovolené byl žalobce přijat na oddělení urgentní péče Universitätsklinikum Düsseldorf (Německo), kde mu byl diagnostikován vzácný oboustranný infarkt mozkového kmene. Od té doby trpí těžkou kvadruplegií a ztrátou motorických funkcí. Krátce poté, co došlo k tomuto onemocnění, byla u I. zjištěna genetická mutace, která negativně ovlivňuje jeho složení krve. Po zahájení původního řízení bylo dále zjištěno, že I. trpí rakovinou, pro kterou je též léčen. Vzhledem k závažnosti jeho zdravotního stavu je I. od srpna 2002 nepřetržitě monitorován a léčen specialisty pracujícími při Universitätsklinikum Düsseldorf. Je trvale upoután na invalidní vozík. I. od svého propuštění z nemocnice v roce 2003 žije se slečnou B., která se o něj stará a pečuje o něj. Žijí v bytě v Düsseldorfu, který si pronajímají a který je uzpůsoben pro invalidní vozík. I. požádal irského ministra sociální ochrany o přiznání příspěvku v invaliditě, jehož přiznání mu bylo nejprve odepřeno z důvodu, že nemá obvyklé bydliště v Irsku. I. v roce 2008 podal žalobu a řízení skončilo smírem. Uvedený ministr pak své rozhodnutí přehodnotil a žádosti I. vyhověl; příspěvek je I. vyplácen od tohoto data. Podle předkládajícího soudu musí být tento příspěvek považován za peněžitou dávku, kterou Irsko může podle unijních nařízení použitelných v oblasti sociálního zabezpečení vyhradit pro osoby s bydlištěm v tomto členském státě. I. je též příjemcem malé starobní penze vyplácené Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska z důvodu jeho předchozího zaměstnání v tomto členském státě. V Německu nepobírá žádné příspěvky ani dávky. Slečna B., která pracovala v Německu, v průběhu roku 2004 souhlasila se svým propuštěním ze zaměstnání, aby se o I. mohla starat na plný úvazek. Spolková republika Německo jí vyplácela podporu v nezaměstnanosti. Podle předkládacího rozhodnutí mimoto požádala o příspěvek na péči o invalidní osobu, který v Německu vyplácí zdravotní pojišťovna osoby, které je péče poskytována. Tato žádost byla zamítnuta z důvodu, že I. má bydliště v Irsku a že v irském systému sociálního zabezpečení takový příspěvek není poskytován. Předkládající soud uvádí, že i když je I. velice vděčný německému systému zdravotní péče, je v Německu nucen žít z důvodu svého zdravotního stavu a potřeby nepřetržité lékařské péče. V této souvislosti uvedený soud zmiňuje slabé vazby, které si I. ke Spolkové republice Německo vytvořil. I. v Německu nemá bankovní účet a v tomto členském státě nevlastní žádný nemovitý majetek; má však bankovní účet v irské bance a je v pravidelném kontaktu se svými dvěma děti, které se narodily v roce 1991 a 1994 a žijí v Irsku. Nemluví německy a nesnaží se o to, aby se v Německu integroval. V předkládacím rozhodnutí je uvedeno, že I. si přeje vrátit se do Irska, což předpokládá splnění několika podmínek, mezi které patří jeho schopnost cestovat, dostupnost lékařské péče srovnatelné s péčí, která je mu poskytována v Německu, a zejména dostupnost ubytování uzpůsobeného k používání invalidního vozíku. Pokud budou tyto podmínky splněny, bude ho slečna B. do Irska doprovázet. I. byl od propuknutí svého onemocnění schopen několikrát vycestovat do zahraničí, ale pouze na krátkou dobu a pod lékařským dohledem. V říjnu 2004 tak odcestoval do Lisabonu (Portugalsko), aby tam přednášel. Několikrát byl též v Irsku, naposledy v roce 2009. Tyto cesty byly komplikovány problémy s přístupem takto těžce postiženého cestujícího na letiště. Účastníci původního řízení připouštějí, že je prakticky nemožné, aby I. odcestoval do Irska, a v žádném případě letadly používanými leteckými společnostmi k pravidelným letům. Náklady zdravotní péče poskytované I. v Německu byly Irskem hrazeny nejprve na základě formuláře E 111, který se týká situace pojištěnce, jehož stav bezprostředně vyžaduje poskytnutí věcných dávek během jeho pobytu na území jiného členského státu, než je členský stát jeho bydliště, který mu vystavilo Irsko. Na takový formulář se nyní vztahuje článek 19 nařízení č. 883/2004. V průběhu března 2003 HSE změnil postavení I. tím, že mu od tohoto data vystavil formulář E 112. Příslušná instituce mu tak povolila, aby odjel na území jiného členského státu za účelem léčení přiměřeného jeho stavu. Platnost tohoto formuláře, na který se nyní vztahuje článek 20 nařízení č. 883/2004, byla od tohoto dvacetkrát prodloužena. HSE dne 25. listopadu 2011 odmítl znovu prodloužit v případě I. platnost formuláře E 112 z důvodu, že má nyní bydliště na území Spolkové republiky Německo. I. podal 5. prosince 2011 žalobu k High Court s cílem dosáhnout vydání soudního příkazu, kterým by HSE bylo nařízeno, aby mu nadále vystavoval tento formulář. HSE uvedl, že vzhledem k velmi zvláštní situaci, ve které se I. nachází, bude bezplatně pokračovat v hrazení nákladů spojených s péčí, která je mu poskytována, a to na základě formuláře E 106, který se týká nároku na věcné dávky v nemoci a mateřství v případě osob, které mají bydliště v jiném státě, než je příslušný stát. Předkládající soud je toho názoru, že existuje pochybnost ohledně otázky, zda v rámci unijní právní úpravy týkající se zdravotní péče poskytnuté v zahraničí může pojištenec, který je nucen zůstat v členském státě z důvodu obzvláště vážného zdravotního stavu, v tomto členském státě „pobývat“ ve smyslu článku 19 nebo 20 nařízení č. 883/2004. Uvedený soud zastává názor, že i když řada kritérií uvedených v článku 11 nařízení č. 987/2009 může naznačovat jiné řešení, I. přesto musí být – s ohledem na účel a cíle tohoto článku – považován za osobu pobývající v Německu. Za těchto podmínek se High Court rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku: „Musí být pojištěný státní příslušník členského státu (dále jen ‚první členský stát‘), který je jedenáct let vážně nemocen, protože trpí závažným onemocněním, které se poprvé projevilo v době, kdy měl bydliště v prvním členském státě, ale byl na dovolené v jiném členském státě (dále jen ‚druhý členský stát‘), považován za osobu ‚pobývající‘ po tuto dobu v tomto druhém členském státě pro účely čl. 19 odst. 1 nebo čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení […] č. 883/2004, jestliže byl skutečně nucen v tomto členském státě po uvedenou dobu fyzicky setrvat z důvodu závažného onemocnění, kterým trpí, a výhody spočívající v blízkosti poskytované specializované lékařské péče?“ Předkládající soud dopisem ze dne 15. května 2014 informoval Soudní dvůr o úmrtí I., ke kterému došlo 7. dubna 2014. Ve stejném dopise předkládající soud uvedl, že trvá na své předběžné otázce z důvodu, že odpověď je pro něj nezbytná pro účely vnitrostátního řízení. Za těchto podmínek je třeba otázku položenou High Court zodpovědět. K předběžné otázce Podstatou otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 1 písm. j) a k) nařízení č. 883/2004 musí být vykládán v tom smyslu, že pro účely čl. 19 odst. 1 nebo čl. 20 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud byl unijní státní příslušník s bydlištěm v prvním členském státě v době své dovolené ve druhém členském státě stižen vážným a náhlým onemocněním a je nucen zůstat jedenáct let v tomto členském státu z důvodu tohoto onemocnění a dostupnosti specializované lékařské péče v blízkosti místa, kde bydlí, tento státní příslušník musí být považován za osobu „pobývající“ v posledně uvedeném členském státě. Úvodem je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury nařízení č. 1408/71 zavedlo systém koordinace vnitrostátních systémů sociálního zabezpečení a v hlavě II stanovilo pravidla pro určení použitelné právní úpravy. Nejen že tato pravidla měla za cíl zabránit tomu, aby dotčené osoby zůstaly v oblasti sociálního zabezpečení bez ochrany, neexistuje-li právní úprava, která by se na ně vztahovala, ale jejich cílem bylo i to, aby dotčené osoby podléhaly systému sociálního zabezpečení pouze jediného členského státu, a zabránilo se tak souběhu použitelných vnitrostátních právních předpisů a komplikacím, které by z něho mohly vyplynout (v tomto smyslu viz rozsudek Wencel, C‑589/10, EU:C:2013:303 , body 45 a 46 a citovaná judikatura). I když nařízení č. 883/2004 má, jak je uvedeno v bodě 3 jeho odůvodnění, za cíl modernizaci a zjednodušení koordinačních pravidel pro vnitrostátní právní úpravy sociálního zabezpečení, zachovalo si stejné cíle jako nařízení č. 1408/71. V tomto ohledu systém zavedený nařízením č. 1408/71 používal bydliště jako jeden z hraničních určovatelů pro účely určení použitelné právní úpravy (v tomto smyslu viz rozsudek Wencel, EU:C:2013:303 , bod 48). Stejně tomu je v případě nařízení č. 883/2004. Podle čl. 1 písm. j) nařízení č. 883/2004 výraz „bydliště“ označuje místo, kde má osoba obvyklé bydliště. Tento pojem má v unijním právu autonomní a vlastní význam (obdobně viz rozsudek Swaddling, C‑90/97, EU:C:1999:96 , bod 28). Soudní dvůr již ohledně nařízení č. 1408/71 rozhodl, že pokud se na situaci osoby může vztahovat právní úprava několika členských států, pojem členský stát, v němž má osoba bydliště, znamená stát, v němž má obvyklé bydliště a v němž se nachází i jeho obvyklé středisko zájmů (viz rozsudky Hakenberg, 13/73, EU:C:1973:92 , bod 32; Swaddling, EU:C:1996:96 , bod 29, a Wencel, EU:C:2013:303 , bod 49). V tomto kontextu je třeba vzít v úvahu zejména situaci rodiny dotyčné osoby, důvody, které ji vedly k přestěhování; délku a nepřetržitost jejího bydliště, případně skutečnost, zda má stálé zaměstnání, a její záměr vyplývající ze všech okolností (v tomto smyslu viz rozsudky Knoch, C‑102/91, EU:C:1992:303 , bod 23, a Swaddling, EU:C:1999:96 , bod 29). Seznam kritérií, která je třeba vzít v úvahu při určování místa bydliště osoby, který byl vypracován judikaturou, je nyní kodifikován v článku 11 nařízení č. 987/2009. Jak uvedl generální advokát v bodě 32 svého stanoviska, tento seznam, který není taxativní, nestanoví pořadí přednosti mezi různými kritérii uvedenými v odstavci 1 tohoto ustanovení. Z výše uvedeného vyplývá, že pro potřeby použití nařízení č. 883/2004 osoba nemůže mít současně dvě místa obvyklého bydliště na území dvou různých členských států (v tomto smyslu viz rozsudek Wencel, EU:C:2013:303 , bod 51), přičemž se má za to, že se v rámci tohoto nařízení místo bydliště pojištěné osoby nutně liší od místa jejího pobytu. V tomto ohledu je proto nutné se při určování místa bydliště pojištěnce opírat o všechna kritéria; pouhá skutečnost, že pobývá v členském státu, a to i po dlouhou dobu a nepřetržitě, nutně neznamená, že tato osoba má v tomto členském státu bydliště ve smyslu čl. 1 písm. j) nařízení č. 883/2004. Doba bydliště v členském státu, ve kterém je požadováno vyplácení dávky, totiž nemůže být považována za definiční znak pojmu „bydliště“ ve smyslu nařízení č. 1408/71 (v tomto smyslu viz rozsudek Swaddling, EU:C:1999:96 , bod 30). Článek 1 písm. k) skutečně definuje „pobyt“ jako „dočasné“ bydliště. Jak ale uvedl generální advokát v bodech 43 až 46 svého stanoviska, takový „pobyt“ nutně neznamená krátkodobou přítomnost. Ze znění čl. 1 písm. va) bodu i) nařízení č. 883/2004 totiž vyplývá, že se články 19 a 20 tohoto nařízení použijí na věcné dávky včetně věcných dávek „dlouhodobé péče“. V důsledku toho může být osoba považována za osobu pobývající v jiném členském státě, i když tam pobírá dávky po dlouhé období. Přestože nařízení č. 1408/71 v čl. 22 odst. 1 bodu i) stanovilo, že se doba, po kterou jsou dávky poskytovány, řídí právními předpisy příslušného státu, toto pravidlo se již nevyskytuje v čl. 19 odst. 1 ani v čl. 20 odst. 1 a 2 nařízení č. 883/2004, které v podstatě nahradily uvedený čl. 22 odst. 1 písm. a) až i). Pouhá okolnost, že I. zůstal po dobu jedenácti let v Německu, tak sama o sobě nepostačuje ke konstatování, že měl bydliště v tomto členském státě. Za účelem určení obvyklého centra zájmů I. totiž předkládající soud musí vzít v úvahu všechna relevantní kritéria, zejména kritéria uvedená v čl. 11 odst. 1 nařízení č. 987/2009, a – na základě odstavce 2 tohoto článku – záměr dotčené osoby týkající se místa jejího skutečného bydliště. Tento záměr musí být posuzován s ohledem na objektivní skutečnosti a okolnosti věci v původním řízení, jelikož pouhé vyjádření záměru mít bydliště na určitém místě samo o sobě nepostačuje pro účely použití uvedeného odstavce 2. V rámci řízení o předběžné otázce sice nakonec přísluší vnitrostátnímu soudu, aby posoudil skutkové okolnosti, avšak Soudní dvůr, který má poskytnout vnitrostátnímu soudu užitečné odpovědi, má pravomoc poskytnout vodítka opírající se o spis ve věci v původním řízení, jakož i o vyjádření, která mu byla předložena a jež předkládajícímu soudu umožní rozhodnout (v tomto smyslu viz rozsudky Brunnhofer, C‑381/99, EU:C:2001:358 , bod 65, a Alakor Gabonatermelő és Forgalmazó, C 191/12, EU:C:2013:315 , bod 31). Mezi skutečnostmi, které by měl předkládající soud vzít v úvahu pro účely použití čl. 1 písm. j) a k) nařízení č. 883/2004, patří zejména skutečnost, že i když I. žil v Německu po dlouhou dobu, nebyla tato situace jeho osobní volbou, jelikož podle znění položené otázky k tomu byl donucen „z důvodu závažného onemocnění, kterým trpí, a vzhledem k výhodě spočívající v blízkosti specializované lékařské péče“. V projednávané věci přísluší předkládajícímu soudu, aby s ohledem na okolnosti věci v původním řízení ověřil schopnost I. cestovat a to, zda je na irském území dostupná lékařská péče rovnocenná lékařské péči, která mu byla poskytována v Německu. Vedle skutečností uvedených v předkládacím rozhodnutí je třeba uvést, že I. při jednání a v odpovědi na jednu z otázek Soudního dvora tvrdil, že neměl žádnou vazbu k německému daňovému systému a že jeho daňové sídlo se nacházelo v Irsku, i když tam neplatil daně, jelikož neměl žádný jiný příjem kromě příspěvku v invaliditě vypláceného Irskem a malé penze vyplácené Spojeným královstvím. S ohledem na veškeré výše uvedené úvahy je třeba odpovědět na položenou otázku tak, že čl. 1 písm. j) a k) nařízení č. 883/2004 musí být vykládán v tom smyslu, že, pro účely čl. 19 odst. 1 nebo čl. 20 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud byl unijní státní příslušník s bydlištěm v prvním členském státě v době své dovolené v druhém členském státě stižen vážným a náhlým onemocněním a je nucen zůstat jedenáct let v tomto členském státě z důvodu tohoto onemocnění a dostupnosti specializované lékařské péče v blízkosti místa, kde bydlí, musí být považován za osobu „pobývající“ v tomto druhém členském státě, jelikož obvyklé centrum jeho zájmů se nachází v prvním členském státě. Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby určil obvyklé centrum zájmů tohoto státního příslušníka tím, že posoudí všechny relevantní skutečnosti a vezme v úvahu jeho záměr, který vyplývá z těchto skutečností, jelikož pouhá skutečnost, že uvedený státní příslušník setrvává v druhém členském státě po dlouhé období, sama o sobě nepostačuje pro učinění závěru, že má v tomto státě bydliště. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto: Článek 1 písm. j) a k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení musí být vykládán v tom smyslu, že pro účely čl. 19 odst. 1 nebo čl. 20 odst. 1 a 2 tohoto nařízení, pokud byl unijní státní příslušník s bydlištěm v prvním členském státě v době své dovolené ve druhém členském státě stižen vážným a náhlým onemocněním a je nucen zůstat jedenáct let v tomto členském státě z důvodu tohoto onemocnění a dostupnosti specializované lékařské péče v blízkosti místa, kde bydlí, musí být považován za osobu „pobývající“ v druhém členském státě, jelikož obvyklé centrum jeho zájmů se nachází v prvním členském státě. Vnitrostátnímu soudu přísluší, aby určil obvyklé centrum zájmů tohoto státního příslušníka tím, že posoudí všechny relevantní skutečnosti a vezme v úvahu jeho záměr, který vyplývá z těchto skutečností, jelikož pouhá skutečnost, že uvedený státní příslušník setrvává ve druhém členském státě po dlouhé období, sama o sobě nepostačuje pro učinění závěru, že má v tomto státě bydliště. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: angličtina.

62015CJ0247

fi

Valituksillaan Maxcom Ltd, Euroopan unionin neuvosto ja Euroopan komissio vaativat sen 19.3.2015 annetun unionin yleisen tuomioistuimen tuomion Chin Haur Indonesia v. neuvosto ( T-412/13 , EU:T:2015:163 ; jäljempänä valituksenalainen tuomio) kumoamista, jolla unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 990/2011 käyttöön otetun lopullisen polkumyyntitullin laajentamisesta koskemaan Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta lähtöisin olevien polkupyörien tuontia riippumatta siitä, onko alkuperämaaksi ilmoitettu Indonesia, Malesia, Sri Lanka tai Tunisia 29.5.2013 annetun neuvoston täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 501/2013 ( EUVL 2013, L 153, s. 1 ; jäljempänä riidanalainen asetus) 1 artiklan 1 ja 3 kohdan siltä osin kuin ne koskevat Chin Haur Indonesia PT:tä (jäljempänä Chin Haur). Asiaa koskevat oikeussäännöt Asian tosiseikkojen tapahtuma-aikaan voimassa olleet säännökset Euroopan unionin polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden toteuttamisesta sisältyivät polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 30.11.2009 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 1225/2009 ( EUVL 2009, L 343, s. 51 , ja oikaisu EUVL 2010, L 7, s. 22 ), sellaisena kuin se oli muutettuna 12.12.2012 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1168/2012 ( EUVL 2012, L 344, s. 1 ; jäljempänä perusasetus). Mainitun asetuksen 13 artiklassa, jonka otsikko on ”Kiertäminen”, säädetään seuraavaa: ”1.   Jos voimassa olevia toimenpiteitä kierretään, tämän asetuksen perusteella käyttöön otetut polkumyyntitullit voidaan laajentaa koskemaan samankaltaisen tuotteen tai siihen verrattuna vähäisiä muutoksia sisältävän tuotteen tuontia kolmannesta maasta, kyseisen vähäisiä muutoksia sisältävän samankaltaisen tuotteen tuontia toimenpiteiden kohteena olevasta maasta tai näiden tuotteiden osien tuontia. Jos voimassa olevia toimenpiteitä kierretään, polkumyyntitullit, jotka vastaavat enintään 9 artiklan 5 kohdan mukaisesti käyttöön otettua jäännöspolkumyyntitullia, voidaan laajentaa koskemaan sellaisista toimenpiteiden kohteena olevien maiden yrityksistä peräisin olevaa tuontia, joiden tuotteisiin sovelletaan yksilöllistä tullia. Kiertäminen määritellään kolmansien maiden ja yhteisön tai toimenpiteiden kohteena olevan maan yksittäisten yritysten ja yhteisön välisen kaupan rakenteen muutokseksi, joka johtuu käytännöstä, menettelystä tai toiminnasta, jolla ei ole riittävästi perusteita tai jolla ei ole muuta taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen, ja kun lisäksi on olemassa näyttöä vahingosta tai siitä, että tullin korjaavat vaikutukset vaarantuvat samankaltaisen tuotteen hintojen ja/tai määrien osalta ja näyttöä polkumyynnistä verrattuna samankaltaisen tuotteen aikaisemmin määritettyihin normaaliarvoihin, tarvittaessa 2 artiklan säännösten mukaisesti. Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu käytäntö, menettely tai toiminta käsittää muun muassa tarkasteltavana olevan tuotteen vähäisen muuttamisen tavalla, joka johtaa sen luokittelemiseen tullikoodeihin, joihin ei tavallisesti sovelleta toimenpiteitä, edellyttäen kuitenkin, että tuotteen [perusominaisuudet] eivät ole muuttuneet, toimenpiteiden kohteena olevan tuotteen lähettämisen kolmansien maiden kautta, viejien tai tuottajien toimenpiteiden kohteena olevassa maassa toteuttamat toimet myyntinsä rakenteiden ja kanavien uudelleen järjestämiseksi siten, että niiden tuotteet viedään lopulta yhteisöön sellaisten tuottajien kautta, joiden tuotteisiin sovelletaan alempaa yksilöllistä tullia kuin kyseisten valmistajien tuotteisiin, ja 2 kohdassa esitetyin edellytyksin tapahtuvan osien kokoonpanon yhteisössä tai kolmannessa maassa. 2.   Kokoonpanotoiminnan yhteisössä tai kolmannessa maassa katsotaan olevan voimassa olevien toimenpiteiden kiertämistä, jos: a) toiminta on alkanut tai huomattavasti lisääntynyt polkumyyntitutkimuksen vireillepanosta alkaen tai juuri ennen sitä ja jos kyseessä olevat osat tulevat maasta, johon sovelletaan toimenpiteitä; b) osat muodostavat vähintään 60 prosenttia kokoonpantavan tuotteen osien kokonaisarvosta; kiertämistä ei missään tapauksessa katsota tapahtuvan, jos kokoonpanossa tai valmistuksessa käytettävien osien arvonlisäys on enemmän kuin 25 prosenttia valmistuskustannuksista; ja c) tullin korjaavat vaikutukset kumoutuvat samankaltaisen kokoonpannun tuotteen hintojen ja/tai määrien osalta, ja jos on todisteita polkumyynnistä verrattuna samankaltaisten tuotteiden aikaisemmin määritettyihin normaaliarvoihin. 3.   Tutkimus pannaan vireille tämän artiklan mukaisesti komission aloitteesta taikka jäsenvaltion tai minkä tahansa asianomaisen osapuolen pyynnöstä, jos on olemassa riittävä näyttö 1 kohdassa luetelluista tekijöistä. Tutkimus pannaan neuvoa-antavan komitean kuulemisen jälkeen vireille komission asetuksella, jolla voidaan myös velvoittaa tulliviranomaiset saattamaan tuonnin kirjaaminen pakolliseksi 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai vaatimaan vakuuksia. Tutkimuksen suorittaa komissio, mahdollisesti tulliviranomaisten avustuksella, ja se on päätettävä yhdeksän kuukauden kuluessa. Jos lopullisesti vahvistettujen tosiasioiden mukaan on perusteltua laajentaa toimenpiteiden soveltamisalaa, neuvosto päättää asiasta komission ehdotuksesta, jonka tämä tekee kuultuaan neuvoa-antavaa komiteaa. Neuvosto on hyväksynyt ehdotuksen, jollei se yksinkertaisella enemmistöllä päätä hylätä sitä kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on toimittanut sille ehdotuksen. Toimenpiteiden laajentaminen tulee voimaan siitä päivästä alkaen, jolloin kirjaaminen tehtiin pakolliseksi 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti tai jolloin vakuudet on vaadittu. Tämän artiklan osalta sovelletaan tämän asetuksen asiaa koskevia, tutkimusten vireillepanoa ja suorittamista sääteleviä menettelysäännöksiä. 4.   Tuontia ei kirjata 14 artiklan 5 kohdan mukaisesti eikä siihen sovelleta toimenpiteitä, jos niillä kauppaa käyvät yritykset on vapautettu tulleista. Asianmukaiseen näyttöön nojautuvat vapautuksia koskevat pyynnöt on tehtävä tutkimuksen vireillepanosta annetussa komission asetuksessa vahvistetussa määräajassa. Jos kiertämiskäytäntöä, ‑menettelyä tai ‑toimintaa harjoitetaan yhteisön ulkopuolella, vapautus voidaan myöntää niille tarkasteltavana olevan tuotteen tuottajille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä yhteenkään toimenpiteiden kohteena olevaan tuottajaan ja joiden osalta todetaan, etteivät ne ole osallisina tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa määritellyissä kiertämiskäytännöissä. Jos kiertämiskäytäntöä, ‑menettelyä tai ‑toimintaa harjoitetaan yhteisössä, vapautus voidaan myöntää tuojille, jotka voivat osoittaa, etteivät ne ole etuyhteydessä toimenpiteiden kohteena oleviin tuottajiin. Nämä vapautukset myönnetään komission päätöksellä neuvoa-antavan komitean kuulemisen jälkeen tai toimenpiteet käyttöön ottavalla neuvoston päätöksellä, ja ne ovat voimassa kyseisessä päätöksessä vahvistetun ajan ja siinä vahvistetuin edellytyksin. – –” Mainitun asetuksen 18 artiklassa säädettiin seuraavaa: ”1.   Jos osapuoli, jota asia koskee, kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä tässä asetuksessa säädetyssä määräajassa tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai lopulliset päätelmät, riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella. – – – – 6.   Jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja jos olennaisia tietoja ei näin ollen toimiteta, lopputulos voi olla osapuolelle vähemmän suotuisa kuin se olisi ollut, jos osapuoli olisi toiminut yhteistyössä.” Asioiden tausta ja riidanalainen asetus Asioiden tausta on esitetty valituksenalaisen tuomion 1–28 kohdassa. Nyt käytävän menettelyn tarpeisiin asioiden tausta voidaan tiivistää seuraavalla tavalla. Komissio vastaanotti 14.8.2012 European Bicycle Manufacturers Associationin (EBMA) kolmen unionin polkupyöränvalmistajan puolesta esittämän pyynnön tutkia lopullisen polkumyyntitullin käyttöön ottamisesta Kiinan kansantasavallasta peräisin olevien polkupyörien tuonnissa asetuksen N:o 1225/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaisen toimenpiteiden voimassaolon päättymistä koskevan tarkastelun jälkeen 3.10.2011 annetulla neuvoston täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 990/2011 ( EUVL 2011, L 261, s. 2 ) käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä polkupyörien tuonnilla Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta ja Tunisiasta. Komissio antoi 25.9.2012 asetuksen (EU) N:o 875/2012 täytäntöönpanoasetuksella N:o 990/2011 käyttöön otettujen polkumyynnin vastaisten toimenpiteiden mahdollista kiertämistä polkupyörien tuonnilla Indonesiasta, Malesiasta, Sri Lankasta tai Tunisiasta, riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Indonesia, Malesia, Sri Lanka tai Tunisia, koskevan tutkimuksen vireillepanosta ja kyseisen tuonnin kirjaamisvelvoitteesta ( EUVL 2012, L 258, s. 21 ). Komissio ilmoitti Chin Haurille, joka on Indonesiaan sijoittautunut yhtiö, joka vie polkupyöriä unioniin, 26.9.2012 mainitun tutkimuksen aloittamisesta ja toimitti sille perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan nojalla vapautusta koskevan lomakkeen. Chin Hauria kehotettiin vastaamaan mainittuun lomakkeeseen viimeistään 2.11.2012. Se jätti komissiolle vastauksensa 5.11.2012. Mainitun toimielimen pyyntöjen johdosta Chin Haur toimitti kyseistä vastausta täydentäviä asiakirjoja 3.12. ja 4.12.2012. Komissio teki 6.12. ja 7.12.2012 tarkastuskäynnin Chin Haurin tiloissa. Tuolloin Chin Haur antoi komissiolle tarkistetun vastauksensa vapautusta koskevaan lomakkeeseen. Komissio ilmoitti 28.1.2013 Chin Haurille aikovansa soveltaa perusasetuksen 18 artiklaa. Chin Haur jätti tätä koskevat huomautuksensa 4.2.2013. Komissio lähetti 21.3.2013 Chin Haurille ja Indonesian sekä Kiinan viranomaisille yleisen ilmoitusasiakirjan, jossa se esitti jälleenlaivausta ja kokoonpanotoimintaa koskevat päätelmänsä ja selvitti aikomustaan ehdottaa Kiinasta lähtöisin olevien polkupyörien tuonnissa käyttöön otettujen polkumyyntitoimenpiteiden laajentamista Indonesiasta peräisin olevaan tuontiin. Mainitulla asiakirjalla kyseinen toimielin hylkäsi myös Chin Haurin vaatimuksen vapautuksen soveltamisesta erityisesti sen vuoksi, että Chin Haurin esittämät tiedot eivät olleet luotettavia. Neuvosto antoi 29.5.2013 riidanalaisen asetuksen. Mainitun asetuksen 28–33 perustelukappaleessa neuvosto ilmoitti lähinnä indonesialaisten yhtiöiden yhteistyön asteesta, että niiden neljän indonesialaisen yhtiön joukosta, jotka jättivät perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan nojalla vapautushakemuksen, vain kolmen katsottiin tehneen yhteistyötä ja että perusasetuksen 18 artiklan mukaisesti neljättä yhtiötä koskevat päätelmät perustuivat siis saatavilla olleisiin tietoihin. Mainitun asetuksen 58 perustelukappaleessa neuvosto totesi, että Indonesian ja unionin välisen kaupan rakenne oli muuttunut perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Riidanalaisen päätöksen 59–67 perustelukappaleessa neuvosto analysoi kiertämiskäytäntöjä, jotka olivat johtaneet kyseisen kolmannen valtion ja unionin välisen kaupan rakenteen muuttumiseen. Jälleenlaivauskäytännöistä mainitun asetuksen 61, 62 ja 64 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”(61) Näistä neljästä alun perin yhteistyössä toimineesta yrityksestä kolmen osalta tutkimuksessa ei tullut esiin jälleenlaivauskäytäntöjä. (62) Neljännen yrityksen osalta oli perusteltua soveltaa perusasetuksen 18 artiklaa (ks. johdanto-osan 29–33 kappale). Tutkimuksessa kävi ilmi, että yritys ei omistanut riittävästi tuotantovälineitä, jotta unioniin suuntautuvan viennin määrä raportointijaksolla olisi ollut perusteltua, ja koska muita perusteita ei esitetty, voidaan päätellä, että yritys osallistui kiertämiskäytäntöihin jälleenlaivauksen kautta. – – (64) Kun otetaan huomioon Indonesian ja unionin välisen kaupan rakenteessa tapahtunut muutos (ks. johdanto-osan 58 kappale) perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti, yhtä indonesialaista yritystä koskevat havainnot (ks. johdanto-osan 61 kappale) ja se, että kaikki indonesialaiset tuottajat/viejät eivät ilmoittautuneet ja tehneet yhteistyötä, Kiinasta peräisin olevien tuotteiden jälleenlaivaus Indonesian kautta voidaan näin ollen vahvistaa.” Mainitun asetuksen 65–67 perustelukappaleessa neuvosto totesi, ettei perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kokoonpanotoimintaa voitu osoittaa tapahtuneen. Saman asetuksen 92, 96 ja 102 perustelukappaleessa neuvosto totesi ensinnäkin, ettei muita syitä tai taloudellista perustetta kuin voimassa olevan polkumyyntitullin välttäminen ollut, toiseksi, että kyseisten toimenpiteiden korjaava vaikutus vaarantui, ja kolmanneksi, että kyseessä oli polkumyynti aiemmin määritettyyn normaaliarvoon verrattuna. Näin ollen neuvosto totesi riidanalaisen asetuksen 115 perustelukappaleessa, että perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kiertämistä oli esiintynyt siten, että tuotteita oli jälleenlaivattu Indonesian kautta. Riidanalaisen asetuksen 1 artiklan 1 kohdalla laajennettiin täytäntöönpanoasetuksen N:o 990/2011 1 artiklan 2 kohdassa säädetty 48,5 prosentin suuruinen lopullinen polkumyyntitulli koskemaan Indonesiasta laivattujen polkupyörien tuontia siitä riippumatta, oliko tuonnin ilmoitettu olevan peräisin kyseisestä maasta vai ei. Mainitun asetuksen 1 artiklan 3 kohdassa säädetään laajennetun tullin perimisestä samasta tuonnista, joka on kirjattu asetuksen N:o 875/2012 mukaisesti. Menettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio Chin Haur nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.8.2013 jättämällään kannekirjelmällä kanteen riidanalaisen asetuksen 1 artiklan 1 ja 3 kohdan kumoamiseksi siltä osin kuin mainitut säännökset koskevat Chin Hauria. Komissio toimitti 17.10.2013 unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon väliintulohakemuksen, jossa se pyysi saada osallistua oikeudenkäyntiin tukeakseen neuvoston vaatimuksia. Unionin yleisen tuomioistuimen seitsemännen jaoston puheenjohtaja hyväksyi 11.11.2013 antamallaan määräyksellä komission väliintulohakemuksen. Maxcom toimitti 19.3.2014 unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon väliintulohakemuksen, jossa se pyysi saada osallistua oikeudenkäyntiin tukeakseen neuvoston vaatimuksia. Unionin yleisen tuomioistuimen seitsemäs jaosto hyväksyi kyseisen väliintulohakemuksen 16.7.2014 antamallaan määräyksellä. Chin Haur esitti kumoamiskanteensa tueksi kolme kanneperustetta. Ensimmäinen peruste koski perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan ja 18 artiklan 1 kohdan rikkomista. Sen ensimmäisessä osassa Chin Haur kiisti neuvoston päätelmän, jonka mukaan kaupan rakenne oli muuttunut. Saman kanneperusteen toisessa osassa Chin Haur kiisti riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleessa esitetyn neuvoston päätelmän, joka koski jälleenlaivaustoiminnan harjoittamista. Toisen kanneperusteen, joka koski neuvoston näkemystä siitä, ettei Chin Haur ollut tehnyt yhteistyötä, mukaan perusasetuksen 18 artiklaa oli rikottu, suhteellisuusperiaatetta oli loukattu ja perusteluvelvollisuus oli jätetty täyttämättä. Kolmas kanneperuste koski perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan rikkomista ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista. Kyseessä oli neuvoston toteamus polkumyynnin harjoittamisesta. Neuvosto puolestaan esitti, että koko kumoamiskanne olisi jätettävä tutkimatta. Valituksenalaisella tuomiolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi neuvoston väitteet, jotka koskivat kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä. Pääasian osalta unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi Chin Haurin kanteensa tueksi esittämän ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan sekä toisen ja kolmannen kanneperusteen perusteettomina. Sitä vastoin se hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen toisen osan. Mainitun osan tueksi Chin Haur esitti kolme väitettä. Ensimmäisen väitteen osalta, joka perustui siihen, että riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaletta rasitti arviointivirhe, unionin yleinen tuomioistuin arvioi ensin valituksenalaisen tuomion 81–94 kohdassa Chin Haurin tutkinnan kuluessa esittämiä seikkoja. Se totesi, etteivät mainitut seikat näyttäneet toteen sitä, että se oli tosiaankin Indonesiasta peräisin olevien polkupyörien viejä, tai että mainittu yritys täytti perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyt kriteerit. Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 95–103 kohdassa aineistoa, joka neuvostolla oli käytettävissään, kun se teki päätelmän, jonka mukaan jälleenlaivaustoimintaa oli harjoitettu. Se katsoi mainitun tuomion 95 ja 104 kohdassa, että mainittujen seikkojen perusteella kyseisellä toimielimellä ei ollut riittävästi tietoja, joiden perusteella se olisi voinut pätevästi katsoa riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleessa, ettei Chin Haurilla ollut riittävää tuotantokapasiteettia unioniin vietyjen määrien perustelemiseksi ja että se siis harjoitti jälleenlaivaustoimintaa. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin täsmensi saman tuomion 103 kohdassa, että vaikkei Chin Haur ole kyennyt näyttämään toteen, että se vei Indonesiasta peräisin olevia tuotteita, tai että se täytti perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyt kriteerit, tästä ei voi päätellä, että Chin Haur olisi harjoittanut jälleenlaivaustoimintaa. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 105 kohdassa, ettei tosin ole mahdotonta, että Chin Haur osallistui jälleenlaivaustoimintaan kaikkien niiden käytäntöjen, menettelyjen tai toimintojen puitteissa, joille ei ollut muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetun alkuperäisen polkumyyntitullin käyttöön ottaminen. Unionin yleinen tuomioistuin kuitenkin katsoi, että se seikka, ettei kantaja ole voinut näyttää toteen olleensa todellakin indonesialainen polkupyörien valmistaja tai täyttäneensä perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyt perusteet, ei silti mahdollistanut sitä, että neuvosto voi näytön puuttuessa päätellä Chin Haurin osallistuneen jälleenlaivaukseen, koska tällaista mahdollisuutta ei ole lainkaan annettu perusasetuksessa tai oikeuskäytännössä. Unionin yleinen tuomioistuin totesi näin ollen, että ensimmäisen perusteen toinen osa oli hyväksyttävä, eikä Chin Haurin muita väitteitä tarvinnut tutkia. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen asetuksen 1 artiklan 1 ja 3 kohdan Chin Hauria koskevilta osilta. Asianosaisten vaatimukset ja oikeudenkäynti unionin tuomioistuimessa Maxcom vaatii valituksessaan asiassa C‑247/15 P unionin tuomioistuinta — kumoamaan valituksenalaisen tuomion ensimmäisen kanneperusteen toisen osan osalta — hylkäämään Chin Haurin unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämän ensimmäisen kanneperusteen kokonaisuudessaan ja — velvoittamaan Chin Haurin korvaamaan Maxcomin oikeudenkäyntikulut muutoksenhakuvaiheessa ja väliintulossa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Komissio vaatii valituksessaan asiassa C‑253/15 P unionin tuomioistuinta — kumoamaan valituksenalaisen tuomion, hylkäämään ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn kanteen ja velvoittamaan Chin Haurin korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä — toissijaisesti palauttamaan asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja määräämään, että kummassakin oikeusasteessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin. Neuvosto vaatii valituksessaan asiassa C‑259/15 P unionin tuomioistuinta — kumoamaan valituksenalaisen tuomion, hylkäämään ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn kanteen ja velvoittamaan Chin Haurin korvaamaan neuvostolle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut kummassakin oikeusasteessa sekä — toissijaisesti palauttamaan asian unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ja määräämään, että kummassakin oikeusasteessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin. Chin Haur vaatii yhdistetyissä asioissa C‑247/15 P, C‑253/15 P ja C‑259/15 P esittämässään vastineessa unionin tuomioistuinta — hylkäämään valituksenalaisesta tuomiosta tehdyt valitukset kokonaisuudessaan — toissijaisesti kumoamaan osittain riidanalaisen asetuksen 1 artiklan 1 ja 3 kohdan siltä osin kuin mainituissa säännöksissä ulotetaan Kiinasta peräisin olevien polkupyörien maahantuontiin sovellettava polkumyyntitulli Chin Hauriin ja hylätään Chin Haurin esittämä vapautushakemus — velvoitetaan Maxcom, neuvosto ja komissio korvaamaan Chin Haurille kummassakin oikeusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja — toteuttamaan kaikki muut unionin tuomioistuimen asianmukaisiksi katsomat toimenpiteet. Asiat C‑247/15 P, C‑253/15 P ja C‑259/15 P yhdistettiin unionin tuomioistuimen presidentin 4.8.2015 antamalla määräyksellä kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten. Valitusten tarkastelu Maxcomin, neuvoston ja komission valitustensa tueksi esittämät perusteet tähtäävät kaikki sen unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksen kumoamiseen, jonka mukaan neuvosto ei voinut katsoa, että Chin Haur olisi harjoittanut jälleenlaivausta, ja jonka jälkeen mainittu tuomioistuin on hyväksynyt kanteen ja kumonnut riidanalaisen asetuksen osittain. Mainitut valitusperusteet ovat suurelta osin yhteneviä, ja ne voidaan koota olennaisilta osin kolmeen ryhmään. Ensinnäkin Maxcom, neuvosto ja komissio vetoavat lähinnä siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan soveltamisessa erilaisia oikeudellisia virheitä. Toiseksi komissio ja neuvosto väittävät, että valituksenalaisen tuomion perustelut ovat puutteelliset ja ristiriitaiset. Neuvosto vetoaa myös siihen, että unionin yleinen tuomioistuin on ottanut sille esitetyt tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla. Kolmanneksi komissio väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut sen menettelyllisiä oikeuksia. Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat Valitusperusteiden ensimmäinen ryhmä kohdistuu valituksenalaisen tuomion 95–105 kohtaan. Maxcom, neuvosto ja komissio katsovat lähinnä, että mainituissa kohdissa on tehty oikeudellisia virheitä, koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole soveltanut perusasetuksen 13 artiklan 1 kohtaa oikein. Ensinnäkin Maxcom ja komissio moittivat unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että se on katsonut, että neuvosto ei voinut todeta Chin Haurin harjoittaneen jälleenlaivausta sillä perusteella, ettei viimeksi mainittu ollut todellinen indonesialainen polkupyörien valmistaja ja ettei se harjoittanut perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa vahvistetut raja-arvot ylittävää kokoonpanotoimintaa. Maxcomin mukaan kuitenkin ensinnäkin nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevien olosuhteiden kaltaisissa olosuhteissa, joissa Chin Haur oli tuonut maahan Kiinasta peräisin olevia osia ja vienyt unioniin polkupyöriä todistamatta olevansa valmistaja tai että sen harjoittama kokoonpanotoiminta ylitti perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa asetetut raja-arvot, on mahdollista päätellä, että jälleenlaivausta on harjoitettu. Toiseksi Maxcom katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin ”palkitsee” Chin Hauria siitä, että Chin Haur on toimittanut puutteellisia ja ristiriitaisia tietoja, joita ei ole mahdollista tarkistaa. Kolmanneksi Maxcom väittää, ettei unionin yleisen tuomioistuimen arviointi ole perusasetuksen tavoitteen eikä unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaista, sillä mainitun oikeuskäytännön mukaan polkumyyntiä tutkivilla ja polkumyyntitulleista päättävillä unionin toimielimillä (jäljempänä unionin toimielimet) on kyseisissä tutkimuksissa laaja harkintavalta. Toiseksi neuvosto ja komissio väittävät, että unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti edellyttänyt unionin toimielimiltä, että ne osoittavat, että jokainen valmistaja/viejä tutkimuksen kohteena olleessa maassa harjoitti jälleenlaivaustoimintaa, ja siis kääntänyt todistustaakan. Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa edellytetään nimittäin sitä, että unionin toimielimet suorittavat analyysin maan tasolla eivätkä yksittäisten viejien tasolla, ja viimeksi mainittu analyysi on valmistajien/viejien tehtävä. Toiseksi mainitunlainen tulkinta tekisi perusasetuksen 13 artiklan 4 kohdan täysin tyhjäksi. Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin on niiden mukaan sekoittanut toisiinsa kiertämiskäytännön käsitteen ja yhden kyseisen käsitteen ilmentymän eli jälleenlaivauksen. Neljänneksi vaatimus jälleenlaivauksen toteamisesta yksittäistapauksessa on niiden mukaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaista, sillä kyseisen oikeuskäytännön mukaan unionin toimielimillä on laaja harkintavalta kiertämisen toteamisessa. Viidenneksi unionin yleinen tuomioistuin on niiden mukaan hyväksynyt sille esitettyjä eri kumoamisperusteita arvioidessaan selvästi keskenään ristiriitaisia tulkintoja kiertämiskäytännön käsitteestä. Kolmanneksi Maxcom, neuvosto ja komissio väittävät, että vaikka neuvoston päätelmät jälleenlaivauksesta olisivat virheellisiä, riidanalaisen asetuksen kumoaminen ei kuitenkaan olisi perusteltua. Maxcomin mukaan nimittäin unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeudellinen virhe voi olla perusteena kyseisen toimen kumoamiselle vain siinä tapauksessa, että ilman mainittua virhettä kokonaisarvioinnin tulos olisi ollut erilainen. Neuvosto ja komissio muistuttavat myös siitä, että valituksenalainen tuomio koskee mainitun asetuksen 62 perustelukappaletta, joka koskee erityisesti Chin Hauria. Mainitun asetuksen 63 ja 64 perustelukappaleista ilmenee niiden mukaan kuitenkin, että toteamus Indonesian kautta tapahtuvasta jälleenlaivauskäytännöstä ei perustu yksinomaan siihen toteamukseen, että Chin Haurilla oli tällainen käytäntö. Näin ollen komissio väittää, että vaikka neuvosto olisikin tehnyt arviointivirheen katsoessaan, että Chin Haur oli mukana jälleenlaivauksessa, sillä oli oikeus todeta indonesialaisia valmistajia/viejiä koskevien todisteiden ja kaupan rakenteen muuttumisen perusteella, että Indonesiassa tapahtui jälleenlaivausta. Chin Haur kiistää nämä väitteet. Aluksi Chin Haur vetoaa siihen, että siltä osin kuin Maxcomin, neuvoston ja komission väitteissä riitautetaan unionin yleisen tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan jälleenlaivauksesta ei ollut riittäviä todisteita Chin Haurin osalta, mainitut väitteet koskevat unionin yleisen tuomioistuimen suorittamaa tosiseikkojen arviointia ja ne on siis jätettävä tutkimatta. Pääasian osalta Chin Haur väittää ensinnäkin, että Maxcom, neuvosto ja komissio eivät ole ymmärtäneet unionin yleisen tuomioistuimen päätelmien merkitystä oikein. Unionin yleinen tuomioistuin on Chin Haurin mukaan ensinnäkin valituksenalaisessa tuomiossa vain todennut, että unionin toimielimillä oli todistustaakka jälleenlaivauksen osalta, ja huomauttanut, että esillä olleessa asiassa mainitut toimielimet eivät olleet täyttäneet kyseistä näyttövelvollisuutta. Neuvosto ja komissio pyrkivät Chin Haurin mukaan kiertämään mainittua menettelysääntöä tekemällä eron maan tasolla tapahtuneen säännösten kiertämisen, jonka osalta todistustaakka oli niiden mukaan neuvostolla, ja viejän tasolla tapahtuneen säännösten kiertämisen, jonka osalta todistustaakka oli niiden mukaan viejällä, arvioinnin välillä. Mainitulla lähestymistavalla ei Chin Haurin mukaan ole merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa, koska neuvosto oli itse yhdistänyt kyseiset kaksi analyysia riidanalaisessa asetuksessa. Toiseksi Chin Haur väittää, että toisin kuin neuvosto ja komissio ovat tuoneet esiin, unionin yleinen tuomioistuin ei katso, että unionin toimielinten olisi osoitettava, että kukin yksittäinen valmistaja/viejä harjoittaa jälleenlaivausta. Unionin yleinen tuomioistuin sen mukaan edellyttää vain, että kyseiset toimielimet esittävät todisteet väitteilleen, eli sille, että polkupyöriä jälleenlaivataan Indonesian kautta, koska Chin Haurin viemät polkupyörät on jälleenlaivattu. Kolmanneksi Chin Haur on sitä mieltä, että vaikka unionin tuomioistuin on katsonut tuomiossa Simon, Evers & Co. ( C‑21/13 , EU:C:2014:2154 ), että siinä tapauksessa, että yhteistyötä ei tehdä, unionin toimielimillä on oikeus tukeutua yhtäpitävien välillisten todisteiden kokonaisuuteen, nyt käsiteltävässä asiassa toimielimillä ei ollut mainitunlaista todisteiden kokonaisuutta jälleenlaivauksen osalta. Neljänneksi Chin Haur tuo esiin, että väitteessä, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin olisi sekoittanut kiertämiskäytännön käsitteen yhteen sen ilmentymään, eli jälleenlaivaukseen, ei ole mitään järkeä. Jos unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut riidanalaisen asetuksen sillä perusteella, että unionin toimielimet eivät olleet osoittaneet jälleenlaivausta tapahtuneen, se on johtunut siitä, että jälleenlaivaus on ainoa kiertämiskäytäntö, jota Indonesiassa mainittujen toimielinten mukaan esiintyi. Toiseksi Chin Haur katsoo, että unionin yleisellä tuomioistuimella oli oikeus kumota riidanalainen asetus sillä perusteella, että neuvosto ei ollut pätevästi todennut sellaisen jälleenlaivaustoiminnan olemassaoloa, jota Chin Haur olisi harjoittanut. Toisin kuin Maxcom, neuvosto ja komissio nimittäin Chin Haurin mukaan väittävät, neuvosto ei riidanalaisessa päätöksessä lainkaan ollut todennut, että muut indonesialaiset valmistajat kuin Chin Haur olisivat harjoittaneet jälleenlaivaustoimintaa. Riidanalaisessa asetuksessa todetaan ainoastaan, että osa kyseisistä valmistajista, joiden osuus polkupyörien kokonaistuotannosta oli pieni, ei ollut toiminut yhteistyössä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan neuvosto ja komissio eivät voi kuitenkaan päätellä jälleenlaivausta tapahtuneen pelkästään sillä perusteella, etteivät yksittäiset valmistajat/viejät ole toimineet yhteistyössä. Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta Tutkittavaksi ottaminen On muistettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sillä ei ole toimivaltaa määrittää asian tosiseikastoa eikä lähtökohtaisesti myöskään arvioida sitä selvitystä, johon unionin yleinen tuomioistuin on asian tosiseikastoa määrittäessään tukeutunut. Silloin, kun tämä selvitys on saatu asianmukaisesti ja todistustaakkaa sekä asian selvittämistä koskevia menettelysääntöjä ja yleisiä oikeusperiaatteita on noudatettu, ainoastaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida sille esitetyn selvityksen näyttöarvoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tämä arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen harjoittaman valvonnan piiriin. Näyttöön sovellettavien sääntöjen väitetty rikkominen on kuitenkin oikeuskysymys, joka voidaan tutkia muutoksenhakuvaiheessa (tuomio 10.7.2008, Bertelsmann ja Sony Corporation of America v. Impala, C‑413/06 P , EU:C:2008:392 , kohta). Maxcomin, neuvoston ja komission tämän valitusperusteiden ryhmän tueksi esittämissä väitteissä unionin yleistä tuomioistuinta moititaan kuitenkin lähinnä siitä, ettei se ole noudattanut todistustaakkaa koskevia sääntöjä eikä perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun säännösten kiertämisen toteen näyttämisen näyttökynnystä. Näin ollen Chin Haurin väitettä siitä, että tähän ryhmään kuuluvat valitusperusteet olisi jätettävä tutkimatta, ei voida hyväksyä. Asiakysymys – Alustavat huomautukset Maxcomin, neuvoston ja komission ensimmäisen valitusperusteiden ryhmän tueksi esittämät väitteet koskevat kysymystä todistustaakasta sekä siitä, millainen näyttökynnys säännösten kiertämisen osalta on asetettava olosuhteissa, joissa osa kyseisistä valmistajista/viejistä ei ole tehnyt yhteistyötä tutkinnassa tai ei ole tehnyt siinä tyydyttävää yhteistyötä. Tästä on muistettava ensinnäkin, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, että yhteisen kauppapolitiikan ja aivan erityisesti kaupallisten suojatoimenpiteiden alalla unionin toimielimillä on laaja harkintavalta, koska ne taloudelliset, poliittiset ja oikeudelliset tilanteet, joita toimielinten on arvioitava, ovat monitahoisia. Tällaista arviointia koskevassa tuomioistuinvalvonnassa on näin ollen rajoituttava tarkistamaan, että menettelysääntöjä on noudatettu, että riitautetun valinnan perustaksi hyväksytyt tosiseikat ovat aineellisesti paikkansapitäviä, että näitä tosiseikkoja arvioitaessa ei ole tehty ilmeistä virhettä ja että harkintavaltaa ei ole käytetty väärin (ks. tuomio 16.2.2012, neuvosto ja komissio v. Interpipe Niko Tube ja Interpipe NTRP, C‑191/09 P ja C‑200/09 P , EU:C:2012:78 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kiertämiskäytäntöjä koskevasta todistustaakasta on todettava, että perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan polkumyyntitullien kiertäminen on näytetty, jos neljä edellytystä täyttyy. Ensinnäkin kolmannen maan ja unionin tai sen maan, jonka yhtiöihin toimenpiteitä sovelletaan, ja unionin välisen kaupan rakenteen on täytynyt muuttua. Toiseksi mainitun muutoksen on johduttava käytännöstä, menettelystä tai toiminnasta, jolla ei ole muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen. Kolmanneksi on oltava seikkoja, jotka osoittavat, että unionin teollisuudelle aiheutuu vahinkoa tai että polkumyyntitullin korjaavat vaikutukset kumoutuvat. Neljänneksi on oltava todisteita siitä, että polkumyyntiä tapahtuu. Kyseisen asetuksen 13 artiklan 3 kohdan mukaan komission tehtävänä on panna vireille tutkimus sellaisen näytön perusteella, joka osoittaa, että ensi arviolta kyse on kiertämiskäytännöistä. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan mainitulla säännöksellä vahvistetaan periaate, jonka mukaan todistustaakka säännösten kiertämisestä on unionin toimielimillä (ks. vastaavasti tuomio 4.9.2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , kohta). Lisäksi perusasetuksen 13 artiklan sanamuodosta ja systematiikasta ilmenee, että säännösten kiertämisen osoittamiseksi kyseisten toimielinten on suoritettava kokonaisarviointi, joka koskee säännösten kiertämistä koskevan tutkimuksen kohteena olevaa kolmatta maata kokonaisuudessaan. Näyttääkseen toteen mainitunlaisen säännösten kiertämisen niiden ei sitä vastoin tarvitse analysoida kunkin yksittäisen valmistajan/viejän tilannetta, vaan mainitun asetuksen 13 artiklan 4 kohdan perusteella esitettyjen hakemusten yhteydessä mainittu analyysi kuuluu kyseisille yksittäisille valmistajille/viejille. Perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa säädetään nimittäin, että silloin kun polkumyyntitullien kiertäminen on näytetty toteen, kyseiset tullit voidaan muun muassa ulottaa kolmansista maista peräisin olevien samankaltaisten tavaroiden tuontiin. Kyseisen asetuksen 13 artiklan 4 kohdassa säädetään lisäksi kolmanteen maahan sijoittautuneiden valmistajien/viejien mahdollisuudesta saada hakemuksesta vapautuksia, jos ne eivät ole sidoksissa mainittujen toimenpiteiden kohteena olevaan valmistajaan/viejään ja jos ne ovat todistaneet, etteivät ne harjoita kiertämiskäytäntöjä. Mainitussa säännöksessä täsmennetään, että vapautushakemukset on asianmukaisesti perusteltava. Kuten neuvosto ja komissio siis toteavat, perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan mukaan unionin toimielimet näyttävät toteen polkumyyntitullien kiertämiskäytännön olemassaoloa koskevan toteamuksen koko mainitun kolmannen maan osalta, kun taas kunkin yksittäisen valmistajan/viejän on näytettävä toteen, että sen oma erityistilanne oikeuttaa kyseisen asetuksen 13 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun vapautuksen myöntämiseen. Näyttökynnyksestä kiertämisen toteennäyttämisessä tilanteessa, jossa osa valmistajista/viejistä ei tee riittävästi yhteistyötä tai ei tee sitä lainkaan, on muistutettava, ettei perusasetuksessa ole säännöstä, jossa annettaisiin komissiolle valta velvoittaa kiertämistä koskevassa tutkimuksessa niitä tuottajia tai viejiä, joita valitus koskee, osallistumaan tutkimukseen tai toimittamaan tietoja. Komissio on siten riippuvainen siitä, että asianomaiset osapuolet tekevät yhteistyötä vapaaehtoisesti toimittaakseen sille tarvittavat tiedot (tuomio 4.9.2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , kohta). Unionin lainsäätäjä on säätänyt tästä syystä perusasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa, että jos osapuoli, jota asia koskee, kieltäytyy antamasta tarvittavia tietoja tai ei toimita niitä tai merkittävällä tavalla vaikeuttaa tutkimuksia, alustavat tai lopulliset päätelmät, riippumatta siitä, ovatko ne myönteisiä vai kielteisiä, voidaan tehdä käytettävissä olevien tietojen perusteella (tuomio 4.9.2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , kohta). Kyseisen asetuksen 18 artiklan 6 kohdassa täsmennetään lisäksi, että jos asianomainen osapuoli ei toimi yhteistyössä tai toimii vain osittain yhteistyössä ja jos olennaisia tietoja ei näin ollen toimiteta, lopputulos voi olla osapuolelle vähemmän suotuisa kuin se olisi ollut, jos osapuoli olisi toiminut yhteistyössä. Olosuhteissa, joissa valmistajat/viejät eivät tee lainkaan yhteistyötä, unionin tuomioistuin on katsonut, että vaikka perusasetuksessa ja erityisesti sen 13 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan periaate, jonka mukaan todistustaakka kiertämisestä kuuluu unionin toimielimille, perusasetuksen 18 artiklan 1 ja 6 kohdan tarkoituksena on selvästi lieventää tätä taakkaa sillä, että näissä säännöksissä säädetään, että kyseiset toimielimet voivat perustaa kiertämistä koskevan tutkimuksensa päätelmät käytettävissä oleviin tietoihin ja että osapuolet, jotka eivät ole tehneet yhteistyötä, saattavat saada vähemmän suotuisan lopputuloksen kuin jos ne olisivat tehneet yhteistyötä (ks. vastaavasti tuomio 4.9.2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , kohta). Unionin tuomioistuin on täsmentänyt tältä osin, että perusasetuksen 18 kohdasta ilmenee, ettei unionin lainsäätäjän tarkoituksena ole ollut vahvistaa laillista olettamaa, jonka perusteella siitä, etteivät asianomaiset osapuolet toimi yhteistyössä, voidaan suoraan todeta kiertäminen ja joka näin ollen vapauttaa unionin toimielimet näyttövaatimuksesta. Kun otetaan huomioon mahdollisuus tehdä jopa lopullisia päätelmiä käytettävissä olevien tietojen perusteella ja kohdella osapuolta, joka ei toimi yhteistyössä tai joka toimii vain osittain yhteistyössä, vähemmän suotuisasti kuin jos se olisi toiminut yhteistyössä, on kuitenkin aivan yhtä selvää, että unionin toimielimet voivat yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuden perusteella päätyä katsomaan, että tulleja on kierretty perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla (tuomio 4.9.2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , kohta). Kaikkien muiden ratkaisuiden vaarana on, että unionin kaupan suojatoimenpiteiden tehokkuus heikentyy joka kerran, kun unionin toimielimet joutuvat tilanteeseen, jossa kiertämisen näyttämiseksi toteutettavan tutkimuksen yhteydessä kieltäydytään yhteistyöstä (tuomio 4.9.2014, Simon, Evers & Co., C‑21/13 , EU:C:2014:2154 , kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa yhteistyön puuttuminen ei koske kaikkia valmistajia/viejiä vaan vain osaa niistä. Yhtäältä perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan sanamuoto ei kuitenkaan estä sitä, että unionin toimielimet voisivat todeta polkumyyntitullien kiertämisen tukeutumalla yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen tilanteessa, jossa valmistajat/viejät, jotka edustavat merkittävää osaa kyseisen tavaran maahantuonnista unioniin, eivät ole tehneet yhteistyötä tai eivät ole tehneet riittävästi yhteistyötä tutkinnassa. Toisaalta tarve taata kaupan suojatoimenpiteiden tehokkuus perustelee myös nyt käsiteltävän asian kaltaisissa olosuhteissa sen, että mainituilla toimielimillä on oikeus tukeutua mainitunlaiseen yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen, kun ne päätyvät katsomaan, että tulleja on kierretty mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Vaikka unionin toimielimillä on oikeus tukeutua mainitunlaiseen yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen, on kuitenkin niin, että perusasetuksen 13 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan mainituilla seikoilla on pyrittävä osoittamaan, että tämän tuomion 55 kohdassa luetellut neljä edellytystä täyttyvät. Kyseisistä edellytyksistä toisen osalta mainituilla toimielimillä on oltava tietoja, joilla pyritään näyttämään, että kaupan rakenteen muuttuminen johtuu käytännöstä, menettelystä tai toiminnasta, jolla ei ole muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen. – Oikeudelliset virheet perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan soveltamisessa Se, onko, kuten Maxcom, neuvosto ja komissio väittävät, unionin yleisen tuomioistuimen päättelyssä oikeudellisia virheitä perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan soveltamisessa siltä osin kuin kyseinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 105 kohdassa, että neuvosto ei voinut todeta, että Chin Haur olisi harjoittanut jälleenlaivausta, ja näin ollen se on hyväksynyt kanteen ja kumonnut riidanalaisen asetuksen 1 artiklan 1 ja 3 kohdan siltä osin kuin se koskee mainittua yhtiötä, on määritettävä edellä esitettyjen näkökohtien valossa. Maxcom, neuvosto ja komissio vetoavat ensinnäkin lähinnä siihen, että toisin kuin unionin yleinen tuomioistuin on väittänyt, neuvosto on perustellusti voinut päätellä Chin Haurin harjoittaneen jälleenlaivausta sillä perusteella, ettei viimeksi mainittu ollut todellinen indonesialainen polkupyörien valmistaja ja ettei se harjoittanut perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa vahvistetut raja-arvot ylittävää kokoonpanotoimintaa. Toiseksi Maxcom, neuvosto ja komissio moittivat unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä on edellyttänyt unionin toimielimiltä, että ne osoittavat, että jokainen valmistaja/viejä tutkimuksen kohteena olleessa maassa harjoitti jälleenlaivaustoimintaa, ja siitä, että unionin yleinen tuomioistuin on siis kääntänyt todistustaakan. Kolmanneksi ne väittävät, että vaikka neuvoston päätelmät jälleenlaivauksesta olisivat virheellisiä, riidanalaisen asetuksen kumoaminen ei kuitenkaan olisi perusteltua. Näillä väitteillä Maxcom, neuvosto ja komissio kyseenalaistavat unionin yleisen tuomioistuimen päättelyn, joka esitetään valituksenalaisen tuomion 95–105 kohdassa. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kyseisissä kohdissa, ettei neuvostolla ollut riittävästi tietoja, joiden perusteella se olisi voinut todeta riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleessa, ettei Chin Haurilla ollut riittävää tuotantokapasiteettia unioniin vietyjen määrien perustelemiseksi ja että se siis harjoitti jälleenlaivaustoimintaa. Kyseinen päätelmä perustuu kahteen toteamukseen. Yhtäältä unionin yleinen tuomioistuin on mainitun tuomion 96–102 kohdassa tutkinut perusteellisesti ne seikat, joita neuvostolla oli käytettävissään, ja todennut mainitun tutkimisen päätteeksi, etteivät mainitut seikat näyttäneet toteen jälleenlaivaustoiminnan harjoittamista. Toisaalta mainitun tuomion 103 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että neuvosto perusti päätelmänsä myös siihen, ettei Chin Haur missään vaiheessa esittänyt todisteita, joilla se olisi kyennyt näyttämään toteen, että se oli todellakin indonesialainen valmistaja tai että se täytti perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyt perusteet. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan mainitusta toteamuksesta ei kuitenkaan voinut seurata, että Chin Haur harjoitti jälleenlaivaustoimintaa. Ensinnäkin sen perustelun osalta, joka koski jälleenlaivaustoiminnan yksilöllisen arvioinnin vaatimusta ja joka on tutkittava ensin, tämän tuomion edellisestä kohdasta ilmenee, että unionin yleisen tuomioistuimen päättämä osittainen kumoaminen perustuu siihen, että riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleen, joka koskee erityisesti Chin Haurin väitetysti harjoittamaa jälleenlaivaustoimintaa, osalta on havaittu virhe. Kyseinen 62 perustelukappale sisältyy mainitun asetuksen jaksoon, jonka otsikko on ”jälleenlaivaus” ja joka koskee tämän tuomion 55 kohdassa kuvatuista neljästä edellytyksestä toista. Mainitussa jaksossa neuvosto on ensinnäkin ilmoittanut riidanalaisen asetuksen 61 perustelukappaleessa, että neljästä alun perin yhteistyössä toimineesta yrityksestä kolmen osalta tutkimuksessa ei tullut esiin jälleenlaivauskäytäntöjä. Sen jälkeen neuvosto on mainitun asetuksen 62 perustelukappaleessa katsonut, että neljännen yrityksen, eli Chin Haurin, osalta oli perusteltua soveltaa perusasetuksen 18 artiklaa. Neuvosto on lisäksi täsmentänyt, että tutkimuksessa kävi ilmi, että kyseinen yritys ei omistanut riittävästi tuotantovälineitä, jotta unioniin suuntautuvan viennin määrä raportointijaksolla olisi ollut perusteltua. Neuvosto on lisännyt, että koska muita perusteita ei esitetty, voidaan päätellä, että yritys osallistui kiertämiskäytäntöihin jälleenlaivauksen kautta. Lopuksi riidanalaisen asetuksen 64 perustelukappaleessa neuvosto katsoi, että Kiinasta peräisin olevien tuotteiden jälleenlaivaus Indonesian kautta voitiin vahvistaa. Se tukeutui tältä osin mainitun asetuksen 58 perustelukappaleessa esitettyyn päätelmään, joka koski Indonesian ja unionin välisen kaupan muutosta, riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleessa esitettyihin Chin Hauria koskeviin toteamuksiin ja siihen, etteivät kaikki indonesialaiset valmistajat/viejät olleet ilmoittautuneet eivätkä kaikki olleet tehneet yhteistyötä. Näin tehdessään osoittaakseen, että tämän tuomion 55 kohdassa mainituista neljästä edellytyksestä toinen täyttyi, neuvosto tukeutui muun muassa Chin Hauria yksittäisenä valmistajana/viejänä koskeviin tietoihin tukeakseen päätelmäänsä, joka koski Indonesiaa kokonaisuudessaan, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 57 kohdassa korostanut. Näin ollen on todettava Chin Haurin tavoin, että kun unionin yleinen tuomioistuin on kumonnut riidanalaisen asetuksen osittain sen vuoksi, että riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleessa oli virhe, se ei ole vaatinut unionin toimielimiä näyttämään toteen, että kukin yksittäinen valmistaja/viejä harjoittaa jälleenlaivaustoimintaa eikä kääntänyt todistustaakkaa. Unionin yleinen tuomioistuin on vain ottanut huomioon sen, että kyseisen asetuksen 64 perustelukappaleessa esitetty toteamus jälleenlaivaustoiminnan harjoittamisesta maassa perustui muun muassa Chin Hauria koskevaan toteamukseen, joka oli esitetty mainitun asetuksen 62 perustelukappaleessa, ja katsonut implisiittisesti, että ensimmäisen toteamuksen lainvastaisuudesta seurasi toisenkin toteamuksen lainvastaisuus. Unionin yleisen tuomioistuimen ei siis voida väittää tehneen tältä osin oikeudellista virhettä. Tämä perustelu on näin ollen hylättävä perusteettomana. Toiseksi niiden oikeudellisten virheiden osalta, jotka valittajien mukaan koskevat riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleessa olevaa unionin yleisen tuomioistuimen päätelmää, on tarkastettava, perustuvatko tämän tuomion 70 kohdassa mainitut kaksi toteamusta, joihin kyseinen tuomioistuin on tukeutunut, kun se on päätynyt mainittuun lopputulemaan, perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdan oikeudellisesti virheelliseen soveltamiseen. Ensinnäkin on totta, kuten unionin yleinen tuomioistuin toteaa valituksenalaisen tuomion 103 kohdassa, että pelkästään siitä seikasta, että Chin Haur ei ole toimittanut todisteita siitä, että se todellakin oli indonesialainen polkupyörien valmistaja tai että se on täyttänyt perusasetuksen 13 artiklan 2 kohdassa säädetyt kriteerit, ei seuraa, että mainittu yhtiö olisi harjoittanut jälleenlaivaustoimintaa. Kuten mainitun tuomion 64 ja 67 kohdasta nimittäin ilmenee, yhtäältä ei ole mitään laillista olettamaa, jonka perusteella siitä, että asianomainen osapuoli ei tee yhteistyötä, voitaisiin suoraan päätellä, että polkumyyntitulleja kierretään, ja toisaalta unionin toimielimillä on oltava käytössään seikkoja, joilla pyritään osoittamaan, että kaupan rakenteen muutos johtuu käytännöstä, menettelystä tai toiminnasta, jolla ei ole muuta riittävää syytä tai taloudellista perustetta kuin tullin käyttöön ottaminen. Näin ollen ei voida katsoa, että valituksenalaisen tuomion 103 kohdassa esitetty unionin yleisen tuomioistuimen toteamus olisi oikeudellisesti virheellinen. Toiseksi siltä osin kuin on kyse unionin yleisen tuomioistuimen toteamuksesta, joka koskee neuvoston käytössä olleita seikkoja, tämän tuomion 66 kohdasta ilmenee, että mainitulla toimielimellä oli nyt käsiteltävässä asiassa oikeus tukeutua yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen sen toteamiseksi, että Indonesian tasolla perusasetuksen 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tullien kiertämistä tapahtui. Samoin tämän tuomion 63–66 kohdassa esitetyistä syistä unionin toimielimillä on oikeus, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 78 kohdassa, tukeutua yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen sen toteamiseksi, että yksittäinen valmistaja/viejä, joka ei ole tehnyt yhteistyötä tai joka ei ole tehnyt riittävästi yhteistyötä säännösten kiertämistä koskevassa tutkinnassa, on kiertänyt säännöksiä. Koska nyt käsiteltävässä asiassa on siis selvää, kuten valituksenalaisen tuomion 86 kohdasta ilmenee, että Chin Haur ei ole tehnyt riittävästi yhteistyötä tutkinnassa, neuvostolla oli oikeus tukeutua yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen sen toteamiseksi, että mainittu yhtiö oli kiertänyt polkumyyntitulleja. Valituksenalaisen tuomion 96–102 kohdasta kuitenkin ilmenee, että riidanalaisen asetuksen 62 perustelukappaleessa olevan toteamuksen tueksi neuvosto on tukeutunut tiettyihin komission virkamiesten Chin Haurin tiloissa suoritetulla tarkastuskäynnillä kokoamiin tosiseikkoihin. Unionin yleinen tuomioistuin mainitsee erityisesti kyseisen tuomion 97 kohdassa seuraavat seikat: Chin Haurilla ei ollut koneita, joita tarvittiin valmistamaan riittävästi osia ilmoitettuihin määriin verrattuna; tietyt tuotantokoneet olivat uusia tai niitä ei ollut viime aikoina käytetty; Chin Haurilla ei myöskään ollut leikkaus- eikä hitsauslaitteita; käynnin aikana ei ollut ollut mahdollista nähdä alumiinivanteisiin käytettyjä raaka-aineita ja työstämättömiä runkoja; Chin Haurin tiloissa oli ollut kokonaisia polkupyöriä sisältäviä laatikoita, joihin oli tehty merkintä ”valmistettu Indonesiassa”, mainitsematta Chin Haurin kiinalaista tavarantoimittajaa, ja runkoja sisältäviä laatikoita, joissa ei ollut merkintää alkuperästä; Chin Haurin tiloissa nähdyt rungot olivat tavarantoimittajien toimittamia ja valmiiksi maalattuja; Chin Haurin työntekijät eivät olleet kyenneet antamaan tuotantoprosessia koskevia selityksiä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi kuitenkin, etteivät mainitut seikat olleet omiaan osoittamaan sitä, että Chin Haur harjoitti jälleenlaivausta, vaikka se myönsikin mainitun tuomion 100 kohdassa, että tietyt seikat, kuten se, ettei Chin Haurin kiinalaista tavarantoimittajaa ollut mainittu missään tai että muutamat laatikot sisälsivät runkoja, joiden alkuperää ei ollut mainittu, myötävaikuttivat kantajan todellista toimintaa koskevien epäilyjen syntymiseen, ja näitä epäilyjä tuki se, ettei tämä koskaan perustellut vapautusta koskevissa lomakkeissa antamiaan lukuja. Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 81 kohdassa, vaikka unionin yleinen tuomioistuin käyttikin termiä ”tiedot”, se epäsi tuolloin neuvostolta mahdollisuuden perustaa päätelmänsä yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen ja edellytti, että mainittu toimielin esittää suoraa näyttöä siitä, että Chin Haur todella harjoittaa jälleenlaivaustoimintaa, mikä on ristiriidassa sen näyttökynnyksen kanssa, jota säännösten kiertämisen toteen näyttämiselle asetetaan siinä tapauksessa, että valmistaja/viejä ei tee yhteistyötä. Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi valituksenalaisen tuomion 104 ja 105 kohdassa, että neuvosto ei voinut katsoa Chin Haurin harjoittavan jälleenlaivaustoimintaa, ja näin ollen hyväksyi kanteen sekä kumosi riidanalaisen asetuksen 1 artiklan 1 ja 3 kohdan siltä osin kuin se koski kyseistä yhtiötä. Ensimmäinen valitusperusteiden ryhmä on näin ollen hyväksyttävä. Kun edellä esitetty otetaan huomioon, valituksenalainen tuomio on kumottava eikä tämän valitusperusteiden ryhmän tai muiden valitusperusteiden ryhmien puitteissa esitettyjä muita perusteita ja väitteitä ole tarpeen tutkia. Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jos unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, unionin tuomioistuin voi itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen. Esillä olevassa asiassa tilanne on näin. Koska unionin yleisen tuomioistuimen analyysi, joka koskee ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen kanneperusteen toista osaa, on oikeudellisesti virheellinen – kuten muun muassa tämän tuomion 86 kohdasta ilmenee – on arvioitava Chin Haurin kyseisen osan yhteydessä esittämiä kolmea väitettä. Mainittuja väitteitä on tutkittava tämän tuomion 54 kohdassa mieleen palautetun unionin tuomioistuimen sellaisen oikeuskäytännön valossa, jonka mukaan tuomioistuinvalvonnassa on rajoituttava tarkistamaan, että menettelysääntöjä on noudatettu, että riitautetun valinnan perustaksi hyväksytyt tosiseikat ovat aineellisesti paikkansapitäviä, että näitä tosiseikkoja arvioitaessa ei ole tehty ilmeistä virhettä ja että harkintavaltaa ei ole käytetty väärin. Chin Haurin unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämä ensimmäinen väite on se, jonka perusteella unionin yleinen tuomioistuin virheellisesti hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen toisen osan. Kyseisessä ensimmäisessä väitteessään Chin Haur väitti, että neuvosto oli tehnyt arviointivirheen katsoessaan riidanalaisen asetuksen 62 kohdassa, ettei kantajalla ollut riittävästi sellaista tuotantokapasiteettia, jolla olisi voitu perustella sen unioniin suuntautuvan viennin määriä. Tältä osin on muistutettava, kuten tämän tuomion 55–66 kohdassa ja 81 ja 82 kohdassa esitetyistä näkökohdista ilmenee, että nyt käsiteltävässä asiassa unionin toimielimillä olevaa todistustaakkaa oli lievennetty ja että ne saattoivat siis tukeutua yhtäpitävien seikkojen kokonaisuuteen osoittaakseen, että Chin Haur harjoitti kiertämistoimintaa, etenkin jälleenlaivausta. Yhtäältä unionin yleisen tuomioistuimen esiin tuomista tosiseikoista ja erityisesti valituksenalaisen tuomion 97 ja 100 kohdasta ilmenee, että oli olemassa lukuisia seikkoja, joiden perusteella neuvostolla saattoi olla oikeutettuja epäilyksiä Chin Haurin todellisesta toiminnasta. Mainitut seikat on palautettu mieliin tämän tuomion 83 ja 84 kohdassa. Toisaalta – kuten valituksenalaisen tuomion 118 kohdasta ilmenee – on selvää, että Chin Haur on vienyt suuria määriä polkupyöriä unioniin ilman, että se kykenisi osoittamaan niiden alkuperää. Näin ollen on katsottava, että neuvostolla oli käytössään yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus, jonka perusteella se saattoi ilmeistä arviointivirhettä tekemättä päätellä, että Chin Haur harjoitti jälleenlaivaustoimintaa. Tästä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen toisen osan ensimmäinen väite on hylättävä perusteettomana. Toisessa väitteessään Chin Haur tuo esiin, että neuvosto on tehnyt oikeudellisen virheen päätellessään jälleenlaivauksen olemassaolon pelkästään kaupan rakenteen muuttumisesta. Neuvosto ei ole Chin Haurin mukaan myöskään osoittanut syy-yhteyttä kyseisen toiminnan ja väitetyn kaupan rakenteen muuttumisen välillä. Tältä osin on ensinnäkin todettava, että riidanalaisen asetuksen 64 perustelukappaleesta ilmenee, ettei neuvosto ole päätellyt jälleenlaivauksen olemassaoloa pelkästä Indonesian ja unionin välisen kaupan rakenteen muuttumisesta. Neuvosto on mainitussa perustelukappaleessa korostettuaan, että tällainen muutos on tapahtunut, näin ollen sen jälkeen ilmoittanut katsoessaan, että jälleenlaivausta tapahtui Indonesian tasolla, tukeutuvansa yhtäältä Chin Hauria koskeviin toteamuksiin ja toisaalta siihen, etteivät tietyt indonesialaiset valmistajat/viejät olleet tehneet yhteistyötä. Näin menetellessään se on tehnyt johtopäätöksiä kyseisen asetuksen 62 ja 63 perustelukappaleissa esitetyistä toteamuksista, mikä ilmenee sanavalinnasta ”kun otetaan huomioon”, jolla mainitun asetuksen 64 perustelukappale alkaa. Kuten tämän tuomion 95 kohdasta kuitenkin ilmenee, Chin Hauria koskevissa toteamuksissa ei ole tehty mitään ilmeistä arviointivirhettä. Näin ollen on katsottava, että neuvostolla oli käytössään tämän tuomion 55–66 ja 81 ja 82 kohdassa esitettyjen näkökohtien mukaan riittävien, yhtäpitävien seikkojen kokonaisuus, jotta se saattoi todeta, että Indonesian tasolla oli kiertämiskäytäntöjä, eikä se ole tehnyt tältä osin mitään oikeudellista virhettä eikä ilmeistä arviointivirhettä. Toiseksi siltä osin kuin on kyse väitteestä, jonka mukaan neuvosto on tehnyt siinä virheen, kun se ei ole osoittanut syy-yhteyttä jälleenlaivaustoiminnan ja kaupan rakenteen muuttumisen välillä, riittää, kun todetaan, että neuvosto on osoittanut riidanalaisen asetuksen 58, 64 ja 92 perustelukappaleessa, että Indonesian ja unionin välisen kaupan rakenne on muuttunut, että Indonesian tasolla oli kiertämiskäytäntöjä ja ettei muuta taloudellista perustetta ollut kuin polkumyyntitullin määrääminen. On täsmennettävä, että osoittaakseen mainitun taloudellisen perusteen puuttumisen neuvosto lähtökohtaisesti tarkastaa, onko kaupan rakenteen muuttumiselle ja kiertämiskäytännöille olemassa uskottava vaihtoehtoinen selitys, mikä käytännössä tarkoittaa sen selvittämistä, onko olemassa seikkoja, jotka ovat omiaan estämään syy-yhteyden muodostumisen kyseisen muutoksen ja kiertämiskäytäntöjen välille. On kuitenkin todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on oikeudellista virhettä tekemättä hylännyt ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan yhteydessä valituksenalaisen tuomion 53–70 kohdassa Chin Haurin väitteet, jotka koskevat yhtäältä neuvoston toteamusta, joka koskee kaupan rakenteiden muuttumista, ja toisaalta sitä, että neuvosto ei olisi ottanut huomioon säännösten kiertämisen kanssa vaihtoehtoisia selityksiä. Tämän tuomion 100 kohdassa on lisäksi todettu, että kiertämiskäytäntöjen olemassaoloa koskevan toteamuksen osalta ei ole tapahtunut mitään ilmeistä arviointivirhettä. Näin ollen on katsottava, että neuvosto on vahvistanut syy-yhteyden jälleenlaivaustoiminnan ja Indonesian ja unionin välisen kaupan rakenteen muuttumisen välillä. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 122 kohdassa, missään tapauksessa Chin Haurin väitteitä, joiden mukaan kaupan rakenteen muutokset voivat johtua tuotantokapasiteetin lisääntymisestä Indonesiassa, Kiinan viennin siirtymisestä muihin Aasian maihin tai siitä, että muiden Aasian maiden, kuten Indonesian, valmistajat ovat käyttäneet Kiinan unioniin suuntautuvan viennin vähentymistä hyväkseen kasvattaakseen markkinaosuuttaan siellä, ei ole tuettu millään todisteilla. Tästä seuraa, että ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen kanneperusteen toisen osan toinen väite on hylättävä perusteettomana. Kyseisen kanneperusteen kolmannessa väitteessä Chin Haur katsoo, että toimitettujen tietojen olisi muiden todisteiden puuttuessa pitänyt olla perusasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja käytettävissä olevia tietoja. Tältä osin on todettava yhtäältä, kuten unionin yleinen tuomioistuin on huomauttanut muun muassa valituksenalaisen tuomion 86 ja 142 kohdassa, että Chin Haurin toimittamat tiedot olivat puutteellisia ja ristiriitaisia eikä niitä voitu tarkistaa. Toisaalta tämän tuomion 95 ja 100 kohdasta ilmenee, että neuvostolla oli käytössään riittävästi seikkoja, jotta se saattoi katsoa, että jälleenlaivaustoimintaa oli harjoitettu. Tästä seuraa, että ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen kanneperusteen toisen osan kolmas väite ja koko kanne on hylättävä perusteettomina. Oikeudenkäyntikulut Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan silloin, kun valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Tämän työjärjestyksen 138 artiklan, jota sovelletaan sen 184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen käsittelyyn, 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Maxcom, neuvosto ja komissio ovat vaatineet Chin Haurin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska tämä on hävinnyt asian, Chin Haur on velvoitettava korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T‑412/13 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä tästä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 140 artiklan 1 kohdan mukaan, jota myös sovelletaan valituksen käsittelyyn saman työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla, asiassa väliintulijoina olleet jäsenvaltiot ja toimielimet vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan. Näin ollen komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan muutoksenhakumenettelyssä asioissa C‑247/15 P ja C‑259/15 P sekä ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T‑412/13 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Sitä vastoin – kun otetaan huomioon tämän tuomion 109 kohdassa mainitut säännökset – komissio on vaatinut asiassa C‑253/15 P Chin Haurin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja, koska Chin Haur on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan komission oikeudenkäyntikulut muutoksenhakumenettelyssä C‑253/15 P. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Unionin yleisen tuomioistuimen 19.3.2015 antama tuomio Chin Haur Indonesia vastaan neuvosto ( T-412/13 , EU:T:2015:163 ) kumotaan. 2) Chin Haur Indonesia PT:n unionin yleisessä tuomioistuimessa asiassa T-412/13 nostama kumoamiskanne hylätään. 3) Chin Haur Indonesia PT velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan Maxcom Ltd:lle ja Euroopan unionin neuvostolle ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T‑412/13 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut sekä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. 4) Chin Haur Indonesia PT velvoitetaan korvaamaan Euroopan komissiolle asiassa C‑253/15 P muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut. 5) Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan muutoksenhakumenettelyssä asioissa C‑247/15 P ja C‑259/15 P sekä ensimmäisessä oikeusasteessa asiassa T-412/13 käydyssä oikeudenkäynnissä aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: englanti.

61997CJ0195

da

1 Ved staevning indleveret til Domstolens Justitskontor den 20. maj 1997 har Kommissionen for De Europaeiske Faellesskaber i medfoer af EF-traktatens artikel 169 anlagt sag med paastand om, at det fastslaas, at Den Italienske Republik har tilsidesat de forpligtelser, der paahviler den i henhold til faellesskabsretten, idet den ikke inden for den fastsatte frist har udstedt de bestemmelser, der er noedvendige for i national ret at gennemfoere Raadets direktiv 91/676/EOEF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening foraarsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (EFT L 375, s. 1, herefter »direktivet«), eller givet Kommissionen underretning herom, og idet den navnlig ikke har opfyldt den forpligtelse, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 2. 2 Efter direktivets artikel 12, stk. 1, skal medlemsstaterne dels saette de noedvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme direktivet inden to aar fra dets meddelelse, dels straks underrette Kommissionen derom. Direktivet blev meddelt medlemsstaterne den 19. december 1991, og naevnte frist udloeb saaledes den 19. december 1993. 3 Efter direktivets artikel 3, stk. 2, skal medlemsstaterne inden for samme frist som saarbare zoner udpege alle kendte jordomraader paa deres omraade, hvorfra der er afstroemning til vand, som bidrager til forureningen, og vand, der kan blive beroert af forurening, og inden seks maaneder underrette Kommissionen om denne oprindelige udpegelse. 4 Ifoelge samme artikels stk. 5 er medlemsstaterne fritaget for pligten til at kortlaegge specifikke saarbare zoner, naar de anser hele deres nationale omraade for saarbare zoner og udarbejder og anvender de handlingsprogrammer, hvorved forurening af vand foraarsaget af nitrat, der stammer fra landbruget, skal formindskes og hindres paa hele deres nationale omraade. 5 Efter direktivets artikel 4 skulle medlemsstaterne med henblik paa for alt vand at skabe et generelt niveau for beskyttelse mod forurening inden den 19. december 1993 udarbejde en kodeks eller kodekser for godt landmandskab, som skulle foelges af landbrugerne paa et frivilligt grundlag. 6 Kommissionen modtog ingen underretning fra den italienske regering om gennemfoerelsen af dette direktiv i den italienske retsorden paa den ene side, og paa den anden side om udpegelsen af saerligt saarbare zoner, eller om, at den agtede at udpege hele det nationale omraade som saarbare zoner i henhold til direktivets artikel 3, stk. 5. Kommissionen raadede i oevrigt ikke over oplysninger, paa grundlag af hvilke den kunne fastslaa, at Den Italienske Republik havde opfyldt sine forpligtelser, og den opfordrede derfor ved skrivelse af 10. juli 1995 den italienske regering til inden for en frist paa to maaneder at fremsaette sine bemaerkninger. 7 Kommissionen modtog intet svar fra Den Italienske Republik og tilstillede den derfor den 26. juli 1996 en begrundet udtalelse, hvori den opfordrede den til at traeffe de noedvendige foranstaltninger for at efterkomme udtalelsen senest seks maaneder efter dennes forkyndelse. 8 Ved skrivelse af 20. januar 1997 meddelte Den Italienske Republik, idet den samtidig erkendte, at den endnu ikke havde udstedt specielle regler for at gennemfoere direktivet, at den i alt vaesentligt havde opfyldt de i direktivet fastsatte forpligtelser, herunder forpligtelserne ifoelge artikel 3, stk. 2, og artikel 4. 9 Paa baggrund af de oplysninger, Den Italienske Republik havde givet, fastholdt Kommissionen ikke sin kritik om, at direktivets artikel 4 ikke var blevet gennemfoert. 10 Den mente derimod, at Den Italienske Republik stadig ikke havde opfyldt sine forpligtelser for saa vidt angaar gennemfoerelsen af direktivets artikel 12 og artikel 3, stk. 2, og besluttede derfor at anlaegge naervaerende sag. 11 Kommissionen har anfoert, at Den Italienske Republik har undladt at kortlaegge vand, der er beroert af forurening, og vand, der kan blive beroert af forurening, i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1. Den har fastslaaet, at Den Italienske Republik ville have vaeret fritaget for pligten til at kortlaegge saarbare zoner, saafremt den i overensstemmelse med stk. 5, havde anset hele sit nationale omraade for saarbar zone. 12 Den italienske regering har gjort gaeldende, at den, efter at Kommissionen havde fremsat sin begrundede udtalelse, over for denne oplyste, at den havde vedtaget forskellige foranstaltninger med henblik paa at gennemfoere direktivet. Den har i oevrigt meddelt Kommissionen, at den i henhold til en bemyndigelse fra det italienske parlament agter at udstede et lovdekret, hvorved det af direktivet omhandlede omraade vil blive fuldstaendigt reguleret. 13 Kommissionen har udtalt, at direktivet foerst og fremmest har til formaal at nedbringe og forhindre forurening af vandomraader, der er direkte eller indirekte forurenet af nitrater, der stammer fra landbruget. Den har gjort gaeldende, at direktivet for at vaere rigtigt gennemfoert, kraever, at en bestemt linje foelges. Den mener, at medlemsstaterne i den foerste fase maa bestemme, hvilke vandomraader og zoner der er udsat for forurening. I en anden fase vedtager og anvender de de foranstaltninger, der er noedvendige for at modvirke den saaledes fastslaaede forurening. Kommissionen har konstateret, at Den Italienske Republik fuldstaendig har undladt den kortlaegning af saarbare zoner, som er en forudsaetning for at vedtage de i artikel 4 og 5 naevnte foranstaltninger, der har til formaal at nedbringe eller forhindre forureningen af vandomraaderne. 14 Det bemaerkes, at det af direktivets artikel 3 og 5 fremgaar, at medlemsstaterne skal opfylde deres forpligtelse til at kortlaegge de saarbare zoner, foer de traeffer foranstaltninger med henblik paa at ivaerksaette naevnte artikel 5, hvis formaal er at nedbringe eller forhindre forureningen af vandomraaderne. Ifoelge artikel 3, stk. 5, er medlemsstaterne kun fritaget for pligten til at kortlaegge specifikke saarbare zoner, hvis de rettidigt udarbejder og anvender de i artikel 5 omhandlede handlingsprogrammer paa hele deres nationale omraade. 15 Den italienske regering har ikke bestridt, at der endnu ikke er sket nogen kortlaegning af de saarbare zoner i overensstemmelse med direktivets artikel 3, stk. 2. 16 Den har i duplikken anfoert, at dokumentationen vedroerende de foranstaltninger, der er gennemfoert for at ivaerksaette direktivets artikel 5, for tiden er under fremsendelse til Kommissionen. 17 Det er ufornoedent at undersoege de naevnte foranstaltninger, idet det kan fastslaas, at det fremgaar af sagen, at disse foranstaltninger ikke blev vedtaget inden for den i direktivet fastsatte frist. 18 Af det anfoerte fremgaar i det hele, at de foranstaltninger, der har vaeret noedvendige for korrekt at gennemfoere direktivet i italiensk ret, ikke fristmaessigt blev vedtaget eller meddelt Kommissionen. 19 Det kan herefter fastslaas, at Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til direktivets artikel 12, stk. 1, idet den ikke inden for den fastsatte frist ved lov eller administrativt har udstedt de bestemmelser, der er noedvendige for at gennemfoere direktivet, eller givet Kommissionen underretning herom, og idet den navnlig ikke har opfyldt den forpligtelse, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 2. Afgørelse om sagsomkostninger Sagens omkostninger I henhold til procesreglementets artikel 69, stk. 2, paalaegges det den tabende part at betale sagens omkostninger. Den Italienske Republik har tabt sagen og boer derfor i overensstemmelse med Kommissionens paastand doemmes til at betale sagens omkostninger. Afgørelse Paa grundlag af disse praemisser udtaler og bestemmer DOMSTOLEN (Sjette Afdeling) 1) Den Italienske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 12, stk. 1, i Raadets direktiv 91/676/EOEF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand mod forurening foraarsaget af nitrater, der stammer fra landbruget, idet den ikke inden for den fastsatte frist ved lov eller administrativt har udstedt de bestemmelser, der er noedvendige for at gennemfoere dette direktiv, eller givet Kommissionen underretning herom, og idet den navnlig ikke har opfyldt den forpligtelse, der er fastsat i direktivets artikel 3, stk. 2. 2) Den Italienske Republik betaler sagens omkostninger.

62019CJ0253

ro

Cererea de decizie preliminară privește interpretarea Regulamentului (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență ( JO 2015, L 141, p. 19 ). Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu între MH și NI, pe de o parte, și OJ și Novo Banco SA, pe de altă parte, în legătură cu o cerere de deschidere a unei proceduri de insolvență formulată de cei dintâi. Cadrul juridic Dreptul Uniunii Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 Regulamentul (CE) nr. 1346/2000 al Consiliului din 29 mai 2000 privind procedurile de insolvență ( JO 2000, L 160, p. 1 , Ediție specială, 19/vol. 1, p. 143) a fost abrogat și a fost înlocuit prin Regulamentul nr. 2015/848. În considerentul (13) al acestuia se enunța: „«Centrul intereselor principale» trebuie să corespundă locului în care debitorul își conduce în mod obișnuit interesele și poate, prin urmare, să fie verificat de către terți.” Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1346/2000 prevedea: „Competența de a deschide procedura de insolvență revine instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia se află centrul intereselor principale ale unui debitor. În cazul unei societăți sau persoane juridice, centrul intereselor principale este prezumat a fi, până la proba contrarie, locul unde se află sediul social.” Regulamentul 2015/848 În considerentele (5), (23) și (27)-(34) ale Regulamentului nr. 2015/848 se enunță: „(5) Pentru buna funcționare a pieței interne, este necesar să se evite ca părțile să fie tentate să transfere active sau proceduri judiciare dintr‑un stat membru în altul, în încercarea de a obține o situație juridică mai favorabilă în detrimentul masei credale (turism judiciar). […] (23) Prezentul regulament permite deschiderea procedurii principale de insolvență în statul membru în care se află centrul intereselor principale ale debitorului. Procedurile respective au o întindere universală și includ toate bunurile debitorului. Pentru a proteja interesele diferite, prezentul regulament permite deschiderea de proceduri secundare de insolvență paralele cu procedura principală de insolvență. Proceduri secundare de insolvență pot fi deschise în statul membru în care debitorul are un sediu. Efectele procedurilor secundare de insolvență se limitează la bunurile situate în statul respectiv. Unitatea în cadrul Uniunii se asigură prin norme imperative de coordonare cu procedurile principale de insolvență. […] (27) Înainte de a deschide o procedură de insolvență, instanța competentă ar trebui să examineze din oficiu dacă centrul intereselor principale ale debitorului sau sediul său sunt efectiv situate în jurisdicția sa. (28) Atunci când se stabilește dacă centrul intereselor principale ale debitorului este verificabil de către terți, ar trebui acordată o atenție deosebită creditorilor și percepției acestora privind locul în care debitorul își administrează interesele. […] (29) Prezentul regulament ar trebui să conțină o serie de garanții menite să prevină utilizarea frauduloasă sau abuzivă a practicii de căutare a instanței celei mai favorabile (turism judiciar). (30) În mod asemănător, prezumțiile că sediul social, principalul loc de desfășurare a activității și reședința obișnuită reprezintă centrul intereselor principale ar trebui să fie relative, iar instanța relevantă a unui stat membru ar trebui să verifice cu atenție dacă centrul intereselor principale ale debitorului se află într‑adevăr în statul membru respectiv. În cazul unei societăți comerciale, ar trebui să existe posibilitatea de a răsturna această prezumție în cazul în care administrația centrală a societății este situată în alt stat membru decât cel în care se află sediul social și în cazul în care o evaluare cuprinzătoare a tuturor factorilor relevanți stabilește, într‑un mod verificabil de către terți, că centrul real de conducere și de supraveghere al societății și centrul de gestionare a intereselor sale se află în acel alt stat membru. În cazul unei persoane fizice care nu exercită o activitate comercială sau profesională independentă, ar trebui să fie posibil să se răstoarne această prezumție, de exemplu, în cazul în care cea mai mare parte a activelor debitorului se află în afara statului membru în care debitorul își are reședința obișnuită sau în cazul în care se poate stabili că principalul motiv al mutării a fost deschiderea unei proceduri de insolvență în fața noii instanțe și în cazul în care o astfel de deschidere ar putea afecta în mod semnificativ interesele creditorilor ale căror afaceri cu debitorul au avut loc înainte de mutare. (31) Cu același obiectiv de a preveni utilizarea frauduloasă sau abuzivă a practicii de căutare a instanței celei mai favorabile, prezumția că centrul intereselor principale este locul unde se află sediul social, locul principal de desfășurare a activității sau reședința obișnuită nu ar trebui să se aplice dacă, în cazul unei societăți, persoane juridice sau, respectiv, persoane fizice care desfășoară o activitate economică sau profesională independentă, debitorul și‑a mutat sediul social sau locul principal de desfășurare a activității într‑un alt stat membru într‑un interval de trei luni anterioare cererii de deschidere a procedurii de insolvență sau, în cazul unei persoane fizice care nu desfășoară o activitate independentă sau profesională, dacă debitorul și‑a mutat reședința obișnuită într‑un alt stat membru într‑un interval de șase luni anterioare cererii de deschidere a procedurii de insolvență. (32) În orice caz, dacă circumstanțele cauzei dau naștere la îndoieli cu privire la competența instanței, aceasta ar trebui să solicite debitorului să prezinte dovezi suplimentare pentru a‑și susține afirmațiile și, în cazul în care legea aplicabilă procedurii de insolvență o permite, să dea creditorilor debitorului posibilitatea de a‑și prezenta punctele de vedere cu privire la competență. (33) În cazul în care instanța sesizată cu privire la solicitarea de deschidere a unei proceduri de insolvență descoperă că centrul intereselor principale nu se situează pe teritoriul său, aceasta ar trebui să nu deschidă o procedură principală de insolvență. (34) În plus, orice creditor al debitorului ar trebui să dispună de o cale de atac eficientă împotriva hotărârii de deschidere a unei proceduri de insolvență. Consecințele atacării hotărârii de deschidere a unei proceduri de insolvență ar trebui să fie reglementate în dreptul intern.” Articolul 3 din acest regulament, intitulat „Competența internațională”, prevede la alineatul (1): „Competența de a deschide procedura de insolvență (denumită în continuare «procedura principală de insolvență») revine instanțelor din statul membru pe teritoriul căruia se află centrul intereselor principale ale debitorului. Centrul intereselor principale este locul în care debitorul își administrează în mod obișnuit interesele și care este verificabil de către terți. În cazul unei societăți sau persoane juridice, centrul intereselor principale este prezumat a fi, până la proba contrarie, locul unde se află sediul social. Această prezumție se aplică doar dacă sediul social nu s‑a mutat într‑un alt stat membru în cele trei luni anterioare solicitării de deschidere a procedurii de insolvență. În cazul unei persoane fizice care exercită o activitate independentă sau o activitate profesională, centrul intereselor principale se presupune a fi locul principal de desfășurare a activității, în absența unor probe care ar dovedi contrariul. Această prezumție se aplică doar dacă locul principal de desfășurare a activității nu s‑a mutat într‑un alt stat membru în cele trei luni anterioare solicitării de deschidere a procedurii de insolvență. În cazul oricărei alte persoane fizice, centrul intereselor principale se presupune a fi locul în care persoana fizică își are reședința obișnuită, în absența unor probe care ar dovedi contrariul. Această prezumție se aplică doar dacă reședința obișnuită nu s‑a mutat într‑un alt stat membru în cele șase luni anterioare solicitării de deschidere a procedurii de insolvență.” Potrivit articolului 4 alineatul (1) din regulamentul menționat: „O instanță sesizată cu o cerere de deschidere a unei proceduri de insolvență examinează din oficiu dacă are competență în temeiul articolului 3. Hotărârea de deschidere a unei proceduri de insolvență precizează criteriile care stabilesc competența instanței și, în special, dacă această competență se întemeiază pe articolul 3 alineatul (1) sau alineatul (2).” Articolul 7 alineatul (1) din același regulament prevede: „În absența unei dispoziții contrare în prezentul regulament, legea aplicabilă procedurii de insolvență și efectelor acesteia este legea statului membru pe al cărui teritoriu este deschisă procedura (denumit în continuare «stat de deschidere»).” Litigiul principal și întrebarea preliminară Soții MH și NI, care au, din anul 2016, reședința la Norfolk (Regatul Unit), unde exercită o activitate salariată, au solicitat instanțelor portugheze deschiderea unei proceduri de insolvență în privința lor. Instanța de prim grad de jurisdicție sesizată a declarat că nu are competența internațională să judece această cerere, pentru motivul că, în temeiul articolului 3 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul 2015/848, centrul intereselor principale ale reclamanților din litigiul principal era reședința lor obișnuită, care era situată în Regatul Unit, și că, prin urmare, instanțele din acest din urmă stat membru erau competente să deschidă procedura de insolvență. MH și NI au declarat apel împotriva hotărârii pronunțate în primă instanță la instanța de trimitere, susținând că această hotărâre era întemeiată pe o interpretare eronată a normelor prevăzute de Regulamentul nr. 2015/848. Astfel, centrul intereselor lor principale nu ar fi reședința lor obișnuită, din Regatul Unit, ci s‑ar situa mai degrabă în Portugalia, stat membru în care se află singurul bun imobil aflat în proprietatea lor și în care ar fi fost realizate toate tranzacțiile și ar fi fost încheiate toate contractele care au determinat starea lor de insolvență. De asemenea, nu ar exista nicio legătură între locul reședinței lor obișnuite și faptele care au condus la insolvența lor, care s‑ar fi produs în întregime în Portugalia. MH și NI solicită, așadar, ca instanțele portugheze să fie recunoscute ca având competență internațională. Instanța de trimitere ridică problema referitoare la interpretarea corectă a articolului 3 alineatul (1) din Regulamentul 2015/848 și, mai precis, la criteriile care pot răsturna prezumția simplă prevăzută de această dispoziție pentru persoanele fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională. Această instanță arată astfel că, în ceea ce privește aceste persoane fizice, considerentul (30) al regulamentului menționat precizează că ar trebui să existe posibilitatea de a se răsturna această prezumție, de exemplu în cazul în care cea mai mare parte a activelor debitorului se află în afara statului membru în care debitorul are reședința obișnuită. În aceste condiții, Tribunal da Relação de Guimarães (Curtea de Apel din Guimarães, Portugalia) a hotărât să suspende judecarea cauzei și să adreseze Curții următoarea întrebare preliminară: „În conformitate cu Regulamentul [2015/848], instanțele dintr‑un stat membru sunt competente să deschidă procedura principală de insolvență a unui resortisant care deține în statul respectiv unicul său bun imobil, în pofida faptului că reședința obișnuită, a sa și a nucleului său familial, este situată în alt stat membru, în care desfășoară o activitate profesională salariată?” Cu privire la întrebarea preliminară Prin intermediul singurei întrebări adresate, instanța de trimitere solicită în esență să se stabilească dacă articolul 3 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul 2015/848 trebuie interpretat în sensul că prezumția pe care o prevede pentru a stabili competența internațională în vederea deschiderii unei proceduri de insolvență, potrivit căreia centrul intereselor principale ale unei persoane fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională este reședința sa obișnuită, este răsturnată doar prin faptul că unicul bun imobil al acestei persoane este situat în afara statului membru în care are reședința obișnuită. Astfel cum reiese din articolul 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul nr. 2015/848, criteriul general de legătură pentru stabilirea competenței internaționale în vederea deschiderii unei proceduri de insolvență este centrul intereselor principale ale debitorului. În cazul particular în care debitorul este o persoană fizică ce nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională, articolul 3 alineatul (1) al patrulea paragraf din acest regulament prevede o prezumție refragabilă potrivit căreia centrul intereselor principale ale acestei persoane este reședința sa obișnuită. Pentru a răspunde instanței de trimitere, trebuie, în primul rând, să se precizeze sensul și domeniul de aplicare al noțiunii de „centrul intereselor principale”, în sensul regulamentului menționat. În această privință, trebuie amintit, primo , că, potrivit unei jurisprudențe constante, atât din cerințele aplicării uniforme a dreptului Uniunii, cât și din cele ale principiului egalității rezultă că termenii unei dispoziții de drept al Uniunii care nu face nicio trimitere expresă la dreptul statelor membre pentru a stabili sensul și domeniul de aplicare al acesteia trebuie în mod normal să primească în întreaga Uniune o interpretare autonomă și uniformă, care trebuie stabilită ținând cont de contextul acelei dispoziții și de obiectivul urmărit de reglementarea în cauză (a se vedea Hotărârea din 20 octombrie 2011, Interedil, C‑396/09 , EU:C:2011:671 , punctul și jurisprudența citată). Astfel, dat fiind că articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 2015/848 nu conține nicio trimitere la dreptul statelor membre, noțiunile care figurează în acesta trebuie să primească o interpretare autonomă și uniformă. Mai precis, întrucât noțiunea de „centrul intereselor principale” este proprie acestui regulament, ea trebuie interpretată în mod uniform și independent de legislațiile naționale (a se vedea prin analogie Hotărârea din 20 octombrie 2011, Interedil, C‑396/09 , EU:C:2011:671 , punctul și jurisprudența citată). Secundo , Curtea a statuat cu privire la noțiunea de „centrul intereselor principale”, care figurează la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul nr. 1346/2000, că domeniul de aplicare al acestei noțiuni este clarificat de considerentul (13) al acestui regulament, care prevede că „«[c]entrul intereselor principale» trebuie să corespundă locului în care debitorul își conduce în mod obișnuit interesele și poate, prin urmare, să fie verificat de către terți”. Curtea a dedus de aici că din această definiție reiese că centrul intereselor principale trebuie identificat în funcție de criterii obiective și totodată verificabile de către terți. Această obiectivitate și această posibilitate de verificare de către terți sunt necesare pentru a garanta securitatea juridică și previzibilitatea în ceea ce privește stabilirea instanței competente să deschidă o procedură principală de insolvență (Ordonanța din 24 mai 2016, Leonmobili și Leone, C‑353/15 , nepublicată, EU:C:2016:374 , punctul , precum și jurisprudența citată). Aceeași interpretare trebuie reținută pentru a stabili sensul și domeniul de aplicare al noțiunii de „centrul intereselor principale” în sensul Regulamentului 2015/848. Astfel, după cum a arătat domnul avocat general la punctul 29 din concluziile sale, în cadrul acestui regulament, care a abrogat și a înlocuit Regulamentul nr. 1346/2000, utilizarea unor criterii obiective rămâne esențială pentru a asigura securitatea juridică și previzibilitatea stabilirii forului competent. În plus, normele de competență internațională prevăzute de Regulamentul nr. 2015/848 urmăresc, astfel cum se arată în considerentul (5) al acestuia, să se evite ca părțile să fie tentate să transfere active sau proceduri judiciare dintr‑un stat membru în altul, în încercarea de a obține o situație juridică mai favorabilă în detrimentul masei credale. Considerentul (28) al acestui regulament aduce de asemenea precizări utile în această privință, enunțând că, atunci când se stabilește dacă centrul intereselor principale ale debitorului este verificabil de către terți, ar trebui acordată o atenție deosebită creditorilor și percepției acestora privind locul în care debitorul își administrează interesele. Astfel, utilizarea unor criterii obiective care pot fi verificate de către terți pentru a determina centrul intereselor principale ale debitorului trebuie să permită determinarea forului cu care debitorul are o legătură reală și să răspundă astfel așteptărilor legitime ale creditorilor. Prin urmare, centrul intereselor principale ale unui debitor trebuie determinat în urma unei aprecieri globale a tuturor criteriilor obiective și verificabile de către terți, în particular de către creditori, susceptibile să determine locul efectiv în care debitorul își administrează în mod obișnuit interesele. Tertio , din înșiși termenii articolului 3 alineatul (1) primul paragraf din Regulamentul 2015/848 rezultă că considerațiile care precedă sunt valabile fără deosebire pentru orice debitor, indiferent dacă este vorba despre societăți, despre persoane juridice sau despre persoane fizice. Acest criteriu general de legătură pentru stabilirea competenței internaționale în vederea deschiderii unei proceduri de insolvență, precum și abordarea întemeiată pe criterii obiective și verificabile de către terți care trebuie adoptate pentru a‑l aplica sunt valabile, așadar, a fortiori pentru persoanele fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională. În aceste condiții, este necesar să se precizeze, astfel cum a arătat în esență domnul avocat general la punctele 45 și 49 din concluziile sale, că criteriile pertinente pentru determinarea centrului intereselor principale ale unei persoane fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională sunt cele care se raportează la situația sa patrimonială și economică, ceea ce corespunde locului în care această persoană își administrează interesele economice și în care sunt obținute și cheltuite majoritatea veniturilor sale sau locului în care se situează cea mai mare parte a activelor sale. În al doilea rând, trebuie să se precizeze domeniul de aplicare al prezumției enunțate la articolul 3 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul 2015/848. Rezultă din înșiși termenii acestei dispoziții, interpretată în lumina articolului 3 alineatul (1) primul paragraf din acest regulament, că se prezumă, până la proba contrară, că o persoană fizică ce nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională își administrează în mod obișnuit interesele la locul reședinței sale obișnuite, întrucât există o probabilitate ridicată ca acest loc să corespundă centrului intereselor sale economice principale. Rezultă că, atât timp cât această prezumție nu este răsturnată, instanțele din statul membru în care este situată această reședință au competență internațională pentru a deschide o procedură de insolvență împotriva persoanei fizice menționate. Cu toate acestea, articolul 3 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul 2015/848 prevede că această prezumție nu se aplică decât în absența unor probe care ar dovedi contrariul, iar considerentul (30) al acestui regulament precizează că ar trebui să fie posibilă răsturnarea prezumției menționate, de exemplu în cazul în care cea mai mare parte a activelor debitorului se află în afara statului membru în care debitorul are reședința obișnuită sau în cazul în care se poate stabili că principalul motiv al mutării a fost deschiderea unei proceduri de insolvență în fața noii instanțe și în cazul în care o astfel de deschidere ar putea afecta în mod semnificativ interesele creditorilor ale căror afaceri cu debitorul au avut loc înainte de mutare. Prin urmare, astfel cum a arătat domnul avocat general la punctul 55 din concluziile sale, doar faptul că sunt întrunite circumstanțe menționate în acest considerent nu poate fi suficient pentru răsturnarea prezumției prevăzute la articolul 3 alineatul (1) al patrulea paragraf din Regulamentul 2015/848. Astfel, deși locul unde sunt situate activele debitorului constituie unul dintre criteriile obiective și verificabile de către terți care trebuie luate în considerare pentru a stabili locul în care debitorul își administrează în mod obișnuit interesele, această prezumție nu poate fi răsturnată decât în urma unei aprecieri globale a tuturor acestor criterii. În consecință, faptul că unicul bun imobil al unei persoane fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională este situat în afara statului membru al reședinței sale obișnuite nu poate fi suficient în sine pentru a răsturna prezumția menționată. În speță, reclamanții din litigiul principal susțin în plus în fața instanței de trimitere că Portugalia este nu numai statul membru în care este situat unicul lor bun imobil, ci și cel în care au fost realizate tranzacțiile și au fost încheiate contractele care au determinat situația lor de insolvență. În această privință, deși cauza situației de insolvență nu este, ca atare, un element pertinent pentru a determina centrul intereselor principale ale unei persoane fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională, revine totuși instanței de trimitere sarcina de a lua în considerare toate elementele obiective și verificabile de către terții care se raportează la situația sa patrimonială și economică. Într‑un caz precum cel în discuție în litigiul principal, astfel cum s‑a amintit la punctul 24 din prezenta hotărâre, această situație este localizată în locul în care reclamanții din litigiul principal își administrează în mod obișnuit interesele economice și în care sunt obținute sau cheltuite majoritatea veniturilor lor ori în locul în care se situează cea mai mare parte a activelor lor. Ținând seama de ansamblul elementelor care precedă, este necesar să se răspundă la întrebarea adresată că articolul 3 alineatul (1) primul și al patrulea paragraf din Regulamentul 2015/848 trebuie interpretat în sensul că prezumția pe care o prevede pentru a stabili competența internațională în vederea deschiderii unei proceduri de insolvență, potrivit căreia centrul intereselor principale ale unei persoane fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională este reședința sa obișnuită, nu este răsturnată doar prin faptul că unicul bun imobil al acestei persoane este situat în afara statului membru în care are reședința obișnuită. Cu privire la cheltuielile de judecată Întrucât, în privința părților din litigiul principal, procedura are caracterul unui incident survenit la instanța de trimitere, este de competența acesteia să se pronunțe cu privire la cheltuielile de judecată. Cheltuielile efectuate pentru a prezenta observații Curții, altele decât cele ale părților menționate, nu pot face obiectul unei rambursări. Pentru aceste motive, Curtea (Camera a noua) declară: Articolul 3 alineatul (1) primul și al patrulea paragraf din Regulamentul (UE) 2015/848 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 mai 2015 privind procedurile de insolvență trebuie interpretat în sensul că prezumția pe care o prevede pentru a stabili competența internațională în vederea deschiderii unei proceduri de insolvență, potrivit căreia centrul intereselor principale ale unei persoane fizice care nu exercită o activitate independentă sau o activitate profesională este reședința sa obișnuită, nu este răsturnată doar prin faptul că unicul bun imobil al acestei persoane este situat în afara statului membru în care are reședința obișnuită. Semnături ( *1 ) Limba de procedură: portugheza.

62020CJ0090

et

Eelotsusetaotluses palutakse tõlgendada nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi ( ELT 2006, L 347, lk 1 ; edaspidi „käibemaksudirektiiv“), artikli 2 lõike 1 punkti c. Taotlus on esitatud Apcoa Parking Danmark A/S‑i (edaspidi „Apcoa“) ja Skatteministerieti (maksuministeerium, Taani) vahelises kohtuvaidluses seoses käibemaksu kogumisega kontrollikuludelt, mida Apcoa nõuab, kui autojuhid ei järgi nende parklate kasutamise tüüptingimusi, mis asuvad Apcoa hallataval eramaal. Õiguslik raamistik Liidu õigus Käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punktis c on ette nähtud, et käibemaksuga maksustatakse „teenuste osutamine tasu eest liikmesriigi territooriumil maksukohustuslase poolt, kes sellena tegutseb“. Selle direktiivi artikli 9 lõikes 1 on sätestatud: „„Maksukohustuslane“ on iga isik, kes mis tahes paigas teostab iseseisvalt mis tahes majandustegevust, olenemata nimetatud tegevuse eesmärgist või tulemustest. „Majandustegevus“ on tootja, ettevõtja ja teenuseid osutava isiku mis tahes tegevus, sealhulgas kaevandamis- ja põllumajandusalane tegevus ning kutsealane tegevus. Majandustegevusena käsitatakse eelkõige materiaalse või immateriaalse vara kasutamist kestva tulu saamise eesmärgil.“ Taani õigus Käibemaksuseadus 18. mai 1994. aasta käibemaksuseaduse (lov nr. 375 om merværdiafgift (Momsloven) ( Lovtidende 1994 A, lk 1727) põhikohtuasjas kohaldatava redaktsiooni (edaspidi „käibemaksuseadus“) § 4 lõige 1 sätestab: „Kaubad ja teenused, mida osutatakse tasu eest riigi territooriumil, maksustatakse käibemaksuga. „Kaubatarne“ on materiaalse vara omanikuna käsutamise õiguse üleminek. Teenuste osutamine hõlmab mis tahes muud sooritust.“ Selle seaduse § 13 lõike 1 punkt 8 näeb ette: „Käibemaksust on vabastatud järgmised kaubad ja teenused: […] 8) Kinnisvara haldamine, rendileandmine ja üürileandmine ning gaasi-, vee-, elektri- ja küttevarustus seoses üürile- või rendileandmisega. Maksuvabastus ei hõlma siiski […] kämpingu-, parkla- või reklaamikohtade üürileandmist ega hoiukappide üürileandmist.“ Sama seaduse § 27 lõikes 1 on ette nähtud: „Kaubatarnete ja teenuste osutamise korral koosneb maksustatav väärtus tasust, sealhulgas kauba või teenuse hinnaga otseselt seotud toetustest, kuid see ei hõlma käesoleva seaduse kohaselt makstavat maksu. Kui makse tehakse täielikult või osaliselt enne tarne toimumist või enne arve väljastamist, on maksustatav väärtus 80% saadud summast.“ Liiklusseadustik Eelotsusetaotluse esitanud kohus märgib, et liiklusseadustiku (færdselsloven) põhikohtuasjas kohaldatavas redaktsioonis ei ole loetletud olukordi, kus võib sisse nõuda eramaal ebaseaduslikult parkimise kontrollimise kulusid. Seaduses on siiski täpsustatud, et alates 2014. aastal tehtud seadusemuudatusest on selle seadustiku § 122c sätestatud: „[Ü]ldsusele avatud eravalduses parkimise korral võib kontrollitasu (kontrollikulud) kehtestada ainult siis, kui see on selgelt kohapeal märgitud (ilma, et see piiraks üldist ja selgelt märgitud parkimiskeeldu piirkonnas).“ Põhikohtuasi ja eelotsuse küsimus Taani õiguse alusel asutatud eraõigusliku äriühingu Apcoa põhitegevus on eramaal asuvate parklate haldamine kokkuleppel nende maaomanikega. Oma tegevuse raames määrab Apcoa kindlaks enda hallatavate parklate kasutamise tüüptingimused, näiteks tasu ja maksimaalset parkimisaega puudutavad tingimused. Iga parkla sissepääsu juures on märk, millel on kirjas esiteks, et „[p]arkimisala kasutatakse vastavalt eraõiguse sätetele“, ja teiseks, et „[e]eskirjade rikkumise korral võidakse sisse nõuda kontrollikulud summas 510 [Taani krooni] (DKK)“ (ligikaudu 70 eurot) või „510 DKK päevas“. Need summad kujutasid endast Apcoa asjaomastel maksustamisaastatel, s.o 2008. ja 2009. aastal kohaldatud kontrollikulusid. Vaidlust ei ole selles, et Apcoa tegeleb majandustegevusega käibemaksudirektiivi artikli 9 lõike 1 teise lõigu tähenduses ja ta on kohustatud tasuma käibemaksu parkimiskulude maksetelt, mis on tehtud kooskõlas maksete tegemise eeskirjadega. Seevastu vaidleb ta vastu sellele, et ta peab maksu tasuma kontrollikuludelt. Apcoa esitas 25. oktoobril 2011 SKAT‑le (Taani maksuhaldur) taotluse, milles palus tagastada käibemaks, mis oli nendelt kontrollikuludelt perioodil alates 1. septembrist 2008 kuni 31. detsembrini 2009 tasutud ja mille summa oli 25089292 Taani krooni (ligikaudu 3370000 eurot). Maksuhaldur jättis 12. jaanuari 2012. aasta otsusega selle taotluse rahuldamata põhjendusel, et vastavalt kohaldatavatele riigisisestele õigusnormidele, nagu need on esitatud käesoleva kohtuotsuse punktides 5–8, peeti Taani õiguses neid kontrollikulusid käibemaksuga maksustatavaks. Taotluse rahuldamata jätmise otsuse peale, mille Landsskatteretten (riiklik maksuvaidluste lahendamise komisjon, Taani) muutmata jättis, esitas Apcoa kaebuse Retten i Koldingile (Koldingi esimese astme kohus, Taani). See kohus jättis 23. jaanuari 2017. aasta otsusega kaebuse rahuldamata, asudes sisuliselt seisukohale, et Apcoa määratud kontrollikulud, mille ta kvalifitseeris „suurendatud parkimistasuks“, mida ta kogus siis, kui autojuht ei järginud Apcoa hallatavate parklate kasutamise tüüptingimusi, kujutavad endast vastutasu sellele autojuhile osutatud parkimisteenuse eest. Apcoa esitas selle kohtuotsuse peale apellatsioonkaebuse Vestre Landsretile (läänepiirkonna apellatsioonikohus, Taani). Kohus jättis apellatsioonkaebuse 10. septembri 2018. aasta otsusega rahuldamata põhjendusel, et käesoleval juhul on parkimisteenuse ja eramaal ebaseadusliku parkimisega seotud kontrollikulude tasumise vahel otsene seos. Seega tuli seda summat pidada tasuks teenuste osutamise eest käibemaksuseaduse § 4 lõike 1 tähenduses. Vestre Landsreti (läänepiirkonna apellatsioonikohus) otsuse peale esitati eelotsusetaotluse esitanud kohtule Højesteretile (kõrgeim kohus) kassatsioonkaebus, mille raames Apcoa väitis sisuliselt, et summa, mille ta arvel nende kontrollikulude eest esitab, ei kujuta juhul, kui autojuht rikub Apcoa hallatavate parklate kasutamise tüüptingimusi, tasu parkimisõiguse säilimise eest, millele see autojuht saab tugineda parkimistasu maksmise eest. Seda summat ei saa pidada käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punkti c kohaldamisalasse kuuluvaks koostoimes käibemaksuseaduse § 4 lõikega 1, kuivõrd summa on esiteks varem kindlaks määratud, ilma et sellel puuduks konkreetne majanduslik seos osutatud parkimisteenuse väärtusega, ja teiseks kujutab see Taani õiguses endast trahvi nende üldiste kasutustingimuste rikkumise eest. Maksuministeerium väidab vastu, et kuna asjaomane autojuht saab vastutasuks ebaseadusliku parkimise kontrollimise kulude eest võimaluse tegelikult kasutada parkimiskohta, siis on parkimisteenuse ja nende kontrollikulude vahel otsene seos. Maksuministeerium märgib lisaks, et need kontrollikulud moodustavad olulise osa Apcoa käibest, kuna samade kontrollikuludena saadud summad moodustasid näiteks 2009. maksustamisaastal 34% tema käibest. Eelotsusetaotluse esitanud kohus rõhutab kõigepealt, et käesolev eelotsusetaotlus puudutab üksnes küsimust, kas käibemaksuga tuleb maksustada kontrollikulud, mida Apcoa kogub juhul, kui autojuht ei ole järginud selle äriühingu hallatava parkla kasutamise tüüptingimusi. Lisaks täpsustab see kohus, et esiteks ei ole vaidlust selles, et parkimine ise on käibemaksuga maksustatav, ja teiseks ei puuduta põhikohtuasi Apcoa ja asjaomase parkimisala omaniku vahel jaotatud summade maksustamist käibemaksuga. Seda täpsustust arvestades toob nimetatud kohus siiski välja 13 juhtumit, mil Apcoa kogub kontrollikulusid ebaseadusliku parkimise eest, nimelt kui: „1. Makstud tasu ei ole piisav. 2. Kehtiv parkimispilet ei ole tuuleklaasil nähtav. 3. Piletit ei saa kontrollida, näiteks kui parkimispilet ei ole nõuetekohaselt paigutatud. Juhtumeid 1–3 kohaldatakse tasuliste parklate puhul. 4. Kehtiv parkimispilet puudub, näiteks elamurajoonis parkimise korral, mille jaoks on nõutav eriparkimiskohtade kasutamise luba. 5. Parkimine puuetega inimestele mõeldud kohas. See ebaseaduslikul parkimisel kontrollikulude kohaldamise põhjendus eeldab, et puuetega inimestele mõeldud parkimiskoht on märgistatud olenemata sellest, kas parkimine on tasuta või tasuline. Nendes kohtades parkimiseks peab autojuht olema pannud oma sõiduki tuuleklaasile tõendi oma liikumispuude kohta. 6. Parkimine väljaspool tähistatud parkimiskohti. See ebaseaduslikul parkimisel kontrollikulude kohaldamise põhjendus puudutab igat liiki parkimiskohti, kui märgil on kirjas, et parkida tuleb parkimiskohtade sisse. 7. Parkimine keelatud. See ebaseaduslikul parkimisel kontrollikulude kohaldamise põhjendus puudutab näiteks parkimist juurdepääsuteel, mis on mõeldud kasutamiseks tuletõrjesõidukitele. 8. Reserveeritud parkimisala. See ebaseaduslikul parkimisel kontrollikulude kohaldamise põhjendus puudutab igat liiki parkimiskohti, mille puhul on nõutav parkimine konkreetsetes kohtades. 9. Nähtaval oleva parkimiskella puudumine. 10. Parkimiskell ei ole õigesti reguleeritud või näidatud parkimisaeg on ületatud. 11. Parkimiskell ei ole loetav. See ebaseaduslikul parkimisel kontrollikulude kohaldamise põhjendus puudutab näiteks juhtumit, kui parkimiskella osutid on kella küljest lahti või kui elektroonilises kellas on viga. 12. Mitu parkimiskella. See ebaseaduslikul parkimisel kontrollikulude kohaldamise põhjendus puudutab juhtumeid, kus asjaomane autojuht on pannud sõiduki tuuleklaasile mitu parkimiskella selleks, et pikendada oma parkimisaega. Juhtumeid 9–12 kohaldatakse juhtudel, kus parkimine on piiratud ajal tasuta, kuid kus on sõiduki parkimise aja alguse tõendina nõutav parkimiskell. 13. Muu. See ebaseaduslikul parkimisel kontrollikulude kohaldamise põhjendus puudutab asjaomaste parklate kasutamise üldeeskirju, mis ei vasta ühelegi 12 eelnevale juhtumile. Seda põhjendust kohaldatakse näiteks juhul, kui parkimine selgelt takistab liiklust. Kui seda põhjendust kasutatakse kontrollikulude sissenõudmise õigustamiseks, siis tuleb seda täiendada rikkumist kirjeldava tekstiga.“ Eelotsusetaotluse esitanud kohus meenutab seejärel Euroopa Kohtu praktikas käibemaksuga maksustatavate teenuste valdkonnas peamisi seisukohti esiteks seoses tingimustega, mis puudutavad „vastastikuseid sooritusi“, mis loob „õigussuhte“, mis olenevalt olukorrast väljendab „otsest seost“ osutatud teenuse ja selle eest saadud tasu vahel, ning teiseks seoses tingimusega, et makstud summad kujutavad endast „tegelikku tasu individualiseeritava teenuse eest“. Eelotsusetaotluse esitanud kohus viitab eelkõige 18. juuli 2007. aasta kohtuotsusele Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 ) ja 22. novembri 2018. aasta kohtuotsusele MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia ( C‑295/17 , EU:C:2018:942 ), täpsustades, et põhikohtuasjas tugineb Apcoa neist esimesele kohtuotsusele, samas kui maksuministeerium tõi eriti esile teist lahendit. Lõpuks märgib eelotsusetaotluse esitanud kohus, et tavapäraselt on Taanis summasid, mida niisugused eraõiguslikud haldamisega tegelevad äriühingud nagu Apcoa koguvad õigusvastase parkimise kontrollimise kulude eest, alati käsitatud käibemaksuga maksustatavatena. Sellega seoses viitab ta oma kohtupraktikale, mis tuleneb eelkõige 12. aprilli 1996. aasta kohtuotsusest ja milles ta võttis seisukoha selliste kontrollikulude laadi kohta käibemaksu seisukohalt, mille ta kvalifitseeris „suurendatud parkimistasudeks“. Sellest kohtuotsusest nähtub, et selliseid „suurendatud tasusid“, mida koguti kvaasilepingulise suhte alusel, tuleb pidada tasuks teenuste osutamise eest ja seega käibemaksuga maksustada hoolimata asjaolust, et need „suurendatud tasud“ olid kindlaks määratud varem kehtestatud ja märkimisväärse tariifina võrreldes tasuga, mis vastab parkimistasule, kusjuures nende „suurendatud tasude“ eesmärk oli vältida ebaseaduslikku parkimist. Järelikult on võimalik asuda seisukohale, et asjaomaste parklate kasutamise tüüptingimusi rikkunud autojuhi kohustus tasuda ebaseadusliku parkimise korral kontrollikulusid põhineb kvaasilepingulisel suhtel ning on seega Apcoa ja kõnealuse autojuhi vahel „õigussuhe“3. märtsi 1994. aasta kohtuotsuse Tolsma ( C‑16/93 , EU:C:1994:80 , punktid ja ) tähenduses. Siiski jääb kahtlus küsimuses, kas neid kontrollikulusid võib õiguspäraselt pidada tasuks käibemaksuga maksustatavate teenuste osutamise eest, nimelt kinnitab seda kahtlust asjaolu, et selle kohtu käsutuses oleva teabe kohaselt ei maksusta teiste liidu liikmesriikide maksuhaldurid, näiteks Saksamaa Liitvabariik ja Rootsi Kuningriik, selliseid kontrollikulusid käibemaksuga. Neil asjaoludel otsustas Højesteret (kõrgeim kohus) menetluse peatada ja esitada Euroopa Kohtule järgmise eelotsuse küsimuse: „Kas [käibemaksudirektiivi] artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kontrollikulu eramaal parkimise tingimuste rikkumise eest kujutab endast tasu osutatud teenuse eest ja kas seega on tegemist käibemaksuga maksustatava tehinguga?“ Eelotsuse küsimuse analüüs Eelotsusetaotluse esitanud kohus soovib oma küsimusega sisuliselt teada, kas käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kontrollikulu, mida eraparklate käitamisega tegelev eraõiguslik äriühing kogub juhul, kui autojuht ei ole järginud nende parklate kasutamise tüüptingimusi, tuleb käsitada vastutasuna nende teenuste eest, mida osutati tasu eest selle sätte tähenduses, ning on sellisena käibemaksuga maksustatav. Sellega seoses tuleb meenutada, et käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punkti c kohaselt, mis määratleb käibemaksu kohaldamisala, maksustatakse käibemaksuga teenuste osutamine tasu eest liikmesriigi territooriumil maksukohustuslase poolt, kes sellena tegutseb. Teenuseid osutatakse kõnealuse sätte tähenduses „tasu eest“ vaid siis, kui teenuse osutaja ja teenuse saaja vahel on õigussuhe, millega seotud sooritused on vastastikused, kusjuures teenuse osutaja saadav tasu on vastavuses teenuse saajale osutatava individualiseeritud teenuse tegeliku väärtusega. Sellega on tegemist juhul, kui osutatud teenuse ja saadud tasu vahel on otsene seos (16. septembri 2021. aasta kohtuotsus Balgarska natsionalna televizia, C‑21/20 , EU:C:2021:743 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul tuleb märkida, et kindlaksmääratud kohta parkimine, mis asub ühes parklatest, mida haldab Apcoa, loob õigussuhte selle äriühingu kui teenuse osutaja ja asjaomase parkla haldaja ning seda parkimiskohta kasutava autojuhi vahel. Sellega seoses nähtub Euroopa Kohtu valduses olevast toimikust, et selle õigussuhte raames on pooltel õigused ja kohustused vastavalt asjaomaste parklate kasutamise tüüptingimustele, mille hulgas on eelkõige Apcoa poolt autoparklate kasutusse andmine ja asjaomase autojuhi kohustus maksta lisaks parkimistasule olenevalt olukorrast juhul, kui neid tüüptingimusi ei järgitud, õigusvastase parkimise kontrollimise kuludele vastav summa, mis on kirjas käesoleva kohtuotsuse punktis 11 nimetatud märkidel. Seega, mis käesolevas kontekstis puudutab esiteks vastastikuste soorituste tegemise tingimust käesoleva kohtuotsuse punktis 27 viidatud kohtupraktika tähenduses, siis näib, et see tingimus on täidetud. Parkimistasu ja olenevalt olukorrast ebaseadusliku parkimise kontrollimise kuludele vastava summa maksmine kujutab endast tasu parkimiskoha kasutusse andmise eest. Teiseks, mis puudutab tingimust, mille kohaselt on nõutav, et teenuse osutaja saadav tasu vastaks teenuse saajale osutatava teenuse tegelikule väärtusele käesoleva kohtuotsuse punktis 27 viidatud kohtupraktika tähenduses, siis tuleb sama moodi kohtujuristi ettepaneku punktis 51 esitatuga märkida, et autojuht, kes maksab kontrollikulude eest, sai enda kasutusse parkimiskoha või ‑ala ning et nende kontrollikulude suurus tuleneb asjaolust, et tingimused, millega asjaomane autojuht nõustus, on täidetud. Seega kujutab nende summade kogusumma, mida autojuht oli kohustatud tasuma Apcoa osutatud parkimisteenuse eest, sealhulgas olenevalt olukorrast kontrollikulud õigusvastase parkimise eest, endast tingimusi, mille alusel autojuht tegelikult sai kasutada parkimiskohta, ja seda isegi juhul, kui ta otsustas seda ülemäära kasutada, ületades lubatud parkimisaega, jättes nõuetekohaselt tõendamata oma parkimisõiguse või parkides kohale, mis on reserveeritud või tähistamata, või takistades teisi liiklejaid vastuolus asjaomaste parklate kasutamise tüüptingimustega. Järelikult ilmneb, et need kontrollikulud võivad olla otseselt seotud parkimisteenusega ja seega võib neid pidada lahutamatuks osaks kogusummast, mida autojuht on kohustatud tasuma Apcoale, kui ta otsustab oma sõiduki parkida ühes neist parklatest, mida see äriühing haldab. Lisaks vastab nende kontrollikulude summa nendest kuludest ühe osa hüvitamisele, mis on seotud teenustega, mida Apcoa talle osutab. Nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 61 märkis, võtab see summa tingimata arvesse parklate käitamise kõrgemat hinda, mille on põhjustanud parkimine, mis ei vasta pakutava teenuse kasutamise tavapärastele tingimustele. Selle tasu eesmärk on ka tagada Apcoale lepinguline tasu teenuse eest, mis on tehtud kasutajale omistatavatel tingimustel ja mis ei muuda nende suhte tegelikku majanduslikku ja kaubanduslikku sisu. Seda kaalutlust kinnitavad täpsustused, mille Apcoa esitas vastuseks talle käesolevas menetluses Euroopa Kohtu saadetud kirjalikele küsimustele ja mille kohaselt kinnitas see äriühing sisuliselt, et ta saab nendest kontrollikuludest alalist tulu. Sellega seoses nähtub Euroopa Kohtule esitatud toimikust, et 2008. ja 2009. maksustamisaastal oli nendest kontrollikuludest saadud tulu ligikaudu 35% tema käibest ehk 10,4 miljonit eurot 2008. aastal ja 11 miljonit eurot 2009. aastal. Lisaks märgib Apcoa Euroopa Kohtu kirjalikele küsimustele antud vastustes sisuliselt, et kui pärast seda, kui lõpeb parkimisaeg, mille eest asjaomane autojuht maksis parkimistasu, ei lahku juht oma sõidukiga, on sõiduk endiselt pargitud tasu eest, mida olenevalt olukorrast korduvalt kogutakse õigusvastase parkimise kontrollimise kuludena, seni kuni autojuht tuleb sõidukile järele. Need asjaolud tõendavad otsese seose olemasolu osutatud teenuse ja Apcoa kogutud kontrollikulude vahel käesoleva kohtuotsuse punktis 27 viidatud kohtupraktika tähenduses. Seda järeldust kinnitab asjaomase tehingu tegelik majanduslik ja kaubanduslik sisu, mida peab kontrollima eelotsusetaotluse esitanud kohus. Mis puudutab lepingutingimuste tähtsust maksustatava tehingu puhul, siis tuleb märkida, et majandusliku ja kaubandusliku tegelikkuse arvessevõtmine on ühise käibemaksusüsteemi kohaldamise põhikriteerium (vt selle kohta 22. novembri 2018. aasta kohtuotsus MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Apcoa ja Euroopa Komisjon väitsid siiski, et summat, mille autojuht selliste kontrollikuludena maksis, ei saa pidada teenuse saajale osutatava individualiseeritava teenuse tegelikuks väärtuseks ega pidada eraldi teenuse osutamise eest makstavaks tasuks 18. juuli 2007. aasta kohtuotsuse Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 , punktid – ) tähenduses, kuna Apcoa poolt parkimiskoha kasutusse andmine ei sõltu sellest, kas asjaomane autojuht on need kontrollikulud tasunud. Sellega seoses tuleb märkida, et käibemaksu seisukohalt tuleb iga sooritust üldjuhul pidada eraldiseisvaks ja sõltumatuks, nagu nähtub käibemaksudirektiivi artikli 1 lõike 2 teisest lõigust (17. jaanuari 2013. aasta kohtuotsus BGŻ Leasing, C‑224/11 , EU:C:2013:15 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika, ning 10. novembri 2016. aasta kohtuotsus Baštová, C‑432/15 , EU:C:2016:855 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Euroopa Kohus on siiski möönnud, et otsene seos on olemas juhul, kui kaks sooritust on vastastikku seotud: üks tehakse üksnes tingimusel, et teine tehakse samuti, ja vastupidi (11. märtsi 2020. aasta kohtuotsus San Domenico Vetraria, C‑94/19 , EU:C:2020:193 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Käesoleval juhul on see nii, kuna – nagu kohtujurist oma ettepaneku punktis 66 märkis – omavahel on seotud asjaolu, et Apcoa kogub õigusvastase parkimise kontrollimise kulusid, ning asjaolu, et autojuht pargib Apcoa kindlaksmääratud erilistel asjaoludel, mis on aluseks sellele kõrgemale tariifile. Nimelt ei ole vaja õigusvastast parkimist kontrollida ja järelikult ei kehtestata selliseid kontrollikulusid juhul, kui parkimiskoha kasutusse andmise teenust ei ole varem osutatud. Lisaks tuleb tõdeda, et kohtuasjas, milles tehti 18. juuli 2007. aasta kohtuotsus Société thermale d’Eugénie-les-Bains ( C‑277/05 , EU:C:2007:440 ), kõnealuseid teenuseid ei osutatud. Põhikohtuasjas aga osutati parkimiskoha kasutada andmise teenust. Samuti ei lükka käesoleva kohtuotsuse punktis 37 tehtud järeldust ümber Apcoa argumendid, mille kohaselt on esiteks summa, mille ta arvetel esitab õigusvastase parkimise kontrollimise kuluna, varem kindlaks määratud ja sellel puudub konkreetne majanduslik seos osutatud parkimisteenuse väärtusega, ning teiseks kujutab see summa Taani õiguses endast leppetrahvi. Mis puudutab esimesena Apcoa argumenti, mille kohaselt on see summa varem kindlaks määratud ja sellel puudub konkreetne majanduslik seos osutatud parkimisteenuse väärtusega, siis tuleb meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt ei ole tehingu kvalifitseerimisel teenuse osutamiseks tasu eest käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punkti c tähenduses asjasse puutuv tasu suurus, eelkõige asjaolu, kas tasu on sama suur, suurem või väiksem kuludest, mis maksukohustuslasele oma teenuse osutamise käigus tekkis. Nimelt ei mõjuta see asjaolu otsest seost osutatud teenuste ja nende eest saadava tasu vahel (11. märtsi 2020. aasta kohtuotsus San Domenico Vetraria, C‑94/19 , EU:C:2020:193 , punkt ja seal viidatud kohtupraktika). Mis puudutab teisena Apcoa argumenti, et summa, mille ta arvetel esitab õigusvastase parkimise kontrollimise kuluna, kvalifitseeritakse riigisiseses õiguses leppetrahviks, siis piisab, kui meenutada, nagu sisuliselt märkis kohtujurist oma ettepaneku punktis 42, et käibemaksudirektiivi sätete tõlgendamisel on hinnangu andmine sellele, kas tasu makstakse vastutasuna teenuste osutamise eest, liidu õiguse küsimus, mis tuleb lahendada eraldi hinnangust, mis antakse riigisisese õiguse alusel (22. novembri 2018. aasta kohtuotsus MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, C‑295/17 , EU:C:2018:942 , punktid ja ). Kõiki eespool toodud kaalutlusi arvestades tuleb esitatud küsimusele vastata, et käibemaksudirektiivi artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kontrollikulu, mida eraparklate käitamisega tegelev eraõiguslik äriühing kogub juhul, kui autojuht ei ole järginud nende parklate kasutamise tüüptingimusi, tuleb käsitada vastutasuna nende teenuste eest, mida osutati tasu eest selle sätte tähenduses, ning on sellisena käibemaksuga maksustatav. Kohtukulud Kuna põhikohtuasja poolte jaoks on käesolev menetlus eelotsusetaotluse esitanud kohtus poolelioleva asja üks staadium, otsustab kohtukulude jaotuse liikmesriigi kohus. Euroopa Kohtule seisukohtade esitamisega seotud kulusid, välja arvatud poolte kohtukulud, ei hüvitata. Esitatud põhjendustest lähtudes Euroopa Kohus (teine koda) otsustab: Nõukogu 28. novembri 2006. aasta direktiivi 2006/112/EÜ, mis käsitleb ühist käibemaksusüsteemi, artikli 2 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et kontrollikulu, mida eraparklate käitamisega tegelev eraõiguslik äriühing kogub juhul, kui autojuht ei ole järginud nende parklate kasutamise tüüptingimusi, tuleb käsitada vastutasuna nende teenuste eest, mida osutati tasu eest selle sätte tähenduses, ning on sellisena käibemaksuga maksustatav. Allkirjad ( *1 ) Kohtumenetluse keel: taani.

62009CJ0145

lt

Verwaltungsgericht Stuttgart (Štutgarto administracinis teismas), nurodydamas, kad didžioji jo šeimos dalis gyvena Vokietijoje. Be to, anot jo, iš 2007 m. rugpjūčio 28 d. Landgericht Stuttgart nuosprendžio matyti, kad jis buvo nereikšmingas organizuotos grupės narys. Kadangi jis augo ir lankė mokyklą Vokietijoje, grėsmė, kaip ji suprantama pagal Įstatymo dėl laisvo Sąjungos piliečių judėjimo 6 straipsnio 1 dalį, jo nuomone, nekyla. Jis taip pat palaiko itin artimus santykius su tėvu, kuris gyvena Vokietijoje ir jį nuolat lanko laisvės atėmimo vietoje. Jis pasidavė policijai, o tai, jo manymu, parodo, kad atlikęs bausmę jis nebekels grėsmės viešajai tvarkai, todėl sprendimas, kad jis prarado teisę atvykti į Vokietijos teritoriją ir joje apsigyventi, neproporcingas. Galiausiai jis pažymėjo, kad šiuo metu Australijoje pas savo dukrą esanti jo motina 2009 m. pavasarį atvyks visam laikui apsigyventi su savo sutuoktiniu Vokietijoje. 2008 m. lapkričio 24 d. Verwaltungsgericht Stuttgart panaikino 2008 m. rugpjūčio 19 d. Regierungspräsidium Stuttgart sprendimą. Šio teismo nuomone, baudžiamojo teistumo savaime nepakanka Sąjungos piliečio teisei atvykti ir apsigyventi šalies teritorijoje panaikinti, nes toks panaikinimas suponuoja didelį, faktinį ir pakankamą pavojų vienam iš esminių visuomenės interesų, kaip tai suprantama pagal Įstatymo dėl laisvo Sąjungos piliečių judėjimo 6 straipsnio 2 dalį. Be to, įgyvendinant Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalį teisė atvykti ir apsigyventi taikant Įstatymo dėl laisvo Sąjungos piliečių judėjimo 6 straipsnio 1 dalį tokiu kaip P. Tsakouridis, gyvenusio Vokietijos teritorijoje daugiau kaip 10 metų, atveju gali būti panaikinta tik esant imperatyviam visuomenės saugumo interesui, kaip tai išplaukia iš aptariamo įstatymo 6 straipsnio 5 dalies pirmojo sakinio. Šiuo klausimu Verwaltungsgericht Stuttgart pažymėjo, kad dėl gyvenimo Rodo saloje P. Tsakouridis neprarado leidimo nuolat gyventi Vokietijoje, nes pagal nagrinėjamo 6 straipsnio 5 dalies pirmą sakinį nėra reikalaujama be pertraukos dešimt metų gyventi Vokietijos teritorijoje. Verwaltungsgericht Stuttgart nusprendė, kad šiuo atveju nėra „imperatyvių visuomenės saugumo priežasčių“, kaip jos suprantamos pagal Įstatymo dėl laisvo Sąjungos piliečių judėjimo 6 straipsnio 5 dalies paskutinį sakinį, galinčių pateisinti išsiuntimo iš šalies priemonę. Jo teigimu, visuomenės saugumo sąvoka apima tik išorinį ir vidinį valstybės narės saugumą ir todėl yra siauresnė nei viešosios tvarkos sąvoka, kuri taip pat apima valstybės baudžiamosios teisės sistemą. Minimalios Įstatymo dėl laisvo Sąjungos piliečių judėjimo 6 straipsnio 5 dalies paskutiniame sakinyje numatytos bausmės viršijimas neleidžia daryti išvados dėl imperatyvių visuomenės saugumo priežasčių buvimo, siekiant imtis išsiuntimo priemonės. P. Tsakouridis gali kelti didelę grėsmę viešajai tvarkai, tačiau valstybei ir jos institucijų egzistencijai arba gyventojų išlikimui jokiu būdu nedaro įtakos. Be to, teismo teigimu, šiais aspektais Regierungspräsidium Stuttgart ir nesirėmė. Nagrinėdamas apeliacinį skundą dėl 2008 m. lapkričio 24 d. Verwaltungsgericht Stuttgart sprendimo, Verwaltungsgerichtshof Baden‑Württemberg (Badeno‑Viurtembergo vyriausiasis administracinis teismas) nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus: „1.      Ar Direktyvos 2004/38 <...> 28 straipsnio 3 dalyje vartojama sąvoka „imperatyvios visuomenės saugumo priežastys“ aiškintina taip, kad išsiuntimo iš šalies priemonę gali pagrįsti tik neatremiama grėsmė išoriniam ir vidiniam valstybės narės saugumui, būtent valstybės ir jos pagrindinių institucijų egzistencijai, jų funkcionavimui, šalies gyventojų išlikimui, išoriniams santykiams ir taikiam tautų sugyvenimui? 2.      Kokiomis sąlygomis gali būti prarasta Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punkte nustatyta sustiprinta apsauga nuo išsiuntimo iš šalies, kuri įgyjama pragyvenus priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų? Ar tokiomis aplinkybėmis mutatis mutandis taikoma Direktyvos 2004/38/EB 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta įgytos nuolatinio gyvenimo šalyje teisės praradimo sąlyga? 3.      Jeigu į antrąjį klausimą būtų atsakyta teigiamai, o Direktyvos 2004/38 16 straipsnio 4 dalis būtų taikytina mutatis mutandis , ar sustiprinta apsauga nuo išsiuntimo iš šalies gali būti prarasta vien pasibaigus nustatytam laikotarpiui, neatsižvelgiant į išvykimo priežastis? 4.      Taip pat, jeigu būtų teigiamai atsakyta į antrąjį klausimą, o Direktyvos 2004/38 16 straipsnio 4 dalis būtų taikytina mutatis mutandis , ar tai, kad dėl pradėto baudžiamojo proceso asmuo priverstinai grįžo į priimančiąją valstybę narę prieš pasibaigiant dvejų metų laikotarpiui, gali išsaugoti sustiprintą apsaugą nuo išsiuntimo iš šalies, net jei grįžus kurį laiką negalima įgyvendinti pagrindinių laisvių?“ Dėl prejudicinių klausimų Dėl antrojo, trečiojo ir ketvirtojo klausimų Savo antruoju, trečiuoju ir ketvirtuoju klausimais, kuriuos reikia nagrinėti pirmiausia, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės klausia, kokia apimtimi išvykimai iš priimančios valstybės narės teritorijos per Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punkte nustatytą laikotarpį, t. y. per dešimties metų laikotarpį iki priimant sprendimą išsiųsti suinteresuotąjį asmenį iš šalies, užkerta jam kelią pasinaudoti šioje nuostatoje numatyta sustiprinta apsauga. Pagal Teisingumo Teismo praktiką Direktyva 2004/38 skirta tam, kad būtų supaprastintas naudojimasis pagrindine ir asmenine teise laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, kuri pagal Sutartį tiesiogiai suteikiama Sąjungos piliečiams, ir ja siekiama sustiprinti šią teisę, todėl šiems piliečiams pagal šią direktyvą negali būti suteikta mažiau teisių nei pagal ja pakeistus ar panaikintus antrinės teisės aktus (žr. 2008 m. liepos 25 d. Sprendimo Metock ir kt. , C‑127/08, Rink. p. I-6241, 59 ir 82 punktus bei 2010 m. spalio 7 d. Sprendimo Lassal , C‑162/09, Rink. p. I‑0000, 30 punktą). Iš Direktyvos 2004/38 23 konstatuojamosios dalies išplaukia, kad Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių išsiuntimas iš šalies dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių yra priemonė, galinti rimtai pakenkti asmenims, kurie, pasinaudodami jiems Sutarties suteikiamomis teisėmis ir laisvėmis, galutinai integravosi priimančiojoje valstybėje narėje. Būtent dėl šios priežasties, kaip matyti iš Direktyvos 2004/38 24 konstatuojamosios dalies, ja sukuriama apsaugos nuo išsiuntimo priemonių sistema, kuri grindžiama atitinkamų asmenų integracijos priimančiojoje valstybėje narėje laipsniu, ir todėl kuo didesnis Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių integracijos laipsnis priimančiojoje valstybėje narėje, tuo didesnė turėtų būti apsauga nuo išsiuntimo iš šalies. Šiuo tikslu aptariamos direktyvos 28 straipsnio 1 dalyje bendrai numatyta, kad, prieš priimdama sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies dėl viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių, priimančioji valstybė narė, be kita ko, turi atsižvelgti į tai, kiek ilgai atitinkamas asmuo gyveno jos teritorijoje, į jo amžių, sveikatos būklę, šeiminę ir ekonominę padėtį, socialinę ir kultūrinę integraciją priimančiojoje valstybėje narėje ir jo sąsajas su kilmės šalimi. Pagal šio straipsnio 2 dalį sprendimas dėl išsiuntimo iš šalies negali būti priimtas Sąjungos piliečių ar jų šeimos narių, neatsižvelgiant į pilietybę, kurie turi nuolatinio gyvenimo jos teritorijoje teisę pagal šios direktyvos 16 straipsnį, atžvilgiu, „išskyrus rimtas viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežastis“. Kalbant apie Sąjungos piliečius, kurie gyveno priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius 10 metų, pažymėtina, kad Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalyje apsauga nuo išsiuntimo priemonių dar labiau sustiprinama, numačius, kad tokių priemonių negalima imtis, išskyrus sprendimus, pagrįstus „imperatyviomis visuomenės saugumo pagal valstybių narių apibrėžimą priežastimis“. Vis dėlto Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punkte, pagal kurį naudojimasis sustiprinta apsauga priklauso nuo suinteresuotojo asmens buvimo atitinkamoje valstybėje narėje per dešimties metų laikotarpį prieš imantis išsiuntimo priemonės, nieko nesakoma apie aplinkybes, kurios gali nutraukti dešimties metų buvimo šalyje siekiant įgyti šioje nuostatoje numatytą teisę į sustiprintą apsaugą nuo išsiuntimo iš šalies laikotarpį. Vadovaudamasis prielaida, kad sustiprinta apsauga, kaip ir teisė nuolat gyventi šalyje, įgyjama po tam tikros trukmės gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje ir kad vėliau ji gali būti prarasta, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas mano, jog būtų galima pagal analogiją taikyti Direktyvos 2004/38 16 straipsnio 4 dalyje numatytus kriterijus. Nors visiškai teisinga, kad Direktyvos 2004/38 23 ir 24 konstatuojamosiose dalyse numatyta ypatinga asmenų, kurie galutinai integravosi priimančioje valstybėje narėje, apsauga, be kita ko, jeigu jie ten gimė ir gyveno visą gyvenimą, atsižvelgiant į šios direktyvos 28 straipsnio 3 dalies formuluotę lemiamas kriterijus yra klausimas, ar Sąjungos pilietis gyveno šioje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų prieš priimant sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies. Kalbant apie klausimą, kokia apimtimi išvykimai iš priimančios valstybės narės teritorijos per Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punkte nustatytą laikotarpį, t. y. per dešimties metų laikotarpį iki priimant sprendimą išsiųsti suinteresuotąjį asmenį iš šalies, užkerta jam kelią pasinaudoti sustiprinta apsauga, reikia kiekvienu atveju bendrai įvertinti suinteresuotojo asmens situaciją konkrečiu momentu, kai iškyla klausimas dėl išsiuntimo. Nacionalinės institucijos, kurioms pavesta taikyti Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalį, kiekvienu nagrinėjamu atveju privalo atsižvelgti į visas reikšmingas aplinkybes, be kita ko, į kiekvieno suinteresuotojo asmens išvykimo iš priimančios valstybės narės trukmę, į bendrą šių išvykimų trukmę ir jų dažnumą bei į pagrindus, kuriais suinteresuotasis asmuo vadovavosi išvykdamas iš šios valstybės narės. Reikia patikrinti, ar nagrinėjami išvykimai reiškia, kad suinteresuotojo asmens asmeninių, šeiminių ar profesinių interesų centras persikėlė į kitą valstybę. Į aplinkybę, kad suinteresuotasis asmuo buvo priverstinai grąžintas į priimančiąją valstybę narę, kad atliktų joje laisvės atėmimo bausmę, ir į laisvės atėmimo vietoje praleistą laiką kartu su pirmesniame punkte išvardytais kriterijais gali būti atsižvelgta atliekant reikalaujamą bendrą vertinimą, siekiant nustatyti, ar prieš tai su priimančiąja valstybe nare užmegzti integraciniai ryšiai buvo nutraukti. Ar taip yra pagrindinėje byloje, turi įvertinti nacionalinis teismas. Jeigu jis padarytų išvadą, kad P. Tsakouridis išvykimai iš priimančiosios valstybės narės teritorijos negali užkirsti jam kelio pasinaudoti sustiprinta apsauga, jis turėtų patikrinti, ar sprendimas dėl išsiuntimo iš šalies pagrįstas imperatyviomis visuomenės saugumo priežastimis, kaip jos suprantamos pagal Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalį. Reikia priminti, kad siekdamas pateikti naudingą atsakymą nacionaliniam teismui, o tai leistų jam išspręsti nagrinėjamą ginčą, Teisingumo Teismas gali laikyti reikalinga atsižvelgti į Sąjungos teisės nuostatas, kurių nacionalinis teismas nebuvo nurodęs savo prejudiciniuose klausimuose (šiuo klausimu žr. 2007 m. lapkričio 8 d. Sprendimo Gintec , C‑374/05, Rink. p. I‑9517, 48 punktą). Tuo atveju, jeigu būtų nuspręsta, kad tam tikras P. Tsakouridis situacijoje esantis asmuo, kuris yra įgijęs teisę nuolat gyventi priimančiojoje valstybėje narėje, neatitinka Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalyje nustatytų gyvenimo šalyje sąlygų, prireikus išsiuntimo iš šalies priemonė galėtų būti pateisinama „rimtomis viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežastimis“, kaip numatyta Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 2 dalyje. Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, į antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį klausimus reikia atsakyti, kad Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies a punktas aiškintinas taip, jog siekiant nustatyti, ar Sąjungos pilietis gyveno priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų prieš priimant sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies, o tai yra lemiamas šia nuostata suteikiamos sustiprintos apsaugos pripažinimo kriterijus, būtina atsižvelgti į visas kiekvienu konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes, be kita ko, į kiekvieno suinteresuotojo asmens išvykimo iš priimančiosios valstybės narės trukmę, į bendrą šių išvykimų trukmę ir jų dažnumą bei į pagrindus, kuriais suinteresuotasis asmuo vadovavosi išvykdamas iš šios valstybės narės ir kurie gali parodyti, ar šie išvykimai reiškia, kad jo asmeninių, šeiminių ar profesinių interesų centras persikėlė į kitą valstybę. Dėl pirmojo klausimo Atsižvelgiant į atsakymą į antrąjį, trečiąjį ir ketvirtąjį klausimus, pirmąjį klausimą reikia suprasti taip, kad prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės pageidauja sužinoti, ar ir kiek su narkotinių medžiagų platinimu veikiant organizuota grupe susijusiam nusikalstamumui gali būti taikoma „imperatyvių visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka, jeigu šis teismas prieitų prie išvados, kad Sąjungos piliečiui taikoma apsauga pagal Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalį, arba „rimtų viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka, jeigu jis prieitų prie išvados, kad Sąjungos piliečiui taikoma apsauga pagal šios direktyvos 28 straipsnio 2 dalį. Iš Direktyvos 2004/38 28 straipsnio teksto ir šios nuostatos struktūros, kaip priminta šio sprendimo 24–28 punktuose, išplaukia, kad nustatydamas, jog bet kokia išsiuntimo priemonė šios direktyvos 28 straipsnio 3 dalyje numatytais atvejais priklauso nuo „imperatyvių“ visuomenės saugumo „priežasčių“, kurių sąvoka apibrėžiama daug griežčiau nei „rimtų <...> priežasčių“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal aptariamo straipsnio 2 dalį, Sąjungos teisės aktų leidėjas akivaizdžiai siekė apriboti minėta 3 dalimi grindžiamas priemones „išskirtinėmis aplinkybėmis“, kaip numatyta aptariamos direktyvos 24 konstatuojamojoje dalyje. „Imperatyvių visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka suponuoja ne tik grėsmės visuomenės saugumui buvimą, bet ir tai, kad šios grėsmės laipsnis ypač didelis, o tai išreiškiama fraze „imperatyvios <...> priežastys“. Būtent atsižvelgiant į šį kontekstą reikia aiškinti ir Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalyje esančią „visuomenės saugumo“ sąvoką. Dėl visuomenės saugumo Teisingumo Teismas yra nusprendęs, kad jis apima ir valstybės narės vidaus, ir išorės saugumą (žr., be kita ko, 1999 m. spalio 26 d. Sprendimo Sirdar , C‑273/97, Rink. p. I‑7403, 17 punktą; 2000 m. sausio 11 d. Sprendimo Kreil , C‑285/98, Rink. p. I‑69, 17 punktą; 2000 m. liepos 13 d. Sprendimo Albore , C‑423/98, Rink. p. I‑5965, 18 punktą ir 2003 m. kovo 11 d. Sprendimo Dory , C‑186/01, Rink. p. I‑2479, 32 punktą). Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs, kad grėsmė institucijų ir esminių viešųjų tarnybų veikimui bei gyventojų išlikimui, taip pat didelio neigiamo poveikio išoriniams santykiams ar taikiam tautų sugyvenimui rizika arba grėsmė kariuomenės interesams gali paveikti visuomenės saugumą (žr., be kita ko, 1984 m. liepos 10 d. Sprendimo Campus Oil ir kt. , 72/83, Rink. p. 2727, 34 ir 35 punktus; 1995 m. spalio 17 d. Sprendimo Werner , C‑70/94, Rink. p. I‑3189, 27 punktą; minėto Sprendimo Albore 22 punktą ir 2001 m. spalio 25 d. Sprendimo Komisija prieš Graikiją , C‑398/98, Rink. p. I‑7915, 29 punktą). Vis dėlto tai nereiškia, jog ši sąvoka neišvengiamai neapima kovos su nusikalstamumu, susijusiu su narkotinių medžiagų platinimu veikiant organizuota grupe, tikslų. Narkotinių medžiagų platinimas veikiant organizuota grupe – tai išplitęs nusikalstamumas, remiamas ekonominiais ir operaciniais ištekliais ir labai dažnai susijęs su tarptautiniais ryšiais. Atsižvelgiant į labai žalingas su šiuo platinimu susijusio nusikalstamumo pasekmes, 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje (OL L 335, p. 8), pirmoje konstatuojamojoje dalyje numatyta, kad neteisėta prekyba narkotikais kelia grėsmę Europos Sąjungos piliečių sveikatai, saugai ir gyvenimo kokybei bei valstybių narių teisėtai ekonomikai, stabilumui ir saugumui. Kadangi narkomanija – tai asmeninė nelaimė ir ekonominė bei socialinė grėsmė žmonijai (šiuo klausimu žr., be kita ko, 1982 m. spalio 26 d. Sprendimo Wolf , 221/81, Rink. p. 3681, 9 punktą ir 2006 m. sausio 17 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimo Aoulmi prieš Prancūziją § 86), narkotinių medžiagų platinimas veikiant organizuota grupe gali paplisti taip, kad kels tiesioginį pavojų visų gyventojų arba didelės jų dalies rimčiai bei fiziniam saugumui. Reikia papildyti, kad Direktyvos 2004/38 27 straipsnio 2 dalyje pabrėžiama, jog atitinkamo asmens elgesys turi kelti tikrą ir pakankamai rimtą pavojų, kenkiantį vienam iš pagrindinių visuomenės ar valstybės narės interesų, o baudžiamieji teistumai savaime negali pateisinti viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priemonių, ir pateisinimai, kurie nesusiję su konkretaus atvejo aplinkybėmis arba grindžiami bendrosios prevencijos sumetimais, nėra priimtini. Taigi išsiuntimo iš šalies priemonė turi būti pagrįsta individualiu konkrečios bylos įvertinimu (žr., be kita ko, minėto Sprendimo Metock ir kt. 74 punktą) ir gali būti pateisinta imperatyviomis visuomenės saugumo priežastimis, kaip jos suprantamos pagal Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalį, tik jeigu, atsižvelgiant į ypatingą grėsmės dydį, tokia priemonė būtina interesų, kuriuos ja siekiama užtikrinti, apsaugai, su sąlyga, kad, turint omenyje Sąjungos piliečio gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje trukmę ir visų pirma labai neigiamas pasekmes, kurių tokia priemonė gali sukelti Sąjungos piliečiams, kurie galutinai integravosi priimančiojoje valstybėje narėje, šio tikslo negalima pasiekti ne tokiomis griežtomis priemonėmis. Taikant Direktyvą 2004/38, reikia konkrečiai suderinti, viena vertus, visuomenės saugumo pažeidimo grėsmės išskirtinumą dėl asmeninio suinteresuotojo asmens elgesio, kuri prireikus vertinama priimant sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies (žr., be kita ko, 2004 m. balandžio 29 d. Sprendimo Orfanopoulos ir Oliveri , C‑482/01 ir C‑493/01, Rink. p. I‑5257, 77–79 punktus), be kita ko, vadovaujantis gresiančių ir faktiškai skirtų bausmių kriterijumi, dėl dalyvavimo baudžiamojoje veikoje laipsnio, dėl žalos dydžio ir prireikus dėl polinkio į recidyvą (šiuo klausimu, be kita ko, žr. 1977 m. spalio 27 d. Sprendimo Bouchereau , 30/77, Rink. p. 1999, 29 punktą) ir, kita vertus, pavojų sutrukdyti Sąjungos piliečio resocializacijai valstybėje narėje, kurioje jis galutinai integravosi, kuo, kaip savo išvados 95 punkte pažymėjo generalinis advokatas, suinteresuota ne tik pati ši valstybė narė, bet ir Europos Sąjunga apskritai. Į skirtą bausmę reikia atsižvelgti kaip į vieną kriterijų iš šios kriterijų visumos. Nuteisimas penkerių metų bausme neturi savaime lemti sprendimo dėl išsiuntimo iš šalies, kaip numatytasis nacionalinėje teisėje, neatsižvelgiant į ankstesniame šio sprendimo punkte aprašytus kriterijus, o tą turi patikrinti nacionalinis teismas. Atliekant šį vertinimą, būtina atsižvelgti į pagrindines teises, kurių paisymą užtikrina Teisingumo Teismas, nes siekiant pateisinti laisvą asmenų judėjimą galinčią riboti nacionalinę priemonę bendrojo intereso pagrindais galima remtis, tik jeigu taikant nagrinėjamą priemonę paisoma šių teisių (žr., be kita ko, minėto Sprendimo Orfanopoulos ir Oliveri 97–99 punktus), ir visų pirma teisės į asmeninio ir šeiminio gyvenimo gerbimą, kaip numatyta Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 7 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnyje (žr., be kita ko, 2010 m. spalio 5 d. Sprendimo McB , C‑400/10 PPU, Rink. p. I‑0000, 53 punktą ir 2008 m. birželio 23 d. Europos Žmogaus Teisių Teismo (didžioji kolegija) sprendimo Maslov prieš Austriją [GC], Recueil des arrêts et décisions 2008, § 61 ir toliau). Siekiant įvertinti, ar numatyta priemonė proporcinga teisėtam siekiamam tikslui, nagrinėjamu atveju – visuomenės saugumo apsaugai, be kita ko, reikia atsižvelgti į padaryto pažeidimo pobūdį ir sunkumą, į suinteresuotojo asmens gyvenimo priimančiojoje valstybėje narėje trukmę, į nuo pažeidimo padarymo praėjusį laikotarpį bei suinteresuotojo asmens elgesį šiuo laikotarpiu ir į jo socialinių, kultūrinių bei šeiminių ryšių su priimančiąja valstybe nare stiprumą. Sąjungos piliečio, kuris priimančiojoje valstybėje narėje teisėtai praleido didelę dalį vaikystės ar jaunystės arba visą vaikystę ar jaunystę, atveju, siekiant pateisinti išsiuntimo iš šalies priemonę, turi būti pateiktos labai rimtos priežastys (šiuo klausimu žr., be kita ko, minėto Sprendimo Maslov prieš Austriją § 71–75). Bet kuriuo atveju, kadangi Teisingumo Teismas yra nusprendęs, jog, siekdama apsaugoti viešąją tvarką, valstybė narė gali laikyti narkotinių medžiagų vartojimą pavojumi visuomenei, kuris pateisina specialiąsias priemones narkotines medžiagas reglamentuojančias normas pažeidžiančių užsieniečių atžvilgiu (žr. 1999 m. sausio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimo Calfa , C‑348/96, Rink. p. I‑11, 22 punktą ir minėto Sprendimo Orfanopoulos ir Oliveri 67 punktą), darytina išvada, kad narkotinių medžiagų platinimas veikiant organizuota grupe juo labiau patenka į Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 2 dalyje numatytą „viešosios tvarkos“ sąvoką. Tai, ar P. Tsakouridis elgesį apima „rimtų viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 2 dalį, ar „imperatyvių visuomenės saugumo <...> priežasčių“ sąvoka, kaip ji suprantama pagal šios direktyvos 28 straipsnio 3 dalį, ir tai, ar išsiuntimo iš šalies priemonė atitinka pirmiau aprašytas sąlygas, atsižvelgęs į visas aptartas aplinkybes, turi įvertinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, į pirmąjį klausimą reikia atsakyti, kad tuo atveju, jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas padarytų išvadą, jog atitinkamas Sąjungos pilietis naudojasi Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies suteikiama apsauga, ši nuostata aiškintina taip, kad „imperatyvių visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka, kuri gali pateisinti pastaruosius dešimt metų priimančiojoje valstybėje narėje gyvenusio Sąjungos piliečio išsiuntimo iš šalies priemonę, gali apimti kovą su nusikalstamumu, susijusiu su narkotinių medžiagų platinimu veikiant organizuota grupe. Jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas padarytų išvadą, jog atitinkamas Sąjungos pilietis naudojasi Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 2 dalies suteikiama apsauga, ši nuostata aiškintina taip, kad „rimtų viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka apima kovą su nusikalstamumu, susijusiu su narkotinių medžiagų platinimu veikiant organizuota grupe. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nusprendžia: 1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičiančios Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinančios Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB, 28 straipsnio 3 dalies a punktas aiškintinas taip, kad siekiant nustatyti, ar Sąjungos pilietis gyveno priimančiojoje valstybėje narėje pastaruosius dešimt metų prieš priimant sprendimą dėl išsiuntimo iš šalies, o tai yra lemiamas šia nuostata suteikiamos sustiprintos apsaugos pripažinimo kriterijus, būtina atsižvelgti į visas kiekvienu konkrečiu atveju reikšmingas aplinkybes, be kita ko, į kiekvieno suinteresuotojo asmens išvykimo iš priimančiosios valstybės narės trukmę, į bendrą šių išvykimų trukmę ir jų dažnumą bei į pagrindus, kuriais suinteresuotasis asmuo vadovavosi išvykdamas iš šios valstybės narės ir kurie gali parodyti, ar šie išvykimai reiškia, kad jo asmeninių, šeiminių ar profesinių interesų centras persikėlė į kitą valstybę. 2. Tuo atveju, jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas padarytų išvadą, jog atitinkamas Sąjungos pilietis naudojasi Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 3 dalies suteikiama apsauga, ši nuostata aiškintina taip, kad „imperatyvių visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka, kuri gali pateisinti pastaruosius dešimt metų priimančiojoje valstybėje narėje gyvenusio Sąjungos piliečio išsiuntimo iš šalies priemonę, gali apimti kovą su nusikalstamumu, susijusiu su narkotinių medžiagų platinimu veikiant organizuota grupe. Jeigu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas padarytų išvadą, jog atitinkamas Sąjungos pilietis naudojasi Direktyvos 2004/38 28 straipsnio 2 dalies suteikiama apsauga, ši nuostata aiškintina taip, kad „rimtų viešosios tvarkos ar visuomenės saugumo priežasčių“ sąvoka apima kovą su nusikalstamumu, susijusiu su narkotinių medžiagų platinimu veikiant organizuota grupe. Parašai. * * Proceso kalba: vokiečių.

62012TJ0403

hu

A jogvita előzményei A felperes, az Intrasoft International SA Luxembourgban (Luxemburg) székhellyel rendelkező társaság. 2011. augusztus 23‑án EuropeAid/131367/C/SER/RS referenciaszámú ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: ajánlattételi felhívás) került közzétételre az Európai Unió Hivatalos Lapjának Kiegészítésében (HL 2011/S 160–262712). E felhívás tárgya a „Szakmai segítségnyújtás a szerbiai vámigazgatás számára a vámügyi rendszer modernizálásának támogatása céljából” című, szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződés odaítélése volt. A szerződés végrehajtására eredetileg előírt időszak 24 hónap volt, a maximális költségvetés pedig 4100000 euró. Az ajánlati felhívás az egy előcsatlakozási támogatási eszköz (IPA) létrehozásáról szóló, 2006. július 17‑i 1085/2006/EK tanácsi rendelettel ( HL L 210., 82. o. ) létrehozott és szabályozott előcsatlakozási támogatási eszköz keretébe illeszkedik. Az IPA célja segítséget nyújtani több ország – köztük Szerbia – részére az Európai Unió előírásaihoz és politikáihoz, valamint az uniós vívmányokhoz a jövőbeli tagság céljából való fokozatos igazodáshoz. Ezt a segítséget – többek között – szolgáltatásnyújtásra irányuló olyan közbeszerzési szerződések Európai Bizottság általi elindítása és odaítélése útján nyújtják, amelyeknek nyertes ajánlattévői az említett szolgáltatásokat a kedvezményezett ország – a jelen esetben Szerbia – számára nyújtják. Az ajánlatkérő hatóság a Bizottság által képviselt Unió volt, és a Szerb Köztársaságban küldöttsége útján járt el (a továbbiakban: ajánlatkérő hatóság). A pályázati felhívás értelmében a szerződést a gazdaságilag összességében legelőnyösebb ajánlatnak kellett odaítélni, két szakaszt – azaz az előzetes kiválasztást és az odaítélést – felölelő meghívásos eljárás keretében. Az előzetes kiválasztás szakaszában az érdekelt személyek 2011. szeptember 30‑ig nyújthatták be a szerződés tárgyának megvalósítását szolgáló pénzügyi, műszaki és szakmai kapacitásukat megállapító bizonyos adatokkal kísért részvételi jelentkezésüket. A részvételi jelentkezések értékelésének végén az értékelő bizottságnak össze kellett állítania a támogatható pályázók azon négy–nyolc pályázóból álló listáját, amelyeket a Bizottság meghív az eljárás második szakaszában – azaz a szerződés odaítélésében – való részvételre. Ezen ajánlattételi eljárás során a felperes írásbeli kérdéseket intézett az ajánlatkérő hatósághoz a Bizottság által a harmadik országoknak nyújtott pénzügyi támogatások konkrét végrehajtása tekintetében kidolgozott Gyakorlati útmutató a Bizottság külső fellépéseivel kapcsolatos szerződéses eljárásokhoz (a továbbiakban: gyakorlati útmutató) „Kiegészítő információk az eljárás során” című 3.3.5 pontja értelmében. A felperes elsősorban azt kérdezte, hogy egy társaságot vagy szakértőt összeférhetetlenségi helyzetben lévőnek kell‑e tekinteni egy előző ajánlattételi felhívás keretében az EuropeAid/128180/C/SER/RS projekt végrehajtásában való részvétele okán. Az ajánlatkérő hatóság 2012. április 26‑i levelében azt válaszolta a felperesnek, hogy „az EuropeAid/128180/C/SER/RS projektben részt vevő, és az EuropeAid/131367/C/SER/RS ajánlattételi felhívásban részt venni szándékozó társaság vagy szakértő nincs összeférhetetlenségi helyzetben, [tekintettel arra, hogy] az EuropeAid/128180/C/SER/RS ajánlattételi felhívás nem foglalta magában az EuropeAid/131367/C/SER/RS ajánlattételi felhívásra vonatkozó dokumentáció elkészítését”. A felperes az ajánlattételi felhívásban való részvétel céljából benyújtotta iratait a Serbian Business Systems d.o.o.‑val és a Belit d.o.o.‑val alkotott konzorcium nevében. 2012. augusztus 10‑i levelében az ajánlatkérő hatóság értesítette a felperest, hogy a szerződés nem ítélhető oda annak a konzorciumnak, amelynek tagja volt (a továbbiakban: 2012. augusztus 10‑i levél). E levél a következőket tartalmazta: — a felperesnek bizalmas hozzáférése volt a folyamatban lévő ajánlattételi felhívás elválaszthatatlan részét képező bizonyos számú olyan dokumentumhoz, amely a szóban forgó közbeszerzés által érintett tevékenységek meghatározásának kiindulópontját képezte. Bizalmas hozzáférése az említett dokumentumoknak egy korábbi ajánlattételi felhívás, az EuropeAid/128180/C/SER/RS keretében történő elkészítésében való részvételéhez kapcsolódott, következésképpen az ajánlatkérő hatóság a gyakorlati útmutató 2.3.6. cikkének értelmében úgy ítéli meg, hogy az összeférhetetlenségre vonatkozó feltétel teljesül; — az ajánlatkérő hatóság csak az összes pályázat egyenkénti figyelmes vizsgálatát követően tudta részletekbe menően megvizsgálni a jelen ügy körülményeit; — a felperes 2012. augusztus 17‑ig kifejezheti egyet nem értését, illetve kiegészítő információkat kérhet, amely időpontban az ajánlatkérő hatóság tovább folytatja az odaítélési eljárást. 2012. augusztus 13‑i levelében a felperes azt kérte az ajánlatkérő hatóságtól, hogy vonja vissza a 2012. augusztus 10‑i levelében foglalt, azon konzorcium ajánlatát elutasító határozatát, amelynek tagja volt, továbbá azt kérte, hogy az ajánlatkérő hatóság függessze fel a közbeszerzési eljárást addig, amíg nem ad tájékoztatást az említett elutasítás indokairól. 2012. szeptember 12‑i levelében az ajánlatkérő hatóság közölte a felperessel, hogy a 2012. augusztus 10‑i levelében említett összeférhetetlenség okán nem áll módjában annak a konzorciumnak ítélni oda a szerződést, amelynek a felperes tagja volt, és közölte annak a konzorciumnak a nevét is, amelynek a szerződést oda kellett ítélni az értékelő bizottság véleménye szerint (a továbbiakban: 2012. szeptember 12‑i levél). Az eljárás és a felek kérelmei A Törvényszék Hivatalához 2012. szeptember 11‑én érkezett keresetlevelével a felperes benyújtotta a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozat, illetve a panaszát elutasító feltételezett hallgatólagos határozat megsemmisítésére irányuló jelen keresetet. A Törvényszék Hivatalához 2012. szeptember 21‑én benyújtott külön beadványában a felperes a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozat, a panaszát elutasító feltételezett hallgatólagos határozat, valamint a 2012. szeptember 12‑i levélben foglalt, a megsemmisítés iránti kérelemnek a Törvényszékhez történő benyújtását követően hozott határozat végrehajtásának felfüggesztése iránti kérelmet nyújtott be. Az Intrasoft International kontra Bizottság (T‑403/12 R, EU:T:2012:600 ) ügyben 2012. november 14‑én hozott végzésében az ideiglenes intézkedésről határozó bíró a sürgősség hiánya okán elutasította az ideiglenes intézkedés iránti kérelmet. Mivel módosult a Törvényszék tanácsainak összetétele, az előadó bírót a második tanácsba osztották be, következésképpen a jelen ügyeket e tanács elé utalták. Az előadó bíró jelentése alapján a Törvényszék (második tanács) a szóbeli szakasz megindításáról döntött. A Törvényszék a 2015. január 27‑i tárgyaláson meghallgatta a felek szóbeli előterjesztéseit és a Törvényszék kérdéseire adott válaszait. A szóbeli szakasz 2015. február 12‑én zárult le. A felperes azt kéri, hogy a Törvényszék: — semmisítse meg az Európai Unió Szerb Köztársaságbeli Küldöttségének 2012. augusztus 10‑i levelében foglalt határozatát, valamint az e határozat ellen irányuló panaszának hallgatólagos elutasítását annak érdekében, hogy részt tudjon venni a közbeszerzési eljárás további szakaszaiban; — kötelezze az alperest a költségek viselésére. A Bizottság azt kéri, hogy a Törvényszék: — a keresetet mint elfogadhatatlant utasítsa el; — másodlagosan a keresetet mint megalapozatlant utasítsa el; — a felperest kötelezze saját költségei, valamint a Bizottság részéről a jelen eljárásban, továbbá a T‑403/12. R. sz. ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségek viselésére. A tárgyalás során feltett kérdésre adott válaszként, amint az a tárgyalás jegyzőkönyvében is rögzítésre került, a felperes előadta, hogy az ajánlatkérő hatóság által 2012. szeptember 12‑én, azaz keresetének a Törvényszékhez történő benyújtását követő napon küldött levél nem alkotja tárgyát az említett keresetnek, és a kereseti kérelmek módosításának sem minősül. E tekintetben a felperes kifejtette, hogy a 2012. szeptember 12‑i levél csak a 2012. augusztus 10‑i levelet megerősítő jogi aktus, következésképpen osztja annak sorsát. A jogkérdésről Az elfogadhatóságról Előzetesen emlékeztetni kell arra, hogy a jelen kereset tárgyát alkotó aktusok (a továbbiakban: megtámadott aktusok) elsősorban a 2012. augusztus 10‑i levél, amely azt tartalmazta, hogy a szóban forgó szerződés azon okból nem ítélhető oda annak a konzorciumnak, amelynek a felperes tagja volt, mivel ez utóbbi összeférhetetlenségi helyzetben volt, másodsorban pedig a felperesnek a 2012. augusztus 10‑i levéllel szembeni panaszát elutasító, feltételezett hallgatólagos határozat. A Bizottság anélkül, hogy alakszerű elfogadhatatlansági kifogást emelt volna a Törvényszék eljárási szabályzatának 114. cikke értelmében, ellenkérelmében a megtámadott aktusokkal szembeni kereset elfogadhatóságát vitató érveket sorol fel. A Bizottság azt állítja, hogy a 2012. augusztus 10‑i levél nem minősül megtámadható aktusnak, mivel egyszerűen csak arról tájékoztatja a felperest, hogy pályázatát összeférhetetlenségi esetnek minősítették, és közli ezen értékelés indokait. Az egyetlen olyan aktus, amely megsemmisítés iránti kereset tárgyát képezhetné, a 2012. szeptember 12‑i levélben közölt határozat, amely, mivel az előírt határidőn belül nem támadták meg, a felperes vonatkozásában jogerőssé vált. A panaszt elutasító feltételezett hallgatólagos határozatot illetően a Bizottság azt állítja, hogy a panaszra adandó válasz tekintetében a gyakorlati útmutató 2.4.15.1 pontjában említett 15 munkanapos határidő csak egy, „a legjobbra törekvő”, a megfelelő ügyintézés érdekében rögzített szabály, következésképpen azt, hogy e határidőn belül nem érkezik válasz, nem lehet a felperes panasza hallgatólagos elutasításának tekinteni. A gyakorlati útmutató ugyanis nem írhat elő kötelező szabályokat olyan határidőket illetően, amelyek valamely keresetnek a Törvényszékhez való benyújtása céljából alkalmazhatók. A megsemmisítés iránti keresetek elfogadhatóságára vonatkozó állandó ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy a megtámadott jogi aktusok minősítése során e jogi aktusok tényleges tartalma és kibocsátójuk szándéka az irányadó. E tekintetben főszabály szerint azok az intézkedések minősülnek megtámadható jogi aktusoknak, amelyek a közigazgatási eljárás végén véglegesen meghatározzák a Bizottság álláspontját, valamint amelyek a felperes érdekeit érintő kötelező joghatások kiváltására irányulnak, kizárva az olyan közbenső intézkedéseket, amelyek célja a végleges határozat előkészítése, és amelyek nem eredményeznek ilyen joghatásokat (lásd: 2008. július 17‑i Athinaïki Techniki kontra Bizottság ítélet, C‑521/06 P, EBHT, EU:C:2008:422 , 42. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A jogi aktus vagy határozat formája a megsemmisítés iránti kereset elfogadhatósága szempontjából főszabály szerint lényegtelen. A megtámadott jogi aktus minősítését tehát nem befolyásolja az a körülmény, hogy ez az aktus megfelel‑e, vagy sem, bizonyos formai követelményeknek, vagyis a kibocsátója megfelelő címet adott‑e neki, kellőképpen megindokolták‑e, vagy az aktus említi‑e a jogalapját képező rendelkezéseket. Így az sem releváns, hogy ezt a jogi aktust nem nevezik „határozatnak”, vagy hogy nem utal az EUMSZ‑nek a határozattal szembeni jogorvoslati lehetőségekre (lásd analógia útján: a fenti 28. pontban hivatkozott Athinaïki Techniki kontra Bizottság ítélet, EU:C:2008:422 , 43. és 44. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ha ez nem így lenne, a Bizottság a fenti formai követelmények egyszerű be nem tartásával kivonhatná magát az uniós bíróság ellenőrzése alól. Az ítélkezési gyakorlatból ugyanis az következik, hogy mivel az Unió olyan jogközösség, amelyben az intézmények aktusai ellenőrzés alá esnek a tekintetben, hogy azok a Szerződéssel összeegyeztethetők‑e, a közösségi bíróság előtt indított keresetekre irányadó eljárási szabályokat lehetőleg oly módon kell értelmezni, hogy azok alkalmazása elősegítse a jogalanyok uniós jogból eredő jogai hatékony bírói védelmének biztosítására irányuló célkitűzés megvalósítását (lásd: a fenti 28. pontban hivatkozott Athinaïki Techniki kontra Bizottság ítélet, EU:C:2008:422 , 45. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). E megfontolások fényében először is azt kell meghatározni, hogy – amint azt a felperes állítja – a fenti 24. pontban említett megtámadott aktusok neki sérelmet okozó aktusok‑e, és így megsemmisítés iránti kereset tárgyát alkothatják. A 2012. augusztus 10‑i levél ellen irányuló kereset elfogadhatóságáról Valamely aktus kötelező joghatásait olyan objektív kritériumok alapján kell megítélni, mint az említett aktus tartalma (lásd analógia útján: 1997. március 20‑i Franciaország kontra Bizottság ítélet, C‑57/95, EBHT, EU:C:1997:164 , 9. pont), adott esetben figyelembe véve az aktus elfogadásának körülményeit (lásd analógia útján: 1991. március 13‑i Sunzest kontra Bizottság végzés, C‑50/90, EBHT, EU:C:1991:253 , 13. pont ; 2010. január 26‑i Internationaler Hilfsfonds kontra Bizottság ítélet, C‑362/08 P, EBHT, EU:C:2010:40 , 58. pont), valamint az elfogadó intézmény hatáskörét (lásd analógia útján: 2005. december 1‑jei Olaszország kontra Bizottság ítélet, C‑301/03, EBHT, EU:C:2005:727 , 28. pont). A jelen ügyben azt kell megvizsgálni, hogy a 2012. augusztus 10‑i levél tartalmára, ténybeli és jogi környezetére, valamint az azt elfogadó hatóság határkörére tekintettel a felperesnek sérelmet okozó határozatnak minősíthető‑e. E tekintetben először is meg kell állapítani, hogy a jelen ügyben nem vitatott, hogy az Unió szerb köztársaságbeli küldöttsége által kibocsátott megtámadott aktusok a Bizottságnak tudhatók be, amely így a jelen kereset keretében legitim alperesnek minősül. Amint arra ugyanis a felperes is joggal hivatkozik, a Törvényszék ítélkezési gyakorlatából az következik, hogy az említett, a Bizottság átruházott hatáskör alapján engedélyezésre jogosult szerveként eljáró küldöttség által elfogadott aktusok nem teszik lehetővé, hogy e küldöttséget alperesként lehessen elismerni, így azokat a jelen ügyben a Bizottságnak kell betudni (lásd ebben az értelemben: 2012. június 4‑i Elti kontra az Európai Unió montenegrói küldöttsége végzés, T‑395/11, EBHT, EU:T:2012:274 , 64. pont) Másodsorban, az sem vitatott, hogy a felperes mint a konzorcium tagja, a konzorcium tagsága szerkezetének átláthatósága okán a neki címzett aktusok címzettje (lásd ebben az értelemben: 2010. március 19‑i Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság ítélet, T‑50/05, EBHT, EU:T:2010:101 , 40. pont). Először is, a 2012. augusztus 10‑i levelet illetően emlékeztetni kell arra, hogy az a következőképpen került megfogalmazásra: „Sajnálattal közlöm, […] hogy az a döntés született, hogy az Önök pályázata összeférhetetlenséget mutat, [a szerződés] tehát nem ítélhető oda az Önök konzorciumának. [A]z ajánlatkérő hatóság arra a következtetésre jutott, hogy a szerződés nem ítélhető oda a konzorciumnak, [amelynek Önök tagjai], mivel Önök összeférhetetlen helyzetben vannak. [A]z ajánlatkérő hatóság a [gyakorlati útmutató] 2.3.6 pontjának megfelelően megállapítja, hogy az összeférhetetlenség fennállását [meghatározó] feltételek teljesülnek. […]” Következésképpen, ugyanezen levél megfogalmazásából kitűnik, hogy annak kibocsátója nem csak arról a szándékáról tájékoztatta a felperest – amint arra a Bizottság hivatkozik –, hogy ki akarja zárni a szerződés odaítéléséből, hanem közölte vele azt a határozatot is, hogy nem ítéli oda a szerződést annak a konzorciumnak, amelynek tagja volt. Ezt a következtetést az sem cáfolja, hogy a 2012. augusztus 10‑i levélben említésre kerül egy olyan határidő, amelyen belül az ajánlatkérő hatósággal szemben kifejezhető az egyet nem értés, illetve kiegészítő információkat lehet kérni attól. Ez az említés a gyakorlati útmutató 2.4.15.1 pontjának értelmében egyfelől elsősorban annak elismerésére irányul, hogy az aktus címzettje panasz útján megvédhesse a szóban forgó aktus által megsértett érdekeit anélkül, hogy bírósághoz kelljen fordulnia, másfelől pedig arra, hogy a címzett további felvilágosításokhoz jusson egy már elfogadott határozatot illetően. Egyébiránt a panasz benyújtásának lehetősége – amint az elsősorban a gyakorlati útmutató 2.4.15.3 pontjában, valamint azon magyarázó lábjegyzetben került rögzítésre, amelyre e pont utal – nem érinti az aktus címzettjének azon jogát, hogy az uniós jogban kifejezetten előírt határidőkön belül a Törvényszékhez forduljon (lásd ebben az értelemben: 2011. szeptember 15‑i CMB és Christof kontra Bizottság ítélet, T‑407/07, EU:T:2011:477 , 103. pont). Ebből következik, hogy az ilyen lehetőség nem mentesíti a felperest azon kötelezettségétől, hogy tiszteletben tartsa a megsemmisítés iránti kereset Törvényszékhez való benyújtásának a határidejét. Másodsorban, a 2012. augusztus 10‑i levél körülményeit illetően meg kell állapítani, hogy a levél a szerződés odaítélése tekintetében kiválasztott ajánlattevőkre vonatkozó, a gyakorlati útmutató 2.3.3 pontjában előírt kizárási feltételek értékelésére vonatkozik az ajánlattételi felhívás (15) bekezdésében említetteknek megfelelően. Ez az értékelés azzal zárult, hogy a szerződés nem ítélhető oda annak a konzorciumnak, amelynek a felperes tagja volt. Az ügy irataiból ugyanis nem tűnik ki, hogy a 2012. augusztus 10‑i levelet követően újból megvizsgálták volna azon konzorcium ajánlatát, amelynek a felperes tagja volt. Meg kell továbbá állapítani, hogy a 2012. augusztus 10‑i levélben annak kibocsátója kiemelte, hogy amennyiben nem vitatnak semmit, illetve nem kérnek kiegészítő információkat, „[a] közbeszerzési eljárás a gyakorlati útmutatónak megfelelően folytatódik”. Márpedig meg kell állapítani, hogy a 2012. szeptember 12‑i, a felperes számára a keresetének a Törvényszékhez történő benyújtása másnapján megküldött levél tartalmazta annak a nevét, akit az értékelési bizottság a közbeszerzési eljárás nyertesének javasolt. Ebből következik, hogy a felperesnek a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás felfüggesztésére irányuló, a 2012. augusztus 13‑i panaszában foglalt kérelme ellenére az ajánlatkérő hatóság folytatta az eljárást, és a többi ajánlattevő közül kijelölte a potenciális nyertest. E tekintetben meg kell állapítani, hogy a szóban forgó határozattal szembeni jogorvoslati lehetőség megemlítése a 2012. szeptember 12‑i levél utolsó sorában, a gyakorlati útmutató 2.4.15 pontjának megfelelően, úgy értelmezhető, hogy vitatható az a határozat, amely a szerződést másik ajánlattevőnek ítéli oda. Ily módon a szóban forgó lehetőség megemlítése nem minősül meghatározónak a tekintetben, hogy a 2012. szeptember 12‑i levelet a felperest kizáró végleges határozatnak lehessen tekinteni. Ezzel szemben e lehetőség megemlítése, amint arra a felperes is joggal hivatkozik, még inkább azt bizonyítja, hogy a közbeszerzési eljárás nem került felfüggesztésre, és azzal zárult, hogy az értékelő bizottság kijelölte a potenciálisan nyertes ajánlattevőt. Következésképpen meg kell állapítani, hogy a 2012. augusztus 10‑i levél körülményeit illetően annak kibocsátója állást foglalt arról, hogy a felperes alkalmas‑e a szerződés odaítélésének szakaszában való részvételre, és azt is közölte, hogy a felperes összeférhetetlenségi helyzetben van, és ennek következtében megállapította, hogy a szerződés nem ítélhető oda annak a konzorciumnak, amelynek a felperes tagja volt. Harmadsorban, és végül, a levél kibocsátójának, vagyis az Unió szerb köztársaságbeli küldöttségének hatáskörét illetően, amint az a fenti 5. pontban is megállapításra került, ez utóbbi a Bizottság által átruházott hatáskörrel rendelkező ajánlatkérő hatóságként járt el. Következésképpen a szóban forgó aktus nem pusztán az értékelő bizottságnak az egyik ajánlattevő összeférhetetlenségi okokból történő kizárása feltételeiről alkotott véleménye, hanem az ajánlatkérő hatóság olyan határozata, amely kötelező joghatásokat válthat ki címzettje tekintetében. A fenti megfontolások összességéből az következik, hogy a 2012. augusztus 10‑i levél, tartalmára, jogi és ténybeli környezetére, valamint az azt kibocsátó hatóság hatáskörére tekintettel alkalmas volt arra, hogy a felperes érdekeit sértő joghatásokat keletkeztessen, ennek megfelelően a felperest hátrányosan érintő olyan aktusról van szó, amely a Törvényszékhez benyújtott megsemmisítés iránti kereset tárgyát képezheti. A Bizottság állításával szemben a felperes, akivel szemben a fenti 28–30. és 32. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében vett, őt hátrányosan érintő aktust hoztak, megfelelő módon nyújtotta be a jelen keresetet az említett aktus elfogadásától számított határidőn belül. A felperesnek nem kellett megvárnia a 2012. augusztus 13‑i panaszára adott választ ahhoz, hogy benyújthassa a jelen keresetet, amint az a fenti 39. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatból, sőt a gyakorlati útmutató 2.4.15.1 és 2.4.15.3 pontjából is következik. Mivel a 2012. augusztus 10‑i levél megtámadható aktusnak minősül, választ kell adni a Bizottság azon érveire, miszerint a 2012. szeptember 12‑i, a felperesnek hátrányt okozó határozatot tartalmazó levél, amely határozat nem került megtámadásra a jogorvoslatra nyitva álló határidő alatt, véglegessé tette a felperesnek a közbeszerzési eljárásból összeférhetetlenségi okok alapján történő kizárását. Ezen érv annak vizsgálatára kötelez, hogy a felperes eljáráshoz fűződő érdeke továbbra is fennáll‑e azt követően, hogy az ajánlatkérő hatóság elfogadta a 2012. szeptember 12‑i levelet, ami azt feltételezi, hogy a kereset az eredményén keresztül alkalmas arra, hogy az azt kezdeményező fél számára előnnyel járjon (lásd ebben az értelemben: 2014. június 25‑i Accorinti és társai kontra EKB végzés, T‑224/12, EBHT, EU:T:2014:611 , 68. pont). E tekintetben az ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy valamely megerősítő aktus megsemmisítése összefügg az előző aktus megsemmisítésével, oly módon, hogy az előző aktus megsemmisítése automatikusan maga után vonja a megerősítő aktus megsemmisítését (lásd ebben az értelemben: 1998. május 5‑i Egyesült Királyság kontra Bizottság ítélet, C‑180/96, EBHT, EU:C:1998:192 , 28. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Ily módon, abban az esetben, ha a megerősített határozat nem vált véglegessé, az érdekelt személynek jogában áll megtámadni mind a megerősített, mind pedig a megerősítő határozatot, illetve e határozatok közül az egyiket vagy a másikat (lásd: 1998. szeptember 16‑i Waterleiding Maatschappij kontra Bizottság ítélet, T‑188/95, EBHT, EU:T:1998:217 , 108. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Először is, a jelen ügyben meg kell állapítani, hogy az értékelési bizottságnak a 2012. szeptember 12‑i levélben foglalt azon közlése, miszerint a szóban forgó szerződést egy másik konzorciumnak ítéli oda, nem kölcsönöz a szóban forgó levélnek a 2012. augusztus 10‑i levelet helyettesítő jelleget azon konzorcium ajánlata elutasítása tekintetében, amelynek a felperes tagja volt. Ez a közlés ugyanis nem módosítja a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozatnak sem az indokolását, sem a tartalmát, sem pedig joghatásait, ami különösen a felperesnek a közbeszerzési eljárásból összeférhetetlenségi okok miatt történő kizárását, valamint azon konzorcium ajánlatának ezt követő elutasítását illeti, amelynek a felperes tagja volt. Másodsorban, azt a megjegyzést illetően, hogy az ajánlatkérő hatóság figyelembe vette a felperes által a 2012. augusztus 13‑i levelében hivatkozott tényezőket, meg kell állapítani, hogy bár a 2012. szeptember 12‑i levél valóban a felperes panaszára adott válasznak minősül, az ez utóbbi által e levélben hivatkozott tényezők egyáltalán nem minősülnek új vagy alapvető tényeknek az ajánlatkérő hatóság által a 2012. augusztus 10‑i levél elfogadásának időpontjában már ismert tényekhez viszonyítva, amint azt az ítélkezési gyakorlat is megállapította a tények „újnak vagy alapvetőnek” történő minősítésének vonatkozásában (lásd ebben az értelemben: 2001. február 7‑i Inpesca kontra Bizottság ítélet, T‑186/98, EBHT, EU:T:2001:42 , 50. és 51. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A felperes által hivatkozott tényezők ugyanis az ajánlatkérő hatóság arra történő emlékeztetésére szorítkoznak, hogy e hatóság előzőleg kizárta az összeférhetetlenség fennállását a felperest illetően azzal, hogy ezt ismertette vele a 2012. április 26‑i levélben (lásd a fenti 9. pontot). Ráadásul a 2012. szeptember 12‑i levél semmiféle tájékoztatást nem nyújtott a felperes helyzetének esetleges újbóli vizsgálata, illetve ajánlatának a 2012. augusztus 10‑i levél küldését követően végzett értékelése tekintetében. Ezenfelül, bár az 1605/2002/EK, Euratom rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 23‑i 2342/2002/EK, Euratom bizottsági rendelet ( HL L 357., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 145. o.) 149. cikke (3) bekezdésének negyedik albekezdése értelmében a sikertelen ajánlattevők írásban kérhetik az ajánlatkérő hatóságtól, hogy számukra „további tájékoztatást” nyújtsanak „az elutasítás okairól”, e további tájékoztatás közlése nem jár azzal a hatással, hogy a helyébe lép annak a határozatnak, amelyben a szóban forgó ajánlattevő ajánlatát elutasították, mivel az ilyen határozat több szakaszban is indokolható (lásd: 2012. május 22‑i Sviluppo Globale kontra Bizottság ítélet, T‑6/10, EU:T:2012:245 , 29. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A fentiekből az következik, hogy az ajánlatkérő hatóság 2012. szeptember 12‑i levelében lényegében nem tesz mást, mint hogy megerősíti a 2012. augusztus 10‑i levelében már ismertetett álláspontját, ugyanazon ténybeli és jogi elemekre támaszkodva. Egyetlen e levélben szereplő információ sem minősülhet olyan új vagy alapvető elemnek, amely a levélnek a felperes kizárására vonatkozó, a 2012. augusztus 10‑i levelet helyettesítő vagy annak helyébe lépő határozat jellegét kölcsönözné. Következésképpen a 2012. szeptember 12‑i levél nem fosztotta meg tárgyától a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozattal szemben benyújtott keresetet, ily módon a jelen ügyben továbbra is fennáll a felperesnek az eljáráshoz fűződő, a közbeszerzési eljárásból történő kizárásával, illetve az azon konzorcium ajánlatának elutasításával szembeni jogorvoslatra irányuló érdeke, amelynek tagja volt. A Bizottság állításával szemben, amint az a fenti 46. pontban is megállapításra került, a felperes jogszerűen nyújtotta be a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozat mint az érdekeit érintő joghatásokat kiváltó, és kötelezően rá vonatkozó intézkedés megsemmisítése iránti keresetet. Ellenkező esetben a felperes annak a kockázatnak lenne kitéve, hogy a Bizottság keresetének késedelmességét hozza fel kifogásként, azon indokkal, hogy a 2012. szeptember 12‑i levél, amint arra a felperes is joggal hivatkozik, lényegében a 2012. augusztus 10‑i levél megerősítő aktusa volt. Az állandó ítélkezési gyakorlatból ugyanis az következik, hogy amennyiben a felperes hagyja eltelni az olyan határozat megtámadására biztosított határidőt, amely egyértelműen az érdekeit érintő joghatásokat kiváltó intézkedést állapított meg, és kötelezően rá vonatkozik, e határidő nem kezdődik újra sem annak kérelmezésével, hogy az intézmény fogadja el újra a határozatot, sem pedig a korábban hozott határozatot megerősítő elutasító határozat elleni kereset benyújtásával (lásd: 2006. október 10‑i, Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság végzés, T‑106/05, EU:T:2006:299 , 55. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Következésképpen a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozat megsemmisítése iránti keresetet elfogadhatónak kell minősíteni. A felperes panaszát elutasító hallgatólagos határozatról A felperes panaszát elutasító feltételezett hallgatólagos határozatot illetően azt kell megvizsgálni, hogy ezt a feltételezett határozatot az EUMSZ 263. cikk értelmében vett megtámadható aktusnak lehet‑e minősíteni. E tekintetben emlékeztetni kell arra, hogy amennyiben az intézményt állásfoglalásra kérték, az intézmény hallgatása nem keletkeztethet egyedül és önmagában joghatásokat, kivéve ha e következményt az uniós jog valamely rendelkezése kifejezetten előírja. Az uniós jog kifejezett rendelkezései hiányában, amelyek határidőt állapítanak meg, amelynek lejárta után a hallgatólagos határozatot meghozottnak kell tekinteni, és amelyek meghatározzák e határozat tartalmát, az intézmény tétlensége nem tekinthető határozatnak anélkül, hogy ez ne sértené a Szerződés által létrehozott jogorvoslati rendszert (1999. december 13‑i SGA kontra Bizottság ítélet, T‑189/95, T‑39/96 és T‑123/96, EBHT, EU:T:1999:317 , 26 és 27. pont). Márpedig a Törvényszék ítélkezési gyakorlata értelmében a gyakorlati útmutató pusztán olyan munkaeszköz, amely megmagyarázza az egy bizonyos területen alkalmazandó eljárásokat, és amely mint ilyen nem képezheti a kötelező előzetes közigazgatási panasz előírásának jogi alapját (2008. október 8‑i Sogelma kontra AER ítélet, T‑411/06, EBHT, EU:T:2008:419 , 66. pont). Hasonlóképpen, a jelen ügyben az említett útmutató nem alkothatja a jogi alapját annak, hogy a panasz megválaszolásával megbízott hatóság javára jogvesztő határidőt lehessen kitűzni. Következésképpen a hatóság tétlensége a gyakorlati útmutató 2.4.15.1 pontjában rögzített határidő elteltekor nem minősíthető a felperes panaszát elutasító hallgatólagos határozatnak. A gyakorlati útmutató egyébként semmiféle joghatást nem fűz a szóban forgó határidő lejártához. A fenti megfontolásokra figyelemmel a keresetet a felperes panaszát elutasító hallgatólagos határozat megsemmisítését illetően elfogadhatatlannak kell nyilvánítani. Az ügy érdeméről A felperes keresete alátámasztására két jogalapot hoz fel. Az első jogalap két kifogást tartalmaz, az egyik az ajánlattételi dokumentációban foglalt feltételek megsértésén, a másik a gondos ügyintézés elvének megsértésén alapul. A második jogalap keretében a felperes az Európai Közösségek általános költségvetésére alkalmazandó költségvetési rendeletről szóló, 2002. június 25 i 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet ( HL L 248., 1. o. ; magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 4. kötet, 74. o.; a továbbiakban: költségvetési rendelet) 94. cikkének megsértésére hivatkozik. Először a második jogalapot kell megvizsgálni. A második, a költségvetési rendelet 94. cikkének megsértésére alapított jogalap keretében a felperes, egyfelől, első kifogásként arra hivatkozik, hogy nem nyújthatta be észrevételeit azelőtt, hogy véglegesen kizárták volna a közbeszerzési eljárásból, másodsorban, második kifogásként pedig arra, hogy semmiféle bizonyítékot nem szolgáltattak az őt érintő összeférhetetlenségi helyzet fennállásával kapcsolatban. A felperes a Törvényszéknek a költségvetési rendelet 94. cikkét alkalmazó ítélkezési gyakorlatára (2007. április 18‑i Deloitte Business Advisory kontra Bizottság ítélet, T‑195/05, EBHT, EU:T:2007:107 , 67. pont), valamint a gyakorlati útmutató 2.3.6 pontjára hivatkozik, és lényegében azt állítja, hogy valamely ajánlattevő kizárása alapját az összeférhetetlenségnek az ügy sajátos körülményei által megerősített valós kockázata kell, hogy alkossa, teljes egészében az érdekeltre hagyva az összeférhetetlenség hiányának bizonyítását. Elsősorban az összeférhetetlenség fennállásának kizárását lehetővé tévő tényezőket illetően a felperes hangsúlyozza, hogy nem vett részt az EuropeAid/131367/C/SER/RS projekt ajánlattételi dokumentációjának vagy a projekt ajánlattételi felhívására vonatkozó feltételek kidolgozásában. Ráadásul arra is hivatkozik, hogy nem voltak a birtokában azok az elemek, amelyeket valamennyi ajánlattevő rendelkezésére bocsátottak. Következésképpen a felperes szerint az a tény, miszerint anélkül vett részt bizonyos dokumentumok kidolgozásában egy másik közbeszerzési eljárás keretében, hogy e munka nem egy új szerződés vonatkozásában került volna elvégzésre, önmagában nem minősülhet olyan indoknak, amely elegendő azon következtetés levonásához, miszerint az ő tekintetében összeférhetetlenségi helyzet áll fenn. A felperes ezenfelül úgy ítéli meg, hogy a Bíróság ítélkezési gyakorlatából (2005. március 3‑i Fabricom‑ítélet, C‑21/03 és C‑34/03, EBHT, EU:C:2005:127 ) az következik, hogy egy korábbi közbeszerzési eljárásban való részvételből eredő tapasztalat nem járhat versenytorzító hatással, mivel ellenkező esetben az ajánlattevők nagy részét ki kellene zárni ezen okból a közbeszerzési eljárásokból. A Bizottság azt állítja, hogy a 2012. augusztus 10‑i levél kifejezetten elismerte a felperes azon lehetőségét, hogy egyértelművé tegye helyzetét azt megelőzően, hogy elfogadásra kerülne a 2012. szeptember 12‑i levélben foglalt határozat. Ráadásul ezen utóbbi levélből az tűnik ki, hogy az ajánlatkérő hatóság „kellőképpen figyelembe vett minden olyan elemet, amelyet [a felperes] terjesztett elő […] augusztus 13‑i level[é]ben”, illetve hogy az ajánlatkérő hatóság a konkrét ajánlatok elemzésére támaszkodik. A szóban forgó összeférhetetlenségre vonatkozó bizonyítékokat illetően a Bizottság arra hivatkozik, hogy – amint az a 2012. szeptember 12‑i levélből is kitűnik – a felperes által egy előző közbeszerzési eljárás keretében szerkesztett bizonyos számú dokumentumot az új ajánlattételi felhívás dokumentációjához csatoltak. E dokumentumok „a jelen ajánlattételi felhívás tárgyát alkotó tevékenységek egy részének alapjául szolgál[t]ak”. A Bizottság nem vitatja, hogy a dokumentumokat valamennyi potenciális pályázó rendelkezésére bocsátották. A Bizottság mindazonáltal azt állítja, hogy a felperes a többi ajánlattevőnél korábban fért hozzá az említett dokumentumokhoz, így versenyelőnyre tett szert, különösen a minősített szakértők felkutatása tekintetében. Anélkül egyébként, hogy azt állítaná, hogy a jelen ügyben ez a helyzet, a Bizottság arra hivatkozik, hogy a felperes azzal, hogy részt vett a dokumentumok elkészítésében, képes lehetett oly módon megszerkeszteni a szóban forgó dokumentumokat, hogy versenyelőnyt szerezzen a vitatott közbeszerzési szerződés tekintetében. Végül, a felperes által hivatkozott ítélkezési gyakorlat (a fenti 63. pontban hivatkozott Fabricom‑ítélet, EU:C:2005:127 , 29. és 36. pont) a Bizottság szerint nem a felperes állításait, hanem inkább a Bizottság álláspontját erősíti, nevezetesen azt, hogy a bizonyos előkészítő munkákban részt vett személy előnyösebb helyzetbe kerülhet ajánlatának megtétele szempontjából azon információk alapján, amelyeket az említett előkészítő munkák elvégzésekor szerezhetett a szóban forgó közbeszerzésre vonatkozólag. Márpedig minden ajánlattevőnek azonos lehetőségekkel kell rendelkeznie ajánlati feltételei kidolgozására. A Bizottság tehát elegendőnek ítéli azt a tényt, hogy a felperes versenyelőnye kockázatának fennállását állapította meg, és nincs szükség annak bizonyítására, hogy az említett előny konkrét következményekkel járt a jelen ügyben. Emlékeztetni kell arra, hogy a Bizottság szolgáltatásnyújtásra irányuló közbeszerzési szerződéseinek odaítélését a költségvetési rendelet V. címének rendelkezései szabályozzák. A 2012. augusztus 10‑i levél jogalapja a költségvetési rendeletnek az dokumentáció 15. pontjában idézett 94. cikke. A szóban forgó rendeletet – annak megfogalmazásával élve – minden, a Közösségek, illetve most már az Unió költségvetése által egészében vagy részben finanszírozott közbeszerzési szerződésre alkalmazni kell. A költségvetési rendelet 94. cikke az alábbiak szerint rendelkezik: „A szerződés nem ítélhető oda azon pályázóknak vagy ajánlattevőknek, akik a közbeszerzési eljárás során: a) összeférhetetlenek […]” Az ajánlattételi dokumentációnak a „Kizárási okok” című (15) bekezdése ekképp rendelkezik: „Az ajánlattevőknek az ajánlattal együtt a formanyomtatványba foglalva egy olyan aláírt nyilatkozatot kell benyújtaniuk, amely azt tanúsítja, hogy a [gyakorlati útmutató] 2.3.3 pontjában felsorolt kizárási okok közül egyik sem vonatkozik rájuk.” A gyakorlati útmutató 2.3.3 pontja értelmében: „A szerződések nem ítélhetők oda olyan részvételre jelentkezőknek, kérelmezőknek vagy ajánlattevőknek, akik az erre a szerződésre vonatkozó közbeszerzési eljárás során: a) összeférhetetlennek minősülnek; […] A valamely pályázó/ajánlattevő/kérelmező kizárására vonatkozó javaslattételt (értékelő bizottság), illetve döntést (ajánlatkérő hatóság) megelőzően emlékeztetni kell arra, hogy tiszteletben kell tartani az olyan elveket, mint például a védelemhez való jog és az arányosság elve. E tekintetben a kizárást a pályázóval/ajánlattevővel/kérelmezővel együtt lefolytatott kontradiktórius eljárásra kell alapozni, kivéve ha a bizonyítékok olyan jellegűek, hogy semmilyen egyéb kérdés tisztázása nem szükséges (például, ha a pályázó/ajánlattevő/kérelmező kifejezetten elismeri a kizárást maga után vonó tényeket).” A gyakorlati útmutatónak a 2012. augusztus 10‑i levélben említett 2.3.6 pontjában szerepel az összeférhetetlenség fogalma, a következőképpen meghatározva: „Összeférhetetlenség: összeférhetetlenség akkor áll fenn, ha a közbeszerzési eljárás vagy valamely szerződés végrehajtása során az ajánlatkérő hatóság funkcióinak pártatlan és tárgyilagos gyakorlása, illetve valamely pályázó/ajánlattevő/kérelmező családi vagy érzelmi okok, politikai vagy nemzeti hovatartozással kapcsolatos okok, továbbá gazdasági érdek, vagy bármely más, az [Unió] által finanszírozott programok kedvezményezettjével közös érdek miatt veszélybe kerül. Öszeférhetetlenség áll fenn például akkor, ha az eljárásban részt vevő valamely személy (értékelő bizottság, ajánlatkérő hatóság stb.) magának vagy másnak közvetlen vagy közvetett, igazolatlan előnyt juttat, befolyásolva az eljárás eredményét, vagy ha valamely szakértőnek/társaságnak lehetősége van arra, hogy olyan bizalmas információkhoz jusson, amelyek tisztességtelen versenyhez vezetnek későbbi vagy kapcsolódó eljárások során. Például, egy projekt előkészítésében (például a szerződéses feltételek megszerkesztésében) részt vevő minden társaságot vagy szakértőt általánosságban ki kell zárni az ebből következő ajánlattételi felhívásban való részvételből, kivéve ha az ajánlatkérő hatósággal szemben bizonyítja, hogy az ajánlattételi felhívás korábbi szakaszaiban való részvétele nem minősült tisztességtelen versenynek. Azokat a pályázókat/ajánlattevőket/kérelmezőket, akik összeférhetetlenségi helyzetben vannak valamely közbeszerzési eljárás/támogatás odaítélésére irányuló eljárás kertében, ki kell zárni az eljárásból. A kizárási okokat esetről esetre kell megvizsgálni. Az Európai Unió Bíróságának állandó ítélkezési gyakorlata értelmében a kizárás alapját az összeférhetetlenségnek az ügy sajátos körülményei által megerősített valós kockázata kell hogy alkossa. Az automatikus kizárás megfosztja a pályázót/ajánlattevőt/kérelmezőt attól a jogától, hogy az összeférhetetlenség bármely gyanújának megcáfolására alkalmas bizonyítékokat terjesszen elő. […]” A jelen ügyben azt kell megvizsgálni, hogy az ajánlatkérő hatóság megállapíthatta‑e, hogy összeférhetetlenség kockázata merült fel a felperest érintően értelmezett költségvetési rendeletnek az ítélkezési gyakorlat által értelmezett 94. cikke a) pontjára tekintettel a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozat elfogadásának időpontjában rendelkezésére álló bizonyítékok alapján. E tekintetben emlékeztetni kell arra. hogy a költségvetési rendelet 94. cikke kizárólag akkor teszi lehetővé az ajánlattevőnek a közbeszerzési eljárásból történő kizárását, ha az abban említett összeférhetetlenség nem hipotetikus, hanem valós. Ez nem azt jelenti, hogy önmagában az összeférhetetlenség kockázata nem elegendő az ajánlat kizárásához. Ugyanis az összeférhetetlenség főszabály szerint csak a szerződés teljesítése során konkretizálódhat. A szerződés megkötése előtt az összeférhetetlenség csak lehetséges lehet, és következésképpen az említett rendelkezés az összeférhetetlenség kockázatának értékelését kívánja meg. Mindazonáltal az ajánlat konkrét elbírálását és az ajánlattevő helyzetének megvizsgálását követően e kockázatnak ténylegesen megállapíthatónak kell lennie ahhoz, hogy az ajánlattevőt kizárják az eljárásból. Pusztán az összeférhetetlenség eshetősége nem elegendő e tekintetben (a fenti 62. pontban hivatkozott Deloitte Business Advisory kontra Bizottság ítélet, EU:T:2007:107 , 67. pont). Az összeférhetetlenség fogalma objektív természetű, és jellemzésekor nem lehet figyelembe venni az érdekeltek szándékát, különösen jóhiszeműségét (lásd: 2013. március 20‑i ítélet Nexans France kontra Entreprise commune Fusion for Energy ítélet, T‑415/10, EBHT, EU:T:2013:141 , 115. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Az ajánlatkérő hatóságok nem kötelesek feltétlenül kizárni azon ajánlattevőket, akikkel szemben összeférhetetlenség áll fenn, mivel az ilyen kizárás nem igazolt abban az esetben, ha bizonyítható, hogy e helyzet nem befolyásolta a közbeszerzési eljárásban tanúsított magatartásukat, és hogy nem áll fenn az ajánlattevők közötti versenyt torzító gyakorlat valós veszélye. Ezzel szemben elengedhetetlen azon ajánlattevő kizárása, akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn, ha nem létezik megfelelőbb eszköz az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód és az átláthatóság elve megsértésének elkerülésére (a fenti 75. pontban hivatkozott Nexans France kontra Entreprise commune Fusion for Energy ítélet, EU:T:2013:141 , 116. és 117. pont). Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint ugyanis az ajánlatkérő hatóság a közbeszerzési eljárás minden szakaszában köteles ügyelni az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód elvének, és következésképpen valamennyi ajánlattevő esélyegyenlőségének tiszteletben tartására (lásd: 2007. július 12‑i Evropaïki Dynamiki kontra Bizottság ítélet, T‑250/05, EU:T:2007:225 , 45. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). Pontosabban az egyenlő bánásmód elve megköveteli, hogy az ajánlattevők azonos esélyekkel rendelkezzenek ajánlataik összeállításakor, és ebből következően azt a követelményt is magában foglalja, hogy valamennyi ajánlattevő tekintetében ugyanazon feltételek vonatkozzanak az ajánlatokra. Az átláthatóság elvének, amely az egyenlő bánásmód elvének szükségszerű velejárója, alapvető célja az ajánlatkérő részéről a részrehajlás és az önkényesség kockázata hiányának biztosítása. Ezen elv megköveteli, hogy a közbeszerzési eljárás valamennyi feltétele és szabálya érthetően, pontosan és egyértelműen legyen megfogalmazva az ajánlattételi felhívásban vagy az ajánlattételi dokumentációban (2009. szeptember 9‑i Brink’s Security Luxembourg kontra Bizottság ítélet, T‑437/05, EBHT, EU:T:2009:318 , 114. és 115. pont). Az átláthatóság elve ezenfelül magában foglalja azt is, hogy az ajánlattételi felhívás vagy az ajánlattételi dokumentáció megfelelő megértéséhez szükséges valamennyi műszaki információt, amint lehetséges, a közbeszerzési eljárásban részt vevő valamennyi vállalkozás rendelkezésére bocsássák oly módon, hogy egyfelől minden átlagos szakmai tudással rendelkező ajánlattevő az általános gondosság gyakorlása mellett megértse azok pontos tartalmát, és ugyanúgy tudja értelmezni őket, másfelől lehetővé tegyék az ajánlatkérő hatóság számára, hogy ellenőrizze, hogy az ajánlattevők ajánlatai ténylegesen megfelelnek‑e az érintett közbeszerzésre irányadó szempontoknak (lásd: 2014. január 29‑i, European Dynamics Belgium és társai kontra EMA ítélet, T‑158/12, EU:T:2014:36 , 60. pont, valamint az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat). A fenti 74–78. pontban említett ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy az összeférhetetlenség kockázatára vonatkozó értékelés egyfelől az ajánlat, másfelől pedig az érintett ajánlattevő helyzetének konkrét értékelését követeli meg, és ezen ajánlattevő kizárása olyan eszköz, amely az átláthatóság és az ajánlattevők közötti esélyegyenlőség elve tiszteletben tartásának biztosítására irányul. Annak meghatározása céljából, hogy a jelen ügyben megsértették‑e a költségvetési rendelet 94. cikkét, a felperes szándékaitól elvonatkoztató objektív elemzés keretében azt kell megvizsgálni, hogy az összeférhetetlenség kockázata a felperes helyzetéből, illetve ajánlatának konkrét értékeléséből következik‑e. Elsősorban arra kell emlékeztetni, hogy a Bizottság szerint a felperes összeférhetetlenségi okokból történő kizárása az ajánlattevőkkel szembeni egyenlő bánásmód elve tiszteletben tartása biztosításának célkitűzését követi. E tekintetben a Bizottság arra hivatkozik, hogy a felperesnek a többieket megelőzően hozzáférése volt a szóban forgó közbeszerzési projekthez kapcsolódó tevékenységek egy része tekintetében alapként használt bizonyos dokumentumokhoz, mégpedig azon okból, hogy a felperes tagja volt az említett dokumentumokat egy másik közbeszerzési eljárás keretében elkészítő konzorciumnak. A 2012. augusztus 10‑i levélből az következik, hogy az e dokumentumokhoz való hozzáférés a felperest a gyakorlati útmutató 2.3.6 pontja értelmében vett „bizalmas információkhoz” juttatta. A Bizottság ily módon úgy ítéli meg, hogy – a szóban forgó levélben foglaltaknak megfelelően – az e dokumentumokhoz való, a többi ajánlattevőhöz képest korábbi hozzáférés a felperesnek versenyelőnyt juttatott ez utóbbiakhoz viszonyítva. Mindazonáltal nem fogadható el, hogy az összeférhetetlenség kockázatát arra a puszta tényre lehessen alapítani, hogy a felperes a többi ajánlattevő előtt hozzáférhetett egy másik közbeszerzési eljárás dokumentumaihoz, mivel tagja volt annak a konzorciumnak, amely e dokumentumokat elkészítette, amelyeket később a jelen ügyben vitatott közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tevékenységek tekintetében referenciaként használtak fel. Nem fogadható el ugyanis Bizottság azon érvelése, miszerint a felperes, mivel tagja volt a szóban forgó dokumentumokat elkészítő konzorciumnak, oly módon befolyásolhatta e dokumentumok megszerkesztését, hogy versenyelőnyhöz juttathatta magát a jelen ügyben vitatott közbeszerzési eljárás vonatkozásában. E tekintetben a fenti 74. és 75. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatból az következik, hogy az összeférhetetlenségnek objektív jellegűnek kell lennie, ami megköveteli az érdekelt szándékaitól való elvonatkoztatást, és az összeférhetetlenség puszta eshetősége nem elegendő, mivel a jelen ügyben az említett kockázatot ténylegesen meg kell állapítani. Ily módon az összeférhetetlenség kockázatát nem lehet arra a puszta vélelemre alapítani, hogy a szóban forgó dokumentumoknak egy másik közbeszerzési eljárás keretében történő elkészítése időpontjában a felperes tudott az ajánlatkérő hatóság azon szándékáról, hogy egy új ajánlattételi felhívást kíván közzétenni, illetve azon szándékáról, hogy az azon konzorcium által elkészített dokumentumokat, amelynek a felperes tagja volt, az új ajánlattételi felhívásban meghirdetett közbeszerzés által érintett bizonyos tevékenységek tekintetében alapként kívánja felhasználni. A fenti 66. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat, valamint a gyakorlati útmutató 2.3.6 pontja értelmében a közbeszerzési szerződés keretében előkészítő munkákkal megbízott személy vonatkozásában akkor áll fenn az összeférhetetlenség kockázata, ha e személy ugyanezen közbeszerzési eljárásban vesz részt. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy amikor a Bíróság a fenti 63. pontban hivatkozott Fabricom‑ítélet ( EU:C:2005:127 ) 29. pontjában az „előkészítő munkák” kifejezést használta, az egy és ugyanazon közbeszerzési eljárás keretében végzett munkákra utalt. Következésképpen a fenti 63. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlat értelmében a Bizottság megalapozatlanul vette egy tekintet alá a más közbeszerzési eljárás keretében elkészített dokumentumok megszerkesztését a vitatott közbeszerzési eljárásba tartozó munkák esetével, kivéve ha objektíven és konkrétan bizonyította volna, hogy egyfelől az említett dokumentumok elkészítésére a vitatott közbeszerzési eljárás céljából került sor, és, másfelől, hogy ezek a dokumentumok tényleges előnyhöz juttatták a felperest. E bizonyítás hiányában tehát a más közbeszerzési eljárás keretében elkészített, és később az ajánlatkérő hatóság által egy eltérő közbeszerzési eljárás tevékenységei egy része tekintetében referenciaként kiválasztott dokumentumok nem minősíthetők sem a fent hivatkozott ítélkezési gyakorlat, sem pedig a gyakorlati útmutató 2.3.6 pontja értelmében vett „előkészítő munkáknak”, amely utóbbi az előkészítő munkákat a „projekt előkészítésére” vonatkozó olyan munkákkal azonosítja, mint például az ajánlattételi dokumentáció elkészítése. A jelen ügyben meg kell állapítani, hogy a felperesnek a közbeszerzési eljárásból történő kizárása azon a puszta tényen alapult, hogy egy olyan konzorcium tagja volt, amely egy közbeszerzési eljáráshoz tartozó dokumentumokat készített el, és senki nem állította azt, hogy a többi ajánlattevő nem fért hozzá hasznos időben ugyanezen dokumentumokhoz. Ezenfelül, az említett dokumentumok elkészítéséből nem következett az, hogy a felperes részt vett a szóban forgó közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elkészítésében. Következésképpen nem nyert bizonyítást, hogy a felperes több információval rendelkezett, mint a többi ajánlattevő, ami sértette volna az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elvét. Ebből következik, hogy a szóban forgó dokumentumok nem minősülnek a gyakorlati útmutató 2.3.6 pontja értelmében vett „bizalmas információknak”. A felperes kizárását tehát – a Bizottság állításával ellentétben – nem írja elő a gyakorlati útmutató említett pontja, és ily módon nem igazolt az egyenlő bánásmód és az átláthatóság elvének megsértése. Egyébiránt, egy másik közbeszerzési eljárás keretében elkészített dokumentumokat „előkészítő munkáknak” minősíteni azon okból, hogy ezeket az ajánlatkérő hatóság referenciaként használta egy későbbi közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó tevékenységek tekintetében, amint azt a felperes joggal állítja, automatikusan annak megállapításához vezet, hogy egy korábbi közbeszerzési eljárásban való részvétel okán szerzett tapasztalat torzíthatja a versenyt. Másodsorban, nem tűnik úgy, hogy a 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozat a felperes ajánlatának konkrét értékelését követően került elfogadásra. E levél ugyanis, minden további pontosítás nélkül csak annak említésére szorítkozik, hogy a felperesnek felrótt, a gyakorlati útmutató 2.3.6 pontja szerinti összeférhetetlenség kockázatát csak az ajánlattevők pályázatainak egyenkénti vizsgálatát követően lehetett érvényesen megállapítani. Márpedig a 2012. augusztus 10‑i levélben szereplő, az „egyénenkénti” vizsgálatra történő utalás, a gyakorlati útmutató 2.3.6 pontjának megfogalmazását használja, amely megfogalmazás a fenti 74. pontban hivatkozott ítélkezési gyakorlatból ered. Mindazonáltal meg kell állapítani, hogy azt az utalást semmiféle olyan bizonyíték nem támasztja alá, amely szerint e konkrét vizsgálatra sor került volna. E tekintetben hangsúlyozni kell, hogy a Bizottság anélkül, hogy ezt a 2012. augusztus 10‑i levélben megemlítette volna, első ízben ellenkérelmében hivatkozott arra a hipotézisre, miszerint a felperes a folyamatban lévő közbeszerzési eljárás tárgyát alkotó tevékenységek jelentős részének alapjául kiválasztott bizonyos dokumentumokhoz való feltételezett „bizalmas hozzáférése” okán versenyelőnyhöz jutott az említett tevékenységeket elvégző minősített szakértők kiválasztása során. Ugyanakkor a Bizottság, egyfelől, semmiféle, annak vizsgálatát lehetővé tévő bizonyítékot nem szolgáltatott, hogy a felperes ajánlatának megfogalmazásából az következik, hogy több információval rendelkezett, mint a többi ajánlattevő, mivel, amint az a fenti 86. pontban megállapításra került, nem vitatott, hogy a szóban forgó dokumentumokat egy másik közbeszerzési eljárás keretében készítették el, azokból nem következett a vitatott közbeszerzési eljárás ajánlattételi dokumentációjának elkészítése, és e dokumentumokat a jelen közbeszerzési eljárás keretében minden ajánlattevő rendelkezésére bocsátották. Másfelől, a Bizottságnak a minősített szakértők kiválasztására vonatkozó érvét illetően meg kell állapítani, hogy az ügy iratai semmiféle olyan bizonyítékot nem tartalmaznak, amelyek az érintett dokumentumok és a felperes választása közötti kapcsolatot igazolnák, a fortiori pedig azt sem, hogy az említett választás befolyásolta a felperes ajánlatának nyerési esélyeit. A fenti megfontolások összességéből az következik, hogy az ajánlatkérő hatóság megalapozatlanul ítélte meg úgy, hogy a felperest illetően összeférhetetlenség kockázata volt megállapítható ajánlatának konkrét értékelését követően. Ezzel szemben meg kell állapítani, hogy az összeférhetetlenség kockázata nem objektív módon került megállapításra, és azon konzorcium ajánlatának elutasítása, amelynek a felperes tagja volt, igazolatlan, és ellentétes a költségvetési rendelet 94. cikkével. Következésképpen, anélkül hogy meg kellene vizsgálni a felperes által hivatkozott első jogalapot, illetve a második jogalap keretében hivatkozott második kifogást, a második jogalapnak helyt kell adni, és meg kell semmisíteni 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt határozatot abban a részében, amelyben az megállapítja, hogy a közbeszerzési szerződés nem ítélhető oda annak a konzorciumnak, amelynek a felperes is tagja volt. Ezzel szemben, amint az a fenti 59. pontból következik, mint elfogadhatatlant el kell utasítani azt a kérelmet, amelynek tárgya a felperes panaszát elutasító feltételezett hallgatólagos határozat megsemmisítése. A költségekről Az eljárási szabályzat 134. cikkének (1) bekezdése alapján a Törvényszék a pervesztes felet kötelezi a költségek viselésére, ha a pernyertes fél ezt kérte. Mivel a Bizottság kérelmei alapvető része tekintetében pervesztes lett, a felperes kérelmének megfelelően kötelezni kell őt a saját, valamint a felperes részéről a jelen eljárásban, illetve az általa benyújtott, ideiglenes intézkedés iránti kérelem keretében felmerült költségeinek viselésére. A fenti indokok alapján A TÖRVÉNYSZÉK (második tanács) a következőképpen határozott: 1) A Törvényszék megsemmisíti az Európai Unió Szerb Köztársaságbeli Küldöttsége mint az Európai Bizottság átruházott hatáskörrel rendelkező ajánlatkérő hatósága által megszerkesztett 2012. augusztus 10‑i levélben foglalt, „A vámrendszer modernizálása keretében a szerb vámhatóság részére nyújtott technikai segítség” elnevezésű EuropeAid/131367/C/SER/RS közbeszerzési szerződésre vonatkozó, azon konzorcium ajánlatát elutasító határozatát, amelynek az Intrasoft International SA tagja volt. 2) A Törvényszék a keresetet ezt meghaladó részében elutasítja. 3) A Törvényszék a Bizottságot kötelezi a költségek viselésére, beleértve az ideiglenes intézkedés iránti eljárásban felmerült költségeket is. Martins Ribeiro Gervasoni Madise Kihirdetve Luxembourgban, a 2015. október 13‑i nyilvános ülésen. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: angol.

62010CJ0138

pt

O pedido de decisão prejudicial tem por objecto a interpretação dos artigos 4.°, ponto 5, 8.°, n.° 1, primeiro travessão, 62.°, 63.° e 68.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário (JO L 302, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 1791/2006 do Conselho, de 20 de Novembro de 2006 (JO L 363, p. 1, a seguir «código aduaneiro»). Foi apresentado no âmbito de um litígio entre a DP grup EOOD (a seguir «DP grup») e o Direktor na Agentsia «Mitnitsi» (director da agência aduaneira), a respeito de um recurso de anulação que essa sociedade interpôs de uma declaração aduaneira feita por sua conta. Quadro jurídico Código aduaneiro O sexto considerando do código aduaneiro tem a seguinte redacção: «Considerando que é necessário, tendo em conta a enorme importância de que se reveste para a Comunidade o comércio externo, suprimir ou, pelo menos, limitar na medida do possível as formalidades e os controlos aduaneiros;» O artigo 4.° do código aduaneiro dispõe: «Na acepção do presente código, entende‑se por: [...] 5.      Decisão: qualquer acto administrativo de uma autoridade aduaneira em matéria de legislação aduaneira que decida sobre um caso concreto e que produza efeitos de direito relativamente a uma ou mais pessoas determinadas ou susceptíveis de serem determinadas; este termo abrange nomeadamente as informações pautais vinculativas na acepção do artigo 12.°; [...] 17.      Declaração aduaneira: o acto pelo qual uma pessoa manifesta, na forma e segundo as modalidades prescritas, a vontade de atribuir a uma mercadoria determinado regime aduaneiro; [...]» O artigo 59.°, n.° 1, desse código dispõe: «Qualquer mercadoria destinada a ser sujeita a um regime aduaneiro deve ser objecto de uma declaração para esse regime aduaneiro.» O artigo 62.° do referido código dispõe: «1.      As declarações feitas por escrito devem ser emitidas num formulário conforme com o modelo oficial previsto para esse efeito. Devem ser assinadas e conter todos os elementos necessários à aplicação das disposições que regem o regime aduaneiro para o qual são declaradas as mercadorias. 2.      À declaração devem ser juntos todos os documentos cuja apresentação seja necessária para permitir a aplicação das disposições que regem o regime aduaneiro para o qual sejam declaradas as mercadorias.» Nos termos do artigo 63.° do código aduaneiro: «As declarações que obedeçam às condições do artigo 62.° são imediatamente aceites pelas autoridades aduaneiras, desde que as mercadorias a que se referem tenham sido apresentadas à alfândega.» O artigo 66.° desse código tem a seguinte redacção: «1.      A pedido do declarante, as autoridades aduaneiras anularão uma declaração já aceite quando o declarante provar que a mercadoria foi erradamente declarada para o regime aduaneiro correspondente a essa declaração ou quando, na sequência de circunstâncias especiais, já não se justifica a sujeição da mercadoria ao regime aduaneiro para o qual foi declarada. Não obstante, quando as autoridades aduaneiras tiverem informado o declarante da intenção de procederem a uma verificação das mercadorias, o pedido de anulação de declaração só pode ser admitido após a realização dessa verificação. 2.      A declaração não pode ser anulada após a autorização de saída das mercadorias, salvo nos casos definidos em conformidade com o procedimento do comité. 3.      A anulação de declaração não produz quaisquer efeitos sobre a aplicação das disposições repressivas em vigor.» O artigo 68.° do código aduaneiro dispõe: «Para a conferência das declarações por elas aceites, as autoridades aduaneiras podem proceder: a)      A um controlo documental que incida sobre a declaração e os documentos que se lhe encontram juntos. As autoridades podem exigir do declarante a apresentação de qualquer outro documento com vista à conferência da exactidão dos elementos da declaração; b)      A verificação das mercadorias, acompanhada de uma eventual extracção de amostras com vista à sua análise ou a um controlo mais aprofundado.» O artigo 71.° desse código dispõe: «1.      Os resultados da conferência da declaração servem de base à aplicação das disposições que regem o regime aduaneiro a que as mercadorias se encontram sujeitas. 2.      Caso não se proceda à conferência da declaração, a aplicação das disposições previstas no n.° 1 efectua‑se com base nos elementos da declaração.» Regulamento de aplicação O Regulamento (CEE) n.° 2454/93 da Comissão, de 2 de Julho de 1993, que fixa determinadas disposições de aplicação do Regulamento n.° 2913/92 (JO L 253, p. 1), conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 214/2007 da Comissão, de 28 de Fevereiro de 2007 (JO L 62, p. 6, a seguir «regulamento de aplicação»), dispõe, no seu artigo 199.°, n.° 1: «Sem prejuízo da eventual aplicação de disposições repressivas, a entrega numa estância aduaneira de uma declaração assinada pelo declarante ou pelo seu representante tem valor vinculativo nos termos das disposições em vigor, no que diz respeito: –        à exactidão das indicações constantes da declaração, –        à autenticidade dos documentos juntos e –        à observância de todas as obrigações inerentes à sujeição das mercadorias em causa ao regime considerado.» O artigo 251.° desse regulamento dispõe: «Em derrogação do disposto no n.° 2 do artigo 66.° do código [aduaneiro], a declaração pode ser anulada, após a concessão da autorização de saída, nas seguintes condições: [...]» Litígio no processo principal e questões prejudiciais Em 13 de Março de 2007, a DP grup, através de mandatário, apresentou ao Mitnichesko byuro Kremikovtsi (Serviços Aduaneiros de Kremikovtsi), em Sofia (Bulgária), uma declaração aduaneira relativa à importação de «coxas de peru desossadas e congeladas, temperadas com pimenta branca», provenientes do Brasil, a fim de as introduzir em livre prática. A declaração aduaneira foi aceite pela Administração Aduaneira nessa mesma data. Um agente alfandegário apôs a assinatura e inscreveu a seguinte menção no verso do documento: «Procedeu‑se ao controlo dos documentos relativos à casa n.° 44, nos termos do artigo 218.° do [regulamento de aplicação]. O número de código pautal da casa n.° 33 corresponde à denominação da mercadoria na casa n.° 31 e [à pauta integrada das Comunidades Europeias instituída pelo artigo 2.° do Regulamento (CEE) n.° 2658/87 do Conselho, de 23 de Julho de 1987, relativo à nomenclatura pautal e estatística e à pauta aduaneira comum (JO L 256, p. 1)]. O valor aduaneiro foi fixado nos termos do artigo 29.° do código aduaneiro. Não se trata de uma mercadoria preferencial. Estão preenchidos os pressupostos da ‘introdução em livre prática’. Acta relativa a um controlo alfandegário aprofundado no aeroporto de Sófia (n.° 120/13.03.2007). Por suspeita de que a classificação pautal indicada não seja correcta, foram extraídas amostras para um exame laboratorial pelo Laboratório Químico Central [...]» A acta n.° 120/13.03.2007, relativa à fiscalização da mercadoria, precisa, no seu n.° 13, que a mercadoria apresentada corresponde, pelo seu tipo e quantidade, à indicada na declaração aduaneira e que foram colhidas amostras para análise laboratorial. O montante dos direitos de importação calculado em função da posição pautal declarada pela DP grup, de 22 646,88 BGN, foi inscrito na correspondente casa da declaração aduaneira. Em 25 de Março de 2007, a Administração Aduaneira autorizou a saída da mercadoria importada. Com base no resultado da perícia, a Administração Aduaneira, por ofício de 17 de Abril de 2007, informou a DP grup de que considerava incorrecta a classificação pautal da mercadoria e que isso constituía uma infracção à legislação aduaneira. Em consequência, a Administração Aduaneira lançou montantes adicionais, a saber, o montante de 49 754,31 BGN, a título de direitos aduaneiros, e o montante de 11 293,75 BGN, de imposto sobre o valor acrescentado, e ainda juros de mora sobre esses montantes, notificando a DP grup para o respectivo pagamento. A DP grup interpôs então recurso para o Administrativen sad Sofia‑grad, pedindo a anulação da declaração aduaneira de 13 de Março de 2007, pelo facto de os direitos de importação no montante total de 22 646,88 BGN, aí referidos, terem sido calculados de forma errada. Resulta da decisão de reenvio que a DP grup alegou nesse tribunal que a declaração aduaneira em causa na lide principal constitui um acto administrativo recorrível. Com efeito, essa sociedade, reconhecendo embora que não tinha indicado a posição pautal certa, considera que, na medida em que essa posição foi aceite pela Administração Aduaneira, devido à assinatura aposta pelo agente no momento da aceitação da declaração, essa posição foi «confirmada» por essa entidade. Assim, a declaração aduaneira constitui uma declaração de vontade expressa da parte das autoridades aduaneiras e gera direitos e obrigações para o declarante, o que lhe confere a natureza de acto recorrível. Em apoio do seu recurso, a DP grup alegou que a posição pautal incorrecta indicada na declaração aduaneira em causa na lide principal dá origem à sua nulidade. Alegou ainda que os direitos aduaneiros calculados com base na declaração ilegal não estavam em conformidade com os objectivos da regulamentação aduaneira búlgara, causando‑lhe assim um prejuízo. Em 21 de Julho de 2008, o Administrativen sad Sofia‑grad proferiu despacho em que julgou inadmissível o recurso por não existir um acto administrativo recorrível, uma vez que a declaração aduaneira preenchida pelo declarante e aceite pelas autoridades aduaneiras não é, em seu entender, um acto que possa ser impugnado em juízo. A DP grup recorreu desse despacho para o Varhoven administrativen sad (Supremo Tribunal Administrativo), que considerou que, mesmo tendo sido preenchida pelo próprio declarante, a declaração aduaneira em causa na lide principal constitui, pelas razões expostas no n.° 21 do presente acórdão, um acto administrativo individual que afecta indiscutivelmente os interesses do declarante. O Varhoven administrativen sad, cujas indicações respeitantes à interpretação e à aplicação da lei são, no direito búlgaro, vinculativas no momento da posterior análise do processo, ordenou que o processo baixasse à mesma secção do Administrativen sad Sofia‑grad, para prosseguir os seus trâmites. O tribunal de reenvio considera que a decisão da causa principal depende da interpretação das disposições do direito da União aplicáveis em matéria aduaneira e que esse processo suscita, nomeadamente, a questão do alcance e do conteúdo da verificação da conformidade das declarações aduaneiras com as condições previstas no artigo 62.° do código aduaneiro e, mais concretamente, a questão de saber se, no âmbito dessa verificação, as autoridades aduaneiras são obrigadas a verificar se a posição pautal indicada por um declarante está correcta. Precisa ainda que, quando a posição indicada não está correcta nem é seguidamente rectificada nos termos do artigo 65.° do código aduaneiro, as autoridades aduaneiras podem aplicar ao declarante sanções pela infracção aduaneira cometida, nomeadamente apreender a mercadoria e dispor dela no âmbito do processo previsto na lei nacional para o efeito. É evidente, segundo esse tribunal, que o objectivo do recurso que lhe está submetido é evitar consequências jurídicas desfavoráveis à DP grup, como as que acima se indicam. Nestas condições, o Administrativen sad Sofia‑grad suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1)      Nas circunstâncias do processo principal, deve o artigo 63.° do [código aduaneiro] ser interpretado no sentido de que obriga a autoridade aduaneira a efectuar apenas uma verificação da conformidade da declaração aduaneira com as condições do artigo 62.° deste [código], procedendo simplesmente a um controlo documental nos termos previstos no [seu] artigo 68.°, e a tomar uma decisão sobre a aceitação da declaração aduaneira apenas com base nos documentos apresentados, quando existam dúvidas quanto à exactidão do código pautal da mercadoria e seja necessária uma peritagem com vista à determinação desse código? 2)      Nas circunstâncias do processo principal, deve a decisão das autoridades aduaneiras relativa à aceitação imediata da declaração aduaneira nos termos do artigo 63.° do [código aduaneiro] ser considerada uma decisão da autoridade aduaneira na acepção do artigo 4.°, ponto 5, conjugado com o artigo 8.°, n.° 1, primeiro travessão, do [referido] código, em particular sobre a globalidade do conteúdo da declaração aduaneira, se estiverem reunidas simultaneamente as seguintes circunstâncias: a)      a decisão da autoridade aduaneira relativa à aceitação tiver sido tomada exclusivamente com base nos documentos apresentados juntamente com a declaração aduaneira; b)      quando da realização da verificação necessária antes da aceitação da declaração aduaneira existir a suspeita de que o código pautal declarado da mercadoria não é exacto; c)      quando da realização da verificação necessária antes da aceitação da declaração aduaneira, as informações relativas ao conteúdo das mercadorias declaradas, relevantes para a determinação correcta do código pautal, forem incompletas; d)      quando da verificação prévia à aceitação da declaração tiver sido extraída uma amostra para realização de uma peritagem com o objectivo de determinar correctamente o código pautal da mercadoria? 3)      Nas circunstâncias do processo principal, deve o artigo 63.° do [código aduaneiro] ser interpretado no sentido de que: a)      permite que a legalidade da aceitação da declaração aduaneira seja contestada judicialmente após o desalfandegamento das mercadorias, ou b)      no sentido de que a aceitação da declaração aduaneira não é impugnável, porque esta apenas confirma a declaração das mercadorias junto das autoridades aduaneiras, determinando o momento em que se constitui a dívida aduaneira na importação, e não representa uma decisão da autoridade aduaneira quanto às questões da classificação pautal exacta e do montante dos direitos devidos com base na declaração?» Quanto às questões prejudiciais Há que lembrar que, no âmbito do processo instituído pelo artigo 267.° TFUE, cabe exclusivamente ao juiz nacional, a quem está submetido o litígio e que deve assumir a responsabilidade da decisão jurisdicional a tomar, apreciar, à luz das especificidades do processo, quer a necessidade de uma decisão prejudicial, para poder proferir a sua decisão, quer a pertinência das questões que coloca ao Tribunal de Justiça (v., nomeadamente, acórdãos de 2 de Abril de 2009, Elshani, C‑459/07, Colect., p. I‑2759, n.° 40, e de 16 de Dezembro de 2010, Skoma‑Lux, C‑339/09, ainda não publicado na Colectânea, n.° 21). Contudo, cabe ao Tribunal de Justiça, no âmbito desse processo, dar ao tribunal nacional uma resposta útil que lhe permita decidir a causa que lhe foi submetida. Nesta óptica, compete ao Tribunal de Justiça, se necessário, reformular as questões que lhe foram apresentadas. Além disso, o Tribunal de Justiça tem por missão interpretar todas as disposições do direito da União de que os órgãos jurisdicionais nacionais necessitem para decidir as causas que lhes estão submetidas, mesmo que essas disposições não sejam expressamente referidas nas questões que lhe são apresentadas por esses órgãos jurisdicionais (v., neste sentido, nomeadamente, acórdãos de 8 de Março de 2007, Campina, C‑45/06, Colect., p. I‑2089, n. os 30 e 31; de 26 de Junho de 2008, Wiedemann e Funk, C‑329/06 e C‑343/06, Colect., p. I‑4635, n.° 45; e de 14 de Outubro de 2010, Fuß, C‑243/09, ainda não publicado na Colectânea, n.° 39). A esse respeito, por um lado, resulta da decisão do tribunal de reenvio que o recurso que lhe está submetido se dirige à anulação da declaração aduaneira em causa no processo principal, e não à anulação da aceitação dessa declaração, enquanto tal. Por outro lado, resulta dos autos que a DP grup pediu a anulação dessa declaração após a autorização de saída da mercadoria pela Administração Aduaneira. Nestas condições, com as questões colocadas, o tribunal de reenvio pretende saber se as disposições do direito da União em matéria aduaneira devem ser interpretadas no sentido de que um declarante pode, após a autorização de saída da mercadoria pelas autoridades aduaneiras, pedir em juízo a anulação da declaração aduaneira relativa a essa mercadoria. Para responder a essas questões assim reformuladas, há que abordar a natureza e o alcance da declaração aduaneira. Como resulta do artigo 59.°, n.° 1, do código aduaneiro, o direito aduaneiro da União consagra o princípio de que qualquer mercadoria destinada a ser colocada sob um regime aduaneiro deve ser objecto de uma declaração. Assim, a determinação dos elementos necessários à aplicação da regulamentação aduaneira às mercadorias não é efectuada com base em constatações das autoridades aduaneiras, mas sim com base nas informações fornecidas pelo declarante. A declaração aduaneira constitui, por conseguinte, como resulta do artigo 4.°, ponto 17, do código aduaneiro, o acto pelo qual o declarante manifesta, na forma e nos termos previstos, a vontade de dar a uma mercadoria determinado regime aduaneiro. Por isso, essa declaração, pela sua natureza de acto unilateral, não constitui uma «decisão» na acepção do artigo 4.°, ponto 5, desse código. Quanto às declarações aduaneiras feitas por escrito, o artigo 68.° desse código confere às autoridades aduaneiras a faculdade de verificarem as informações fornecidas pelo declarante. Com o objectivo, expresso no sexto considerando do código aduaneiro, de limitar tanto quanto possível as formalidades e os controlos aduaneiros, esse código não impõe às autoridades aduaneiras que efectuem sistematicamente essas conferências. Assim, nos termos do artigo 71.°, n.° 2, desse código, quando não se proceder à conferência da declaração aduaneira, a aplicação das disposições que regem o regime aduaneiro sob o qual estejam colocadas as mercadorias é feita em função dos elementos que constam da declaração. Este sistema, que não prevê que as declarações aduaneiras sejam sistematicamente sujeitas a conferência, pressupõe que o declarante dê às autoridades aduaneiras informações exactas e completas. Com efeito, o artigo 199.°, n.° 1, primeiro travessão, do regulamento de aplicação dispõe que a entrega numa estância aduaneira de uma declaração assinada pelo declarante ou pelo seu representante tem valor vinculativo nos termos das disposições em vigor no que respeita à exactidão das indicações constantes da declaração. A esse respeito, há que salientar que, como precisa o advogado‑geral no n.° 29 das suas conclusões e contrariamente à tese defendida pela DP grup no tribunal de reenvio, quando as autoridades aduaneiras aceitam uma declaração aduaneira assinada pelo declarante ou pelo seu representante, o artigo 63.° do código aduaneiro exige‑lhes que se limitem a controlar o respeito das condições previstas nessa disposição e no artigo 62.° desse código. Por conseguinte, no momento da aceitação de uma declaração aduaneira, essas autoridades não se pronunciam sobre a exactidão das informações fornecidas pelo declarante, que assume a responsabilidade por elas. Com efeito, resulta da redacção do artigo 68.° do dito código que a aceitação da declaração não priva essas autoridades da possibilidade de verificarem posteriormente, e, se for caso disso, mesmo depois da saída das mercadorias, a exactidão dessas informações. A obrigação de o declarante fornecer informações exactas aplica‑se igualmente à determinação da subposição correcta quando da classificação pautal da mercadoria (v., por analogia, acórdão de 23 de Maio de 1989, Top Hit Holzvertrieb/Comissão, 378/87, Colect., p. 1359, n.° 26), podendo o declarante, em caso de dúvida, pedir previamente às autoridades aduaneiras uma informação pautal vinculativa, nos termos do artigo 12.° do código aduaneiro. Essa obrigação inclui como corolário o princípio da irrevogabilidade da declaração aduaneira uma vez aceite, princípio esse cujas excepções são estritamente enquadradas pela regulamentação da União na matéria. Assim, embora o código aduaneiro não preveja a possibilidade de o declarante obter a anulação da declaração aduaneira que redigiu, o artigo 66.°, n.° 1, primeiro parágrafo, desse código permite que o declarante peça às autoridades aduaneiras que anulem uma declaração que já tenham aceitado, desde que prove que a mercadoria foi erradamente declarada para o regime aduaneiro correspondente a essa declaração ou quando, na sequência de circunstâncias especiais, já não se justifique a sujeição da mercadoria ao regime aduaneiro para o qual foi declarada. O artigo 66.°, n.° 2, do código aduaneiro dispõe que a declaração não pode ser anulada depois da autorização de saída, salvo em certos casos. Esses casos são definidos no artigo 251.° do regulamento de aplicação. Resulta da redacção do referido artigo 66.° que, quando o declarante, por sua própria iniciativa, pedir a anulação da declaração aduaneira, o seu pedido deve ser dirigido às autoridades aduaneiras e não aos tribunais. No final da sua apreciação, as autoridades aduaneiras têm, portanto, sem prejuízo de recurso judicial, de indeferir o pedido do declarante, por meio de decisão fundamentada, ou proceder à revisão solicitada (v., por analogia, acórdão de 20 de Outubro de 2005, Overland Footwear, C‑468/03, Colect., p. I‑8937, n.° 50). Quanto ao facto de, segundo o tribunal de reenvio, o objectivo do recurso que lhe está submetido pela DP grup ser evitar que lhe sejam aplicadas eventuais sanções devido à infracção relativa à errada classificação pautal da mercadoria importada, efectuada no momento da apresentação da declaração aduaneira em causa na lide principal, basta observar que, nos termos do artigo 66.°, n.° 3, do código aduaneiro, a anulação da declaração não produz efeitos na aplicação das disposições repressivas em vigor. Ainda quanto às instruções dadas ao tribunal de reenvio pelo Varhoven administrativen sad, há que lembrar que o Tribunal de Justiça já declarou que o direito da União se opõe a que um tribunal nacional, que tem de decidir na sequência da remessa que lhe é feita por um tribunal superior em sede de recurso de segunda instância, esteja vinculado, nos termos do direito processual nacional, por apreciações feitas pelo tribunal superior, se entender, em face da interpretação que pediu ao Tribunal de Justiça, que essas apreciações não estão em conformidade com o direito da União (acórdão de 5 de Outubro de 2010, Elchinov, C‑173/09, ainda não publicado na Colectânea, n.° 32). Em face do exposto, há que responder às questões submetidas que as disposições do direito da União em matéria aduaneira devem ser interpretadas no sentido de que um declarante não pode pedir em juízo a anulação da declaração aduaneira que apresentou, quando esta tiver sido aceite pelas autoridades aduaneiras. Em contrapartida, nas condições previstas no artigo 66.° do código aduaneiro, esse declarante pode pedir a essas autoridades que anulem essa declaração, mesmo depois de terem autorizado a saída da mercadoria. No final da sua apreciação, essas autoridades devem, sem prejuízo de recurso jurisdicional, indeferir o pedido do declarante, por decisão fundamentada, ou proceder à anulação pedida. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara: As disposições do direito da União em matéria aduaneira devem ser interpretadas no sentido de que um declarante não pode pedir em juízo a anulação da declaração aduaneira que apresentou, quando esta tiver sido aceite pelas autoridades aduaneiras. Em contrapartida, nas condições previstas no artigo 66.° do Regulamento (CEE) n.° 2913/92 do Conselho, de 12 de Outubro de 1992, que estabelece o Código Aduaneiro Comunitário, conforme alterado pelo Regulamento (CE) n.° 1791/2006 do Conselho, de 20 de Novembro de 2006, esse declarante pode pedir a essas autoridades que anulem essa declaração, mesmo depois de terem autorizado a saída da mercadoria. No final da sua apreciação, essas autoridades devem, sem prejuízo de recurso jurisdicional, indeferir o pedido do declarante, por decisão fundamentada, ou proceder à anulação pedida. Assinaturas * Língua do processo: búlgaro.

62020CJ0212

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a článku 5 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách ( Úř. věst. 1993, L 95, s. 29 ; Zvl. vyd. 15/02, s. 288; oprava Úř. věst. 2016, L 303, s. 26 ). Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi M. P. a B. P. na jedné straně a bankou „A.“ prowadzący działalność za pośrednictwem „A.“ S.A. (dále jen „A“) na straně druhé ve věci podmínek splácení podle smlouvy o hypotečním úvěru indexovaném na cizí měnu, která údajně obsahuje zneužívající ujednání. Právní rámec Unijní právo Osmý a dvacátý bod odůvodnění směrnice 93/13 zní: „[V]zhledem k tomu, že dva programy Společenství pro politiku ochrany a informování spotřebitele zdůraznily význam ochrany spotřebitele v oblasti nespravedlivých smluvních podmínek [v oblasti zneužívajících smluvních ujednání]; že tato ochrana by měla být zajištěna právními a správními předpisy buď harmonizovanými na úrovni Společenství, anebo přímo přijatými na této úrovni; […] vzhledem k tomu, že smlouvy by měly být sepsány jasným a srozumitelným jazykem; že by měla být spotřebiteli dána příležitost, aby si prověřil všechny podmínky [všechna ujednání] a v případě pochybnosti by měl převažovat výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější.“ Článek 3 odst. 1 této směrnice stanoví: „Smluvní ujednání, které nebylo individuálně sjednáno, je považováno za zneužívající, jestliže v rozporu s požadavkem poctivosti způsobuje významnou nerovnováhu v právech a povinnostech stran, které vyplývají z dané smlouvy, v neprospěch spotřebitele.“ Článek 4 této směrnice stanoví: „1.   Aniž je dotčen článek 7, posuzuje se zneužívající povaha smluvního ujednání s ohledem na povahu zboží nebo služeb, pro které byla smlouva uzavřena, a s ohledem na všechny okolnosti v době uzavření smlouvy, které provázely její uzavření, a na všechna ostatní ujednání smlouvy nebo jiné smlouvy, ze kterých vychází. 2.   Posouzení zneužívající povahy smluvních ujednání se netýká vymezení hlavního předmětu smlouvy, ani přiměřenosti mezi cenou a odměnou na straně jedné a službami nebo zbožím poskytovaným jako protiplnění na straně druhé, pokud jsou tato ujednání sepsána jasným a srozumitelným jazykem.“ Článek 5 této směrnice stanoví: „V případě smluv, v nichž jsou všechna nebo některá ujednání nabízená spotřebiteli předložena písemně, musí být tato ujednání sepsána jasným a srozumitelným jazykem. Při pochybnosti o významu některého ujednání se použije výklad, který je pro spotřebitele nejpříznivější. Toto pravidlo pro výklad se nepoužije v souvislosti s postupy stanovenými v čl. 7 odst. 2.“ Článek 6 odst. 1 této směrnice stanovil: „Členské státy stanoví, že zneužívající ujednání použitá ve smlouvě uzavřené prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebitelem nejsou podle jejich vnitrostátních právních předpisů pro spotřebitele závazná a že smlouva zůstává pro strany závaznou za stejných podmínek, může-li nadále existovat bez dotyčných zneužívajících ujednání.“ Článek 7 odst. 1 této směrnice stanoví: „Členské státy zajistí, aby v zájmu spotřebitelů a soutěžitelů byly k dispozici odpovídající a účinné prostředky zabraňující dalšímu používání zneužívajících ujednání ve smlouvách, které uzavírají prodávající nebo poskytovatelé se spotřebiteli.“ Polské právo Článek 65 Kodeksu cywilnego (občanský zákoník) stanoví: „1.   Projev vůle je třeba vykládat v souladu se zásadami společenského soužití a zvyklostmi s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byl učiněn. 2.   V případě smluv je třeba hledat, jaký je společný záměr stran a sledovaný cíl, a neopírat se o jejich doslovné znění.“ Článek 385 občanského zákoníku stanoví: „1.   Ujednání spotřebitelské smlouvy, která nebyla sjednána individuálně, nejsou pro spotřebitele závazná, pokud jeho práva a povinnosti upravují způsobem, který je v rozporu s dobrými mravy a hrubě porušuje jeho zájmy (nedovolená ujednání). Uvedené neplatí pro ujednání, která vymezují hlavní plnění stran, včetně ceny nebo odměny, pokud jsou formulována jednoznačně. 2.   Pokud smluvní ujednání není podle odstavce 1 pro spotřebitele závazné, zůstávají strany vázány ostatními ujednáními smlouvy. 3.   Ujednáními spotřebitelské smlouvy, která nebyla sjednána individuálně, jsou taková smluvní ujednání, na jejichž obsah neměl spotřebitel skutečný vliv. Jedná se zejména o smluvní ujednání převzatá ze vzorové smlouvy, která byla spotřebiteli navržena druhou smluvní stranou. 4.   Kdo tvrdí, že bylo ujednání sjednáno individuálně, je povinen o tom předložit důkaz.“ V článku 69 odst. 2 ustawy – Prawo bankowe (bankovní zákon), ze dne 29. srpna 1997 (Dz. U. 1997 částka 140 č. 939), ve znění účinném v době rozhodné z hlediska skutečností v původním řízení, byl uveden výčet údajů, které musí být v úvěrové smlouvě uvedeny, jako jsou částka a měna úvěru (bod 2), pravidla a lhůty splácení úvěru (bod 4), výše úročení úvěru a podmínky jeho změny (bod 5) nebo také podmínky provádění změn a vypovězení smlouvy (bod 10). Prostřednictvím ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (zákon o změně bankovního zákona), ze dne 29. července 2011 (Dz. U. 2011 částka 165 č. 984), který nabyl účinnosti až po uzavření úvěrové smlouvy, o niž jde ve věci v původním řízení, byl do odstavce 2 článku 69 bankovního zákona doplněn bod 4a a do téhož článku byl rovněž doplněn odstavec 3. Článek 69 odst. 2 bod 4a bankovního zákona v takto novelizovaném znění stanoví, že smlouva o úvěru musí zejména obsahovat: „jedná-li se o smlouvu o úvěru denominovaném nebo indexovaném na jinou než polskou měnu, podrobná pravidla pro stanovení způsobu a okamžiku určení směnného kurzu, na jehož základě se konkrétně vypočte částka úvěru, jeho tranší a splátek jistiny a úroků, a pravidla přepočtu do měny, v níž je úvěr poskytnut nebo splácen“. Článek 69 odst. 3 tohoto zákona v novelizovaném znění stanoví: „V případě smlouvy o úvěru denominovaném v jiné než polské měně nebo indexovaném na takovou měnu může úvěrovaný splácet jistinu a úroky a předčasně splatit celý úvěr nebo jeho část přímo v této měně. V tom případě smlouva o úvěru stanoví také pravidla zřízení a vedení účtu, na nějž jsou poukazovány prostředky na splácení úvěru a pravidla splácení prostřednictvím tohoto účtu.“ Spor v původním řízení a předběžné otázky Dne 16. května 2008 uzavřeli M. P. a B. P. s A, bankovním ústavem se sídlem v Polsku, smlouvu o hypotečním úvěru na částku 460000 polských zlotých (PLN) (přibližně 100000 eur), splatnou v 480 měsíčních splátkách. Úvěr byl indexován na cizí měnu, a sice švýcarský frank (CHF), a úroková sazba odpovídala referenční sazbě LIBOR 3M (CHF) zvýšené o fixní marži ve výši 1,20 procentního bodu. V rámci žádosti o úvěr podepsali úvěrovaní prohlášení, že přestože si jsou plně vědomi kurzového rizika, vzdávají se možnosti sjednat úvěr v polských zlotých a volí sjednání úvěru indexovaného na cizí měnu. V tomto prohlášení bylo kromě toho uvedeno, že úvěrovaní byli informováni o tom, že splátky úvěru jsou vyjádřeny v této cizí měně a musí být spláceny v polských zlotých podle pravidel popsaných ve všeobecných smluvních podmínkách, s nimiž se seznámili (dále jen „všeobecné podmínky“). Z článku 2 bodů 2 a 12 všeobecných podmínek vyplývá, že úvěr indexovaný na cizí měnu je úvěr, který je úročen sazbou založenou na referenční sazbě jiné měny než polského zlotého a jehož poskytnutí a splácení probíhá v polských zlotých podle kurzu cizí měny uvedeného v platném kurzovním lístku banky. Podle čl. 7 bodu 4 všeobecných podmínek se poskytnutí finančních prostředků provádí v polských zlotých v kurzu, který nesmí být nižší než nákupní kurz podle kurzovního lístku platného v okamžiku jejich poskytnutí. Dlužný zůstatek úvěru je vyjádřen v cizí měně a vypočten podle kurzu použitého při poskytnutí úvěru. Podle čl. 9 bodu 2 všeobecných podmínek jsou splátky úvěru vyjádřeny v cizí měně a inkasovány z bankovního účtu úvěrovaného ke dni jejich splatnosti dle prodejního kurzu švýcarského franku uvedeného v kurzovním lístku banky platném na konci pracovního dne předcházejícího dni splatnosti splátek. Dne 10. ledna 2013 uzavřeli M. P. a B. P. s A dodatek k předmětné smlouvě, který stanovil, že úvěrovaní budou splácet úvěr ve švýcarských francích bez využití směnárenských služeb banky. Kolísání směnného kurzu polského zlotého ke švýcarskému franku mělo za následek, že rozdíl mezi částkou, kterou žalobci v původním řízení splatili za období od 16. května 2008 do 10. října 2014, a částkou, kterou by splatili, kdyby byl úvěr denominován v polských zlotých s příslušnou úrokovou sazbou, činil 30601,01 PLN (přibližně 6732 eur). Vzhledem k tomu, že M. P. a B. P. považovali ujednání o indexaci úvěru na cizí měnu za zneužívající, jelikož v něm nebyl upřesněn způsob určování směnného kurzu cizí měny ze strany banky, podali žalobu, jíž se domáhali, aby bylo bance A uloženo zaplatit jim částku 50000 PLN (přibližně 10850 eur). Předkládající soud upřesňuje, že ve výkladu znění indexačního ujednání smlouvy o hypotečním úvěru se účastníci původního řízení rozcházejí. Zatímco totiž podle banky toto ujednání upravuje určování kurzu měny úvěru v závislosti na tržním kurzu, který je každodenně zanášen do kurzovního lístku banky, vykládají úvěrovaní toto ujednání tak, že kurz cizí měny je stanovován na základě objektivního kurzu, jako je kurz, který stanoví Narodowy Bank Polski (Polská národní banka). Podle předkládajícího soudu je indexační ujednání, o něž jde ve věci v původním řízení, z důvodu obecnosti jeho znění do jisté míry nejednoznačné, takže je třeba mít za to, že banka A nesplnilainformační povinnost a povinnost transparentnosti, jak jsou stanoveny v článku 5 směrnice 93/13. Klade si však otázku, zda s ohledem na dobu trvání úvěrové smlouvy, která činí 40 let, a na samotný mechanismus indexace na cizí měnu, jejíž kurz se neustále mění, musí být článek 5 směrnice 93/13 přesto vykládán v tom smyslu, že banka musí sepsat indexační ujednání takovým způsobem, aby úvěrovaný mohl tento kurz v daném okamžiku samostatně určit. Takové úrovně přesnosti totiž v praxi není možné dosáhnout. V tomto ohledu předkládající soud uvádí, že mu článek 65 občanského zákoníku dává možnost hledat společný záměr stran smlouvy. V projednávaném případě uvádí, že by kritériem pro stanovení kurzu cizí indexační měny podle smlouvy v původním řízení mohla být tržní hodnota této měny. K tomu dodává, že by takové řešení zaručilo rovnováhu práv a povinností smluvních stran. Předkládající soud ostatně připomíná, že v souladu s rozsudky ze dne 14. března 2013, Aziz ( C‑415/11 , EU:C:2013:164 ), a ze dne 26. ledna 2017, Banco Primus ( C‑421/14 , EU:C:2017:60 ), je třeba ověřit, zda předmětné smluvní ujednání upravuje rozložení práv a povinností způsobem, se kterým by strany při poctivém vyjednávání nesouhlasili. S ohledem na okolnosti uzavření a plnění úvěrové smlouvy, o niž jde ve věci v původním řízení, přitom předkládající soud nevylučuje, že by úvěrovaní tuto smlouvu uzavřeli, i kdyby její znění pochopili stejným způsobem jako banka. Dále podle předkládajícího soudu používala banka A po celou dobu plnění smlouvy v souladu s tím, jak smlouvu sama chápala, kurzy devizového trhu, a nelze na ni tedy pohlížet, jako by jednala nepoctivě. Nanejvýš by jí mohla být vytýkána určitá lhostejnost, nikoli však záměr nastavit smluvní ujednání ke škodě spotřebitele uplatňováním libovolných kurzů cizích měn zcela odtržených od kurzů tržních. Za těchto podmínek se Sąd Rejonowy dla Warszawy-Woli w Warszawie II Wydział Cywilny (obvodní soud Varšava-Wola – II. oddělení občanskoprávní, Varšava) rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Je třeba s ohledem na čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 1 a článek 5 směrnice [93/13] a s ohledem na odůvodnění této směrnice, podle něhož by smlouvy měly být sepsány jasným a srozumitelným jazykem a v případě pochybnosti by měl převažovat výklad, který je pro spotřebitele příznivější, formulovat smluvní ustanovení, které upravuje nákupní a prodejní kurz cizí měny ve smlouvě o úvěru indexovaném na cizí měnu, jednoznačným způsobem, tj. tak, aby úvěrovaný/spotřebitel mohl sám tento kurz v kterýkoli den určit, anebo je s ohledem na typ smlouvy, o němž je řeč v čl. 4 odst. 1 uvedené směrnice, na dlouhodobý charakter smlouvy (v rozsahu několika desítek let) a na skutečnost, že částka v cizí měně podléhá neustálým změnám (může se měnit každým okamžikem), možné formulovat smluvní ustanovení obecnějším způsobem, a to odkazem na tržní hodnotu cizí měny, znemožňujícím vznik významné nerovnováhy v právech a povinnostech smluvních stran v neprospěch spotřebitele ve smyslu čl. 3 odst. 1 uvedené směrnice? 2) Bude-li odpověď na první otázku kladná, lze s ohledem na článek 5 směrnice [93/13] a na její odůvodnění vykládat smluvní ustanovení, které se týká určování nákupního a prodejního kurzu cizí měny úvěrujícím (bankou), takovým způsobem, aby pochybnosti, jež smlouva vyvolává, byly vyřešeny ve prospěch spotřebitele a aby bylo uznáno, že smlouva stanovuje nákupní a prodejní kurz cizí měny nikoli libovolně, nýbrž na základě volného trhu, zejména v situaci, kdy obě strany stejným způsobem chápaly smluvní ujednání stanovující nákupní a prodejní kurz cizí měny nebo kdy se úvěrovaný/spotřebitel o předmětné smluvní ustanovení v době uzavření smlouvy a jejího plnění nezajímal a rovněž se neseznámil s obsahem smlouvy v okamžiku jejího uzavření ani po celou dobu jejího trvání?“ K předběžným otázkám Na úvod je třeba poukázat na to, že podstatou první předběžné otázky předkládajícího soudu je, zda pro splnění požadavku transparentnosti stanoveného v čl. 4 odst. 1 a článku 5 směrnice 93/13 musí být takové ujednání o indexaci na cizí měnu, jako je ujednání obsažené ve smlouvě o hypotečním úvěru ve věci v původním řízení, která se vyznačuje obzvláště dlouhou dobou platnosti, sepsáno jasným a srozumitelným jazykem tak, aby spotřebitel mohl sám kdykoli určit směnný kurz této měny tak, jak jej uplatňuje banka. V rámci této otázky se předkládající soud dále táže, zda k zajištění požadavku transparentnosti zakotveného v těchto ustanoveních postačí odkaz na tržní hodnotu měny. V rámci druhé otázky se pak předkládající soud táže, zda je oprávněn vykládat takové indexační ujednání, o jaké jde ve věci v původním řízení, jako ujednání odkazující na tržní hodnotu cizí měny, zejména pokud by takový výklad mohl odrážet společnou vůli smluvních stran, a zabránit tak zneplatnění tohoto ujednání. Předkládající soud tedy v rámci druhé části první předběžné otázky uvažuje o odkazu na obecný pojem „tržní hodnota“ jako o prostředku zajišťujícím, že takové indexační ujednání, o jaké jde v původním řízení, bude sepsáno jasným a srozumitelným jazykem. Z druhé předběžné otázky ostatně mimo jiné vyplývá, že tento odkaz vychází z výkladu tohoto smluvního ujednání podaného předkládajícím soudem, který chce vědět, zda je s ohledem na zvláštní okolnosti sporu v původním řízení, zejména s ohledem na dlouhé trvání úvěrové smlouvy a na skutečnost, že úvěrovaní při jejím plnění neprojevili žádný zvláštní zájem, oprávněn přeformulovat smluvní ujednání, o něž jde ve věci v původním řízení, obecnějším způsobem jako ujednání odkazující na tržní hodnotu cizí měny. Za těchto podmínek je třeba nejprve odpovědět na první podotázku v rámci první otázky a teprve poté se zabývat druhou podotázkou v rámci první otázky společně s druhou otázkou. K první podotázce v rámci první otázky Podstatou první podotázky v rámci první otázky předkládajícího soudu je, zda musí být čl. 4 odst. 1 a článek 5 směrnice 93/13 vykládány v tom smyslu, že k tomu, aby ujednání obsažené v úvěrové smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, které stanoví nákupní a prodejní kurz cizí měny, na niž je úvěr indexován, bylo považováno za ujednání sepsané jasným a srozumitelným jazykem, musí být sepsáno tak, aby spotřebitel mohl samostatně kdykoli v průběhu plnění smlouvy určit kurz měny použitý ke stanovení výše splátek tohoto úvěru. Úvodem je třeba připomenout, že podle ustálené judikatury Soudního dvora platí, že v rámci postupu spolupráce mezi vnitrostátními soudy a Soudním dvorem zavedeného článkem 267 SFEU je na Soudním dvoru, aby poskytl vnitrostátnímu soudu užitečnou odpověď, která mu umožní rozhodnout spor, jenž mu byl předložen. V zájmu tohoto Soudnímu dvoru případně přísluší přeformulovat otázky, které jsou mu položeny (rozsudek ze dne 16. července 2020, Caixabank a Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 a C‑259/19 , EU:C:2020:578 , bod a citovaná judikatura). V projednávané věci sice předkládající soud v první podotázce v rámci první otázky poukazuje na požadavek na jasný a srozumitelný jazyk smluvních ujednání, který je stanoven v článku 4 a článku 5 směrnice 93/13, avšak spor v původním řízení se netýká vymezení hlavního předmětu smlouvy ani přiměřenosti mezi cenou a odměnou na jedné straně a službami nebo zbožím poskytovaným jako protiplnění na straně druhé ve smyslu čl. 4 odst. 2 této směrnice, takže je třeba první podotázku v rámci první předběžné otázky chápat tak, že se týká pouze výkladu požadavku transparentnosti uvedeného v článku 5 této směrnice. V tomto ohledu je třeba uvést, že z judikatury Soudního dvora každopádně vyplývá, že požadavek na jasný a srozumitelný jazyk uvedený v článku 5 směrnice 93/13 se použije i tehdy, když ujednání spadá do působnosti čl. 4 odst. 2 této směrnice (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. března 2020, Gómez del Moral Guasch, C‑125/18 , EU:C:2020:138 , bod ) a že požadavek uvedený v tomto ustanovení má tentýž dosah jako požadavek uvedený v článku 5 této směrnice (rozsudek ze dne 30. dubna 2014, Kásler a Káslerné Rábai, C‑26/13 , EU:C:2014:282 , bod ). Kromě toho je třeba připomenout, že v souladu se zněním článku 5 směrnice 93/13 platí, že jsou-li ujednání ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem předložena písemně, musí být tato ujednání „sepsána jasným a srozumitelným jazykem“, a splňovat tak požadavek transparentnosti. Dvacátý bod odůvodnění této směrnice mimoto upřesňuje, že spotřebiteli musí být dána skutečná příležitost prověřit všechna smluvní ujednání. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že požadavek transparentnosti smluvních ujednání nelze zúžit pouze na jasnost a srozumitelnost ujednání z formálního a gramatického hlediska. Systém ochrany zavedený touto směrnicí vychází z myšlenky, že se spotřebitel nachází v nerovném postavení vůči prodávajícímu nebo poskytovateli zejména z hlediska úrovně informovanosti, takže tento požadavek na jasný a srozumitelný jazyk smluvních ujednání, a tedy na transparentnost, uložený uvedenou směrnicí, musí být vykládán široce (rozsudek ze dne 10. června 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 až C‑782/19 , EU:C:2021:470 , bod a citovaná judikatura). Z toho důvodu musí být požadavek transparentnosti smluvních ujednání chápán tak, že vyžaduje nejen, aby dotyčné ujednání bylo pro spotřebitele srozumitelné z formálního a gramatického hlediska, ale rovněž aby průměrnému běžně informovanému a přiměřeně pozornému a obezřetnému spotřebiteli umožnilo porozumět konkrétnímu fungování tohoto ujednání, a posoudit tak na základě přesných a srozumitelných kritérií potenciálně významné ekonomické důsledky tohoto ujednání pro jeho finanční závazky (rozsudek ze dne 10. června 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 až C‑782/19 , EU:C:2021:470 , bod a citovaná judikatura). Požadavek jasného a srozumitelného jazyka konkrétně předpokládá, že finanční ústavy v případě úvěrových smluv poskytnou úvěrovaným dostatečné informace, které jim umožní rozhodovat se obezřetně a informovaně. Tento požadavek konkrétně znamená, že ujednání, podle kterého musí být úvěr splácen ve stejné cizí měně, v jaké byl sjednán, musí spotřebitel pochopit nejen z formálního a gramatického hlediska, ale i z hlediska jeho konkrétního dosahu, a to v tom smyslu, že průměrný běžně informovaný a přiměřeně pozorný a obezřetný spotřebitel musí být nejen schopen dozvědět se o možnosti zhodnocení či znehodnocení cizí měny, na niž je úvěr indexován, ale také posoudit potenciálně významné ekonomické důsledky tohoto ujednání pro své finanční závazky (usnesení ze dne 22. února 2018, Lupean, C‑119/17 , nezveřejněné, EU:C:2018:103 , bod a citovaná judikatura). Takový výklad je potvrzen cílem směrnice 93/13, kterým je, jak vyplývá z jejího osmého bodu odůvodnění, zejména ochrana spotřebitele. V tomto ohledu již Soudní dvůr rozhodl, že informace poskytnuté před uzavřením smlouvy o smluvních podmínkách a důsledcích uvedeného uzavření smlouvy mají pro spotřebitele zásadní význam. Zejména na základě těchto informací se spotřebitel rozhoduje, zda chce být vázán podmínkami, které prodávající nebo poskytovatel služeb vyhotovil předem (rozsudek ze dne 10. června 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 až C‑782/19 , EU:C:2021:470 , bod a citovaná judikatura). Ze spisu, který má Soudní dvůr k dispozici, v projednávané věci vyplývá, že v okamžiku uzavření smlouvy, o niž jde ve věci v původním řízení, úvěrovaní chápali indexační ujednání smlouvy v tom smyslu, že pro účely výpočtu měsíčních splátek upravuje stanovování nákupního a prodejního kurzu indexační měny na základě takového objektivně určeného směnného kurzu, jako je kurz, který stanoví Narodowy Bank Polski (Polská národní banka). Banka A naproti tomu uvádí, že podle čl. 9 bodu 2 všeobecných podmínek byl nákupním a prodejním kurzem měny kurz uvedený v platném kurzovním lístku banky, a dodává, že ke dni uzavření smlouvy, o niž jde ve věci v původním řízení, jí platné právní a správní předpisy neukládaly povinnost upřesnit všechny podrobnosti výpočtu uplatňovaného směnného kurzu. Banka A upřesnila, že v praxi byl směnný kurz kombinovaným výsledkem jednak průměrných kurzů cizích měn zveřejněných Polskou národní bankou a jednak celkové situace na měnovém trhu, pozice banky v oblasti cizích měn a prognózy vývoje kurzů. V tomto ohledu z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že indexační ujednání, o které jde ve věci v původním řízení, ani všeobecné podmínky neupřesňují všechny faktory, které banka zohlednila při stanovení směnného kurzu použitého pro výpočet splátek hypotečního úvěru ve věci v původním řízení. S výhradou ověření předkládajícím soudem se tedy indexační ujednání, o které jde ve věci v původním řízení, vyznačuje ani ne tak nejednoznačným zněním jako spíše neuvedením způsobů určování směnného kurzu používaných bankou A pro výpočet splátek. Soudní dvůr již přitom rozhodl, že pokud jde o smluvní ujednání, na jehož základě prodávající nebo poskytovatel stanoví výši měsíčních splátek spotřebitele v závislosti na prodejním kurzu cizí měny použitém tímto prodávajícím nebo poskytovatelem, má pro účely dodržení požadavku transparentnosti zásadní význam skutečnost, zda úvěrová smlouva transparentním způsobem uvádí důvod a způsob převodu cizí měny, jakož i vztah mezi tímto mechanismem a mechanismem stanoveným jinými smluvními ujednáními, tak aby spotřebitel mohl na základě jasných a srozumitelných kritérií předvídat ekonomické důsledky, které z toho pro něj plynou (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 30. dubna 2014, Kásler a Káslerné Rábai, C‑26/13 , EU:C:2014:282 , bod ). Vnitrostátnímu soudu tedy přísluší, aby posoudil, zda vzhledem ke všem relevantním skutkovým okolnostem, mezi něž patří i reklama a informace poskytnuté úvěrujícím v rámci sjednávání předmětné úvěrové smlouvy, se průměrný běžně informovaný a přiměřeně pozorný i obezřetný spotřebitel může nejen dovědět o kolísání prodejního a nákupního kurzu cizí měny, které je obvykle pozorováno na měnovém trhu, ale rovněž vyhodnotit pro něj potenciálně významné ekonomické důsledky, které by mělo použití prodejního směnného kurzu pro stanovení výše splátek, které bude muset s konečnou platností platit, a tudíž pro celkové náklady na jeho úvěr (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 10. června 2021, BNP Paribas Personal Finance, C‑776/19 až C‑782/19 , EU:C:2021:470 , body a a citovaná judikatura). Je pravda, jak uvádí předkládající soud, že v případě smlouvy o úvěru indexovaném na cizí měnu po dobu 40 let nemůže úvěrující předvídat vývoj ekonomické zátěže, kterou může způsobit mechanismus indexace stanovený uvedenou smlouvou. V tomto ohledu je třeba uvést, že otázka, zda prodávající nebo poskytovatel dodržel požadavek transparentnosti uvedený v článku 5 směrnice 93/13, musí být posuzována s ohledem na informace, které měl tento prodávající či poskytovatel k dispozici ke dni uzavření smlouvy se spotřebitelem (usnesení ze dne 3. března 2021, Ibercaja Banco, C‑13/19 , nezveřejněné, EU:C:2021:158 , bod a citovaná judikatura). Nicméně tím, že se směnné kurzy z dlouhodobého hlediska mění, nemůže odůvodnit skutečnost, že ve smluvních ujednáních i v rámci informací poskytnutých prodávajícím nebo poskytovatelem při sjednávání smlouvy nejsou uvedena kritéria používaná bankou ke stanovení směnného kurzu použitelného pro výpočet splátek, což by spotřebiteli umožňovalo tento směnný kurz kdykoli určit. Tato úvaha je potvrzena tím, že systém ochrany zavedený směrnicí 93/13 vychází z myšlenky, že se spotřebitel nachází v nerovném postavení vůči prodávajícímu nebo poskytovateli zejména z hlediska úrovně informovanosti, takže tento požadavek na jasný a srozumitelný jazyk smluvních ujednání, a tedy na transparentnost, stanovený uvedenou směrnicí, musí být chápán tak, že musí úvěrovanému umožnit, aby pochopil, k čemu se zavazuje, zejména pravidla výpočtu splátek jím sjednávaného úvěru. Z výše uvedených úvah vyplývá, že článek 5 směrnice 93/13 musí být vykládán v tom smyslu, že obsah ujednání úvěrové smlouvy uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, které stanoví nákupní a prodejní kurzy cizí měny, na niž je úvěr indexován, musí běžně informovanému a přiměřeně pozornému i obezřetnému spotřebiteli umožnit, aby na základě jasných a srozumitelných kritérií pochopil způsob, jakým je stanovován směnný kurz cizí měny použitý pro výpočet výše splátek, tak aby tento spotřebitel měl možnost kdykoli sám určit směnný kurz použitý prodávajícím či poskytovatelem. K druhé podotázce v rámci první otázky a ke druhé otázce Podstatou těchto otázek předkládajícího soudu, které je třeba zkoumat společně, je, zda musí být články 5 a 6 směrnice 93/13 vykládány tak, že brání tomu, aby vnitrostátní soud, který ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice konstatoval zneužívající povahu ujednání o indexaci na cizí měnu v úvěrové smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, vyložil toto ujednání doplněním obecného pojmu „tržní hodnota“ cizí indexační měny tak, aby zneužívající povahu tohoto ujednání zhojil, a to i v případě, že by takový výklad odpovídal společné vůli smluvních stran. Zaprvé je třeba připomenout, že pokud by předkládající soud s ohledem na všechny okolnosti věci v původním řízení musel konstatovat zneužívající povahu indexačního ujednání, o které jde ve věci v původním řízení, musel by je v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 ponechat nepoužité. V tomto ohledu z judikatury vyplývá, že splnění požadavku jasnosti a srozumitelnosti smluvního ujednání, stanoveného v článku 5 směrnice 93/13, je jedním z prvků, které je třeba zohlednit v rámci posouzení zneužívající povahy tohoto ujednání, což podle čl. 3 odst. 1 této směrnice přísluší vnitrostátnímu soudu. V rámci tohoto posouzení přísluší uvedenému soudu, aby s ohledem na všechny okolnosti věci nejprve posoudil možné nedodržení požadavku poctivosti a poté existenci případné významné nerovnováhy v neprospěch spotřebitele ve smyslu posledně uvedeného ustanovení (v tomto smyslu viz rozsudek ze dne 3. října 2019, Kiss a CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , bod ). Dále bylo rozhodnuto, že ujednání smlouvy o úvěru indexovaném na cizí měnu, které stanoví, že splátky úvěru musí být prováděny v této měně, představuje v případě znehodnocení národní měny oproti uvedené cizí měně kurzové riziko pro spotřebitele (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 22. února 2018, Lupean, C‑119/17 , nezveřejněné, EU:C:2018:103 , bod ). V projednávané věci z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že čl. 69 odst. 2 bankovního zákona byl po uzavření smlouvy o hypotečním úvěru, o niž jde ve věci v původním řízení, novelizován, a to tak, že napříště musí smlouva o úvěru indexovaném na cizí měnu povinně obsahovat jednak informace o metodách a datech pro stanovení směnného kurzu, na jehož základě se vypočítávají výše úvěru a měsíční splátky, a jednak pravidla pro přepočet cizích měn. Soudní dvůr již v tomto ohledu rozhodl, že i když čl. 7 odst. 1 směrnice 93/13 nebrání tomu, aby členské státy prostřednictvím právních předpisů ukončily používání zneužívajících ujednání ve smlouvách uzavřených prodávajícím nebo poskytovatelem se spotřebiteli, nemění to nic na tom, že zákonodárce musí v tomto kontextu dodržovat požadavky vyplývající z čl. 6 odst. 1 této směrnice (rozsudek ze dne 29. dubna 2021, Bank BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , bod a citovaná judikatura). Skutečnost, že některé smluvní ujednání bylo na základě vnitrostátního právního předpisu prohlášeno za zneužívající a neplatné a že bylo nahrazeno novým ujednáním, totiž nemůže mít za následek oslabení ochrany zaručené spotřebitelům (rozsudek ze dne 29. dubna 2021, Bank BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , bod a citovaná judikatura). To, že zákonodárce přijme ustanovení upravující použití smluvního ujednání a přispívající k zajištění odrazujícího účinku sledovaného směrnicí 93/13, pokud jde o chování prodávajících či poskytovatelů, nemá za těchto podmínek vliv na práva přiznaná touto směrnicí spotřebiteli (rozsudek ze dne 29. dubna 2021, Bank BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , bod ). Z takto připomenutých okolností a z bodů 50 a 52 tohoto rozsudku tedy vyplývá, že indexační ujednání, o něž jde ve věci v původním řízení, které s výhradou ověření, jež přísluší předkládajícímu soudu, neumožňuje, aby spotřebitel sám kdykoli určil směnný kurz použitý prodávajícím nebo poskytovatelem, je ujednáním zneužívající povahy. Vzhledem k tomu, že podle předkládajícího soudu nelze mít za to, že by banka A jednala nepoctivě, bude za tímto účelem na uvedeném soudu, aby zejména posoudil, zda v právech a povinnostech stran vyplývajících z dané smlouvy není dána významná nerovnováha v neprospěch spotřebitele. Takové posouzení nelze zúžit na pouhé ekonomické posouzení kvantitativní povahy na základě srovnání celkové částky transakce, jež je předmětem smlouvy, s náklady, které nese spotřebitel na základě tohoto ujednání. Významná nerovnováha totiž může vyplývat z dostatečně závažného zásahu do právního postavení, v němž se podle platných vnitrostátních ustanovení nachází spotřebitel jakožto strana dotčené smlouvy, ať již ve formě omezení obsahu práv, která podle těchto ustanovení z této smlouvy vyvozuje, nebo překážky výkonu těchto práv anebo uložení dodatečné povinnosti, kterou vnitrostátní pravidla nestanoví (rozsudek ze dne 3. října 2019, Kiss a CIB Bank, C‑621/17 , EU:C:2019:820 , bod a citovaná judikatura). Zadruhé předkládající soud upřesňuje, že by v případě indexačního ujednání, o něž jde ve věci v původním řízení, mohl nedostatek transparentnosti, který by mohl vést ke konstatování jeho zneužívající povahy, zhojit v souladu s článkem 65 občanského zákoníku tím, že ho vyloží shodně se společnou vůlí smluvních stran. Je však třeba zdůraznit, že konstatuje-li vnitrostátní soud neplatnost zneužívajícího ujednání ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, musí být čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 vykládán v tom smyslu, že brání pravidlu vnitrostátního práva, které vnitrostátnímu soudu umožňuje doplnit tuto smlouvu tak, že změní obsah tohoto ujednání (rozsudek ze dne 29. dubna 2021, Bank BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , bod a citovaná judikatura). Pokud by měl totiž vnitrostátní soud pravomoc změnit obsah zneužívajících ujednání v takové smlouvě, mohlo by být ohroženo splnění dlouhodobého cíle stanoveného v článku 7 směrnice 93/13. Taková možnost by pak mohla přispět k eliminaci odrazujícího účinku pro prodávající a poskytovatele tím, že se taková zneužívající ujednání vůči spotřebiteli jednoduše neuplatní, a mohlo by je to svádět k používání uvedených ujednání, jelikož by věděli, že i kdyby mělo být rozhodnuto o jejich neplatnosti, mohl by vnitrostátní soud smlouvu v nezbytném rozsahu doplnit, takže by jejich zájmy byly tímto způsobem přesto zajištěny (rozsudek ze dne 29. dubna 2021, Bank BPH, C‑19/20 , EU:C:2021:341 , bod a citovaná judikatura). Z předkládacího rozhodnutí přitom vyplývá, že výklad zamýšlený předkládajícím soudem na základě článku 65 občanského zákoníku by v konečném důsledku znamenal změnu obsahu indexačního ujednání, o něž jde ve věci v původním řízení, neboť by vedl ke změně jeho chápání doplněním odkazu na „tržní hodnotu“ cizí měny. I za předpokladu, že by výklad navrhovaný předkládajícím soudem odpovídal tomu, jak smluvní strany při uzavření smlouvy společně chápaly indexační ujednání, o něž jde ve věci v původním řízení, čemuž podle všeho protiřečí písemná vyjádření předložená těmito stranami před Soudním dvorem, nic to nemění na tom, že ujednání, které vnitrostátní soud prohlásil za zneužívající, musí být ponecháno nepoužité na základě čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 a nemůže být měněn jeho obsah. Pouze v případě, že by byl soud v důsledku zneplatnění zneužívajícího ujednání nucen zrušit smlouvu v plném rozsahu, čímž by byl spotřebitel vystaven zvláště nepříznivým důsledkům a takto penalizován, mohl by vnitrostátní soud nahradit toto ujednání dispozitivním ustanovením vnitrostátního práva (v tomto smyslu viz usnesení ze dne 4. února 2021, CDT, C‑321/20 , nezveřejněné, EU:C:2021:98 , bod a citovaná judikatura). Bylo však rozhodnuto, že čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 brání tomu, aby byly mezery ve smlouvě, jež vznikly zrušením jejích zneužívajících ujednání, překonány pouze na základě vnitrostátních ustanovení obecné povahy, která stanoví, že právní jednání má kromě účinků, jež jsou v něm vyjádřeny, rovněž účinky, jež mimo jiné vyplývají ze zásady spravedlnosti nebo ze zvyklostí, a která nejsou ustanoveními dispozitivními ani ustanoveními použitelnými v případě dohody smluvních stran (rozsudek ze dne 3. října 2019, Dziubak, C‑260/18 , EU:C:2019:819 , bod ). V projednávaném případě přitom z předkládacího rozhodnutí nevyplývá, že by výklad zamýšlený předkládajícím soudem měl za cíl zhojit neplatnost smlouvy z důvodu, že bez indexačního ujednání, o něž jde v původním řízení, tato smlouva nemůže existovat. Dále s výhradou ověření předkládajícím soudem nic nenasvědčuje tomu, že by článek 65 občanského zákoníku, který obsahuje obecné výkladové pravidlo, představoval dispozitivní ustanovení vnitrostátního práva. Zatřetí zásada neúčinnosti zneužívajícího ujednání, upravená v čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13, nemůže být zpochybněna úvahami spojenými s okolnostmi, za kterých byla daná smlouva uzavřena a plněna. Soudní dvůr totiž rozhodl, že za účelem zajištění odrazujícího účinku článku 7 směrnice 93/13 nemohou pravomoci vnitrostátního soudu, který konstatuje zneužívající ujednání ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice, záviset na použití tohoto ujednání v praxi (usnesení ze dne 11. června 2015, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑602/13 , nezveřejněné, EU:C:2015:397 , bod ). Za těchto podmínek nemůže okolnost, že žalobci v původním řízení projevili pouze nevelký zájem o smluvní indexační ujednání, zpochybnit zásadu připomenutou v bodě 57 tohoto rozsudku, podle které platí, že pokud vnitrostátní soud konstatuje zneužívající povahu ujednání obsaženého ve smlouvě uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, musí je v souladu s čl. 6 odst. 1 směrnice 93/13 ponechat nepoužité. S ohledem na všechny výše uvedené úvahy je třeba na druhou podotázku v rámci první otázky a na druhou otázku odpovědět tak, že články 5 a 6 směrnice 93/13 musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní soud, který ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice konstatoval zneužívající povahu ujednání smlouvy uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, vyložil toto ujednání tak, aby jeho zneužívající povahu zhojil, a to i v případě, že by takový výklad odpovídal společné vůli smluvních stran. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl takto: 1) Článek 5 směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách musí být vykládán v tom smyslu, že obsah ujednání úvěrové smlouvy uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, které stanoví nákupní a prodejní kurzy cizí měny, na niž je úvěr indexován, musí běžně informovanému a přiměřeně pozornému i obezřetnému spotřebiteli umožnit, aby na základě jasných a srozumitelných kritérií pochopil způsob, jakým je stanovován směnný kurz cizí měny použitý pro výpočet výše splátek, tak aby tento spotřebitel měl možnost kdykoli sám určit směnný kurz použitý prodávajícím či poskytovatelem. 2) Články 5 a 6 směrnice 93/13/EHS musí být vykládány v tom smyslu, že brání tomu, aby vnitrostátní soud, který ve smyslu čl. 3 odst. 1 této směrnice konstatoval zneužívající povahu ujednání smlouvy uzavřené mezi prodávajícím nebo poskytovatelem a spotřebitelem, vyložil toto ujednání tak, aby jeho zneužívající povahu zhojil, a to i v případě, že by takový výklad odpovídal společné vůli smluvních stran. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: polština.

62006CJ0043

sv

Fördragsbrott – Åsidosättande av artiklarna 2 och 10 i rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster (EGT L 223, s. 15; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 99) – Krav på att arkitekter från andra medlemsstater som inte är medlemmar i sina respektive nationella samfund skall avlägga prov för inträde i arkitektsamfundet i den mottagande staten för att de skall få utöva arkitektyrket där. Domslut Republiken Portugal har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artiklarna 2 och 10 i rådets direktiv 85/384/EEG av den 10 juni 1985 om det ömsesidiga erkännandet av utbildnings-, examens- och andra behörighetsbevis på arkitekturområdet, däribland åtgärder för att underlätta ett effektivt utnyttjande av etableringsrätten och friheten att tillhandahålla tjänster, i dess lydelse enligt Europaparlamentets och rådet direktiv 2001/19/EG av den 14 maj 2001, genom att kräva att de som har förvärvat yrkeskvalifikationer som arkitekter i andra medlemsstater skall genomgå ett antagningsprov vid det portugisiska arkitektsamfundet för att få utöva arkitektyrket i Portugal, såvida de inte är medlemmar av ett arkitektsamfund i en annan medlemsstat. Republiken Portugal skall ersätta rättegångskostnaderna.

62010CJ0520

lv

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu ir par Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem - Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze ( OV L 145, 1. lpp. ), kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2003. gada 7. oktobra Direktīvu 2003/92/EK ( OV L 260, 8. lpp. ; turpmāk tekstā – “Sestā direktīva”), 2. panta 1. punkta interpretāciju. Šis lūgums ir iesniegts tiesvedībā starp Lebara Ltd (turpmāk tekstā – “ Lebara ”) un Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs [Viņas Augstības Ienākumu un muitas dienestu] (turpmāk tekstā – “ Commissioners ”) par šī pēdējā paziņojumu par aplikšanu ar nodokli attiecībā uz pievienotās vērtības nodokli (turpmāk tekstā – “PVN”), kas, kā tiek apgalvots, jāmaksā Lebara par 2005. gada martā tās sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem. Atbilstošās tiesību normas Padomes 1967. gada 11. aprīļa Pirmās Direktīvas 67/227/EEK par dalībvalstu tiesību aktu par apgrozījuma nodokļiem saskaņošanu ( OV 1967, 71, 1301. lpp. ; turpmāk tekstā – “Pirmā direktīva”) 2. panta pirmā un otrā daļa ir formulētas šādi: “[PVN] kopējās sistēmas princips ir piemērot precēm un pakalpojumiem vispārēju nodokli par patēriņu, kas būtu tieši proporcionāls preču un pakalpojumu cenai neatkarīgi no darījumu skaita, kas veikti ražošanas un izplatīšanas procesos pirms stadijas, kurā uzliek nodokli. Par katru darījumu [PVN], ko aprēķina no preču vai pakalpojumu cenas pēc attiecīgām precēm vai pakalpojumiem piemērotas likmes, uzliek pēc tam, kad atņemts dažādiem izmaksu komponentiem tieši piemērotais pievienotās vērtības nodoklis.” Sestās direktīvas 2. panta 1. punktā ir noteikts, ka PVN jāmaksā “par preču piegādi vai pakalpojumu sniegšanu, ko par atlīdzību attiecīgās valsts teritorijā veicis nodokļu maksātājs, kas kā tāds rīkojas”. Šīs direktīvas 5. panta 1. punkta izpratnē “preču piegāde” nozīmē tiesību nodošanu rīkoties ar materiālu īpašumu ka īpašniekam. Minētās direktīvas 6. pantā ir paredzēts: “1.   “Pakalpojumu sniegšana” nozīmē jebkuru darījumu, kas nav preču piegāde 5. panta izpratnē. Šādi darījumi cita starpā var ietvert: — nemateriālā īpašuma nodošanu neatkarīgi no tā, vai tas ir tāda dokumenta priekšmets, kurš rada īpašumtiesības, [..] 4.   Ja nodokļa maksātājs, kas darbojas savā vārdā, bet kāda cita interesēs, piedalās pakalpojumu sniegšanā, uzskata, ka tas pats saņēmis un sniedzis šos pakalpojumus. [..]” Sestās direktīvas 9. pantā, kas ietverts tās VI sadaļā ar virsrakstu “Ar nodokli apliekamo darījumu vieta”, ir noteikts: “1.   Par pakalpojuma sniegšanas vietu uzskata vietu, kur piegādātājs ir dibinājis savu uzņēmumu vai kur tam ir pastāvīga iestāde, no kuras sniedz pakalpojumu, vai, ja nav šāda uzņēmuma vai pastāvīgas iestādes, tā pastāvīgās adreses vietu vai vietu, kur tas parasti rezidē. 2.   Tomēr: [..] e) vieta, kur sniedz turpmāk norādītos pakalpojumus, ja to dara [..] nodokļa maksātājiem, kas reģistrēti Kopienā, bet citā valstī nekā pakalpojumu sniedzējs, ir vieta, kur klients ir reģistrējis savu uzņēmumu vai kur tam ir pastāvīga iestāde, kurai sniedz šo pakalpojumu, vai, ja nav šādas vietas, tā pastāvīgā adrese vai vieta, kur tas parasti rezidē: [..] — telekomunikācijas. Par telekomunikāciju pakalpojumiem uzskata tādus pakalpojumus, kas saistīti ar signālu, rakstītu tekstu, attēlu, skaņu vai cita veida informācijas pārraidi, emisiju vai uztveri pa vadiem, radio, optiskām vai citām elektromagnētiskām sistēmām, tostarp arī tādus pakalpojumus, kas saistīti ar tiesību nodošanu vai piešķiršanu izmantot šādas pārraides, emisijas vai uztveres jaudas. Šajā noteikumā termins telekomunikāciju pakalpojumi ietver arī piekļuves nodrošināšanu pasaules informāciju tīkliem, [..].” Šīs pašas direktīvas 10. panta, kas iekļauts tās VII sadaļā ar virsrakstu “Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, un nodokļa iekasējamība”, 1. un 2. punkts ir formulēti šādi: a) “Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis” nozīmē notikumu, kura dēļ juridiskais stāvoklis atbilst tam, lai nodoklis kļūtu iekasējams; b) nodoklis kļūst “iekasējams” tad, kad nodokļu iestādei saskaņā ar likumu rodas tiesības no attiecīgā brīža pieprasīt nodokli no personas, kurai tas jāmaksā, neatkarīgi no tā, ka samaksas laiku var pagarināt. 2.   Darbība, par kuru jāmaksā nodoklis, notiek, un nodoklis kļūst iekasējams tad, kad preces ir piegādātas vai pakalpojumi ir sniegti. [..] Tomēr, ja maksājums izdarāms uz kontu pirms preču piegādes vai pakalpojumu izpildes, nodoklis kļūst iekasējams līdz ar maksājuma saņemšanu un par saņemto summu. [..]” Pamatlieta un prejudiciālie jautājumi Lebara ir Apvienotajā Karalistē reģistrēta sabiedrība, kura sniedz telekomunikāciju pakalpojumus. Pamatlietas faktisko apstākļu norises laikā tā šajā nolūkā ar citās dalībvalstīs reģistrētu nodokļu maksātāju (turpmāk tekstā – “izplatītāji”) starpniecību tirgoja telefona kartes personām šajās dalībvalstīs, kuras vēlējās zvanīt uz trešajām valstīm par izdevīgiem tarifiem. Uz Lebara pārdotajām telefona kartēm tostarp bija norādīts zīmola nosaukums un nominālvērtība, kas izteikta tās dalībvalsts valūtā, kurā reģistrēts izplatītājs, viens vai vairāki vietējās piekļuves numuri, lai varētu veikt telefona zvanu, kā arī aizklāts PIN numurs. Lai veiktu zvanu, bija pietiekami ar šo informāciju, tostarp PIN kodu. Telefona kartes bija paredzētas tikai telefona sakariem. To derīgumu ierobežoja, pirmkārt, uz tām norādītā nominālvērtība un, otrkārt, noteiktais laika periods, sākot no to lietošanas pirmās dienas. Šī perioda beigās viss neizmantotais kredīts tika dzēsts. Lai sazvanītu personu, kas atrodas trešajā valstī, lietotājs zvanīja uz vietējo piekļuves numuru, kas bija norādīts uz šīs kartes. Šis telefona zvans tika pārraidīts telekomunikāciju tīklā vietējam telefona sakaru operatoram, ar kuru Lebara iepriekš bija noslēgusi līgumu par viena vai vairāku vietējo specializēto telefona numuru piešķiršanu, un tika novirzīts uz Lebara piederošo komutatoru, kuru šī pēdējā lietoja Apvienotajā Karalistē. Pēc tam Lebara automātiskā sistēma lūdza lietotāju ievadīt PIN kodu, kas norādīts uz kartes. Kad automātiskā sistēma atpazina PIN kodu, lietotājs ievadīja starptautisko numuru, uz kuru tas vēlējās zvanīt. Starptautiskā telekomunikāciju pakalpojumu sniedzēji, ar kuriem Lebara arī bija iepriekš noslēgusi līgumus, kas tai sniedza pieeju to starptautiskajam telekomunikāciju tīklam, tad zvanu novirzīja uz tā galamērķi. Lebara telefona kartes patērētājiem nepārdeva tieši, bet gan tikai ar izplatītāju tīkla starpniecību. No lūguma sniegt prejudiciālu nolēmumu izriet, ka izplatītāji iepirka telefona kartes no Lebara par iepriekš saskaņotām cenām, kas bija zemākas nekā šo karšu nominālvērtība, un pēc tam tās pārdeva ar savu vai sevis izvēlētu vārdu vai ar Lebara zīmolu. Jebkurā gadījumā izplatītāji darbojās savā vārdā un savā labā, nevis kā Lebara pārstāvji. Telefona kartes pārdeva gandrīz tikai galalietotājiem izplatītāja dalībvalstī vai nu tieši izplatītāji, vai arī kā starpnieki citi nodokļu maksātāji, tādi kā vairumtirgotāji vai mazumtirgotāji, kuri reģistrēti šajā dalībvalstī. Lebara nezināja un nekontrolēja izplatītāju un citu starpnieku noteiktās pārdošanas cenas. Telefona kartes aktivizēja Lebara pēc izplatītāja pieprasījuma ar nosacījumu, ka tas par tām ir samaksājis. Pat ja Lebara nezināja galalietotāja identitāti, tā bija ieviesusi sistēmas, kas ļauj noskaidrot katras pārdotās kartes lietošanu un tostarp noteikt, vai tā ir derīga lietošanai un kāda ir atlikusī kredīta summa, numurus, no kuriem ir zvanīts ar šo karti, kā arī numurus, uz kuriem ir zvanīts. Neviens izplatītājs vai cita persona nevarēja piekļūt šīm sistēmām. Lebara par izplatītājiem pārdotajām telefona kartēm nav maksājusi nekādu PVN, pamatojoties uz to, ka šī darbība bija telekomunikāciju pakalpojuma sniegšana, kas notikusi dalībvalstī, kurā reģistrēts izplatītājs, tādējādi atbilstoši apgrieztās nodokļu iekasēšanas mehānismam šim pēdējam bija jāmaksā PVN šajā dalībvalstī. Lebara ieskatā kartes faktiskā lietošana nenozīmēja, ka tā par atlīdzību sniedz pakalpojumus galalietotājam. Tomēr Commissioners uzskatīja, ka Lebara bija jāmaksā PVN Apvienotajā Karalistē, jo šī sabiedrība faktiski sniedza divus pakalpojumus: no vienas puses, “izsniegšana”, kura notiek kartes pārdošanas izplatītājam brīdī, un, no otras puses, “izpirkšana”, kas iestājās tad, kad kartes galalietotājs faktiski lietoja karti. Dalībvalstis var brīvi izvēlēties uzlikt nodokļus pirmajam vai otrajam no šiem pakalpojumiem. Apvienotajā Karalistē nodokli uzliek otrajam pakalpojumam. Nodokļu bāze ir daļa no summas, ko izplatītājs pārskaita Lebara , kas atbilst galalietotāja faktiskās kartes lietošanas proporcionālai attiecībai pret kartes nominālvērtību. Pamatojoties uz to, Commissioners nosūtīja paziņojumu par nodokli, ar kuru prasīta PVN samaksa par 2005. gada martā Lebara sniegtajiem telekomunikāciju pakalpojumiem. Lebara par šo paziņojumu cēla prasību iesniedzējtiesā. Tā tostarp uzskata, ka, ievērojot atšķirīgu praksi attiecībā uz šādu telefona karšu nodokļu režīmu noteiktās dalībvalstīs, pastāv nodokļu dubultās uzlikšanas risks vai no telefona karšu tirdzniecības gūtās peļņas neaplikšanas ar nodokli risks. Uzskatot, ka risinājums pamatlietā ir atkarīgs no Savienības tiesību interpretācijas, First-tier Tribunal (Tax Chamber) [Pirmās instances Nodokļu palāta] nolēma apturēt tiesvedību un uzdot Tiesai šādus prejudiciālus jautājumus: “Tādos apstākļos kā šajā tiesvedībā aplūkotie: 1) ja nodokļu maksātājs (“tirgotājs A”) pārdod telefona kartes, kuras dod tiesības saņemt telekomunikāciju pakalpojumus no šīs personas, vai Sestās direktīvas 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka tirgotājs A veic divas ar PVN apliekamas darbības: pirmo laikā, kad tirgotājs A sākotnēji pārdod telefona karti citam nodokļa maksātājam (“tirgotājs B”), un otro laikā, kad tā tiek izpirkta (t.i., persona “galalietotājs” to izmanto, lai veiktu telefona zvanus)? 2) Ja tā, tad kā (saskaņā ar ES tiesisko regulējumu PVN jomā) PVN ir jāpiemēro pakalpojumu sniegšanas ķēdē, kurā tirgotājs A pārdod telefona kartes tirgotājam B, tirgotājs B tālāk pārdod telefona kartes dalībvalstī B un, visbeidzot, to iegādājas galalietotājs dalībvalstī B, un pēc tam galalietotājs izmanto telefona karti, lai veiktu telefona zvanus?” Par prejudiciālajiem jautājumiem Ar savu pirmo jautājumu iesniedzējtiesa būtībā domā telefona sakaru operatoru, kurš piedāvā telekomunikāciju pakalpojumus – pārdod izplatītājam telefona kartes, kuras ietver visu nepieciešamo informāciju, lai varētu zvanīt uz ārvalstīm ar infrastruktūras palīdzību, kuru darījis pieejamu minētais operators, un kuras tālāk savā vārdā un savā labā galalietotājiem pārdod izplatītājs vai nu tieši, vai ar citu nodokļu maksātāju, tādu kā vairumtirgotāji un mazumtirgotāji, starpniecību. Minētā tiesa būtībā jautā, vai Sestās direktīvas 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka operators par atlīdzību sniedz divus pakalpojumus, vienu – izplatītājam, kad šim pēdējam tiek pārdota telefona karte, un otru – galalietotājam, kad tas zvana, izmantojot uz kartes norādīto informāciju. Ar Tiesai iesniegtajiem apsvērumiem šajā ziņā būtībā tiek paustas trīs dažādas nostājas. Saskaņā ar pirmajām divām telefona sakaru operators sniedz tikai vienu telekomunikāciju pakalpojumu, kas apliekams ar nodokli, vai nu izplatītājam, kad operators tam pārdod telefona karti, vai galalietotājam, kad tas ļauj šim pēdējam faktiski lietot karti, lai zvanītu. Atbilstoši trešajai nostājai operators sniedz divus nošķiramus pakalpojumus un dalībvalstij ir izvēles brīvība izvēlēties, kuru no tām aplikt ar PVN. Lai atbildētu uz pirmo jautājumu, ir jāatgādina PVN kopējās sistēmas mērķi un pamatprincipi, kā arī tirdzniecības sistēmas īpatnības pamatlietā. Atbilstoši Pirmās direktīvas 2. pantam PVN kopējās sistēmas princips ir piemērot precēm un pakalpojumiem vispārēju nodokli par patēriņu, kas būtu tieši proporcionāls preču un pakalpojumu cenai neatkarīgi no darījumu skaita, kas veikti ražošanas un izplatīšanas procesos pirms stadijas, kurā uzliek nodokli (it īpaši skat. 2006. gada 3. oktobra spriedumu lietā C-475/03 Banca popolare di Cremona , Krājums, I-9373. lpp. , 21. punkts, un 2010. gada 28. oktobra spriedumu lietā C-49/09 Komisija/Polija, Krājums, I-10619. lpp. , 44. punkts). Tomēr par katru darījumu PVN ietur tikai pēc tam, kad atskaitīts dažādiem preču un pakalpojumu cenas komponentiem tieši piemērotais PVN. Atskaitījumu mehānisms ir izveidots tā, ka tas ļauj nodokļa maksātājiem atskaitīt no PVN, kurš tiem jāmaksā, PVN summas, kas ir samaksātas par saņemtajām precēm vai pakalpojumiem, un tādējādi nodoklis katrā stadijā tiek ieturēts tikai pievienotajai vērtībai un, visbeidzot, tā apmēru sedz galapatērētājs (skat. iepriekš minētos spriedumus lietā Banca Popolare di Cremona , 22. punkts, un lietā Komisija/Polija, 44. punkts). No minētā izriet, ka ir PVN attiecas tikai uz galapatērētāju un nekādā gadījumā uz nodokļu maksātājiem, kuri iesaistās ražošanas un izplatīšanas procesā pirms galīgās aplikšanas nodokli, neatkarīgi no darījumu skaita (šajā ziņā skat. 2002. gada 15. oktobra spriedumu lietā C-427/98 Komisija/Vācija, Recueil , I-8315. lpp. , 29. punkts). Turklāt no Sestās direktīvas 2. panta 1. punkta izriet, ka PVN ir maksājams par preču piegādēm un pakalpojumu sniegšanu, nevis par maksājumiem, kas veikti par piegādēm vai pakalpojumiem (šajā ziņā skat. 2001. gada 9. oktobra spriedumu lietā C-108/99 Cantor Fitzgerald International , Recueil , I-7257. lpp. , 17. punkts, kā arī 2006. gada 21. februāra spriedumu lietā C-419/02 BUPA Hospitals un Goldsborough Developments , Krājums, I-1685. lpp. , 50. punkts). Tomēr Sestās direktīvas 10. panta 2. punkta otrās daļas izpratnē, ja maksājums izdarāms uz kontu, PVN kļūst iekasējams pirms preču piegādes vai pakalpojuma sniegšanas, ja vien visi elementi, kas raksturīgi darbībai, par kuru jāmaksā nodoklis, proti, piegādei nākotnē vai pakalpojumu sniegšanai nākotnē raksturīgie elementi, ir jau zināmi (skat. iepriekš minēto spriedumu lietā BUPA Hospitals un Goldsborough Developments , 48. punkts). Visbeidzot saskaņā ar pastāvīgo judikatūru pakalpojums tiek sniegts “par atlīdzību” Sestās direktīvas 2. panta 1. punkta izpratnē un līdz ar to ir apliekams ar nodokli tikai tad, ja starp pakalpojuma sniedzēju un tā saņēmēju pastāv tiesiskas attiecības, kurās ir savstarpējs izpildījums, un pakalpojumu sniedzēja saņemtā samaksa ir faktiska atlīdzība par pakalpojuma saņēmējam sniegto pakalpojumu. Tātad ir nepieciešama tiešas saiknes starp sniegto pakalpojumu un saņemto atlīdzību pastāvēšana (skat. it īpaši 2009. gada 3. septembra spriedumu lietā C-37/08 RCI Europe , Krājums, I-7533. lpp. , 24. un 30. punkts; 2009. gada 29. oktobra spriedumu lietā C-246/08 Komisija/Somija, Krājums, I-10605. lpp. , 44. un 45. punkts, kā arī 2011. gada 27. oktobra spriedumu lietā C-93/10 GFKL Financial Services , Krājums, I-10791, 18. un 19. punkts). Saistībā ar tirdzniecības sistēmas pamatlietā īpatnībām ir jāatgādina, ka telefona kartes ir vienreizlietojamas, jo ar tām var veikt starptautiskus zvanus uz iepriekš noteiktiem galamērķiem un par iepriekš noteiktiem tarifiem. Tādējādi tās dod tiesības tikai uz viena veida pakalpojumiem, kuru raksturs un daudzums ir iepriekš noteikti un uz kuriem attiecas viena un tā pati nodokļu likme. Telefona karšu tirdzniecību nodrošina izplatītāju tīkls, kas ietver vismaz vienu tirdzniecības starpnieku, proti izplatītāju, kas [darbojas] starp telefona sakaru operatoru, kurš dara pieejamu starptautiskiem telefona sakariem nepieciešamo infrastruktūru, un galalietotāju. Saskaņā ar lēmumā lūgt prejudiciālu nolēmumu izklāstītajiem faktiem minētais izplatītājs telefona kartes pārdod tālāk savā vārdā un savā labā. Turklāt cena, ko maksā galalietotājs, iegādājoties telefona karti vai nu tieši no izplatītāja, vai no starpnieka – mazumtirgotāja, nav katrā ziņā identiska minētās kartes nominālvērtībai. Visbeidzot, telefona sakaru operators nekontrolē izplatītāja vai citu starpnieku noteikto tālāk pārdošanas cenu un nevar to zināt. Ņemot vērā, ka pakalpojumu sniegšanai uzliek nodokli tikai, ja tā tiek veikta par atlīdzību, kas norāda uz savstarpējas sakarības esamību starp sniegto pakalpojumu un samaksu, kura veido šī sprieduma 27. punktā minēto atlīdzību par to, ir jāatgādina, ka telefona sakaru operators saņem tikai vienu faktisku maksājumu par telefona sakaru pakalpojumu piegādi. Šajos apstākļos nevar uzskatīt, ka telefona sakaru operators Sestās direktīvas 6. panta 1. punkta izpratnē nodrošina divu pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību: vienu izplatītājam, otru – galalietotājam. Lai noteiktu vienīgās pakalpojuma sniegšanas, ko par atlīdzību īsteno minētais operators, saņēmēju un tādējādi vienīgo ar nodokli apliekamo pakalpojumu, ir jānoskaidro, kurš – izplatītājs vai galalietotājs – ir saistīts ar telefona sakaru operatoru ar juridiskām attiecībām, kuru laikā notiek savstarpēja pakalpojumu apmaiņa. Šajā ziņā ir jānorāda, ka, no vienas puses, telefona sakaru operators ar telefona karšu pārdošanu piegādā izplatītājam visu noteikta ilguma starptautiskiem telefona sakariem, izmantojot infrastruktūru, kuru tas darījis pieejamu, nepieciešamo informāciju, un tādējādi viņš šādā veidā nodod izplatītājam tiesības lietot šo infrastruktūru šādu zvanu veikšanai. Līdz ar to telefona sakaru operators sniedz pakalpojumu izplatītājam. Uz šo pakalpojumu Sestās direktīvas 9. panta 2. punkta e) apakšpunkta otrās daļas izpratnē attiecas jēdziens “telekomunikāciju pakalpojumi”. Patiesībā šī tiesību norma definē šo jēdzienu plaši, iekļaujot ne tikai signālu un skaņu pārraidi, bet arī visus pakalpojumus, kuru “priekšmets” ir šāda pārraide, kā arī atbilstošā šādas pārraides līdzekļu lietošanas tiesību cesiju. No otras puses, kā atlīdzību par minēto telekomunikāciju pakalpojumu izplatītājs maksā telefonu sakaru operatoram ar to saskaņotu cenu. Šo maksājumu nevar uzskatīt par galalietotāja veiktu maksājumu telefona sakaru operatoram, pat ja telefona kartes pārdošana tālāk, ko veic izplatītājs vai citi starpnieki, izraisa to, ka galu galā minētais maksājums tiek attiecināts uz galalietotāju. Patiesībā izplatītājs pārdod tālāk telefona kartes savā paša vārdā, kā arī savā labā, un tādējādi vismaz attiecībā uz daļu no šīs pārdošanas tālāk viņš vēršas pie citiem starpniekiem, tādiem kā vairumtirgotāji un mazumtirgotāji. Turklāt summa, ko galalietotājs faktiski maksā, iegādājoties karti no izplatītāja vai starpnieka mazumtirgotāja, nav noteikti identiska cenai, ko izplatītājs samaksājis telefona sakaru operatoram, vai kartes nominālvērtībai, un telefona sakaru operators nevar zināt šo summu. Turklāt telefona kartes galalietotāja identitāte nav katrā ziņā zināma brīdī, kad izplatītājs samaksā šo summu telefona sakaru operatoram, it īpaši, ja ir paredzēts karti pārdot tālāk ar cita starpnieka palīdzību. Ņemot vērā šos apstākļus, nevar uzskatīt, ka izplatītājs ar savu maksājumu telefona sakaru operatoram nodod tikai galalietotāja samaksāto atlīdzību telefona sakaru operatoram un tādējādi veido tiešu saikni starp tiem. Turklāt, ņemot vērā, ka galalietotājam nav tiesību atgūt no telefona sakaru operatora iespējamo neizlietoto kredītu kartes derīguma termiņa laikā, no šīm tiesībām nevar secināt tiešas saiknes starp šo lietotāju un telefona sakaru operatoru esamību. No iepriekš minētā izriet, ka šī sprieduma 27. punktā atgādinātās judikatūras izpratnē starp telefona sakaru operatoru un izplatītāju sākotnējās telefona karšu pārdošanas šim pēdējam brīdī notiek savstarpēja pakalpojumu apmaiņa. Tādējādi Pirmās direktīvas 2. panta pirmās daļas un nodokļu neitralitātes principa ievērošana tiek nodrošināta, ja pastāv tāds telekomunikāciju pakalpojumu izplatīšanas tīkls kā pamatlietā, it īpaši, kad izplatītājs tieši nepārdod kartes tālāk galalietotājam. Gan sākotnējā telefona karšu pārdošana, gan tai sekojošā pārdošana tālāk ir ar nodokli apliekamas darbības. Katrā ķēdes posmā PVN ir tieši proporcionāls samaksātajai cenai un ļauj atskaitīt jau iepriekš samaksāto nodokli. It īpaši telefona kartes pēdējās pārdošanas galalietotājam laikā PVN ir tieši proporcionāls tā par kartes iegādi samaksātajai cenai, pat ja šī cena nav identiska kartes nominālvērtībai. Līdz ar to uz pirmo jautājumu ir jāatbild, ka Sestās direktīvas 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka telefona sakaru operators, kurš piedāvā telekomunikāciju pakalpojumus, ko veido tādu telefona karšu, kuras ietver visu nepieciešamo informāciju starptautiskiem telefona sakariem, izmantojot infrastruktūru, ko darījis pieejamu minētais operators, pārdošana izplatītājiem, kuras izplatītājs pārdod tālāk savā vārdā un savā labā galalietotājiem vai nu tieši, vai ar citu tādu nodokļa maksātāju kā vairumtirgotāji un mazumtirgotāji starpniecību, izplatītājam sniedz telekomunikāciju pakalpojumus par atlīdzību. Tomēr minētais operators nenodrošina otru pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību galalietotājam, kad tas pēc telefona kartes iegādāšanās izmanto savas tiesības zvanīt, lietojot informāciju, kas atrodas uz šīs kartes. Ievērojot atbildi uz pirmo jautājumu, uz otro jautājumu nav jāatbild. Par tiesāšanās izdevumiem Attiecībā uz lietas dalībniekiem šī tiesvedība ir stadija procesā, kuru izskata iesniedzējtiesa, un tā lemj par tiesāšanās izdevumiem. Izdevumi, kas radušies, iesniedzot apsvērumus Tiesai, un kas nav minēto lietas dalībnieku izdevumi, nav atlīdzināmi. Ar šādu pamatojumu Tiesa (trešā palāta) nospriež: Padomes 1977. gada 17. maija Sestās direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem – Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze, kurā grozījumi izdarīti ar Padomes 2003. gada 7. oktobra Direktīvu 2003/92/EK, 2. panta 1. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka telefona sakaru operators, kurš piedāvā telekomunikāciju pakalpojumus, ko veido tādu telefona karšu, kuras ietver visu nepieciešamo informāciju starptautiskiem telefona sakariem, izmantojot infrastruktūru, ko darījis pieejamu minētais operators, pārdošana izplatītājiem, kuras izplatītājs pārdod tālāk savā vārdā un savā labā, galalietotājiem vai nu tieši, vai ar citu tādu nodokļa maksātāju kā vairumtirgotāji un mazumtirgotāji starpniecību, izplatītājam sniedz telekomunikāciju pakalpojumus par atlīdzību. Tomēr minētais operators nenodrošina otru pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību galalietotājam, kad tas pēc telefona kartes iegādāšanās izmanto savas tiesības zvanīt, lietojot informāciju, kas atrodas uz šīs kartes. [Paraksti] ( *1 ) Tiesvedības valoda – angļu.

61984CJ0299

fr

1 PAR ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1984 , PARVENUE A LA COUR LE 14 DECEMBRE SUIVANT , LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN A POSE , EN VERTU DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE CEE , DEUX QUESTIONS PREJUDICIELLES QUI CONCERNENT , L ' UNE , L ' INTERPRETATION DU REGLEMENT NO 850/81 DU CONSEIL , DU 1ER AVRIL 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( JO L 90 , P . 1 ) ET , L ' AUTRE , L ' EXISTENCE , EN DROIT COMMUNAUTAIRE , D ' UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT D ' INIQUITE OBJECTIVE ( ' SACHLICHE UNBILLIGKEIT ' ). 2 CES QUESTIONS ONT ETE SOULEVEES DANS LE CADRE D ' UN LITIGE ENTRE LA FIRME KARL HEINZ NEUMANN , DE HAMBOURG ( CI-APRES DENOMMEE LA DEMANDERESSE ), ET LE BUNDESANSTALT FUR LANDWIRTSCHAFTLICHE MARKTORDNUNG ( CI-APRES DENOMME LE BALM ), CONCERNANT LA PERTE D ' UNE CAUTION QUE LA DEMANDERESSE AVAIT CONSTITUEE A L ' OCCASION D ' UNE DEMANDE D ' ACHAT EN VERTU DU REGLEMENT NO 713/81 DE LA COMMISSION , DU 19 MARS 1981 , RELATIF A LA VENTE A PRIX FIXE FORFAITAIREMENT A L ' AVANCE DE CERTAINES VIANDES BOVINES DESOSSEES DETENUES PAR CERTAINS ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO L 74 , P . 27 ). 3 SELON CE DERNIER REGLEMENT , IL ETAIT PROCEDE A LA VENTE DE CERTAINES QUANTITES DE VIANDES BOVINES PENDANT LA PERIODE DU 30 MARS AU 30 AVRIL 1981 A DES PRIX QUI ETAIENT FIXES A L ' AVANCE EN ECUS ET INDIQUES A L ' ANNEXE I AU REGLEMENT . POUR LES AUTRES CONDITIONS DE VENTE , LE REGLEMENT RENVOYAIT AUX DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 2173/79 DE LA COMMISSION , DU 4 OCTOBRE 1979 , RELATIF AUX MODALITES D ' APPLICATION CONCERNANT L ' ECOULEMENT DES VIANDES BOVINES ACHETEES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION ( JO L 251 , P . 12 ). 4 AUX TERMES DE L ' ARTICLE 5 DU REGLEMENT NO 2173/79 , LE TAUX DE CONVERSION EN MONNAIES NATIONALES A APPLIQUER AUX PRIX DE VENTE FIXES A L ' AVANCE EN ECUS EST LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR OU LA DEMANDE EST CONSIDEREE COMME ETANT ADMISSIBLE . SELON LES ARTICLES 2 ET 3 , CE JOUR EST CELUI OU LA DEMANDE D ' ACHAT EST COMPLETEE PAR UNE CAUTION ETABLIE AU PROFIT DE L ' ORGANISME D ' INTERVENTION , CE JOUR DETERMINANT EGALEMENT LA PRIORITE ENTRE LES DIFFERENTES DEMANDES D ' ACHAT EN CAS D ' EPUISEMENT DES STOCKS . ENFIN , L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , PREVOIT QUE , SAUF CAS EXCEPTIONNEL , LES DEMANDES SONT ACCEPTEES DANS LES CINQ JOURS OUVRABLES SUIVANT LE JOUR DE LEUR DEPOT . 5 IL RESSORT DU DOSSIER QUE , LE 27 MARS 1981 , LA DEMANDERESSE A INTRODUIT UNE DEMANDE D ' ACHAT ET A CONSTITUE LA CAUTION CORRESPONDANTE , QUI ETAIT A L ' EPOQUE DE 50 ECUS ( 137,59 DM ) PAR TONNE . LA DEMANDE D ' ACHAT ETAIT BASEE SUR UN PRIX DE 10 112,68 DM PAR TONNE , CORRESPONDANT AU PRIX FIXE A L ' AVANCE SELON LE TAUX REPRESENTATIF EN VIGUEUR LE JOUR EN QUESTION . 6 DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN , CERTAINES MODIFICATIONS DES TAUX PIVOTS DES MONNAIES COMMUNAUTAIRES ETAIENT DEJA INTERVENUES AVEC EFFET AU 23 MARS 1981 . TOUTEFOIS , LES TAUX REPRESENTATIFS A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE ( ' LES TAUX VERTS ' ) ETAIENT TOUJOURS INCHANGES LE 27 MARS , DATE A LAQUELLE LA DEMANDERESSE A INTRODUIT SA DEMANDE D ' ACHAT ET A CONSTITUE SA CAUTION . CE N ' EST QUE PAR LE REGLEMENT NO 850/81 PRECITE , QUI A ETE ADOPTE LE 1ER AVRIL , A ETE PUBLIE AU JOURNAL OFFICIEL LE 4 AVRIL ET A PRIS EFFET , POUR LE SECTEUR DE LA VIANDE BOVINE , LE 6 AVRIL 1981 , QUE LE CONSEIL A ADAPTE LES TAUX VERTS AUX MODIFICATIONS DES TAUX PIVOTS DANS LE CADRE DU SYSTEME MONETAIRE EUROPEEN . A LA SUITE DE CETTE ADAPTATION , L ' EQUIVALENT EN DM DU PRIX FIXE EN ECUS , POUR LA VIANDE SUR LAQUELLE PORTAIT LA DEMANDE D ' ACHAT DE LA DEMANDERESSE , AVAIT DIMINUE DE 10 112,68 A 9 763,01 DM PAR TONNE . 7 LE 7 AVRIL 1981 , A SAVOIR LE LENDEMAIN DE L ' ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX TAUX VERTS , LE BALM A TRANSMIS A LA DEMANDERESSE UNE ' CONFIRMATION DE VENTE ' AU PRIX SUR LEQUEL LA DEMANDERESSE AVAIT BASE SA DEMANDE , A SAVOIR 10 112,68 DM PAR TONNE . 8 COMME LES CONCURRENTS DE LA DEMANDERESSE , QUI AVAIENT INTRODUIT LEURS DEMANDES D ' ACHAT A PARTIR DU 6 AVRIL 1981 , POUVAIENT BENEFICIER DU NOUVEAU TAUX VERT DU DM , LA DEMANDERESSE A ESTIME QU ' ELLE N ' AVAIT AUCUNE CHANCE DE COMMERCIALISER LA VIANDE SANS PERTE SUR LE MARCHE ALLEMAND SI ELLE RESTAIT LIEE PAR LES CONDITIONS DE VENTE INITIALES . ELLE A DONC ADRESSE AU BALM UNE DECLARATION DANS LAQUELLE ELLE A REFUSE DE SATISFAIRE A L ' OBLIGATION DE RETRAIT ET DE PAIEMENT DE LA VIANDE ACHETEE . EN OUTRE , ELLE A INTRODUIT UNE NOUVELLE DEMANDE D ' ACHAT , QUE LE BALM A ACCEPTEE TOUT EN DECLARANT LA CAUTION ACQUISE EN VERTU DE L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 2173/79 PRECITE , AU MOTIF QUE LA DEMANDERESSE N ' AVAIT PAS RESPECTE L ' OBLIGATION DE PAIEMENT DECOULANT DE SA DEMANDE INITIALE . 9 LA DEMANDERESSE A ALORS FORME UN RECOURS DEVANT LE VERWALTUNGSGERICHT EN DEMANDANT LE REMBOURSEMENT DE LA CAUTION . CETTE JURIDICTION A ESTIME QUE , SELON L ' ARTICLE 16 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 2173/79 , C ' EST A JUSTE TITRE QUE LE BALM A DECLARE LA CAUTION ACQUISE , MAIS QU ' IL EXISTE DES RAISONS QUI JUSTIFIENT LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA CAUTION . EN VUE DE TRANCHER CE PROBLEME , LE VERWALTUNGSGERICHT A POSE A LA COUR LES QUESTIONS PREJUDICIELLES SUIVANTES : 1 ) LE CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 850/81 DU CONSEIL , DU 1ER AVRIL 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE , DOIT-IL ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE , LORS DE LA MODIFICATION DES TAUX DE CHANGE , LE CONSEIL A ENTENDU EVITER EGALEMENT UNE RIGUEUR TELLE QUE CELLE SUBIE PAR LES ' ACHETEURS ' DE MARCHANDISES D ' INTERVENTION ACQUISES CONFORMEMENT AU REGLEMENT NO 713/81 DE LA COMMISSION , DU 19 MARS 1981 , DU FAIT QU ' ILS ONT REMIS LEUR DEMANDE D ' ' ACHAT ' AVANT LE 6 AVRIL 1981 ET QU ' ILS DOIVENT , POUR CETTE RAISON , PAYER UN PRIX PLUS ELEVE QUE LEURS CONCURRENTS AYANT REMIS LEUR OFFRE APRES LE 6 AVRIL 1981? 2 ) LE DROIT COMMUNAUTAIRE CONNAIT-IL LE PRINCIPE GENERAL DE DROIT DIT D ' INIQUITE OBJECTIVE ( SACHLICHE UNBILLIGKEIT ), DE SORTE QU ' UNE NORME EN VIGUEUR DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT ETRE APPLIQUEE LORSQU ' ELLE ENTRAINE POUR L ' INTERESSE UNE RIGUEUR QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AURAIT MANIFESTEMENT CHERCHE A EVITER S ' IL AVAIT ENVISAGE CE CAS AU MOMENT D ' EDICTER LA NORME? ' SUR LA PREMIERE QUESTION 10 CETTE QUESTION VISE A SAVOIR SI , A LA LUMIERE DE SON CINQUIEME CONSIDERANT , LE REGLEMENT NO 850/81 DOIT ETRE INTERPRETE EN CE SENS QUE LE CONSEIL A ENTENDU EVITER QU ' UN ACHETEUR QUI , AVANT LA MODIFICATION DES TAUX VERTS , A INTRODUIT UNE DEMANDE D ' ACHAT POUR UN PRODUIT D ' INTERVENTION DONT LE PRIX A ETE FIXE A L ' AVANCE EN ECUS , DOIVE PAYER UN PRIX PLUS ELEVE , EN MONNAIE NATIONALE , QUE LES CONCURRENTS QUI ONT PRESENTE LEUR DEMANDE APRES CETTE MODIFICATION . 11 AVANT D ' EXAMINER CETTE QUESTION , IL CONVIENT D ' OBSERVER QUE LA DEMANDERESSE A , DANS LES OBSERVATIONS QU ' ELLE A PRESENTEES A LA COUR , PROPOSE D ' ELARGIR LA QUESTION DE MANIERE A COMPRENDRE EGALEMENT L ' IMPORTANCE DU FAIT QUE LE BALM NE LUI A TRANSMIS SA ' CONFIRMATION DE VENTE ' QUE LE 7 AVRIL 1981 , SOIT APRES LE DELAI DE CINQ JOURS PREVU A L ' ARTICLE 3 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT NO 2173/79 , ET APRES L ' ENTREE EN VIGUEUR DES MODIFICATIONS DES TAUX VERTS . 12 LE PROBLEME AINSI SOULEVE PAR LA DEMANDERESSE CONCERNE TOUTEFOIS UN AUTRE REGLEMENT QUE CELUI DONT L ' INTERPRETATION A ETE DEMANDEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE ET NI L ' EXPOSE DES FAITS NI L ' ARGUMENTATION JURIDIQUE DE L ' ORDONNANCE DE RENVOI NE PERMET A LA COUR D ' ETABLIR QUE LA JURIDICTION NATIONALE ESTIME UNE DECISION SUR CE POINT NECESSAIRE POUR QU ' ELLE PUISSE RENDRE SON JUGEMENT . DANS CES CIRCONSTANCES , ET COMPTE TENU DE LA REPARTITION DES COMPETENCES OPEREE PAR L ' ARTICLE 177 DU TRAITE DANS LE CADRE DE LA PROCEDURE PREJUDICIELLE , IL APPARTIENT A LA SEULE JURIDICTION NATIONALE D ' APPRECIER LA PERTINENCE DU PROBLEME SOULEVE PAR LA DEMANDERESSE A LA LUMIERE DES FAITS DE L ' AFFAIRE ET , LE CAS ECHEANT , DE SAISIR LA COUR D ' UNE NOUVELLE QUESTION PREJUDICIELLE Y AFFERENTE . 13 EN CE QUI CONCERNE LA PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE , TELLE QU ' ELLE A ETE POSEE PAR LA JURIDICTION NATIONALE , CELLE-CI RAPPELLE , DANS L ' ORDONNANCE DE RENVOI , QUE LE CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 850/81 DECLARE : ' QUE L ' ADAPTATION DE CE TAUX DOIT TENIR COMPTE DE SES EFFETS , NOTAMMENT SUR LES PRIX ; QUE , POUR CETTE RAISON , IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE L ' APPLICATION DU NOUVEAU TAUX INTERVIENNE GENERALEMENT DANS UN DELAI RAISONNABLE , LIE EN PRINCIPE AU DEBUT DE LA CAMPAGNE OU A UNE MODIFICATION DES PRIX , SANS POUR AUTANT EXCLURE UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE DANS CERTAINS CAS ' . 14 TOUJOURS SELON L ' ORDONNANCE DE RENVOI , CE CONSIDERANT DEMONTRE QUE LE CONSEIL VOULAIT MANIFESTEMENT TENIR COMPTE DES EFFETS DE LA MODIFICATION DES TAUX DE CHANGE SUR LES PRIX . CELA NE POURRAIT S ' EXPLIQUER QUE PAR L ' IDEE SELON LAQUELLE LES PRIX AGRICOLES FIXES PAR LA COMMUNAUTE DOIVENT FOURNIR UNE BASE DE CALCUL STABLE AUX MILIEUX ECONOMIQUES CONCERNES . CE SERAIT EGALEMENT POUR CETTE RAISON QUE LE NOUVEAU TAUX DEVAIT EN PRINCIPE ENTRER EN VIGUEUR AU DEBUT DE LA CAMPAGNE SUIVANTE , OU INTERVIENDRAIT DE TOUTE MANIERE UNE MODIFICATION DES PRIX AGRICOLES . OR , LE CONSEIL N ' AURAIT PAS SEULEMENT VOULU RESPECTER LA STABILITE DES PRIX LIES A UNE CAMPAGNE . MEME DANS D ' AUTRES CAS , LE NOUVEAU TAUX VERT DEVRAIT , SELON LE CONSIDERANT , ENTRER EN VIGUEUR ' EN PRINCIPE ' AU MOMENT DE LA MODIFICATION DES PRIX . CE NE SERAIT QUE DANS ' CERTAINS CAS ' , DANS LESQUELS UNE PRISE D ' EFFET IMMEDIATE N ' EST PAS EXCLUE , QU ' IL EN IRAIT AUTREMENT . LA JURIDICTION NATIONALE ESTIME QUE LES PRIX DE VENTE FIXES A L ' AVANCE N ' APPARTIENNENT PAS A CETTE CATEGORIE . ELLE EST DONC D ' AVIS QUE LA PREMIERE QUESTION DOIT RECEVOIR UNE REPONSE AFFIRMATIVE . 15 LA DEMANDERESSE PARTAGE L ' OPINION DE LA JURIDICTION NATIONALE EN CE QUI CONCERNE L ' INTERPRETATION ET L ' APPLICATION DU REGLEMENT NO 850/81 . 16 LA COMMISSION RAPPELLE QUE LE REGLEMENT NO 850/81 NE CONCERNE PAS LES REGIMES COMMUNAUTAIRES DES PRIX AGRICOLES EXPRIMES EN ECUS , MAIS UNIQUEMENT LES TAUX DE CONVERSION DE CES PRIX EN MONNAIES NATIONALES . LE CINQUIEME CONSIDERANT DE CE REGLEMENT CORRESPONDRAIT A DES CONSIDERANTS QUASI IDENTIQUES D ' UN GRAND NOMBRE D ' AUTRES REGLEMENTS DU MEME TYPE ET IL INDIQUERAIT UNIQUEMENT QUE , EGALEMENT POUR L ' ADOPTION DES TAUX VERTS DECIDEE LE 1ER AVRIL 1981 , LE CONSEIL ENTENDAIT S ' EN TENIR AUX PRINCIPES MIS EN OEUVRE PAR LUI DEPUIS LONGTEMPS , A SAVOIR : - TENIR COMPTE DES EFFETS DE CETTE ADAPTATION SUR LA STRUCTURE DES PRIX AU NIVEAU NATIONAL ; -LIER AUTANT QUE POSSIBLE L ' ADAPTATION DES TAUX VERTS AU DEBUT DE LA CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION DU PRODUIT EN CAUSE , DATE A LAQUELLE LES PRIX COMMUNS SONT , EN REGLE GENERALE , MODIFIES EUX AUSSI ; -NE DECIDER DES ADOPTIONS DE TAUX VERTS POUR LES PAYS DITS A MONNAIE APPRECIEE QUE DANS LE SEUL CADRE DES MODIFICATIONS DES PRIX COMMUNS , CE QUI PERMETTRAIT D ' EMPECHER LA BAISSE DES REVENUS DES PRODUCTEURS AGRICOLES RESULTANT AUTREMENT DES NOUVEAUX TAUX VERTS . CES PRINCIPES AURAIENT ETE RESPECTES DANS LES DISPOSITIONS DU REGLEMENT NO 850/81 , LA NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION POUR LA VIANDE BOVINE AYANT COMMENCE PRECISEMENT A LA DATE D ' ENTREE EN VIGUEUR DU REGLEMENT . 17 PAR CONTRE , SELON LA COMMISSION , L ' IDEE N ' A JAMAIS ETE EXPRIMEE DANS CE CONTEXTE QUE LA MODIFICATION DES TAUX VERTS AUX DATES FIXEES PAR CES REGLEMENTS NE SE RAPPORTAIT QU ' AUX PRIX LIES A UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , TELS QUE LES PRIX D ' ORIENTATION ET D ' INTERVENTION , ET NON PAS A D ' AUTRES PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE FIXES DANS LE CADRE DE L ' ORGANISATION DES MARCHES CONCERNES . 18 C ' EST A JUSTE TITRE QUE LA COMMISSION A RAPPELE QUE LE REGLEMENT LITIGIEUX NE MODIFIE PAS LES PRIX COMMUNS EXPRIMES EN ECUS , MAIS UNIQUEMENT LES TAUX DE CONVERSION DE CES PRIX EN MONNAIES NATIONALES . SI LE CINQUIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT SOULIGNE LES RAPPORTS ENTRE CES TAUX ET LES PRIX AINSI QUE LA NECESSITE DE LIER AUTANT QUE POSSIBLE L ' ENTREE EN VIGUEUR DES NOUVEAUX TAUX A UNE MODIFICATION DES PRIX COMMUNS , LA RAISON EN EST QUE DE TELLES MODIFICATIONS , QUI INTERVIENNENT NOTAMMENT AU DEBUT D ' UNE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION , PEUVENT ETRE DE NATURE A ATTENUER LES EFFETS INDESIRABLES DES NOUVEAUX TAUX VERTS SUR LE NIVEAU DE VIE DES PRODUCTEURS AGRICOLES DANS LES ETATS MEMBRES A MONNAIE APPRECIEE ET SUR LES PRIX A LA CONSOMMATION DANS CEUX A MONNAIE DEPRECIEE . 19 PAR CONTRE , RIEN DANS LES DISPOSITIONS ET ANNEXES DU REGLEMENT NI DANS SES CONSIDERANTS NE PERMET DE CONCLURE QUE LE CONSEIL A ENVISAGE , POUR CERTAINS PRIX D ' ACHAT OU DE VENTE FIXES A L ' AVANCE EN ECUS , UNE DATE D ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX VERTS QUI DIFFERE DE CELLE PREVUE AUX ANNEXES POUR LE SECTEUR CONCERNE EN GENERAL . IL CONVIENT PAR AILLEURS DE RELEVER QUE LE REGLEMENT NO 713/81 CONCERNE LA VENTE DE CERTAINES VIANDES BOVINES DETENUES NON SEULEMENT PAR L ' ORGANISME D ' INTERVENTION ALLEMAND , MAIS EGALEMENT PAR LES ORGANISMES D ' AUTRES ETATS MEMBRES , ET QU ' UNE DEROGATION A LA DATE GENERALEMENT PREVUE POUR L ' APPLICATION DES NOUVEAUX TAUX VERTS AURAIT EU DES CONSEQUENCES INVERSES POUR LES OPERATEURS ECONOMIQUES QUI ONT ACHETE LA VIANDE D ' INTERVENTION DANS CES ETATS . 20 IL CONVIENT DONC DE REPONDRE A LA PREMIERE QUESTION PREJUDICIELLE QUE , MEME INTERPRETE A LA LUMIERE DE SON CINQUIEME CONSIDERANT , LE REGLEMENT NO 850/81 DU CONSEIL , DU 1ER AVRIL 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE , N ' IMPLIQUE PAS QUE LE CONSEIL A ENTENDU EVITER QU ' UN ACHETEUR QUI A INTRODUIT , AVANT LA MODIFICATION DES TAUX VERTS , UNE DEMANDE D ' ACHAT POUR UN PRODUIT D ' INTERVENTION DONT LE PRIX A ETE FIXE A L ' AVANCE EN ECUS , DOIVE PAYER UN PRIX PLUS ELEVE EN MONNAIE NATIONALE QUE LES CONCURRENTS QUI ONT PRESENTE LEUR DEMANDE APRES CETTE MODIFICATION . SUR LA DEUXIEME QUESTION 21 PARTANT DE L ' IDEE QUE LA PREMIERE QUESTION APPELLE UNE REPONSE AFFIRMATIVE , LE VERWALTUNGSGERICHT OBSERVE , DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI , QUE , SELON LE DROIT ALLEMAND , IL S ' AGIRAIT ALORS D ' UN CAS D ' INIQUITE OBJECTIVE ( ' SACHLICHE UNBILLIGKEIT ' ), OBLIGEANT UN TRIBUNAL A SATISFAIRE A LA VOLONTE PRESUMEE DU LEGISLATEUR EN REDRESSANT CETTE INIQUITE . LE VERWALTUNGSGERICHT RECONNAIT QUE LA COUR , DANS SON ARRET DU 28 JUIN 1977 ( BALKAN-IMPORT-EXPORT , 118/76 , REC . P . 1177 ), N ' A PAS ADMIS L ' EXISTENCE DE CE PRINCIPE EN DROIT COMMUNAUTAIRE . COMME , EN REALITE , IL S ' AGIRAIT D ' UNE APPLICATION PARTICULIERE DU PRINCIPE PLUS GENERAL DE PROPORTIONNALITE QUI A ETE CONSACRE , QUANT A LUI , PAR LA JURISPRUDENCE DE LA COUR , LA JURIDICTION NATIONALE ENVISAGE TOUTEFOIS LA POSSIBILITE D ' UNE EVOLUTION DU DROIT COMMUNAUTAIRE SUR CE POINT . 22 LA DEMANDERESSE PARTAGE L ' OPINION DU VERWALTUNGSGERICHT ET AJOUTE QUE L ' OBJECTIF DE TOUT ORDRE JURIDIQUE REPONDANT AU PRINCIPE DE L ' ETAT DE DROIT , COMME C ' EST LE CAS DE L ' ORDRE JURIDIQUE COMMUNAUTAIRE , DEVRAIT ETRE D ' EVITER TOUTE RIGUEUR QUE LE LEGISLATEUR AURAIT MANIFESTEMENT CHERCHE A EVITER S ' IL AVAIT ENVISAGE LE CAS AU MOMENT D ' EDICTER LA NORME , EN METTANT A DISPOSITION LE CONCEPT JURIDIQUE DE L ' INIQUITE OBJECTIVE . DE TELS CONCEPTS SERAIENT NECESSAIRES POUR MAINTENIR LA CONFIANCE DES CITOYENS DANS L ' INSTITUTION DU DROIT ET DANS L ' EXISTENCE D ' UNE CORRESPONDANCE ENTRE LE DROIT ET LA JUSTICE . 23 DE L ' AVIS DE LA COMMISSION , LES CONSIDERATIONS QUI ONT AMENE LA COUR A REJETER , DANS SON ARRET PRECITE , L ' EXISTENCE EN DROIT COMMUNAUTAIRE D ' UN PRINCIPE GENERAL DE DROIT DIT D ' INIQUITE OBJECTIVE RESTENT ENTIEREMENT VALABLES . MEME SI CERTAINES DISPOSITIONS DU DROIT COMMUNAUTAIRE DERIVE , ADOPTEES POSTERIEUREMENT A L ' ARRET , ONT ADMIS LA POSSIBILITE D ' UNE REMISE DE DETTE POUR DES MOTIFS D ' EQUITE , LEUR CHAMP D ' APPLICATION AURAIT TOUJOURS ETE LIMITE A DES DROITS BIEN DETERMINES ET CERTAINES PARMI ELLES AURAIENT NEANMOINS DONNE LIEU A DE GRANDES DIFFICULTES DANS LEUR MISE EN OEUVRE SUR LE PLAN CONCRET . 24 DANS SON ARRET PRECITE , LA COUR A JUGE QU ' UNE ADMINISTRATION NATIONALE N ' A PAS LE DROIT D ' APPLIQUER , A UNE DEMANDE DE REMISE , POUR DES MOTIFS D ' EQUITE , DE REDEVANCES DUES EN VERTU DU DROIT COMMUNAUTAIRE , LES PRESCRIPTIONS DE SON DROIT NATIONAL DANS TOUTE LA MESURE OU CETTE APPLICATION AFFECTERAIT L ' EFFET DES REGLES COMMUNAUTAIRES RELATIVES A L ' ASSIETTE , AUX CONDITIONS D ' IMPOSITION OU AU MONTANT DE LA REDEVANCE EN CAUSE ET QU ' IL N ' EXISTE PAS DE BASE JURIDIQUE , DANS LE DROIT COMMUNAUTAIRE , PERMETTANT LA REMISE DEMANDEE POUR DES MOTIFS D ' EQUITE . LA PREMIERE DE CES CONSTATATIONS ETAIT FONDEE NOTAMMENT SUR DES CONSIDERATIONS RELATIVES A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES . 25 EN EFFET , IL SERAIT CONTRAIRE A CETTE REPARTITION DES COMPETENCES D ' ADMETTRE QU ' UNE AUTORITE NATIONALE AIT LE DROIT OU MEME LE DEVOIR DE NE PAS APPLIQUER UNE DISPOSITION DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS UN CAS OU ELLE ESTIME QU ' UNE TELLE APPLICATION ENTRAINERAIT UN RESULTAT QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AURAIT MANIFESTEMENT CHERCHE A EVITER S ' IL AVAIT ENVISAGE CE CAS AU MOMENT D ' ADOPTER LA DISPOSITION EN CAUSE . L ' ACCEPTATION D ' UN TEL PRINCIPE GENERAL SERAIT SUSCEPTIBLE D ' EMPECHER LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES D ' EXERCER LEURS PLEINS EFFETS DANS LES ETATS MEMBRES ET PORTERAIT ATTEINTE AU PRINCIPE FONDAMENTAL DE L ' APPLICATION UNIFORME DU DROIT COMMUNAUTAIRE DANS L ' ENSEMBLE DE LA COMMUNAUTE . 26 IL CONVIENT D ' AJOUTER QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE OFFRE A TOUTE JURIDICTION DES ETATS MEMBRES UNE SOLUTION PARFAITEMENT CONFORME A LA REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LA COMMUNAUTE ET LES ETATS MEMBRES . EN EFFET , UNE TELLE JURIDICTION , QUI ESTIME ETRE EN PRESENCE D ' UN CAS COMME CELUI VISE DANS LA DEUXIEME QUESTION PREJUDICIELLE DU VERWALTUNGSGERICHT , PEUT S ' ADRESSER A LA COUR , CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L ' ARTICLE 177 DU TRAITE , EN VUE D ' OBTENIR UNE INTERPRETATION DE LA DISPOSITION COMMUNAUTAIRE EN CAUSE OU , LE CAS ECHEANT , UNE DECLARATION D ' INVALIDITE DE CELLE-CI , PERMETTANT D ' EVITER L ' INIQUITE QU ' ELLE ESTIME AVOIR CONSTATEE . 27 CES CONSIDERATIONS SUFFISENT POUR APPORTER UNE REPONSE A LA DEUXIEME QUESTION PREJUDICIELLE . ETANT DONNE QUE LA JURIDICTION NATIONALE A , DANS SON ORDONNANCE DE RENVOI , CARACTERISE EXPRESSEMENT LE PRINCIPE D ' INIQUITE OBJECTIVE COMME ETANT UNE APPLICATION PARTICULIERE DU PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE , IL CONVIENT TOUTEFOIS DE VERIFIER SI LE RESULTAT PRECONISE PAR CETTE JURIDICTION PEUT SE FONDER SUR CE DERNIER PRINCIPE DANS SA FORME RECONNUE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE . 28 LA QUESTION A EXAMINER A CET EGARD EST DE SAVOIR SI LA PERTE DE LA CAUTION , DANS DES CIRCONSTANCES TELLES QUE CELLES EVOQUEES DANS L ' ORDONNANCE DE RENVOI , CONSTITUE UNE MESURE DISPROPORTIONNEE PAR RAPPORT AU BUT LEGITIME POURSUIVI PAR LE SYSTEME DE CAUTION . 29 IL RESSORT NOTAMMENT DU NEUVIEME CONSIDERANT DU REGLEMENT NO 2173/79 PRECITE QUE , DANS LE CADRE DE L ' ECOULEMENT DES VIANDES BOVINES ACHETEES PAR LES ORGANISMES D ' INTERVENTION , LE SYSTEME DE CAUTION A POUR BUT DE GARANTIR LE RESPECT , PAR L ' ACHETEUR , DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES DECOULANT DE LA DEMANDE D ' ACHAT ET DES CONDITIONS DE VENTE PREVUES PAR LES DISPOSITIONS DES REGLEMENTS EN CAUSE . PARMI CES CONDITIONS FIGURE CELLE DE PAYER L ' EQUIVALENT EN MONNAIES NATIONALES DU PRIX DE VENTE FIXE A L ' AVANCE EN ECUS , SELON LE TAUX VERT EN VIGUEUR LE JOUR OU LA DEMANDE D ' ACHAT A ETE COMPLETEE PAR LA CONSTITUTION D ' UNE CAUTION . 30 SELON LE REGLEMENT NO 713/81 PRECITE , LA VENTE EN CAUSE ETAIT OUVERTE A PARTIR DU 30 MARS 1981 ET ELLE DEVAIT SE POURSUIVRE JUSQU ' AU 30 AVRIL DE LA MEME ANNEE OU AVANT CETTE DATE , JUSQU ' A EPUISEMENT DES STOCKS , L ' ORDRE DE PRIORITE DES DEMANDES D ' ACHAT ETANT DETERMINE PRECISEMENT PAR LE JOUR OU LA CAUTION ETAIT CONSTITUEE . DES LE 23 MARS ETAIENT INTERVENUES LES MODIFICATIONS DES TAUX PIVOTS DES MONNAIES COMMUNAUTAIRES , LESQUELLES DEVAIENT , SELON TOUTE PROBABILITE , ETRE SUIVIES PAR DES MODIFICATIONS A PARTIR DU DEBUT DE LA NOUVELLE CAMPAGNE DE COMMERCIALISATION POUR LE SECTEUR BOVIN , A SAVOIR LE 6 AVRIL . 31 DANS CES CIRCONSTANCES , LA REGLEMENTATION COMMUNAUTAIRE OFFRAIT UN CHOIX AUX OPERATEURS ECONOMIQUES AVISES . ILS POUVAIENT SOIT INTRODUIRE LEUR DEMANDE D ' ACHAT ET CONSTITUER LA CAUTION TOUT DE SUITE , EN SE BASANT SUR LE TAUX VERT DE L ' EPOQUE , AU RISQUE DE VOIR INTERVENIR UNE MODIFICATION DE CE TAUX PROFITANT A CEUX DE LEURS CONCURRENTS QUI ONT INTRODUIT LEUR DEMANDE APRES CETTE MODIFICATION , SOIT ATTENDRE EUX-MEMES LA MODIFICATION DU TAUX , AU RISQUE QUE LES STOCKS SOIENT DEJA EPUISES PAR LES DEMANDES DE LEURS CONCURRENTS . 32 SI UN OPERATEUR ECONOMIQUE , AYANT LIBREMENT OPERE UN TEL CHOIX , REFUSE DE RETIRER LA MARCHANDISE AUX CONDITIONS DE VENTE DECOULANT DE SON CHOIX , ON NE SAURAIT CONSIDERER COMME ETANT DISPROPORTIONNEE LA PERTE DE LA CAUTION , LAQUELLE A PRECISEMENT POUR BUT DE GARANTIR LE RESPECT DE CES CONDITIONS . 33 IL S ' ENSUIT QUE , DANS DES CIRCONSTANCES TELLES QUE CELLES DECRITES DANS L ' ORDONNANCE DE RENVOI , LE PRINCIPE DE PROPORTIONNALITE RECONNU PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT PAS OFFRIR DE SOLUTION AU LITIGE PENDANT DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE . IL SUFFIT DONC DE REPONDRE A LA DEUXIEME QUESTION PREJUDICIELLE QUE LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE CONNAIT PAS DE PRINCIPE GENERAL DE DROIT SELON LEQUEL UNE NORME EN VIGUEUR DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT PAS ETRE APPLIQUEE PAR UNE AUTORITE NATIONALE LORSQUE CETTE NORME ENTRAINE POUR L ' INTERESSE UNE RIGUEUR QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AURAIT MANIFESTEMENT CHERCHE A EVITER S ' IL AVAIT ENVISAGE CE CAS AU MOMENT D ' EDICTER LA NORME , UNE JURIDICTION NATIONALE , QUI ESTIME ETRE EN PRESENCE D ' UN TEL CAS , AYANT CEPENDANT TOUJOURS LE DROIT DE POSER A LA COUR TOUTE QUESTION PREJUDICIELLE SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE L ' ACTE COMMUNAUTAIRE EN CAUSE , QU ' ELLE ESTIMERAIT NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT . Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 34 LES FRAIS EXPOSES PAR LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , QUI A SOUMIS DES OBSERVATIONS A LA COUR , NE PEUVENT FAIRE L ' OBJET D ' UN REMBOURSEMENT . LA PROCEDURE REVETANT , A L ' EGARD DES PARTIES AU PRINCIPAL , LE CARACTERE D ' UN INCIDENT SOULEVE DEVANT LA JURIDICTION NATIONALE , IL APPARTIENT A CELLE-CI DE STATUER SUR LES DEPENS . Dispositif PAR CES MOTIFS , LA COUR ( DEUXIEME CHAMBRE ), STATUANT SUR LES QUESTIONS A ELLE SOUMISES PAR LE VERWALTUNGSGERICHT FRANKFURT AM MAIN , PAR ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 1984 , DIT POUR DROIT : 1 ) MEME INTERPRETE A LA LUMIERE DE SON CINQUIEME CONSIDERANT , LE REGLEMENT NO 850/81 DU CONSEIL , DU 1ER AVRIL 1981 , MODIFIANT LE REGLEMENT NO 878/77 RELATIF AUX TAUX DE CHANGE A APPLIQUER DANS LE SECTEUR AGRICOLE , N ' IMPLIQUE PAS QUE LE CONSEIL A ENTENDU EVITER QU ' UN ACHETEUR QUI A INTRODUIT , AVANT LA MODIFICATION DES TAUX VERTS , UNE DEMANDE D ' ACHAT POUR UN PRODUIT D ' INTERVENTION DONT LE PRIX A ETE FIXE A L ' AVANCE EN ECUS , DOIVE PAYER UN PRIX PLUS ELEVE EN MONNAIE NATIONALE QUE LES CONCURRENTS QUI ONT PRESENTE LEUR DEMANDE APRES CETTE MODIFICATION . 2 ) LE DROIT COMMUNAUTAIRE NE CONNAIT PAS DE PRINCIPE GENERAL DE DROIT SELON LEQUEL UNE NORME EN VIGUEUR DU DROIT COMMUNAUTAIRE NE PEUT PAS ETRE APPLIQUEE PAR UNE AUTORITE NATIONALE LORSQUE CETTE NORME ENTRAINE POUR L ' INTERESSE UNE RIGUEUR QUE LE LEGISLATEUR COMMUNAUTAIRE AURAIT MANIFESTEMENT CHERCHE A EVITER S ' IL AVAIT ENVISAGE CE CAS AU MOMENT D ' EDICTER LA NORME , UNE JURIDICTION NATIONALE , QUI ESTIME ETRE EN PRESENCE D ' UN TEL CAS , AYANT CEPENDANT TOUJOURS LE DROIT DE POSER A LA COUR TOUTE QUESTION PREJUDICIELLE SUR L ' INTERPRETATION ET LA VALIDITE DE L ' ACTE COMMUNAUTAIRE EN CAUSE , QU ' ELLE ESTIMERAIT NECESSAIRE POUR RENDRE SON JUGEMENT .

62012CJ0609

pt

O pedido de decisão prejudicial tem por objeto a interpretação do artigo 10. o , n. o 2, do Regulamento (CE) n. o 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos ( JO L 404, p. 9 ; retificação no JO 2007, L 12, p. 3 ), conforme alterado pelo Regulamento (UE) n. o 116/2010 da Comissão, de 9 de fevereiro de 2010 (a seguir «Regulamento n. o 1924/2006»). Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre a Ehrmann AG (a seguir «Ehrmann») e a Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV (Associação de luta contra a concorrência desleal, a seguir «Wettbewerbszentrale»), a propósito da aplicação no tempo das obrigações de informação previstas no artigo 10. o do Regulamento n. o 1924/2006. Quadro jurídico Direito da União Nos termos dos considerandos 1, 9 e 35 do Regulamento n. o 1924/2006: «(1) Existe um número cada vez maior de alimentos rotulados e publicitados na Comunidade com alegações nutricionais e de saúde. Por forma a assegurar um elevado nível de proteção dos consumidores e a facilitar as suas escolhas, os produtos colocados no mercado, incluindo os que são importados, deverão ser seguros e devidamente rotulados. Um regime alimentar variado e equilibrado é uma condição indispensável para a manutenção da saúde e os produtos considerados individualmente têm uma importância relativa no contexto do regime alimentar geral. […] (9) Existe uma vasta gama de nutrientes e outras substâncias que inclui, entre outros, as vitaminas, os minerais, nomeadamente os oligoelementos, os aminoácidos, os ácidos gordos essenciais, as fibras, diversas plantas e extratos vegetais com efeito nutricional ou fisiológico que podem estar presentes num alimento e ser alvo de uma alegação. Por conseguinte, deverão ser estabelecidos princípios gerais aplicáveis a todas as alegações feitas acerca dos alimentos, por forma a assegurar um elevado nível de proteção dos consumidores, a fornecer‑lhes as informações necessárias para efetuarem as suas escolhas com pleno conhecimento de causa e a criar condições de concorrência equitativas no setor da indústria alimentar. […] (35) É necessário tomar medidas transitórias adequadas para permitir que os operadores das empresas do setor alimentar se adaptem aos requisitos do presente regulamento.» O artigo 1. o , n. os 1 e 2, deste regulamento prevê: «1.   O presente regulamento harmoniza as disposições legislativas, regulamentares e administrativas dos Estados‑Membros em matéria de alegações nutricionais e de saúde, a fim de garantir o funcionamento eficaz do mercado interno, assegurando ao mesmo tempo um elevado nível de proteção dos consumidores. 2.   O presente regulamento é aplicável às alegações nutricionais e de saúde feitas em comunicações comerciais, quer na rotulagem, quer na apresentação ou na publicidade dos alimentos a fornecer como tais ao consumidor final. No caso de alimentos que não sejam pré‑embalados (incluindo produtos frescos, tais como a fruta, os legumes ou o pão) postos à venda ao consumidor final ou a estabelecimentos de restauração coletiva, de alimentos embalados nos pontos de venda a pedido do comprador ou de alimentos pré‑embalados para venda imediata, não se aplicam o artigo 7. o nem as alíneas a) e b) do n. o 2 do artigo 10. o Podem aplicar‑se disposições nacionais até à aprovação de disposições comunitárias que tenham por objeto alterar elementos não essenciais do presente regulamento, nomeadamente completando‑o, pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o n. o 3 do artigo 25. o […]» O artigo 2. o do referido regulamento contém as definições seguintes: «1.   Para efeitos do presente regulamento, são aplicáveis: […] 2.   São igualmente aplicáveis as seguintes definições: 1) ‘Alegação’, qualquer mensagem ou representação, não obrigatória nos termos da legislação comunitária ou nacional, incluindo qualquer representação pictórica, gráfica ou simbólica, seja qual for a forma que assuma, que declare, sugira ou implique que um alimento possui características particulares; […] 4) ‘Alegação nutricional’, qualquer alegação que declare, sugira ou implique que um alimento possui propriedades nutricionais benéficas particulares devido: a) À energia (valor calórico) que: i) fornece, ii) fornece com um valor reduzido ou aumentado, ou iii) não fornece, e/ou b) Aos nutrientes ou outras substâncias que: i) contém ii) contém em proporção reduzida ou aumentada, ou iii) não contém; 5) ‘Alegação de saúde’, qualquer alegação que declare, sugira ou implique a existência de uma relação entre uma categoria de alimentos, um alimento ou um dos seus constituintes e a saúde; […]» O artigo 3. o , primeiro parágrafo, do referido regulamento, sob a epígrafe «Princípios gerais aplicáveis a todas as alegações», tem a seguinte redação: «Só podem ser utilizadas na rotulagem, na apresentação e na publicidade dos alimentos colocados no mercado comunitário as alegações nutricionais e de saúde que cumpram as disposições do presente regulamento.» O artigo 10. o do Regulamento n. o 1924/2006, relativo às alegações de saúde e intitulado «Condições específicas», dispõe, nos seus n. os 1 a 3: «1.   São proibidas as alegações de saúde que não cumpram os requisitos gerais do Capítulo II [que comporta os artigos 3.° a 7.° do referido regulamento] nem os requisitos específicos do presente capítulo [que comporta os artigos 10.° a 19.° do mesmo regulamento] e que não estejam autorizadas em conformidade com o presente regulamento nem incluídas nas listas das alegações permitidas previstas nos artigos 13.° e 14.° 2.   Só são permitidas as alegações de saúde que incluam na rotulagem ou, na falta desta, na apresentação e na publicidade as seguintes informações: a) Uma indicação da importância de um regime alimentar variado e equilibrado e de um modo de vida saudável; b) A quantidade do alimento e o modo de consumo requeridos para obter o efeito benéfico alegado; c) Se for caso disso, uma observação dirigida a pessoas que deveriam evitar consumir o alimento; e d) Um aviso adequado, no caso dos produtos suscetíveis de representar um risco para a saúde se consumidos em excesso. 3.   Só pode ser feita referência a efeitos benéficos gerais, não específicos do nutriente ou do alimento, para a boa saúde geral ou para o bem‑estar ligado à saúde se essa referência for acompanhada de uma alegação de saúde específica incluída nas listas previstas nos artigos 13.° ou 14.°» O artigo 13. o deste regulamento, sob a epígrafe «Alegações de saúde que não refiram a redução de um risco de doença ou o desenvolvimento e a saúde das crianças», dispõe nos seus n. os 1 a 3: «1.   As alegações de saúde que descrevam ou façam referência: a) Ao papel de um nutriente ou de outra substância no crescimento, no desenvolvimento e nas funções do organismo; ou b) A funções psicológicas ou comportamentais, ou c) Sem prejuízo do disposto na Diretiva 96/8/CE, [da Comissão, de 26 de fevereiro de 1996, relativa aos alimentos destinados a serem utilizados em dietas de restrição calórica para redução do peso ( JO L 55, p. 22 )] ao emagrecimento, ao controlo do peso, à redução do apetite, ao aumento da sensação de saciedade ou à redução do valor energético do regime alimentar; e que estejam indicadas na lista prevista no n. o 3, podem ser feitas sem serem sujeitas aos procedimentos estabelecidos nos artigos 15.° a 19.°, desde que: i) Assentem em provas científicas geralmente aceites, e ii) Sejam bem compreendidas pelo consumidor médio. 2.   Os Estados‑Membros devem fornecer à Comissão listas das alegações referidas no n. o 1 até 31 de janeiro de 2008, acompanhadas das condições que se lhes aplicam e de referências aos dados científicos pertinentes. 3.   Após consulta à Autoridade [Europeia de Segurança dos Alimentos], a Comissão aprova, pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o n. o 3 do artigo 25. o , uma lista comunitária, que tenha por objeto alterar elementos não essenciais do presente regulamento, completando‑o, com alegações autorizadas, tal como referido no n. o 1, e todas as condições necessárias à utilização dessas alegações até 31 de janeiro de 2010.» O artigo 14. o do referido regulamento, intitulado «Alegações relativas à redução de um risco de doença e alegações relativas ao desenvolvimento e à saúde das crianças», tem a seguinte redação: «1.   Não obstante o disposto na alínea b) do n. o 1 do artigo 2. o da Diretiva [2000/13], podem ser feitas as alegações seguidamente mencionadas desde que tenham sido autorizadas, nos termos dos artigos 15.°, 16.°, 17.° e 19.° do presente regulamento, para inclusão numa lista comunitária de alegações permitidas juntamente com todas as condições necessárias para a utilização dessas alegações: a) Alegações relativas à redução de riscos de doença; b) Alegações relativas ao desenvolvimento e à saúde das crianças. 2.   Para além dos requisitos gerais estabelecidos no presente regulamento e dos requisitos específicos previstos no n. o 1, no caso das alegações relativas à redução de um risco de doença, a rotulagem ou, na falta desta, a apresentação ou a publicidade devem ostentar também uma indicação de que a doença objeto da alegação tem múltiplos fatores de risco, e que alterar um destes fatores pode, ou não, ter efeitos benéficos.» O artigo 28. o do mesmo regulamento, intitulado «Medidas transitórias», prevê nos seus n. os 5 e 6: «5.   A partir da data de entrada em vigor do presente regulamento e até à aprovação da lista referida no n. o 3 do artigo 13. o , as alegações de saúde referidas na alínea a) do n. o 1 do artigo 13. o podem ser feitas sob a responsabilidade dos operadores das empresas do setor alimentar, desde que sejam conformes com o presente regulamento e com as disposições nacionais que lhes são aplicáveis, sem prejuízo da adoção das medidas de salvaguarda referidas no artigo 24. o 6.   As alegações de saúde não referidas na alínea a) do n. o 1 do artigo 13. o nem na alínea a) do n. o 1 do artigo 14. o , que tenham sido utilizadas de acordo com disposições nacionais antes da data de entrada em vigor do presente regulamento, ficam sujeitas ao seguinte: a) As alegações de saúde que tenham sido sujeitas a avaliação e autorização num Estado‑Membro terem sido autorizadas nos seguintes moldes: i) Os Estados‑Membros terem comunicado à Comissão até 31 de janeiro de 2008 as referidas alegações, acompanhadas de um relatório de avaliação dos dados científicos que justificam a alegação, ii) Após consulta à Autoridade [Europeia de Segurança dos Alimentos], a Comissão aprova, pelo procedimento de regulamentação com controlo a que se refere o n. o 3 do artigo 25. o , uma decisão quanto às alegações autorizadas nestes termos e que tem por objeto alterar elementos não essenciais do presente regulamento, completando‑o. As alegações de saúde não autorizadas nestes termos podem continuar a ser utilizadas durante seis meses após a aprovação da decisão; b) Alegações de saúde que não tenham sido sujeitas a avaliação e autorização num Estado‑Membro: estas alegações podem continuar a ser utilizadas desde que tenha sido apresentado um pedido nos termos do presente regulamento antes de 19 de janeiro de 2008. As alegações de saúde não autorizadas nestes termos podem continuar a ser utilizadas durante seis meses depois de ter sido tomada uma decisão nos termos do n. o 3 do artigo 17. o » Nos termos do artigo 29. o do Regulamento n. o 1924/2006: «O presente regulamento entra em vigor vinte dias após a sua publicação no Jornal Oficial da União Europeia . O presente regulamento é aplicável a partir de 1 de julho de 2007. O presente regulamento é obrigatório em todos os seus elementos e diretamente aplicável em todos os Estados‑Membros.» Direito alemão Sob a epígrafe «Disposições relativas à proteção contra a indução em erro», o § 11 do Código relativo aos géneros alimentícios, bens de consumo corrente e géneros alimentícios destinados a alimentação animal (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und Futtermittelgesetzbuch), na versão aplicável ao processo principal (a seguir «LFGB»), dispõe no seu n. o 1: «É proibida a introdução no mercado, a título profissional, de géneros alimentícios com denominação, indicações ou apresentação enganosas e a publicidade enganosa em geral a géneros alimentícios, especialmente utilizando apresentações ou outras afirmações enganosas. Considera‑se, designadamente, que há indução em erro: 1. Quando se utilizam num género alimentício denominações, indicações, embalagens, apresentações ou outras afirmações relativas às características do produto, especialmente quanto ao tipo, natureza, composição, quantidade, prazo de validade, origem, lugar de fabrico ou de obtenção do produto, suscetíveis de induzir em erro; […]» Litígio no processo principal e questão prejudicial Resulta da decisão de reenvio que a Ehrmann fabrica e distribui produtos lácteos, entre os quais se conta um queijo branco com sabor a fruta designado «Monsterbacke», que é comercializado em embalagens de seis unidades, de 50 g (a seguir «produto em causa»). Segundo a tabela de valores nutricionais constante da embalagem do produto em causa, cada 100 g deste produto possuem um valor calórico de 105 kcal, um teor de açúcar de 13 g, um teor de gordura de 2,9 g e um teor de cálcio de 130 mg. O órgão jurisdicional de reenvio indica, a título comparativo, que, em 100 g de leite de vaca, o teor de cálcio é igualmente de 130 mg e o teor de açúcar é de apenas 4,7 g. Em 2010, o slogan publicitário «Tão importante como um copo de leite diário!» (a seguir « slogan ») foi aposto na parte de cima de cada embalagem do produto em causa. A rotulagem e a apresentação não contêm nenhuma das indicações exigidas pelo artigo 10. o , n. o 2, alíneas a) a d), do Regulamento n. o 1924/2006. A Wettbewerbszentrale considerou que o slogan constituía uma denominação enganadora, na aceção do § 11, n. o 1, segundo período, ponto 1, do LFGB, porque não indicava o teor de açúcar do produto em causa, que é nitidamente superior ao do leite. Além disso, o slogan viola o Regulamento n. o 1924/2006, na medida em que comporta alegações nutricionais e alegações de saúde no sentido que lhes confere este regulamento. Com efeito, a referência ao leite indica, pelo menos indiretamente, que o próprio produto publicitado contém, também ele, uma grande quantidade de cálcio, pelo que o slogan não constitui uma simples indicação de qualidade do produto, mas igualmente a promessa, ao consumidor, de uma vantagem para a sua saúde. Em consequência, a Wettbewerbszentrale intentou no Landgericht Stuttgart (tribunal regional de Stuttgart) uma ação tendo por objeto a cessação e a indemnização das despesas causadas pela interpelação. Perante esse órgão jurisdicional, a Ehrmann concluiu pela improcedência da ação, afirmando que, embora o produto em causa seja um produto alimentar comparável ao leite, o consumidor não o equipara a este último. No entanto, a diferença de teor de açúcar entre este produto e o leite é demasiado ténue para ser significativa. Além disso, o slogan não atribui nenhuma qualidade nutricional específica ao referido produto, pelo que constitui uma simples indicação de qualidade não prevista pelo Regulamento n. o 1924/2006. A Ehrmann sustentou também que, por força do artigo 28. o , n. o 5, do regulamento, o artigo 10. o , n. o 2, do mesmo não era aplicável à data dos factos no processo principal. Por decisão de 31 de maio de 2010 o Landgericht Stuttgart julgou a ação intentada pela Wettbewerbszentrale improcedente. Tendo esta última interposto recurso, o Oberlandesgericht Stuttgart (tribunal regional superior de Stuttgart), por acórdão de 3 de fevereiro de 2011, deu provimento ao seu recurso, julgando o pedido de cessação e o reembolso das despesas causadas pela interpelação procedentes. Segundo esse órgão jurisdicional, o slogan não constituía uma alegação nutricional nem uma alegação de saúde, na aceção do Regulamento n. o 1924/2006, e, por conseguinte, não estava abrangido pelo âmbito de aplicação deste regulamento. Todavia, o slogan constitui uma denominação enganosa, na aceção do primeiro período e do ponto 1 do segundo período do § 11, n. o 1, do LFGB, na medida em que o produto em causa continha, em quantidade igual, uma quantidade de açúcar muito mais elevada do que o leite inteiro. A Ehrmann interpôs um recurso de «Revision» do acórdão do Oberlandesgerich Stuttgart para o Bundesgerichtshof (Tribunal Federal), órgão jurisdicional perante o qual manteve os seus pedidos de não procedência da pretensão apresentada pela Wettbewerbszentrale. Segundo o órgão jurisdicional de reenvio, o slogan não constitui uma denominação enganosa, na aceção do primeiro período e do ponto 1 do segundo período do § 11, n. o 1, do LFGB, e também não pode ser qualificado de alegação nutricional, na aceção artigo 2. o , n. o 2, ponto 4, do Regulamento n. o 1924/2006. Contudo, o slogan constitui uma alegação de saúde, na aceção do artigo 2. o , n. o 2, ponto 5, deste regulamento. Com efeito, do ponto de vista do público pertinente, o leite tem um efeito benéfico sobre a saúde, sobretudo para as crianças e para os jovens, designadamente devido aos sais minerais nele contidos. O slogan confere um efeito benéfico ao produto em causa, ao equiparar este último ao copo de leite diário. Assim, é sugerida uma relação entre este produto e a saúde do consumidor, relação essa que é suficiente para constituir uma alegação de saúde, em conformidade com o acórdão Deutsches Weintor (C‑544/10, EU:C:2012:526 , n. os 34 e 35). Não obstante, o órgão jurisdicional de reenvio salienta que as informações previstas no artigo 10. o , n. o 2, do Regulamento n. o 1924/2006 não constavam da rotulagem do referido produto à data dos factos do litígio no processo principal, a saber, no decurso do ano de 2010. Nestas condições, o Bundesgerichtshof decidiu suspendeu a instância e submeter ao Tribunal de Justiça a seguinte questão prejudicial: «Os requisitos das alegações de saúde previstos no artigo 10. o , n. o 2, do Regulamento (CE) n. o 1924/2006 já eram aplicáveis em 2010?» Quanto à questão prejudicial A título preliminar, importa salientar que, segundo o artigo 10. o , n. o 1, do Regulamento n. o 1924/2006, as alegações de saúde são proibidas, salvo se cumprirem os requisitos dos artigos 3.° a 7.° deste regulamento, as condições específicas dos artigos 10.° a 19.° do referido regulamento e se forem autorizadas em conformidade com o mesmo regulamento. Resulta igualmente do artigo 10. o , n. o 1, do Regulamento n. o 1924/2006 que, para poder ser utilizada em conformidade com este regulamento, uma alegação de saúde deve constar da lista de alegações autorizadas referidas nos artigos 13.° e 14.° do dito regulamento. Tal condição implica que as listas referidas nesses artigos tenham sido adotadas e publicadas. Ora, a este respeito, o órgão jurisdicional de reenvio salientou na sua decisão que, à data dos factos do litígio no processo principal, as listas referidas nos artigos 13.° e 14.° do Regulamento n. o 1924/2006 não tinham ainda sido adotadas e publicadas. Além de uma alegação de saúde dever respeitar as condições previstas no artigo 10. o , n. o 1, desse regulamento, deve também ser acompanhada das informações obrigatórias previstas no artigo 10. o , n. o 2, do referido regulamento. Com efeito, essa disposição enuncia que as alegações de saúde só são permitidas se as informações que aí são mencionadas figurarem na rotulagem ou, na falta desta, se forem comunicadas no âmbito da apresentação do produto ou da publicidade feita para este. Ora, as condições referidas no artigo 10. o , n. o 2, do Regulamento n. o 1924/2006 figuram imediatamente após o enunciado das condições para que uma alegação de saúde não seja proibida, previstas no artigo 10. o , n. o 1, deste regulamento. Assim, segundo uma interpretação sistemática do referido regulamento, tais condições acrescem a estas e pressupõem que estas últimas estejam preenchidas para que uma alegação de saúde seja autorizada, por força do mesmo regulamento. Por outro lado, importa salientar que o artigo 28. o do Regulamento n. o 1924/2006 prevê medidas transitórias que, conforme enuncia o considerando 35 deste regulamento, têm por objetivo permitir que os operadores das empresas do setor alimentar se adaptem aos requisitos do referido regulamento. No que diz respeito às alegações de saúde, essas medidas transitórias estão previstas no artigo 28. o , n. os 5 e 6, do mesmo regulamento. Nos termos do artigo 28. o , n. o 5, do Regulamento n. o 1924/2006, as alegações de saúde referidas na alínea a) do n. o 1 do artigo 13. o deste regulamento podem ser feitas a partir da data de entrada em vigor do referido regulamento e até à aprovação da lista referida no n. o 3 do artigo 13. o , sob a responsabilidade dos operadores das empresas do setor alimentar, desde que sejam conformes com o Regulamento n. o 1924/2006 e com as disposições nacionais que lhes são aplicáveis, sem prejuízo da adoção das medidas de salvaguarda referidas no artigo 24. o deste regulamento. Resulta assim da redação do artigo 28. o , n. o 5, do referido regulamento que um operador de uma empresa do setor alimentar podia, sob a sua responsabilidade e nas condições definidas, utilizar alegações de saúde no decurso do período compreendido entre a entrada em vigor do mesmo regulamento e a adoção da lista referida no artigo 13. o do Regulamento n. o 1924/2006. A este respeito, importa recordar que, em conformidade com o seu artigo 29. o , este regulamento entrou em vigor a 19 de janeiro de 2007 e é aplicável desde 1 de julho de 2007. Quanto às alegações de saúde diferentes das referidas nos artigos 13.°, n. o 1, alínea a), e 14.°, n. o 1, alínea a), do Regulamento n. o 1924/2006, constituem o objeto da medida transitória referida no artigo 28. o , n. o 6, do referido regulamento. No entanto, há que salientar que a referida disposição aborda alegações de saúde que foram utilizadas em conformidade com as disposições nacionais antes da entrada em vigor do Regulamento n. o 1924/2006, ou seja, antes de 19 de janeiro de 2007. Ora, no caso em apreço, resulta da decisão de reenvio que o slogan começou a ser aposto no produto em causa durante o ano de 2010. Assim, o artigo 28. o , n. o 6, deste regulamento não pode ser aplicado num caso como o do processo principal. Consequentemente, sem prejuízo da aplicação eventual do artigo 10. o , n. o 3, do Regulamento n. o 1924/2006, cabe ao órgão jurisdicional de reenvio verificar se, no processo principal, o slogan cai no âmbito do artigo 13. o , n. o 1, alínea a), desse regulamento e, em caso afirmativo, se preenche as condições previstas no artigo 28. o , n. o 5, deste. Se for esse o caso, resulta da interpretação sistemática mencionada no n. o 30 do presente acórdão que uma alegação de saúde, desde que não seja proibida com fundamento no artigo 10. o , n. o 1, do Regulamento n. o 1924/2006, lido em conjugação com o artigo 28. o , n. o 5, deste regulamento, deve ser acompanhada das informações mencionadas no artigo 10. o , n. o 2, do referido regulamento. Neste sentido, o artigo 28. o , n. o 5, do mesmo regulamento dispõe que as alegações de saúde podem ser feitas desde que sejam conformes com o Regulamento n. o 1924/2006, o que implica que devem, nomeadamente, respeitar as obrigações de informação previstas no artigo 10. o , n. o 2, deste regulamento. Esta interpretação sistemática é corroborada pelo facto de que nem o artigo 10. o , nem o artigo 28. o , n. o 5, nem qualquer outra disposição do Regulamento n. o 1924/2006 preveem que o artigo 10. o , n. o 2, deste regulamento se aplique unicamente na sequência da adoção das listas de alegações autorizadas, referida no artigo 13. o do dito regulamento. Além disso, tal como refere o artigo 1. o do Regulamento n. o 1924/2006, este último visa garantir o funcionamento eficaz do mercado interno, assegurando ao mesmo tempo um elevado nível de proteção do consumidor. A este respeito, os considerandos 1 e 9 do referido regulamento precisam que há, nomeadamente, que fornecer aos consumidores as informações necessárias que lhes permitam escolher com conhecimento de causa. Ora, como salientou o advogado‑geral no n. o 83 das suas conclusões, a presença das informações previstas no artigo 10. o , n. o 2, do Regulamento n. o 1924/2006 permite assegurar a proteção dos consumidores não só quando o género alimentar é objeto de uma das alegações de saúde que figura nas listas de alegações autorizadas referida no artigo 13. o deste regulamento, mas também quando tal alegação é utilizada em conformidade com a medida transitória prevista no artigo 28. o , n. o 5, do referido regulamento. Além disso, no que diz respeito a uma alegação que não tenha sido proibida com fundamento no artigo 10. o , n. o 1, lido em conjugação com o artigo 28. o , n. o 5 do Regulamento n. o 1924/2006, o facto de a lista de alegações autorizadas referida no artigo 13. o deste regulamento não ter ainda sido adotada, não justifica que um operador de uma empresa do setor alimentar seja exonerado da sua obrigação de fornecer ao consumidor as informações prevista no artigo 10. o , n. o 2, do referido regulamento. Com efeito, no quadro da medida transitória estabelecida no artigo 28. o , n. o 5, do Regulamento n. o 1924/2006, um operador de uma empresa que tivesse decidido utilizar uma alegação de saúde devia, sob a sua responsabilidade, conhecer os efeitos do alimento em causa sobre a saúde e, dessa forma, dispor já das informações exigidas pelo artigo 10. o , n. o 2 deste regulamento. Tendo em conta as considerações precedentes, há que responder à questão submetida que o Regulamento n. o 1924/2006 deve ser interpretado no sentido de que as obrigações de informação previstas no artigo 10. o , n. o 2, deste regulamento já estavam em vigor no decurso do ano de 2010, no que diz respeito às alegações de saúde que não eram proibidas com fundamento no artigo 10. o , n. o 1, do referido regulamento, lido em conjugação com o artigo 28. o , n. os 5 e 6, do mesmo regulamento. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Quarta Secção) declara: O Regulamento (CE) n. o 1924/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de dezembro de 2006, relativo às alegações nutricionais e de saúde sobre os alimentos, conforme alterado pelo Regulamento (UE) n. o 116/2010 da Comissão, de 9 de fevereiro de 2010, deve ser interpretado no sentido de que as obrigações de informação previstas no artigo 10. o , n. o 2, deste regulamento já estavam em vigor no decurso do ano de 2010, no que diz respeito às alegações de saúde que não eram proibidas com fundamento no artigo 10. o , n. o 1, do referido regulamento, lido em conjugação com o artigo 28. o , n. os 5 e 6, do mesmo regulamento. Assinaturas ( *1 )   Língua do processo: alemão.

62016TJ0769

lv

Tiesvedības priekšvēsture Prasītājs Maxime Picard ir Eiropas Komisijas līgumdarbinieks. Laikā no 2004. gada aprīļa līdz 2008. gada jūnijam prasītājs bija secīgi nodarbināts divās sabiedrībās kā drošības aģents, proti, vispirms līdz 2006. gada 31. martam sabiedrībā Brinks , pēc tam no 2006. gada 1. aprīļa – sabiedrībā Group 4 Securicor (turpmāk tekstā – “ G 4S ”). Šajā laikā viņš tika nodots Eiropas Savienības iestāžu Tulkošanas centra ( CdT ) rīcībā, lai tajā veiktu ar drošību saistītus administratīva rakstura uzdevumus, kā arī Komisijas rīcībā kā apmācītājs. Pēc tam, kad 2005. gadā prasītājs piedalījās un bija veiksmīgs kandidāts atlases procedūrā EPSO/CAST/25/05, kuru bija sācis Eiropas Personāla atlases birojs ( EPSO ), lai izveidotu rezerves sarakstu līgumdarbinieku pieņemšanai darbā pirmajā funkciju grupā (turpmāk tekstā – “FG I”), 2007. gadā prasītājs piedalījās procedūrā EPSO/CAST/27/07, kas dod piekļuvi otrajai funkciju grupai (turpmāk tekstā – “FG II”). 2008. gada 14. aprīlī prasītājs tika uzaicināts uz mutisko atlases pārbaudījumu FG II līgumdarbinieka amatam Komisijas Atalgojuma un individuālo tiesību biroja ( PMO ) 5. nodaļā. Viņš veiksmīgi izturēja šo pārbaudījumu. 2008. gada 10. jūnijā prasītājs tika pieņemts darbā Komisijā no 2008. gada 1. jūlija līgumdarbinieka amatā PMO 5. nodaļā (turpmāk tekstā – “2008. gada līgums”). Ar šo pieņemšanu darbā, kas tika veikta atbilstoši atlases procedūrai EPSO/CAST/25/05, prasītājs saskaņā ar Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības (turpmāk tekstā – “PDNK”) 80. pantu tika klasificēts FG I 1. pakāpes 1. līmenī. Atlases procedūrā EPSO/CAST/27/07 Komisijas Cilvēkresursu [un drošības] ģenerāldirektorāts (ĢD) uzskatīja, ka neesot pierādīts, ka kandidatūru iesniegšanas pēdējā dienā, kas paredzēta uzaicinājumā izteikt interesi, prasītājs bija izpildījis trīs gadu atbilstīgās profesionālās pieredzes nosacījumu, tāpēc, ka viņa darbinieka amats Brinks un G 4S CdT acīmredzot bijis drošības aģents, kas pieder pie FG I. 2008. gada līgums tika pagarināts trīs reizes uz noteiktu laiku un ar 2011. gada 3. maija lēmumu – uz nenoteiktu laiku. 2011. gada 15. jūnijā prasītājs piedalījās pārklasificēšanas komitejā, ko sāka PMO 5. nodaļa, lai viņam piedāvātu pārklasificēšanu FG II. Viņš tika uzskatīts par atbilstošu – ar atrunu, ka to apstiprina Komisijas Cilvēkresursu ĢD. PMO 7. nodaļa, kura ir atbildīga par cilvēkresursiem, iesniedza lūgumu veikt pārklasificēšanu šajā ģenerāldirektorātā. Ar 2011. gada 9. decembra vēstuli Cilvēkresursu ĢD informēja prasītāju par pārklasificēšanas lūguma noraidīšanu tāpēc, ka tas pieteikšanās pēdējā dienā 2007. gada 27. aprīlī procedūrā EPSO/CAST/27/07 neatbilda dalības tiesību nosacījumiem, proti, vismaz trīs gadu ilgai atbilstīgai profesionālai pieredzei. Nākamajā gadā – 2012. gada jūnijā – prasītājs iesniedza PMO 7. nodaļā izziņu par profesionālo pieredzi, kuru CdT izsniedzis 2012. gada 1. jūnijā. Šī izziņa attiecās uz laikposmu no 2004. gada aprīļa līdz 2007. gada jūlijam, kurā prasītājs bija nodarbināts sabiedrībās Brinks un G 4S (skat. iepriekš šā sprieduma 2. punktu). Šī izziņa apliecināja, ka prasītājs patiesībā veicis uzdevumus, kas pieder pie FG II, nevis FG I. Pamatojoties uz šo pašu izziņu, PMO 7. nodaļa 2012. gada jūnija beigās neformālā veidā lūdza Cilvēkresursu ĢD no jauna izskatīt 2011. gadā noraidīto pārklasificēšanas lūgumu (skat. iepriekš šā sprieduma 8. un 9. punktu). Tomēr Cilvēkresursu ĢD izteica šaubas par iespēju mainīt savu nostāju, jo CdT izziņa iesniegta piecus gadus pēc faktu norises, tās autors bija nevis prasītāja darba devēji (sabiedrības Brinks un G 4S ), bet gan to klients CdT un tā šķiet pretrunā agrākai – 2008. gadā izdotajai – G 4S izziņai. Pēc šīs neformālās nostājas ieņemšanas PMO 7. nodaļa neiesniedza oficiālu lūgumu par prasītāja pārklasificēšanu. 2014. gadā PMO 7. nodaļa nosūtīja Cilvēkresursu ĢD lūgumu prasītāju pieņemt darbā atbilstoši FG II, iesniedzot jaunu izziņu, kuru 2014. gada 31. martā izdevusi tieši Brinks , apstiprinot CdT 2012. gadā sniegto informāciju, tomēr neprecizējot prasītāja veiktos uzdevumus drošības aģenta amatā. Ņemot vērā šo jauno elementu un tā kā šī izziņa bija ne tik detalizēta, Cilvēkresursu ĢD sazinājās ar sabiedrību Brinks , lai saņemtu apstiprinājumu šai izziņai. Visbeidzot tā visa rezultātā 2014. gada 25. aprīlī sabiedrības Brinks Cilvēkresursu nodaļas vadītājs apstiprināja sabiedrības Brinks 2014. gada 31. marta un CdT 2012. gada 1. jūnija izziņas, norādot informāciju, kas pierāda, ka prasītājs faktiski ir veicis pie FG II piederošus “atbilstīgus” uzdevumus visu savu līguma laiku ar šo sabiedrību, proti, no 2004. gada 1. aprīļa līdz 2006. gada 31. martam. Ievērojot šo izziņu un pēc jaunas prasītāja kandidatūras iesniegšanas, kuru viņš varēja iesniegt, jo viņš bija datu bāzē, kas tika izveidota pēc procedūras EPSO/CAST/27/07, kuras spēkā esamība tika pagarināta līdz 2016. gada decembra beigām, 2014. gada 16. maijā Cilvēkresursu ĢD piedāvāja prasītājam jaunu līgumdarbinieka līgumu, kuru viņš parakstīja tajā pašā dienā atbilstoši PDNK 3.a pantam (turpmāk tekstā – “2014. gada 16. maija līgums”). Šis līgums uz nenoteiktu laiku stājās spēkā 2014. gada 1. jūnijā, pārklasificējot prasītāju FG II 5. pakāpes 1. līmenī. 2014. gada 20. augustā prasītājs, pamatojoties uz Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumi”) 90. panta 2. punktu, iesniedza sūdzību par 2014. gada 16. maija līgumu. Viņš būtībā norādīja, ka 2014. gada 16. maija līgumam, tā kā ar to viņš tika klasificēts FG II, bija jāstājas spēkā no 2008. gada 1. jūlija, kas ir datums, kurā viņš pirmo reizi tika pieņemts darbā kā FG I līgumdarbinieks. Ar 2014. gada 10. decembra lēmumu, kas prasītājam tika paziņots 2014. gada 11. decembrī, Cilvēkresursu ĢD B direktorāta direktors kā institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, noraidīja šo sūdzību galvenokārt kā nepieņemamu tās novēlotības dēļ un pakārtoti kā nepamatotu. Prasītājs necēla prasību Savienības tiesā par šo 2014. gada 10. decembra lēmumu, kurš tātad kļuva galīgs. Starplaikā PDNK tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1023/2013 (2013. gada 22. oktobris), ar ko groza Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ( OV 2013, L 287, 15. lpp. ), kas stājās spēkā 2013. gada 1. novembrī un attiecībā uz šajā lietā atbilstošajiem noteikumiem bija piemērojama no 2014. gada 1. janvāra (turpmāk tekstā – “2014. gada reforma”). Pēc 2014. gada reformas Civildienesta noteikumu 77. panta otrajā daļā, kas ir piemērojama arī līgumdarbiniekiem atbilstoši norādei PDNK 109. panta 1. punktā, jaunā pensijas tiesību iegūšanas gada likme ir noteikta 1,8 % apmērā – nelabvēlīgāka nekā iepriekšējā 1,9 % likme. Turklāt Civildienesta noteikumu 77. panta piektajā daļā ir noteikts pensionēšanās vecums 66 gadi, nevis 63 gadi, kā bija agrāk. Tomēr ir paredzēts pārejas režīms. Tādējādi Civildienesta noteikumu XIII pielikuma “Pārejas posma pasākumi, kas piemērojami Savienības ierēdņiem” 21. panta otrajā daļā ir paredzēts, ka ierēdņi, “kuri sākuši dienestu laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. decembrim” – neraugoties uz jaunā 77. panta stāšanos spēkā –, turpina saņemt 1,9 % par katru dienesta gadu. Turklāt atbilstoši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 22. panta 1. punkta otrās daļas tabulai “ierēdņi, kuru vecums 2014. gada 1. maijā ir 35 gadi un kuri dienestu sākuši pirms 2014. gada 1. janvāra, tiesības uz izdienas pensiju iegūst 64 gadu un 8 mēnešu vecumā” (turpmāk tekstā – “Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants”, kā arī “pārejas noteikumi par ikgadējo pensijas tiesību iegūšanu un pensionēšanās vecumu”). Visbeidzot PDNK pielikuma 1. panta 1. punktā ir paredzēts, ka, izņemot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 22. panta 4. punktu, šie pārejas noteikumi par ikgadējo pensijas tiesību iegūšanu un pensionēšanās vecumu “ir piemērojami pēc analoģijas citiem darbiniekiem, kas ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī”. Ar 2016. gada 4. janvāra vēstuli prasītājs, šauboties par 2014. gada reformas iespējamo ietekmi uz viņa situāciju pēc 2014. gada 16. maija līguma parakstīšanas, lūdza PMO 4. nodaļas Pensiju sektora administratoru (turpmāk tekstā – “Pensiju sektora administrators”) paskaidrojumus (turpmāk tekstā – “2016. gada 4. janvāra vēstule”). Ar šīs pašas dienas elektroniskā pasta vēstuli Pensiju sektora administrators apstiprināja prasītājam, ka viņa pensijas tiesības ir mainījušās līguma izmaiņu dēļ un ka līdz ar to attiecībā uz parasto pensionēšanās vecumu un ikgadējo pensijas tiesību iegūšanas likmi tie no 2014. gada 1. jūnija mainās attiecīgi uz 66 gadiem un 1,8 % (turpmāk tekstā – “2016. gada 4. janvāra atbilde”). 2016. gada 4. aprīlī prasītājs saskaņā ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu iesniedza sūdzību par 2016. gada 4. janvāra atbildi. Ar 2016. gada 25. jūlija lēmumu, kas prasītājam tika paziņots 2016. gada 26. jūlijā, Cilvēkresursu ĢD B direktorāta direktors kā institūcija, kura ir pilnvarota noslēgt darba līgumus, noraidīja šo sūdzību galvenokārt kā nepieņemamu nelabvēlīga akta neesamības dēļ un pakārtoti kā nepamatotu (turpmāk tekstā – “2016. gada 25. jūlija noraidošais lēmums”). Tiesvedība un lietas dalībnieku prasījumi Prasītājs cēla šo prasību, 2016. gada 7. novembrī iesniedzot prasības pieteikumu Vispārējās tiesas kancelejā. Ar atsevišķu dokumentu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2017. gada 6. februārī, Komisija atbilstoši Vispārējās tiesas Reglamenta 130. panta 1. punktam cēla iebildi par nepieņemamību. Komisija lūdz Vispārējo tiesu: – noraidīt prasību kā acīmredzami nepieņemamu; – piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. 2017. gada 24. aprīlī prasītājs iesniedza apsvērumus par Komisijas izvirzīto iebildi par nepieņemamību, kuros viņš lūdz Vispārējo tiesu: – noraidīt iebildi par nepieņemamību vai vismaz to pievienot lietas izskatīšanai pēc būtības; – apmierināt viņa prasības pieteikumā norādītos prasījumus. Ar 2017. gada 12. oktobra lēmumu Vispārējās tiesas trešās palātas priekšsēdētājs, vispirms uzklausījis lietas dalībniekus, nolēma apturēt lietas izskatīšanu, pamatojoties uz Reglamenta 69. panta d) punktu, līdz brīdim, kad pieņemtais šīs instances galīgais nolēmums lietā T‑128/17 Torné /Komisija iegūs res judicata spēku. Pēc 2018. gada 14. decembra sprieduma Torné/Komisija ( T‑128/17 , EU:T:2018:969 ) pasludināšanas un tā kā par to netika iesniegta apelācijas sūdzība, lietas dalībnieki noteiktajā termiņā iesniedza apsvērumus par minētā sprieduma ietekmi uz šo lietu. Ar 2019. gada 13. maija rīkojumu Vispārējā tiesa (trešā palāta) atbilstoši Reglamenta 130. panta 7. punktam Komisijas izvirzīto iebildi par nepieņemamību pievienoja lietas izskatīšanai pēc būtības un atlika lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pieņemšanu. Ar 2019. gada 16. maija vēstuli tiesnesis referents piedāvāja lietas dalībniekiem izskatīt iespējas strīda atrisināšanai mierizlīguma veidā. Lietas dalībnieki nepanāca vienošanos, lai izskatītu šīs iespējas. 2019. gada 27. jūnijā Komisija iesniedza iebildumu rakstu. Replikas raksts un atbildes raksts uz repliku tika iesniegti attiecīgi 2019. gada 15. oktobrī un 26. novembrī. Tā kā, piemērojot Reglamenta 27. panta 5. punktu, Vispārējās tiesas palātu sastāvs tika mainīts, Vispārējās tiesas priekšsēdētājs pārdalīja lietu citam tiesnesim referentam, kurš tika iecelts pirmajā palātā tās jaunajā sastāvā, kurai attiecīgi tika nodota šī lieta. Ar dokumentu, kas Vispārējās tiesas kancelejā iesniegts 2019. gada 18. decembrī, prasītājs lūdza noturēt tiesas sēdi mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai. 2020. gada 28. aprīlī Vispārējā tiesa (pirmā palāta) tās Reglamenta 89. panta 3. punktā paredzēto procesa organizatorisko pasākumu ietvaros uzdeva rakstveida jautājumus lietas dalībniekiem. Tie atbildēja uz šiem jautājumiem noteiktajā termiņā. Tajā pašā dienā Vispārējā tiesa ar Reglamenta 89. panta 3. punktā paredzēto procesa organizatorisko pasākumu iztaujāja lietas dalībniekus par to, vai viņi vēlas tikt uzklausīti tiesas sēdē mutvārdu paskaidrojumu uzklausīšanai, neraugoties uz veselības krīzi saistībā ar Covid‑19 . Komisija un prasītājs attiecīgi atbildēja 2020. gada 30. aprīlī un 29. jūlijā, ka tie vēlas tikt uzklausīti. Pēc pirmās palātas priekšlikuma Vispārējā tiesa atbilstoši tās Reglamenta 28. pantam 2020. gada 3. jūnijā nolēma nodot lietu paplašinātam iztiesāšanas sastāvam. Vispārējā tiesa lietas dalībnieku mutvārdu paskaidrojumus un to atbildes uz tās uzdotajiem mutiskajiem jautājumiem uzklausīja 2020. gada 14. septembra tiesas sēdē. Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi: – atcelt lēmumu, ar kuru iepriekš tiek noteikti konkrēti pensijas tiesību elementi vai ar kuru tiek nolemts nepieņemt šādu lēmumu, ko noteikuši Civildienesta noteikumi un kas izriet no viņam adresētā Pensiju sektora administratora 2016. gada 4. janvāra paziņojuma, atbildē uz viņa šīs pašas dienas lūgumu norādot, ka viņa pensijas tiesību aprēķins ir mainīts pēc viņa pārklasificēšanas FG II no 2014. gada 1. jūnija, ka viņa pensionēšanās vecums palielinājies uz 66 gadiem un ka no 2014. gada 1. jūnija ikgadējā šo pensijas tiesību iegūšanas likme ir 1,8 %; – ciktāl nepieciešams, atcelt Komisijas Cilvēkresursu ĢD E direktorāta direktora 2016. gada 25. jūlija lēmumu daļā, kurā ar to kā nepieņemamu nelabvēlīga akta neesamības dēļ un pakārtoti kā nepamatotu noraida prasītāja 2016. gada 1. aprīļa sūdzību par lēmumu vai lēmuma neesamību, kas izriet no 2016. gada 4. janvāra atbildes; – piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Komisija lūdz Vispārējo tiesu: – prasību noraidīt kā acīmredzami nepieņemamu un – pakārtoti – kā nepamatotu; – piespriest prasītājam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus. Juridiskais pamatojums Par pieņemamību Iebildē par nepieņemamību Komisija izvirza nepieņemamības pamatu, kurš balstās uz nelabvēlīgā akta Civildienesta noteikumu 91. panta izpratnē neesamību. Komisija atkārto un izklāsta sīkāk savus argumentus par prasības pieņemamību iebildumu rakstā. Prasītājs, pirmkārt, apstrīd Komisijas izvirzīto iebildi par nepieņemamību un, otrkārt, norāda, ka Komisijas argumenti iebildumu rakstā attiecībā uz prasības pieņemamību neesot jāņem vērā. Šajā ziņā jāatgādina, ka Savienības tiesa ir tiesīga izvērtēt, ņemot vērā katras lietas apstākļus, vai pareizas tiesvedības intereses attaisno prasības noraidīšanu pēc būtības, iepriekš nelemjot par atbildētāja izvirzīto iebildi par nepieņemamību (spriedumi, 2002. gada 26. februāris, Padome/Boehringer, C‑23/00 P , EU:C:2002:118 , 50. – 52. punkts, un 2017. gada 13. janvāris, Deza/ECHA, T‑189/14 , EU:T:2017:4 , 26. punkts). Šīs lietas apstākļos Vispārējā tiesa uzskata, ka procesuālās ekonomijas nolūkā vispirms ir jāizskata prasītāja izvirzītie pamati, iepriekš nelemjot par Komisijas izvirzīto iebildi par nepieņemamību un līdz ar to – ar to saistīto nepieņemamības pamatu, pret kuru prasītājs iebilst, jo katrā ziņā prasība šeit izklāstīto iemeslu dēļ esot nepamatota. Par lietas būtību Ar savu prasību prasītājs lūdz atcelt, pirmkārt, 2016. gada 4. janvāra atbildi un, otrkārt, ciktāl nepieciešams, 2016. gada 25. jūlija noraidošo lēmumu. Prasības pamatojumam prasītājs izvirza vienu pamatu par tiesību kļūdu un Civildienesta noteikumu 77. panta otrās un piektās daļas pārkāpumu, kuras piemērojamas līgumdarbiniekiem atbilstoši PDNK 109. pantam, kā arī par Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta pārkāpumu, jo no 2016. gada 4. janvāra atbildes izrietot, ka šo Civildienesta noteikumu normu piemērošanai vērā ņemtā dienestā stāšanās diena ir 2014. gada 1. jūnijs, kas ir 2014. gada 16. maija līguma sākumdatums, lai gan esot bijis jāizmanto 2008. gada 1. jūlijs, kas ir datums, kurā viņš pirmo reizi sācis dienestu Komisijā kā FG I darbinieks. Šis pamats ir sadalīts divās daļās, kuras abas ir par tiesību kļūdu, pirmā – tāpēc, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantā minētajam stāšanās dienestā datumam esot jābūt prasītāja pirmās nodarbinātības dienai, otrā – tāpēc, ka 2014. gada 16. maija līgums, kura priekšmets un mērķis ir pārklasificēt prasītāju, pēc būtības nemainot funkcijas, neesot pārtraucis viņa karjeras turpinātību. Konkrētāk, pirmās daļas pamatojumam prasītājs vispirms norāda, ka 2016. gada 4. janvāra atbildē viņš esot izslēgts no Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērošanas tikai tāpēc, ka viņš piekļuva FG II 2014. gada 1. jūnijā ar jaunu līgumu, kurš, kā tas tika precizēts 2016. gada 25. jūlija noraidošajā lēmumā, esot pārtraucis iepriekšējo līgumu un esot jauna pieņemšana darbā. Šajā ziņā prasītājs apgalvo – pat pieņemot, ka ar 2014. gada 16. maija līgumu viņš no jauna esot pieņemts darbā no 2014. gada 1. jūnija, Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantā minētā stāšanās dienestā diena esot acīmredzami ierēdņu pirmās nodarbinātības diena un pēc analoģijas tāpat arī citiem darbiniekiem, ieskaitot līgumdarbiniekus, nevis datums, kurā ierēdnis var piekļūt augstākas pakāpes vai funkciju grupas amatam – salīdzinājumā ar to, kurā viņš sākotnēji ir pieņemts darbā, – pēc atklātā konkursa nokārtošanas, vai pēc analoģijas diena, kurā līgumdarbinieks pēc vispārējās atlases procedūras veiksmīgas nokārtošanas var piekļūt amatam augstākā funkciju grupā atbilstoši PDNK 87. panta 4. punktam. Līdz ar to prasītājs uzskata – ja principiāli tiek pieņemts, ka attiecībā uz līgumdarbiniekiem jebkādas statusa vai līguma izmaiņas PDNK ietvaros esot jāuzskata par dienesta attiecību turpinātības pārtraukumu, kas ļauj piemērot tās Civildienesta noteikumu normas, kuras ir piemērojamas jaunā līguma sākumdatumā, PMO un Cilvēkresursu ĢD esot pieļāvuši tiesību kļūdu un neesot ņēmuši vērā Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantā norādīto stāšanās dienestā jēdzienu. Turklāt šī secinājuma pamatojumam prasītājs norāda, pirmkārt, uz 2011. gada 14. decembra spriedumu De Luca/Komisija ( T‑563/10 P , EU:T:2011:746 , 46. un 48. – 52. punkts) un, otrkārt, uz 2015. gada 16. septembra spriedumu EMA/Drakeford ( T‑231/14 P , EU:T:2015:639 , 40. punkts) un 2014. gada 5. februāra spriedumu Drakeford/EMA ( F‑29/13 , EU:F:2014:10 , 46. – 48. punkts). Replikā prasītājs precizē, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants viņam esot bijis piemērojams atbilstoši PDNK pielikuma 1. panta 1. punktam, tādējādi šo noteikumu īpašais piemērojamības nosacījums neiztrūkstot. Šajā ziņā viņš norāda, pirmkārt, ka Komisijas arguments, saskaņā ar kuru, lai Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants būtu piemērojams prasītājam, viņam vajadzēja ne tikai būt nodarbinātam 2013. gada 31. decembrī, bet vajadzēja arī palikt amatā tādā pašā kvalitātē pēc šī datuma, esot gan faktiski neprecīzs arguments, jo viņš 2014. gada 1. janvārī esot bijis FG I darbinieks, gan juridiski neprecīzs tāpēc, ka būtībā Komisija pievieno PDNK pielikuma 1. panta 1. punkta tekstam nosacījumu par palikšanu amatā tādā pašā kvalitātē pēc šī datuma. Tas esot tāpat attiecībā uz Komisijas argumentu par vārdkopu “bija nodarbināti pirms šo Civildienesta noteikumu [ar Regulu Nr. 1023/2013 izdarīto] grozījumu stāšanās spēkā”, kura parādās Regulas Nr. 1023/2013 29. apsvērumā. Otrkārt, prasītājs norāda, ka Komisija ļaunprātīgi interpretējot savu 2016. gada 4. janvāra vēstuli kā tādu, kas balstās uz 2014. gada 16. maija līgumu, un neievērojot savu argumentāciju, cenšoties apgalvot, ka viņš esot bijis nodarbināts 2013. gada 31. decembrī PDNK [pielikuma] 1. panta 1. punkta nozīmē viņa 2008. gada 10. jūnija līguma dēļ un nevis 2014. gada 16. maija līguma dēļ. Viņš arī apgalvo, ka 2014. gada 16. maija līgums neesot jauna stāšanās amatā vai viņa nodarbinātības pārtraukums, no kā izriet, ka viņam ir piemērojams Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants. Apgalvot, ka sākotnējā Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērojamība prasa ne tikai pastāvošu nodarbinātību jauno normu stāšanās spēkā brīdī, bet arī palikšanu amatā pēc šī datuma – kā to dara Komisija – vai ka situācijas izmaiņu gadījumā šī piemērojamība ir jāizvērtē atkarībā no ieinteresētās personas administratīvā stāvokļa vai līguma, esot tiesību kļūda. Tāpat tiesību kļūda būtu uzskatīt, ka jebkuras statusa vai līguma izmaiņas izbeidz nodarbinātības vai esamības amatā faktu vai arī izraisa dienesta vai amata turpinātības pārtraukumu. Treškārt, prasītājs uzskata, ka no 2018. gada 14. decembra sprieduma Torné/Komisija ( T‑128/17 , EU:T:2018:969 ) 90.–93. punkta izriet, ka nepieciešamība saskaņot iegūto tiesību saglabāšanas mērķi ar budžeta izmaksu pārvaldības mērķi liek uzskatīt, ka kritērijs, kurš ļauj izvērtēt jēdzienu “personāls, kas bija nodarbināts pirms reformas stāšanās spēkā”, ir dalība un iemaksas Savienības pensiju sistēmā pirms šī datuma, ka vārdkopas “nodarbināts pirms reformas stāšanās spēkā” un “stājies amatā laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. decembrim” ir vienādas un ka, lai gan pārejas noteikumu piemērošana nozīmē, ka ieinteresētajai personai joprojām jābūt amatā pēc 2013. gada 31. decembra, vēlāk noslēgtais līgums ar jaunu darba devēju nav šķērslis, jo tas nepārtrauc dalības un iemaksu šajā sistēmā turpinātību. Runājot par prasītāju – tā kā viņa dalība un iemaksas Savienības pensiju sistēmā netika pārtrauktas brīdī, kad viņa 2014. gada 16. maija līgums sekoja uzreiz pēc 2008. gada 1. jūlija līguma, viņš joprojām bija nodarbināts 2014. gada 1. jūnijā PDNK pielikuma 1. panta 1. punkta izpratnē un dienestā Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta nozīmē. Ceturtkārt, prasītājs apgalvo, ka jauna veida līguma noslēgšana neizbeidzot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērošanu, bet ļaujot attīstīt to darbinieku karjeru, kuri to nevarētu citādi izdarīt, neapdraudot savas tiesības uz pensiju. Otrās daļas pamatojumam prasītājs norāda, pirmkārt, ka, lai gan 2014. gada 16. maija līguma rezultātā viņš tiešām ir piekļuvis augstākai funkciju grupai nekā tā, kas viņam bija pašā nodarbinātības sākumā, pēc tam, kad viņš veiksmīgi nokārtojis vispārējo atlases procedūru, šis jaunais līgums tomēr neiekļaujas citā PDNK paredzētā nodarbinātības sistēmā kā vien līgumdarbinieku sistēmā un nerada viņa karjeras pārrāvumu, kas atspoguļotos kā nozīmīgas viņa funkciju izmaiņas. Šajā ziņā prasītājs vispirms apgalvo, ka nedz viņa funkciju raksturs, nedz līmenis nav mainījušies pēc šī līguma. Tālāk, lai gan pie FG I piederošais līgumdarbinieka amats bija nosaukts citādi nekā pie FG II piederošā līgumdarbinieka amats, kuram viņš piekļuva ar jauno līgumu, šo divu amatu vispārīgais mērķis, kā arī konkrētie pienākumi abos amata aprakstos esot bijuši definēti pilnīgi identiski. Turklāt, kā izriet no 2014. gada 16. maija vēstules, 2014. gada 16. maija līgums ietvēra klasifikāciju 5. pakāpes 1. līmenī, un tas nozīmēja, no vienas puses, ka tiek ņemta vērā daļa no profesionālās pieredzes Komisijā FG I un, no otras puses, ka šī pieredze bijusi FG II līmenī. Otrkārt, prasītājs būtībā apgalvo, ka 2014. gada 16. maija līgums neesot ietekmējis nedz viņa dalību, nedz iemaksas Savienības pensiju sistēmā. Komisija apstrīd prasītāja norādītos argumentus gan pirmās, gan otrās daļas pamatojumam. Tā kā vienīgā pamata abas daļas ir stipri saistītas, tās ir jāanalizē kopā. Šis strīds būtībā rada jautājumu par to, vai tāda līgumdarbinieka kā prasītājs jauna līguma parakstīšana pēc 2014. gada reformas stāšanās spēkā ir darba tiesisko attiecību ar Savienības administrāciju izmaiņas, kas izslēgtu iespēju, ka minētais darbinieks var izmantot pārejas noteikumus par ikgadējo pensijas tiesību iegūšanu un pensionēšanās vecumu. Vispirms ir jāinterpretē PDNK pielikuma 1. panta 1. punkts un tādēļ jāprecizē, kādi ir nosacījumi, kas saskaņā ar šo pantu nosaka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērojamību līgumdarbiniekiem. Par PDNK pielikuma 1. panta 1. punkta un Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērojamības nosacījumiem citiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas PDNK Pirmkārt, kā ir atgādināts iepriekš 21. punktā, atbilstoši PDNK pielikuma 1. panta 1. punktam, kas grozīts ar Regulu Nr. 1023/2013, “[Civildienesta noteikumu XIII] pielikuma [..] 21. pantu, 22. pantu, izņemot tā 4. punktu, [..] pēc analoģijas piemēro citiem darbiniekiem, kas ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī”. Otrkārt, ir svarīgi norādīt, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantā attiecīgi ir paredzēts, ka ierēdņi, kuri sākuši dienestu laikposmā no 2004. gada 1. maija līdz 2013. gada 31. decembrim, ir tiesīgi saņemt 1,9 % no algas par katru dienesta gadu, kurš dod tiesības uz pensiju, un tie, kuru vecums 2014. gada 1. maijā ir 35 gadi un kuri dienestu sākuši pirms 2014. gada 1. janvāra, tiesības uz izdienas pensiju iegūst 64 gadu un 8 mēnešu vecumā. Kā ir precizēts Regulas Nr. 1023/2013 29. apsvērumā, Savienības likumdevējs it īpaši Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantā un PDNK pielikuma 1. panta 1. punktā ir paredzējis “pārejas kārtību, lai jaunos noteikumus un pasākumus varētu piemērot pakāpeniski, vienlaikus ievērojot to darbinieku iegūtās tiesības un pamatotās gaidas, kuri bija nodarbināti pirms šo Civildienesta noteikumu grozījumu stāšanās spēkā”. Atbilstoši pastāvīgajai judikatūrai kā pārejas noteikumi tie ir jāinterpretē šauri, jo tie iekļauj atkāpes (skat. spriedumus, 2010. gada 2. septembris, Kirin Amgen, C‑66/09 , EU:C:2010:484 , 33. punkts, un 2013. gada 17. janvāris, Komisija/Spānija, C‑360/11 , EU:C:2013:17 , 18. punkts un tajā minētā judikatūra) un ietekmē budžetu (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2005. gada 30. jūnijs, Olesen/Komisija, T‑190/03 , EU:T:2005:264 , 48. punkts un tajā minētā judikatūra), tomēr šī interpretācija nedrīkst būt pretēja Savienības likumdevēja izvirzītajiem mērķiem, kā arī ar Civildienesta noteikumiem un ar PDNK ieviestajai sistēmai (skat. spriedumu, 2018. gada 14. decembris, Torné/Komisija, T‑128/17 , EU:T:2018:969 , 80. punkts un tajā minētā judikatūra). Treškārt, no PDNK pielikuma 1. panta 1. punkta teksta izriet, ka Savienības likumdevējs ir paredzējis pēc analoģijas piemērot Civildienesta noteikumu XIII pielikumu tiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas PDNK, tādējādi šī pēdējā minētā pielikuma 21. un 22. pants ir piemērojams šiem darbiniekiem, ciktāl ir iespējams konstatēt analoģiju starp šiem darbiniekiem un ierēdņiem, ievērojot katras šīs personāla kategorijas raksturīpašības. Šajā nolūkā vispirms ir jāatgādina, kādā veidā darbinieku kategorija atšķiras no ierēdņu kategorijas. Par šo jautājumu, pirmām kārtām, jānorāda – katra no dažādajām Savienības nodarbināto personu kategorijām, vai nu ierēdņi, vai citas darbinieku kategorijas, uz kurām attiecas PDNK, atbilst Savienības administrācijas leģitīmām vajadzībām un tai uzdoto uzdevumu izpildes pastāvīgajam vai pagaidu raksturam (skat. spriedumu, 2006. gada 19. oktobris, De Smedt/Komisija, F‑59/05 , EU:F:2006:105 , 76. punkts un tajā minētā judikatūra). It īpaši saskaņā ar PDNK 3.a pantu līgumdarbinieks PDNK izpratnē ir darbinieks, kurš nav iecelts amatā, kas iekļauts attiecīgās iestādes budžeta iedaļai pievienotajā amatu sarakstā, un kurš ir pieņemts uz pilnu darba laiku vai uz nepilnu darba laiku. Turklāt no Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (2004. gada 22. marts), ar ko groza Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību ( OV 2004, L 124, 1. lpp. ), ar kuru tika ieviesta līgumdarbinieku kategorija, 36. apsvēruma izriet, ka šiem pēdējiem minētajiem parasti uztic darba uzdevumus ierēdņu vai pagaidu darbinieku uzraudzībā. Ir svarīgi norādīt arī, ka saskaņā ar šo pašu šīs regulas apsvērumu minēto līgumdarbinieku tiesības un pienākumi bija definēti tāpat kā pagaidu darbiniekiem, it īpaši attiecībā uz sociālo nodrošinājumu, pabalstiem un darba apstākļiem. Savukārt ierēdņi, kuri saskaņā ar Civildienesta noteikumu 1.a pantu ir “[jebkura] persona, kura, kā noteikts šajos Civildienesta noteikumos, ar tiesību aktu, kuru izdevusi šīs iestādes iecēlējinstitūcija, ir iecelta kādas Savienības iestādes štata pastāvīgā amatā”, ir vienīgie, kas var pastāvīgi veikt valsts dienesta uzdevumus. Otrām kārtām, jāuzsver – kā tas ir precizēts judikatūrā –, ka atšķirība starp ierēdņiem un darbiniekiem ir ne tikai viņu izpildei uzdoto uzdevumu raksturā, bet tostarp arī tajā, ka, lai gan juridiskajai saiknei starp ierēdņiem un administrāciju ir normatīvs raksturs un likumdevējs jebkurā brīdī var grozīt ierēdņu tiesības un pienākumus (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2020. gada 8. septembris, Komisija un Padome/Carreras Sequeros u.c., C‑119/19 P un C‑126/19 P , EU:C:2020:676 , 143. punkts un tajā minētā judikatūra), to darbinieku situāciju, kurus regulē PDNK, raksturo nodarbinātības saiknes līgumiskais raksturs (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2006. gada 19. oktobris, De Smedt/Komisija, F‑59/05 , EU:F:2006:105 , 76. punkts un tajā minētā judikatūra). No tā izriet – kā Komisija pareizi ir norādījusi tiesas sēdē –, ka ierēdnis sāk dienestu un paliek Savienības administrācijā saskaņā ar iecelšanas tiesību aktu, kurš paliek nemainīgs visu tā karjeras laiku, savukārt līgumdarbinieks stājas amatā un tajā paliek atbilstoši līgumam saskaņā ar PDNK 3.a panta normām tik ilgi, kamēr tas ir spēkā. Tātad saskaņā ar spēkā esošo līgumu viņš ir piesaistīts Savienības administrācijai un var veikt savus pienākumus. Ievērojot iepriekš minētos apsvērumus, PDNK pielikuma 1. panta 1. punkts – tā kā tajā tiek precizēts, ka, lai pārejas noteikumus, kas ierēdņiem paredzēti Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantā, varētu piemērot citiem darbiniekiem, tiem jābūt “nodarbinātiem 2013. gada 31. decembrī”, – ir jāinterpretē tādējādi, ka šajā datumā tiem ir jābūt pieņemtiem darbā uz līguma pamata PDNK 3.a panta izpratnē. Šajā lietā lietas dalībnieki tostarp nav vienisprātis par to, kas ir jāsaprot ar vārdkopu “ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī” PDNK pielikuma 1. panta 1. punkta izpratnē. Proti, šajā ziņā Komisija apgalvo, ka, lai Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants būtu piemērojams citiem darbiniekiem, darbiniekam jābūt ne tikai nodarbinātam konkrētajā datumā, proti, 2013. gada 31. decembrī, bet tam ir “joprojām jābūt nodarbinātam/joprojām aktīvam”, proti, viņam jābūt savā amatā gan 2013. gada 31. decembrī, gan pēc šī datuma. Līdz ar to Komisija uzskata, ka jebkādas līguma izmaiņas pārtrauc nodarbinātības saikni ar Savienības administrāciju, tādējādi darbiniekam nevar piemērot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantu. Savukārt prasītājs būtībā norāda, ka, lai Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants būtu piemērojams darbiniekam, uz kuru attiecas PDNK, pietiek ar to, ka šis pēdējais minētais ir pieņemts darbā ar līgumu 2013. gada 31. decembrī neatkarīgi no vēlākā līguma izmaiņām. Līdz ar to viņš pārmet Komisijai, ka tā esot pievienojusi nosacījumam “ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī”, kas paredzēts PDNK pielikuma 1. panta 1. punktā, papildu nosacījumu, proti, nosacījumu par palikšanu amatā bez pārtraukuma pēc šī datuma. Šajā ziņā ir jānorāda, ka pretēji prasītāja apgalvotajam Komisija nepievieno nosacījumu, bet tikai interpretē jēdzienu “pēc analoģijas”, kurš parādās PDNK pielikuma 1. panta 1. punktā, kas nozīmē, ka darbinieki atrodas analogā situācijā ar ierēdņiem. Proti, šī situācija var tikt konstatēta tikai gadījumā, kad darbinieks nav parakstījis jaunu līgumu, kurš nozīmē jaunu darba tiesisko attiecību sākumu ar Savienības administrāciju. Šajā ziņā ir svarīgi atgādināt, ka saskaņā ar judikatūru līgums ir juridisks instruments, ar kuru tiek konkretizētas darba attiecības starp darbinieku, no vienas puses, un Savienības administrāciju, no otras puses. Precīzāk, Vispārējā tiesa ir nospriedusi, ka minētās darba attiecības var palikt nemainīgas pat pēc jauna formāli atšķirīga līguma no sākotnējā līguma parakstīšanas ar nosacījumu, ka ar šo pēdējo līgumu nenotiek būtiskas izmaiņas attiecīgā darbinieka uzdevumos, it īpaši funkciju grupā, kas var apdraudēt viņa darba attiecību ar administrāciju funkcionālo turpinātību (šajā nozīmē skat. spriedumu, 2015. gada 16. septembris, EMA/Drakeford, T‑231/14 P , EU:T:2015:639 , 40. punkts). Līdz ar to no visiem iepriekš minētajiem apsvērumiem izriet, ka Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants ir pārejas normas, kuras atbilstoši PDNK pielikuma 1. panta 1. punktam pēc analoģijas ir piemērojamas citiem darbiniekiem, kuri ir nodarbināti 2013. gada 31. decembrī un kuri pēc šī datuma paliek nodarbināti atbilstoši līgumam, kā tas ir definēts iepriekš 81. punktā, līdz pat brīdim, kad viņu stāvoklis tiek pārskatīts pensijas tiesību aprēķina nolūkā. Šī interpretācija ļauj, pirmkārt, atzīt – izmantojot funkcionālu pieeju – jauna līguma parakstīšanas juridisko vērtību PDNK ietvaros un, otrkārt, saglabāt darbinieku iegūtās tiesības un tiesisko paļāvību atbilstoši Regulas Nr. 1023/2013 29. apsvērumam. Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus, ir jāpārbauda, vai jauna līguma parakstīšana pēc 2014. gada reformas spēkā stāšanās izslēdz Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērošanu prasītāja situācijai. Par prasītāja situāciju Šajā lietā, pirmkārt, ir jāatgādina, ka prasītājs ir pieņemts darbā kā līgumdarbinieks pirmo reizi 2008. gadā ar līgumu uz noteiktu laiku, kurš tika atjaunots trīs reizes, un pēc tam – ar līgumu uz nenoteiktu laiku no 2011. gada 3. maija. Šis līgums bija spēkā līdz brīdim, kad stājās spēkā 2014. gada 16. maija līgums, proti, līdz 2014. gada 1. jūnijam. Tādējādi 2013. gada 31. decembrī prasītājs bija nodarbināts atbilstoši 2008. gadā parakstītajam līgumam, proti, sākotnējam darba līgumam. Šajā datumā viņš veica FG I uzdevumus kā darbinieks, kas veic manuālus un administratīvus atbalsta dienesta uzdevumus, ko veic ierēdņu vai pagaidu darbinieku uzraudzībā, kā tas paredzēts PDNK 80. panta 2. punktā norādītajā tabulā. Otrkārt, jānorāda, ka 2014. gada 16. maijā prasītājs parakstīja – kā viņš pats piekrīt – “neapšaubāmi jaunu līgumu”. It īpaši runa ir – ko prasītājs tādējādi apstiprina – par līgumdarbinieka darba līgumu uz nenoteiktu laiku ar klasifikāciju FG II 5. pakāpes 1. līmenī atbilstoši PDNK 87. panta 4. punktam. It īpaši no šī jaunā līguma 2. panta izriet, ka ar to prasītājs tiek pieņemts darbā lietvedības un sekretariāta uzdevumu un citu līdzvērtīgu uzdevumu izpildei, kas ir paredzēti PDNK 80. panta 2. punktā norādītajā tabulā. Viņš arī nostrādāja sešu mēnešu pārbaudes laiku, un tas ir apstiprināts pārbaudes laika gala ziņojumā. Līdz ar to, kā ir precizēts iepriekš 81. punktā, funkciju grupas maiņa apdraudēja prasītāja darba attiecību ar Savienības administrāciju funkcionālo turpinātību. Turklāt neviens no otrajā daļā prasītāja norādītajiem argumentiem nevar pierādīt, ka šajā lietā pastāv jebkāda būtiska viņa veicamo funkciju turpinātība. Pirmām kārtām, kā ir arī atgādināts iepriekš šī sprieduma 86. punktā, nav strīda par to, ka 2014. gada 16. maija līguma ietekmē viņš piekļuva amatam, kurš pieder pie augstākas funkciju grupas nekā tā, kurā viņš sākotnēji tika pieņemts darbā. Otrām kārtām, kā atzina arī prasītājs, līgumdarbinieka FG I amata nosaukums bija citāds nekā pie FG II piederošā līgumdarbinieka amata nosaukums, jo pirmais bija “administratīvais asistents – izmaksu eksperts”, savukārt otrais – “administratīvais pārvaldnieks – izmaksu eksperts”. Turklāt, kā norādīja Komisija, ar 2014. gada 16. maija līgumu prasītājs tika iecelts citā amatā, kas ir apzīmēts ar citu kodu. Trešām kārtām, tas, ka amata un pienākumu apraksts, kurš ir norādīts abu amatu profilā, bija formulēts vienādi, nepierāda, ka prasītājs pildīja būtībā tos pašus uzdevumus/funkcijas kā vispirms pie FG I piederošs līgumdarbinieks un pēc tam – kā pie FG II piederošs līgumdarbinieks. Visbeidzot, prasītājs apgalvo, ka viņa klasificēšana FG II 5. pakāpes 1. līmenī, kas paredzēta 2014. gada 16. maija līgumā, nozīmēja, ka daļēji ir ņemta vērā FG I gūtā pieredze, un tas pierādot, ka minētā pieredze ir FG II līmeņa pieredze. Tomēr ir jānorāda – pat pieņemot, ka 2014. gada 16. maija līgumā paredzētā klasifikācija nozīmēja, ka daļēji ir ņemta vērā prasītāja pieredze FG I, šis apstāklis neietver to, ka ar ex tunc ietekmi ir atzīts tas, ka prasītāja veiktie pienākumi pie FG I piederošā līgumdarbinieka amatā atbilstoši citam līgumam patiesībā piederēja pie FG II. Tādējādi iestāde, piedāvājot jaunu līgumu, ņem vērā profesionālo pieredzi tikai tādēļ, lai veiktu klasifikāciju ar ex nunc ietekmi. Turklāt ir jākonstatē, ka iespējamā daļējā prasītāja gūtās pieredzes viņa amatā FG I ņemšana vērā tā, it kā patiesībā tā būtu bijusi FG II, nepierāda, ka viņš no 2008. gada 1. jūlija līdz pat 2014. gada 16. maija līguma parakstīšanai ir tātad bez pārtraukumiem veicis tikai pie FG II piederošas funkcijas. Faktiski prasītājs nesniedz nekādus pierādījumus, kas varētu pamatot šo turpinātību. Tādējādi jaunais līgums, ar kuru prasītājs ir piekļuvis jaunai funkciju grupai, kā tas ir precizēts iepriekš 81. punktā, ir izraisījis visu 2008. gada līguma, uz kura pamata viņš bija “nodarbināts 2013. gada 31. decembrī” atbilstoši PDNK pielikuma 1. panta 1. punktam, seku izbeigšanos un tātad – darba attiecību ar Savienības administrāciju pārtraukšanu. Treškārt, ir jāuzsver, ka stāšanās amatā jauna līguma dēļ neietekmē tiesības, kuras prasītājs ieguvis atbilstoši 2008. gada līgumam līdz pat 2014. gada 16. maija līguma spēkā stāšanās dienai, attiecībā uz ikgadējo pensijas tiesību iegūšanas likmi. Proti, no Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 2. un 3. panta, kuri ir piemērojami darbiniekiem atbilstoši PDNK 109. pantam, izriet, ka tāda līgumdarbinieka kā prasītājs pensija ir atkarīga no dažādu ikgadējo likmju iegūšanas, kas viņam tika piešķirtas ar šo pēdējo tiesību aktu par katru dienestā nostrādāto gadu. Šajā lietā, tā kā 2014. gada 16. maijā parakstītais līgums stājās spēkā 2014. gada 1. jūnijā, prasītājs līdz šim datumam izmantoja pirms reformas spēkā esošo pensiju sistēmu, bet laikā no 2014. gada 1. janvāra līdz 2014. gada 1. jūnijam viņš izmantoja to pašu sistēmu saskaņā ar pārejas noteikumiem. Līdz ar to viņa pensijas tiesību aprēķina brīdī prasītājs varēja izmantot 1,9 % iegūšanas likmi par nostrādātajiem gadiem atbilstoši 2008. gada līgumam, jo šī likme ir prasītāja iegūtās tiesības, bet no brīža, kad stājās spēkā 2014. gada 16. maija līgums, viņam piemēro 1,8 % iegūšanas likmi. No visa iepriekš minētā izriet, ka PMO un Cilvēkresursu ĢD nav pieļāvuši kļūdu, uzskatot, ka 2014. gada 16. maija līgums, ar kuru prasītājs piekļuva augstākai funkciju grupai, ir bijis pamatā jaunai pieņemšanai darbā PDNK pielikuma 1. panta 1. punkta piemērošanas nolūkā, neļaujot prasītājam piemērot pārejas noteikumus par ikgadējo pensijas tiesību iegūšanu un pensionēšanās vecumu. Šo secinājumu nevar atspēkot citi prasītāja izvirzītie argumenti. Pirmkārt, runājot par argumentu, kurš balstās uz apgalvoto analoģiju ar 2011. gada 14. decembra spriedumu De Luca/Komisija ( T‑563/10 P , EU:T:2011:746 ), ir jāuzsver, tāpat kā to darīja Komisija, ka šis spriedums ir par tādas normas darbā pieņemšanas jomā piemērošanu, kāds ir Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 12. panta 3. punkts par to ierēdņu klasificēšanu līmenī, kuri ir ierakstīti piemēroto kandidātu sarakstā pirms 2006. gada 1. maija un pieņemti darbā laikā no 2004. gada 1. maija līdz 2006. gada 30. aprīlim, dienestā esošam ierēdnim, kurš ir iecelts citā amatā kā atklātā konkursa veiksmīgais kandidāts un attiecībā uz kuru Civildienesta noteikumos nav paredzētas īpašas normas. Taču ir jākonstatē, ka lieta, kurā ir taisīts minētais spriedums, nav nekādā veidā analoģiska izskatāmajai lietai, kas attiecas uz pārejas noteikumu pensijas jomā piemērošanu līgumdarbiniekam. Otrkārt, runājot par argumentu, kurš ir balstīts uz apgalvoto analoģiju ar 2015. gada 16. septembra spriedumu EMA/Drakeford ( T‑231/14 P , EU:T:2015:639 ) un 2014. gada 5. februāra spriedumu Drakeford/EMA ( F‑29/13 , EU:F:2014:10 ), ir jāprecizē, kā tas izriet no 81. punkta iepriekš, ka šis arguments nav efektīvs šajā lietā, jo 2014. gada 16. maija līgums ir jauns līgums, kas dod prasītājam piekļuvi jaunām funkcijām, un tātad tas pārtrauc viņa darba attiecības ar Savienības administrāciju. Treškārt, runājot par prasītāja argumentu, saskaņā ar kuru jaunais līgums nav šķērslis izmantot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pantu, jo tas neradot pārtraukumu dalībā un iemaksās Savienības pensiju sistēmā, ir jānorāda, ka minētais Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. pants nevar būt atkarīgs no apgalvoti nepārtrauktas dalības Savienības pensiju sistēmā, bet no darba attiecību funkcionālās turpinātības (skat. iepriekš šā sprieduma 81. punktu). Ceturtkārt un pēdējokārt, runājot par prasītāja argumentu, ar kuru būtībā tiek norādīts, ka jauna veida līguma noslēgšana neizbeidzot Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērošanu, bet ļaujot attīstīties darbinieku karjerai, kas citādi nevarētu notikt bez apdraudējuma viņu tiesībām uz pensiju, ir jāatgādina, ka jauna līguma noslēgšana neietver jau iegūto tiesību uz pensiju zaudēšanu. Turklāt šajā ziņā jāprecizē, ka dalības nosacījumi pensiju sistēmā pēc sava rakstura un ar atrunu par iegūto tiesību ievērošanu ir tādi nosacījumi, kas var mainīties nākotnē atkarībā no Savienības likumdevēja gribas. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, vienīgais prasības pamats un tātad prasība kopumā ir jānoraida kā nepamatota. Par tiesāšanās izdevumiem Atbilstoši Reglamenta 134. panta 1. punktam lietas dalībniekam, kuram nolēmums ir nelabvēlīgs, piespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus, ja to ir prasījis lietas dalībnieks, kuram nolēmums ir labvēlīgs. Tā kā prasītājam spriedums ir nelabvēlīgs, tam jāpiespriež atlīdzināt tiesāšanās izdevumus saskaņā ar Komisijas prasījumiem. Ar šādu pamatojumu VISPĀRĒJĀ TIESA (pirmā palāta paplašinātā sastāvā) nospriež: 1) Prasību noraidīt. 2) Maxime Picard atlīdzina tiesāšanās izdevumus. Kanninen Jaeger Półtorak Porchia Stancu Pasludināts atklātā tiesas sēdē Luksemburgā 2021. gada 24. martā. [Paraksti] Satura rādītājs Tiesvedības priekšvēsture Tiesvedība un lietas dalībnieku prasījumi Juridiskais pamatojums Par pieņemamību Par lietas būtību Par PDNK pielikuma 1. panta 1. punkta un Civildienesta noteikumu XIII pielikuma 21. un 22. panta piemērojamības nosacījumiem citiem darbiniekiem, uz kuriem attiecas PDNK Par prasītāja situāciju Par tiesāšanās izdevumiem ( *1 ) Tiesvedības valoda – franču.

62019CJ0652

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar ( EGT L 225, 1998, s. 16 ), av klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete, undertecknat den 18 mars 1999 (nedan kallat ramavtalet), som återfinns i bilagan till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP ( EGT L 175, 1999, s. 43 ) samt av artiklarna 20 och 30 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan). Begäran har framställts i ett mål mellan KO och Consulmarketing SpA, i konkurs, angående det rättsliga skydd som KO ska ges till följd av att Consulmarketing sagt upp KO inom ramen för en rättsstridig kollektiv uppsägning. Tillämpliga bestämmelser Unionsrätt Direktiv 98/59 Skälen 2 och 6 i direktiv 98/59 har följande lydelse: ”(2) Det är viktigt att arbetstagare ges större skydd vid kollektiva uppsägningar, samtidigt som hänsyn måste tas till behovet av en välbalanserad ekonomisk och social utveckling inom gemenskapen. … (6) I gemenskapens stadga om arbetstagares grundläggande sociala rättigheter, som antogs vid Europeiska rådets sammanträde i Strasbourg den 9 december 1989 av stats- eller regeringscheferna i elva medlemsstater, föreskrivs bland annat följande i punkt 7 … ”Förverkligandet av den inre marknaden måste leda till en förbättring av levnads- och arbetsförhållandena för arbetstagare inom Europeiska gemenskapen ….” I artikel 1.2 a i detta direktiv föreskrivs att direktivet bland annat inte ska tillämpas på ”[k]ollektiva uppsägningar som uppkommer på grund av anställningsavtal som gäller för begränsad tid eller för vissa arbetsuppgifter, utom där sådana uppsägningar sker innan den avtalade tiden har löpt ut eller det avtalade arbetet har avslutats”. Direktiv 1999/70 och ramavtalet Det framgår av skäl 14 i direktiv 1999/70 att ”[d]e undertecknande parterna har velat ingå ett ramavtal om visstidsarbete med allmänna principer och minimikrav för anställningsavtal och anställningsförhållanden i samband med visstidsarbete. De har visat sin vilja att förbättra visstidsarbetets kvalitet genom att garantera att principen om icke-diskriminering tillämpas och genom att ange en ram för att förhindra att visstidsanställning missbrukas genom att flera visstidsanställningar följer på varandra”. I det andra stycket i inledningen till ramavtalet anges att parterna i avtalet ”fastslår att tillsvidareanställning är och kommer att fortsätta att vara den generella formen av anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare [samt] konstaterar att visstidsanställningar, under vissa omständigheter, svarar mot både arbetsgivares och arbetstagares behov”. Klausul 1 i ramavtalet har rubriken ”Syfte”. Den har följande lydelse: ”Syftet med detta ramavtal är a) att förbättra kvaliteten på visstidsarbete genom att garantera att principen om icke-diskriminering tillämpas, och …” I klausul 2.1 i ramavtalet föreskrivs följande: ”Detta avtal gäller visstidsanställda som har ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande, enligt definitionerna i lagar, kollektivavtal eller praxis i varje medlemsstat.” I klausul 3, med rubriken ”Definitioner”, i ramavtalet föreskrivs följande: ”I detta avtal avses med 1. visstidställd: en person som har ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande som ingåtts direkt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare och vars längd fastställts på grundval av objektiva kriterier som att det gäller fram till ett visst datum, till dess en viss uppgift har utförts eller med anledning av en särskild händelse. 2. jämförbar tillsvidareanställd: en arbetstagare med ett anställningskontrakt eller ett anställningsförhållande som gäller tills vidare och som på samma arbetsplats utför samma arbete eller ett liknande arbete, med vederbörlig hänsyn tagen till kvalifikationer/yrkeskunnande. Om ingen jämförbar tillsvidareanställd finns på samma arbetsplats, skall jämförelsen göras med hänvisning till tillämpliga kollektivavtal och om tillämpliga kollektivavtal saknas, enligt lagar, kollektivavtal eller praxis i landet i fråga.” I klausul 4, med rubriken ”Principen om icke-diskriminering”, i ramavtalet, föreskrivs följande: ”1. När det gäller anställningsvillkor, skall visstidsanställda inte behandlas mindre fördelaktigt än jämförbara tillsvidareanställda enbart på grund av att de har en visstidsanställning, om detta inte motiveras på objektiva grunder. … 4. Den anställningstid som behövs för att kvalificera för särskilda anställningsvillkor skall vara densamma för visstidsanställda arbetstagare som för fast anställda arbetstagare utom där olika längd på denna kvalifikationstid är motiverad på objektiva grunder.” Italiensk rätt La legge n. 223 – Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro (lag nr 223 med bestämmelser om arbetslöshet på grund av arbetsbrist, rörlighet, arbetslöshetsersättning, genomförande av gemenskapsdirektiv, arbetsförmedling och andra bestämmelser om arbetsmarknaden) av den 23 juli 1991 (ordinarie tillägg till GURI nr 175 av den 27 juli 1991), i dess lydelse enligt legge n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita (lag nr 92 med bestämmelser om arbetsmarknadsreform i syfte att främja tillväxt) av den 28 juni 2012 (ordinarie tillägg till GURI nr 153 av den 3 juli 2012) (nedan kallad lag nr 223/1991) utgör den rättsliga ramen för förfaranden vid kollektiva uppsägningar, i vilken bland annat bestämmelserna om införlivande av direktiv 98/59 med den italienska rättsordningen ingår. Det framgår av begäran om förhandsavgörande att artikel 5.1 i lag nr 223/1991 innehåller de kriterier på grundval av vilka arbetsgivaren vid kollektiva uppsägningar ska fastställa vilka arbetstagare som ska omfattas av uppsägningarna. I artikel 5.3 i lag nr 223/1991 föreskrivs följande: ”… Vid åsidosättande av de [kriterier för urval av vilka arbetstagare som ska sägas upp] som föreskrivs i punkt 1, tillämpas bestämmelserna i punkt 4 i … artikel 18 [i legge n. 300 – Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell’attività sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento (lag nr 300 med bestämmelser om skydd av arbetstagarnas frihet och värdighet, av föreningsfriheten och föreningsverksamheten på arbetsplatsen samt bestämmelser om sysselsättning), av den 20 maj 1970 (GURI nr 131, av den 27 maj 1970)]. …” I artikel 18 första och fjärde styckena i lag nr 300 av den 20 maj 1970, i den lydelse som är tillämplig på omständigheterna i det nationella målet, föreskrivs följande: ”I ett beslut genom vilket rätten förklarar att en uppsägning som anses vara diskriminerande är ogiltig … på grund av att den kan knytas till andra fall av ogiltighet som föreskrivs i lag eller på grund av att ett avgörande rättsstridigt skäl i den mening som avses i artikel 1345 i civillagen legat till grund för uppsägningen, ska rätten förelägga arbetsgivaren … att återinsätta arbetstagaren i tjänst, oavsett vilken formell grund som åberopats och oavsett antalet anställda hos arbetsgivaren. … När ett beslut om återinsättande i tjänst har fattats ska anställningsförhållandet anses ha upphört om arbetstagaren inte återupptagit sin tjänstgöring inom 30 dagar efter att ha kallats av arbetsgivaren, såvida vederbörande inte har begärt den ersättning som avses i tredje stycket i denna artikel. De bestämmelser som avses i denna artikel ska även tillämpas på uppsägning som förklarats ogiltig på grund av att den skett muntligen. … Om rätten finner att de objektiva grunder eller sakliga skäl som arbetsgivaren har anfört inte är uppfyllda, ska den upphäva uppsägningen och förplikta arbetsgivaren att återinsätta arbetstagaren i tjänst i den mening som avses i första stycket och betala vederbörande en ersättning motsvarande den sista faktiska sammanlagda lönen som beräknas från och med dagen för uppsägningen till den dag då arbetstagaren faktiskt återinträder i tjänst, med avdrag för vad arbetstagaren har erhållit genom annan yrkesverksamhet under uteslutningsperioden samt de belopp som arbetstagaren skulle ha kunnat erhålla om vederbörande hade gjort erforderliga ansträngningar för att söka ett nytt arbete. … Arbetsgivaren ska även betala socialförsäkringsavgifter från och med dagen för uppsägningen fram till den dag då arbetstagaren faktiskt återinsätts i tjänst, jämte normal ränta utan att det tillämpas straffavgifter vid avsaknad av eller försenad inbetalning av avgifter, med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan de avgifter som skulle ha tagits ut inom ramen för anställningsavtalet som avbrutits genom den rättsstridiga uppsägningen och de avgifter som betalats till arbetstagaren inom ramen för annan yrkesverksamhet. …” Artikel 1.1 och 1.2 i decreto legislativo n. 23 – Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (lagstiftningsdekret nr 23 med bestämmelser om tillsvidareanställningar med ökande sociala förmåner och som är ett dekret för genomförande av lag nr 183 av den 10 december 2014) av den 4 mars 2015 (GURI nr 54, av den 6 mars 2015) (nedan kallat ”lagstiftningsdekret nr 23/2015”) har följande lydelse: ”1.   För arbetstagare som betecknas som arbetare, anställda eller chefer och som anställts genom ett avtal om tillsvidareanställning från och med den dag då detta dekret träder i kraft, omfattas ordningen för skydd vid rättsstridig uppsägning av bestämmelserna i detta dekret. 2.   Bestämmelserna i detta dekret är även tillämpliga när ett avtal om visstidsanställning eller lärlingsavtal omvandlas till ett avtal om tillsvidareanställning efter ikraftträdandet av detta dekret.” I artikel 3.1 i lagstiftningsdekret nr 23/2015 föreskrivs att om en kollektiv uppsägning inte är motiverad ska rätten förklara att anställningsförhållandet upphör och ”förplikta arbetsgivaren att betala ersättning, som inte ger upphov till inbetalning av socialförsäkringsavgifter, med ett belopp som motsvarar två månadslöner, varvid den sista månadslönen är referenslön, vid beräkningen av avgångsvederlag för varje tjänsteår, varvid ersättningen i vart fall inte får understiga 4 månadslöner eller överstiga 24 månadslöner”. Enligt decreto legge n. 87 – Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (lagdekret nr 87 om införande av brådskande bestämmelser om värdighet för arbetstagare och företag) av den 12 juli 2018 (GURI nr 161 av den 13 juli 2018) ska ersättningen motsvara mellan 6 och 36 månadslöner. Artikel 10.1 i lagstiftningsdekret nr 23/2015 har följande lydelse: ”1.   Vid åsidosättande av … urvalskriterierna i artikel 5.1 i lag [nr 223/1991] ska den ordning som avses i artikel 3.1 tillämpas.” Målet vid den nationella domstolen och tolkningsfrågorna Käranden i det nationella målet anställdes av Consulmarketing den 14 januari 2013 enligt ett avtal om visstidsanställning. Den 31 mars 2015 omvandlades detta avtal till ett avtal om tillsvidareanställning. Den 19 januari 2017 inledde Consulmarketing ett förfarande för kollektiv uppsägning som berörde 350 arbetstagare, däribland käranden i det nationella målet. Efter detta förfarande sades samtliga arbetstagare upp. De uppsagda arbetstagarna väckte talan vid den hänskjutande domstolen, Tribunale di Milano (domstolen i Milano, Italien), och gjorde bland annat gällande att Consulmarketing hade åsidosatt de kriterier på grundval av vilka arbetsgivaren vid en kollektiv uppsägning är skyldig att fastställa vilka arbetstagare som ska omfattas av uppsägningen. Den hänskjutande domstolen konstaterade att den kollektiva uppsägningen var rättsstridig och förordnade att skadestånd skulle betalas samt att samtliga berörda arbetstagare skulle återinsättas i tjänst i företaget, med undantag för käranden i det nationella målet. Nämnda domstol fann nämligen att käranden inte kunde omfattas av samma skyddsordning som övriga uppsagda arbetstagare, eftersom det datum då kärandens avtal om visstidsanställning omvandlades till ett avtal om tillsvidareanställning inföll efter den 7 mars 2015, då lagstiftningsdekret nr 23/2015 trädde i kraft. Inom ramen för en ny prövning av saken, som utgör det nationella förfarandet, gjorde käranden i det nationella målet bland annat gällande att den tillämpliga nationella lagstiftningen strider mot unionsrätten och att likabehandlingsprincipen har åsidosatts. Det ska för övrigt noteras att under förfarandets gång försattes Consulmarketing i konkurs och Filcams CGIL och Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL), i deras egenskap av fackföreningar, intervenerade frivilligt till stöd för de yrkanden som käranden i det nationella målet hade framställt. Det framgår av begäran om förhandsavgörande att arbetsgivaren, vid en rättsstridig uppsägning av en arbetstagare som har ingått ett avtal om tillsvidareanställning före den 7 mars 2015, dels ska återinsätta den berörda arbetstagaren i tjänst, dels ska betala ut en ersättning som motsvarar den faktiska sammanlagda lönen för perioden mellan uppsägningsdagen och den dag då arbetstagaren faktiskt återinsattes i tjänst, utöver betalningen av socialförsäkringsavgifter för samma period. Ersättningen får dock inte överstiga ett belopp som motsvarar 12 månadslöner. Arbetstagare som har ingått ett avtal om tillsvidareanställning från och med den 7 mars 2015 kan inte med framgång göra gällande att de ska återinsättas i tjänst, utan endast att de ska erhålla en ersättning som inte ger upphov till någon inbetalning av socialförsäkringsavgifter. Ersättningens storlek beror bland annat på arbetstagarens anställningstid och motsvarar, beroende på omständigheterna, minst fyra månadslöner och högst 24 månadslöner. Sedan år 2018 har detta ändrats till sex respektive 36 månadslöner. Även om käranden i det nationella målet trädde i tjänst före den 7 mars 2015, omvandlades vederbörandes avtal om visstidsanställning till ett avtal om tillsvidareanställning efter detta datum. Omvandlingen av ett avtal om visstidsanställning till ett avtal om tillsvidareanställning ska, vid fastställandet av vilken skyddsordning som är tillämplig vid en rättsstridig kollektiv uppsägning, likställas med en ny anställning. Käranden i det nationella målet kan enligt den nationella lagstiftningen således inte göra anspråk på att återinsättas i tjänst eller tillerkännas skadestånd, utan endast göra gällande att ersättning ska utbetalas. Den hänskjutande domstolen har sökt klarhet i huruvida denna situation är förenlig med direktiv 98/59 och klausul 4 i ramavtalet, jämförda med artiklarna 20 och 30 i stadgan. Enligt den hänskjutande domstolen utgör den ersättning som käranden i det nationella målet har rätt till för det första inte en lämplig ersättning för en rättsstridig kollektiv uppsägning i den mening som avses i artikel 30 i stadgan. Det framgår nämligen av förklaringarna till stadgan om de grundläggande rättigheterna ( EUT C 303, 2007, s. 17 ) att den sistnämnda bestämmelsen ska tolkas mot bakgrund av artikel 24 i Europeiska sociala stadgan, undertecknad i Turin den 18 oktober 1961, vilken i sin tur har tolkats av Europeiska kommittén för sociala rättigheter på följande sätt. En sanktionsåtgärd som följer av en rättsstridig kollektiv uppsägning anses vara lämplig, när det i bestämmelsen föreskrivs att den berörde arbetstagaren ska få ersättning för den ekonomiska skada som vederbörande har lidit mellan dagen för uppsägningen och beslutet genom vilket arbetsgivaren förpliktas att utbetala ersättning, vidare föreskrivs en möjlighet för arbetstagaren att återinsättas i tjänst, och till sist föreskrivs en ersättning som är tillräckligt hög för att avskräcka arbetsgivaren och för att kompensera för den skada som nämnda arbetstagare lidit. För det andra har den hänskjutande domstolen konstaterat att käranden i det nationella målet, det vill säga en arbetstagare som hade trätt i tjänst före den 7 mars 2015 inom ramen för ett avtal om visstidsanställning vilket omvandlats till ett avtal om tillsvidareanställning efter detta datum, å ena sidan, och övriga arbetstagare som hade sagts upp av Consulmarketing, vilka hade anställts enligt avtal om tillsvidareanställning som ingåtts före nämnda datum, å andra sidan, har behandlats olika. Denna skillnad i behandling följer av att omvandlingen av ett avtal om visstidsanställning till ett avtal om tillsvidareanställning likställs med en ny anställning. Mot denna bakgrund beslutade Tribunale di Milano (domstolen i Milano) att vilandeförklara målet och att ställa följande tolkningsfrågor till EU-domstolen: ”1) Utgör principerna om likabehandling och icke-diskriminering i klausul 4 angående anställningsvillkor i [ramavtalet] hinder för bestämmelserna i artiklarna 1.2 och 10 i lagstiftningsdekret nr 23/2015 vilka, vad gäller kollektiva uppsägningar som till följd av åsidosättande av urvalskriterierna är rättsstridiga, innehåller två olika skyddsordningar på så sätt att det för ett och samma förfarande föreskrivs ett ändamålsenligt och effektivt skydd med avskräckande verkan för avtal om tillsvidareanställning som ingicks före den 7 mars 2015, som innebär att arbetsgivaren åläggs att återinsätta de berörda arbetstagarna i tjänst och betala de sociala avgifterna, medan avtal om visstidsanställning med samma anställningstid som ingicks före ovannämnda datum men som har omvandlats till avtal om tillsvidareanställning efter den 7 mars 2015 omfattas av ett mindre effektivt skydd med mindre avskräckande verkan som enbart består i en minimi- och maximiersättning? 2) Utgör bestämmelserna i artiklarna 20 och 30 i [stadgan] och i direktiv [98/59] hinder för en bestämmelse såsom den i artikel 10 i lagstiftningsdekret nr 23/2015 enligt vilken enbart arbetstagare som har tillsvidareanställning (eller vars avtal om visstidsanställning har omvandlats till ett avtal om tillsvidareanställning) från och med den 7 mars 2015 omfattas av en bestämmelse som i händelse av kollektiva uppsägningar som till följd av åsidosättande av urvalskriterierna är rättsstridiga, till skillnad från andra likvärdiga anställningsavtal som ingicks före nämnda datum och omfattas av samma förfarande, inte föreskriver återinsättande i tjänst utan i stället inför en annan skyddsordning som enbart ger rätt till ersättning och som dels är otillräcklig för att kompensera för de ekonomiska konsekvenserna till följd av den förlorade anställningen, dels är sämre jämfört med den skyddsordning som däremot tillämpas på andra arbetstagare vars anställningsförhållande är av samma karaktär, med undantag av endast det datum då avtalet om visstidsanställning omvandlades till ett avtal om tillsvidareanställning eller då anställningsavtalet ingicks?” Prövning av tolkningsfrågorna Inledande anmärkningar Det framgår av handlingarna i målet att det nationella målet rör två på varandra följande ordningar för skydd för arbetstagare vid rättsstridig kollektiv uppsägning. Å ena sidan kan en tillsvidareanställd arbetstagare vars anställningsavtal har ingåtts fram till den 7 mars 2015, med stöd av lag nr 223/1991, göra anspråk på att återinsättas i tjänst i företaget. Å andra sidan kan en tillsvidareanställd arbetstagare som har anställts från och med detta datum endast göra anspråk på en ersättning med ett maximibelopp enligt lagstiftningsdekret nr 23/2015. I artikel 1.2 i lagstiftningsdekret nr 23/2015 anges att det skydd som föreskrivs däri är tillämpligt på avtal om visstidsanställning som omvandlats till avtal om tillsvidareanställning efter dess ikraftträdande. Eftersom käranden i det nationella målet ingår i den sistnämnda kategorin, har vederbörande endast rätt att göra anspråk på ersättning enligt detta lagstiftningsdekret, till skillnad från samtliga kärandens kollegor som blev uppsagda samtidigt, men som har återinsatts i tjänst i företaget enligt lag nr 223/1991, eftersom de var tillsvidareanställda och hade anställts före den 7 mars 2015. Den hänskjutande domstolen har sökt klarhet i huruvida den nya ordning som infördes genom lagstiftningsdekret nr 23/2015 är förenlig med ramavtalet, direktiv 98/59 och artiklarna 20 och 30 i stadgan. EU-domstolen erinrar i detta avseende om att det samarbetssystem som fastställs i artikel 267 FEUF grundar sig på en tydlig funktionsfördelning mellan de nationella domstolarna och EU-domstolen. I ett förfarande enligt den artikeln ankommer det på medlemsstaternas domstolar och inte på EU-domstolen att tolka nationella bestämmelser. Det ankommer vidare inte på EU-domstolen att uttala sig om nationella bestämmelsers förenlighet med bestämmelser i unionsrätten. Däremot är EU-domstolen behörig att tillhandahålla den nationella domstolen alla uppgifter om unionsrättens tolkning som denna behöver för att pröva huruvida bestämmelser i nationell rätt är förenliga med unionsrätten (dom av den 30 april 2020, CTT – Correios de Portugal, C‑661/18 , EU:C:2020:335 , punkt ). Det betyder att även om EU-domstolen, enligt ordalydelsen av de tolkningsfrågor som den hänskjutande domstolen ställt, visserligen har ombetts att uttala sig om huruvida en nationell bestämmelse är förenlig med unionsrätten, så finns det inget som hindrar EU-domstolen från att lämna ett användbart svar till den hänskjutande domstolen, genom sådana uppgifter om unionsrättens tolkning som gör det möjligt för den nationella domstolen att själv avgöra om den nationella rätten är förenlig med unionsrätten (dom av den 30 april 2020, CTT – Correios de Portugal, C‑661/18 , EU:C:2020:335 , punkt ). För övrigt riktar sig bestämmelserna i stadgan, enligt artikel 51.1 i densamma, till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar unionsrätten. I artikel 6.1 FEU och artikel 51.2 i stadgan anges att stadgan inte innebär någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför Europeiska unionens befogenheter, varken medför någon ny befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och inte heller ändrar de befogenheter och uppgifter som fastställs i fördragen. EU-domstolen ska således, mot bakgrund av stadgan, tolka unionsrätten inom ramen för de befogenheter unionen tilldelats (beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt och där angiven rättspraxis). Tolkningsfrågorna ska således omformuleras så, att de avser tolkningen av dels klausul 4 i ramavtalet, dels direktiv 98/59, jämförd med artiklarna 20 och 30 i stadgan. Den andra frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den andra frågan, som ska prövas först, för att få klarhet i huruvida direktiv 98/59 och artiklarna 20 och 30 i stadgan ska tolkas så, att de utgör hinder för en nationell lagstiftning som föreskriver att två olika ordningar för skydd för tillsvidareanställda ska tillämpas parallellt under ett och samma förfarande för kollektiv uppsägning som genomförs i strid med de kriterier som ska tillämpas för att fastställa vilka arbetstagare som ska omfattas av detta förfarande. I motsats till vad den hänskjutande domstolen har antytt räcker det inte, för att konstatera att de bestämmelser i italiensk rätt som är i fråga i det nationella målet genomför direktiv 98/59, att dessa bestämmelser ingår i en mer omfattande nationell lagstiftning, som innehåller vissa andra bestämmelser som har antagits för att införliva detta direktiv med den nationella rättsordningen. För att det ska kunna fastställas att direktiv 98/59, och följaktligen stadgan, är tillämpligt i det nationella målet krävs det följaktligen att det i direktivet föreskrivs en specifik skyldighet med avseende på den situation som är aktuell i det nationella målet, vilken har genomförts genom de berörda bestämmelserna i italiensk rätt (se, analogt, beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt ). Det framgår emellertid inte av beslutet om hänskjutande att det nationella målet rör någon skyldighet som följer av direktiv 98/59 (se, analogt, beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt ). Domstolen konstaterar att skäl 2 i direktiv 98/59, som den hänskjutande domstolen har hänvisat till och av vilket det framgår att direktivet syftar till att ge arbetstagare större skydd vid kollektiva uppsägningar, inte kan medföra en särskild skyldighet i en sådan situation som den som käranden i det nationella målet befinner sig i (se, analogt, beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt ). Vidare följer inte heller en sådan skyldighet av bestämmelserna i direktiv 98/59. Det huvudsakliga syftet med det direktivet är att kollektiva uppsägningar ska föregås av överläggningar med arbetstagarrepresentanterna och överlämnande av information till den behöriga myndigheten. Enligt artikel 2.2 i nämnda direktiv ska dessa överläggningar omfatta olika möjligheter att undvika kollektiva uppsägningar eller att minska antalet berörda arbetstagare samt att lindra konsekvenserna av uppsägningarna genom åtgärder i synnerhet i syfte att bistå med omplacering eller omskolning av övertaliga arbetstagare. Enligt artikel 2.3 och artikel 3.1 i samma direktiv ska arbetsgivaren anmäla alla planerade kollektiva uppsägningar till den behöriga myndigheten och förse myndigheten med de uppgifter och upplysningar som anges i dessa bestämmelser (beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt och där angiven rättspraxis). Direktiv 98/59 säkerställer således endast en partiell harmonisering av bestämmelserna om skydd för arbetstagare vid kollektiva uppsägningar, det vill säga det förfarande som ska följas vid sådana uppsägningar. Domstolen har redan slagit fast att direktivet inte syftar till att införa en allmän mekanism för ekonomisk ersättning på unionsnivå när en anställning upphör och inte heller harmoniserar villkoren för ett slutligt upphörande av ett företags verksamhet (beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt och där angiven rättspraxis). Det är uppenbart att de närmare bestämmelserna om det skydd som ska ges en arbetstagare som varit föremål för rättsstridig kollektiv uppsägning, till följd av ett åsidosättande av de kriterier på grundval av vilka arbetsgivaren ska fastställa vilka arbetstagare som ska sägas upp, saknar samband med den anmälningsskyldighet och den skyldighet till överläggningar som följer av direktiv 98/59. Varken dessa närmare bestämmelser eller dessa urvalskriterier omfattas av direktivets tillämpningsområde. De omfattas följaktligen fortfarande av medlemsstaternas behörighet (se, analogt, beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt ). Det ska även erinras om att medlemsstaterna enligt artikel 6 i direktiv 98/59 ska se till att arbetstagarrepresentanterna och/eller arbetstagarna har tillgång till administrativa och/eller rättsliga förfaranden för att säkerställa att de skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv iakttas. I nämnda artikel 6 anges inte att medlemsstaterna ska vidta någon viss åtgärd vid åsidosättande av de skyldigheter som föreskrivs i direktiv 98/59, utan de ges frihet att välja mellan de olika lösningar som är lämpliga för att uppnå det mål som eftersträvas med direktivet, beroende på de olika situationer som kan uppstå. Såsom den hänskjutande domstolen har påpekat ska dessa åtgärder emellertid säkerställa ett faktiskt och effektivt domstolsskydd enligt artikel 47 i stadgan och ha en faktisk avskräckande verkan (beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt och där angiven rättspraxis). Artikel 6 i direktiv 98/59 och denna rättspraxis är emellertid endast tillämpliga på förfaranden som syftar till att säkerställa att de skyldigheter som föreskrivs i detta direktiv iakttas. Eftersom det klart framgår av beslutet om hänskjutande att den andra frågan inte avser åsidosättande av en skyldighet som fastställs i nämnda direktiv, utan åsidosättande av de kriterier som uppställs i den nationella lagstiftningen på grundval av vilka arbetsgivaren, vid kollektiva uppsägningar, ska fastställa vilka arbetstagare som ska omfattas av detta förfarande – vilket omfattas av medlemsstaternas behörighet – kan nämnda artikel 6 och nämnda rättspraxis inte tillämpas i förevarande fall (se, analogt, beslut av den 4 juni 2020, Balga, C‑32/20 , ej publicerat, EU:C:2020:441 , punkt ). Eftersom en nationell lagstiftning, i vilken det föreskrivs att två olika ordningar för skydd för tillsvidareanställda vid rättsstridig kollektiv uppsägning ska tillämpas parallellt under ett och samma förfarande för kollektiva uppsägningar, inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 98/59, kan den nationella lagstiftningen inte anses genomföra unionsrätten i den mening som avses i artikel 51.1 i stadgan och kan därför inte prövas mot bakgrund av de garantier som anges i stadgan, bland annat i artiklarna 20 och 30. Av det ovan anförda följer att en nationell lagstiftning, i vilken det föreskrivs att två olika ordningar för skydd för tillsvidareanställda ska tillämpas parallellt under ett och samma förfarande för kollektiv uppsägning som genomförs i strid med de kriterier som ska tillämpas för att fastställa vilka arbetstagare som ska omfattas av detta förfarande, inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 98/59 och därför inte kan prövas mot bakgrund av de grundläggande rättigheter som garanteras genom stadgan och bland annat artiklarna 20 och 30 i densamma. Den första frågan Den hänskjutande domstolen har ställt den första frågan, som ska prövas härnäst, för att få klarhet i huruvida klausul 4 i ramavtalet ska tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som utsträcker en ny ordning för skydd för tillsvidareanställda vid rättsstridig kollektiv uppsägning till att omfatta även arbetstagare vars avtal om visstidsanställning, som ingåtts innan dessa bestämmelser trädde i kraft, omvandlats till avtal om tillsvidareanställning efter den tidpunkten. Enligt klausul 1 a i ramavtalet är ett av ramavtalets syften att förbättra kvaliteten på visstidsarbete genom att garantera att principen om icke-diskriminering tillämpas. Likaså anges i tredje stycket i inledningen till ramavtalet att detta ”visar arbetsmarknadsparternas vilja att skapa en övergripande ram för att visstidsanställda skall kunna garanteras likabehandling genom att de skyddas mot diskriminering”. I skäl 14 i direktiv 1999/70 preciseras härvidlag att syftet med ramavtalet bland annat är att förbättra visstidsarbetets kvalitet genom att fastställa minimikrav som kan säkerställa att principen om icke-diskriminering tillämpas (dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt ). Syftet med ramavtalet, särskilt klausul 4, är att nämnda princip ska tillämpas på visstidsanställda för att hindra att arbetsgivare använder denna anställningsform för att frånta visstidsanställda rättigheter som tillkommer tillsvidareanställda (se, analogt, dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt ). Med beaktande av de mål som eftersträvas med ramavtalet ska klausul 4 i ramavtalet anses ge uttryck för en princip i unionens sociala regelverk som inte får tolkas restriktivt (dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt ). Det ska erinras om att det i klausul 4.1 i ramavtalet, när det gäller anställningsvillkor, föreskrivs ett förbud mot att behandla visstidsanställda mindre fördelaktigt än jämförbara tillsvidareanställda enbart på grund av att de har en visstidsanställning, om detta inte motiveras på objektiva grunder. I punkt 4 i samma klausul föreskrivs ett motsvarande förbud såvitt avser anställningstid som behövs för att kvalificera för särskilda anställningsvillkor. Domstolen har, för det första, redan slagit fast att skydd som beviljas en arbetstagare på grund av en rättsstridig uppsägning, omfattas av begreppet ”anställningsvillkor” i den mening som avses i klausul 4.1 i ramavtalet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkterna – ). Av domstolens fasta praxis följer för det andra att för att bedöma huruvida de berörda personerna utför samma eller liknande arbete, i den mening som avses i ramavtalet, ska det, i enlighet med klausulerna 3.2 och 4.1 i avtalet, undersökas huruvida dessa personer – med hänsyn tagen till en rad omständigheter, såsom arbetets art, utbildningsvillkoren och arbetsvillkoren – kan anses befinna sig i en jämförbar situation (se, för ett liknande resonemang, dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt och där angiven rättspraxis). I förevarande fall ankommer det på den hänskjutande domstolen, som är ensam behörig att bedöma de faktiska omständigheterna, att fastställa huruvida käranden i det nationella målet befann sig i en situation som är jämförbar med situationen för arbetstagare som ingått avtal om tillsvidareanställning med samma arbetsgivare under samma period (se, analogt, dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt ). Det framgår a priori av de handlingar som ingetts till domstolen att innan det avtal om visstidsanställning som käranden i det nationella målet ingått omvandlades till ett avtal om tillsvidareanställning, var vederbörande en visstidsanställd arbetstagare som befann sig i en situation som var jämförbar med situationen för vederbörandes kollegor som var tillsvidareanställda. Vad för det tredje gäller frågan huruvida det föreligger en skillnad i behandling har den hänskjutande domstolen preciserat att om det datum då kärandens avtal om visstidsanställning ingicks skulle beaktas, hade käranden kunnat göra anspråk på att återinsättas i tjänst i företaget enligt lag nr 223/1991, vilket är förmånligare än den ersättning som vederbörande har rätt till enligt lagstiftningsdekret nr 23/2015. Käranden i det nationella målet har således behandlats mindre fördelaktigt än de kollegor som ingick avtal om tillsvidareanställning före den 7 mars 2015, då lagstiftningsdekretet trädde i kraft. Den omständigheten att käranden i det nationella målet blev tillsvidareanställd efter den tidpunkten utesluter inte i sig att vederbörande under vissa omständigheter kan åberopa principen om icke‑diskriminering i klausul 4 i ramavtalet (se, för ett liknande resonemang, dom av den 18 oktober 2012, Valenza m.fl., C‑302/11–C‑305/11 , EU:C:2012:646 , punkt ). Det är i detta avseende tillräckligt att konstatera att den särbehandling som käranden i det nationella målet påstår sig ha blivit utsatt för beror på att vederbörande inledningsvis var visstidsanställd. I den mån den hänvisning till kärandens anställningstid som den hänskjutande domstolen har gjort i sitt skriftliga svar på domstolens frågor ska förstås så, att den avser klausul 4.4 i ramavtalet, ska det för övrigt uteslutas att denna bestämmelse är tillämplig. I sistnämnda bestämmelse anges att den anställningstid som behövs för att kvalificera för särskilda anställningsvillkor ska vara densamma för visstidsanställda arbetstagare som för fast anställda arbetstagare utom där olika längd på denna kvalifikationstid är motiverad på objektiva grunder. Den omständigheten att käranden i det nationella målet har behandlats mindre fördelaktigt än sina kollegor som varit föremål för samma kollektiva uppsägning beror emellertid inte på kriterier som rör anställningstidens längd vid fastställandet av skyddet vid rättsstridig kollektiv uppsägning. Skillnaden i behandling följer snarare av de övergångsbestämmelser som införts genom artikel 1.2 i lagstiftningsdekretet, enligt vilka tillämpningen av detta dekret utsträcks till att omfatta avtal om visstidsanställning som ingåtts före dess ikraftträdande och som omvandlats till avtal om tillsvidareanställning efter den tidpunkten. En sådan skillnad i behandling ska prövas mot bakgrund av klausul 4.1 i ramavtalet. Med förbehåll för den hänskjutande domstolens slutliga bedömning av jämförbarheten mellan situationen för en visstidsanställd arbetstagare, såsom käranden i det nationella målet, och situationen för en tillsvidareanställd arbetstagare mot bakgrund av samtliga relevanta omständigheter, ska det undersökas om det finns en objektiv grund för denna särbehandling (se, analogt, dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt ). I det avseendet ska det erinras om att det följer av domstolens fasta praxis att begreppet ”objektiva grunder” i klausul 4.1 i ramavtalet ska tolkas på så sätt att det inte medger att en skillnad i behandling mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda motiveras med att skillnaden i behandling föreskrivs i generella eller abstrakta nationella bestämmelser, såsom bestämmelser i en lag eller ett kollektivavtal (dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt ). Det följer likaså av fast rättspraxis att nämnda begrepp innebär ett krav på att den skillnad i behandling som konstaterats ska vara motiverad av precisa och konkreta omständigheter som är kännetecknande för det aktuella anställningsvillkoret i det särskilda sammanhang där det förekommer och på grundval av objektiva och klara kriterier, så att det kan kontrolleras huruvida denna skillnad tillgodoser ett verkligt behov, är ägnad att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och är nödvändig för att uppnå detta. Sådana omständigheter kan till exempel följa av att de arbetsuppgifter för vilkas utförande avtal om visstidsanställning har ingåtts är av ett särskilt slag och har vissa inneboende egenskaper eller, i förekommande fall, av en medlemsstats strävan efter att uppnå ett berättigat socialpolitiskt mål (se, analogt, dom av den 25 juli 2018, Vernaza Ayovi, C‑96/17 , EU:C:2018:603 , punkt ). Det framgår av handlingarna i målet och av svaren på domstolens frågor att den italienska regeringen anser att den mindre fördelaktiga behandlingen av en arbetstagare i den situation som käranden i det nationella målet befinner sig i motiveras av det socialpolitiska mål som eftersträvas med lagstiftningsdekret nr 23/2015, nämligen att uppmuntra arbetsgivare att ingå avtal om tillsvidareanställning. Nämnda regering anser nämligen att det är motiverat att likställa omvandlingen av ett avtal om visstidsanställning till ett avtal om tillsvidareanställning med en ny anställning med hänsyn till att den berörde arbetstagaren i utbyte erhåller en form av anställningstrygghet. Domstolen konstaterar att stärkandet av anställningstryggheten genom att främja omvandlingen av avtal om visstidsanställning till avtal om tillsvidareanställning utgör ett berättigat socialrättsligt mål och för övrigt ett mål som eftersträvas med ramavtalet. Domstolen har redan haft tillfälle att precisera att främjande av sysselsättning otvivelaktigt utgör ett berättigat mål för medlemsstaternas social- eller arbetsmarknadspolitik (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 juli 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16 , EU:C:2017:566 , punkt ). Vidare anges i andra stycket i inledningen till ramavtalet att parterna i ramavtalet fastslår att tillsvidareanställning är och kommer att fortsätta att vara den generella formen av anställningsförhållande mellan arbetsgivare och arbetstagare. Anställningstryggheten anses följaktligen utgöra en betydande del av skyddet för arbetstagare (se, för ett liknande resonemang, dom av den 15 april 2008, Impact, C‑268/06 , EU:C:2008:223 , punkt ). Vad gäller frågan huruvida åtgärden är lämplig och nödvändig för att uppnå detta mål, ska det erinras om att medlemsstaterna har ett stort utrymme för skönsmässig bedömning, inte bara vid valet av vilket konkret mål, bland flera social- och arbetsmarknadspolitiska mål, som ska eftersträvas, utan även vid fastställandet av vilka åtgärder som är lämpliga för att uppnå detta mål (se, för ett liknande resonemang, dom av den 19 juli 2017, Abercrombie & Fitch Italia, C‑143/16 , EU:C:2017:566 , punkt ). Vad för det första gäller frågan huruvida det är lämpligt att likställa omvandlingen av ett avtal om visstidsanställning till ett avtal om tillsvidareanställning med en ny anställning, innebär en sådan omvandling att den berörda arbetstagaren, vid rättsstridig kollektiv uppsägning, inte kan göra anspråk på att återinsättas i tjänst i företaget enligt lag nr 223/1991, utan endast kan göra anspråk på den högsta och mindre förmånliga ersättning som föreskrivs i lagstiftningsdekret nr 23/2015. Såsom den italienska regeringen har påpekat i sitt skriftliga yttrande förefaller ett sådant likställande kunna ge arbetsgivarna incitament att omvandla avtal om visstidsanställning till avtal om tillsvidareanställning. Det ankommer emellertid på den hänskjutande domstolen att kontrollera det. Vad därefter gäller frågan huruvida denna åtgärd är nödvändig, ska hänsyn tas till det stora utrymme för skönsmässig bedömning som medlemsstaterna har tillerkänts och som det erinrats om i punkt 63 i förevarande dom. Nämnda åtgärd ingår i en reform av italiensk socialrätt som syftar till att främja att tillsvidareanställningar skapas genom nyanställning eller genom omvandling av avtal om visstidsanställning. Om den nya skyddsordning som infördes genom lagstiftningsdekret nr 23/2015 inte var tillämplig på omvandlade avtal, skulle det inte finnas några incitament till att omvandla avtal om visstidsanställning som var i kraft den 7 mars 2015 till avtal om tillsvidareanställning. Slutligen omfattas inte den omständigheten att det i lagstiftningsdekret nr 23/2015 sker en minskning av skyddsnivån för tillsvidareanställda arbetstagare av förbudet mot diskriminering i klausul 4 i ramavtalet. Det bör i detta hänseende erinras om att den allmänna unionsrättsliga principen om icke-diskriminering har genomförts och konkretiserats genom ramavtalet endast såvitt avser skillnader i behandling mellan visstidsanställda och tillsvidareanställda som befinner sig i en jämförbar situation. Eventuella skillnader i behandling mellan vissa kategorier av tillsvidareanställda omfattas således inte av icke-diskrimineringsprincipen i detta ramavtal (se, analogt, dom av den 21 november 2018, Viejobueno Ibáñez och Vara González, C‑245/17 , EU:C:2018:934 , punkt ). Med förbehåll för den prövning som ska göras av den hänskjutande domstolen, som är ensam behörig att tolka nationell rätt, följer det av ovanstående överväganden att det förhållandet att omvandlingen av ett avtal om visstidsanställning till ett avtal om tillsvidareanställning likställs med en ny anställning utgör en del av en mer omfattande reform av den italienska socialrätten, vars syfte är att främja att avtal om tillsvidareanställning ingås. Under dessa omständigheter ingår ett sådant likställande i ett särskilt sammanhang, såväl i faktiskt som rättsligt hänseende, vilket undantagsvis motiverar skillnaden i behandling. Av det anförda följer att den första frågan ska besvaras enligt följande. Klausul 4 i ramavtalet ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som utsträcker en ny ordning för skydd för tillsvidareanställda vid rättsstridig kollektiv uppsägning till att omfatta även arbetstagare vars avtal om visstidsanställning, som ingåtts innan dessa bestämmelser trädde i kraft, omvandlats till avtal om tillsvidareanställning efter den tidpunkten. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i det nationella målet utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den hänskjutande domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. Mot denna bakgrund beslutar domstolen (andra avdelningen) följande: 1) En nationell lagstiftning, i vilken det föreskrivs att två olika ordningar för skydd för tillsvidareanställda ska tillämpas parallellt under ett och samma förfarande för kollektiv uppsägning som genomförs i strid med de kriterier som ska tillämpas för att fastställa vilka arbetstagare som ska omfattas av detta förfarande, omfattas inte av tillämpningsområdet för rådets direktiv 98/59/EG av den 20 juli 1998 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kollektiva uppsägningar och kan således inte prövas mot bakgrund av de grundläggande rättigheter som garanteras genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna och bland annat artiklarna 20 och 30 i densamma. 2) Klausul 4 i ramavtalet om visstidsarbete, undertecknat den 18 mars 1999, som återfinns i bilagan till rådets direktiv 1999/70/EG av den 28 juni 1999 om ramavtalet om visstidsarbete undertecknat av EFS, UNICE och CEEP ska tolkas så, att den inte utgör hinder för en nationell lagstiftning som utsträcker en ny ordning för skydd för tillsvidareanställda vid rättsstridig kollektiv uppsägning till att omfatta även arbetstagare vars avtal om visstidsanställning, som ingåtts innan dessa bestämmelser trädde i kraft, omvandlats till avtal om tillsvidareanställning efter den tidpunkten. Underskrifter ( *1 ) Rättegångsspråk: italienska.

62013TJ0102

fi

Asian tausta Robinson Helicopter Company Inc. jätti heinäkuussa 2010 EASA:lle hakemuksen tyyppihyväksyntätodistuksen myöntämisestä Robinson R66 ‑helikopterityypille. Kantaja Heli-Flight GmbH & Co. KG myy Saksassa helikoptereita, jotka on valmistanut Robinson Helicopter Company, jolta se hankki vuonna 2011 Robinson R66 ‑tyypin helikopterin (sarjanumero 0034), 771335 Yhdysvaltain dollarin (USD) hintaan. Hankinnan rahoittamiseksi kantaja teki leasingsopimukset 16.5.2011 ja 1.6.2011. Se joutuu viimeksi mainitun sopimuksen perusteella maksaman kuukausittain 4538,37 euron määrän. Voidakseen saattaa kyseisen aluksen myyntiin Saksassa kantaja jätti EASA:lle 11.7.2011 lentoehtojen hyväksymistä koskevan hakemuksen, joka koski vuoden 2011 loppuun saakka jatkuvaa ajanjaksoa, hakeakseen ilmailulupaa kansallisilta viranomaisilta. EASA hylkäsi kyseisen hakemuksen 13.7.2011 yhtäältä sillä perusteella, että tyyppihyväksyntää koskeva hakemus oli edelleen tutkittavana, ja toisaalta siksi, ettei EASA voinut tämän vuoksi tehdä kantajan pyytämää myönteistä arviointia ilman perusteellista tutkimusta, joka olisi päällekkäinen tyyppihyväksyntää koskevaan menettelyyn kuuluvan tutkimuksen kanssa. Kantaja uudisti hakemuksensa 10.1.2012 ajalle 15.1.2012–15.1.2013 ja käytti siinä EASA:n lomaketta 37, josta ilmenee, että lennot, joita varten lupaa haettiin, kuuluivat luokkiin ”ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi asiakkaalta”, ”markkinatutkimus, mukaan lukien asiakkaan henkilöstön koulutus”, ”näyttelyt ja ilmailunäytökset” sekä ”ilma-aluksen lentäminen paikkaan, jossa tehdään huolto tai lentokelpoisuuden tarkastus tai johon kone varastoidaan”. EASA hylkäsi uudelleen kantajan hakemuksen 13.1.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä alkuperäinen päätös) ja esitti, että Robinson R66 ‑helikopterityyppiä koskeva tekninen tutkimus oli edelleen kesken ja että siitä syystä lentoehtojen hyväksyminen ei ollut mahdollista. EASA lisäsi, ettei sillä ollut oikeutta antaa kolmansille yksityiskohtaisia tietoja käynnissä olevista tyyppihyväksyntämenettelyistä. Kantaja haki 17.1.2012 EASA:lta muutosta alkuperäiseen päätökseen yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta sekä neuvoston direktiivin 91/670/ETY, asetuksen (EY) N:o 1592/2002 ja direktiivin 2004/36/EY kumoamisesta 20.2.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 ( EUVL L 79, s. 1 ), sellaisena kuin se on muutettuna, 44–49 artiklan nojalla. EASA:n valituslautakunnan (jäljempänä valituslautakunta) kirjaamoon 18.1.2012 saapunut valitus siirrettiin EASA:n pääjohtajalle, jotta hän ratkaisisi muutoksenhakuasian asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 47 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Pääjohtaja totesi 21.2.2012 tekemässään päätöksessä, että vaatimus voitiin ottaa tutkittavaksi mutta se oli perusteeton. Hän katsoi näin ollen, ettei alkuperäistä päätöstä ollut tarpeen muuttaa. Hän myös esitti, että EASA oli katsonut, etteivät asian olosuhteet voineet oikeuttaa mainitun päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä. Niinpä asia toimitettiin valituslautakunnan käsiteltäväksi asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 47 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Valituslautakunta katsoi 17.12.2012 tekemässään päätöksessä (jäljempänä valituslautakunnan päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 27.12.2012, että muutoksenhaku voitiin ottaa tutkittavaksi, ja hylkäsi kantajan vaatimusten perusteet sisällöltään perusteettomina katsottuaan sitä ennen, että ne oli esitetty ”erittäin myöhäisessä muutoksenhakumenettelyn vaiheessa” (valituslautakunnan päätöksen 56 kohta). Valituslautakunta muistutti aluksi, että lentoehdot voitiin hyväksyä ainoastaan, jos EASA oli varmistunut siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää täysin turvallisesti, mikä tällaisen hyväksymisen hakijan on osoitettava. EASA esitti osana monitahoisia teknisiä arviointeja myös, että sillä oli harkintavaltaa arvioinnissaan ja että arvioinnin toteuttamisen tavoitteena oli välittömästi ihmishenkien suojaamiseen liittyvä lentoturvallisuus (valituslautakunnan päätöksen 58, 62 ja 63 kohta). Valituslautakunta myönsi, että kantajan näkökulmasta saattoi vaikuttaa oudolta, että sama helikopterimalli oli saanut Federal Aviation Administrationin (Yhdysvaltain liittovaltion ilmailuhallinto, jäljempänä FAA) myöntämän tyyppihyväksynnän mutta ei saa sitä EASA:lta, ja esitti yhtäältä, ettei kyseinen seikka ollut ratkaiseva käsiteltävän asian lopputuloksen kannalta, sillä FAA:n arvioinnin lopputulos ei välttämättä ole sama kuin EASA:n arvioinnin (valistuslautakunnan päätöksen 67 kohta), ja toisaalta, että FAA oli itsekin tietoinen siitä, ettei tiettyjä säännöksiä ollut noudatettu, sillä se oli myöntänyt helikopterin hydrauliikkajärjestelmää koskevan vapautuksen (valituslautakunnan päätöksen 68 kohta). Tämän jälkeen valituslautakunta korosti, ettei sen perusteella, että tiettyjä kyseisen tyypin helikoptereita oli jo käytetty tietyissä jäsenvaltioissa, voida kuitenkaan katsoa, että EASA olisi sidottu kyseessä olevien ilma-alusten käyttämisen hyväksyneiden kansallisten viranomaisten päätöksiin (valituslautakunnan päätöksen 70–73 kohta). Se täsmensi, ettei Robinson R44 ‑helikopterityypin hyväksyntään liittyviin seikkoihin voitu vedota kantajan vaatimuksen tueksi (valituslautakunnan päätöksen 74 kohta), kuten ei myöskään ”N”-rekisteröintiä tai SAFA (Safety Assessment of Foreign Aircraft, ulkomaisten alusten turvallisuuden arviointi) ‑ohjelmaa koskeviin seikkoihin (valituslautakunnan päätöksen 75–77 kohta). Valituslautakunta katsoi, että kantaja oli perustellusti tehnyt eron tyyppihyväksyntää ja lentoehtojen hyväksymistä koskevien menettelyjen välillä, mutta totesi, että kun otetaan huomioon EASA:n tehtävänä oleva lentoturvallisuuden varmistaminen, tämä ei ollut esteenä sille, että ensimmäisessä menettelyssä havaitut turvallisuusongelmat esitettiin hylkäämisperusteina jälkimmäisessä menettelyssä (valituslautakunnan päätöksen 80–84 kohta). Lisäksi valituslautakunta katsoi, että yhtäältä EASA:n toimittamat tiedot ja tekniset yksityiskohdat olivat kattavat ja täyttivät perusteluvelvollisuuden (valituslautakunnan päätöksen 87 ja 88 kohta) ja toisaalta tukivat oikeudellisesti riittävällä tavalla EASA:n hylkäävää päätöstä ilman, että tämä olisi edellyttänyt tutkintaa (valituslautakunnan päätöksen 90 ja 91 kohta). Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset Kantaja on nostanut nyt käsiteltävänä olevan kanteen 14.2.2013 unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon toimittamallaan kannekirjelmällä. EASA jätti vastinekirjelmänsä 21.5.2013. Kantaja jätti 19.7.2013 kantajan vastauksen, kun taas vastaajan vastaus saapui unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.9.2013. Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin — kumoaa alkuperäisen päätöksen — toteaa EASA:n laiminlyönnin kantajan 11.7.2011 ja 10.1.2012 esittämien Robinson R66 -tyypin helikopteria koskevien hakemusten käsittelyssä — toteaa, että EASA:n on korvattava vahinko, jonka kantaja katsoo kärsineensä alkuperäisen päätöksen ja kyseisen laiminlyönnin seurauksena — velvoittaa EASA:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut. EASA vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin — hylkää kanteen — velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Oikeudellinen arviointi Kanteen tutkimisesta selviää, että se käsittää yhtä aikaa kumoamisvaatimuksen, laiminlyönnin toteamista koskevan vaatimuksen ja vahingonkorvausvaatimuksen. Unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena lausua ensin kumoamisvaatimuksesta. Kumoamisvaatimus Kumoamisvaatimuksen tutkittavaksi ottaminen ja ulottuvuus On mainittava, että kantajan vaatimus koskee alkuperäistä päätöstä. EASA esittää tätä koskevan oikeudenkäyntiväitteen, koska se katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi voidaan saattaa ainoastaan valituslautakunnan päätöstä koskeva vaatimus. Sen ratkaisemiseksi, saattoiko kantaja kohdistaa vaatimuksensa perustellusti alkuperäiseen päätökseen, on aluksi viitattava asetukseen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna. Ensinnäkin mainitun asetuksen johdanto-osan 26 perustelukappaleesta ilmenee, että ”asianmukainen muutoksenhakumekanismi olisi järjestettävä niin, että pääjohtajan päätökseen voidaan hakea muutosta erikoistuneelta valituslautakunnalta, jonka päätöksiin voidaan puolestaan hakea muutosta [unionin] tuomioistuimessa”. Toiseksi asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 49 artiklasta ilmenee, että ”valituslautakunta voi joko käyttää [EASA:n] toimivaltaa tai siirtää asian [kyseisen] viraston toimivaltaisen yksikön hoidettavaksi”, mistä on täsmennettävä, että sen käsiteltäväksi on tällaisessa tapauksessa saatettu EASA:n pääjohtajan, joka puolestaan ratkaisee asian mainitun asetuksen 47 artiklan mukaisten muutoksenhakua koskevien sääntöjen perusteella, päätös. Kolmanneksi saman asetuksen 50 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”kumoamiskanteet, jotka koskevat 20, 21, 22, 23, 55 tai 64 artiklan mukaisesti tehtyjä viraston päätöksiä, voidaan saattaa Euroopan [unionin] tuomioistuimen käsiteltäväksi vasta sen jälkeen kun on käytetty kaikki [EASA:n] sisäiset muutoksenhakukeinot”. Sitten on huomautettava, että yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta 15.7.2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1592/2002 ( EUVL L 240, s. 1 ), joka kumottiin asetuksella N:o 216/2008, sisälsi yhtäältä johdanto-osan 15 perustelukappaleen, joka oli identtinen viimeksi mainitun asetuksen johdanto-osan 26 perustelukappaleen kanssa, ja toisaalta 41 artiklan, jonka 1 kohdassa säädettiin seuraavaa: ”Valituslautakuntien tekemiin päätöksiin voidaan hakea muutosta [unionin] tuomioistuimessa [EY] 230 artiklassa määrättyjen edellytysten mukaisesti.” Kyseinen 41 artikla vastasi komission esitöitä, jotka liittyivät ehdotukseen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisistä säännöistä siviili-ilmailun alalla ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta ( EYVL 2001, C 154 E, s. 1 ), jonka 41 artiklan 1 kohdassa säädettiin, että ”valituslautakuntien tekemät muutoksenhakua koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi”. Kaikkien näiden säännösten arvioinnista käy ilmi, että sekä niiden sanamuodon että tavoitteen, joka on yhtäältä sen mahdollistaminen, että valituslautakunta voi tilanteen edellyttäessä hyväksyä vaatimuksen, jonka EASA:n muu elin on hylännyt, ja toisaalta mainittuun hylkäämiseen johtaneiden tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevien perustelujen esittämisen selkeästi siinä tapauksessa, että valituslautakunta pitää hylkäävän päätöksen voimassa, jotta unionin tuomioistuimet voivat myös täyttää kyseisiä hylkääviä päätöksiä koskevan laillisuusvalvontatehtävänsä, kannalta EASA:n eri tutkintaelinten ja sen valituslautakunnan välillä vallitsee samanlainen toiminnallinen jatkuvuus kuin SMHV:n eri tutkintaelinten ja sen valituslautakuntien välillä (tuomio SMHV v. Kaul, C‑29/05 P, Kok., EU:C:2007:162 , 30 kohta; tuomio Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), T‑163/98, Kok., EU:T:1999:145 , 38–44 kohta ja tuomio La Baronia de Turis v. SMHV – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T‑323/03, Kok., EU:T:2006:197 , 57 ja 58 kohta). Tämän seurauksena unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kumoamiskanteen kohteena on katsottava olevan valituslautakunnan päätös eikä alkuperäinen päätös. On huomattava, että valituslautakunnan kanta on tällaisen tulkinnan mukainen, sillä se on päätöksensä 98 kohdassa täsmentänyt, että ”tästä päätöksestä voidaan nostaa kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa [SEUT] 263 artiklan, luettuna yhdessä [asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna] 50 artiklan kanssa – – tämän päätöksen tiedoksi antamisesta muutoksenhakijalle laskettavassa kahden kuukauden määräajassa”. Tästä seuraa, ettei kantaja voi vaatia alkuperäisen päätöksen kumoamista, ja unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi on kannekirjelmässä esitettyjen vaatimusten mukaan saatettu ainoastaan mainittu päätös. Kannekirjelmässä esitetyistä väitteistä kokonaisuutena tarkastellen ilmenee kuitenkin, että se koskee myös valituslautakunnan päätöstä. Tämä on lisäksi vahvistettu nimenomaisesti kantajan vastauksessa, jossa on täsmennetty, että kumoamiskanne ”koskee joka tapauksessa myös valituslautakunnan päätöstä”. Niinpä unionin yleisen tuomioistuimen on luokiteltava kantajan nostama kumoamiskanne uudelleen ja tarkasteltava sitä valituslautakunnan päätöstä koskevana. Tällaisesta uudelleen luokittelusta seuraa kuitenkin, että nimenomaan alkuperäiseen päätökseen liittyviä mahdollisia puutteita, kuten sen perustelujen riittämättömyyttä, koskevat kanneperusteet ja väitteet on sivuutettava tehottomina, ja unionin yleisen tuomioistuimen on lausuttava ainoastaan valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuudesta. Kumoamisvaatimusta koskeva asiakysymys Kantaja esittää kumoamisvaatimuksensa tueksi olennaisilta osin kuusi kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä, toinen kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista, kolmas ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristöhyväksyntää sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntää koskevista täytäntöönpanosäännöistä 24.9.2003 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1702/2003 ( EUVL L 243, s. 6 ) virheellistä soveltamista ensisijaisesti sen vuoksi, että EASA:n toimivalta oli sidottua, ja toissijaisesti tämän tekemien ilmeisten arviointivirheiden vuoksi, neljäs todistustaakan kääntämistä, viides hyvän hallinnon periaatteen loukkaamista ja kuudes väitettyä avoimuusperiaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamista. – SEUT 296 artiklan 2 kohdan ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisen perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä koskeva ensimmäinen kanneperuste ja toisen kanneperusteen yhteydessä esitetyt samaa koskevat väitteet Kantaja väittää, ettei EASA perustellut alkuperäistä päätöstään oikeudellisesti riittävällä tavalla, kun otetaan huomioon SEUT 296 artiklan 2 kohta ja perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan c alakohta, eikä tätä sääntöjenvastaisuutta voitu korjata täydentämällä perusteluja valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä. Kuten edellä 22–32 kohdassa on korostettu, unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi ei ole kuitenkaan saatettu alkuperäistä päätöstä. Tämän seurauksena mahdollista perustelujen riittämättömyyttä koskeva kanneperuste on hylättävä tehottomana. Kantaja esittää kuitenkin myös, ettei turvallisuutta koskevista varaumista ja varsinkaan teknisistä syistä, joilla voitaisiin oikeuttaa päätelmä, jonka mukaan Robinson R66 ‑tyypin helikopterilla ei voida lentää turvallisesti (kannekirjelmän 10 kohta, s. 26), ole mainitun menettelyn aikana esitetty riittäviä perusteluja (kannekirjelmän 8 kohta, s. 31). Kantaja vetoaa myös toisen kanneperusteen yhteydessä väitteisiin, jotka todellisuudessa koskevat perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä. Tässä yhteydessä on mainittava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunnan päätös on asianmukaisesti perusteltu. Valituslautakunta muistutti nimittäin ensin, että lentoturvallisuus liittyi välittömästi ihmishenkien suojeluun, joka on unionin oikeusjärjestyksessä suojelluista oikeushyvistä ja intresseistä tärkein (valituslautakunnan päätöksen 62 kohta), ja että EASA:lla oli oikeus antaa muualla tai aiemmin käytössä olevia turvallisuusmääräyksiä tiukempia määräyksiä (valituslautakunnan päätöksen 74 kohta), minkä jälkeen se käsitteli turvallisuutta kolmessa päätöksen jaksossa. Näistä jaksoista ensimmäinen, jonka otsikkona on ”Turvallisuutta ja päteviä koelentäjiä koskevien varaumien syyt”, käsittää valituslautakunnan päätöksen 78 ja 79 kohdan, joissa valituslautakunta esittää, että tyyppihyväksyntää koskevan menettelyn yhteydessä havaittu vaatimustenvastaisuus päti myös lentoehtojen hyväksymistä koskevassa menettelyssä ja että Robinson R66 ‑tyypin helikopterin lentäminen edellytti päteviä koelentäjiä, mitä ei horjuta se, että FAA oli asiasta eri mieltä. Toinen jakso, jonka otsikkona on ”Tyyppihyväksyntää ja lentoehtojen hyväksymistä koskevien menettelyjen välinen yhteys”, käsittää useita kohtia, joista kahdessa (valituslautakunnan päätöksen 83 ja 84 kohta) ilmaistaan uudestaan tyyppihyväksyntää koskevassa menettelyssä tehtyjen varaumien merkitys. EASA:n mukaan se ei täyttäisi lentoturvallisuuden varmistamista koskevaa tehtäväänsä, jos se ei voisi toistaa tällaisia varaumia lentoehtojen hyväksymistä koskevassa menettelyssä. Myös kolmannessa jaksossa, jonka otsikkona on ”EASA:n tekemien varaumien perustelujen puutteellisuus, teknisten varaumien ilmoittamatta jättäminen, kantajan kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaaminen ja helikopterin tutkimatta jättäminen”, käsitellään turvallisuutta koskevia varaumia. Valituslautakunta muistuttaa (valituslautakunnan päätöksen 87 kohta), että EASA on jo nimennyt varaumien tekemiseen aiheen antavan osan eli R66-helikopterin ohjauslaitteiden hydrauliikkajärjestelmän (valituslautakunnan päätöksen 5 kohta), joka oli suunniteltu puutteellisesti, mitä on pidettävä riittävänä perusteluna, joka ei edellytä muita tarkennuksia (valituslautakunnan päätöksen 87, 90 ja 91 kohta). Se esittää lisäksi, ettei se tiedä, mitä muita teknisiä yksityiskohtia kantaja tahtoisi saada tietää, sillä se ei voinut muuttaa mainittua osaa (valituslautakunnan päätöksen 87 ja 88 kohta). Kantajan väitteestä, jonka mukaan se ei ole voinut esittää näkemystään kyseessä olevista teknisistä eritelmistä esimerkiksi jonkin puutteen poissulkemiseksi tai sen merkitsemän riskin vähäisyyden osoittamiseksi, on täsmennettävä, että kun arvioidaan sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut SEUT 296 artiklan vaatimukset, on otettava huomioon päätöksen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt. Kyseessä oleva toimielin ei erityisesti ole velvollinen ottamaan kantaa kaikkiin niiden, joita asia koskee, sille esittämiin väitteisiin, vaan sen on ainoastaan mainittava ne tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joilla on olennainen merkitys päätöksen kannalta (tuomio Delacre ym. v. komissio, C‑350/88, Kok., EU:C:1990:71 , 16 kohta ja tuomio Technische Glaswerke Ilmenau v. komissio, T‑198/01, Kok., EU:T:2004:222 , 59 ja 60 kohta). Siviili-ilmailun alalla toimivana yrityksenä ja Robinson Helicopter Companyn ainoana jälleenmyyjänä Saksassa kantaja ei voi olla tuntematta mainitulta yhtiöltä hankkimansa aluksen teknisiä yksityiskohtia ja erityisesti sitä, että FAA oli poikkeuksena muutoin sovellettavista säännöksistä myöntänyt Robinson R66 ‑helikopterille tyyppihyväksynnän siten, että hyväksyntään oli liitetty vapautus eräästä vaatimuksesta (FAA:n myöntämä vapautus nro 9589). Kun EASA teki samankaltaisia varaumia, joista se kuitenkin teki erilaiset johtopäätökset, kantajalla oli erinomainen mahdollisuus esittää näkemyksensä tästä, minkä se tekikin, kuten valituslautakunnassa käyty menettely osoittaa. Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste on hylättävä osittain tehottomana ja osittain perusteettomana. – Perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistetun kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaaminen Kantaja esittää kannekirjelmässään useaan otteeseen, että sen perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohdassa vahvistettua oikeutta tulla kuulluksi loukattiin. Se väittää ensinnäkin, että EASA loukkasi sen oikeutta tulla kuulluksi, koska se tukeutui kantajan esittämän lentoehtojen hyväksymistä koskevan hakemuksen hylkäämisen tueksi Robinson R66 ‑helikopterin tyyppihyväksynnän myöntämistä koskevassa menettelyssä saatuihin tietoihin, vaikka kantaja ei ollut mukana kyseisessä menettelyssä eikä sillä näin ollen ollut mahdollisuutta tutustua kyseisiin tietoihin. Kantaja väittää tämän jälkeen, että alkuperäisessä päätöksessä oleva maininta siitä, että tyyppihyväksyntää koskeva menettely oli kesken ja että lentoehtoja ei voitu tästä syystä hyväksyä, merkitsi kyseisen oikeuden loukkaamista, samoin kuin viittaus EASA:n sisäisiin sääntöihin toteutettuja tutkimuksia koskevien laajempien tietojen antamista koskevan pyynnön hylkäämisen oikeuttamiseksi. Kantaja esittää vielä, että EASA vei siltä oikeuden tulla kuulluksi, kun se mainitsi hydrauliikkajärjestelmää koskevat erityiset puutteet niitä kuitenkaan yksilöimättä, sillä kantaja ei voinut ottaa kantaa kyseessä oleviin teknisiin yksityiskohtiin esimerkiksi jonkin puutteen poissulkemiseksi tai sen merkitsemän riskin vähäisyyden korostamiseksi. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan jokaisella on oikeus tulla kuulluksi, ennen kuin häntä vastaan ryhdytään yksittäiseen toimenpiteeseen, joka vaikuttaisi häneen epäedullisesti. Aluksi on muistutettava, että EASA:n päätöksentekomenettely on suunniteltu juuri sellaiseksi, että kyseistä periaatetta voidaan noudattaa, sillä kuten edellä 22–32 kohdassa on esitetty, unionin yleisen tuomioistuimen tutkittavaksi voidaan nimittäin saattaa ainoastaan lopullinen ratkaisu eli valituslautakunnan päätös ja sitä ennen valituslautakunta ottaa vastaan sekä asianomaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön kirjalliset huomautukset että tämän kuulemistilaisuudessa suullisesti esittämät huomautukset. On riidatonta, että nyt käsiteltävässä asiassa järjestettiin kuulemistilaisuus 13.11.2012 ja että siinä kantaja saattoi esittää kaikki hydrauliikkajärjestelmän väitettyjä toiminnallisia puutteita koskevat väitteensä. Kanneperuste, joka koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista, ei siten ole perusteltu. On täsmennettävä, että kantajan väitteet ovat tehottomia siltä osin kuin ne liittyvät hänen oikeuteensa tulla kuulluksi ennen alkuperäisen päätöksen tekemistä, sillä ainoastaan valituslautakunnan päätös voidaan saattaa unionin yleisen tuomioistuimen laillisuusvalvontaan, kuten edellä 46 kohdassa on muistutettu. Kantaja vetoaa kyseisen kanneperusteen yhteydessä myös väitteisiin, jotka koskevat todellisuudessa jokaisen oikeutta tutustua häntä koskevaan asiakirja-aineistoon, kun otetaan huomioon luottamuksellisuuteen, salassapitovelvollisuuteen ja liikesalaisuuteen liittyvät oikeutetut edut (perusoikeuskirjan 41 artiklan 2 kohdan b alakohta), sekä oikeutta tutustua asiakirjoihin. Tässä yhteydessä on muistutettava, että oikeutta tutustua asiakirja-aineistoon (kantajan oma määritelmä) ja oikeutta tutustua asiakirjoihin (nyt käsiteltävässä asiassa EASA:n Robinson Helicopter Companyn tyyppihyväksyntää koskevaan hakemukseen liittyvä aineisto, jossa on ilmaistu ohjauslaitteiden hydrauliikkajärjestelmän toimivuutta koskevat varaumat) säännellään eri säännöksillä, mutta molempiin tutustuminen edellyttää joka tapauksessa tätä koskevan pyynnön esittämistä. Kantaja ei ole kuitenkaan pyytänyt saada tutustua sitä koskevaan asiakirja-aineistoon, mikä vie merkityksen väitteeltä, joka koskee mainittuun aineistoon tutustumista koskevan oikeuden väitettyä loukkaamista. Lisäksi mainitun aineiston olennainen sisältö, erityisesti lentoehtojen hyväksymättä jättämisen perusteet, on saatettu kantajan tietoon valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä. Oikeudesta tutustua Robinson Helicopter Companyn hakemuksesta alkaneessa tyyppihyväksyntää koskeneessa menettelyssä esitettyihin tai saatuihin asiakirjoihin on todettava olevan totta, että EASA ilmoitti kahteen otteeseen kantajalle, että sen sisäisissä säännöissä kielletään sitä antamasta kolmansille yksityiskohtaisia tietoja hyväksyntään liittyvästä tutkimuksesta. On kuitenkin todettava yhtäältä, että EASA:n oli annettava kantajalle oma-aloitteisesti tiedoksi ainoastaan päätöksen, jonka se aikoi tehdä, oikeuttavat oikeudelliset ja tosiseikastoon liittyvät perusteet, ja toisaalta, että kantajan tehtävänä oli pyytää oikeutta saada tutustua asiakirjoihin Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 ( EYVL L 145, s. 43 ) nojalla, sillä asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kun se on muutettuna, 58 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaan asetusta N:o 1049/2001 sovelletaan EASA:an, ja luonnollisilla henkilöillä ja oikeushenkilöillä on oikeus kääntyä viraston puoleen kyseisen asetuksen nojalla. On muistutettava, ettei asiassa ole esitetty tällaista pyyntöä, jossa kantajan on yksilöitävä asiakirjat ja aineisto, johon halutaan tutustua. Niinpä väitettä kyseessä olevien asiakirjojen ja aineiston toimittamatta jättämisestä ei voida hyväksyä. Koska toisen kanneperusteen yhteydessä esitetyt väitteet perusteluvelvollisuuden laiminlyönnistä on hylätty, toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan. – Asetuksen N:o 1702/2003 virheellistä soveltamista ensisijaisesti sen vuoksi, että EASA:n toimivalta oli sidottua, ja toissijaisesti tämän tekemien ilmeisten arviointivirheiden vuoksi, koskeva kolmas kanneperuste ja todistustaakan kääntämistä koskeva neljäs kanneperuste Kolmas ja neljäs kanneperuste voidaan käsitellä yhdessä, koska niiden paikkansapitävyys riippuu asiaan sovellettavien säännösten tulkinnasta. Aluksi on täsmennettävä, että nyt käsiteltävään asiaan sovelletaan asetuksen (EY) N:o 216/2008 muuttamisesta lentopaikkojen, ilmaliikenteen hallinnan ja lennonvarmistuspalvelujen osalta sekä direktiivin 2006/23/EY kumoamisesta 21.10.2009 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1108/2009 ( EUVL L 309, s. 51 ) perustuvaa asetuksen N:o 216/2008 versiota. Asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 1 kohdassa säädetään periaatteesta, jonka mukaan kyseisen direktiivin soveltamisalaan kuuluvien ilma-alusten on oltava keskeisten lentokelpoisuusvaatimusten mukaisia. Asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 2 kohdan a ja c alakohdassa muistutetaan tyyppihyväksyntätodistusta koskevasta vaatimuksesta ja täsmennetään, että mitään ilma-alusta ei saa käyttää ilman voimassa olevaa lentokelpoisuustodistusta. Poikkeuksena kyseisestä säännöksestä asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 5 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädetään, että lupa ilmailuun (englanniksi permit to fly) voidaan antaa ilma-alukselle, jolle ei ole myönnetty tyyppihyväksyntää, ”jos on osoitettu, että ilma-aluksella voi suorittaa turvallisesti peruslennon”. Lisäksi asetuksen N:o 1702/2003, sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus- ja ympäristösertifiointia sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointia koskevista täytäntöönpanosäännöistä 3.8.2012 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 748/2012 ( EUVL L 224, s. 1 )), liitteessä olevan 21 osan, jonka otsikko on ”Ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden sertifiointi”, A luvun, jonka otsikko on ”Tekniset vaatimukset”, P alalukuun, jonka otsikko on ”Lupa ilmailuun”, sisältyy säännöksiä sekä ilmailuluvan hakemisesta (englanniksi application for permit to fly) että lentoehtojen hyväksynnän hakemisesta (englanniksi application for approval of flight conditions). Asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevassa 21A.701 kohdassa, jonka otsikko on ”Soveltamisala”, säädetään seuraavaa: ”a) Luvat ilmailuun annetaan tämän alaluvun mukaisesti ilma-aluksille, jotka eivät täytä tai joiden ei ole osoitettu täyttävän sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia, mutta joilla voi lentää turvallisesti määritellyin ehdoin seuraavia tarkoituksia varten: – – 6. ilma-aluksen lentäminen hyväksynnän saamiseksi asiakkaalta; – – 9. markkinatutkimus, mukaan luettuna asiakkaan henkilöstön koulutus; 10. näyttelyt ja ilmailunäytökset; 11. ilma-aluksen lentäminen paikkaan, jossa tehdään huolto tai lentokelpoisuuden tarkastus tai johon kone varastoidaan; – – b) Tässä alaluvussa vahvistetaan menettely ilmailuun annettavia lupia ja lentoehtojen hyväksymistä varten sekä vahvistetaan tällaisten lupien ilmailuun ja lentoehtojen hyväksymisten hakijoiden ja haltijoiden oikeudet ja velvollisuudet.” Asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevassa 21A.707 kohdassa, jonka otsikko on ”Ilmailuluvan hakeminen”, säädetään seuraavaa: ”– – c) Jos lentoehtoja ei ole hyväksytty ilmailuluvan hakemisajankohtana, lentoehtojen hyväksymishakemus on tehtävä 21.A.709 kohdan mukaisesti.” Asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevassa 21A.708 kohdassa, jonka otsikko on ”Lentoehdot”, säädetään seuraavaa: ”Lentoehtoihin sisältyvät: a) kokoonpano tai kokoonpanot, jolle tai joille lupaa ilmailuun on haettu; b) ilma-aluksen turvallisen käytön kannalta välttämättömät ehdot ja rajoitukset, mukaan lukien: 1. lennolla tai lennoilla käytettäviä lentoreittejä tai ilmatilaa taikka molempia koskevat ehdot tai rajoitukset; 2. ohjaamomiehistölle asetetut, ilma-aluksen lentämistä koskevat ehdot ja rajoitukset; 3. muiden henkilöiden kuin ohjaamomiehistön kuljettamista koskevat rajoitukset; 4. käyttörajoitukset, erityismenettelyt tai tekniset vaatimukset, joita on noudatettava; 5. erityinen koelento-ohjelma (tarvittaessa); 6. erityiset järjestelyt jatkuvan lentokelpoisuuden ylläpitämiseksi, kuten huolto-ohjeet ja huoltojen tekemistä koskevat edellytykset; c) sen toteen näyttäminen, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti b alakohdan ehtojen tai rajoitusten mukaisesti; d) ilma-aluksen kokoonpanon valvonnassa käytetty menetelmä, jotta vahvistettuja ehtoja noudatetaan.” Asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevassa 21A.709 kohdassa, jonka otsikko on ”Lentoehtojen hyväksynnän hakeminen”, säädetään seuraavaa: ”a) Edellä 21.A.707 kohdan c alakohdan mukaisesti ja kun hakijalle ei ole myönnetty oikeutta hyväksyä lentoehtoja, lentoehtojen hyväksymishakemus tehdään: 1. jos lentoehtojen hyväksyminen liittyy suunnittelun turvallisuuteen, [EASA:lle] sen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla; tai 2. jos lentoehtojen hyväksyminen ei liity suunnittelun turvallisuuteen, toimivaltaiselle viranomaiselle kyseisen viranomaisen vahvistamassa muodossa ja vahvistamalla tavalla. b) Kuhunkin lentoehtojen hyväksymishakemukseen on sisällyttävä: 1. ehdotetut lentoehdot; 2. ehtojen tueksi esitetyt asiakirjat, ja 3. vakuutus siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti 21.A.708 kohdan b alakohdan ehtojen tai rajoitusten mukaisesti.” Asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevassa 21A.710 kohdassa, jonka otsikko on ”Lentoehtojen hyväksyminen”, säädetään seuraavaa: ”a) Jos lentoehtojen hyväksyminen liittyy suunnittelun turvallisuuteen, lentoehdot hyväksyy 1. [EASA]; tai 2. asianmukaisesti hyväksytty suunnitteluorganisaatio 21.A.263 kohdan c alakohdan 6 alakohdassa annetun oikeuden nojalla. b) Jos lentoehtojen hyväksyminen ei liity suunnittelun turvallisuuteen, lentoehdot hyväksyy toimivaltainen viranomainen tai [asetuksen N:o 748/2012 mukaisella tavalla asianmukaisesti] hyväksytty organisaatio, joka antaa myös luvan ilmailuun. c) Ennen lentoehtojen hyväksymistä [EASA:n], toimivaltaisen viranomaisen tai hyväksytyn organisaation on oltava vakuuttunut siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti määritettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti. [EASA] tai toimivaltainen viranomainen voi suorittaa itse tai velvoittaa hakijan suorittamaan tarvittavat tarkastukset tai testit.” Kyseisten säännösten tutkimisen perusteella voidaan todeta ensinnäkin, että ilmailulupaa edellytetään ilma-aluksilta, jotka eivät täytä tai joiden ei ole osoitettu täyttävän sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia mutta joilla voidaan lentää turvallisesti tietyin edellytyksin ja rajoittavasti luetelluissa tarkoituksissa, ja toiseksi, ettei ilmailulupaa voida myöntää ilman tätä edeltävää lentoehtojen hyväksymistä. Koska kantaja haki lentoehtojen hyväksymistä ainoastaan myöhempää ilmailuluvan myöntämistä varten, se on asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.701 kohdan a alakohdan sanamuodon mukaan tilanteessa, jossa sillä on omistuksessaan ilma-alus, joka ei täytä tai jonka ei ole osoitettu täyttävän sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia. Niinpä EASA katsoi alkuperäisessä päätöksessä virheellisesti, että lentoehtojen hyväksymistä koskevaan hakemukseen annettava ratkaisu riippuu Robinson Helicopter Companyn esittämän, tyyppihyväksynnän myöntämistä Robinson R66 ‑helikopterille koskevaan hakemukseen annettavasta ratkaisusta, sillä kyseinen todistus olisi vienyt lentoehtojen hyväksymistä koskevalta hakemukselta kohteen, koska ilma-alus täyttäisi tällöin sovellettavat lentokelpoisuuden edellytykset. Istunnossa kävi ilmi, että Robinson Helicopter Company sai hakemansa tyyppihyväksynnän valituslautakunnan päätöksen tekemisen jälkeen tehtyään sitä ennen useita muutoksia Robinson R66 ‑helikopterityypin hydrauliikkajärjestelmän luotettavuutta koskevien puutteiden korjaamiseksi. Kuten unionin yleinen tuomioistuin on toistuvasti korostanut, sen käsiteltäväksi ei ole saatettu alkuperäistä päätöstä vaan valituslautakunnan päätös. Mainitun päätöksen perustelut ovat kuitenkin erilaiset kuin alkuperäisen päätöksen perustelut. Valituslautakunta nimittäin mainitsi ensin, että se ”hyväksyy lähtökohtaisesti kantajan näkemyksen”, sillä tyyppihyväksyntää koskeva menettely eroaa ”lentoehtojen hyväksymistä koskevasta menettelystä” (valituslautakunnan päätöksen 81 kohta), mutta korosti tämän jälkeen, ettei EASA ollut väittänyt, että tyyppihyväksyntää koskevassa menettelyssä tehdyistä varaumista seuraisi automaattisesti lentoehtojen hyväksymistä koskevan hakemuksen hylkääminen, vaan ainoastaan, että ”huomattavien varaumien tekemisellä tyyppihyväksyntää koskevassa menettelyssä oli merkitystä myös lentoehtojen hyväksymistä koskevassa menettelyssä” (valituslautakunnan päätöksen 83 kohta) ja että virasto, jonka tehtävänä oli lentoturvallisuuden varmistaminen, saattoi vedota niihin täysimääräisesti (valituslautakunnan päätöksen 84 kohta). Riippumatta siitä, ettei alkuperäistä päätöstä voida tulkita siten kuin valituslautakunta sitä tulkitsee, on todettava, että valituslautakunnan perustelut ovat sitä vastoin täsmälliset, sillä asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.710 kohdan c alakohdan mukaan EASA:n on ennen lentoehtojen hyväksymistä varmistauduttava siitä, että ”ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti määritettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti”. Toisin kuin kantaja väittää (kannekirjelmän 8 ja 9 kohta, s. 21), valituslautakunta saattoi näin ollen perustellusti tukeutua tyyppihyväksyntää koskevassa menettelyssä tehtyihin varaumiin, jos niihin aiheen antaneet seikat saattoivat haitata aluksella lentämistä turvallisesti. Tyyppihyväksynnän saamisen estävät varaumat eivät nimittäin välttämättä poista mahdollisuutta lentää aluksella turvallisesti ja näin ollen estä sitä koskevien lentoehtojen hyväksymistä. Niinpä valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä, kun se totesi näin. Tämän jälkeen on ratkaistava ensinnäkin, millainen toimivalta EASA:lla on arvioida sitä, voidaanko aluksella lentää turvallisesti, sitten se, kenellä on tätä koskeva todistustaakka, ja lopuksi se, millaista unionin yleisen tuomioistuimen harjoittama, EASA:n suorittamaa lentokelpoisuuden arviointia koskeva valvonta on luonteeltaan. EASA:n toimivallan luonteesta ja laajuudesta arvioida lentoehtojen hyväksymisen tai hylkäämisen yhteydessä sitä, voidaanko aluksella lentää turvallisesti, on todettava ensimmäiseksi, että edellä 62–64 kohdassa mainitut säännökset ovat tältä osin ratkaisevia. Kun otetaan huomioon hakijan esittämät lentoehdot, jotka on hyväksyttävä ennen ilmailuluvan hakemista, mikä on poikkeus voimassa olevan lentokelpoisuustodistuksen olemassaoloa koskevasta periaatteesta, toimivaltaisen viranomaisen – EASA:n tai asianmukaisesti hyväksytyn suunnitteluorganisaation, jos lentoehtojen hyväksyminen liittyy asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.710 kohdan a alakohdassa tarkoitettuun suunnittelun turvallisuuteen – on varmistauduttava siitä, ”että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti määritettyjen ehtojen tai rajoitusten mukaisesti”, ja se ”voi suorittaa itse tai velvoittaa hakijan suorittamaan tarvittavat tarkastukset tai testit” (asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.710 kohdan c alakohta). Kyseisen säännöksen lukemisen jälkeen on mainittava, että toisin kuin kantaja väittää, EASA:n toimivalta ei ole tällaisessa tilanteessa sidottua vaan sillä on harkintavalta monitahoisessa teknisessä kysymyksessä eli sen ratkaisemisessa, voidaanko ilma-aluksella lentää turvallisesti (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio Microsoft v. komissio, T‑201/04, EU:T:2007:289 , 88 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kantajan asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.701 kohdan a alakohtaan ja erityisesti ilmaisuun ”luvat ilmailuun annetaan” perustuvaa väitettä ei voida hyväksyä, mikä johtuu kahdesta syystä eli yhtäältä siitä, ettei kyseinen ilmaisu liity lentoehtojen hyväksymiseen vaan ilmailulupiin, joista on jo muistutettu, että niiden saaminen edellyttää edeltävää lentoehtojen hyväksymistä, ja toisaalta siitä, että kyseessä olevassa ilmaisussa tarkoitettu väitetty toimivaltaisen viranomaisen velvollisuus konkretisoituu vasta sen jälkeen, kun mainittu viranomainen on katsonut, että kyseessä olevalla ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti mainitun kohdan mukaisissa tarkoituksissa, mikä merkitsee, että se on yksinkertaisesti seuraus toimivaltaisen viranomaisen myönteisestä arvioinnista. Niinpä sitä, että EASA:n toimivalta on sidottua, ei voida päätellä asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.701 kohdan a alakohdasta, ja vaikka tämän katsottaisiin olevan mahdollista, kyseinen säännös ei koske käsiteltävässä asiassa merkityksellistä menettelyä, mikä tekee sen noudattamatta jättämistä koskevasta väitteestä tehottoman. Tämän jälkeen on todettava, että asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.710 kohdan a alakohdassa annetaan harkintavaltaa EASA:lle tai asianmukaisesti hyväksytylle suunnitteluorganisaatiolle, joka on siis yksilöity jo lentoehtojen hyväksymistä koskevan hakemuksen esittämisen aikaan, hyvin täsmällisessä asiayhteydessä eli siltä osin kuin kyse on suunnittelun turvallisuudesta. Tällaisessa asiayhteydessä sen, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti, tarkastamisen laajuus ilmenee siitä, että EASA ”voi suorittaa itse tai velvoittaa hakijan suorittamaan tarvittavat tarkastukset tai testit” (ks. edellä 64 ja 72 kohta). Niinpä kantaja ei voi perustellusti väittää (kannekirjelmän 5 kohdan loppuosa ja 6 kohta, s. 20), että EASA:n olisi pitänyt suorittaa tai suorituttaa kaikki tarpeelliset tarkastukset ja testit, sillä itse asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.710 kohdan c alakohdan sanamuodosta ilmenee, että kyse on mahdollisuudesta eikä velvollisuudesta. Niinpä EASA voi tukeutua – sillä edellytyksellä, että se selvittää tämän asianmukaisesti päätöksensä perusteluissa – kaikkiin tiedossaan oleviin seikkoihin, joilla voidaan tukea sen arviointia kyseessä olevan ilma-aluksen turvallisuudesta ja jotka voivat olla esimerkiksi lentoehtojen hyväksymistä koskevan hakemuksen tueksi esitettyjä asiakirjoja (asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.709 kohdan b alakohdan 2 alakohta), eikä sen tarvitse suorittaa tai suorituttaa testejä tai tarkastuksia, jos se katsoo tietojensa olevan riittävät. Toiseksi on korostettava todistustaakasta, että lentoehtojen hyväksymistä varten käyttöön otetussa mekanismissa todistustaakka on hakijalla, jonka on esitettävä tarvittavat seikat sen toteen näyttämiseksi, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti sen täsmentämien ehtojen tai rajoitusten mukaisesti (asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.708 kohdan c alakohta), ja tällaisiin ehtoihin ja rajoituksiin kuuluvat ohjaamomiehistölle asetetut, ilma-aluksen lentämistä koskevat ehdot ja rajoitukset (asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.708 kohdan b alakohdan 2 alakohta) ja käyttörajoitukset, erityismenettelyt tai tekniset vaatimukset, joita on noudatettava (asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.708 kohdan b alakohdan 4 alakohta). Kuten edellä 63 kohdassa on mainittu, kuhunkin lentoehtojen hyväksymistä koskevaan hakemukseen on sisällyttävä asiakirja-aineisto ja vakuutus siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti edellä mainittujen ehtojen mukaisesti (asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21.A.709 kohdan b alakohdan 2 ja 3 alakohta). Kuten edellä on muistutettu, EASA:n on näin ollen ratkaistava kyseessä olevassa menettelyssä ennen kaikkea hakijan toimittamien tietojen perusteella, voidaanko ilma-aluksella lentää turvallisesti. Tästä seuraa ensinnäkin, että koska lentoehtojen hyväksymisen mahdollistavat säännökset ovat luonteeltaan poikkeussäännöksiä voimassa olevaa lentokelpoisuustodistusta koskevaan vaatimukseen nähden, niitä on tulkittava suppeasti (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio Charlton ym., C‑116/92, Kok., EU:C:1993:931 , 20 kohta; tuomio, Weber, C‑1/07, Kok., EU:C:2008:640 , 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio Finnair, C‑22/11, Kok., EU:C:2012:604 , 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tästä seuraa toiseksi, ettei hakija, joka ei ole liittänyt lentoehtojen hyväksymistä koskevaan hakemukseensa riittävää näyttöä, voi perustellusti moittia EASA:aa tällaisen puutteen toteamisesta ja käytössään olevien teknisten ja tieteellisten tietojen käyttämisestä mainitun hakemuksen hylkäämisen perusteena. Nyt käsiteltävässä asiassa lentoehtojen hyväksymistä koskevasta, 10.1.2012 EASA:n lomakkeelle 37 laaditusta hakemuksesta (kannekirjelmän liite 6) ilmenee, että kantaja on mainitun lomakkeen 4.3 kohdassa, joka on selittävissä huomautuksissa mainittu lomakkeen tärkeimmäksi kentäksi, sillä se koskee sen kuvaamista, miltä osin ilma-alus ei vastaa sovellettavia lentokelpoisuusvaatimuksia, ainoastaan ilmoittanut, että alus oli saanut FAA:n hyväksynnän, mikä mainittiin myös valituslautakunnan päätöksen 4 kohdassa, ja että tyyppihyväksyntää koskeva hakemus oli EASA:n käsiteltävänä. Tässä yhteydessä on huomattava, että kantaja ilmoitti mainitun lomakkeen 3.4 kohdassa EASA:lle virheellisesti, ettei hakemus liittynyt mihinkään meneillään olevaan hyväksymismenettelyyn. Kantaja ei myöskään maininnut mitään turvallisuusongelmaa. Saman 10.1.2012 tehdyn lentoehtojen hyväksymistä koskevan hakemuksen liitteen 7 kohdasta, jonka otsikko on ”Ehdot/rajoitukset”, ilmenee myös tarve tutustua Robinson R66 ‑helikopterityypin lentäjälle tarkoitettuun käyttöohjeeseen, kyseisen aluksen huolto-oppaaseen ja lentokelpoisuuden ylläpitoa koskevaan ohjeistoon. Koska kantaja ei ole esittänyt FAA:n myöntämän hyväksynnän lisäksi muuta täsmällistä näyttöä siitä, että Robinson R66 ‑tyypin helikopterilla voidaan lentää turvallisesti, se ei voi perustellusti väittää, että EASA olisi kääntänyt todistustaakan, kun se totesi kyseisen puutteen ja esitti kantajalle omat tekniset ja tieteelliset tietonsa mainitun helikopterin ongelmista tyyppihyväksyntää koskevassa menettelyssä, johon kantaja oli itse sitä paitsi viitannut, valituslautakunnan päätöksen tekemispäivänä kirjattuina. Kantajaa muistutettiin näin ollen perustellusti valituslautakunnan päätöksen 61 kohdassa, että tällä oli todistustaakka Robinson R66 ‑helikopterityypin turvallisuutta koskevien väitteidensä osalta. Kolmanneksi ilmeisten arviointivirheiden osalta on alustavasti ratkaistava, millainen on unionin tuomioistuinten kyseessä olevan valituslautakunnan päätöksen kaltaisia EASA:n päätöksiä koskevan valvonnan luonne. On muistutettava uudestaan, että unionin tuomioistuimet valvovat monitahoisia teknisiä arviointeja rajoitetusti (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 74 kohdassa mainittu tuomio Microsoft v. komissio, EU:T:2007:289 , 88 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio EuroChem MCC v. neuvosto, T‑459/08, EU:T:2013:66 , 36 kohta), mikä tarkoittaa – kuten kantaja esittää toissijaisesti –, että ne tarkistavat, että menettelysääntöjä on noudatettu, että riidanalaista ratkaisua tukevat tosiseikat pitävät aineellisesti paikkansa, ettei kyseisiä tosiseikkoja koskevaa ilmeistä arviointivirhettä ole tehty ja ettei harkintavaltaa ole käytetty väärin (edellä 74 kohdassa mainittu tuomio Microsoft v. komissio, EU:T:2007:289 , 87 kohta ja edellä mainittu tuomio EuroChem MCC v. neuvosto, EU:T:2013:66 , 37 kohta). Koska sen arvioiminen, voidaanko ilma-aluksella lentää turvallisesti, edellyttää monitahoista teknistä arviointia, on todettava, että siihen liittyvä laillisuusvalvonta kuuluu unionin tuomioistuinten rajoitetun valvonnan piiriin. Asetuksen N:o 1702/2003 liitteessä olevan 21A.710 kohdan c alakohta tukee näkemystä EASA:n laajasta harkintavallasta, sillä siinä ei säädetä yksityiskohtaisesti menettelysäännöistä ja perusteista, joita EASA:n on noudatettava varmistuakseen siitä, että ”ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti määritettyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti”. Myös EASA:n tekemä kyseisen säännöksen eri kieliversioiden vertailu (vastineen 49 kohta) tukee kyseistä näkemystä, sillä saksan-, espanjan-, hollannin- ja englanninkielisissä versioissa mainitaan, että EASA:n on ”oltava vakuuttunut” siitä, että ilma-aluksella voidaan lentää turvallisesti. Unionin tuomioistuinten on näin ollen tutkittava nimenomaan mahdolliset ilmeiset arviointivirheet. Aluksi on mainittava, ettei tällaista virhettä merkitse se, ettei EASA vaatinut tarkastuksia tai testejä. Kuten edellä 64 kohdassa on muistutettu, EASA:n ei tarvitse toteuttaa tällaisia tarkastuksia, jos se katsoo pystyvänsä niitä ilmankin ottamaan kantaa siihen, voidaanko aluksella lentää turvallisesti. Kun otetaan huomioon yhtäältä se, ettei lentoehtojen hyväksymistä koskevassa hakemuksessa ollut mainintaa turvallisuusongelmista, vaikka sillä oli lähtökohtaisesti yhteys Robinson R66 ‑helikopterityypin suunnittelun turvallisuutta koskeviin selvitystoimiin (ks. edellä 84 kohta), ja toisaalta EASA:n epävarmuus ilma-aluksen ohjauslaitteiden hydrauliikkajärjestelmän luotettavuudesta tyyppihyväksyntää koskevassa menettelyssä havaittujen ongelmien vuoksi, valituslautakunta saattoi – toisin kuin kantaja väittää – yksittäistapauksessa hylätä kantajan hakemuksen tarkastuksia tai testejä suorittamatta vetoamalla yksityiskohtaisesti viimeksi mainittuun menettelyyn liittyviin seikkoihin. Kantaja esittää tämän jälkeen, että Robinson R66 ‑helikopterityypin hydrauliikkajärjestelmä on sama kuin järjestelmä, jota on vuodesta 1995 alkaen käytetty Robinson R44 ‑helikopterityypissä, jolla lennetään Euroopassa EASA:n myöntämällä tyyppihyväksynnällä. Se päättelee tästä, että EASA teki ilmeisen arviointivirheen, kun se ei hyväksynyt lentoehtoja Robinson R66 ‑tyypin helikopteria varten. Tässä yhteydessä on ensinnäkin muistutettava, että lentoehtojen hyväksymistä koskeva menettely edellyttää määritelmän mukaisesti voimassa olevan lentokelpoisuustodistuksen puuttumista. On riidatonta, ettei kyseistä todistusta ollut valituslautakunnan päätöksen tekemisajankohtana annettu, koska Robinson R66 ‑helikopterityypille ei ollut myönnetty tyyppihyväksyntää, jonka saamisen seurauksena nyt riidanalainen menettely olisi menettänyt kohteensa. Koska lentoehtojen hyväksyminen koskee luonnostaan kutakin ilma-alusta erikseen, sillä, alukseen, jota varten lentoehtojen hyväksymistä haetaan, nähden ominaisuuksiltaan oletettavasti samankaltainen ilma-alus on saanut tyyppihyväksynnän, ei voi olla merkitystä, kun arvioidaan valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta. Toiseksi on todettava joka tapauksessa, että asiakirja-aineistosta (kannekirjelmän liite 17) ilmenee, että Robinson R44 ‑helikopterityypin 21.4.2010 saama tyyppihyväksyntä myönnettiin asetuksen N:o 1702/2003 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan perusteella, mikä mahdollisti tietyissä tapauksissa jäsenvaltioille mainitun asetuksen liitteessä olevan luvun 21 (joka sisältää edellä 59–64 kohdasta ilmenevällä tavalla pääosan nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellisistä säännöksistä) soveltamatta jättämisen 28.9.2008 saakka ja soveltuvien kansallisten säännösten soveltamisen sen sijasta. EASA noudatti näin ollen jäsenvaltion kansallisia säännöksiä, kun se myönsi tyyppihyväksynnän 21.4.2010, eikä unionin oikeutta eli nyt käsiteltävässä asiassa sovellettavia säännöksiä. Niinpä kantaja ei voi vedota hyväksyntään, joka perustui EASA:n muun muassa Robinson R44 ‑helikopterityypin ohjainlaitteiden hydrauliikkajärjestelmästä tekemään tekniseen arviointiin, väittääkseen, että EASA teki ilmeisen arviointivirheen, kun se ei hyväksynyt lentoehtoja Robinson R66 ‑tyypin helikopteria varten, koska EASA joutui asetuksen N:o 1702/2003 2 artiklan 3 kohdan a alakohdan perusteella soveltamaan asianmukaisia kansallisia säännöksiä. Lopuksi on korostettava, että EASA, jonka tehtävänä on asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 2 artiklan 1 kohdassa säädetyllä tavalla ”yhtenäisen ja korkean siviili-ilmailun turvallisuuden tason luominen ja ylläpitäminen Euroopassa”, ei ole Euroopan unionin alueella asuville luonnollisille henkilöille tai oikeushenkilöille kuuluville aluksille kaavailemiensa turvallisuussääntöjen osalta sidottu FAA:n kaltaisten kolmansissa valtioissa toimivien ilmailun turvallisuudesta vastaavien elinten soveltamiin lievempiin vaatimuksiin. Käsiteltävässä asiassa kansainväliset sopimukset, erityisesti kansainvälisestä siviili-ilmaisusta Chicagossa (Illinois, Yhdysvallat) 7.12.1944 allekirjoitettu yleissopimus, jonka kaikki unionin jäsenvaltiot ovat ratifioineet, eivät ole esteenä sille, että jäsenvaltiot säätävät omia aluksiaan koskevista, muiden mainitun yleissopimuksen sopijapuolten, kuten Yhdysvaltojen, soveltamia sääntöjä tiukemmista turvallisuussäännöistä. Niinpä FAA:n myöntämä tyyppihyväksyntä (vastineen liite B1) ei voi sitoa EASA:aa. Joka tapauksessa kyseisen tyyppihyväksynnän tutkimisesta ilmenee, että Robinson R66 ‑helikopterityypin hydrauliikka-avustus hyväksyttiin ainoastaan siksi, että se vapautettiin EASA:n vastineensa 2 kohdassa mainitsemalla tavalla tietyistä turvallisuusvaatimuksista, joista se itse aikoi pitää kiinni. Näin ollen valituslautakunta ei tehnyt ilmeistä arviointivirhettä, kun se hylkäsi väitteen siitä, että FAA:n myöntämää tyyppihyväksyntää on seurattava nyt käsiteltävässä asiassa. Mahdollisuudesta rekisteröidä kantajan ilma-alus muodossa ”N”, mitä eräs EASA:n edustaja ehdotti ennen valituslautakunnan päätöksen tekemistä, on täsmennettävä yhtäältä, ettei se kuulu mainitun päätöksen perusteluihin eikä voi siten vaikuttaa sen lainmukaisuuteen, ja toisaalta, että näin ainoastaan muistutettiin kantajaa siitä, että rekisteröinti Yhdysvalloissa on mahdollinen FAA:n myöntämän tyyppihyväksynnän perusteella. Tällainen maininta ei näin ollen voi myöskään merkitä ilmeistä arviointivirhettä. Edellä esitetystä seuraa, että kolmas ja neljäs kanneperuste on hylättävä. – Perusoikeuskirjan 41 artiklan 1 kohdassa tunnustetun hyvän hallinnon periaatteen loukkaamista koskeva viides kanneperuste Kyseessä oleva loukkaaminen perustuu kantajan mukaan siihen, ettei EASA katsonut, että sen olisi pitänyt tarkastaa tai tutkia kantajan ilma-alus, vaan tyytyi toteamaan tyyppihyväksyntää koskevassa menettelyssä tehdyt varaumat. Myös viides kanneperuste on hylättävä kolmanteen ja neljänteen kanneperusteeseen annetun vastauksena yhteydessä edellä 69–99 kohdassa mainituilla perusteilla. Kun otetaan yhtäältä huomioon se, ettei kantaja maininnut 10.1.2012 tekemässään lentoehtojen hyväksymistä koskevassa hakemuksessa vaikeuksia, joiden voidaan tulkita vaikuttavan kyseisen ilma-aluksen turvallisuuteen, ja toisaalta EASA:n tyyppihyväksyntää koskevan menettelyn yhteydessä suoritetuista tarkastuksista saamat tiedot, joita sillä oli paitsi oikeus myös velvollisuus käyttää, sitä ei voida moittia siitä, ettei se käyttänyt sille annettua mahdollisuutta suorittaa tai suorituttaa testejä tai tarkastuksia. Niinpä on todettava, että EASA täytti velvollisuutensa tutkia huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset seikat (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio Technische Universität München, C‑269/90, Kok., EU:C:1991:438 , 14 kohta ja tuomio Atlantic Container Line ym. v. komissio, T‑191/98 ja T‑212/98–T‑214/98, Kok., EU:T:2003:245 , 404 kohta) eikä se jättänyt näin ollen noudattamatta hyvän hallinnon periaatetta. – Avoimuusperiaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen väitettyä loukkaamista koskeva kuudes kanneperuste Unionin yleinen tuomioistuin mainitsee, että kyseessä oleva kanneperuste on sisällytetty kannekirjelmään ainoastaan osana otsikoiden ”Kanteen kohde” ja ”[Alkuperäisen päätöksen] kumoamista koskevien vaatimusten ensimmäisen osan perusteltavuus” alla olevia tekstejä. Kantaja väittää ainoastaan, että riidanalainen päätös ”on lisäksi hyvän hallinnon periaatteen, avoimuusperiaatteen ja oikeusvarmuuden periaatteen vastainen”. Koska kahden viimeksi mainitun periaatteen loukkaamista ei mainita muussa kannekirjelmän tekstissä lainkaan, kuudes kanneperuste on jätettävä tutkimatta, sillä se ei täytä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 kohdan 1 alakohdan c alakohdassa asetettuja edellytyksiä. Kyseisen säännöksen mukaan kannekirjelmässä on mainittava oikeudenkäynnin kohde ja yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Kyseinen edellytys tarkoittaa, että tällaisten mainintojen on oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen tukeutumatta muihin tietoihin. Kannekirjelmässä on näin ollen nimenomaisesti selitettävä, mitä kanteen perustana oleva oikeudellinen peruste sisältää, eikä pelkkä ylimalkainen viittaaminen tähän perusteeseen täytä työjärjestyksessä asetettuja vaatimuksia (tuomio Mo och Domsjö v. komissio, T‑352/94, Kok., EU:T:1998:103 , 333 kohta ja tuomio Kronoply v. komissio, T‑162/06, Kok., EU:T:2009:2 , 54 kohta). Tästä kuudennen kanneperusteen hylkäämisestä seuraa kumoamisvaatimuksen hylkääminen kokonaisuudessaan. Laiminlyönnin toteamista koskeva vaatimus Asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 50 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että laiminlyönnin toteamista koskeva vaatimus on esitetty EASA:aa vastaan. Tällainen vaatimus voidaan kuitenkin esittää ainoastaan olosuhteissa, joista määrätään primaarioikeudessa, tässä tapauksessa SEUT 265 artiklassa, jonka toisessa ja kolmannessa alakohdassa täsmennetään, että luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö voi nostaa laiminlyönnin toteamista koskevan kanteen, jos mainittu henkilö on ensin kehottanut kyseessä olevaa elintä tekemään ratkaisun (ks. vastaavasti tuomio De Gezamenlijke Steenkolenmijnen in Limburg v. korkea viranomainen, 17/57, Kok., EU:C:1959:3 , s. 9 ja 26 ja määräys Jorio v. neuvosto, T‑64/96, Kok., EU:T:1997:15 , 39 kohta). Laiminlyöntikanne voidaan nostaa unionin yleisessä tuomioistuimessa vasta kyseisestä kehotuksesta laskettavan kahden kuukauden määräajan päätyttyä uudessa kahden kuukauden määräajassa. Kantaja esittää vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen istunnossa sille osoittamaan kehotukseen täsmentää, mistä laiminlyönti sen mielestä koostuu, yhtäältä, että laiminlyönti johtui siitä, ettei EASA aloittanut sen Robinson R66 ‑tyypin helikopterin (sarjanumero 0034) lentoehtojen hyväksymistä koskevan hakemuksen todellista sisällöllistä käsittelyä, ja toisaalta siitä, ettei EASA konkreettisesti tarkastanut kyseistä ilma-alusta. On kuitenkin todettava, kun otetaan huomioon tällainen väitetty kaksiosainen laiminlyönti, ettei kantaja kehottanut EASA:aa toimimaan, sillä lentoehtojen hyväksymistä koskeva hakemus on, toistettunakin, pelkkä hallinnollisen päätöksen pyytämistä koskeva toimi. Oikeuskäytännössä on nimittäin muistutettu, että kehotuksesta on ilmettävä, että sillä pyritään velvoittamaan kyseessä oleva elin tai laitos ottamaan kantaa (ks. vastaavasti tuomio Usinor v. komissio, 81/85 ja 119/85, Kok., EU:C:1986:234 , 15 kohta ja määräys Pescados Congelados Jogamar v. komissio, T‑311/97, Kok., EU:T:1999:89 , 35 kohta) ja että se on oikeudenkäyntiä edeltävä toimi (ks. vastaavasti tuomio Elz v. korkea viranomainen, 22/60 ja 23/60, Kok., EU:C:1961:17 , s. 357 ja 375; tuomio Nuovo Campsider v. komissio, 25/85, Kok., EU:C:1986:195 , 8 kohta ja edellä mainittu määräys Pescados Congelados Jogamar v. komissio, Kok., EU:T:1999:89 , 37 kohta). Ylimääräisenä perusteena on todettava, että vaikka mainittu vaatimus voitaisiin ottaa tutkittavaksi, edellä 69–99 ja 100–102 kohdassa mainituista seikoista seuraa, että se pitäisi hylätä aineellisilla perusteilla. Niinpä on hyväksyttävä EASA:n laiminlyönnin toteamista koskevaan vaatimukseen liittyvä oikeudenkäyntiväite ja jätettävä kyseinen vaatimus tutkimatta. Vahingonkorvausvaatimus EASA esittää vahingonkorvausvaatimuksen tutkimatta jättämistä siitä syystä, ettei muita vaatimuksia voida ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin ne koskevat yhtäältä alkuperäisen päätöksen kumoamista ja toisaalta laiminlyönnin, josta EASA:aa moititaan, toteamista. Asetuksen N:o 216/2008, sellaisena kuin se on muutettuna, 50 artiklan 1 kohdassa säädetään mahdollisuudesta todeta EASA:n olevan vastuussa toiminnassaan aiheuttamista vahingoista. Kantaja väittää, että alkuperäinen päätös oli lainvastainen ja että koska sitä ei ollut muutettu eikä sen soveltamista lykätty, sillä – samoin kuin EASA:n laiminlyönnillä – oli aiheutettu kantajalle vahinko, jota se vaatii korvattavaksi ja jonka se määrittää kannekirjelmässään. Siltä osin kuin vahingonkorvausvaatimus perustuu valituslautakunnan päätöksen väitettyyn lainvastaisuuteen, on katsottava, että yksi unionin sopimussuhteen ulkopuolisen vastuun syntymisen edellytyksistä ei täyty. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 340 artiklan toisesta kohdasta ilmenee, että sopimussuhteen ulkopuolisen unionin vastuun syntyminen ja aiheutuneen vahingon korvaamista koskevan oikeuden toteuttaminen riippuvat siitä, että seuraavat edellytykset täyttyvät: toimielinten moitittu toiminta on lainvastaista, vahinko on tosiasiassa syntynyt ja toiminnan ja väitetyn vahingon välillä on syy-yhteys. Kyseisen vastuun ei voida katsoa syntyvän, mikäli SEUT 340 artiklan toisessa kohdassa määritellyn korvausvelvollisuuden kaikki edellytykset eivät täyty (ks. vastaavasti tuomio FIAMM ym. v. neuvosto ja komissio, C‑120/06 P ja C‑121/06 P, Kok., EU:C:2008:476 , 164 ja 165 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Jos riidanalainen päätös ei ole lainvastainen, unionin tuomioistuimet voivat hylätä koko kanteen, eikä niiden tarvitse tutkia kyseisen vastuun muita edellytyksiä eli sitä, onko vahinko tosiasiassa syntynyt ja onko toimielinten toiminnan ja väitetyn vahingon välillä syy-yhteys (ks. edellä 116 kohdassa mainittu tuomio FIAMM ym. v. neuvosto ja komissio, EU:C:2008:476 , 166 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Nyt käsiteltävän asian tilanne on juuri tällainen, sillä kumoamisvaatimus on hylätty aineellisesti edellä 107 kohdassa. Siltä osin kuin vahingonkorvausvaatimus perustuu EASA:n väitettyyn laiminlyöntiin, SEUT 265 artiklan mukaisen kehotuksen esittämättä jättämisestä johtuva laiminlyönnin toteamista koskevan vaatimuksen hylkääminen on esteenä sille, että kantaja voisi pätevästi väittää, että sille on aiheutunut vahinko mainitusta laiminlyönnistä. Lisäksi on niin, että vaikka vaatimus olisi otettu tutkittavaksi, se olisi hylätty, kuten edellä 112 kohdassa on todettu. Niinpä vahinkoa, jonka kantaja katsoo kärsineensä, ei voida pitää EASA:n laiminlyönnillä aiheutettuna. Tämän seurauksena vahingonkorvausvaatimus ja sen myötä kaikki kantajan vaatimukset on hylättävä. Oikeudenkäyntikulut Koska EASA on vaatinut kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska kantaja on hävinnyt asian, se velvoitetaan työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Näillä perusteilla UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Kanne hylätään. 2) Heli-Flight GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Gratsias Kancheva Wetter Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä joulukuuta 2014. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62009TJ0059

sl

Dejansko stanje Komisija Evropskih Skupnosti je 19. julija 2008 po pošti prejela prošnjo za dostop do različnih dokumentov na podlagi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331). Zahtevani dokumenti so nastali v okviru postopka zaradi neizpolnitve obveznosti št. 2005/4569, ki ga je Komisija začela proti Zvezni republiki Nemčiji zaradi morebitne kršitve členov 28 ES in 30 ES, ki izhaja iz nemške upravne določbe v zvezi s pogoji za registracijo uvoženih rabljenih osebnih vozil. Potem ko je bil 18. oktobra 2005 Zvezni republiki Nemčiji poslan pisni opomin, je Komisija 28. junija 2006 končala postopek. Dokumenti, na katere se je nanašala prošnja za razkritje, so bili, prvič, dopis Zvezne republike Nemčije z dne 16. februarja 2006 v odgovor na pisni opomin Komisije z dne 18. oktobra 2005, drugič, zapisnik sestanka z dne 27. marca 2006 med predstavniki nemških organov in Komisije, ter tretjič, povzetek Komisije za interno rabo v zvezi s potekom postopka. Drugi in tretji dokument sta vsebovala sklicevanje na dopis Zvezne republike Nemčije z dne 16. februarja 2006. Komisija je z dopisom z dne 23. julija 2008 obvestila nemške organe o prošnji za dostop do dokumentov. Zvezna republika Nemčija je z dopisom z dne 31. julija 2008 obvestila Komisijo, da nasprotuje temu, da bi bil dovoljen dostop do navedenih dokumentov na podlagi izjem, določenih v členu 4(1)(a), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001 v zvezi z varstvom javnega interesa, kar zadeva mednarodne odnose, in v členu 4(2), tretja alinea, navedene uredbe v zvezi z varstvom namena inšpekcij, preiskav in revizij. Nemški organi so menili, da bi razkritje škodilo sodelovanju, ki temelji na zaupanju med Zvezno republiko Nemčijo in Komisijo v okviru postopka zaradi neizpolnitve obveznosti. Nemški organi so prav tako trdili, da so v nemškem pravu odnosi med institucijami Evropske unije in Zvezno republiko Nemčijo zajeti s pojmom „mednarodni odnosi“. Komisija je z dopisom z dne 5. avgusta 2008 prosilce obvestila o ugovoru Zvezne republike Nemčije in razlogih, ki jih je navedla v utemeljitev svoje zavrnitve. Komisija je prosilcem sporočila, da zato njihovi prošnji ni mogla ugoditi. S sklicevanjem na sodbo Sodišča z dne 18. decembra 2007 v zadevi Švedska proti Komisiji ( C-64/05 P, ZOdl., str. I-11389 ) je prosilcem vseeno dopustila možnost, da predlagajo ponovni preizkus odločbe. Prosilci so vložili potrdilno prošnjo z izpodbijanjem utemeljenosti razlogov, ki jih je podala Zvezna republika Nemčija. Komisija je z dopisom z dne 15. septembra 2008 Zvezni republiki Nemčiji predlagala, naj ponovno preizkusi svoje stališče na podlagi sodbe Sodišča z dne 1. februarja 2007 v zadevi Sison proti Svetu ( C-266/05 P, ZOdl., str. I-1233 , točke od 67 do 72) v zvezi z izjemo, ki se nanaša na varstvo mednarodnih odnosov, in sodb Splošnega sodišča z dne 6. julija 2003 v zadevi Franchet in Byk proti Komisiji ( T-391/03 in T-70/04, Recueil, str. II-2023 , točka 113) ter z dne 8. novembra 2007 v zadevi Bavarian Lager proti Komisiji ( T-194/04, ZOdl., str. II-4523 , točki 148 in 149) v zvezi z izjemo, ki se nanaša na varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij. Nemški organi so z dopisom z dne 23. septembra 2008 obrazloženo potrdili svoje stališče, da se ne sme dovoliti nikakršen dostop do zadevnih dokumentov. Komisija je s sklepom SG.E.3/RG/mbp D(2008) 10067 z dne 5. decembra 2001 (v nadaljevanju: izpodbijani sklep) odločila prosilcem dovoliti dostop do dokumentov. Komisija je v utemeljitev sklepa navedla, da so bili argumenti Zvezne republike Nemčije, s katerimi je ugovarjala razkritju dokumentov, prima facie neutemeljeni in da je bilo torej treba ugotoviti, da nemški organi niso predložili zadostnih dokazov v utemeljitev uporabe ene od navedenih izjem. V skladu s členom 5(6) Sklepa Komisije z dne 5. decembra 2001 o spremembi njenega poslovnika (2001/937/ES, ESPJ, Euratom) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 408) je ta nemške organe obvestila o svojem namenu razkriti zadevne dokumente po desetih delovnih dneh in jih opozorila na pravna sredstva, ki so jih imeli na voljo, da bi nasprotovali temu razkritju. Zvezna republika Nemčija je z dopisom z dne 18. decembra 2008 Komisijo obvestila o svojem nasprotovanju posredovanju zahtevanih dokumentov. Sporočila je, da je nameravala vložiti ničnostno tožbo, in je zahtevala, naj se dokumenti ne izročijo do končanja tega postopka. Komisija je v dopisu z dne 30. januarja 2009 Zvezni republiki Nemčiji sporočila, da lahko Splošnemu sodišču predlaga, naj sprejme začasni ukrep za preprečitev posredovanja zahtevanih dokumentov. Zvezna republika Nemčija kljub temu ni vložila takega predloga. Komisija je zadevne dokumente posredovala prosilcem. Postopek in predlogi strank Zvezna republika Nemčija je 11. februarja 2009 v sodnem tajništvu Splošnega Sodišča vložila to tožbo. Kraljevina Španija in Republika Poljska sta 8. junija in 7. julija 2009 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložili predlog za intervencijo v podporo predlogom Zvezne republike Nemčije. Kraljevina Švedska, Kraljevina Danska in Republika Finska so 18. junija, 29. junija in 1. julija 2009 v sodnem tajništvu Splošnega sodišča vložile predlog za intervencijo v podporo predlogom Komisije. Predsednik šestega senata Splošnega sodišča je s sklepom z dne 3. septembra 2009 dovolil ti intervenciji. Ker se je sestava senatov Splošnega sodišča spremenila in je bil sodnik poročevalec premeščen v četrti senat, je bila ta zadeva dodeljena temu senatu. Zvezna republika Nemčija ob podpori Kraljevine Španije in Republike Poljske Splošnemu sodišču predlaga, naj: — izpodbijani sklep razglasi za ničen; — Komisiji naloži plačilo stroškov. Komisija, ki jo podpirajo Kraljevina Danska, Republika Finska in Kraljevina Švedska, Splošnemu sodišču predlaga, naj: — tožbo zavrne; — Zvezni republiki Nemčiji naloži plačilo stroškov. Pravo Zvezna republika Nemčija navaja samo en tožbeni razlog, ki se nanaša na kršitev člena 4, od (1) do (3) in (5), Uredbe št. 1049/2001 v povezavi z načelom lojalnega sodelovanja, določenim v členu 10 ES. Zvezna republika Nemčija najprej v bistvu navaja, da je Komisija z nespoštovanjem njenega nasprotovanja razkritju zadevnih dokumentov prekoračila svoja pooblastila, kakor jih je opredelilo Sodišče v zgoraj v točki 6 navedeni sodbi Švedska proti Komisiji, in da je zato kršila člen 4(5) Uredbe št. 1049/2001. Zvezna republika Nemčija podredno trdi, da njene obrazložitve, s katero utemeljuje nasprotovanje razkritju zadevnih dokumentov in ki temelji na izjemah, določenih v členu 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001, nikakor ni mogoče šteti za očitno nepravilno. Postopek, določen v členu 4(5) Uredbe št. 1049/2001 Stranke se ne strinjajo glede obsega nadzora, ki ga institucija – v obravnavani zadevi Komisija – mora izvajati v okviru postopka iz člena 4(5) Uredbe št. 1049/2001 glede obrazložitve, ki jo država članica navede, ko na podlagi izjem, določenih v členu 4, od (1) do (3), navedene uredbe, nasprotuje razširjanju zahtevanih dokumentov. Zvezna republika Nemčija ob podpori Kraljevine Španije meni, da institucija ni pristojna nadzirati utemeljenosti obrazložitve zadevne države članice. Republika Poljska, ki sicer podpira sklepe Zvezne republike Nemčije, pojasnjuje, da lahko Komisija največ preveri, ali je država članica s sklicevanjem na izjemo očitno in nedvomno storila napako pri uporabi določb Uredbe št. 1049/2001. Komisija ob podpori Kraljevine Danske, Republike Finske in Kraljevine Švedske trdi, da je dolžna preizkusiti, ali je obrazložitev, ki jo je podala država članica, prima facie utemeljena ob upoštevanju okoliščin zadeve in sodne prakse. Treba je spomniti, da v skladu s členom 2(3) Uredbe št. 1049/2001 pravica dostopa do dokumentov, ki so v lasti institucij, ne pokriva le dokumentov, ki so jih izdale te institucije, ampak tudi tiste, ki so jih te prejele od tretjih oseb, med katerimi so države članice, kot to izrecno določa člen 3(b) te uredbe. S tem je zakonodajalec Unije odpravil pravilo avtorja, ki je veljalo pred sprejetjem Uredbe št. 1049/2001. Po tem pravilu bi bilo treba, če je avtor dokumenta, ki je v lasti institucije, tretja oseba, prošnjo za dostop do dokumenta nasloviti neposredno na avtorja tega dokumenta. Po začetku veljavnosti Uredbe št. 1049/2001 vsi dokumenti v lasti institucij ne glede na to, ali jih je sestavila ta institucija ali izvirajo od držav članic ali tretjih oseb, spadajo na področje uporabe navedene uredbe in torej zanje veljajo njene določbe, zlasti določbe v zvezi z vsebinskimi izjemami od pravice dostopa. Glede dokumentov, ki izvirajo od tretjih oseb, je v členu 4(4) Uredbe št. 1049/2001 pojasnjeno, da se institucija posvetuje s tretjimi osebami, zato da bi presodila, ali se lahko uporabijo izjeme iz člena 4(1) ali (2) navedene uredbe, razen če je že jasno, da naj se dokument razkrije ali da naj se ne. Glede dokumentov države članice člen 4(5) Uredbe št. 1049/2001 določa, da lahko država članica institucijo prosi, naj ne razkrije dokumenta, ki izvira iz te države članice, brez njenega predhodnega soglasja. V skladu s sodno prakso ta določba državam članicam tako daje možnost, da sodelujejo pri odločitvi, ki jo mora sprejeti institucija, in v ta namen uvaja postopek odločanja za ugotovitev, ali vsebinske izjeme iz člena 4, od (1) do (3), nasprotujejo dovolitvi dostopa do upoštevnega dokumenta (glej v tem smislu zgoraj v točki 6 navedeno sodbo Švedska proti Komisiji, točke 76, 81, 83 in 93). Člen 4(5) Uredbe št. 1049/2001 namreč izvajanje pravil prava Unije prepušča tako instituciji kot državi članici, ki je uporabila možnost iz tega člena 4(5), ti pa sta dolžni v skladu z obveznostjo lojalnega sodelovanja iz člena 10 ES ravnati in sodelovati tako, da se bodo navedena pravila lahko dejansko uporabila (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 85). Iz tega je najprej razvidno, da morata institucija, na katero je bila naslovljena prošnja za dostop do dokumenta, ki izvira iz države članice, in ta država članica, takoj ko ta institucija zadevni državi članici sporoči to prošnjo, brez odlašanja začeti lojalen dialog glede morebitne uporabe izjem iz člena 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001, pri čemer sta pozorni zlasti na to, da lahko navedena institucija odloči v rokih, v katerih mora na podlagi členov 7 in 8 te uredbe odločiti o tej prošnji za dostop (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 86). Zadevna država članica, ki bi po koncu tega dialoga nasprotovala razkritju zadevnega dokumenta, je dolžna obrazložiti svoje nasprotovanje glede na navedene izjeme. Institucija ne upošteva nasprotovanja države članice razkritju dokumenta, ki izvira iz nje, če je to nasprotovanje brez vsakršne obrazložitve ali če se predložena obrazložitev ne sklicuje na izjeme, naštete v členu 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001. Če zadevna država članica ne glede na nanjo naslovljen izrecen poziv institucije v tem smislu še vedno ne predloži take obrazložitve, mora navedena institucija, če sama ugotovi, da se ne uporabi nobena od navedenih izjem, dovoliti dostop do zahtevanega dokumenta (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točki 87 in 88). V zvezi s tem je treba spomniti, da člen 4(5) Uredbe št. 1049/2001 državi članici nikakor ne daje pravice splošnega in nepogojnega veta, da bi diskrecijsko in brez obrazložitve svoje odločitve nasprotovala razkritju vsakega dokumenta, ki je v lasti institucije, zgolj zato, ker navedeni dokument izvira iz te države članice (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 58). Nazadnje, kot izhaja zlasti iz členov 7 in 8 Uredbe št. 1049/2001, je tudi institucija dolžna obrazložiti odločbo o zavrnitvi prošnje za dostop. Taka obveznost pomeni, da institucija v svoji odločbi povzame izraženo nasprotovanje zadevne države članice razkritju zahtevanega dokumenta in razloge, ki jih je ta država članica navedla, da bi se uporabila ena od izjem od pravice dostopa, določenih v členu 4, od (1) do (3), te uredbe. Na podlagi takih navedb lahko prosilec razume vzrok oziroma razloge za zavrnitev, pristojno sodišče pa po potrebi opravi nadzor, za katerega je pooblaščeno (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 89). Iz navedenega je razvidno, da v skladu s sodno prakso člen 4(5) Uredbe št. 1049/2001 zadevni državi članici dovoljuje nasprotovanje razkritju dokumentov, ki izvirajo iz nje, le na podlagi izjem iz člena 4, od (1) do (3), te uredbe, in če skrbno obrazloži svoje stališče glede tega (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 99). Poleg tega je treba poudariti, da je iz odstavka 4 člena 4 Uredbe št. 1049/2001 razvidno, da če zadevna institucija meni, da je jasno, da je treba na podlagi izjem iz odstavka 1 ali 2 tega člena zavrniti dostop do dokumenta, ki izvira iz države članice, prosilcu zavrne dostop, ne da bi se bila dolžna posvetovati z državo članico, iz katere izvira dokument, in celo ne glede na to, ali je ta država članica predhodno vložila prošnjo na podlagi člena 4(5) navedene uredbe. V takem primeru je torej jasno, da institucija sprejme odločitev o prošnji za dostop glede na izjeme, ki neposredno izhajajo iz predpisov prava Unije (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 68). Zvezna republika Nemčija v obravnavani zadevi navaja, da lahko v skladu z zgoraj v točki 6 navedeno sodbo Švedska proti Komisiji (točka 88) Komisija le v dveh primerih zavrne ugovor države članice glede razkritja dokumentov, in sicer, prvič, če je ugovor brez vsakršne obrazložitve v smislu člena 253 ES, in drugič, če se predložena obrazložitev ne sklicuje na izjeme iz člena 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001. V zvezi s tem se sklicuje na načelo lojalnega sodelovanja in jasno razlikovanje, ki obstaja med odstavkom 4 člena 4 Uredbe št. 1049/2001, ki za dokumente tretjih oseb, ki niso države članice, določa le mehanizem posvetovanja, in odstavkom 5 navedenega člena 4, ki državam članicam priznava pravico, da dostop do dokumenta pogojujejo s svojo privolitvijo. Zvezna republika Nemčija je na obravnavi prav tako trdila, da se člen 255(1) ES in člen 42 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah, ki je bila razglašena 7. decembra 2000 v Nici ( UL C 364, str. 1 , v nadaljevanju: Listina o temeljnih pravicah) sklicujeta na dostop do dokumentov institucij, ne pa do dokumentov, ki izvirajo iz držav članic. Prvič, glede sklicevanja Zvezne republike Nemčije na člen 255 ES in člen 42 Listine o temeljnih pravicah je najprej treba opozoriti, da je Svet na podlagi člena 255(2) ES odgovoren za določitev splošnih načel in omejitev, ki veljajo za pravico dostopa do dokumentov. Uredba št. 1049/2001, ki sta jo sprejela Evropski parlament in Svet in katere veljavnost Zvezna republika Nemčija ne izpodbija, izrecno razširja pravico dostopa na vse dokumente v lasti institucij (glej točki 27 in 28 zgoraj). Dalje, ni sporno, da so države članice tesno vključene v zakonodajni in izvedbeni postopek Unije prek svojega predstavništva pri Svetu in s sodelovanjem v številnih odborih, ki jih ta ustanovi (glej v tem smislu zgoraj v točki 6 navedeno sodbo Švedska proti Komisiji, točka 63). Izključitev številnih dokumentov, ki izvirajo iz držav članic, s področja uporabe pravice dostopa v smislu člena 255(1) ES bi bila v nasprotju s ciljem preglednosti, ki mu sledi ta člen in ki ga zagotavlja člen 42 Listine o temeljnih pravicah, ob upoštevanju nekaterih izjem, ki jih je treba razlagati ozko (zgoraj v točki 8 navedena sodba Sison proti Svetu, točka 63, in zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 66). Nazadnje, v Izjavi št. 35 glede člena 255(1) ES, priloženi Sklepni listini Amsterdamske pogodbe, je določeno, da se Konferenca dogovori, da bodo načela in pogoji iz tega člena dopuščali državi članici od Komisije ali Sveta zahtevati, da se dokument, ki izvira iz te države članice, ne pošilja tretjim osebam brez njenega predhodnega soglasja. Iz tega je razvidno, da avtorji te pogodbe niso imeli namena izključiti dokumentov držav članic s področja uporabe člena 255(1) ES. Trditve Zvezne republike Nemčije, da bi bilo treba na podlagi primarnega prava Unije pravico dostopa do dokumentov, ki izvirajo iz držav članic, razlagati ozko, ni mogoče sprejeti. Drugič, glede intenzivnosti nadzora, ki ga ima institucija pravico izvajati nad obrazložitvijo, ki jo je država članica podala, zato da bi utemeljila svoje nasprotovanje razširjanju dokumenta, je treba spomniti, da člen 4(5) Uredbe št. 1049/2001 prepušča izvedbo ciljev navedene uredbe instituciji in državi članici skupaj. Zato je bil z njo uveden postopek odločanja, v okviru katerega sta ti dolžni lojalno sodelovati v skladu z zahtevami člena 10 ES, da bi se zagotovila učinkovita uporaba teh določb, ki je v skladu s sodno prakso. S tega vidika je treba ugotoviti, da stališče Zvezne republike Nemčije ni v skladu s sistematiko in cilji Uredbe št. 1049/2001 v delu, v katerem se nanaša na to, da se mora institucija v okviru člena 4(5) sistematično ukloniti zavrnitvi države članice, če ta zavrnitev temelji na kakršni koli obrazložitvi in če so ti razlogi oblikovani v zvezi z izjemami iz člena 4, od (1) do (3), navedene uredbe. Tak položaj namreč ne ustreza lojalnemu dialogu, ki sta ga dolžna začeti institucija in država članica za zagotovitev učinkovitega izvajanja Uredbe št. 1049/2001. Dalje je treba spomniti, da v skladu s členom 8 Uredbe št. 1049/2001 končno odgovornost za njeno pravilno uporabo nosi institucija in da mora ta zagovarjati veljavnost odločbe pred sodišči Unije ali varuhom. Če bi institucija morala samodejno slediti obrazložitvi, ki jo je predlagala država članica, bi bila prisiljena proti osebi, ki je prosila za dostop, in po potrebi pred organi nadzora zastopati stališča, ki jih ne šteje za utemeljena. V zvezi s tem je treba pojasniti, da mora določbe Uredbe št. 1049/2001, s katerimi se uvaja – razen izjem, ki jih določa – pravica dostopa do vseh dokumentov v lasti institucije, učinkovito izvajati institucija, na katero je bila naslovljena prošnja za dostop, ne pa zgolj po tožbi na sodišču Unije. Trditve Zvezne republike Nemčije, da bi možnost vložiti tako tožbo zadevni instituciji odvzela pooblastila za izvajanje nadzora nad obrazložitvijo, ki jo je podala država članica, torej ni mogoče sprejeti. Nazadnje, nadzor, ki je omejen zgolj na formalne vidike nasprotovanja, ki ga je izrazila država članica, bi tej omogočil, da nasprotuje kateremu koli razkritju, celo ob neobstoju resničnih razlogov, ki utemeljujejo uporabo izjeme od načela iz člena 2(1) Uredbe št. 1049/2001, preprosto z obrazložitvijo, ki je formalno oblikovana v zvezi z vsebinskimi izjemami iz člena 4, od (1) do (3), navedene uredbe. Tak, zgolj formalen nadzor bi v praksi spet uvedel pravilo avtorja, ki je bilo odpravljeno z Uredbo št. 1049/2001, in bi bil v nasprotju z načelom, po katerem vsebinske izjeme iz člena 4, od (1) do (3), navedene uredbe določajo meje za izvajanje pooblastila, ki je na podlagi člena 4(5) te uredbe podeljeno zadevni državi članici (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 76). Glede na navedeno Zvezna republika Nemčija napačno trdi, da mora institucija po nasprotovanju, ki ga država članica izrazi v okviru člena 4(5) Uredbe št. 1049/2001, preden v skladu s členom 8(1) te uredbe sprejme odločbo, v kateri so navedeni razlogi za zavrnitev dostopa do zahtevanega dokumenta, v zvezi z nasprotovanjem države članice opraviti le formalni nadzor, ki vključuje zgolj ugotovitev, ali navedeno nasprotovanje ni nikakor obrazloženo in ali je ta obrazložitev oblikovana v zvezi z izjemami iz člena 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001. Nasprotno, postopek odločanja, ki je bil uveden s členom 4(5) Uredbe št. 1049/2001, zahteva, da zadevna država članica in institucija upoštevata vsebinske izjeme, določene v členu 4, od (1) do (3), te uredbe (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 83). Institucija je zato pooblaščena, da se prepriča, ali so razlogi v podporo nasprotovanju države članice v zvezi z razkritjem zahtevanega dokumenta, ki morajo biti navedene v odločbi o zavrnitvi dostopa, sprejeti v skladu s členom 8(1) Uredbe št. 1049/2001, utemeljeni. V zvezi s tem ni mogoče šteti – kot podredno trdi Zvezna republika Nemčija po analogiji z merili, določenimi v sodbi Sodišča z dne 6. oktobra 1982 v zadevi Cilfit in drugi ( 283/81, Recueil, str. 3415 , točka 13) – da lahko institucija opravi nadzor le, če je bila glede spornega položaja že izdana sodba sodišča Unije v enaki ali podobni zadevi ali če je pravilna uporaba prava tako očitna, da ne omogoča nobenega razumnega dvoma. Niti ni treba ugotoviti, kot trdi Republika Poljska, ali je obrazložitev, ki jo je podala zadevna država članica, nedvomno napačna. Cilj preizkusa, ki ga opravi institucija, je ob upoštevanju okoliščin zadeve in pravnih pravil, ki se uporabljajo, ugotoviti, ali so razlogi, ki jih je podala država članica v utemeljitev svojega nasprotovanja, taki, da prima facie utemeljujejo tako zavrnitev (glej po analogiji sklep predsednika Sodišča z dne23. februarja 2001 v zadevi Avstrija proti Svetu, C-445/00 R, Recueil, str. I-1461 , točki 73 in 74), in ali ti razlogi navedeni instituciji zato omogočajo, da prevzame odgovornost, ki jo ima na podlagi člena 8 Uredbe št. 1049/2001. Treba je poudariti, da ne gre za to, da mora institucija vsiliti svoje stališče ali nadomestiti presojo zadevne države članice s svojo, temveč da mora preprečiti sprejetje odločbe, za katero šteje, da je ni mogoče zagovarjati. Institucija je namreč kot avtorica odločbe o dostopu ali zavrnitvi odgovorna za njeno zakonitost. Preden zavrne dostop do dokumenta, ki izvira iz države članice, mora torej preveriti, ali njeno nasprotovanje temelji na vsebinskih izjemah, ki jih določa člen 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001, in ali so stališča zadevne države članice ustrezno obrazložena (glej v tem smislu zgoraj v točki 6 navedeno sodbo Švedska proti Komisiji, točka 99). Treba je poudariti, da mora biti ta preizkus opravljen v okviru lojalnega dialoga, ki je značilen za postopek odločanja, uveden s členom 4(5) Uredbe št. 1049/2001, pri čemer je institucija dolžna državi članici dovoliti, da bolje navede svoje razloge ali jih znova preuči, da bi se lahko prima facie štelo, da jih je mogoče zagovarjati (glej točko 53 zgoraj). Ta preizkus je poleg tega treba opraviti ob doslednem upoštevanju načela, po katerem je treba – glede na cilje navedene uredbe, zlasti okoliščino, na katero je opozorjeno v njeni uvodni izjavi 2, namreč, da ta pravica dostopa prispeva k demokratičnosti institucij Unije, ter dejstvo, da je cilj te uredbe, kot je navedeno v njeni uvodni izjavi 4 in členu 1, javnosti dodeliti kar se da obsežno pravico dostopa – izjeme od pravice dostopa javnosti do dokumentov institucij iz člena 4 Uredbe št. 1049/2001 razlagati in uporabljati ozko (zgoraj v točki 8 navedena sodba Sison proti Svetu, točka 63, in zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 66). Glede na navedeno je treba trditev Zvezne republike Nemčije, da je Komisija s preizkusom utemeljenosti obrazložitve, ki jo je podala v utemeljitev svojega nasprotovanja, prekoračila meje svojega nadzora v okviru postopka, določenega v členu 4(5) Uredbe št. 1049/2001, zavrniti kot neutemeljeno. Razlogi, ki jih je Zvezna republika Nemčija navedla, da bi utemeljila svoje nasprotovanje razkritju dokumentov Iz zgoraj navedenih ugotovitev je razvidno (glej točke 32, 33, 45, 46 in 55 zgoraj), da izvedba odstavka 5 člena 4 Uredbe št. 1049/2001, zato da bi se ugotovilo, ali je zavrnitev dovolitve dostopa do dokumenta, ki izvira iz države članice, mogoče utemeljiti glede na izjeme, določene v odstavkih od 1 do 3 tega člena, temelji na lojalnem sodelovanju med institucijo in zadevno državo članico. Institucija lahko šele ob koncu odprtega in konstruktivnega dialoga o možnosti utemeljitve zavrnitve dostopa na podlagi člena 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001 odloči, da ne bo sledila razlogom, ki jih je država članica navedla, zato da bi utemeljila svoje nasprotovanje, če ugotovi, da te razloge ni mogoče zagovarjati. V obravnavani zadevi je bilo pred sprejetjem izpodbijanega sklepa več izmenjav mnenj med Zvezno republiko Nemčijo in Komisijo. Komisija je zlasti v dopisu z dne 15. septembra 2008 Zvezni republiki Nemčiji obrazloženo predlagala, naj ponovno preizkusi svoje stališče. Ta kljub temu svoje odločbe o zavrnitvi ni ponovno preučila. Komisija je izpodbijani sklep sprejela šele po izmenjavi teh mnenj. V nasprotju s tem, kar trdi Zvezna republika Nemčija, se Komisija torej ni omejila na zamenjavo analize nemških organov s svojo analizo. Nasprotno, izpodbijani sklep je bil sprejet po lojalnem dialogu v skladu s postopkom odločanja, opredeljenim v členu 4(5) Uredbe št. 1049/2001. Dalje je treba ugotoviti, ali je Komisija, kot trdi, lahko sklenila, da razlogi, ki jih je podala Zvezna republika Nemčija, da bi utemeljila svoje nasprotovanje razkritju zahtevanih dokumentov, niso bili prima facie utemeljeni. Prvič, glede izjeme, določene v členu 4(1)(a), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001 v zvezi z varstvom mednarodnih odnosov, Zvezna republika Nemčija meni, da je bilo trditve, ki jih je v utemeljitev svojega ugovora navedla pred Komisijo, mogoče vsaj zagovarjati. V zvezi s tem je najprej treba poudariti, da je pojem „mednarodni odnosi“, na katerega se sklicuje člen 4(1)(a), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001, pojem prava Unije, zato ne more biti odvisen od vsebine, ki mu jo dajejo nacionalna prava držav članic. Odstavek 5 člena 4 navedene uredbe namreč tako kot odstavki od 1 do 4 tega člena ne vsebuje nobenega sklicevanja na določbe nacionalnega prava (zgoraj v točki 6 navedena sodba Švedska proti Komisiji, točka 69). Dalje je treba spomniti, kot opozarja Komisija, da je bil s pogodbami o ustanovitvi Unije, drugače kakor z običajnimi mednarodnimi pogodbami, uveden nov pravni red z lastnimi institucijami, v korist katerega so države na čedalje večjih področjih omejile svoje suverene pravice in katerega subjekti niso samo države članice, temveč tudi njihovi državljani (sodba Sodišča z dne 5. februarja 1963 v zadevi Van Gend & Loos, 26/62, Recueil, str. 1, 3 , in mnenje Sodišča 1/91 z dne 14. februarja 1991, Recueil, str. I-6079, točka 21). Za uresničitev ciljev Unije na področjih, ki jih pokriva, odnosi med državami članicami in institucijami Unije spadajo v ustavno listino, uvedeno s Pogodbami. To velja zlasti za komunikacijo med državo članico in Komisijo v okviru postopka zaradi neizpolnitve obveznosti, ki se začne za zagotovitev, da država članica spoštuje obveznosti, ki jih ima na podlagi Pogodb. Nazadnje je treba opozoriti, da bi trditev Zvezne republike Nemčije, da je komunikacija, ki poteka med njo in institucijami Unije zajeta s pojmom „mednarodni odnosi“ iz člena 4(1)(a), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001, omogočila, da bi bil znaten delež dokumentov, posredovanih na področju dejavnosti Unije, izvzet iz pravice dostopa do dokumentov institucij. Tak rezultat bi oviral cilj preglednosti, ki se uresničuje z Uredbo št. 1049/2001, in ne bi bil v skladu z zgoraj navedenim načelom, da je treba izjeme iz člena 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001 razlagati in uporabljati ozko (glej točki 42 in 56 zgoraj). Komisija je torej pravilno trdila, da razlog, ki ga je navedla Zvezna republika Nemčija, ki se nanaša na varstvo mednarodnih odnosov iz člena 4(1)(a), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001, ni bil prima facie utemeljen. Poleg tega je v zvezi s tem treba pojasniti, da ta ugotovitev ne izključuje, da je mogoče pravila nacionalnega prava, ki varujejo javne ali zasebne interese, šteti za interes, vreden varstva na podlagi izjem iz Uredbe št. 1049/2001. Pojmi nacionalnega prava in prava Unije lahko namreč sovpadajo, se dopolnjujejo ali se vsaj sklicujejo drug na drugega (glej v tem smislu sodbo Sodišča z dne 5. marca 1996 v združenih zadevah Brasserie du pêcheur in Factortame, C-46/93 in C-48/93, Recueil, str. I-1029 , točka 27, in zgoraj v točki 6 navedeno sodbo Švedska proti Komisiji, točka 84). Drugič, glede izjeme, ki se nanaša na varstvo namena inšpekcij, preiskav in revizij iz člena 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001, na katero se je prav tako sklicevala Zvezna republika Nemčija, je najprej treba poudariti, da postopki zaradi neizpolnitve obveznosti, ki jih začne Komisija na podlagi člena 226 ES, spadajo v preiskavo iz te določbe. Dalje je treba spomniti, da če je odločeno zavrniti dostop do dokumenta, za razkritje katerega je bila vložena prošnja, mora institucija pojasniti, kako bi lahko dostop do tega dokumenta dejansko škodil navedenemu interesu iz člena 4, od (1) do (3), Uredbe št. 1049/2001. V zvezi s tem se lahko institucija po potrebi opre na splošne domneve, ki veljajo za neko vrsto dokumentov, saj lahko podobne splošne ugotovitve veljajo za prošnje za razkritje, ki se nanašajo na dokumente iste vrste (sodbi Sodišča z dne1. julija 2008 v združenih zadevah Švedska in Turco proti Svetu, C-39/05 P in C-52/05 P, ZOdl., str. I-4723 , točki 49 in 50, in z dne 29. junija 2010 v zadevi Komisija proti Technische Glaswerke Ilmenau, C-139/07 P, ZOdl., str. I-5885 , točki 53 in 54). Nazadnje, če država članica v okviru postopka iz člena 4(5) Uredbe št. 1049/2001 nasprotuje razkritju dokumentov, ki izvirajo od nje, mora instituciji predložiti vse dokaze, ki ji omogočajo utemeljitev odločbe o zavrnitvi dostopa do navedenih dokumentov. V obravnavani zadevi je iz spisa razvidno, da se je Zvezna republika Nemčija v utemeljitev svojega nasprotovanja razkritju zahtevanih dokumentov sklicevala na okoliščino, da bi njihovo razkritje tretjim osebam oviralo odnose zaupanja in sodelovanja med Zvezno republiko Nemčijo in Komisijo, ki so značilni za njune stike pri iskanju rešitve v skladu s pravom Unije v okviru postopkov zaradi neizpolnitve obveznosti. V zvezi s tem se je Zvezna republika Nemčija sklicevala na sodbi Splošnega sodišča z dne 11. decembra 2001 v zadevi Petrie in drugi proti Komisiji ( T-191/99, Recueil, str. II-3677 , točki 68 in 69) in z dne 14. oktobra 1999 v zadevi Bavarian Lager proti Komisiji ( T-309/97, Recueil, str. II-3217 , točka 46). Zvezna republika Nemčija je razložila, da ta ugotovitev velja tudi za obdobje po koncu postopka zaradi neizpolnitve obveznosti, ker je tak postopek prizorišče taktik pogajanja, smernic kompromisov in strategij, ki se lahko znova uporabijo v okviru prihodnjih postopkov zaradi neizpolnitve obveznosti. Meni, da je tak sestav interesov lahko varovan, in to tudi ob neobstoju posebne nevarnosti v konkretnem postopku zaradi neizpolnitve obveznosti. Zvezna republika Nemčija je poudarila, da so zahtevani dokumenti v tej zadevi vsebovali dejanska pojasnila in navedbe glede izvedenih ali predvidenih faz postopka, ki se niso smeli razkriti, da bi se zagotovilo lojalno sodelovanje med njo in Komisijo ter da se ne bi oviralo iskanje prilagodljivih in hitrih rešitev. V zvezi s tem je treba poudariti, da v skladu s sodno prakso namen izjeme, določene v členu 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001, ni varovati preiskave kot take, temveč cilj teh dejavnosti, ki je v okviru postopka zaradi neizpolnitve obveznosti zadevno državo članico pripraviti do tega, da se uskladi s pravom Skupnosti (glej v tem smislu sodbo Splošnega sodišča z dne 12. septembra 2007 v zadevi API proti Komisiji, T-36/04, ZOdl., str. II-3201 , točki 127 in 133, in zgoraj v točki 8 navedeno sodbo Bavarian Lager, točka 149). Iz tega razloga lahko zadevna izjema velja za različne akte preiskave, dokler ta cilj ni dosežen, čeprav je preiskava ali posebna inšpekcija, iz katere izhaja dokument, glede katerega je bila vložena prošnja za dostop, končana (zgoraj v točki 8 navedena sodba Franchet in Byk proti Komisiji, točka 110; glej po analogiji glede uporabe kodeksa ravnanja iz leta 1993 sodbo Splošnega sodišča z dne 13. septembra 2000 v zadevi Denkavit Nederland proti Komisiji, T-20/99, Recueil, str. II-3011 , točka 48). Vendar je treba pripomniti, da je treba za utemeljitev uporabe izjeme, določene v členu 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001, dokazati, da lahko razkritje zadevnih dokumentov dejansko ogrozi varstvo namena preiskav Komisije v zvezi z zadevnimi kršitvami (glej v tem smislu zgoraj v točki 8 navedeno sodbo Franchet in Byk, točki 105 in 109, ter zgoraj v točki 73 navedeno sodbo API proti Komisiji, točka 127). Preizkus, ki se zahteva za obravnavo prošnje za dostop do dokumentov, mora biti namreč konkreten in nevarnost škode za zavarovani interes mora biti razumno predvidljiva, in ne le hipotetična (zgoraj v točki 8 navedeni sodbi Franchet in Byk proti Komisiji, točka 115, in Bavarian Lager, točka 151, ter zgoraj v točki 69 navedena sodba Švedska in Turco proti Svetu, točki 43 in 63). V obravnavani zadevi ni sporno, da se je postopek zaradi neizpolnitve obveznosti, v okviru katerega so bili zahtevani dokumenti predloženi, končal 28. junija 2006, to je več kot dve leti pred prošnjo za dostop do dokumentov, ki je bila vložena 19. julija 2008. Zvezna republika Nemčija se torej ne more sklicevati na zgoraj v točki 71 navedeni sodbi Petrie in drugi proti Komisiji ter Bavarian Lager proti Komisiji, saj se ti sodbi nanašata na zadeve, v katerih je postopek zaradi neizpolnitve obveznosti v upravnem ali sodnem delu na dan izpodbijanih odločb še tekel. Tako v obravnavani zadevi ni mogoče izpodbijati, da ob vložitvi prošnje za dostop do dokumentov julija 2008 ni potekala nobena preiskava, katere cilj bi bil lahko z razkritjem zadevnih dokumentov ogrožen. Glede utemeljitve, ki jo je podala Zvezna republika Nemčija, da je bila zavrnitev dostopa do dokumentov potrebna zaradi varovanja zaupnosti komunikacije med Komisijo in njo v okviru postopkov zaradi neizpolnitve obveznosti (glej točki 71 in 72 zgoraj), je treba opozoriti, prvič, da v nasprotju s potekajočimi postopki zaradi neizpolnitve obveznosti ne obstaja splošna domneva, v skladu s katero bi razkritje izmenjave mnenj med Komisijo in državo članico v okviru končanega postopka zaradi neizpolnitve obveznosti ogrozila cilje preiskave iz člena 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001. Drugič, treba je poudariti, da Zvezna republika Nemčija ni predložila nobenega dokaza, na podlagi katerega bi bilo mogoče razumeti, kako bi lahko razkritje zahtevanih dokumentov dve leti po koncu postopka zaradi neizpolnitve obveznosti konkretno in resnično ogrozilo cilj zadevne preiskave ali drugih povezanih preiskav. Zlasti se ni nikakor sklicevala na verjetnost ponovnega odprtja postopka, ki ga je Komisija končala 28. junija 2006, ali obstoj postopka zaradi neizpolnitve obveznosti, povezanega z navedenim postopkom, na katerega potek bi lahko vplivalo razkritje zahtevanih dokumentov. V teh okoliščinah je treba prav tako zavrniti trditev Kraljevine Španije, da ker ima Komisija neomejeno možnost ponovno odpreti postopke zaradi neizpolnitve obveznosti, morajo biti izmenjave mnenj med Komisijo in državami članicami v okviru teh postopkov vedno zajete z izjemo, določeno v členu 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001 v zvezi z varstvom namena preiskav. Taka utemeljitev namreč temelji le na hipotetičnem sklepanju, saj Kraljevina Španija ni dokazala, da je ponovno odprtje postopka zaradi neizpolnitve obveznosti v obravnavani zadevi razumno predvidljivo. V teh okoliščinah je treba ugotoviti, da so bili razlogi, ki jih je navedla Zvezna republika Nemčija, zato da bi utemeljila svoje nasprotovanje razkritju dokumentov, abstraktni in le hipotetični ter da zato niso mogli ponuditi ustrezne pravne podlage, na kateri bi lahko Komisija utemeljila odločbo o zavrnitvi na podlagi člena 4(2), tretja alinea, Uredbe št. 1049/2001. Zato je Komisija pravilno menila, da so bili razlogi, ki jih je podala Zvezna republika Nemčija v utemeljitev svojega nasprotovanja posredovanju zahtevanih dokumentov, prima facie neutemeljeni. Tožbo je torej treba zavrniti. Stroški V skladu s členom 87(2) Poslovnika Splošnega sodišča se neuspeli stranki naloži plačilo stroškov, če so bili ti priglašeni. Ker Zvezna republika Nemčija ni uspela, je treba odločiti, da poleg svojih stroškov nosi tudi stroške Komisije, ki jih je ta priglasila. V skladu s členom 87(4), prvi pododstavek, Poslovnika Splošnega sodišča države članice, ki se kot intervenientke udeležijo postopka, nosijo svoje stroške. Zato Kraljevina Danska, Kraljevina Španija, Republika Finska, Republika Poljska in Kraljevina Švedska nosijo svoje stroške. Iz teh razlogov je SPLOŠNO SODIŠČE (četrti senat) razsodilo: 1. Tožba se zavrne. 2. Zvezni republiki Nemčiji se naloži plačilo svojih stroškov in stroškov Evropske komisije. 3. Kraljevina Danska, Kraljevina Španija, Republika Finska, Republika Poljska in Kraljevina Švedska nosijo svoje stroške. Pelikánová Jürimäe Van der Woude Razglašeno na javni obravnavi v Luxembourgu, 14. februarja 2012. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: nemščina.

61992CJ0035

fr

Motifs de l'arrêt 1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 12 février 1992, le Parlement européen (ci-après "Parlement") a, en vertu de l' article 49 du statut (CEE) et des dispositions correspondantes des statuts (CECA et CEEA) de la Cour, formé un pourvoi contre l' arrêt du Tribunal du 11 décembre 1991, Frederiksen/ Parlement (T-169/89, Rec. p. II-1403), en tant qu' il a annulé la décision du président du Parlement du 3 juillet 1989 promouvant Mme X au poste de conseiller linguistique à la division de la traduction danoise relevant de la direction générale VII (Traduction et services généraux, ci-après "DG VII") du Parlement. 2 Il ressort de l' arrêt attaqué que les faits à l' origine de l' affaire sont les suivants. Le 9 janvier 1989, le Parlement a publié l' avis de vacance d' emploi n 5809 concernant un poste de conseiller linguistique de grade LA 3 à la division de la traduction danoise. Parmi les qualifications et connaissances requises dans cet avis de vacance figurait la "connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion". M. Erik Dan Frederiksen, Mme X et M. Y, tous fonctionnaires de la division de la traduction danoise du Parlement, ont posé leur candidature à la suite de cette publication. Par note du 2 février 1989, adressée au directeur général de la DG VII, le directeur de la traduction et de la terminologie a proposé la nomination de M. Frederiksen au poste de conseiller linguistique. Il s' appuyait, entre autres, sur les compétences et l' expérience de celui-ci dans le domaine de l' informatique. Par note du 10 mars 1989, le directeur général de la DG VII a proposé au directeur de l' administration, du personnel et des finances la promotion de Mme X au poste en question, "même si la candidate se voit pour l' instant dans l' obligation de travailler à mi-temps pour des raisons familiales". Cette proposition a fait l' objet de diverses protestations, entre autres du directeur de la traduction et de la terminologie ainsi que du chef de la division de la traduction danoise, au motif, notamment, que Mme X n' avait pas de connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion. Le directeur général de la DG VII a néanmoins maintenu sa proposition initiale dans la note qu' il a adressée, le 7 juin 1989, au secrétaire général du Parlement. Le 3 juillet 1989, le président du Parlement, en sa qualité d' autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après "AIPN") a promu Mme X au poste de conseiller linguistique de grade LA 3 à la division de la traduction danoise, avec effet à compter du 1er juin 1989. Le 12 juillet 1989, M. Frederiksen a introduit une réclamation contre la décision portant nomination de Mme X. Par lettre du 29 novembre 1989, le président du Parlement a informé M. Frederiksen du rejet de sa réclamation. Suite à sa nomination, Mme X a demandé et a obtenu, le 4 décembre 1989, l' autorisation de travailler à mi-temps jusqu' au 30 septembre 1990. 3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 27 décembre 1989, M. Frederiksen a introduit un recours visant l' annulation de la décision par laquelle Mme X avait été promue au poste de conseiller linguistique à la division de la traduction danoise. 4 Par l' arrêt attaqué, le Tribunal a annulé la décision litigieuse du président du Parlement au motif qu' en l' espèce l' AIPN avait estimé à tort que Mme X remplissait une des qualifications requises au titre de l' avis de vacance, à savoir la "connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion" et qu' en outre l' appréciation de l' AIPN était entachée d' une erreur manifeste, tant en ce qui concerne la vérification de l' accomplissement, par Mme X, des conditions énoncées dans l' avis de vacance que la comparaison des mérites respectifs des candidats. 5 A l' appui de son pourvoi, le Parlement invoque deux moyens tirés de la violation, par le Tribunal, des principes découlant de la jurisprudence de la Cour, selon lesquels, d' une part, le pouvoir d' appréciation de l' AIPN en matière de promotion ne saurait être remis en cause par le juge communautaire qu' en cas d' erreur manifeste et, d' autre part, les irrégularités de procédure commises lors de la comparaison des mérites des candidats ne sauraient conduire à l' annulation de la décision de promotion que si elles ont eu une incidence décisive sur celle-ci et n' ont pas été rectifiées à un stade ultérieur de la procédure. 6 M. Frederiksen conclut au rejet du pourvoi et à la condamnation du Parlement à un franc symbolique à titre de réparation du dommage moral subi du fait du pourvoi. 7 Par ordonnance du 3 avril 1992, le président de la Cour a rejeté une demande en référé, introduite par le Parlement, visant à obtenir le sursis à l' exécution de l' arrêt attaqué et a réservé les dépens. 8 Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est renvoyé au rapport du juge rapporteur. Ces éléments du dossier ne sont repris ci-après que dans la mesure nécessaire au raisonnement de la Cour. Sur les conclusions aux fins d' annulation de l' arrêt attaqué Quant au premier moyen 9 Le premier moyen invoqué par le Parlement s' appuie sur deux arguments, qu' il convient d' examiner successivement. 10 Le premier argument avancé par le Parlement concerne les points 67, 68 et 71 à 75 de l' arrêt attaqué, dans lesquels le Tribunal a examiné la question de savoir si Mme X satisfaisait à l' une des conditions requises dans l' avis de vacance, en l' occurrence celle relative à la "connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion". 11 A cet égard, le Tribunal relève dans son arrêt que l' avis de vacance constitue le cadre de la légalité que l' AIPN s' impose à elle-même. Il estime qu' il lui incombe, en conséquence, de vérifier s' il existe une adéquation objective entre les exigences figurant dans cet avis et les qualifications du candidat retenu. Sur ce point, le Tribunal constate d' abord qu' en l' espèce l' exigence d' une connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion correspondait à une nécessité, soulignée par l' administration elle-même, d' utiliser les nouvelles technologies afin de répondre aux problèmes de la direction de la traduction du Parlement. Il constate ensuite, sur la base d' une expertise à laquelle il avait fait procéder, que Mme X n' avait pas les connaissances en informatique requises dans l' avis de vacance, telles que celles-ci devaient objectivement être interprétées. Il conclut qu' en considérant que Mme X remplissait ces conditions l' AIPN a dépassé les limites qu' elle s' était elle-même fixées dans l' avis de vacance. Compte tenu du libellé des conditions requises au titre de l' avis de vacance, l' AIPN n' aurait pu qu' écarter la candidature de Mme X. 12 A propos de cette partie de l' arrêt du Tribunal, le Parlement fait valoir qu' en matière de promotion le contrôle juridictionnel doit, conformément à la jurisprudence, se limiter à l' examen de la question de savoir si l' AIPN n' a commis aucune erreur manifeste d' appréciation. Or, en l' espèce, la prétendue erreur commise par l' AIPN, lors de l' appréciation des connaissances en matière informatique de Mme X, ne saurait être qualifiée de manifeste, le Tribunal ayant dû recourir à un expert pour vérifier si les aptitudes de la candidate en cause correspondaient aux qualifications exigées au titre de l' avis de vacance. En examinant s' il existait effectivement une adéquation entre le libellé de l' avis de vacance et les connaissances en matière informatique de Mme X, le Tribunal aurait violé la jurisprudence en substituant sa propre appréciation à celle de l' AIPN. 13 Pour statuer sur le bien-fondé de cet argument, il convient de rappeler qu' il est de jurisprudence constante (voir, par exemple, arrêts du 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, point 38, et du 7 février 1990, Culin/Commission, C-343/87, Rec. p. I-225, point 19) que, si l' AIPN dispose d' un large pouvoir d' appréciation lors de la comparaison des mérites et des notations des candidats et peut l' exercer notamment en vue du poste à pourvoir, elle est tenue de le faire dans le cadre qu' elle s' est imposée à elle-même par l' avis de vacance d' emploi. 14 En effet, l' avis de vacance a pour but d' informer les intéressés, d' une façon aussi exacte que possible, de la nature des conditions requises pour occuper le poste dont il s' agit, afin de les mettre en mesure d' apprécier s' il y a lieu, pour eux, de faire acte de candidature (voir arrêt Grassi/Conseil, précité, point 40). 15 Ainsi, l' exercice du pouvoir d' appréciation dont dispose l' AIPN en matière de nomination ou de promotion suppose un examen scrupuleux du dossier de candidature et une observation consciencieuse des exigences énoncées dans l' avis de vacance, de sorte que celle-ci est tenue d' écarter tout candidat qui ne répond pas à ces exigences (voir arrêt Grassi/Conseil, précité). D' ailleurs, dans l' arrêt du 21 novembre 1991, Technische Universitaet Muenchen (C-269/90, Rec. p. I-5469, point 14), la Cour a relevé, de façon générale, que le pouvoir d' appréciation dévolu à une autorité communautaire avait pour contrepartie l' obligation, pour cette autorité, d' examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d' espèce. 16 Dans ces conditions, c' est à bon droit que le Tribunal a jugé dans l' arrêt attaqué que l' avis de vacance constitue le cadre de la légalité que l' AIPN s' impose à elle-même et qu' elle doit, dès lors, respecter scrupuleusement. 17 En vue de contrôler si l' AIPN n' avait pas dépassé les limites de ce cadre légal, il appartenait, en l' espèce, au Tribunal de constater d' abord quelles étaient, en l' occurrence, les conditions requises au titre de l' avis de vacance et de vérifier ensuite si le candidat choisi par l' AIPN pour occuper le poste vacant satisfaisait effectivement à ces conditions. 18 Dans l' hypothèse où l' avis de vacance comportait des conditions à ce point techniques que le juge ne possédait pas les connaissances nécessaires pour en déterminer le contenu et la portée, le Tribunal avait la faculté de désigner un expert chargé d' établir, de façon objective, la signification exacte de ces exigences. 19 En effet, la désignation d' un expert relève des pouvoirs du Tribunal de procéder, conformément à sa mission, à un examen approfondi des faits qui sont à la base des litiges dont il a à connaître. En l' absence d' une telle possibilité, l' AIPN pourrait échapper à tout contrôle juridictionnel chaque fois que son pouvoir d' appréciation s' exerce dans un domaine technique dans lequel le juge ne possède pas les connaissances appropriées pour apprécier si celle-ci n' a pas dépassé les limites du cadre légal que constitue l' avis de vacance. 20 Il résulte des développements qui précèdent que le Tribunal n' a pas méconnu le droit communautaire en recourant, en l' espèce, à l' avis d' un expert pour déterminer la portée de la condition, requise au titre de l' avis de vacance, relative à la connaissance des techniques d' informatisation appliquées aux travaux de gestion et en jugeant, à la lumière de cette exigence telle qu' elle devait objectivement être interprétée, qu' en l' espèce l' AIPN avait clairement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation en promouvant Mme X, dont les connaissances ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées dans l' avis de vacance. 21 Dans ces conditions, le premier argument invoqué par le Parlement dans le cadre de son premier moyen doit être rejeté. 22 Le second argument avancé par le Parlement dans le cadre de ce moyen a trait au point 76 de l' arrêt attaqué. 23 Dans ce point, le Tribunal relève qu' en tout état de cause le Parlement n' a pas apporté la preuve qu' une appréciation de l' adéquation des connaissances de Mme X aux exigences de l' avis de vacance avait été opérée par l' AIPN avec l' objectivité et l' exactitude nécessaires. A cet égard, le Tribunal constate que l' AIPN ne disposait pas d' éléments suffisants pour procéder à une telle appréciation, que les appréciations portées par les instances inférieures, intervenues lors de la procédure de promotion, reposaient sur une erreur et que le service juridique du Parlement s' est fondé sur cette même erreur, dans le cadre de la procédure qui a précédé la décision de rejet de la réclamation introduite par M. Frederiksen. 24 A cet égard, le Parlement reproche au Tribunal de s' être fondé, au point 76 de son arrêt, sur une erreur matérielle commise par le directeur général de la DG VII selon lequel les exigences en matière informatique auraient, en l' espèce, été identiques à celles qui figuraient auparavant dans les avis de concours concernant des postes de conseiller linguistique aux divisions de la traduction espagnole et portugaise du Parlement. Cette erreur n' aurait pu avoir aucun effet ni sur la décision de promotion, puisqu' elle aurait figuré dans une note établie postérieurement à cette décision par le directeur général de la DG VII, ni sur le rejet de la réclamation de M. Frederiksen, puisque l' avis du service juridique du Parlement aurait relevé l' erreur en question et se serait fondé sur un document antérieur ne contenant pas cette erreur. 25 Même à supposer que ce grief ne tende pas à contester l' appréciation des faits du litige opérée par le Tribunal, laquelle n' est pas susceptible d' être remise en cause dans le cadre d' un pourvoi, mais puisse être compris comme visant une erreur de droit qu' avait commise le Tribunal dans la motivation de son arrêt, il suffit de relever qu' il ressort de la formulation même du point 76 que celui-ci est surabondant dans la motivation du Tribunal dans la mesure où, au point 75 de son arrêt, le Tribunal a conclu que l' AIPN avait, en l' espèce, promu illégalement Mme X, du fait que cette candidate ne remplissait pas une des conditions requises dans l' avis de vacance. 26 Puisqu' il résulte des points 13 à 20 du présent arrêt que le Tribunal n' a pas violé le droit communautaire en aboutissant à cette conclusion, le second argument du Parlement relatif à un point subséquent du même motif et ne tendant qu' à corroborer une conclusion qui se justifie légalement par la motivation antérieure ne peut pas être retenu. 27 Dans ces conditions, le premier moyen invoqué par le Parlement doit être rejeté dans son ensemble. Quant au second moyen 28 Le second moyen du Parlement a trait aux points 77 à 79 de l' arrêt attaqué. 29 Dans cette partie de son arrêt, le Tribunal s' attache à contrôler la manière dont l' AIPN a, en l' espèce, procédé à l' examen comparatif des mérites des candidats, prévu par l' article 45 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes. A cet égard, le Tribunal constate que la seule appréciation comparative qui a été portée à la connaissance de l' AIPN, pour l' éclairer sur la décision de nomination à prendre, était celle figurant dans la note du 10 mars 1989 du directeur général de la DG VII. Or, selon le Tribunal, cette note était incomplète et entachée d' erreurs manifestes, en fait et en droit. Tout d' abord, elle ne mentionnait ni les connaissances ni l' expérience des trois candidats dans le domaine de l' informatique. Ensuite, elle comportait une erreur dans la comparaison des rapports de notation, Mme X et M. Frederiksen, contrairement à ce qui est affirmé dans ladite note, se trouvant à égalité en ce qui concerne le nombre de mentions "excellent" qu' ils avaient obtenues. Enfin, elle faisait référence, à titre de considération du moins équivalente aux autres critères dans le cadre de l' examen comparatif des mérites, à un souci d' assurer l' égalité des chances entre les femmes et les hommes. Le Tribunal en conclut qu' en l' espèce l' AIPN n' a pas procédé à l' examen comparatif des mérites des candidats avec l' objectivité et l' exactitude requises. 30 A l' appui de son moyen, le Parlement fait grief au Tribunal d' avoir violé le droit communautaire en jugeant, à propos de l' examen comparatif des mérites des candidats, que la décision de promotion litigieuse était viciée par plusieurs irrégularités de procédure, alors que la comparaison des mérites aurait été effectuée par l' administration avec soin et objectivité et que, de toute façon, les erreurs commises auraient été corrigées lors de la procédure de réclamation, au terme de laquelle l' AIPN aurait entièrement confirmé sa décision initiale. 31 A cet égard, il suffit de constater qu' il résulte du point 20 du présent arrêt que c' est à juste titre que le Tribunal a estimé, en l' espèce, que l' AIPN avait clairement dépassé les limites de son pouvoir d' appréciation en promouvant Mme X, dont les connaissances ne satisfaisaient pas aux conditions énoncées dans l' avis de vacance. Ce motif est, à lui seul, suffisant pour justifier légalement l' annulation de la décision de promotion de Mme X. Dans ces conditions, les vices dont pourrait être entaché l' autre motif du Tribunal, relatif à la comparaison des mérites des candidats, sont, en tout état de cause, sans influence sur le dispositif de l' arrêt attaqué. Le moyen invoqué par le Parlement par lequel celui-ci conteste ce dernier motif est, en conséquence, inopérant et doit, dès lors, être rejeté. 32 Il résulte de l' ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi du Parlement n' est pas fondé et doit donc être rejeté. Sur la demande reconventionnelle aux fins d' indemnisation du préjudice moral 33 Dans ses mémoires, M. Frederiksen a fondé ses conclusions tendant à la condamnation du Parlement à un franc symbolique, à titre de réparation du dommage moral subi, sur la circonstance que le pourvoi formé par le Parlement serait dilatoire et vexatoire. 34 Pour statuer sur cette demande, il convient de rappeler qu' aux termes de l' article 116 du règlement de procédure: "1. Les conclusions du mémoire en réponse tendent: - au rejet total ou partiel du pourvoi ou à l' annulation totale ou partielle de la décision du Tribunal; - à ce qu' il soit fait droit, en tout ou en partie, aux conclusions présentées en première instance, à l' exclusion de toute conclusion nouvelle. 2. Le mémoire en réponse ne peut modifier l' objet du litige devant le Tribunal." 35 Il en résulte que, dans le cadre d' un pourvoi, l' autre partie à la procédure n' a pas la possibilité de conclure à la réparation du préjudice prétendument subi par elle du fait de l' introduction du pourvoi par la partie requérante. 36 Dans ces conditions, les conclusions de M. Frederiksen tendant à la condamnation du Parlement à réparer le préjudice prétendument subi par M. Frederiksen du fait de l' introduction du pourvoi doivent être rejetées comme irrecevables. Décisions sur les dépenses Sur les dépens 37 Aux termes de l' article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens. Le Parlement ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens de la présente instance, y compris ceux relatifs à la procédure en référé. Dispositif Par ces motifs, LA COUR (deuxième chambre) déclare et arrête: 1) Le pourvoi est rejeté comme non fondé. 2) La demande reconventionnelle est rejetée comme irrecevable. 3) Le Parlement européen est condamné aux dépens de la présente instance, y compris ceux relatifs à la procédure en référé.

62005CJ0464

cs

Odůvodnění rozsudku 1. Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu článku 43 ES týkajícího se svobody usazování a článku 56 ES týkajícího se volného pohybu kapitálu. 2. Tato žádost byla podána v rámci sporu mezi M. Geurts a D. Vogtenem, jakožto zákonnými dědici J. Vogtena, a Administratie van de BTW, registratie en domeinen (správa DPH, registrace a státního majetku, dále jen „belgické daňové orgány“) ohledně toho, že uvedené orgány odmítly přiznat M. Geurt a D. Vongtenovi osvobození od dědické daně. Právní rámec Vnitrostátní právní úprava 3. Podle článku 3 belgické ústavy Belgii tvoří tři regiony: valonský, vlámský a bruselský. 4. Podle čl. 3 prvního pododstavce bodu 4 zvláštního zákona ze dne 16. ledna 1989 o financování obcí a regionů ( Moniteur belge ze dne 17. ledna 1989, s. 850), ve znění zvláštního zákona ze dne 13. července 2001 o refinancování obcí a rozšíření daňových pravomocí regionů ( Moniteur belge ze dne 3. srpna 2001, s. 26646), je daň z dědictví obyvatel Belgického království regionální daní. Podle čl. 4 odst. 2 tohoto zvláštního zákona ze dne 16. ledna 1989 jsou regiony oprávněny stanovit sazbu dědické daně a osvobození od ní. 5. Článek 1 bod 1 zákoníku o dědické dani stanoveného královskou vyhláškou č. 308 ze dne 31. března 1936 ( Moniteur belge ze dne 7. dubna 1936, s. 2403), potvrzeného zákonem ze dne 4. května 1936 ( Moniteur belge ze dne 7. května 1936, s. 3426, dále jen „zákoník o dědické dani“) stanoví, že dědická daň je odváděna z hodnoty všeho, co po odečtení dluhů náleží do dědictví po zůstaviteli. 6. Článek 60a zmíněného zákoníku, ve znění, v němž se použije na dědictví, které vzniklo ve vlámském regionu, doplněný nařízením vlámského parlamentu obsahujícím různá opatření provádějící rozpočet na rok 1997 (decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1997) ze dne 20. prosince 1996 ( Moniteur belge ze dne 31. prosince 1996, s. 32555), ve znění nařízení vlámského parlamentu obsahujícího různá opatření provádějící rozpočet na rok 2000 (decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2000) ze dne 22. prosince 1999 ( Moniteur belge ze dne 30. prosince 1999, s. 50232), stanoví: „§ 1 Na rozdíl od článků 48 a 48/2 je od dědické daně osvobozena tato čistá hodnota: a) hodnota aktiv, které zůstavitel nebo jeho manželka či její manžel v rámci podnikání investovali do rodinného podniku, a b) hodnota podílů na rodinné společnosti nebo pohledávek vůči takové společnosti za podmínky, že podnik nebo podíly na společnosti minimálně ve výši 50 % patřily nepřetržitě po dobu tří let předcházejících úmrtí zůstaviteli nebo jeho manželce či jejímu manželovi a že byly uvedeny bez jakéhokoli vyzvání v přiznání k dědické dani. […] § 2. Rodinným podnikem se rozumí: průmyslový, obchodní, řemeslný nebo zemědělský podnik nebo svobodné povolání, provozovaný nebo prováděná osobně zůstavitelem nebo jeho manželkou či jejím manželem ve spolupráci s jinými osobami, nebo nikoliv. § 3. Rodinnou společností se rozumí: společnost se sídlem skutečného vedení společnosti v členském státu Evropské unie, která: – buď sama splňuje podmínky § 1, 5 a 8; – nebo drží podíly a případně pohledávky dceřiných společností, které tyto podmínky splňují. […] § 5. K osvobození od daně dochází pouze za podmínky, že podnik nebo společnost v době tří let předcházejících úmrtí zaměstnávala alespoň pět zaměstnanců, vyjádřeno počtem plných pracovních úvazků, ve vlámském regionu. Odchylně od prvního pododstavce se osvobození použije ve výši 20 % čisté hodnoty definované v § 9, pokud podnik nebo společnost v době tří let předcházejících úmrtí zaměstnávala ve vlámském regionu 1 zaměstnance, vyjádřeno počtem plných pracovních úvazků, ve výši 40 % čisté hodnoty, pokud zaměstnávala 2 zaměstnance, ve výši 60 %, pokud zaměstnávala 3 zaměstnance, a ve výši 80 %, pokud zaměstnávala 4 zaměstnance. Toto osvobození je přiznáno a trvá pouze v případě, pokud podíly nebo pohledávky patří po dobu pěti let po úmrtí dědicům, kteří toto osvobození získali. [...] Počet zaměstnaných zaměstnanců je určen na základě prohlášení vyžadovaného v rámci právních předpisů o sociálním zabezpečení. […] Osvobození je zachováno pouze tehdy, pokud počet zaměstnanců zaměstnaných ve vlámském regionu, vyjádřeno počtem plných pracovních úvazků, zůstal v průběhu prvních pěti let následujících po úmrtí každý rok stejný. […] […] § 8. Podnik nebo společnost se může domáhat osvobození pouze tehdy, pokud v době tří let před úmrtím až pět let po úmrtí a v souladu s ustanoveními královské vyhlášky ze dne 8. října 1976 o ročních účetních závěrkách podniků, vyhotoví roční účetní závěrky, které jsou použity také k odůvodnění přiznání k dani z příjmů. Podniky nebo společnosti, které nemají své sídlo na území vlámského regionu, musejí vyhotovit roční účetní závěrky v souladu s právními předpisy v dané oblasti použitelnými v místě, kde mají sídlo. […] § 10. Pod sankcí neplatnosti podléhá použitelnost článku 60a splnění následujících podmínek: 1° v daňovém přiznání je použití článku 60a výslovně požadováno; 2° k daňovému přiznání je připojeno osvědčení vystavené vlámským regionem o tom, že podmínky stanovené v tomto článku ohledně zaměstnávání a kapitálu jsou splněny; […] § 11. Dědici, kteří si přejí využít ustanovení článku 60a, doporučeným dopisem zašlou vlámské vládě žádost za účelem získání osvědčení uvedeného v § 10. […]“ Spor v původním řízení a předběžná otázka 7. Z předkládacího rozhodnutí vyplývá, že M. Geurts je vdovou po J. Vogtenovi, nizozemském státním příslušníkovi, který se narodil dne 25. června 1959 v Nizozemsku a zemřel dne 6. ledna 2003, a D. Vogten je jeho syn. V okamžiku své smrti a během alespoň pěti předchozích let bydlel J. Vogten ve vlámském regionu. Není zpochybňováno, že jeho daňový domicil se nacházel na území tohoto regionu, a z toho důvodu je na jeho dědictví použitelný článek 60a zákoníku o dědické dani. 8. Společné jmění J. Vogtena a jeho manželky zahrnovalo mimo jiné 100 % podílů v Jos Vogten Beheer BV a de Vogten Staal BV, společnostech založených podle nizozemského práva, které mají sídlo v Maastrichtu (Nizozemsko). Není zpochybňováno, že oba tyto podniky jsou rodinnými společnostmi ve smyslu čl. 60a § 3 zákoníku o dědické dani. Aktiva společného jmění zahrnovala také pohledávku ve smyslu čl. 60a § 1 písm. b) téhož zákoníku ve výši 1 110 568 eur vůči společnosti Jos Vogten Beheer. 9. Je rovněž nesporné, že v průběhu více než tří let před úmrtím J. Vogtena obě tyto dotčené společnosti nepřetržitě zaměstnávaly více než pět zaměstnanců v Nizozemsku. Konkrétněji, ze spisu předloženého Soudnímu dvoru vyplývá, že Vogten Staal BV zaměstnávala devět zaměstnanců a Jos Vogten Beheer BV osmnáct. 10. Belgické daňové orgány odmítly přiznat dědicům J. Vogtena osvobození stanovené v článku 60a zákoníku o dědické dani z toho důvodu, že jedna z podmínek stanovených v tomto ustanovení nebyla splněna, a sice ta, že zaměstnanci společností Vogten Staal a Jos Vogten Beheer nebyli zaměstnáni ve vlámském regionu. Výše dědické daně, jež má být v projednávaném případě odvedena, činí 839 485,60 eur. 11. Vzhledem k tomu, že Rechtbank van eerste aanleg te Hasselt, kterému byla předložena žaloba dědiců po J. Vogtenovi proti tomuto rozhodnutí o odmítnutí, má pochybnosti o slučitelnosti podmínky stanovené v článku 60a § 5 prvním pododstavci zákoníku o dědické dani s ustanoveními Smlouvy o ES v oblasti práva na usazování a volného pohybu kapitálu a že má za to, že odpověď na vznesenou otázku nevyplývá z judikatury Soudního dvora, rozhodl se přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžnou otázku: „Má být právo Společenství, zejména články 43 ES a 56 ES, vykládáno tak, že je s těmito články neslučitelné omezení vyplývající z ustanovení právních předpisů členského státu v oblasti dědictví, v projednávaném případě článku 60a […] zákoníku o dědické dani, ustanovení, které osvobozuje právního nástupce zůstavitele, to znamená dědice, od dědické daně z podílů v rodinné společnosti nebo z pohledávky vůči takové společnosti, pokud uvedená společnost ve třech letech, které předcházely úmrtí, zaměstnávala alespoň pět zaměstnanců, ale omezuje toto osvobození na případ, že [tito] zaměstnanci jsou zaměstnáni v určitém regionu tohoto členského státu (v projednávaném případě ve vlámském regionu)?“ K předběžné otázce 12. Podstatou otázky předkládajícího soudu, je zda články 43 ES a 56 ES brání daňové právní úpravě členského státu v oblasti dědické daně, která vylučuje z osvobození od této daně stanoveného pro rodinné podniky ty podniky, které zaměstnávají během tří let předcházejících úmrtí zůstavitele nejméně pět zaměstnanců v jiném členském státě, zatímco takové osvobození přiznává, pokud se takové pracovní místo nachází v určitém regionu prvního členského státu. 13. Úvodem je třeba uvést, že osvobození dotčené v původním řízení se vztahuje na rodinné společnosti, a sice společnosti, které byly během tří let před úmrtím vlastněny zůstavitelem, případně společně s blízkými členy jeho rodiny, ve výši nejméně 50 % základního kapitálu, který přiznával těmto osobám určitý vliv na rozhodnutí dotčené společnosti a umožňoval jim určovat její činnosti. 14. Za účelem posouzení právní úpravy sporné v původním řízení z hlediska základních svobod, je namístě uvést, že situace příslušníka Společenství, který po převedení svého bydliště bydlí v jednom členském státě a vlastní většinové podíly ve společnostech usazených v jiném členském státě, spadá od tohoto převedení do působnosti článku 43 ES (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 7. září 2006, N, C‑470/04, Sb. rozh. s. I‑7409, bod 28). 15. Podle ustálené judikatury, i když článek 43 ES má podle svého znění za cíl zejména zajistit tuzemské zacházení v hostitelském členském státě, brání také tomu, aby členský stát původu bránil tomu, aby se jeho státní příslušník, jakož i státní příslušníci jiných členských států, kteří bydlí na jeho území, usadili v jiném členském státě (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 13. dubna 2000, Baars, C‑251/98, Recueil, s. I‑2787, body 28 a 29, jakož i uvedená judikatura). 16. Právní úprava sporná v původním řízení se dotýká především svobody usazování a podle judikatury Soudního dvora spadá výhradně do působnosti ustanovení Smlouvy týkajících se této svobody. I za předpokladu, že by takové vnitrostátní opatření mělo omezující účinky na volný pohyb kapitálu, jak tvrdí žalobci v původním řízení, je nutné takové účinky považovat za nevyhnutelný důsledek případné překážky svobody usazování a neodůvodňují přezkum uvedeného opatření s ohledem na články 56 ES až 58 ES (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 13. března 2007, Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation, C‑524/04, Sb. rozh. s. I‑2107, body 33 a 34, jakož i usnesení ze dne 10. května 2007, A a B, C‑102/05, Sb. rozh. s. I‑3871, body 26 a 27). 17. Jak již Soudní dvůr rozhodl, účinky daňových právních předpisů v oblasti dědictví patří k důvodům, které státní příslušník určitého členského státu může právoplatně zohlednit při svém rozhodování, zda využije volného pohybu zakotveného ve Smlouvě, nebo nikoliv (rozsudek ze dne 11. prosince 2003, Barbier, C‑364/01, Recueil, s. I‑15013, bod 75). 18. Tím, že právní úprava sporná v původním řízení ukládá jako podmínku osvobození od dědické daně stanoveného pro rodinné podniky zaměstnání určitého počtu zaměstnanců v určitém regionu dotčeného členského státu během tří let předcházejících úmrtí zůstavitele, zachází s vlastníkem takového podniku, a po jeho smrti s jeho dědici, rozdílným způsobem podle toho, zda tento podnik zaměstnává zaměstnance v tomto členském státě, nebo v jiném členském státě. 19. Podle judikatury Soudního dvora právní úprava členského státu, která stanoví rozdílné zacházení s daňovými poplatníky podle toho, kde se nachází sídlo společnosti, jejímiž společníky jsou tito daňoví poplatníci, je v zásadě v rozporu s článkem 43 ES (viz v tomto smyslu výše uvedený rozsudek Baars, body 30 a 31). To platí také pro právní úpravu členského státu, která stanoví rozdílné zacházení s daňovými poplatníky podle toho, kde se nachází místo, v němž společnost, jejímiž vlastníky jsou tito daňoví poplatníci, zaměstnává během určitého období určitý počet zaměstnanců. 20. Z ustálené judikatury Soudního dvora vyplývá, že v oblasti svobody usazování pravidla rovného zacházení zakazují nejen zjevnou diskriminaci na základě státní příslušnosti nebo sídla, pokud jde o společnosti, ale také všechny skryté formy diskriminace, které prostřednictvím použití jiných rozlišovacích kritérií vedou ve skutečnosti ke stejnému výsledku (rozsudek ze dne 19. září 2000, Německo v. Komise, C‑156/98, Recueil, s. I‑6857, bod 83 a uvedená judikatura). 21. Právní úprava dotčená v původním řízení přitom ukládá jako podmínku přiznání jí stanoveného zvýhodnění to, že společnost zaměstnávala v průběhu určitého období určitý počet zaměstnanců na území regionu dotyčného členského státu, což je podmínka, kterou může nesporně snadněji splnit společnost již usazená ve zmíněném členském státě. 22. V důsledku toho tato právní úprava zavádí pro účely přiznání daňového zvýhodnění nepřímou diskriminaci mezi daňovými poplatníky podle místa zaměstnávání určitého počtu zaměstnanců v průběhu určitého období, diskriminaci, která může bránit tomu, aby tito daňoví poplatníci využili svobody usazování. 23. V rozporu s tvrzením belgické vlády není možné vyloučit existenci takového diskriminačního zacházení pouze na základě toho, že dotčená právní úprava neodkazuje na usazení podniku na území příslušného členského státu, ale pouze na zaměstnávání určitého počtu zaměstnanců v tomto státě, přičemž umožňuje podnikům, které mají sídlo v jiném členském státě, aby využily dotčeného daňového zvýhodnění, pokud zaměstnávají požadovaný počet zaměstnanců v tomto prvním členském státě. 24. Takové zacházení lze připustit pouze tehdy, sleduje-li legitimní cíl slučitelný se Smlouvou nebo je-li odůvodněno naléhavými důvody obecného zájmu. V takovém případě je ještě třeba, aby bylo způsobilé zaručit uskutečnění dotčeného cíle a nepřekračovalo meze toho, co je k dosažení tohoto cíle nezbytné (viz zejména rozsudky ze dne 13. prosince 2005, Marks & Spencer, C‑446/03, Sb. rozh. s. I‑10837, bod 35; ze dne 12. září 2006, Cadbury Schweppes a Cadbury Schweppes Overseas, C‑196/04, Sb. rozh. s. I‑7995, bod 47, jakož i ze dne 29. března 2007, Rewe Zentralfinanz, C‑347/04, Sb. rozh. s. I‑2647, bod 37). 25. Za účelem odůvodnění právní úpravy dotčené v původním řízení belgická vláda předkládá důvody týkající se přežití malých a středních podniků a zachování pracovních míst v nich v případě, že jsou děděny v tomto členském státě, jakož i požadavků spojených s účinností daňových kontrol. 26. Není vyloučeno, že takové důvody, zvláště důvody týkající se přežití malých a středních podniků a zachování pracovních míst v nich, mohou za určitých okolností a podmínek představovat přijatelné odůvodnění vnitrostátní právní úpravy, která stanoví daňové zvýhodnění ve prospěch fyzických nebo právnických osob. 27. Pokud jde o důvody předložené belgickou vládou, je třeba uvést, že této vládě se nepodařilo prokázat nutnost vyhradit dotčené osvobození takzvaným „rodinným“ podnikům, které zachovávají určitý počet pracovních míst na území dotčeného členského státu. V projednávaném případě se totiž ve vztahu k cíli zabránit tomu, aby daňové zatížení dědictví ohrozilo další existenci rodinných podniků, a tedy pracovních míst, které poskytují, podniky, které mají sídlo v jiném členském státě, nacházejí v situaci srovnatelné se situací podniků usazených v tomto prvním členském státě. 28. Kromě toho, pokud jde o argument této vlády vycházející z nutnosti zachovat účinnost daňových kontrol z důvodu, že směrnice Rady 77/799/EHS ze dne 19. prosince 1977 o vzájemné pomoci mezi příslušnými orgány členských států v oblasti přímých daní (Úř. věst. L 336, s. 15; Zvl. vyd. 09/01, s. 63) se nevztahuje na dědickou daň, stačí uvést, že tato obtíž nemůže odůvodnit kategorické odmítnutí přiznat dotčená daňová zvýhodnění, jelikož daňové orgány mohou požadovat od daňových poplatníků, aby sami poskytli důkazy, které tyto orgány považují za nezbytné k úplnému zajištění toho, že uvedená zvýhodnění jsou přiznána pouze v případě, kdy dotyčná pracovní místa splňují kritéria definovaná vnitrostátním právem (viz v tomto smyslu rozsudek ze dne 11. října 2007, Elisa, C‑451/05, Sb. rozh. s. I‑0000, bod 98). 29. Na položenou otázku je tedy namístě odpovědět tak, že v případě, že neexistuje právoplatné odůvodnění, brání článek 43 ES daňové právní úpravě členského státu v oblasti dědické daně, která vylučuje z osvobození od této daně stanoveného pro rodinné podniky ty podniky, které zaměstnávají ve třech letech předcházejících úmrtí zůstavitele nejméně pět zaměstnanců v jiném členském státě, zatímco takové osvobození přiznává, pokud jsou zaměstnanci zaměstnáni v určitém regionu prvního členského státu. K nákladům řízení 30. Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení vzhledem ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Výrok Z těchto důvodů Soudní dvůr (čtvrtý senát) rozhodl takto: V případě, že neexistuje právoplatné odůvodnění, brání článek 43 ES daňové právní úpravě členského státu v oblasti dědické daně, která vylučuje z osvobození od této daně stanoveného pro rodinné podniky ty podniky, které zaměstnávají ve třech letech předcházejících úmrtí zůstavitele nejméně pět zaměstnanců v jiném členském státě, zatímco takové osvobození přiznává, pokud jsou zaměstnanci zaměstnáni v určitém regionu prvního členského státu.

62010TJ0566

de

Klage gegen die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 7. September 2010 (Sache R 270/2010-1) zu einem Nichtigkeitsverfahren zwischen der Caterpillar Inc. und Jutta Ertmer Tenor 1. Die Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des Harmonisierungsamts für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle) (HABM) vom 7. September 2010 (Sache R 270/2010-1) wird aufgehoben. 2. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen. 3. Das HABM und die Caterpillar Inc. tragen die Kosten.

62002TJ0380

el

ς. Η προσφυγή θεωρείται ότι έχει ασκηθεί μόνο μετά την καταβολή του τέλους προσφυγής. Εντός προθεσμίας τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης, πρέπει να κατατεθεί γραπτώς υπόμνημα που να εκθέτει τους λόγους της προσφυγής. […] Άρθρο 77 Κοινοποίηση Το Γραφείο κοινοποιεί αυτεπάγγελτα όλες τις αποφάσεις και κλητεύσεις για εμφάνιση ενώπιόν του, καθώς και τις γνωστοποιήσεις που αποτελούν αφετηρία προθεσμιών ή των οποίων η κοινοποίηση προβλέπεται από άλλες διατάξεις του παρόντος κανονισμού ή από τον εκτελεστικό κανονισμό, ή διατάσσεται από τον πρόεδρο του Γραφείου. Άρθρο 78 Επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση (restitutio in integrum) 1. Ο καταθέτης ή ο δικαιούχος κοινοτικού σήματος ή οποιοσδήποτε άλλος διάδικος σε διαδικασία ενώπιον του Γραφείου ο οποίος, παρότι επέδειξε όλη την επιμέλεια που επιβάλλουν οι περιστάσεις, δεν μπόρεσε να τηρήσει μια προθεσμία έναντι του Γραφείου, αποκαθίσταται, μετά από αίτηση, στα δικαιώματά του εάν το κώλυμα είχε ως άμεση συνέπεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, την απώλεια δικαιώματος ή ένδικου μέσου. 2. Η αίτηση πρέπει να υποβληθεί εγγράφως εντός προθεσμίας δύο μηνών από την παύση του κωλύματος. Η μη διενεργηθείσα πράξη πρέπει να διενεργηθεί μέσα στην προθεσμία αυτή. Η αίτηση είναι παραδεκτή μόνον εντός προθεσμίας ενός έτους από τη λήξη της μη τηρηθείσας προθεσμίας. Σε περίπτωση που δεν υποβλήθηκε η αίτηση ανανέωσης της καταχώρησης ή δεν καταβλήθηκε το τέλος της ανανέωσης, η πρόσθετη προθεσμία των έξι μηνών που προβλέπεται στο άρθρο 47, παράγραφος 3, τρίτη φράση, αφαιρείται από την περίοδο του ενός έτους. […] 4. Το τμήμα που είναι αρμόδιο να αποφασίσει για τη μη διενεργηθείσα πράξη, αποφασίζει και για την αίτηση. […]» 2       Ο κανονισμός (ΕΚ) 2868/95 της Επιτροπής, της 13ης Δεκεμβρίου 1995, περί της εφαρμογής του κανονισμού 40/94 (ΕΕ L 303, σ. 1), περιέχει τις ακόλουθες διατάξεις: «Κανόνας 49 Απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης 1. Αν η προσφυγή αντιβαίνει στα άρθρα 57, 58 και 59 του κανονισμού και στον κανόνα 48, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, και παράγραφος 2, το τμήμα προσφυγών την απορρίπτει ως απαράδεκτη εκτός αν οι ελλείψεις θεραπευτούν πριν λήξει η σχετική προθεσμία που προβλέπεται από το άρθρο 59 του κανονισμού. […] 3. Αν το τέλος προσφυγής καταβληθεί μετά τη λήξη της προθεσμίας για υποβολή προσφυγής σύμφωνα με το άρθρο 59 του κανονισμού, η προσφυγή λογίζεται ως μη υποβληθείσα και το τέλος επιστρέφεται στον προσφεύγοντα […] Κανόνας 61 Γενικές διατάξεις που ισχύουν για τις κοινοποιήσεις 1. Στις διαδικασίες ενώπιον του Γραφείου, αποτελεί αντικείμενο κοινοποίησης εκ μέρους του Γραφείου είτε το πρωτότυπο του εγγράφου, είτε επικυρωμένο αντίγραφο ή αντίγραφο το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου, είτε έντυπο που παράγεται από υπολογιστή και φέρει αυτή τη σφραγίδα. Τα αντίγραφα των εγγράφων που υποβάλλουν οι διάδικοι δεν χρειάζονται θεώρηση από το Γραφείο. 2. Η κοινοποίηση πραγματοποιείται: α)      ταχυδρομικώς σύμφωνα με τον κανόνα 62· β)      με άμεση επίδοση σύμφωνα με τον κανόνα 63· γ)      με κατάθεση στην ταχυδρομική θυρίδα στο Γραφείο σύμφωνα με τον κανόνα 64 ή δ)      με τηλεομοιοτυπία και άλλα τεχνικά μέσα σύμφωνα με τον κανόνα 65· ε)      με κοινοποίηση σύμφωνα με τον κανόνα 66. Κανόνας 62 Κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου 1. Οι αποφάσεις των οποίων η έκδοση αποτελεί αφετηρία προθεσμίας για προσφυγή, οι κλητεύσεις και όσα έγγραφα καθορίζονται από τον πρόεδρο του Γραφείου, κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Οι αποφάσεις και ανακοινώσεις που αποτελούν αφετηρία άλλης προθεσμίας επιδίδονται με συστημένη επιστολή, εφόσον ο πρόεδρος του Γραφείου δεν ορίζει άλλως. Όλες οι άλλες ανακοινώσεις γίνονται με απλή επιστολή. […] Κανόνας 65 Κοινοποίηση με τηλεομοιοτυπία και άλλα τεχνικά μέσα 1. Η κοινοποίηση με τηλεομοιοτυπία πραγματοποιείται με διαβίβαση είτε του πρωτοτύπου είτε αντιγράφου τους προς κοινοποίηση εγγράφου, όπως προβλέπεται από τον κανόνα 61 παράγραφος 1. Τις λεπτομέρειες αυτής της διαβίβασης καθορίζει ο πρόεδρος του Γραφείου. […] Κανόνας 68 Πλημμελής κοινοποίηση Όταν ένα έγγραφο έχει παραληφθεί από τον παραλήπτη, ακόμη και αν το Γραφείο δεν είναι σε θέση να αποδείξει τη νομότυπη κοινοποίηση του εγγράφου ή ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις περί κοινοποιήσεως, λογίζεται ότι το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε κατά την ημερομηνία την οποία το Γραφείο θεωρεί ως ημερομηνία παραλαβής. […]» Ιστορικό της διαφοράς 3       Στις 16 Σεπτεμβρίου 1997, η προσφεύγουσα υπέβαλε αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος στο Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ), δυνάμει του κανονισμού 40/94. Στο έντυπο της αιτήσεως περιλαμβάνονταν, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του εκπροσώπου της προσφεύγουσας με αναγραφή του αριθμού της τηλεομοιοτυπικής συσκευής του. 4       Το σήμα του οποίου ζητήθηκε η καταχώριση είναι το λεκτικό σημείο PAN & CO, για προϊόντα και υπηρεσίες που υπάγονται στις κλάσεις 11, 30, 35, 37 και 42, κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας σχετικά με την κατάταξη των προϊόντων των υπηρεσιών για την καταχώριση σημάτων, της 15ης Ιουνίου 1957, όπως έχει αναθεωρηθεί και τροποποιηθεί. 5       Η αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος δημοσιεύθηκε στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων αριθ. 54/98 της 20ής Ιουλίου 1998. 6       Στις 19 Οκτωβρίου 1998, η Chipita International SA (στο εξής: παρεμβαίνουσα) άσκησε ανακοπή βάσει του άρθρου 42, παράγραφος 1, του κανονισμού 40/94, η οποία πρωτοκολλήθηκε υπό τον αριθμό B 92 413. Ο λόγος που προβλήθηκε προς στήριξη της ανακοπής ήταν ο κίνδυνος συγχύσεως, που διαλαμβάνεται στο άρθρο 8, παράγραφος 1, στοιχείο β΄, του κανονισμού 40/94, μεταξύ του αιτηθέντος σήματος και της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος της παρεμβαίνουσας. Η τελευταία αυτή αίτηση, που κατατέθηκε στις 30 Αυγούστου 1996 για προϊόντα υπαγόμενα στην κλάση 30 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας, αφορά το ακόλουθο σήμα: 7       Η ανακοπή στρεφόταν αποκλειστικά κατά της καταχωρίσεως του λεκτικού σημείου PAN & CO για προϊόντα υπαγόμενα στην προαναφερθείσα κλάση. 8       Με την απόφαση 799/1999, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, το τμήμα ανακοπών απέρριψε την αίτηση καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος της προσφεύγουσας, αλλά μόνον όσον αφορά τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στην κλάση 30 κατά την έννοια του Διακανονισμού της Νίκαιας. 9       Με τηλεομοιοτυπία της 21ης Φεβρουαρίου 2000, το ΓΕΕΑ ζήτησε από την προσφεύγουσα να καταβάλει το τέλος καταχωρίσεως. 10     Κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας μεταξύ ενός υπαλλήλου του ΓΕΕΑ και του εκπροσώπου της προσφεύγουσας, η απόφαση του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999 διαβιβάστηκε στον εκπρόσωπο αυτόν με ηλεκτρονική επιστολή της 25ης Απριλίου 2000. 11     Με επιστολή της 23ης Ιουνίου 2000, την οποία το ΓΕΕΑ έλαβε στις 26 Ιουνίου 2000, η προσφεύγουσα κατέθεσε αίτηση περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, σύμφωνα με το άρθρο 78 του κανονισμού 40/94, καθώς και αίτηση προσβάσεως στον φάκελο και επιστροφής των εξόδων στα οποία είχε υποβληθεί. 12     Προς στήριξη της αιτήσεώς της περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ενημερωθεί από το ΓΕΕΑ σχετικά με τη διαδικασία ανακοπής B 92 413 και ότι έλαβε γνώση της διαδικασίας αυτής μόνον όταν της ζητήθηκε να καταβάλει το τέλος καταχωρίσεως. Λόγω της καταστάσεως αυτής, δεν μπόρεσε να τηρήσει την προθεσμία σχετικά με την κατάθεση παρατηρήσεων επί της ανακοπής κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, καθώς και την προθεσμία σχετικά με την προσφυγή κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999. Ζήτησε να αποκατασταθεί στα δικαιώματά της στο στάδιο που βρισκόταν η διαδικασία ένα έτος πριν από την κατάθεση της αιτήσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση και υπέβαλε, σε παράρτημα στην εν λόγω αίτηση, παρατηρήσεις επί της ανακοπής που άσκησε η παρεμβαίνουσα. 13     Με την ίδια αυτή επιστολή, η προσφεύγουσα ζήτησε επιπλέον να θεωρηθούν οι παρατηρήσεις της ως προσφυγή κατά της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, αν το ΓΕΕΑ θεωρούσε ότι είναι αδύνατο να την αποκαταστήσει στα δικαιώματά της, και συνήψε μία επιταγή για την πληρωμή του τέλους προσφυγής. 14     Με την απόφαση 2480/2000, της 25ης Οκτωβρίου 2000, το τμήμα ανακοπών έκρινε ότι ήταν αναρμόδιο, βάσει του άρθρου 78, παράγραφος 4, του κανονισμού 40/94, να αποφανθεί επί της αιτήσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, καθόσον αυτή αφορούσε τη μη τήρηση της προθεσμίας ασκήσεως προσφυγής κατά της αποφάσεώς του της 22ας Σεπτεμβρίου 1999. Απέρριψε κατά τα λοιπά την αίτηση ως απαράδεκτη, καθόσον είχε κατατεθεί ένα έτος και πλέον μετά τη λήξη, στις 6 Φεβρουαρίου 1999, της μη τηρηθείσας προθεσμίας, ήτοι της προθεσμίας των τριών μηνών που το ΓΕΕΑ έταξε στην προσφεύγουσα, με ανακοίνωση της 6ης Νοεμβρίου 1998, για την κατάθεση των παρατηρήσεών της επί της ανακοπής. Το τμήμα ανακοπών έκρινε επίσης ότι η αίτηση δεν ήταν εν πάση περιπτώσει βάσιμη, καθόσον τα στοιχεία που αφορούσαν τη διαδικασία ανακοπής B 92 413 είχαν δεόντως διαβιβαστεί στην προσφεύγουσα. 15     Με επιστολή της 29ης Νοεμβρίου 2000, το ΓΕΕΑ πληροφόρησε την προσφεύγουσα ότι η από 23 Ιουνίου 2000 αίτησή της θα αντιμετωπιστεί επίσης ως προσφυγή κατά της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999 (υπόθεση R 1124/2000-1). 16     Στις 2 Ιανουαρίου 2001, η προσφεύγουσα άσκησε προσφυγή ενώπιον του ΓΕΕΑ, βάσει του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94, κατά της αποφάσεως 2480/2000 του τμήματος ανακοπών, της 25ης Οκτωβρίου 2000 (υπόθεση R 26/2001-1). 17     Στις 2 Αυγούστου 2002, το ΓΕΕΑ κάλεσε την προσφεύγουσα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί των αναφορών περί ορθής διαβιβάσεως που εκτύπωσε η συσκευή τηλεομοιοτυπίας, αφενός, της ανακοινώσεως της 6ης Νοεμβρίου 1998 με την οποία κοινοποιήθηκε η ανακοπή και κλήθηκε η προσφεύγουσα να υποβάλει παρατηρήσεις επί της ανακοπής εντός προθεσμίας τριών μηνών και, αφετέρου, της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999. Η προσφεύγουσα ανταποκρίθηκε στην αίτηση αυτή με επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2002. 18     Με απόφαση της 26ης Σεπτεμβρίου 2002, το πρώτο τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της αποφάσεως 2480/2000 του τμήματος ανακοπών, της 25ης Οκτωβρίου 2000, με το αιτιολογικό ότι η αίτηση περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση δεν είχε κατατεθεί εντός των προθεσμιών που προβλέπει ο κανονισμός 40/94. 19     Η απόφαση του πρώτου τμήματος προσφυγών της 26ης Σεπτεμβρίου 2002, αφού διαβιβάστηκε για ενημέρωση στην προσφεύγουσα με τηλεομοιοτυπία της 2ας Οκτωβρίου 2002, κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα, με αποστολή στον εκπρόσωπό της συστημένης επιστολής με βεβαίωση παραλαβής, η οποία υπεγράφη δεόντως στις 10 Οκτωβρίου 2002. 20     Με απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 2003, η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 19 Φεβρουαρίου 2003, το πρώτο τμήμα προσφυγών απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, με το αιτιολογικό ότι η εν λόγω προσφυγή δεν είχε ασκηθεί εντός της προθεσμίας του άρθρου 59 του κανονισμού 40/94, η οποία έληξε στις 22 Νοεμβρίου 1999. 21     Με απόφαση της 13ης Μαρτίου 2003, η οποία κοινοποιήθηκε στην προσφεύγουσα στις 24 Μαρτίου 2003, το πρώτο τμήμα προσφυγών διόρθωσε την προαναφερθείσα απόφαση θεωρώντας, μεταξύ άλλων, ότι η εν λόγω προσφυγή λογιζόταν ως μη υποβληθείσα, βάσει του κανόνα 49, παράγραφος 3, του κανονισμού 2868/95. Διαδικασία και αιτήματα των διαδίκων 22     Με δικόγραφα που κατατέθηκαν στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 18 Δεκεμβρίου 2002 και στις 18 Απριλίου 2004 και τα οποία πρωτοκολλήθηκαν, αντιστοίχως, υπό τους αριθμούς Τ-380/02 και Τ-128/03, η προσφεύγουσα άσκησε τις υπό κρίση προσφυγές. 23     Το ΓΕΕΑ κατέθεσε υπόμνημα αντικρούσεως στη Γραμματεία του Πρωτοδικείου στις 15 Ιουλίου 2003 στην υπόθεση Τ-380/02 και στις 11 Σεπτεμβρίου 2003 στην υπόθεση T-128/03. 24     Η παρεμβαίνουσα κατέθεσε, στις 18 Αυγούστου 2003, στην υπόθεση Τ-128/03, υπόμνημα αντικρούσεως με το οποίο ζήτησε την αναστολή της διαδικασίας εν αναμονή της εκδοθησομένης στην υπόθεση T-380/02 αποφάσεως. Η προσφεύγουσα και το ΓΕΕΑ αντιτάχθηκαν στην αίτηση περί αναστολής και δήλωσαν αντιθέτως ότι επιθυμούσαν τη συνεκδίκαση των ως άνω δύο υποθέσεων. 25     Με διάταξη του προέδρου του τετάρτου τμήματος του Πρωτοδικείου της 3ης Φεβρουαρίου 2004, αποφασίστηκε η συνεκδίκαση των υποθέσεων T-380/02 και T-128/03 προς διευκόλυνση της προφορικής διαδικασίας και προς έκδοση κοινής αποφάσεως, σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού Διαδικασίας του Πρωτοδικείου. 26     Κατόπιν εκθέσεως του εισηγητή δικαστή, το Πρωτοδικείο αποφάσισε να κινήσει την προφορική διαδικασία και, στο πλαίσιο των μέτρων οργανώσεως της διαδικασίας, κάλεσε τους διαδίκους να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις και να προσκομίσουν έγγραφα, πράγμα το οποίο αυτοί έπραξαν εντός της ταχθείσας προθεσμίας. 27     Η προσφεύγουσα και το ΓΕΕΑ αγόρευσαν και απάντησαν στις ερωτήσεις του Πρωτοδικείου κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της 14ης Δεκεμβρίου 2004. 28     Κατά την ως άνω επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η προσφεύγουσα διευκρίνισε ότι ζητούσε, στην υπόθεση T-380/02, την ακύρωση της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών της 26ης Σεπτεμβρίου 2002 και όχι της 2ας Οκτωβρίου 2002, όπως εσφαλμένα είχε αναφέρει με το δικόγραφο της προσφυγής. Το ΓΕΕΑ δεν διατύπωσε συναφώς καμία παρατήρηση. 29     Στην υπόθεση T-380/02, η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο: –       να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος προσφυγών της 26ης Σεπτεμβρίου 2002, –       να κρίνει ότι το καθού οφείλει να «προβεί στην επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση». –       να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στο σύνολο των δικαστικών εξόδων. 30     Στην υπόθεση T-128/03, η προσφεύγουσα ζητεί από το Πρωτοδικείο: –       να ακυρώσει την απόφαση του τμήματος προσφυγών της 13ης Φεβρουαρίου 2003 ή/και την απόφαση του τμήματος προσφυγών της 13ης Μαρτίου 2003, –       να καταδικάσει το ΓΕΕΑ στο σύνολο των δικαστικών εξόδων. 31     Σε αμφότερες τις υποθέσεις, το ΓΕΕΑ ζητεί από το Πρωτοδικείο: –       να απορρίψει την προσφυγή, –       να καταδικάσει την προσφεύγουσα στα δικαστικά έξοδα. Σκεπτικό Επιχειρήματα των διαδίκων Υπόθεση T-380/02 32     Η προσφεύγουσα εξηγεί, καταρχάς, ότι, αφού έλαβε στις 21 Φεβρουαρίου 2000 αίτηση του ΓΕΕΑ για την καταβολή του τέλους καταχωρίσεως, αντιλήφθηκε ότι έλειπε μια κλάση προϊόντων σε σχέση με αυτό το οποίο είχε ζητήσει. Αναφέρει ότι, μετά από αιτήσεις παροχής εξηγήσεων, το ΓΕΕΑ της απέστειλε, με ηλεκτρονική επιστολή της 25ης Απριλίου 2000, την απόφαση 799/1999 του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, πράγμα το οποίο της παρέσχε τη δυνατότητα να λάβει γνώση της υπάρξεως ανακοπής κατά της αιτήσεώς της περί καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος. 33     Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι πληροφορήθηκε τη διεξαγωγή της διαδικασίας ανακοπής μέσω της αναγνώσεως της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών της 25ης Οκτωβρίου 2000, η οποία κάνει λόγο για τέσσερα έγγραφα τα οποία της διαβίβασε το ΓΕΕΑ, ήτοι: –       μια τηλεομοιοτυπία της 6ης Νοεμβρίου 1998, με την οποία της κοινοποιήθηκε η ανακοπή και τάχθηκε προθεσμία τριών μηνών, λήγουσα συνεπώς στις 6 Φεβρουαρίου 1999, για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων, –       μια τηλεομοιοτυπία της 3ης Ιουνίου 1999, που την πληροφορούσε ότι το προγενέστερο σήμα στο οποίο στηριζόταν η ανακοπή είχε εν τω μεταξύ καταχωριστεί στο μητρώο των κοινοτικών σημάτων και ότι επρόκειτο να ληφθεί απόφαση με βάση τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία και μόνο, –       μια τηλεομοιοτυπία της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, με την οποία της κοινοποιήθηκε η απόφαση 799/1999 του τμήματος ανακοπών της ίδιας ημερομηνίας, –       μια τηλεομοιοτυπία της 11ης Ιανουαρίου 2000, με την οποία της κοινοποιήθηκε η θέση σε ισχύ της προαναφερθείσα αποφάσεως και τάχθηκε προθεσμία τριών μηνών για την κατάθεση αιτήσεως μερικής τροποποιήσεως της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος. 34     Κανένα όμως από τα έγγραφα αυτά δεν περιήλθε στο γραφείο του εκπροσώπου της προσφεύγουσας, του οποίου η εσωτερική οργάνωση αποκλείει κάθε δυνατότητα απώλειας εγγράφων και μάλιστα τεσσάρων. Έτσι, η προσφεύγουσα στερήθηκε το δικαίωμα ακροάσεως, στον βαθμό που της ήταν αδύνατον να έλθει σε επαφή με την ανακόπτουσα κατά την περίοδο συμβιβασμού, να υποβάλει τις παρατηρήσεις της ή να ασκήσει εμπροθέσμως προσφυγή κατά της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών. Η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι, υπό τις περιστάσεις αυτές, μολονότι επέδειξε την επιβαλλόμενη από τις περιστάσεις επιμέλεια, στερήθηκε τη δυνατότητα να τηρήσει τις προθεσμίες που καθόρισε το ΓΕΕΑ, πράγμα το οποίο δικαιολογεί την επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. 35     Η προσφεύγουσα αναφέρει ότι το γεγονός ότι αγνοούσε την κατάσταση της διαδικασίας ανακοπής ήταν ακριβώς ο λόγος για τον οποίο ζήτησε από το ΓΕΕΑ να αποκατασταθεί στα δικαιώματά της στο στάδιο στο οποίο βρισκόταν η διαδικασία ένα έτος πριν από την κατάθεση της αιτήσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. 36     Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, δεύτερον, ότι η θέση του ΓΕΕΑ ότι οι προθεσμίες εντός των οποίων μπορεί να προσβληθεί η ανακοπή είχαν λήξει πλέον του ενός έτους πριν από την υποβολή της αιτήσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση δεν μπορεί να γίνει δεκτή. 37     Συναφώς, η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι στις 26 Ιουνίου 1999, ήτοι ένα έτος πριν από την κατάθεση της προαναφερθείσας αιτήσεως, το ΓΕΕΑ δεν είχε ακόμη αποφανθεί επί της ανακοπής και η διαδικασία ανακοπής δεν περατώθηκε παρά με την απόφαση του αρμοδίου τμήματος. Ισχυρίζεται ότι, μέχρι την έκδοση της αποφάσεως αυτής, παρήρχοντο προθεσμίες, υπό την έννοια των «περιόδων» ή «χρονικών διαστημάτων», εντός των οποίων θα μπορούσε να προβεί σε διαδικαστικές πράξεις, όπως είναι η αίτηση αναστολής της διαδικασίας ανακοπής, η ανάκληση της αιτήσεως καταχωρίσεως ή ο περιορισμός των προϊόντων και υπηρεσιών που καλύπτει το αιτούμενο σήμα, ή να έλθει σε συνδιαλλαγή με την ανακόπτουσα. Υπό τις συνθήκες αυτές, θα μπορούσε, κατά την προσφεύγουσα, να της είχε χορηγηθεί η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, παρατηρουμένου ότι απώλεσε επίσης τη δυνατότητα ασκήσεως του δικαιώματος ασκήσεως προσφυγής κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών. 38     Η προσφεύγουσα υποστηρίζει, τρίτον, ότι το ΓΕΕΑ δεν απέδειξε ότι τα τέσσερα επίμαχα έγγραφα κοινοποιήθηκαν πράγματι στον εκπρόσωπό της, καθόσον είναι συναφώς ανεπαρκής η προσκόμιση δύο αναφορών περί διαβιβάσεως, δεδομένου ότι η διαβίβαση των τηλεομοιοτυπιών μπορεί να ήταν ελαττωματική. Υποστηρίζει ότι οι αναφορές περί διαβιβάσεως τηλεομοιοτυπίας εν γένει και ειδικότερα αυτές του ΓΕΕΑ δεν είναι σε καμία περίπτωση πρόσφορες για την απόδειξη μιας κοινοποιήσεως. Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, η περιοριστική ερμηνεία του άρθρου 78 του κανονισμού 40/94 την οποία δέχθηκε το τμήμα προσφυγών απαλείφει κάθε δυνατότητα επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, υπό την έννοια ότι, αν κανένα έγγραφο δεν κοινοποιήθηκε, η επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση ουδέποτε θα ήταν δυνατή, δεδομένου ότι καμία προθεσμία δεν θα άρχιζε να τρέχει ελλείψει κοινοποιήσεως. 39     Η προσφεύγουσα παρατηρεί, τέλος, ότι το τμήμα ανακοπών δεν αποφάνθηκε, με την από 25 Οκτωβρίου 2000 απόφασή του, επί της επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση σχετικά με την λήξασα προθεσμία ασκήσεως προσφυγής και αναφέρει ότι ζήτησε εγγράφως από το ΓΕΕΑ, στις 22 Νοεμβρίου 2000, να υπάρξει απόφανση επί του τμήματος αυτού της αιτήσεως. 40     Το ΓΕΕΑ υποστηρίζει ότι το τμήμα προσφυγών απέρριψε την αίτηση περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 78, παράγραφος 2, τρίτη περίοδος, του κανονισμού 40/94, στον βαθμό που η εν λόγω αίτηση κατατέθηκε ένα και πλέον έτος μετά τη λήξη της μη τηρηθείσας προθεσμίας, ήτοι στις 6 Φεβρουαρίου 1999. Υπόθεση T-128/03 41     Η προσφεύγουσα προβάλλει, κατ’ ουσίαν, τρεις αιτιάσεις προς στήριξη του ακυρωτικού αιτήματός της. 42     Προσάπτει, καταρχάς, στο τμήμα προσφυγών ότι τροποποίησε ουσιωδώς τόσο το σκεπτικό όσο και το διατακτικό της αρχικής αποφάσεώς του της 13ης Φεβρουαρίου 2003, τούτο δε κατά παράβαση του κανόνα 53 του κανονισμού 2868/95 ο οποίος επιτρέπει μόνο τη διόρθωση των προφανών ανακριβειών. Η διόρθωση αυτή πρέπει να θεωρηθεί άκυρη πράξη από νομική άποψη. 43     Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται, δεύτερον, ότι το ΓΕΕΑ δεν προέβη σε ορθή κοινοποίηση των ανακοινώσεων και αποφάσεών του. 44     Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η προσφεύγουσα διευκρίνισε ότι το ΓΕΕΑ δεν έχει απόλυτη ελευθερία επιλογής όσον αφορά τους τρόπους κοινοποιήσεως που απαριθμεί ο κανόνας 61, παράγραφος 2, του κανονισμού 2868/95 και ότι θα έπρεπε εν προκειμένω να συμμορφωθεί προς τον κανόνα 62, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού ο οποίος προβλέπει κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου. 45     Η προσφεύγουσα τονίζει ότι, ως απόδειξη της κοινοποιήσεως των τεσσάρων εγγράφων που μνημονεύθηκαν στη σκέψη 33 ανωτέρω, τα οποία ουδέποτε έλαβε, το ΓΕΕΑ απλώς προσκομίζει κάποιες αναφορές διαβιβάσεως τηλεομοιοτυπιών οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν απόδειξη νομότυπης κοινοποιήσεως. Πρόκειται απλώς για ενδείξεις κοινοποιήσεως. 46     Επιπλέον, η μία από τις αναφορές αυτές, ήτοι εκείνη που αφορά την ανακοίνωση της 6ης Νοεμβρίου 1998 σχετικά με την ύπαρξη ανακοπής κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, είναι προδήλως εσφαλμένη, στον βαθμό που σ’ αυτή δεν εμφαίνεται το τηλεφωνικό πρόθεμα της Αυστρίας. Το «OK» που εμφαίνεται στην εν λόγω αναφορά αποδεικνύει ότι μπορεί να εκτυπωθεί επιβεβαίωση ορθής εκπομπής ακόμη και σε περίπτωση σφάλματος κατά τη διαβίβαση μέσω τηλεομοιοτυπικής συσκευής. Η προσφεύγουσα παρατηρεί ότι, στην από 13 Φεβρουαρίου 2003 απόφασή του, το τμήμα προσφυγών ουδόλως αναφέρεται στην επίμαχη αναφορά και εξετάζει μόνο την επιβεβαιωτική αναφορά σχετικά με τη διαβίβαση της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999. 47     Η προσφεύγουσα τονίζει ότι, εν πάση περιπτώσει, η εμπειρία καταδεικνύει ότι είναι δυνατόν να υπάρχει αναφορά που να επιβεβαιώνει την εκπομπή και η τηλεομοιοτυπία να μην έχει φθάσει ποτέ στον παραλήπτη. 48     Περαιτέρω, από την εξέταση των πρακτικών διαφόρων εθνικών γραφείων και του Ευρωπαϊκού Γραφείου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας προκύπτει ότι η αποστολή επίσημων ανακοινώσεων, τουλάχιστον εκείνων που προκαλούν την έναρξη μιας προθεσμίας, μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεομοιοτυπικών συσκευών με πρόσθετους μηχανισμούς ασφαλείας, αντιστοιχεί όχι μόνο στους ευρωπαϊκούς αλλά και στους διεθνείς νομικούς κανόνες. Όταν ένα έγγραφο αποστέλλεται μόνο με τηλεομοιοτυπία, ουδέποτε μπορεί να προσκομιστεί η απόδειξη ορθής κοινοποιήσεως. 49     Τρίτον, η προσφεύγουσα προβάλλει, κατ’ ουσίαν, προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, υπό την έννοια ότι η πρόσβαση στον φάκελο της διαδικασίας ανακοπής, την οποία ζήτησε στις 12 Ιουλίου 2002, ουδέποτε της επετράπη. 50     Το ΓΕΕΑ ζητεί την απόρριψη του συνόλου των αιτιάσεων που προέβαλε η προσφεύγουσα ως αβάσιμων. 51     Η παρεμβαίνουσα υποστηρίζει ότι ορθώς το τμήμα προσφυγών θεώρησε, με την απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 2003, ότι οι υφιστάμενες ενδείξεις ήσαν επαρκείς για να αποδειχθεί ότι η απόφαση του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999 κοινοποιήθηκε πράγματι αυθημερόν στην προσφεύγουσα και ότι, κατά συνέπεια, η προσφυγή που ασκήθηκε κατά της αποφάσεως αυτής ήταν απαράδεκτη. 52     Η παρεμβαίνουσα παρατηρεί ότι η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε στοιχεία, ειδικότερα δε αντίγραφα των ημερολογίων εκπομπής και λήψης της τηλεομοιοτυπικής συσκευής, που να αναιρούν το υποστατό της προαναφερθείσας κοινοποιήσεως. Εκτίμηση του Πρωτοδικείου 53     Δεν αμφισβητείται ότι τόσο η αίτηση περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση όσο και η προσφυγή κατά της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, με την οποία έγινε δεκτή η ανακοπή κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, απορρίφθηκαν με το αιτιολογικό ότι δεν είχαν ασκηθεί εντός των προβλεπομένων προς τούτο προθεσμιών. Συγκεκριμένα, το ΓΕΕΑ θεώρησε ότι οι επίμαχες προθεσμίες είχαν αρχίσει να τρέχουν από της κοινοποιήσεως στην προσφεύγουσα, με τηλεομοιοτυπίες, της ανακοινώσεως της 6ης Νοεμβρίου 1998, που την πληροφορούσε σχετικά με την ύπαρξη ανακοπής κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως σήματος που είχε υποβάλει και σχετικά με την έναρξη προθεσμίας τριών μηνών για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων, και της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, η οποία συνοδευόταν από επιστολή που την πληροφορούσε ότι κατά της αποφάσεως αυτής μπορούσε να ασκηθεί προσφυγή εντός προθεσμίας δύο μηνών από της κοινοποιήσεώς της. 54     Πέραν του γεγονότος ότι ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε καμία από τις τηλεομοιοτυπίες αυτές, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι το ΓΕΕΑ θα έπρεπε να συμμορφωθεί προς τον κανόνα 62, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95, που προβλέπει κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, και ότι οι αναφορές διαβιβάσεως τηλεομοιοτυπιών δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να αποτελέσουν απόδειξη νομότυπης κοινοποιήσεως, η οποία και μόνο μπορεί να προκαλέσει την έναρξη των προθεσμιών. 55     Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι ο αποδεικτικός χαρακτήρας αποστολής πραγματοποιηθείσας με τηλεομοιοτυπία εξαρτάται τόσο από τον βαθμό στον οποίο απαιτείται η τήρηση τύπου για την εν λόγω πράξη βάσει των εφαρμοστέων διατάξεων, όσο και από τις συνθήκες χρήσεως του μέσου διαβιβάσεως αυτού καθεαυτό, πρέπει δε επίσης να υπομνησθεί ότι, γενικώς, η αποστολή με τηλεομοιοτυπία ουδόλως θίγει τα δεσμευτικά έννομα αποτελέσματα της πράξεως. Όταν οι εφαρμοστέες διατάξεις επιβάλλουν την τήρηση ιδιαίτερου τύπου για ορισμένες πράξεις, πρέπει να εξακριβώνεται αν η διαβίβασή τους με τηλεομοιοτυπία είναι συμβατή προς τις εν λόγω διατάξεις (απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Ιουνίου 2002, C-398/00, Ισπανία κατά Επιτροπής, Συλλογή 2002, σ. I-5643, σκέψεις 21 και 22). 56     Στην υπό κρίση περίπτωση, η κανόνας 61, παράγραφος 2, του κανονισμού 2868/95 αναφέρει τους διάφορους τρόπους κοινοποιήσεως των αποφάσεων και των ανακοινώσεων του ΓΕΕΑ, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται η διαβίβαση με τηλεομοιοτυπία. Έκαστο των εν λόγω μέσων διαβιβάσεως αποτελεί αντικείμενο ειδικής διατάξεως, που προβλέπει τις προϋποθέσεις και τους λεπτομερείς κανόνες που προσιδιάζουν στο μέσο αυτό. 57     Έτσι, η κοινοποίηση με δημοσίευση στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων , που διαλαμβάνεται στον κανόνα 66 του κανονισμού 2868/95, μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον αν δεν μπορεί να προσδιοριστεί η διεύθυνση του παραλήπτη ή αν δεν μπόρεσε να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη στον κανόνα 62, παράγραφος 1, του εν λόγω κανονισμού κοινοποίηση, ακόμη και μετά τη δεύτερη προσπάθεια του ΓΕΕΑ. Η κοινοποίηση με κατάθεση σε ταχυδρομική θυρίδα στο ΓΕΕΑ, που προβλέπεται στον κανόνα 64 του κανονισμού 2868/95, προϋποθέτει προφανώς ότι ο παραλήπτης διαθέτει τέτοια θυρίδα, στην οποία πρόκειται να εναποτεθεί το προς κοινοποίηση έγγραφο. 58     Όσον αφορά την κοινοποίηση με τηλεομοιοτυπία, ο κανόνας 65 του κανονισμού 2868/95 προβλέπει ότι αυτή πραγματοποιείται με διαβίβαση είτε του πρωτοτύπου είτε αντιγράφου του προς κοινοποίηση εγγράφου, όπως προβλέπεται στον κανόνα 61, παράγραφος 1. Η τελευταία αυτή διατύπωση συνεπάγεται, λόγω του γενικού χαρακτήρα της, ότι ο τρόπος αυτός κοινοποιήσεως μπορεί να εφαρμοστεί ανεξάρτητα από τη φύση του προς κοινοποίηση εγγράφου. Το συμπέρασμα αυτό επιρρωννύεται από το γράμμα του άρθρου 1 της αποφάσεως EX-97-1 του ΓΕΕΑ, της 1ης Απριλίου 1997, περί καθορισμού της μορφής των αποφάσεων, ανακοινώσεων και κοινοποιήσεων του ΓΕΕΑ, η οποία ορίζει τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναφέρεται η ονομασία της υπηρεσίας ή του τμήματος του ΓΕΕΑ, καθώς και το όνομα του αρμοδίου ή των αρμοδίων υπαλλήλων, «όταν μια απόφαση, ανακοίνωση ή κοινοποίηση του [ΓΕΕΑ] διαβιβάζεται με τηλεομοιοτυπία». Η διαβίβαση μέσω τηλεομοιοτυπικής συσκευής μπορεί συνεπώς να αφορά κάθε απόφαση ή ανακοίνωση του ΓΕΕΑ. 59     Όσον αφορά την κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου, ο κανόνα 62, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95 προβλέπει διαφορετική μεταχείριση ανάλογα με τη φύση της κοινοποιουμένης πράξεως. Πρέπει να υπομνησθεί, συγκεκριμένα, ότι σύμφωνα με τον κανόνα αυτόν οι αποφάσεις των οποίων η έκδοση αποτελεί αφετηρία προθεσμίας για προσφυγή, οι κλητεύσεις και όσα έγγραφα καθορίζονται από τον πρόεδρο του ΓΕΕΑ κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή με απόδειξη παραλαβής. Οι αποφάσεις και ανακοινώσεις που αποτελούν αφετηρία άλλης προθεσμίας κοινοποιούνται με συστημένη επιστολή, εφόσον ο πρόεδρος του ΓΕΕΑ δεν ορίζει άλλως. Όλες οι άλλες ανακοινώσεις γίνονται με απλή επιστολή. 60     Από το γράμμα του κανόνα αυτού, ο οποίος αφορά το σύνολο των πράξεων που μπορούν να κοινοποιηθούν από το ΓΕΕΑ, προκύπτει ότι οι ρυθμίσεις που προβλέπει εφαρμόζονται μόνον όταν έχει αποφασιστεί να εφαρμοστεί η κοινοποίηση μέσω ταχυδρομείου. Δεν μπορεί να θεωρηθεί, καθόσον άλλως θα εστερούντο κάθε πρακτικής αποτελεσματικότητας οι λοιποί τρόποι κοινοποιήσεως που μνημονεύει ο κανόνας 61, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού, εξαιρουμένης της κοινοποιήσεως με δημοσίευση στο Δελτίο κοινοτικών σημάτων , ότι το ΓΕΕΑ υποχρεούται να προβεί στην κοινοποίηση αποκλειστικά μέσω ταχυδρομείου για τις αποφάσεις οι οποίες αποτελούν αφετηρία προθεσμίας προσφυγής και για τις ανακοινώσεις που αποτελούν αφετηρία άλλης προθεσμίας, πράγμα το οποίο αφορά, αντιστοίχως, την απόφαση του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999 και την ανακοίνωση της 6ης Νοεμβρίου 1998. 61     Επομένως, ορθώς το ΓΕΕΑ προέβη στην κοινοποίηση των προαναφερθεισών πράξεων με τηλεομοιοτυπίες και πρέπει, συνεπώς, να εκτιμηθεί ο αποδεικτικός χαρακτήρας των σχετικών αποστολών με βάση τις συνθήκες χρησιμοποιήσεως του μέσου διαβιβάσεως αυτού καθεαυτό. 62     Εν πάση περιπτώσει, ακόμη και αν υπετίθετο ότι η σύννομη κοινοποίηση της ανακοινώσεως της 6ης Νοεμβρίου 1998 και της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999 προϋπέθετε, όπως ισχυρίζεται η προσφεύγουσα, διαβίβαση μέσω ταχυδρομείου σύμφωνα με τον κανόνα 62, παράγραφος 1, του κανονισμού 2868/95, η απουσία της οποίας εν προκειμένω δεν αμφισβητείται, θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί η ίδια ανάλυση. 63     Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι, σύμφωνα με τον κανόνα 68 του κανονισμού 2868/95, που τιτλοφορείται ρητώς «Πλημμελής κοινοποίηση», όταν ένα έγγραφο έχει παραληφθεί από τον παραλήπτη, ακόμη και αν το ΓΕΕΑ δεν είναι σε θέση να αποδείξει τη νομότυπη κοινοποίηση του εγγράφου ή ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις περί κοινοποιήσεως, λογίζεται ότι το εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε κατά την ημερομηνία την οποία το ΓΕΕΑ θεωρεί ως ημερομηνία παραλαβής. 64     Η διάταξη αυτή, θεωρούμενη στο σύνολό της, πρέπει να ερμηνευθεί υπό την έννοια ότι αναγνωρίζει στο ΓΕΕΑ τη δυνατότητα να προσδιορίζει την ημερομηνία κατά την οποία ένα έγγραφο περιήλθε στον παραλήπτη του, οσάκις δεν είναι σε θέση να αποδείξει ότι το έγγραφο αυτό κοινοποιήθηκε νομοτύπως ή όταν δεν έχουν τηρηθεί οι διατάξεις περί της κοινοποιήσεώς του, και ότι προσδίδει στην απόδειξη αυτή τα έννομα αποτελέσματα σύννομης κοινοποιήσεως. 65     Δεδομένου ότι ο κανόνας 68 του κανονισμού 2868/95 δεν προβλέπει κάποιο συγκεκριμένο τύπο για την απόδειξη αυτή, πρέπει να γίνει δεκτό ότι ως τέτοια απόδειξη μπορεί να προσκομιστεί μια τηλεομοιοτυπία, εφόσον οι συνθήκες χρησιμοποιήσεως του μέσου αυτού διαβιβάσεως της προσδίδουν αποδεικτικό χαρακτήρα. 66     Το ΓΕΕΑ προσκόμισε κατά τη συζήτηση διάφορα παραρτήματα, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγεται μια επιστολή της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, με την οποία το ΓΕΕΑ κοινοποίησε στην προσφεύγουσα την απόφαση 799/1999 του τμήματος ανακοπών της ίδιας ημερομηνίας και την ανακοίνωση της 6ης Νοεμβρίου 1998, έγγραφα στα οποία επισυνάπτονται οι αντίστοιχες αναφορές διαβιβάσεως με τηλεομοιοτυπία. 67     Η αναφορά διαβιβάσεως σχετικά με την κοινοποίηση της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999 περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις: –       «0004336122221918» στη γραμμή «TELEFONO CONEXION» (τηλεφωνική επικοινωνία), που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεομοιοτυπικής συσκευής του γραφείου του εκπροσώπου της προσφεύγουσας, το οποίο αναγράφεται στο έντυπο αιτήσεως καταχωρίσεως κοινοτικού σήματος, και περιέχει στην αρχή ένα «0» που αφορά επικοινωνία εκτός ΓΕΕΑ· –       «DR. LINDMAYR» στη γραμμή «ID CONEXION» (αναγνώριση της επικοινωνίας), που ανήκει στο ίδιο δικηγορικό γραφείο στο οποίο ανήκει και ο D r Secklehner, εκπρόσωπος της προσφεύγουσας· –       «22/09 16:14», όσον αφορά την ημερομηνία και την ώρα της επικοινωνίας· –       «9» όσον αφορά τον αριθμό διαβιβασθεισών σελίδων, που αντιστοιχεί πράγματι στις οκτώ σελίδες της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, στις οποίες προστίθεται η επιστολή κοινοποιήσεως της ίδιας ημερομηνίας· –       «RESULTADO OK», που πιστοποιεί την ορθή αποστολή της τηλεομοιοτυπίας. 68     Η αναφορά διαβιβάσεως σχετικά με την επικοινωνία της 6ης Νοεμβρίου 1998 περιέχει τις ακόλουθες ενδείξεις: –       «036122221918» στη γραμμή «TELEFONO CONEXION» (τηλεφωνική επικοινωνία)· –       «DR. LINDMAYR» στη γραμμή «ID CONEXION» (αναγνώριση της επικοινωνίας)· –       «06/11 18:20» όσον αφορά την ημερομηνία και την ώρα της επικοινωνίας· –       «11» όσον αφορά τον αριθμό των διαβιβασθεισών σελίδων, που αντιστοιχεί πράγματι στο κείμενο της ανακοπής που κατέθεσε η παρεμβαίνουσα μαζί με την επιστολή του ΓΕΕΑ της 6ης Νοεμβρίου 1998, περί κοινοποιήσεως της ανακοπής και περί ενάρξεως προθεσμίας τριών μηνών για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων· –       «RESULTADO OK», που πιστοποιεί την ορθή αποστολή της τηλεομοιοτυπίας. 69     Σχετικά με την αναφορά διαβιβάσεως που αφορά την κοινοποίηση της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, λόγω της συνδρομής των διαφόρων στοιχείων που απαριθμήθηκαν στη σκέψη 67 ανωτέρω και τα οποία αναφέρει το τμήμα προσφυγών στην απόφαση της 13ης Φεβρουαρίου 2003 (βλ. σκέψεις 23 επ. της αποφάσεως), μπορεί να αναγνωριστεί αποδεικτικός χαρακτήρας στην αναφορά διαβιβάσεως που προσκόμισε το ΓΕΕΑ, παρατηρουμένου ότι η προσφεύγουσα δεν διατύπωσε, στο πλαίσιο της παρούσας δίκης, καμία συγκεκριμένη αιτίαση κατά της εν λόγω αναφοράς, που να συνδέεται με τα στοιχεία που αυτή περιέχει. 70     Συναφώς, πρέπει να τονισθεί ότι, στον βαθμό που κάνει συλλήβδην αναφορά στα επιχειρήματα που περιέχονται στα έγγραφα τα οποία κατατέθηκαν στο πλαίσιο της διοικητικής διαδικασίας, το δικόγραφο της προσφυγής τόσο στην υπόθεση T-128/03 όσο και στην υπόθεση T-380/02 δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 44, παράγραφος 1, στοιχείο γ΄, του Κανονισμού Διαδικασίας και δεν μπορεί συνεπώς να ληφθεί υπόψη [αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 7ης Νοεμβρίου 1997, Τ-84/96, Cipeke κατά Επιτροπής, Συλλογή 1997, σ. II-2081, σκέψη 33, και της 31ης Μαρτίου 2004, Τ-20/02, Interquell κατά ΓΕΕΑ – SCA Nutrition (HAPPY DOG), Συλλογή 2004, σ. ΙΙ-1001, σκέψη 20]. 71     Όσον αφορά την αναφορά διαβιβάσεως σχετικά με την ανακοίνωση της 6ης Νοεμβρίου 1998, αφενός, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι πρόκειται για «εξαιρετικά αμφίβολο» έγγραφο, στον βαθμό που «το τμήμα που προηγείται του αριθμού τοπικής αναγνωρίσεως δεν μπορεί να αναγνωστεί λόγω επεμβάσεως με μολύβι». 72     Συναφώς, αρκεί να διαπιστωθεί ότι το έγγραφο που προσκόμισε η προσφεύγουσα ως παράρτημα της προσφυγής αποτελεί στην πραγματικότητα το αντίγραφο του πρωτοτύπου εγγράφου που εμφαίνεται στη σελίδα 40 του διοικητικού φακέλου της διαδικασίας που ακολουθήθηκε ενώπιον του ΓΕΕΑ και το οποίο περιέχει μια γραμμή από φωσφορίζοντα μαρκαδόρο που βρίσκεται απλώς δίπλα στον αριθμό «036122221918» και δεν καλύπτει κανένα στοιχείο. 73     Αφετέρου, η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το τηλεφωνικό πρόθεμα της Αυστρίας, όπου βρίσκεται το γραφείο του εκπροσώπου της, δεν εμφανίζεται και ότι, παρά την ένδειξη «OK», είναι αδύνατο, υπό τις συνθήκες αυτές, να περιήλθε στον εκπρόσωπο αυτόν η τηλεομοιοτυπία. 74     Πρέπει να παρατηρηθεί, καταρχάς, ότι τόσο με την απόφαση του τμήματος προσφυγών της 13ης Φεβρουαρίου 2003 όσο και με το υπόμνημα αντικρούσεως του ΓΕΕΑ διευκρινίστηκε ότι η αναφορά του ονόματος ενός από τους δικηγόρους του γραφείου που εκπροσωπεί την προσφεύγουσα, καθώς και ο αριθμός του παραλήπτη που εμφαίνεται στην αναφορά διαβιβάσεως αποτελούν συνέπεια ρυθμίσεως της τηλεομοιοτυπικής συσκευής-δέκτη. Τόσο με την προσφυγή της όσο και κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε κανένα στοιχείο που να μπορεί να αντικρούσει τον ισχυρισμό του ΓΕΕΑ. 75     Πρέπει εν τη συνεχεία και κυρίως να τονιστεί ότι το συμπέρασμα της προσφεύγουσας που υπενθυμίστηκε στη σκέψη 73 ανωτέρω αντικρούεται από τις ίδιες τις δηλώσεις της στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας. 76     Συγκεκριμένα, απαντώντας σε ερώτηση του Πρωτοδικείου που αποσκοπούσε στην εξακρίβωση του παραδεκτού της προσφυγής στην υπόθεση T-380/02, η προσφεύγουσα ανέφερε ρητώς ότι είχε λάβει από το ΓΕΕΑ, με τηλεομοιοτυπία της 2ας Οκτωβρίου 2002, την απόφαση του τμήματος προσφυγών της 26ης Σεπτεμβρίου 2002. Ο αριθμός όμως του παραλήπτη που εμφαίνεται στην αναφορά διαβιβάσεως σχετικά με την τηλεομοιοτυπία της 2ας Οκτωβρίου 2002 είναι ακριβώς ο ίδιος με εκείνον που αναγράφεται στην αναφορά διαβιβάσεως σχετικά με την τηλεομοιοτυπία της 6ης Νοεμβρίου 1998, ήτοι ο αριθμός «036122221918». 77     Επιπλέον, ο φάκελος που υποβλήθηκε στο Πρωτοδικείο περιέχει επίσης τέσσερις άλλες αναφορές διαβιβάσεως, με την ένδειξη του προαναφερθέντος αριθμού, που αφορούν τηλεομοιοτυπίες τις οποίες η προσφεύγουσα ουδέποτε αμφισβήτησε ότι έλαβε, ήτοι: –       την τηλεομοιοτυπία της 25ης Οκτωβρίου 2000, με την οποία το ΓΕΕΑ κοινοποίησε στην προσφεύγουσα την απόφαση του τμήματος ανακοπών της ίδιας ημερομηνίας, απορρίπτοντας την αίτησή της περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση· –       την τηλεομοιοτυπία της 21ης Δεκεμβρίου 2000, η οποία αποτελείται από μια επιστολή με την ίδια ημερομηνία του κ. Γερουλάκου, μέλους του τμήματος ανακοπών του ΓΕΕΑ, και η οποία αναφέρει στον εκπρόσωπο της προσφεύγουσας, σε απάντηση σε επιστολή του εκπροσώπου αυτού της 28ης Νοεμβρίου 2000, ότι το εν λόγω τμήμα δεν ήταν πλέον αρμόδιο να επέμβει στην υπό κρίση υπόθεση· –       την τηλεομοιοτυπία της 2ας Αυγούστου 2002, με την οποία το ΓΕΕΑ κοινοποίησε στον εκπρόσωπο της προσφεύγουσας μια ανακοίνωση του εισηγητή του πρώτου τμήματος προσφυγών της ίδιας ημερομηνίας· –       την τηλεομοιοτυπία της 17ης Οκτωβρίου 2002, με την οποία το ΓΕΕΑ διαβίβασε, προς ενημέρωση, στον εκπρόσωπο της προσφεύγουσας μια ανακοίνωση του εισηγητή του πρώτου τμήματος προσφυγών απευθυνόμενη στον εκπρόσωπο της ανακόπτουσας. 78     Έτσι, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η αναγραφή του τηλεφωνικού προθέματος της Αυστρίας στις αναφορές διαβιβάσεως δεν συνιστά αναγκαίο στοιχείο για τη διαπίστωση επιτυχούς διαβιβάσεως των τηλεομοιοτυπιών με παραλήπτη τον εκπρόσωπο της προσφεύγουσας. 79     Πρέπει επιπλέον να τονιστεί ότι δεν αμφισβητείται ότι, στο πλαίσιο των διαδικασιών καταχωρίσεως του αιτηθέντος κοινοτικού σήματος, ανακοπής κατά της αιτήσεως καταχωρίσεως και προσφυγής κατά των αποφάσεως του τμήματος ανακοπών, η προσφεύγουσα έλαβε μεγάλο αριθμό τηλεομοιοτυπιών, τόσο πριν όσο και μετά τις τέσσερις τηλεομοιοτυπίες τις οποίες ισχυρίζεται ότι ουδέποτε έλαβε κατά τη διάρκεια και μόνο της διαδικασίας ανακοπής. 80     Όσον αφορά, τελικώς, τις δύο άλλες τηλεομοιοτυπίες που η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε, ήτοι εκείνες της 3ης Ιουνίου 1999 και της 11ης Ιανουαρίου 2000 (βλ. ανωτέρω σκέψη 33), επιβάλλεται η διαπίστωση ότι το ΓΕΕΑ προσκόμισε επίσης αναφορές διαβιβάσεως που περιέχουν στοιχεία τα οποία τους προσδίδουν αποδεικτικό χαρακτήρα. 81     Από τα προεκτεθέντα προκύπτει ότι το ΓΕΕΑ απέδειξε επαρκώς κατά νόμο, μεταξύ άλλων, την εκ μέρους της προσφεύγουσας παραλαβή, στις 6 Νοεμβρίου 1998, της ανακοινώσεως της ίδιας ημερομηνίας που αφορούσε κοινοποίηση της ανακοπής και έναρξη προθεσμίας τριών μηνών για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων και, στις 22 Σεπτεμβρίου 1999, της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών της ίδιας ημερομηνίας και της συνοδευτικής επιστολής με την επισήμανση ότι κατά της αποφάσεως αυτής μπορεί να ασκηθεί προσφυγή εντός προθεσμίας δύο μηνών από της ημέρας της κοινοποιήσεως. 82     Το συμπέρασμα αυτό δεν μπορούν να αναιρέσουν τα γενικής φύσεως επιχειρήματα και μόνον της προσφεύγουσας όσον αφορά τα υποτιθέμενα διδάγματα της «εμπειρίας», από την οποία προκύπτει ότι μια αναφορά επιβεβαιώνουσα την εκπομπή μπορεί να εκτυπωθεί από τη συσκευή-πομπό, μολονότι η τηλεομοιοτυπία δεν περιήλθε στον παραλήπτη της. 83     Η προσφεύγουσα δεν προσκομίζει, εξάλλου, καμία ένδειξη βάσει της οποίας να μπορεί να υποτεθεί ότι οι αναφορές διαβιβάσεως που προσκόμισε το ΓΕΕΑ, ειδικότερα δεν εκείνες που αφορούν τις τηλεομοιοτυπίες της 6ης Νοεμβρίου 1998 και της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, δεν συνδέονται με τα έγγραφα που αποτελούν το αντικείμενο της διαβιβάσεως. Αντιθέτως, διαπιστώθηκε ανωτέρω ότι ο συνολικός αριθμός των σελίδων που απαρτίζουν κάθε διαβιβασθέν έγγραφο αντιστοιχεί στις ενδείξεις που εμφαίνονται στις προαναφερθείσες αναφορές διαβιβάσεως. 84     Πρέπει, εξάλλου, να παρατηρηθεί ότι η προσφεύγουσα, όταν κλήθηκε από το τμήμα προσφυγών στις 2 Αυγούστου 2002 να προσκομίσει κάθε στοιχείο που θα μπορούσε να αποδείξει την έλλειψη κοινοποιήσεως της ανακοινώσεως της 6ης Νοεμβρίου 1998 και της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, δεν προσκόμισε, όπως τονίζει το εν λόγω τμήμα με την απόφασή του της 13ης Φεβρουαρίου 2003, κανένα αποδεικτικό προς τούτο στοιχείο και, ειδικότερα, δεν προσκόμισε, όπως της είχε ζητηθεί, τα αντίγραφα των ημερολογίων εκπομπής και λήψεως της τηλεομοιοτυπικής συσκευής της όσον αφορά τις επίμαχες ημέρες και ούτε καν ανέφερε τους λόγους που την εμπόδισαν να το πράξει. Μόνο με το δικόγραφο της προσφυγής στην υπόθεση T-128/03 η προσφεύγουσα ισχυρίστηκε, για πρώτη φορά, ότι η τηλεομοιοτυπική συσκευή του εκπροσώπου της δεν ήταν, κατά την περίοδο εκείνη, ρυθμισμένη κατά τρόπο ώστε να μπορεί να εκδίδει ημερήσιες αναφορές. 85     Υπό τις περιστάσεις αυτές, δεδομένου του αποδεικτικού χαρακτήρα των αναφορών διαβιβάσεως που διαλαμβάνονται στις σκέψεις 67 και 68 ανωτέρω, πρέπει να θεωρηθεί, αφενός, ότι η κοινοποίηση με τηλεομοιοτυπία της ανακοινώσεως της 6ης Νοεμβρίου 1998, περί κινήσεως της προθεσμίας των τριών μηνών για την υποβολή ενδεχομένων παρατηρήσεων, αποτέλεσε πράγματι την αφετηρία της εν λόγω προθεσμίας της οποίας η λήξη, στις 6 Φεβρουαρίου 1999, αποτελεί το σημείο αφετηρίας της προθεσμίας ενός έτους που προβλέπεται για την υποβολή της αιτήσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση. Αντίθετα προς τη θέση την οποία υποστηρίζει η προσφεύγουσα, ότι δηλαδή η προθεσμία του ενός έτους άρχισε να τρέχει από την απόφαση του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, η «μη τηρηθείσα προθεσμία» κατά την έννοια του άρθρου 78, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94 δεν μπορεί να νοηθεί ως «χρονικό διάστημα», χωρίς προκαθορισμένη λήξη, το οποίο αντιστοιχεί, εν προκειμένω, στο χρονικό διάστημα που διανύθηκε μέχρι την προαναφερθείσα απόφαση. 86     Δεδομένου ότι η αίτηση επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση κατατέθηκε στις 26 Ιουνίου 2000, ήτοι ένα και πλέον έτος μετά τη λήξη, στις 6 Φεβρουαρίου 1999, της μη τηρηθείσας προθεσμίας των τριών μηνών, ορθώς συνεπώς το τμήμα προσφυγών, με την απόφασή του της 26ης Σεπτεμβρίου 2002, απέρριψε την προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών της 25ης Οκτωβρίου 2000, με την οποία απορρίφθηκε η εν λόγω αίτηση ως μη υποβληθείσα εντός της προθεσμίας του ενός έτους που προβλέπει το άρθρο 78, παράγραφος 2, του κανονισμού 40/94. 87     Πρέπει να θεωρηθεί, αφετέρου, ότι η κοινοποίηση με τηλεομοιοτυπία της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, αποτέλεσε πράγματι την αφετηρία της προθεσμίας προσφυγής των δύο μηνών, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 59 του κανονισμού 40/94, και ότι η εν λόγω προθεσμία έληξε στις 22 Νοεμβρίου 1999. Δεν αμφισβητείται όμως ότι η προσφεύγουσα άσκησε την προσφυγή της και κατέβαλε το τέλος προσφυγής μόλις στις 26 Ιουνίου 2000, ήτοι εκπρόθεσμα. 88     Το τελευταίο αυτό συμπέρασμα καθιστά αλυσιτελή την αιτίαση της προσφεύγουσας την οποία προβάλλει προς στήριξη του αιτήματός της περί ακυρώσεως της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών της 3ης Φεβρουαρίου 2003 «ή/και» της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών της 13ης Μαρτίου 2003 και η οποία αντλείται από παράβαση του κανόνα 53 του κανονισμού 2868/95. 89     Δεν αμφισβητείται ότι το τμήμα προσφυγών, αφού απέρριψε, με την απόφασή του της 13ης Φεβρουαρίου 2003, την προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα ως εκπρόθεσμη και συνεπώς απαράδεκτη, εξέδωσε, στις 13 Μαρτίου 2003, απόφαση με την οποία όχι μόνο διόρθωσε τις εσφαλμένες ημερομηνίες ορισμένων πράξεων, αλλά υιοθέτησε ένα νέο λόγο απορρίψεως, ήτοι την καταβολή του τέλους προσφυγής μετά τη λήξη της προθεσμίας προσφυγής, και, κατά συνέπεια, ένα νέο διατακτικό, καθόσον η προσφυγή θεωρήθηκε ως μη ασκηθείσα, πράγμα το οποίο συνεπάγεται την επιστροφή του εν λόγω τέλους κατ’ εφαρμογήν του κανόνα 49, παράγραφος 3, του κανονισμού 2868/95. 90     Η προσφεύγουσα ισχυρίζεται ότι το τμήμα προσφυγών, πράττοντας τούτο, παρέβη τον κανόνα 53 του κανονισμού 2868/95 που επιτρέπει μόνο τις διορθώσεις των προφανών ανακριβειών. 91     Πέραν του γεγονότος ότι ο κανόνας 49 του κανονισμού 2868/95 αφορά, συμπεριλαμβανομένης της παραγράφου του 3, την «απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης», πρέπει να παρατηρηθεί ότι οι λύσεις που υιοθέτησε διαδοχικά το τμήμα προσφυγών εκφράζουν αμφότερες μια θετική απάντηση σε μια κοινή προβληματική, εν προκειμένω στο ερώτημα αν η προσφεύγουσα ενήργησε ή όχι, στο πλαίσιο της προσφυγής της κατά της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, εκπρόθεσμα, τούτο δε με γνώμονα την ίδια προθεσμία των δύο μηνών που καθορίζει το άρθρο 59 του κανονισμού 40/94. 92     Υπό τις περιστάσεις αυτές, ανεξάρτητα από το αν θα θεωρηθεί ότι το τμήμα προσφυγών εξέδωσε ή όχι την απόφαση της 13ης Μαρτίου 2003 κατά παράβαση του άρθρου 53 του κανονισμού 2868/95, εναπέκειτο, εν πάση περιπτώσει, στην προσφεύγουσα να αποδείξει ότι κακώς το εν λόγω τμήμα θεώρησε ότι δεν είχε ασκήσει την προσφυγή ούτε καταβάλει το σχετικό τέλος εντός της προθεσμία που καθορίζει το άρθρο 59 του κανονισμού 40/94, πράγμα το οποίο αυτή δεν έπραξε, όπως διαπιστώθηκε στις σκέψεις 53 έως 87 ανωτέρω. 93     Προς στήριξη του αιτήματός της περί ακυρώσεως της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών της 13ης Φεβρουαρίου 2003 «ή/και» της αποφάσεως του τμήματος προσφυγών της 13ης Μαρτίου 2003, η προσφεύγουσα προβάλλει ακόμη μία αιτίαση αντλούμενη από προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας, υπό την έννοια ότι κατά την ημερομηνία ασκήσεως της υπό κρίσης προσφυγής εξακολουθούσε να μην της έχει επιτραπεί η πρόσβαση στον φάκελο της διαδικασίας ανακοπής, την οποία ζήτησε ήδη από τις 26 Ιουνίου 2000, κατόπιν δε στις 12 Ιουλίου 2002. 94     Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί ότι ο σεβασμός των δικαιωμάτων άμυνας αποτελεί θεμελιώδη αρχή του κοινοτικού δικαίου, δυνάμει της οποίας οι αποδέκτες των αποφάσεων των δημοσίων αρχών που θίγουν σε σημαντικό βαθμό τα συμφέροντά τους πρέπει να είναι σε θέση να γνωστοποιούν επωφελώς την άποψή τους [αποφάσεις του Πρωτοδικείου της 16ης Φεβρουαρίου 2000, Τ-122/99, Procter & Gamble κατά ΓΕΕΑ (Μορφή σαπουνιού), Συλλογή 2000, σ. II-265, σκέψη 42· της 27ης Φεβρουαρίου 2002, Τ-34/00, Eurocool Logistik κατά ΓΕΕΑ (EUROCOOL), Συλλογή, σ. II-683, σκέψη 21· και Rewe-Zentral κατά ΓΕΕΑ (LITE), T-79/00, Συλλογή σ. II-705, σκέψη 14]. 95     Εξάλλου, η αρχή της προστασίας των δικαιωμάτων άμυνας καθιερώνεται στο άρθρο 73 του κανονισμού 40/94, σύμφωνα με το οποίο οι αποφάσεις του ΓΕΕΑ δεν μπορούν να στηρίζονται παρά μόνο στους λόγους επί των οποίων οι διάδικοι είχαν τη δυνατότητα να λάβουν θέση (προπαρατεθείσες αποφάσεις «Μορφή σαπουνιού», σκέψη 40· EUROCOOL, σκέψη 20, και LITE, σκέψη 13), αυτή δε η διάταξη αφορά τόσο τους πραγματικούς όσο και τους νομικούς λόγους, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία [απόφαση του Πρωτοδικείου της 3ης Δεκεμβρίου 2003, Audi κατά ΓΕΕΑ (TDI), T-16/02, Συλλογή 2003, σ. ΙΙ-5167, σκέψη 71]. 96     Εν προκειμένω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, στις 2 Αυγούστου 2002, το ΓΕΕΑ διαβίβασε στην προσφεύγουσα τις εκτυπωθείσες από τηλεομοιοτυπική συσκευή αναφορές ορθής διαβιβάσεως της ανακοινώσεως της 6ης Νοεμβρίου 1998, περί κοινοποιήσεως της ανακοπής, και κυρίως της αποφάσεως 799/1999 του τμήματος ανακοπών, της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, και κάλεσε την προσφεύγουσα να υποβάλει τις παρατηρήσεις της επί των εγγράφων αυτών, πράγμα το οποίο η τελευταία αυτή έπραξε με επιστολή της 2ας Οκτωβρίου 2002. 97     Έτσι, δεν αμφισβητείται ότι η προσφεύγουσα έλαβε γνώση του πραγματικού στοιχείου που συνιστά το έρεισμα των αποφάσεων του ΓΕΕΑ της 13ης Φεβρουαρίου και της 13ης Μαρτίου 2003 και γνωστοποίησε επωφελώς την άποψή της επ’ αυτού, οπότε δεν μπορεί εγκύρως να προβάλει προσβολή των δικαιωμάτων άμυνας. Το γεγονός ότι έλαβε στις 4 Ιουλίου 2003, συνεπώς δε μετά την άσκηση της προσφυγής της στην υπόθεση T-128/03, και άλλα έγγραφα από τον φάκελο της διαδικασίας ανακοπής, μεταξύ των οποίων, κυρίως, τις τηλεομοιοτυπίες της 3ης Ιουνίου 1999 και της 11ης Ιανουαρίου 2000 τις οποίες ισχυρίζεται ότι δεν έλαβε στις ημερομηνίες αυτές, δεν ασκεί, συνεπώς, καμία επιρροή. 98     Πρέπει, τέλος, να τονιστεί ότι η προσφεύγουσα επικαλείται το γεγονός ότι το τμήμα ανακοπών, με την απόφασή του της 25ης Οκτωβρίου 2000, δεν απεφάνθη επί της αιτήσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, καθόσον αφορά τη μη τήρηση της προθεσμίας προσφυγής κατά της αποφάσεως του εν λόγω τμήματος της 22ας Σεπτεμβρίου 1999, και ότι εξακολουθεί να αναμένει την έκδοση αποφάσεως επί του σημείου αυτού. 99     Στην πραγματικότητα, το τμήμα ανακοπών έκρινε ότι είναι αναρμόδιο, βάσει του άρθρου 78, παράγραφος 4, του κανονισμού 40/94, να αποφανθεί επί του τμήματος αυτού της αιτήσεως περί επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση, θεωρώντας ότι μόνο τα τμήματα προσφυγών μπορούσαν να αποφανθούν επί του τμήματος αυτού. 100   Από τη δικογραφία προκύπτει ότι η προσφεύγουσα δεν αντιτάχθηκε στη λύση αυτή. Έτσι, ζήτησε από το ΓΕΕΑ, με επιστολή της 22ας Νοεμβρίου 2000, να εκδοθεί απόφαση από τμήμα προσφυγών επί της αιτήσεως επαναφοράς των πραγμάτων στην προτέρα κατάσταση καθόσον αυτή αφορά τη μη τήρηση της προθεσμίας προσφυγής κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών της 22ας Σεπτεμβρίου 1999. Επιπλέον, η σύνοψη της επιχειρηματολογίας της προσφεύγουσας που περιλαμβάνεται στην απόφαση του τμήματος προσφυγών της 26ης Σεπτεμβρίου 2002, με την οποία κρίθηκε η προσφυγή που άσκησε η προσφεύγουσα κατά της αποφάσεως του τμήματος ανακοπών της 25ης Οκτωβρίου 2000, δεν περιέχει συναφώς καμία αναφορά. 101   Επομένως, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η κατάσταση που διαλαμβάνεται στη σκέψη 98 ανωτέρω δεν αντιστοιχεί στο αντικείμενο της διαφοράς στην υπόθεση T-128/03 και ότι η απλή επίκλησή της από την προσφεύγουσα, χωρίς άλλες σαφείς και ακριβείς ενδείξεις όσον αφορά ενδεχόμενη παράβαση κάποιας διατάξεως του κανονισμού 40/94 ή του κανονισμού 2868/95, δεν μπορεί να θεωρηθεί λόγος ακυρώσεως, ούτε στην υπόθεση T-128/03 ούτε στην υπόθεση T‑380/02. 102   Από το σύνολο των προεκτεθέντων προκύπτει ότι οι προσφυγές που άσκησε η προσφεύγουσα πρέπει να απορριφθούν στο σύνολό τους. Επί των δικαστικών εξόδων 103   Κατά το άρθρο 87, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το ΓΕΕΑ, σύμφωνα με το σχετικό αίτημα του τελευταίου. Αντιθέτως, δεδομένου ότι η παρεμβαίνουσα δεν διατύπωσε με το υπόμνημα αντικρούσεως αίτημα σχετικό με τα δικαστικά έξοδα, θα φέρει τα δικά της έξοδα. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Απορρίπτει τις προσφυγές. 2) Καταδικάζει την προσφεύγουσα στα δικαστικά της έξοδα, καθώς και στα έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Γραφείο Εναρμονίσεως στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα, σχέδια και υποδείγματα) (ΓΕΕΑ). 3) Η Chipita International SA φέρει τα δικά της έξοδα. Βηλαράς Martins Ribeiro Jürimäe Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 19 Απριλίου 2005. Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος H. Jung M. Βηλαράς * Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική.

62003CJ0028

sv

Begäran om förhandsavgörande avser tolkningen av artiklarna 15 och 16 i rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring (EGT L 228, s. 3; svensk specialutgåva, område 6, volym 1, s. 146), i dess lydelse enligt rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utöva friheten att tillhandahålla tjänster samt om ändring av direktiv 73/239/EEG (EGT L 172, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 175) och enligt rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring) (EGT L 228, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 160). Begäran om förhandsavgörande avser även tolkningen av artiklarna 17 och 18 i rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse (EGT L 63, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 2, s. 20), i dess lydelse enligt rådets andra direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 om samordning av lagar och andra författningar om direkt livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster samt om ändring av direktiv 79/267/EEG (EGT L 330, s. 50; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 67) och enligt rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet) (EGT L 360, s. 1; svensk specialutgåva, område 6, volym 3, s. 180). Begäran har sitt ursprung i en tvist mellan Epikouriko kefalaio (garantifond för ansvarsförsäkring vid trafikolyckor) och den grekiska ministern för utvecklingsfrågor. Tvisten uppstod sedan ovannämnda minister beslutat att lösgöra en del av det grekiska försäkringsbolaget Intercontinental AE:s (nedan kallat Intercontinental) garantifond för att täcka anställdas lönefordringar. Tillämpliga bestämmelser De gemenskapsrättsliga bestämmelserna I direktiven 73/239 och 79/267, i deras lydelse enligt direktiv 92/49 respektive direktiv 92/96, fastställs principen om en enda auktorisation (artiklarna 6 och 7 i dessa direktiv) och om exklusiv behörighet för den medlemsstat där försäkringsföretaget har sitt huvudkontor (ursprungsmedlemsstaten) vad gäller tillsynen över företagets finansiella situation (artikel 13 i direktiv 73/239 och artikel 15 i direktiv 79/267). Enligt artikel 15 i direktiv 73/239 och artikel 17 i direktiv 79/267 skall ursprungsmedlemsstaten föreskriva att varje försäkringsföretag skall avsätta tillräckliga tekniska reserver för hela verksamheten. Tillgångarna i dessa reserver omfattas av bestämmelser som syftar till att säkerställa en diversifierad placeringsstrategi. Enligt artikel 16 i direktiv 73/239 och artikel 18 i direktiv 79/267 skall ursprungsmedlemsstaten föreskriva att alla försäkringsföretag skall upprätthålla en tillräcklig solvensmarginal i förhållande till sin totala verksamhet. Solvensmarginalen skall motsvara försäkringsbolagets fria tillgångar. Enligt artikel 18 i direktiv 73/239 och artikel 21 i direktiv 79/267 skall medlemsstaterna inte fastställa några regler för valet av tillgångar som inte ingår i de tekniska reserverna. I artikel 22 i direktiv 73/239 och artikel 26 i direktiv 79/267 fastställs en rad situationer där den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten får återkalla auktorisationen. I artiklarna föreskrivs att myndigheten i sådant fall skall vidta alla erforderliga åtgärder till skydd för de försäkrades intressen och inskränka företagets rätt till fritt förfogande över sina tillgångar. Den 19 mars 2001 antogs Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/17/EG om rekonstruktion och likvidation av försäkringsföretag (EGT L 110, s. 28). Nationell rätt De direktiv som omnämns i artikel 1 ovan införlivades med grekisk rätt genom presidentdekreten nr 118/1985 (FEK A’ 35) och nr 252/1996 (FEK A’ 186) om ändring av lagdekret nr 400/1970 om privat försäkringsverksamhet (FEK A’ 10) (nedan kallat lagdekretet). I artikel 3.1 i lagdekretet föreskrivs att för att ett försäkringsföretag som har sitt huvudkontor i Grekland skall kunna bedriva verksamhet krävs auktorisation, som meddelas av handelsministern. I de fall som föreskrivs i nämnda lagdekret, kan auktorisationen enligt artikel 3.3 och 3.5 häri återkallas helt eller delvis, slutligt eller tillfälligt genom motiverat beslut av handelsministern. Enligt artikel 3.7 skall en slutlig återkallelse av en auktorisation medföra en automatisk återkallelse av tillståndet att bilda ett försäkringsbolag och därmed en upplösning av detta. Enligt artikel 7 i lagdekretet är försäkringsbolag med huvudkontor i Grekland skyldiga att avsätta tillräckliga tekniska reserver för hela verksamheten. De tekniska reserverna skall täckas av tillgångar av motsvarande värde och skall uttryckas i samma valuta. Försäkringsbolag med huvudkontor i Grekland är enligt artikel 8 i lagdekretet dessutom skyldiga att upprätta en garantifond, till vilken tillgångar skall avsättas, i Grekland eller i en annan medlemsstat i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, för att säkerställa de personers intresse som har rätt till ersättning enligt ett försäkringsavtal. Enligt samma bestämmelse ingår de tillgångar som utgör tekniska reserver enligt artikel 7 i lagdekretet och de tillgångar som motsvarar en fjärdedel av den miniminivå som avses i artikel 20.2 A e i samma lagdekret i garantifonden. Om ett försäkringsbolag inte iakttar de ovannämnda artiklarna 7 och 8 beträffande tekniska reserver kan handelsministern enligt vad som föreskrivs i artikel 9.1 i lagdekretet, genom beslut som offentliggörs i Republiken Greklands officiella tidning , vidta olika åtgärder sedan han underrättat de behöriga myndigheterna i de medlemsstater i vilka företaget bedriver verksamhet genom filialer eller inom ramen för rätten att fritt tillhandahålla tjänster. Handelsministern kan sålunda avsätta samtliga eller delar av bolagets tillgångar till garantifonden, förbjuda företaget att fritt förfoga över hela eller delar av sin egendom, tillfälligt eller slutgiltigt återkalla auktorisationen för hela eller delar av den verksamhet som bolaget bedriver och vidta de åtgärder som är lämpliga för att tillvarata de försäkrades intressen och sådana personers intressen vilka har rätt till ersättning enligt ett försäkringsavtal. Artikel 10.1 första stycket i lagdekretet, i dess lydelse enligt artikel 35.9 i lag nr 2496/1997 (FEK A' 87) har följande lydelse: ”Förmånsberättigade enligt försäkringsavtal och deras rättsinnehavare med allmänna eller särskilda rättigheter kan mot garantifonden göra gällande en förmånsrätt som har företräde framför alla andra förmånsrätter, allmänna eller särskilda, med undantag av sådan förmånsrätt som avses i artikel 12a.8 och sådan förmånsrätt som gäller fordringar som uppstått på grund av anställning med undantag för krav från personer som leder och förvaltar försäkringsbolaget.” I artikel 12a.8 i lagdekretet föreskrivs en förmånsrätt med högsta prioritet, i samtliga företagets tillgångar, för ersättning till tillsynsmyndigheten och för arvode och ersättning för utlägg till likvidations- eller konkursförvaltaren. Denna förmånsrätt gäller vidare konkursförvaltarens arvode och ersättning för utlägg för att avsluta försäkringsverksamheten. Behörigheten att utöva tillsyn över försäkringsbolag har genom presidentdekret nr 27/1996 (FEK A’ 19) överförts till ministern för utvecklingsfrågor. Tvisten vid den nationella domstolen och tolkningsfrågan Epikouriko kefalaio är ett organ som bildades enligt lag nr 489/1976 (FEK A’ 331). Dess medlemmar utgörs av företag vars verksamhet i Grekland består av att tillhandahålla trafikförsäkringar. Organets verksamhetsföremål är att ersätta offer (skadelidande personer och rättsinnehavare) vid trafikolyckor i de fall då det företag som försäkrar den som var upphov till olyckan försatts i konkurs eller fått sin auktorisation återkallad. När Epikouriko kefalaio har betalat ut ersättning övertar den, enligt ovannämnda lag, den förmånsrätt som den försäkrade som var ansvarig för olyckan har enligt artikel 10 i lagdekretet. År 1995 återkallade handelsministern Intercontinentals auktorisation och förordnade om att bolagets lösa och fasta egendom skulle placeras i bolagets garantifond. Genom beslut nr K3-9086 av den 4 november 1998 (Tidning för aktiebolag och aktiebolag med begränsat ägaransvar av den 10 november 1998, folio 8649) (nedan kallat det omstridda beslutet) lösgjorde ministern för utvecklingsfrågor tillgångar i Intercontinentals garantifond motsvarande ett belopp på 28 967 185 GRD. Beloppet skulle, i enlighet med den ovan i punkt 13 nämnda bestämmelsen, täcka betalning av lönefordringar med förmånsrätt. Den 16 december 1998 väckte Epikouriko kefalaio, som betalat ut försäkringsersättning i Intercontinentals ställe, talan inför Symvoulio tis Epikrateias. Epikouriko kefalaio yrkade att det omstridda beslutet skulle ogiltigförklaras, eftersom det minskar de tillgångar som kan ge täckning för de fordringar gentemot Intercontinental som Epikouriko kefalaio övertagit. Symvoulio tis Epikrateias betonade att en grundläggande målsättning med gemenskapsrätten är att skydda försäkrade personer. Vidare påpekade den nationella domstolen att försäkringsföretagens skyldighet att upprätta tekniska reserver, liksom artikel 9.1 i lagdekretet, syftar till att uppnå detta syfte. Symvoulio tis Epikrateias fann att artikel 35.9 i lag nr 2496/1997 strider mot de gemenskapsrättsliga bestämmelser som nämns i punkterna 4–6 i denna dom, i den mån det i denna artikel föreskrivs att den förmånsrätt som anställda i ett försäkringsföretag, vid konkurs, likvidation eller liknande insolvenssituation, kan göra gällande i garantifonden för fordringar som uppstått på grund av anställningen har företräde framför den förmånsrätt som försäkrade och deras rättsinnehavare kan göra gällande i samma garantifond. Den nationella domstolen ansåg således att det omtvistade beslutet skulle ogiltigförklaras. Symvoulio tis Epikrateias fann likväl att det förelåg rimliga tvivel vad avser denna tolkning och beslutade att vilandeförklara målet och ställa följande tolkningsfråga till domstolen: ”Kan den nationella lagstiftaren, med hänsyn till bestämmelserna i synnerhet i artiklarna 15 och 16 i … direktiv 73/239 …, och i artiklarna 17 och 18 i … direktiv 79/267…, anta bestämmelser i vilka det föreskrivs att för det fall ett försäkringsbolag försätts i konkurs eller likvidation eller befinner sig i en liknande insolvenssituation skall tillgångar som ingår i bolagets tekniska reserver användas för att ersätta fordringar som uppkommit på grund av anställning i detta bolag framför fordringar som tillkommer de försäkrade och deras rättsinnehavare med allmänna eller särskilda rättigheter?” Tolkningsfrågan Den hänskjutande domstolen har ställt frågan för att få klarhet i huruvida gemenskapsrättsliga bestämmelser om skyldighet för försäkringsföretag att avsätta tillräckliga tekniska reserver och upprätthålla en tillräcklig solvensmarginal i förhållande till sin totala verksamhet utgör hinder för nationella bestämmelser som, för det fall ett försäkringsbolag försätts i konkurs eller likvidation eller befinner sig i en liknande insolvenssituation, medför att tillgångar som ingår i de tekniska reserverna företrädesvis används för att täcka lönefordringar framför försäkringsfordringar. Frågan avser sådan lagstiftning som inför förmånsrätt för försäkringsfordringar vid likvidation av ett försäkringsföretag. Förmånsrätten skall täckas av medel ur företagets garantifond och omfattar förutom tillgångar som ingår i de tekniska reserverna även andra av företagets tillgångar. De medel som förmånsrätten gäller i kan genom ministerbeslut, såsom i målet vid den nationella domstolen, ha utvidgats till att omfatta samtliga företagets disponibla tillgångar. Förmånsrätten gäller framför alla andra allmänna och särskilda förmånsrätter med undantag av kostnader för likvidation och lönefordringar från andra än personer som leder och förvaltar försäkringsbolaget. Såsom såväl den grekiska regeringen som Förenade kungarikets regering och kommissionen har understrukit innehåller varken de gemenskapsrättsliga bestämmelserna om försäkringsföretags skyldighet att avsätta tillräckliga tekniska reserver och upprätthålla en tillräcklig solvensmarginal i förhållande till sin totala försäkringsverksamhet eller någon annan bestämmelse i direktiven 73/239 och 79/267 bestämmelser om samordning vid likvidation av ett försäkringsföretag (se, för ett liknande resonemang, skäl 2 i direktiv 2001/17). Den samordning av nationella bestämmelser om de finansiella krav som ställs på försäkringsföretag, som framför allt genomförts genom de gemenskapsrättsliga bestämmelser som nämns i punkterna 4 och 5 i denna dom, syftar förvisso till att tillförsäkra försäkringstagare och förmånstagare i samtliga medlemsstater i gemenskapen ett tillräckligt skydd (se andra skälet i direktiv 73/239 och första skälet i direktiv 79/267). Skyldigheten för försäkringsföretag att avsätta tillräckliga tekniska reserver syftar särskilt till att garantera att dessa företag förfogar över tillräckliga medel för att täcka sina kontraktuella åtaganden gentemot försäkringstagarna (se dom av den 4 december 1986 i mål 205/84, kommissionen mot Tyskland, REG 1986, s. 3755, punkt 38, svensk specialutgåva, volym 8, s. 741, se även nionde skälet i direktiv 73/239 och sjunde skälet i direktiv 79/267 samt skäl 12 i direktiv 92/49 och skäl 13 i direktiv 92/96). De aktuella gemenskapsrättsliga bestämmelserna kan emellertid inte tolkas så, att gemenskapslagstiftaren avsett att tillgångar som ingår i de tekniska reserverna, vid likvidation av ett försäkringsföretag, under alla omständigheter skall användas med absolut prioritet för att betala försäkringsfordringar. En sådan tolkning finner inget stöd i direktiven 73/239 och 79/267. Den motsägs dessutom av artikel 10.1 i direktiv 2001/17, som för att ”säkerställa en lämplig balans mellan skyddet för försäkringsborgenärer och andra prioriterade borgenärer som skyddas av medlemsstaternas lagstiftning” (skäl 14) ger medlemsstaterna möjlighet att ge vissa fordringar, bland annat fordringar som innehas av anställd personal i försäkringsföretaget, en bättre förmånsrätt än försäkringsfordringar, även i tillgångar som ingår i de tekniska reserverna, när försäkringsfordringarnas förmånsrätt inte gäller endast i dessa tillgångar. Under dessa omständigheter skall tolkningsfrågan besvaras så, att artiklarna 15 och 16 i direktiv 73/239 och artiklarna 17 och 18 i direktiv 79/267 inte utgör hinder för nationell lagstiftning vari föreskrivs att för det fall ett försäkringsbolag försätts i konkurs eller likvidation eller befinner sig i en liknande insolvenssituation, kan tillgångar som ingår i de tekniska reserverna användas för att täcka lönefordringar framför försäkringsfordringar, när förmånsrätten för försäkringsfordringarna, enligt denna lagstiftning, förutom i de tillgångar som ingår i de tekniska reserverna, gäller även i andra av företagets tillgångar och genom ministerbeslut kan ha utvidgats till att gälla i samtliga företagets disponibla tillgångar. Rättegångskostnader Eftersom förfarandet i förhållande till parterna i målet vid den nationella domstolen utgör ett led i beredningen av samma mål, ankommer det på den nationella domstolen att besluta om rättegångskostnaderna. De kostnader för att avge yttrande till domstolen som andra än nämnda parter har haft är inte ersättningsgilla. På dessa grunder beslutar domstolen (första avdelningen) följande dom: Artiklarna 15 och 16 i rådets första direktiv 73/239/EEG av den 24 juli 1973 om samordning av lagar och andra författningar angående rätten att etablera och driva verksamhet med annan direkt försäkring än livförsäkring, i dess lydelse enligt rådets andra direktiv 88/357/EEG av den 22 juni 1988 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utöva friheten att tillhandahålla tjänster samt om ändring av direktiv 73/239/EEG och enligt rådets direktiv 92/49/EEG av den 18 juni 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser annan direkt försäkring än livförsäkring samt om ändring av direktiven 73/239/EEG och 88/357/EEG (tredje direktivet om annan direkt försäkring än livförsäkring), samt artiklarna 17 och 18 i rådets första direktiv 79/267/EEG av den 5 mars 1979 om samordning av lagar och andra författningar om rätten att starta och driva direkt livförsäkringsrörelse, i dess lydelse enligt rådets andra direktiv 90/619/EEG av den 8 november 1990 om samordning av lagar och andra författningar om direkt livförsäkring, och med bestämmelser avsedda att göra det lättare att effektivt utnyttja friheten att tillhandahålla tjänster, och om ändring av direktiv 79/267/EEG och enligt rådets direktiv 92/96/EEG av den 10 november 1992 om samordning av lagar och andra författningar som avser direkt livförsäkring och om ändring av direktiven 79/267/EEG och 90/619/EEG (tredje livförsäkringsdirektivet), utgör inte hinder för nationell lagstiftning vari föreskrivs att för det fall ett försäkringsbolag försätts i konkurs eller likvidation eller befinner sig i en liknande insolvenssituation, kan tillgångar som ingår i de tekniska reserverna användas för att täcka lönefordringar framför försäkringsfordringar, när förmånsrätten för försäkringsfordringarna, enligt denna lagstiftning, förutom i de tillgångar som ingår i de tekniska reserverna, gäller även i andra av företagets tillgångar och genom ministerbeslut kan ha utvidgats till att gälla i samtliga företagets disponibla tillgångar. Underskrifter – Rättegångsspråk: grekiska.

62012CJ0187

pt

Os pedidos de decisão prejudicial têm por objeto a interpretação e a validade dos artigos 3.° e 4.° do Regulamento (CE) n. o 320/2006 do Conselho, de 20 de fevereiro de 2006, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira na Comunidade e altera o Regulamento (CE) n. o 1290/2005 relativo ao financiamento da política agrícola comum ( JO L 58, p. 42 , a seguir «regulamento de base»), e do artigo 4. o do Regulamento (CE) n. o 968/2006 da Comissão, de 27 de junho de 2006, que define as regras de execução do Regulamento n. o 320/2006 ( JO L 176, p. 32 , a seguir «regulamento de execução»). Estes pedidos foram apresentados no quadro de litígios que opõem, respetivamente, a SFIR — Società Fondiaria Industriale Romagnola SpA (a seguir «SFIR»), a Italia Zuccheri SpA e a Co. Pro. B. — Cooperativa Produttori Bieticoli soc. coop. agricola (a seguir «Italia Zuccheri/Co.Pro.B») e a Eridania Sadam SpA (a seguir «Eridania Sadam») à Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e ao Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (Ministério da Agricultura, da Alimentação e das Florestas, a seguir «Ministero»), a propósito da concessão de ajudas à reestruturação nos termos do artigo 3. o do regulamento de base. Quadro jurídico Regulamento de base O considerando 5 do regulamento de base tem a seguinte redação: «Para que as empresas produtoras de açúcar com a mais baixa produtividade abandonem a sua produção dentro da quota, deve ser criado um importante incentivo económico sob a forma de uma ajuda à reestruturação adequada. Para tal, é conveniente instituir uma ajuda à reestruturação que crie um incentivo ao abandono da produção de açúcar de quota e à renúncia às quotas em causa e que, simultaneamente, permita que o respeito dos compromissos sociais e ambientais ligados ao abandono da produção seja tido em devida conta. A fim de que a produção seja reduzida na medida do necessário para se atingir uma situação de mercado equilibrada na Comunidade, a ajuda deverá estar disponível durante quatro campanhas de comercialização.» O artigo 3. o desse regulamento, intitulado «Ajuda à reestruturação», prevê: «1.   As empresas produtoras de açúcar, de isoglicose ou de xarope de inulina às quais tenha sido atribuída uma quota até 1 de julho de 2006 […] podem beneficiar de uma ajuda à reestruturação por tonelada de quota a que renunciem, desde que, durante uma das campanhas de comercialização de 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010: a) Renunciem à quota que tiverem atribuído a uma ou mais das respetivas fábricas e procedam ao desmantelamento total das instalações de produção das fábricas em causa; ou b) Renunciem à quota que tiverem atribuído a uma ou mais das respetivas fábricas, procedam ao desmantelamento parcial das instalações de produção das fábricas em causa e não utilizem as restantes instalações de produção das fábricas em causa para o fabrico de produtos abrangidos pela organização comum de mercado no sector do açúcar; […] 3.   O desmantelamento total das instalações de produção exige: a) A cessação definitiva e total da produção de açúcar, de isoglicose e de xarope de inulina pelas instalações de produção em causa; b) O encerramento da fábrica ou fábricas e o desmantelamento das respetivas instalações de produção […] [...] 4.   O desmantelamento parcial das instalações de produção exige: a) A cessação definitiva e total da produção de açúcar, de isoglicose e de xarope de inulina pelas instalações de produção em causa; b) O desmantelamento das instalações de produção que não serão utilizadas para a nova produção e que eram destinadas à produção dos produtos referidos na alínea a) […] […] 5.   O montante da ajuda à reestruturação, por tonelada de quota objeto de renúncia, é o seguinte: a) Nos casos a que se refere a alínea a) do n. o 1: — EUR 730,00 para a campanha de comercialização de 2006/2007, […]; b) Nos casos a que se refere a alínea b) do n. o 1: — EUR 547,50 para a campanha de comercialização de 2006/2007, […]» O artigo 4. o do referido regulamento, com a epígrafe «Pedido de ajuda à reestruturação», dispõe no seu n. o 2: «Os pedidos de ajuda à reestruturação devem incluir: a) um plano de reestruturação; […] c) O compromisso de renunciar à quota em causa na campanha de comercialização em causa; d) Nos casos referidos na alínea a) do n. o 1 do artigo 3. o , o compromisso de proceder ao desmantelamento total das instalações de produção, num período a determinar pelo Estado‑Membro em causa; e) Nos casos referidos na alínea b) do n. o 1 do artigo 3. o , o compromisso de proceder ao desmantelamento parcial das instalações de produção, num período a determinar pelo Estado‑Membro em causa, e de não utilizar o sítio de produção nem as restantes instalações de produção para o fabrico de produtos abrangidos pela organização comum de mercado no sector do açúcar; […]» Regulamento de execução O considerando 4 do regulamento de execução tem a seguinte redação: «Em relação à renúncia de quotas, o artigo 3. o do [regulamento de base] prevê a possibilidade de desmantelamento total ou parcial das instalações produtivas, que dão lugar a diferentes montantes de ajudas à reestruturação. Embora as condições aplicáveis a essas duas opções devam tomar em conta o montante superior da ajuda à reestruturação em caso de desmantelamento total, devido aos custos mais elevados dessa opção, foi considerado apropriado permitir a possibilidade de manutenção das partes das fábricas que não estejam integradas na linha de produção, quando possam ser utilizadas para outros fins previstos no plano de reestruturação, em especial quando essa utilização crie postos de trabalho. Por outro lado, as instalações que não estejam diretamente ligadas à produção de açúcar devem ser desmanteladas se não existir nenhuma possibilidade de utilização alternativa num prazo razoável e se a sua manutenção tiver consequências negativas para o ambiente.» O artigo 4. o deste regulamento, com a epígrafe «Desmantelamento das instalações produtivas», prevê: «1.   Em caso de desmantelamento total, conforme referido na alínea a) do n. o 1 do artigo 3. o do Regulamento (CE) n. o 320/2006, o requisito de desmantelamento das instalações produtivas dirá respeito: a) A todas as instalações necessárias para a produção de açúcar, isoglicose ou xarope de inulina, como por exemplo: instalações destinadas ao armazenamento, análise, lavagem e corte de beterraba açucareira, cana‑de‑açúcar, cereais ou chicória; todas as instalações necessárias para a extração e transformação ou concentração de açúcar a partir de beterraba açucareira ou de cana‑de‑açúcar, de amido a partir de cereais, de glicose a partir de amido ou de inulina a partir de chicória; b) À parte das instalações, para além das referidas na alínea a), diretamente relacionadas com a produção de açúcar, de isoglicose ou de xarope de inulina e que sejam necessárias para o tratamento da produção ao abrigo da quota objeto de renúncia, mesmo quando possam ser utilizadas para a produção de outros produtos, como por exemplo: instalações de aquecimento ou tratamento de águas ou que sejam destinadas à produção de energia, instalações destinadas ao tratamento da polpa de beterraba açucareira ou dos melaços ou instalações utilizadas para o transporte no interior da empresa; c) A todas as restantes instalações, por exemplo destinadas à embalagem, que não estejam a ser utilizadas e que devam ser desmanteladas e removidas por motivos ambientais. 2.   Em caso de desmantelamento parcial, conforme referido na alínea b) do n. o 1 do artigo 3. o do Regulamento (CE) n. o 320/2006, o requisito de desmantelamento das instalações produtivas diz respeito às instalações referidas no n. o 1 do presente artigo cuja utilização não esteja prevista para outra produção ou para outra utilização da instalação fabril em conformidade com o plano de reestruturação.» Litígios no processo principal e questões prejudiciais Processo C‑187/12 A SFIR é uma empresa açucareira. Em 2006, aderiu ao regime temporário de reestruturação da indústria açucareira instituído pelo regulamento de base (a seguir «regime de reestruturação»), apresentando ao Ministero um pedido de concessão da totalidade da ajuda, acompanhado de um plano de reestruturação em conformidade com o referido no artigo 4. o , n. o 2, alínea a), desse regulamento (a seguir «plano de reestruturação»). Este plano previa o desmantelamento de instalações de produção e a conservação, designadamente, de determinados silos. Num primeiro momento, o Ministero declarou o pedido de ajuda admissível e não formulou objeções ao plano de reestruturação, tendo transmitido uma cópia do mesmo à Comissão Europeia. Através da nota n. o 2095, de 15 de março de 2011 (a seguir «nota de 2011»), o Ministero informou todavia a SFIR que, na sequência de inspeções efetuadas em 2010, tendo verificado a existência de silos na proximidade de certos estabelecimentos desafetados, a Comissão formulou observações nos termos das quais a conservação desses silos não respondia às condições previstas pelos regulamentos de base e de execução para poder beneficiar da totalidade da ajuda à reestruturação. Com efeito, no entender da Comissão, os silos em causa deviam ser considerados como estando «diretamente relacionados com a produção de açúcar», na aceção do artigo 4. o , n. o 1, alínea b), do regulamento de execução. Em seguida, a AGEA instou a SFIR a proceder, antes de 31 de março de 2012, ao desmantelamento total das instalações, demolindo os silos. A AGEA informou igualmente a SFIR de que a caução por ela prestada, relativa aos compromissos adotados no quadro da sua participação no regime de reestruturação, não podia ser liberada. A SFIR impugnou essa decisão e vários outros atos conexos no Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Pelo acórdão n. o 9481, de 1 de dezembro de 2011, foi dado provimento ao recurso da SFIR apenas na parte em que visava liberar a caução para a parte correspondente à ajuda à reestruturação destinada a um desmantelamento parcial. Os restantes pedidos foram julgados improcedentes. Os fundamentos do recurso segundo os quais o «desmantelamento total» das instalações de produção, que dava direito a uma ajuda superior em 25% à relativa ao «desmantelamento parcial», não incluía a demolição dos silos em causa foram julgados improcedentes. O Tribunale amministrativo regionale per il Lazio considerou que, uma vez que as instalações de produção incluíam designadamente as que eram utilizadas durante as fases de armazenamento e acondicionamento imediatamente posteriores à produção, a conservação destas últimas instalações só estava autorizada se se destinassem a serem utilizadas para produção de outros produtos ou para outras utilizações da instalação industrial. A SFIR interpôs recurso desse acórdão para o Consiglio di Stato, que suspendeu a instância e submeteu ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «Pode o Tribunal de Justiça esclarecer se o desmantelamento total das instalações de produção de açúcar, de isoglicose e de xarope de inulina, nos termos do artigo 3. o do [regulamento de base], a que se refere o [regulamento de execução], deve ser entendido no sentido de que as instalações a desmantelar são apenas as necessárias para a produção, como expressamente prevê o referido artigo 3. o do [regulamento de base], em conformidade com o qual o [regulamento de execução] deve ser interpretado, sob pena de invalidade do mesmo? E, por conseguinte, pode o Tribunal de Justiça decidir que, nos termos dos mencionados artigos 3.° do [regulamento de base] e 4.° do [regulamento de execução], as instalações a desmantelar são apenas as destinadas à produção de açúcar, de isoglicose e de xarope de inulina, bem como as outras instalações a que se refere o mesmo artigo 4. o , alínea c) do [regulamento de execução], incluindo as destinadas a embalagem, que deixaram de ser utilizadas ou que devem ser desmanteladas ou removidas por razões ambientais, e que, por isso, as instalações não relacionadas com a produção de açúcar, de isoglicose e de xarope de inulina, não desativadas mas utilizadas para outras atividades, como a de packaging no caso em apreço, e não sujeitas à obrigação de remoção por razões ambientais, podem ser mantidas porque não estão sujeitas à obrigação de desmantelamento estabelecida pelos referidos regulamentos da União Europeia?» Processo C‑188/12 A Italia Zuccheri/Co.Pro.B. é também uma empresa açucareira que, em 2006, aderiu ao regime de reestruturação, apresentando ao Ministero um pedido de concessão da totalidade da ajuda. O plano de reestruturação, declarado admissível pelo Ministero, previa a conservação, designadamente, de determinados silos de armazenamento a longo prazo e das instalações de acondicionamento e comercialização. Com a nota de 2011, a Italia Zuccheri/Co.Pro.B., tal como a SFIR, foi informada das observações da Comissão, relativas à manutenção de silos de armazenamento. Na sequência da mesma, a AGEA ordenou à Italia Zuccheri/Co.Pro.B. que procedesse à respetiva demolição, antes de 31 de março de 2012, e informou‑a de que as cauções por ela constituídas não podiam ser liberadas. A Italia Zuccheri/Co.Pro.B. recorreu dessa decisão e de vários outros atos conexos para o Tribunale amministrativo regionale per il Lazio que, por acórdão de 1 de dezembro de 2011, deu provimento a este recurso apenas na parte em que visava liberar as cauções para a parte correspondente à ajuda à reestruturação destinada a um desmantelamento parcial. Os restantes pedidos foram julgados improcedentes. A Italia Zuccheri/Co.Pro.B. interpôs recurso dessa decisão para o Consiglio di Stato, que decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as questões prejudiciais seguintes: «1) Os artigos 3.° e 4.° do [regulamento de base] e o artigo 4. o do [regulamento de execução] devem ser interpretados no sentido de que a expressão ‘instalações de produção’ não inclui as instalações utilizadas pelas empresas açucareiras para armazenamento, acondicionamento ou embalagem do açúcar, para efeitos da sua comercialização, e que, por conseguinte, no caso de instalações como os silos é necessário proceder a uma análise caso a caso, a fim de verificar se essas instalações estão ligadas à ‘linha de produção’ ou relacionadas com outras atividades, diferentes da produção? 2) Em especial, o artigo 4. o do [regulamento de execução] deve ser interpretado no sentido de que as instalações — como os silos — utilizadas pelas empresas açucareiras para armazenamento, acondicionamento ou embalagem do açúcar exclusivamente para efeitos da sua comercialização, enquanto independente do ciclo produtivo, integram as instalações a que se refere a alínea c), e não aquelas a que se referem as alíneas a) e b) do mesmo artigo, em conformidade com a letra e os objetivos do [regulamento de base] e do [regulamento de execução], em especial do […] considerando [4] deste último? 3) A título subsidiário, à luz dos artigos 3.° e 4.° do [regulamento de base], [bem como] das normas superiores e princípios do direito primário europeu, o artigo 4. o do [regulamento de execução] é inválido se for interpretado no sentido de que inclui, entre as instalações a que se referem as alíneas a) e b) do n. o 1, também as utilizadas pelas empresas açucareiras para armazenamento, acondicionamento ou embalagem do açúcar para efeitos da sua comercialização, sendo evidente que o objetivo prosseguido pelo [regulamento de base] é o de reduzir a capacidade produtiva da empresa açucareira e não o de lhe retirar a possibilidade de operar no setor da mera comercialização do produto, utilizando açúcar obtido a partir das quotas de produção de outras instalações ou empresas? 4) Também a título subsidiário, em qualquer caso, os artigos 3.° e 4.° do [regulamento de base] e o artigo 4. o do [regulamento de execução] são válidos à luz das normas superiores e dos princípios do direito primário europeu, se forem interpretados no sentido de que incluem, na noção de ‘instalações de produção’ ou ‘diretamente relacionadas com a produção’, as instalações utilizadas pelas empresas açucareiras para armazenamento, acondicionamento ou embalagem do açúcar para efeitos da sua comercialização?». Processo C‑189/12 A Eridania Sadam é também uma empresa açucareira. Em 2006, aderiu ao regime de reestruturação, apresentando ao Ministero um pedido de concessão da totalidade da ajuda. O plano de reestruturação, declarado admissível pelo Ministero, previa a conservação, designadamente, de determinados silos de armazenamento a longo prazo e instalações de acondicionamento. Com a nota de 2011, a Eridania Sadam, tal como a SFIR e a Italia Zuccheri/Co.Pro.B, foi informada das observações da Comissão, relativas à manutenção dos silos de armazenamento. Na sequência daquela, a AGEA ordenou à Eridania Sadam que procedesse à respetiva demolição, antes de 31 de março de 2012, e informou‑a de que as cauções por ela constituídas não podiam ser liberadas. A Eridania Sadam recorreu dessa decisão e de vários outros atos conexos para o Tribunale amministrativo regionale per il Lazio que, por acórdão de 1 de dezembro de 2011, deu provimento a este recurso apenas na parte em que visava liberar as cauções para a parte correspondente à ajuda à reestruturação destinada a um desmantelamento parcial. Os restantes pedidos foram julgados improcedentes. A Eridania Sadam interpôs recurso desse acórdão para o Consiglio di Stato, que decidiu suspender a instância e submeter ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1) Os artigos 3.° e 4.° do [regulamento de base] e o [regulamento de execução] devem ser interpretados no sentido de que a expressão ‘instalações de produção’ não inclui as instalações utilizadas pelas empresas açucareiras para a atividade de packaging do açúcar, para efeitos da sua comercialização, e que, por conseguinte, no caso de instalações como os silos é necessário proceder a uma análise caso a caso, a fim de verificar se essas instalações estão ligadas à ‘linha de produção’ ou relacionadas com outras atividades, diferentes da produção, como a de packaging ? 2) A título subsidiário, à luz dos artigos 3.° e 4.° do [regulamento de base] e das normas superiores e princípios do direito primário europeu, o artigo 4. o do [regulamento de execução] é inválido se for interpretado no sentido de que inclui, entre as instalações a que se referem as alíneas a) e b) do n. o 1, também as utilizadas pelas empresas açucareiras para a atividade de packaging do açúcar, para efeitos da sua comercialização, sendo evidente que o objetivo prosseguido pelo [regulamento de base] é o de reduzir a capacidade produtiva da empresa açucareira e não o de lhe retirar a possibilidade de operar no setor na mera comercialização do produto, utilizando açúcar obtido a partir das quotas de produção de outras instalações ou empresas? 3) Também a título subsidiário, em qualquer caso, os artigos 3.° e 4.° do [regulamento de base] e o artigo 4. o do [regulamento de execução] são válidos à luz das normas superiores e dos princípios do direito primário europeu, se forem interpretados no sentido de incluir na noção de ‘instalações de produção’ ou ‘diretamente relacionadas com a produção’ as utilizadas pelas empresas açucareiras para a atividade de packaging do açúcar para efeitos da sua comercialização?» Por despacho do presidente do Tribunal de Justiça de 11 de maio de 2012, os processos C‑187/12 a C‑189/12 foram apensados para efeitos das fases escrita e oral, bem como do acórdão a proferir. Quanto às questões prejudiciais Quanto à questão única no processo C‑187/12, às primeira e segunda questões no processo C‑188/12 e à primeira questão no processo C‑189/12 Com as suas questões, que importa abordar conjuntamente, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se os artigos 3.° e 4.° do regulamento de base e o artigo 4. o do regulamento de execução devem ser interpretados no sentido de que o conceito de «instalações de produção» abrange instalações, como os silos, que são utilizadas para o armazenamento, o acondicionamento e a embalagem de açúcar para efeitos da respetiva comercialização, e, se for caso disso, se se deve proceder a uma análise caso a caso para verificar se as instalações em causa estão efetivamente ligadas à linha de produção ou a outras atividades para além da produção. A este respeito, verifica‑se, em primeiro lugar, que nem o regulamento de base nem o regulamento de execução contêm uma definição desse conceito. Em seguida, há que recordar que, na falta de tal definição, o alcance do referido conceito, que figura no artigo 3. o do regulamento de base e que inclui, por força do artigo 4. o , n. o 1, alíneas a) e b), do regulamento de execução, quer as «instalações necessárias à produção de açúcar» quer as «instalações [...] diretamente ligadas à produção de açúcar», deve ser determinado, segundo jurisprudência constante do Tribunal de Justiça, tomando em consideração o contexto geral em que é utilizado e em conformidade com o seu sentido habitual na linguagem comum (v., neste sentido, acórdãos de 4 de maio de 2006, Massachusetts Institute of Technology, C-431/04, Colet., p. I-4089 , n. o 17 e jurisprudência aí referida, e de 13 de dezembro de 2012, BLV Wohn‑ und Gewerbebau, C‑395/11, n. o 25). Por fim, na interpretação de uma disposição do direito da União, há que atender aos objetivos prosseguidos pela regulamentação em que está integrada (v., neste sentido, acórdão de 29 de janeiro de 2009, Petrosian, C-19/08, Colet., p. I-495 , n. o 34 e jurisprudência aí referida). Nos processos principais, importa referir, em primeiro lugar, que várias das partes interessadas que apresentaram observações defendem a interpretação de que os silos não são normalmente instalações de produção, por se destinarem ao armazenamento do produto final e não à produção em sentido estrito, usando assim uma definição muito limitada do conceito de «produção» designada de processo químico ou físico que corresponde, nesses processos, à extração de açúcar da matéria‑prima. Todavia, o conceito de «produção» pode igualmente abranger outras etapas do fabrico de um produto situadas a montante ou a jusante do processo químico ou físico de transformação. O armazenamento de açúcar que não é imediatamente acondicionado após a sua extração da matéria‑prima pode considerar‑se parte do processo de produção, tal como, por exemplo, o armazenamento de beterrabas açucareiras, antes do respetivo tratamento tendo em vista a extração do teor de açúcar, que é expressamente considerado, no artigo 4. o , n. o 1, alínea a), do regulamento de execução, necessário à produção. Nesta perspetiva, o armazenamento pode ser considerado como estando «diretamente ligado à produção de açúcar» na aceção do artigo 4. o , n. o 1, alínea b), desse regulamento. Em segundo lugar, quanto ao contexto geral e aos objetivos da regulamentação em causa no processo principal, há que recordar que o regime de reestruturação pretendia, segundo o considerando 5 do regulamento de base, que «a produção [fosse] reduzida na medida do necessário para se atingir uma situação de mercado equilibrada na Comunidade». Nesta perspetiva, qualquer instalação cuja utilização possa influenciar a quantidade de açúcar suscetível de ser produzida deverá, regra geral, ser considerada uma instalação de produção relativamente à obrigação de desmantelamento. A este respeito, por um lado, a implantação de um silo no local de uma fábrica açucareira determina o processo de produção na medida em que este último é concebido em função da disponibilidade e da proximidade de capacidades de armazenamento. Por outro lado, um silo, pelo menos quando tem uma capacidade de armazenamento que excede, por si só ou em conjunto com os demais silos do produtor, a quantidade de açúcar produzido por este último durante uma campanha açucareira média, permite ao produtor transformar toda a colheita, mesmo no caso de o produto dessa colheita ultrapassar a venda prevista para um dado exercício. Além disso, graças ao stock assim realizado, esse mesmo produtor pode colocar no mercado interno, em futuros exercícios, quantidades adicionais de açúcar, saídas da sua produção. Assim, tais silos podem ter uma incidência direta nas quantidades de açúcar que podem ser produzidas e nos processos de produção resultantes da proximidade de uma instalação de armazenamento. Permitem designadamente diferir, total ou parcialmente, a venda de um produto de uma dada campanha açucareira e, assim, influenciar a «situação de mercado [...] na Comunidade», na aceção do considerando 5 do regulamento de base. Em terceiro lugar, por força do artigo 3. o , n. o 3, alíneas a) e b), do regulamento de base, a concessão de ajuda integral implica, além da paragem definitiva e total da produção de açúcar pelas instalações de produção em causa e o seu desmantelamento, o «encerramento da fábrica». A regulamentação em causa no processo principal parte, por isso, manifestamente do princípio de que, regra geral, o complexo industrial em causa deve, para efeitos da atribuição da totalidade da ajuda à reestruturação, ser totalmente posto fora de serviço. A possibilidade de não desmantelar ou mesmo continuar a utilizar no futuro instalações diferentes das de produção, mantendo contudo o direito à ajuda integral, constitui, por isso, uma exceção a essa regra, que deve ser interpretada de forma estrita. À luz de todos esses elementos, é manifesto que um silo destinado ao armazenamento de açúcar do beneficiário da ajuda deve ser qualificado de instalação de produção, independentemente do facto de também ser usado para outras utilizações, como parece ser parcialmente o caso nos processos principais. Em contrapartida, um silo, em relação ao qual se demonstre que razões, nomeadamente, técnicas ou comerciais se opõem à respetiva afetação ao armazenamento da produção de açúcar do beneficiário da ajuda e que é apenas utilizado no armazenamento de açúcar, produzido dentro da quota, armazenado por outros produtores ou comprado a estes últimos, pode não se incluir na obrigação de desmantelamento. Uma vez que a atividade de acondicionamento, incluindo a embalagem, não está ligada à produção de açúcar em sentido estrito, à luz do artigo 4. o , n. o 1, alínea c), do regulamento de execução, o mesmo pode ocorrer no caso de o produtor demonstrar que o seu silo serve exclusivamente ao acondicionamento ou à embalagem de açúcar produzido dentro da quota. Assim, incumbe ao tribunal nacional apreciar, caso a caso, se um silo constitui ou não uma instalação de produção, à luz das suas características técnicas ou do uso real que dele é feito. À luz do exposto, há que responder à questão única no processo C‑187/12, às primeiras e segunda questões no processo C‑188/12 e à primeira questão no processo C‑189/12 que os artigos 3.° e 4.° do regulamento de base e o artigo 4. o do regulamento de execução devem ser interpretados no sentido de que, para efeitos destes artigos, o conceito de «instalações de produção» abrange os silos destinados ao armazenamento de açúcar do beneficiário da ajuda, independentemente do facto de também serem utilizados para outros fins. Não se inserem neste conceito os silos utilizados apenas no armazenamento de açúcar, produzido dentro da quota, armazenado por outros produtores ou comprado a estes últimos, nem os utilizados apenas para o acondicionamento ou a embalagem do açúcar para efeitos da sua comercialização. Compete ao órgão jurisdicional nacional efetuar tal apreciação caso a caso, à luz das características técnicas ou do uso real que é feito dos silos em causa. Quanto às terceira e quarta questões no processo C‑188/12 e às segunda e terceira questões no processo C‑189/12 Com estas questões, que importa abordar em conjunto, o órgão jurisdicional de reenvio pretende saber, em substância, se os artigos 3.° e 4.° do regulamento de base e o artigo 4. o do regulamento de execução, interpretados no sentido de que o conceito de «instalações de produção» inclui as que são utilizadas pelas empresas açucareiras para o armazenamento, o acondicionamento ou a embalagem de açúcar para efeitos da sua comercialização, são válidos à luz das normas superiores e dos princípios do direito primário da União. A este respeito, importa recordar, desde logo, que as instalações de acondicionamento não constituem, enquanto tais, instalações de produção no sentido da regulamentação em causa no processo principal, como resulta claramente do artigo 4. o , n. o 1, alínea c), do regulamento de execução. Por conseguinte, quanto a essas instalações, que abrangem designadamente as de «embalagem», a questão da validade dos artigos 3.° e 4.° do regulamento de base e do artigo 4. o do regulamento de execução não se coloca. No que diz respeito, em seguida, às instalações de armazenamento, que podem incluir as utilizadas também para as atividades de acondicionamento, resulta da resposta dada à questão única no processo C‑187/12, no n. o 35 do presente acórdão, que estas constituem instalações de produção no sentido do artigo 3. o , n. o 1, alínea a), do regulamento de base, na medida em que se destinam, designadamente, ao armazenamento de açúcar do beneficiário da ajuda. Quanto a estas últimas instalações, há que referir que o órgão jurisdicional de reenvio não precisa as normas superiores e os princípios do direito primário da União que se poderão opor à obrigação de proceder ao seu desmantelamento, prevista nos artigos 3.° e 4.° do regulamento de base e ao seu artigo 4. o do regulamento de execução. Todavia, como resulta nomeadamente das observações escritas e orais das partes interessadas, importa apreciar a validade dessas disposições à luz dos princípios de proporcionalidade e da igualdade de tratamento. Em primeiro lugar, no que respeita ao princípio da proporcionalidade, cumpre referir que, por um lado, um produtor que renuncia à quota de produção atribuída a uma das suas fábricas, que desmantela a maior parte das instalações de produção, exceto um silo que deva ser considerado uma instalação de produção, e que continua a utilizar o referido silo para o armazenamento de açúcar que produz nos seus outros locais de produção, não tem habitualmente direito à ajuda à reestruturação em razão da proibição, prevista no artigo 3. o , n. o 1, alínea b), do regulamento de base, de utilizar as instalações de produção não desmanteladas para o fabrico de produtos que integram a organização comum dos mercados no setor do açúcar. Por outro lado, esse mesmo produtor teria direito, na hipótese de um desmantelamento total, à ajuda à reestruturação integral, apesar de a carga financeira suplementar ligada ao desmantelamento do silo representar apenas, como resulta das respostas dadas pelas partes interessadas a uma questão submetida pelo Tribunal de Justiça, uma parte dos custos totais do desmantelamento. A este respeito, deve recordar‑se que o princípio da proporcionalidade, que faz parte dos princípios gerais do direito da União, exige que os atos das instituições da União não ultrapassem os limites do que for adequado e necessário para a realização dos objetivos legítimos prosseguidos pela regulamentação em causa, sendo que, quando se proporcione uma escolha entre várias medidas adequadas, se deve recorrer à menos restritiva, e que os inconvenientes causados não devem ser desproporcionados relativamente aos objetivos prosseguidos (v., designadamente, acórdão do Tribunal de Justiça de 21 de julho de 2011, Beneo Orafti, C-150/10, Colet., p. I-6843 , n. o 75 e jurisprudência aí referida). Por outro lado, segundo jurisprudência constante, no que respeita à fiscalização jurisdicional das condições de aplicação desse princípio, tendo em conta o amplo poder de apreciação de que o legislador da União Europeia dispõe em matéria de política agrícola comum, só o carácter manifestamente inadequado de uma medida adotada nesse domínio, em relação ao objetivo que a instituição competente pretende prosseguir, pode afetar a legalidade de tal medida. Assim, não se trata de saber se a medida adotada pelo legislador era a única ou a melhor possível, mas se era manifestamente inadequada (acórdão Beneo Orafti, já referido, n. os 76 e 77, e jurisprudência aí referida). No que diz respeito, nestas circunstâncias, à proporcionalidade da regulamentação em causa no processo principal, há que referir que o regime de reestruturação assenta numa participação voluntária dos produtores, visando, segundo o considerando 5 do regulamento de base, «cria[r] um importante incentivo económico sob a forma de uma ajuda à reestruturação adequada. Para tal, é conveniente instituir uma ajuda à reestruturação que crie um incentivo ao abandono da produção de açúcar de quota». A referida regulamentação permite que o produtor, se quiser beneficiar da ajuda, decida livremente escolher a fábrica para a qual renuncia à quota correspondente e, se for caso disso, optar por um desmantelamento total ou apenas parcial das instalações de produção. O benefício que o produtor pode tirar da ajuda à reestruturação depende assim, em grande parte, das escolhas efetuadas por si. Nesta perspetiva, a regulamentação em causa no processo principal não é desproporcionada. Em segundo lugar, quanto ao respeito pelo princípio da igualdade de tratamento, poderia eventualmente haver dúvidas quanto à concessão, sem distinção, de um mesmo montante da ajuda à reestruturação por tonelada de quota liberada, tanto na hipótese de o produtor em causa ter um silo que deve demolir como na de esse produtor dispor de tal silo e não ter de suportar as despesas ligadas à sua demolição. A este respeito, cumpre recordar que, segundo jurisprudência constante, o artigo 40. o , n. o 2, segundo parágrafo, TFUE, que consagra a proibição de qualquer discriminação no âmbito da política agrícola comum, mais não é do que a expressão específica do princípio geral da igualdade, que exige que situações comparáveis não sejam tratadas de modo diferente e que situações diferentes não sejam tratadas de modo igual, exceto se esse tratamento diferente for objetivamente justificado (acórdão de 11 de junho de 2009, Agrana Zucker, C-33/08, Colet., p. I-5035 , n. o 46 e jurisprudência aí referida). Ora, as considerações que figuram nos n. os 40 a 46 do presente acórdão, visto levarem à conclusão de que a regulamentação em causa no processo principal não é desproporcionada, podem ser transpostas para a análise do respeito pelo princípio da igualdade de tratamento. Com efeito, por um lado, importa recordar que a ajuda em causa visa incentivar o produtor a renunciar voluntariamente à quota de produção atribuída a uma fábrica açucareira. À luz desse objetivo, a situação de um produtor de açúcar que escolhe renunciar a uma quota atribuída a uma fábrica dotada de silo e a de um produtor que deve desmantelar uma fábrica equipada com um silo são perfeitamente comparáveis, na medida em que esses produtores renunciam a um número idêntico de toneladas de quota liberada. Por outro lado, como se recordou no n. o 41 do presente acórdão, os custos diretos inerentes à demolição de um silo só representam uma pequena parte do custo total do desmantelamento das instalações de produção. Nestas circunstâncias, não parece que o legislador da União, que goza, como resulta da jurisprudência referida no n. o 43 do presente acórdão, de um amplo poder de apreciação em matéria de política agrícola comum, tenha adotado uma medida manifestamente inadequada relativamente ao objetivo prosseguido, a saber, reduzir a produção de açúcar tendo em vista restabelecer um equilíbrio no mercado interno, ao não prever que o montante forfetário da ajuda por tonelada de quota liberada varie em função do facto de a fábrica designada por um produtor para o desmantelamento dispor ou não de silo. Esta conclusão não é posta em causa pelo facto de o custo real do desmantelamento, como vários interessados já observaram na audiência, poder ser, na verdade, muito elevado quanto aos silos em causa no processo principal, por, no caso de estes silos deverem ser desmantelados, o custo da respetiva reconstrução ser, para os produtores, claramente superior ao custo ligado ao seu desmantelamento. Com efeito, essa reconstrução e essa utilização dos silos para a produção de açúcar seriam inconciliáveis com a obrigação, prevista no artigo 3. o , n. os 3, alíneas a) e 4, alínea a), do regulamento de base, de parar definitiva e totalmente a produção de açúcar nas instalações de produção em causa. Face ao exposto, há que responder às terceira e quarta questões no processo C‑188/12 e às segunda e terceira questões no processo C‑189/12, que a sua análise não revelou nenhum elemento que possa afetar a validade dos artigos 3.° e 4.° do regulamento de base e do artigo 4. o do regulamento de execução. Quanto às despesas Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional de reenvio, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efetuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Primeira Secção) declara: 1) Os artigos 3.° e 4.° do Regulamento (CE) n. o 320/2006 do Conselho, de 20 de fevereiro de 2006, que estabelece um regime temporário de reestruturação da indústria açucareira na Comunidade e altera o Regulamento (CE) n. o 1290/2005 relativo ao financiamento da política agrícola comum e o artigo 4. o do Regulamento (CE) n. o 968/2006 da Comissão, de 27 de junho de 2006, que define as regras de execução do Regulamento n. o 320/2006, devem ser interpretados no sentido de que, para efeitos destes artigos, o conceito de «instalações de produção» abrange os silos destinados ao armazenamento de açúcar do beneficiário da ajuda, independentemente do facto de também serem utilizados para outros fins. Não se inserem neste conceito os silos utilizados apenas no armazenamento de açúcar, produzido dentro da quota, armazenado por outros produtores ou comprado a estes últimos, nem os utilizados apenas para o acondicionamento ou a embalagem do açúcar para efeitos da sua comercialização. Compete ao órgão jurisdicional nacional efetuar tal apreciação caso a caso, à luz das características técnicas ou do uso real que é feito dos silos em causa. 2) A análise das terceira e quarta questões no processo C‑188/12 e das segunda e terceira questões no processo C‑189/12 não revelou nenhum elemento que possa afetar a validade dos artigos 3.° e 4.° do Regulamento n. o 320/2006 e do artigo 4. o do Regulamento n. o 968/2006. Assinaturas ( *1 ) Língua do processo: italiano.

62010TJ0496

ro

Motivele Istoricul litigiului 1. Reclamanta, Bank Mellat, este o bancă comercială iraniană. 2. Prezenta cauză se înscrie în cadrul măsurilor restrictive instituite în scopul de a face presiuni asupra Republicii Islamice Iran pentru ca aceasta din urmă să pună capăt activităților nucleare care prezintă un risc de proliferare și dezvoltării vectorilor de transport de arme nucleare (denumite în continuare „proliferarea nucleară”). 3. La 26 iulie 2010, reclamanta a fost înscrisă pe lista entităților care contribuie la proliferarea nucleară iraniană, care figurează în anexa II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC (JO L 195, p. 39). 4. În consecință, numele reclamantei a fost înscris pe lista din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 423/2007 al Consiliului din 19 aprilie 2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 103, p. 1) prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2010 al Consiliului din 26 iulie 2010 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul nr. 423/2007 (JO L 195, p. 25). Această înscriere a avut drept consecință înghețarea fondurilor și a resurselor economice ale reclamantei. 5. În Decizia 2010/413, Consiliul Uniunii Europene a reținut următoarele motive: „Bank Mellat este o bancă iraniană deținută de stat. Bank Mellat are un model de conduită care sprijină și facilitează programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare entităților incluse pe listele ONU și UE sau entităților care acționează în numele sau la comanda acestora sau entităților aflate în proprietatea sau sub controlul acestora. Este banca-mamă a First East Export Bank care este desemnată în [Rezoluția 1929 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite].” 6. Motivele reținute în Regulamentul de punere în aplicare nr. 668/2010 sunt aceleași ca cele reținute în Decizia 2010/413. 7. Consiliul a informat-o pe reclamantă cu privire la includerea numelui său pe lista din anexa II la Decizia 2010/413 și pe cea din anexa V la Regulamentul nr. 423/2007 prin scrisoarea din 27 iulie 2010. 8. Prin scrisorile din 16 și din 24 august 2010, precum și din 2 și din 9 septembrie 2010, reclamanta a invitat Consiliul să îi comunice elementele pe care s-a bazat pentru a adopta măsurile restrictive care o privesc. 9. Ca răspuns la cererile de acces la dosar ale reclamantei, Consiliul i-a comunicat, prin scrisoarea din 13 septembrie 2010, copiile a două propuneri de adoptare a unor măsuri restrictive prezentate de o serie de state membre. Consiliul a stabilit de asemenea pentru data de 25 septembrie 2010 termenul în care reclamanta trebuia să își prezinte observațiile privind adoptarea măsurilor restrictive în privința sa. 10. Prin scrisoarea din 24 septembrie 2010, reclamanta a solicitat Consiliului să reexamineze decizia de a o include pe lista din anexa II la Decizia 2010/413 și pe cea din anexa V la Regulamentul nr. 423/2007. 11. Înscrierea numelui reclamantei în anexa II la Decizia 2010/413 a fost menținută prin Decizia 2010/644/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/413 (JO L 281, p. 81). Motivele reținute sunt următoarele: „Bank Mellat are un model de conduită care sprijină și facilitează programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului. Aceasta a furnizat servicii bancare entităților incluse pe listele ONU și UE sau entităților care acționează în numele sau la comanda acestora sau entităților aflate în proprietatea sau sub controlul acestora. Este banca-mamă a First East Export Bank care este desemnată în [Rezoluția 1929 a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite].” 12. Întrucât Regulamentul nr. 423/2007 a fost abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 281, p. 1), numele reclamantei a fost inclus de Consiliu în anexa VIII la acest din urmă regulament. În consecință, fondurile și resursele economice ale reclamantei au fost înghețate în temeiul articolului 16 alineatul (2) din regulamentul menționat. 13. Motivele reținute în Regulamentul nr. 961/2010 sunt aceleași ca cele reținute în Decizia 2010/644. 14. Prin scrisoarea din 28 octombrie 2010, Consiliul a răspuns la scrisoarea reclamantei din 24 septembrie 2010 arătând că, după reexaminare, a respins solicitarea acesteia privind eliminarea numelui său de pe lista din anexa II la Decizia 2010/413 și de pe cea din anexa VIII la Regulamentul nr. 961/2010. Consiliul a precizat, în această privință, că considera că nu existau garanții suficiente că reclamanta nu va furniza în viitor servicii bancare unor persoane și entități care participă la proliferarea nucleară. 15. Consiliul a comunicat reclamantei, anexată la duplică, copia unei a treia propuneri de adoptare a unor măsuri restrictive prezentate de un stat membru. 16. Înscrierea numelui reclamantei în anexa II la Decizia 2010/413 și în anexa VIII la Regulamentul nr. 961/2010 nu a fost afectată de intrarea în vigoare a Deciziei 2011/783/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/413 (JO L 319, p. 71) și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2011 al Consiliului din 1 decembrie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 961/2010 (JO L 319, p. 11). 17. Întrucât Regulamentul nr. 961/2010 a fost abrogat prin Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului (JO L 88, p. 1), numele reclamantei a fost inclus de Consiliu în anexa IX la acest din urmă regulament. Motivele reținute sunt aceleași ca cele reținute în cadrul Deciziei 2010/644. În consecință, fondurile și resursele economice ale reclamantei sunt înghețate în temeiul articolului 23 alineatul (2) din regulamentul menționat. Procedura și concluziile părților 18. Prin cererea introductivă depusă la grefa Tribunalului la 7 octombrie 2010, reclamanta a introdus prezenta acțiune. 19. Prin înscrisul depus la grefa Tribunalului la 5 noiembrie 2010, reclamanta și-a adaptat capetele de cerere în urma adoptării Deciziei 2010/644 și a Regulamentului nr. 961/2010. 20. Prin actul depus la grefa Tribunalului la 14 ianuarie 2011, Comisia Europeană a formulat o cerere de intervenție în prezenta procedură în susținerea Consiliului. Prin Ordonanța din 8 martie 2011, președintele Camerei a patra a Tribunalului a admis această cerere de intervenție. 21. Prin actul depus la grefa Tribunalului la 6 februarie 2012, reclamanta și-a adaptat capetele de cerere în urma adoptării Deciziei 2011/783 și a Regulamentului de punere în aplicare nr. 1245/2011. 22. În temeiul raportului judecătorului raportor, Tribunalul (Camera a patra) a decis deschiderea procedurii orale și, în cadrul măsurilor de organizare a procedurii prevăzute la articolul 64 din Regulamentul de procedură al Tribunalului, a invitat părțile să depună anumite documente și le-a adresat în scris o serie de întrebări. Părțile au dat curs acestor cereri. 23. Prin actul depus la grefa Tribunalului la 16 aprilie 2012, reclamanta și-a adaptat capetele de cerere în urma adoptării Regulamentului nr. 267/2012. 24. Prin actul depus la grefa Tribunalului la 11 mai 2012, Provincial Investment Companies Association, Saba Tamin Investment, Common Investment Fund, Shirin Asal Food Industrial Group, Sorbon Industrial Production Group și Individual Stock Association au formulat o cerere de intervenție în prezenta procedură în susținerea reclamantei. Prin Ordonanța din 16 mai 2012, președintele Camerei a patra a Tribunalului a respins această cerere ca urmare a faptului că a fost tardiv formulată. 25. Pledoariile părților și răspunsurile acestora la întrebările adresate de Tribunal au fost ascultate în ședința din 23 mai 2012. 26. Reclamanta solicită Tribunalului: – anularea punctului 4 din tabelul B din anexa II la Decizia 2010/413, a punctului 2 din tabelul B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare nr. 668/2010, a punctului 4 din tabelul B din cadrul titlului I din anexa la Decizia 2010/644, a punctului 4 din tabelul B din anexa VIII la Regulamentul nr. 961/2010, a Deciziei 2011/783, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 1245/2011 și a punctului 4 din tabelul B din cadrul titlului I din anexa IX la Regulamentul nr. 267/2012, în măsura în care aceste acte o privesc; – obligarea Consiliului la plata cheltuielilor de judecată. 27. Consiliul și Comisia solicită Tribunalului: – respingerea acțiunii; – obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecată. În drept 28. Reclamanta invocă trei motive. Primul dintre acestea este întemeiat pe încălcarea obligației de motivare, a dreptului său la apărare și a dreptului său la o protecție jurisdicțională efectivă. Al doilea motiv este întemeiat pe existența unei erori vădite de apreciere în ceea ce privește adoptarea de măsuri restrictive împotriva sa. Al treilea motiv se referă la încălcarea dreptului său de proprietate și a principiului proporționalității. 29. Consiliul și Comisia contestă temeinicia motivelor invocate de reclamantă. Acestea susțin, în plus, cu titlu introductiv, că, în calitate de emanație a statului iranian, reclamanta nu poate invoca protecția și garanțiile aferente drepturilor fundamentale. 30. Înainte de a aborda diferitele motive și argumente prezentate de părți, este necesar să se examineze admisibilitatea adaptării concluziilor efectuate de reclamantă. Cu privire la adaptarea concluziilor reclamantei 31. Astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 11, 12 și 17 de mai sus, ulterior introducerii cererii, lista din anexa II la Decizia 2010/413 a fost înlocuită de o nouă listă, adoptată prin Decizia 2010/644, iar Regulamentul nr. 423/2007, astfel cum fusese modificat prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 668/2010, a fost abrogat și înlocuit de Regulamentul nr. 961/2010, care a fost, la rândul său, înlocuit și abrogat de Regulamentul nr. 267/2012. În plus, în cadrul considerentelor Deciziei 2011/783 și ale Regulamentului de punere în aplicare nr. 1245/2011, Consiliul a constatat în mod explicit că efectuase o reexaminare integrală a listei din anexa II la Decizia 2010/413 și a celei din anexa VIII la Regulamentul nr. 961/2010 și că ajunsese la concluzia că persoanele, entitățile și organismele ale căror nume sunt enumerate în acestea, printre care se numără și reclamanta, trebuiau să facă în continuare obiectul măsurilor restrictive. Reclamanta și-a adaptat concluziile inițiale, astfel încât cererea sa de anulare are ca obiect, în afară de Decizia 2010/413 și de Regulamentul de punere în aplicare nr. 668/2010, Decizia 2010/644, Regulamentul nr. 961/2010, Decizia 2011/783, Regulamentul de punere în aplicare nr. 1245/2011 și Regulamentul nr. 267/2012 (denumite în continuare, împreună, „actele atacate”). Consiliul și Comisia nu au ridicat obiecții față de această adaptare. 32. În această privință, trebuie să se amintească faptul că, atunci când o decizie sau un regulament care privește direct și individual un particular este înlocuit în cursul procedurii printr-un act având același obiect, acesta trebuie considerat un element nou, care permite reclamantului să își modifice concluziile și motivele. Astfel, obligarea reclamantului să introducă o nouă acțiune ar fi contrară bunei administrări a justiției, precum și necesității limitării duratei procedurii. În plus, ar fi nedrept ca, pentru a contracara criticile cuprinse în acțiunea prezentată instanței Uniunii Europene împotriva unui act, instituția în cauză să poată adapta actul atacat sau să îl înlocuiască cu altul și să se prevaleze, în cursul procedurii, de această modificare sau de această înlocuire pentru a priva cealaltă parte de posibilitatea de a-și extinde concluziile și motivele inițiale la actul ulterior sau de a prezenta concluzii și motive suplimentare împotriva acestuia (a se vedea prin analogie Hotărârea Tribunalului din 23 octombrie 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiliul, T-256/07, Rep., p. II-3019, punctul 46 și jurisprudența citată). 33. Aceeași conclu zie se aplică în ceea ce privește actele, precum Decizia 2011/783 și Regulamentul de punere în aplicare nr. 1245/2011, prin care se constată că o decizie sau un regulament trebuie să continue să privească direct și individual anumiți particulari în urma unei proceduri de reexaminare care este impusă în mod expres chiar de această decizie sau de acest regulament. 34. Trebuie, așadar, să se considere, în speță, că reclamanta poate solicita anularea Deciziei 2010/644, a Regulamentului nr. 961/2010, a Deciziei 2011/783, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 1245/2011 și a Regulamentului nr. 267/2012, în măsura în care aceste acte se referă la ea (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea People’s Mojahedin Organization of Iran/Consiliul, punctul 32 de mai sus, punctul 47). Cu privire la posibilitatea reclamantei de a invoca protecția și garanțiile aferente drepturilor fundamentale 35. Consiliul și Comisia susțin că, în conformitate cu dreptul Uniunii, persoanele juridice care constituie emanații ale unor state terțe nu pot invoca protecția și garanțiile aferente drepturilor fundamentale. Această regulă i-ar fi aplicabilă reclamantei, întrucât este, potrivit Consiliului și Comisiei, o emanație a statului iranian. 36. În această privință, trebuie observat, în primul rând, că nici Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (JO 2010, C 83, p. 389), nici dreptul primar al Uniunii nu prevăd dispoziții care să excludă posibilitatea persoanelor juridice care sunt emanații ale statelor de a beneficia de protecția drepturilor fundamentale. Dimpotrivă, dispozițiile cartei menționate care sunt pertinente în raport cu motivele invocate de reclamantă, în special articolele 17, 41 și 47 din aceasta, garantează drepturile „oricărei persoane”, formulare care include persoanele juridice precum reclamanta. 37. Cu toate acestea, Consiliul și Comisia invocă, în acest context, articolul 34 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, semnată la Roma la 4 noiembrie 1950 (denumită în continuare „CEDO”), care nu permite admisibilitatea cererilor prezentate Curții Europene a Drepturilor Omului de organizații guvernamentale. 38. Or, pe de o parte, articolul 34 din CEDO este o dispoziție procedurală care nu este aplicabilă în ceea ce privește procedurile desfășurate în fața instanțelor Uniunii. Pe de altă parte, potrivit jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului, scopul acestei dispoziții este de a evita ca un stat parte la CEDO să fie în același timp reclamant și pârât în fața respectivei instanțe (a se vedea în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran împotriva Turciei din 13 decembrie 2007, Recueil des arrêts et décisions , 2007-V, § 81). Acest raționament nu este aplicabil în prezenta cauză. 39. Consiliul și Comisia susțin de asemenea că regula pe care o invocă este justificată de faptul că un stat este garantul respectării drepturilor fundamentale pe teritoriul său, însă nu poate beneficia de astfel de drepturi. 40. Cu toate acestea, chiar presupunând că această justificare ar fi aplicabilă în ceea ce privește o situație internă, faptul că un stat este garantul respectării drepturilor fundamentale pe propriul său teritoriu este lipsit de pertinență în ceea ce privește întinderea drepturilor de care pot beneficia persoanele juridice care sunt emanații ale acestui stat pe teritoriul unor state terțe. 41. Având în vedere cele de mai sus, trebuie să se considere că dreptul Uniunii nu prevede o regulă care să împiedice persoanele juridice care sunt emanații ale unor state terțe să invoce în favoarea lor protecția și garanțiile aferente drepturilor fundamentale. Aceste drepturi pot, așadar, să fie invocate de respectivele persoane în fața instanței Uniunii cu condiția să fie compatibile cu calitatea lor de persoane juridice. 42. În plus și în orice caz, Consiliul și Comisia nu au prezentat elemente care să permită să se demonstreze că reclamanta era efectiv o emanație a statului iranian, cu alte cuvinte, o entitate care participa la exercitarea autorității publice sau care gestiona un serviciu public sub controlul autorităților (a se vedea în acest sens Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Hotărârea Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran împotriva Turciei, punctul 38 de mai sus, § 79). 43. În această privință, în primul rând, Consiliul susține că reclamanta gestionează un serviciu public sub controlul autorităților iraniene întrucât furnizează servicii financiare care sunt necesare pentru funcționarea economiei iraniene. Or, Consiliul nu contestă afirmațiile reclamantei potrivit cărora respectivele servicii reprezintă activități comerciale exercitate într-un sector concurențial și supuse dreptului comun. În aceste condiții, faptul că respectivele activități ar fi necesare pentru funcționarea economiei unui stat nu le conferă, în sine, calitatea de serviciu public. 44. În continuare, Comisia susține că faptul că reclamanta contribuie la proliferarea nucleară demonstrează că aceasta participă la exercitarea autorității publice. Or, printr-un astfel de raționament, Comisia tratează drept premisă de fapt o împrejurare a cărei existență este contestată de reclamantă și care se află chiar în centrul dezbaterilor în fața Tribunalului. În plus, pretinsa contribuție a reclamantei la proliferarea nucleară, astfel cum a fost prezentată în actele atacate, nu ține de sfera exercitării competențelor statale, ci de cea a tranzacțiilor comerciale efectuate cu entități care participă la proliferarea nucleară. Această afirmație nu justifică, prin urmare, calificarea reclamantei drept emanație a statului iranian. 45. În sfârșit, Comisia consideră că reclamanta este o emanație a statului iranian ca urmare a participării acestuia din urmă la capitalul său. Or, pe lângă faptul că, potrivit indicațiilor oferite de reclamantă și necontestate de Consiliu și de Comisie, participarea în cauză nu este decât minoritară, aceasta nu implică, în sine, că reclamanta participă la exercitarea autorității publice sau că gestionează un serviciu public. 46. Având în vedere toate cele de mai sus, trebuie să se concluzioneze că reclamanta poate invoca în favoarea sa protecția și garanțiile aferente drepturilor fundamentale. Cu privire la primul motiv, întemeiat pe încălcarea obligației de motivare, a dreptului reclamantei la apărare și a dreptului său la o protecție jurisdicțională efectivă 47. Prin intermediul primului motiv invocat, reclamanta susține că Consiliul a încălcat obligația de motivare, dreptul său la apărare și dreptul său la o protecție jurisdicțională efectivă, întrucât, pe de o parte, nu i-a comunicat suficiente informații pentru a-i permite să formuleze observații utile referitor la adoptarea de măsuri restrictive în privința sa și pentru a-i asigura un proces echitabil și, pe de altă parte, atât examinarea prealabilă adoptării măsurilor restrictive care o vizează, cât și reexaminarea periodică a acestor măsuri sunt afectate de o serie de erori. 48. Consiliul, susținut de Comisie, contestă temeinicia argumentelor reclamantei. Acesta susține în special că reclamanta nu poate invoca principiul respectării dreptului la apărare. 49. Trebuie amintit, în primul rând, că obligația de a motiva un act cauzator de prejudiciu, astfel cum este prevăzută la articolul 296 al doilea paragraf TFUE și, mai precis, în speță, la articolul 24 alineatul (3) din Decizia 2010/413, la articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul nr. 423/3007, la articolul 36 alineatul (3) din Regulamentul nr. 961/2010 și la articolul 46 alineatul (3) din Regulamentul nr. 267/2012, are ca scop, pe de o parte, să ofere persoanei interesate o indicație suficientă pentru a afla dacă actul este bine fundamentat sau dacă este, eventual, afectat de un viciu care permite contestarea validității sale în fața instanței Uniunii și, pe de altă parte, să dea posibilitatea acestei instanțe să își exercite controlul asupra legalității actului respectiv. Obligația de motivare enunțată astfel constituie un principiu esențial al dreptului Uniunii de la care nu se poate deroga decât în considerarea unor motive imperative. Prin urmare, motivarea trebuie, în principiu, să fie comunicată persoanei interesate în același timp cu actul care îi cauzează un prejudiciu, lipsa sa neputând fi regularizată prin faptul că persoana interesată ia cunoștință de motivarea actului în cursul procedurii în fața instanței Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea Tribunalului din 14 octombrie 2009, Bank Melli Iran/Consiliul, T-390/08, Rep., p. II-3967, punctul 80 și jurisprudența citată). 50. Prin urmare, cu excepția situației în care există motive imperative care țin de securitatea Uniunii sau a statelor membre ale acesteia ori de modul de desfășurare a relațiilor lor internaționale care să împiedice comunicarea anumitor elemente, Consiliul este obligat să aducă la cunoștința unei entități vizate de măsurile restrictive motivele specifice și concrete pentru care consideră că este necesară adoptarea lor. Consiliul trebuie astfel să menționeze elementele de fapt și de drept de care depinde justificarea legală a măsurilor în cauză și considerațiile care l-au determinat să le adopte (a se vedea în acest sens Hotărârea Bank Melli Iran/Consiliul, punctul 49 de mai sus, punctul 81 și jurisprudența citată). 51. Pe de altă parte, motivarea trebuie să fie adaptată naturii actului în cauză și contextului în care actul a fost adoptat. Cerința motivării trebuie apreciată în funcție de împrejurările cauzei, în special de conținutul actului, de natura motivelor invocate și de interesul destinatarilor sau al altor persoane vizate în mod direct și individual de actul respectiv de a primi explicații. Nu este obligatoriu ca motivarea să specifice toate elementele de fapt și de drept pertinente, în măsura în care caracterul suficient al unei motivări trebuie apreciat nu numai prin prisma modului de redactare, ci și în raport cu contextul său, precum și cu ansamblul normelor juridice care reglementează materia respectivă. În special, un act cauzator de prejudiciu este suficient motivat atunci când intervine într-un context cunoscut de persoana interesată, care îi permite acesteia să înțeleagă semnificația măsurii adoptate în privința sa (a se vedea Hotărârea Bank Melli Iran/Consiliul, punctul 49 de mai sus, punctul 82 și jurisprudența citată). 52. În al doilea rând, potrivit unei jurisprudențe constante, respectarea dreptului la apărare și în special a dreptului de a fi ascultat în orice procedură inițiată împotriva unei entități și care poate să conducă la adoptarea unui act cauzator de prejudiciu constituie un principiu fundamental al dreptului Uniunii care trebuie să fie garantat chiar în lipsa oricărei reglementări privind procedura în cauză (Hotărârea Bank Melli Iran/Consiliul, punctul 49 de mai sus, punctul 91). 53. Principiul respectării dreptului la apărare impune, pe de o parte, ca elementele incriminatorii imputate entității interesate care reprezintă temeiul actului cauzator de prejudiciu să îi fie comunicate acesteia din urmă. Pe de altă parte, respectivei entități trebuie să i se dea posibilitatea de a-și prezenta în mod util punctul de vedere cu privire la aceste elemente (a se vedea prin analogie Hotărârea Tribunalului din 12 decembrie 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiliul, T-228/02, Rec., p. II-4665, punctul 93). 54. Prin urmare, în ceea ce privește un prim act prin care sunt înghețate fondurile unei entități, cu excepția cazului în care există motive imperative care țin de securitatea Uniunii sau a statelor membre ale acesteia ori de modul de desfășurare a relațiilor lor internaționale care să împiedice aceasta, comunicarea elementelor incriminatoare trebuie să aibă loc fie concomitent cu adoptarea actului în cauză, fie cât mai curând posibil după această adoptare. La cererea entității în cauză, aceasta din urmă are de asemenea dreptul de a-și prezenta punctul de vedere cu privire la elementele respective după ce actul a fost adoptat. Sub aceleași rezerve, orice decizie ulterioară de înghețare a fondurilor trebuie să fie precedată, în principiu, de o comunicare a noilor elemente incriminatoare și de o nouă posibilitate acordată entității în cauză de a-și prezenta punctul de vedere (a se vedea prin analogie Hotărârea Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consiliul, punctul 53 de mai sus, punctul 137). 55. În plus, trebuie remarcat că, atunci când au fost comunicate informații suficient de precise, care permit entității interesate să își prezinte în mod util punctul de vedere asupra elementelor pe care i le impută Consiliul, principiul respectării dreptului la apărare nu implică obligația acestei instituții de a permite, din oficiu, accesul la documentele conținute în dosarul său. Consiliul este obligat să permită accesul la toate documentele administrative neconfidențiale privind măsura în cauză numai la cererea părții interesate (a se vedea Hotărârea Bank Melli Iran/Consiliul, punctul 49 de mai sus, punctul 97 și jurisprudența citată). 56. În al treilea rând, principiul protecției jurisdicționale efective constituie un principiu general al dreptului Uniunii, care decurge din tradițiile constituționale comune ale statelor membre și care a fost consacrat la articolele 6 și 13 din CEDO, precum și la articolul 47 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene. Eficacitatea controlului jurisdicțional implică obligația autorității Uniunii în cauză de a comunica entității vizate motivele adoptării unei măsuri restrictive, în măsura în care este posibil, fie la momentul la care această măsură este adoptată, fie, cel puțin, cât mai rapid posibil după acest moment, pentru a permite entității vizate să își exercite, în termenele stabilite, dreptul de a formula o cale de atac. Respectarea acestei obligații de a comunica respectivele motive este astfel necesară atât pentru a permite destinatarilor măsurilor restrictive să își apere drepturile în cele mai bune condiții posibile și să decidă în deplină cunoștință de cauză dacă este util să sesizeze instanța Uniunii, cât și pentru a permite acesteia din urmă să exercite pe deplin controlul legalității actului în cauză pe care trebuie să îl realizeze (a se vedea în acest sens și prin analogie Hotărârea Curții din 3 septembrie 2008, Kadi și Al Barakaat International Foundation/Consiliul și Comisia, C-402/05 P și C-415/05 P, Rep., p. I-6351, punctele 335-337 și jurisprudența citată). 57. Având în vedere această jurisprudență, Tribunalul consideră că argumentele prezentate de părți în cadrul primului motiv invocat trebuie să fie examinate urmând cele cinci etape descrise în cele ce urmează. În primul rând, este necesar să se examineze argumentul introductiv al Consiliului și al Comisiei potrivit căruia reclamanta nu poate invoca principiul respectării dreptului la apărare. În al doilea rând, trebuie examinate argumentele referitoare, pe de o parte, la obligația de motivare și, pe de altă parte, la pretinsa încălcare a dreptului la apărare al reclamantei în ceea ce privește comunicarea inițială a elementelor incriminatoare. În al treilea rând, urmează să fie examinate argumentele referitoare la pretinsa încălcare a dreptului la apărare în ceea ce privește accesul la dosarul Consiliului. În al patrulea rând, Tribunalul va examina argumentele care se referă, pe de o parte, la pretinsa încălcare a dreptului la apărare al reclamantei în ceea ce privește posibilitatea acesteia de a-și prezenta punctul de vedere și, pe de altă parte, la pretinsa încălcare a dreptului său la o protecție jurisdicțională efectivă. În al cincilea rând, vor fi abordate argumentele referitoare la pretinsele erori care afectează examinarea și reexaminarea efectuate de Consiliu. Cu privire la posibilitatea reclamantei de a invoca principiul respectării dreptului la apărare 58. Consiliul și Comisia contestă aplicabilitatea în speță a principiului respectării dreptului la apărare. Făcând referire la Hotărârea Tribunalului din 19 mai 2010, Tay Za/Consiliul (T-181/08, Rep., p. II-1965, punctele 121-123), acestea susțin că reclamanta nu a fost vizată de măsurile restrictive ca urmare a propriei sale activități, ci ca urmare a apartenenței sale la categoria generală a persoanelor și entităților care au sprijinit proliferarea nucleară. În consecință, procedura de adoptare a măsurilor restrictive nu ar fi fost inițiată împotriva reclamantei în sensul jurisprudenței citate la punctul 52 de mai sus și, prin urmare, aceasta nu ar putea să invoce dreptul la apărare sau ar putea să facă acest lucru numai într-o măsură redusă. 59. Această argumentație nu poate fi reținută. 60. Astfel, pe de o parte, Hotărârea Tay Za/Consiliul, punctul 58 de mai sus, a fost anulată în recurs, în totalitate, prin Hotărârea Curții din 13 martie 2012, Tay Za/Consiliul (C-376/10 P). În consecință, constatările efectuate în cadrul respectivei hotărâri nu mai fac parte din ordinea juridică a Uniunii și, prin urmare, nu pot fi invocate în mod valabil de Consiliu și de Comisie. 61. Pe de altă parte, articolul 24 alineatele (3) și (4) din Decizia 2010/413, articolul 15 alineatul (3) din Regulamentul nr. 423/2007, articolul 36 alineatele (3) și (4) din Regulamentul nr. 961/2010 și articolul 46 alineatele (3) și (4) din Regulamentul nr. 267/2012 prevăd dispoziții care garantează dreptul la apărare al entităților vizate de măsurile restrictive adoptate în temeiul acestor texte. Respectarea acestui drept face obiectul controlului instanței Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea Bank Melli Iran/Consiliul, punctul 49 de mai sus, punctul 37). 62. În aceste condiții, trebuie să se concluzioneze că reclamanta poate invoca în speță principiul respectării dreptului la apărare, astfel cum a fost amintit la punctele 52-55 de mai sus. Cu privire la obligația de motivare și cu privire la comunicarea inițială a elementelor incriminatoare 63. Încă de la bun început, este necesar să se remarce că, pentru a aprecia respectarea obligației de motivare și a obligației de a comunica entității vizate elementele reținute împotriva sa, trebuie să se ia în considerare, pe lângă motivele care figurează în actele atacate, cele trei propuneri de adoptare a măsurilor restrictive comunicate de Consiliu reclamantei. 64. În acest sens, pe de o parte, reiese din respectivele propuneri, astfel cum au fost comunicate reclamantei, că acestea au fost prezentate delegațiilor statelor membre în contextul adoptării măsurilor restrictive referitoare la aceasta și că constituie, în consecință, elemente pe care se întemeiază respectivele măsuri. 65. Pe de altă parte, este adevărat că a treia propunere a fost comunicată reclamantei atât după momentul introducerii acțiunii, cât și după ce a fost realizată adaptarea concluziilor ulterior adoptării Deciziei 2010/644 și a Regulamentului nr. 961/2010. Prin urmare, această propunere nu poate completa în mod valabil motivarea Deciziei 2010/413, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010, a Deciziei 2010/644 și a Regulamentului nr. 961/2010. Aceasta poate totuși să fie luată în considerare în cadrul aprecierii legalității actelor ulterioare, și anume a Deciziei 2011/783, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 1245/2011 și a Regulamentului nr. 267/2012. 66. Actele atacate menționează următoarele patru motive în ceea ce privește reclamanta: – potrivit Deciziei 2010/413 și Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010, reclamanta este o bancă deținută de stat (în continuare „primul motiv”); – reclamanta are un model de conduită care sprijină și facilitează programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului (în continuare „al doilea motiv”); – reclamanta a furnizat servicii bancare entităților incluse pe listele ONU și UE sau entităților care acționează în numele sau la comanda acestora sau entităților aflate în proprietatea sau sub controlul acestora (în continuare „al treilea motiv”); – reclamanta este banca-mamă a First East Export (denumită în continuare „FEE”), care este desemnată în Rezoluția 1929 (2010) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (în continuare „al patrulea motiv”). 67. Prima dintre cele două propuneri de adoptare a măsurilor restrictive comunicate la 13 septembrie 2010 coincide, în parte, cu cel de al doilea motiv prezentat în cadrul actelor atacate. Propunerea menționată adaugă următoarele motive: – reclamanta furnizează servicii bancare Organizației pentru Energie Atomică a Iranului (denumită în continuare „AEOI”) și Novin Energy Company (denumită în continuare „Novin”), care sunt vizate de măsurile restrictive adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite (în continuare „al cincilea motiv”); – reclamanta administrează conturile unor înalți funcționari ai Organizației Industriilor Aerospațiale și ale unei persoane responsabile cu achizițiile iraniene (în continuare „al șaselea motiv”). 68. A doua propunere comunicată la 13 septembrie 2010 coincide, în esență, cu motivarea actelor atacate. Aceasta adaugă un singur motiv, potrivit căruia reclamanta ar fi facilitat mișcări de fonduri în valoare de milioane de dolari pentru programul nuclear iranian începând cel puțin cu anul 2003 (în continuare „al șaptelea motiv”). 69. A treia propunere de adoptare a unor măsuri restrictive, care este anexată la duplică, nu cuprinde elemente suplimentare în raport cu actele atacate și cu cele două propuneri comunicate la 13 septembrie 2010. 70. Reclamanta susține că această motivare nu precizează îndeajuns motivele adoptării măsurilor restrictive în privința sa. Reclamanta consideră că această insuficiență implică de asemenea o încălcare a dreptului său la apărare. 71. Consiliul, susținut de Comisie, contestă temeinicia argumentelor reclamantei. 72. Primul motiv este suficient de precis în condițiile în care îi permite reclamantei să înțeleagă că Consiliul îi impută participarea statului iranian la capitalul său. 73. În schimb, al doilea și al treilea motiv sunt excesiv de vagi, întrucât nu precizează nici comportamentul imputat reclamantei, nici care sunt celelalte entități vizate. 74. Al patrulea motiv este prezentat într-un mod suficient de clar, în condițiile în care îi permite reclamantei să înțeleagă că Consiliul îi impută controlul pe care îl exercită asupra FEE. 75. La fel stau lucrurile în ceea ce privește al cincilea motiv, care identifică entitățile cărora se pretinde că le-au fost furnizate serviciile financiare în cauză. 76. În sfârșit, al șaselea și al șaptelea motiv nu sunt suficient de precise, întrucât al șaselea nu identifică persoanele vizate, iar al șaptelea nu cuprinde nicio precizare în ceea ce privește entitățile și tranzacțiile la care se referă. 77. Având în vedere cele de mai sus, trebuie să se considere că Consiliul a încălcat obligația de motivare, precum și obligația de a comunica reclamantei, în calitatea acesteia de entitate interesată, elementele reținute împotriva sa în ceea ce privește al doilea, al treilea, al șaselea și al șaptelea motiv. În schimb, aceste obligații au fost respectate în ceea ce privește celelalte motive. Cu privire la accesul la dosar 78. Astfel cum s-a constatat la punctele 9 și 15 de mai sus, Consiliul a comunicat reclamantei la 13 septembrie 2010 două propuneri de adoptare a unor măsuri restrictive formulate de unele state membre și, ulterior, o a treia propunere, anexată la duplică. 79. Reclamanta consideră că acest acces nu era suficient pentru a-i permite să își prezinte în mod util punctul de vedere. 80. Consiliul, susținut de Comisie, contestă temeinicia argumentelor reclamantei. 81. În această privință, referitor la măsura în care a fost acordat accesul, trebuie să se observe că nu reiese din elementele dosarului că, la momentul adoptării actelor atacate, Consiliul s-ar fi bazat pe alte elemente decât cele trei propuneri prezentate de statele membre. În aceste condiții, nu i se poate reproșa Consiliului că nu a comunicat reclamantei elemente suplimentare. 82. În schimb, spre deosebire de cele două propuneri de adoptare a unor măsuri restrictive anexate la scrisoarea din 13 septembrie 2010, a treia propunere nu a fost comunicată reclamantei decât în anexă la duplică, adică după expirarea termenului stabilit de Consiliu pentru ca reclamanta să își prezinte observațiile în urma adoptării Deciziei 2010/413 și a Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010, după introducerea acțiunii, precum și după adoptarea Deciziei 2010/644 și a Regulamentului nr. 961/2010. 83. În această privință, Consiliul susține de asemenea că a comunicat reclamantei a treia propunere de îndată ce a obținut acordul statului membru care o formulase. 84. Or, acest argument nu poate fi primit. Astfel, atunci când Consiliul intenționează să se bazeze pe elemente furnizate de un stat membru pentru a adopta măsuri restrictive în privința unei entități, acesta are obligația să se asigure, înaintea adoptării respectivelor măsuri, că elementele în cauză pot fi comunicate în timp util entității vizate pentru ca aceasta să își poată prezenta în mod util punctul de vedere. 85. În aceste condiții, trebuie să se concluzioneze că, întrucât Consiliul nu a comunicat reclamantei a treia propunere de adoptare a măsurilor restrictive decât în anexă la duplică, acesta nu i-a dat acces în timp util la respectivul element al dosarului său, cu încălcarea dreptului la apărare. Cu privire la posibilitatea reclamantei de a-și prezenta în mod util punctul de vedere și la dreptul la o protecție jurisdicțională efectivă 86. În primul rând, reclamanta susține că nu a avut ocazia să își prezinte în mod util punctul de vedere și că, în orice caz, observațiile pe care a putut să le formuleze nu au fost luate în considerare de Consiliu. 87. Consiliul, susținut de Comisie, contestă temeinicia argumentelor reclamantei. 88. Mai întâi, trebuie să se constate că, în urma adoptării primelor acte prin care i-au fost înghețate fondurile, la 26 iulie 2010, reclamanta a adresat Consiliului, la 24 septembrie 2010, o scrisoare în care și-a prezentat punctul de vedere și a solicitat ca măsurile restrictive adoptate în privința sa să fie eliminate. Consiliul a răspuns la această scrisoare la 28 octombrie 2010. În continuare, înainte de adoptarea Deciziei 2011/783 și a Regulamentului de punere în aplicare nr. 1245/2011, reclamanta și-a prezentat observațiile Consiliului prin scrisoarea din 29 august 2011, la care acesta a răspuns la 5 decembrie 2011. În sfârșit, reclamanta nu prezintă argumente care să sugereze că nu era în măsură să prezinte Consiliului noi observații, în același mod, înainte de adoptarea Regulamentului nr. 267/2012. 89. Prin urmare, trebuie să se considere că reclamanta a avut ocazia să își prezinte în mod util punctul de vedere, cu excepția, pe de o parte, a celui de al doilea, a celui de al treilea, a celui de al șaselea și a celui de al șaptelea motiv prezentate de Consiliu, care sunt excesiv de vagi (a se vedea punctul 77 de mai sus), și, pe de altă parte, a propunerii de adoptare de măsuri restrictive comunicate în anexă la duplică, în condițiile în care reclamanta nu dispunea de aceasta la momentul prezentării observațiilor (a se vedea punctul 82 de mai sus). 90. În ceea ce privește luarea în considerare a observațiilor formulate, este adevărat, desigur, că răspunsul la argumentele reclamantei cuprins în scrisorile Consiliului din 28 octombrie 2010 și din 5 decembrie 2011 este scurt. Totuși, este la fel de adevărat că acesta din urmă a precizat, în scrisoarea din 28 octombrie 2010, că aprecia, contrar opiniei reclamantei, că nu existau garanții suficiente că aceasta din urmă nu va furniza în viitor servicii bancare unor persoane și entități care participă la proliferarea nucleară. Consiliul a reiterat această poziție în scrisoarea din 5 decembrie 2011. 91. În plus, nu se contestă faptul că Consiliul a eliminat din Decizia 2010/644 și din Regulamentul nr. 961/2010 mențiunea potrivit căreia reclamanta era o bancă deținută de stat, a cărei exactitate a fost contestată de aceasta din urmă. 92. Având în vedere aceste împrejurări, trebuie să se aprecieze că observațiile reclamantei au fost luate în considerare de Consiliu în cadrul reexaminării efectuate de acesta, contrar celor pretinse de reclamantă. 93. În al doilea rând, reclamanta susține că insuficiența informațiilor și a elementelor care i-au fost comunicate a afectat dreptul său la o protecție jurisdicțională efectivă. 94. Consiliul, susținut de Comisie, contestă temeinicia acestui argument. 95. La fel cum s-a constatat la punctul 89 de mai sus, trebuie să se considere că, în măsura în care reclamanta a obținut comunicarea individuală a unor motive suficient de precise, și anume primul, al patrulea și al cincilea motiv invocate de Consiliu, dreptul său la o protecție jurisdicțională efectivă a fost respectat. 96. În schimb, caracterul vag al celui de al doilea, al celui de al treilea, al celui de al șaselea și al celui de al șaptelea motiv prezentate de Consiliu, precum și comunicarea tardivă a celei de a treia propuneri de adoptare a unor măsuri restrictive constituie o încălcare a dreptului reclamantei la o protecție jurisdicțională efectivă. Cu privire la viciile care afectează examinarea efectuată de Consiliu 97. Reclamanta susține că Consiliul nu a efectuat o adevărată examinare a împrejurărilor speței, acesta limitându-se să adopte propunerile prezentate de statele membre. Acest viciu ar afecta atât examinarea prealabilă adoptării măsurilor restrictive care o vizează, cât și reexaminarea periodică a acestor măsuri. 98. În plus, potrivit reclamantei, reiese din telegramele diplomatice puse la dispoziția publicului prin intermediul organizației Wikileaks (denumite în continuare „telegramele diplomatice”) că statele membre și, în special, Regatul Unit au fost supuse unor presiuni din partea guvernului Statelor Unite ale Americii pentru a adopta măsuri restrictive împotriva unor entități iraniene. Or, acest fapt ar da naștere unor îndoieli cu privire la legalitatea măsurilor adoptate și a procedurii de adoptare a acestora. 99. Consiliul, susținut de Comisie, contestă temeinicia argumentelor reclamantei. Acesta susține, în special, că telegramele diplomatice nu trebuie luate în considerare. 100. În primul rând, trebuie arătat că actele prin care se stabilesc măsuri restrictive împotriva unor entități pretins implicate în proliferarea nucleară sunt acte ale Consiliului, care trebuie, prin urmare, să se asigure că adoptarea lor este justificată. În consecință, cu ocazia adoptării unui prim act prin care se stabilesc astfel de măsuri, Consiliul are obligația să examineze pertinența și temeinicia informațiilor și a probelor care îi sunt furnizate, în temeiul articolului 23 alineatul (2) din Decizia 2010/413, de un stat membru sau de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate. La momentul adoptării unor acte succesive care vizează aceeași entitate, Consiliul este obligat, în conformitate cu articolul 24 alineatul (4) din decizia menționată, să reexamineze necesitatea menținerii respectivelor măsuri în lumina observațiilor prezentate de această entitate. 101. În speță, pe de o parte, dosarul nu conține niciun indiciu care să sugereze că Consiliul a verificat pertinența și temeinicia elementelor referitoare la reclamantă care i-au fost furnizate anterior adoptării Deciziei 2010/413 și a Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010. Dimpotrivă, afirmația eronată din aceste acte potrivit căreia reclamanta este o bancă deținută de stat, a cărei inexactitate nu este contestată de Consiliu, tinde să demonstreze că nu a avut loc nicio verificare în acest sens. 102. Pe de altă parte, reiese din cuprinsul punctelor 90-92 de mai sus că, la momentul adoptării actelor atacate ulterioare, Consiliul a reexaminat împrejurările speței în lumina observațiilor reclamantei, din moment ce a eliminat afirmația potrivit căreia aceasta este o bancă deținută de stat și s-a exprimat cu privire la argumentele acesteia referitoare la serviciile financiare furnizate unor entități care contribuie la proliferarea nucleară. 103. În al doilea rând, în ceea ce privește telegramele diplomatice, simplul fapt că anumite state membre ar fi fost supuse unor presiuni diplomatice, chiar presupunând că ar fi demonstrat, nu înseamnă că aceste presiuni au afectat actele atacate care au fost adoptate de Consiliu sau examinarea efectuată de acesta din urmă cu ocazia adoptării lor. 104. În aceste împrejurări, urmează ca argumentele reclamantei referitoare la viciile de care ar fi afectată examinarea efectuată de Consiliu să fie admise în ceea ce privește Decizia 2010/413 și Regulamentul de punere în aplicare nr. 668/2010 și să fie respinse în rest. 105. Având în vedere punctele 47-104 de mai sus, trebuie, mai întâi, să se observe că Consiliul a încălcat dreptul la apărare al reclamantei și dreptul său la o protecție jurisdicțională efectivă prin faptul că nu i-a comunicat, în timp util, propunerea de adoptare a măsurilor restrictive anexată la duplică. Întrucât propunerea menționată a fost reținută de Consiliu drept temei pentru toate actele atacate în ceea ce privește reclamanta și ținând seama de data comunicării sale, acest viciu afectează legalitatea Deciziei 2010/413, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010, a Deciziei 2010/644 și a Regulamentului nr. 961/2010, în măsura în care aceste acte se referă la reclamantă. 106. În continuare, cu ocazia adoptării Deciziei 2010/413 și a Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010, Consiliul nu a respectat obligația de a examina pertinența și temeinicia informațiilor și a probelor privind reclamanta care i-au fost furnizate, determinând astfel nelegalitatea actelor menționate. 107. În sfârșit, Consiliul a încălcat obligația de motivare în ceea ce privește al doilea, al treilea, al șaselea și al șaptelea motiv invocate în privința reclamantei. Totuși, ținând seama de faptul că diferitele motive invocate de Consiliu sunt independente unele de altele și de caracterul suficient de precis al celorlalte motive, această împrejurare nu justifică anularea Deciziei 2011/783, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 1245/2011 și a Regulamentului nr. 267/2012. Ea implică numai că al doilea, al treilea, al șaselea și al șaptelea motiv nu pot fi luate în considerare în cadrul examinării celui de al doilea motiv, referitor la temeinicia măsurilor restrictive care o vizează pe reclamantă. 108. Având în vedere toate cele de mai sus, urmează ca primul motiv să fie admis în ceea ce privește anularea Deciziei 2010/413, a Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010, a Deciziei 2010/644 și a Regulamentului nr. 961/2010, în măsura în care aceste acte se referă la reclamantă, și să fie respins în rest. Cu privire la al doilea motiv, întemeiat pe existența unei erori vădite de apreciere în ceea ce privește adoptarea măsurilor restrictive împotriva reclamantei 109. Reclamanta susține că motivele invocate de Consiliu în privința sa, enumerate la punctele 66-69 de mai sus, nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Decizia 2010/413, de Regulamentul nr. 423/2007, de Regulamentul nr. 961/2010 și de Regulamentul nr. 267/2012 și nu sunt susținute de probe. În consecință, Consiliul ar fi săvârșit o eroare vădită de apreciere prin faptul că a adoptat măsuri restrictive în privința sa pe baza acestor motive. 110. Consiliul, susținut de Comisie, contestă argumentele reclamantei. 111. Potrivit jurisprudenței, controlul jurisdicțional al legalității unui act prin care au fost adoptate măsuri restrictive în privința unei entități include și aprecierea faptelor și a circumstanțelor invocate în susținerea acestuia, precum și verificarea elementelor de probă și a informațiilor pe care se bazează această apreciere. În caz de contestare, revine Consiliului sarcina de a prezenta aceste elemente în vederea verificării lor de către instanța Uniunii (a se vedea în acest sens Hotărârea Bank Melli Iran/Consiliul, punctul 49 de mai sus, punctele 37 și 107). 112. Având în vedere această jurisprudență și ținând seama de viciul de motivare care afectează cel de al doilea, cel de al treilea, cel de al șaselea și cel de al șaptelea motiv invocate de Consiliu în privința reclamantei (a se vedea punctul 107 de mai sus), trebuie ca verificarea să se limiteze la temeinicia primului, a celui de al patrulea și a celui de al cincilea motiv invocate. 113. În ceea ce privește primul motiv, invocat numai în cadrul Deciziei 2010/413 și al Regulamentului de punere în aplicare nr. 668/2010, este în prezent stabilit faptul că reclamanta nu este o bancă deținută de stat. Prin urmare, primul motiv se bazează pe o constatare de fapt eronată și nu poate, așadar, să justifice măsurile restrictive adoptate în privința reclamantei prin Decizia 2010/413 și prin Regulamentul de punere în aplicare nr. 668/2010. 114. În ceea ce privește al patrulea motiv, este desigur adevărat că FEE, filială deținută 100 % de reclamantă, este vizată de Rezoluția 1929 (2010) a Consiliului de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. 115. Or, pe de o parte, reiese din rezoluția menționată că adoptarea de măsuri restrictive în privința FEE era motivată numai de pretinsa contribuție a reclamantei la proliferarea nucleară. 116. Pe de altă parte, această implicație a fost descrisă în cadrul Rezoluției 1929 (2010) în termeni impreciși, care corespund, în esență, celui de al șaptelea motiv invocat de Consiliu, și anume că, „în cursul ultimilor șapte ani, [reclamanta] le-a permis entităților iraniene implicate în programul de arme nucleare, de rachete și de apărare să efectueze tranzacții în valoare de mai multe sute de milioane de dolari”. 117. În aceste condiții, trebuie să se concluzioneze că cel de al patrulea motiv, pe de o parte, este bazat pe simple afirmații și, pe de altă parte, nu constituie un motiv autonom în raport cu cele care o vizează direct pe reclamantă. În consecință, respectivul motiv nu poate justifica adoptarea măsurilor restrictive în privința acesteia din urmă. 118. În ceea ce privește al cincilea motiv, reclamanta contestă că ar fi furnizat servicii către AEOI. Or, Consiliul nu a prezentat niciun element de probă și nicio informație care să demonstreze că astfel de servicii au fost furnizate. Prin urmare, trebuie să se concluzioneze că nici afirmațiile referitoare la AEOI nu justifică adoptarea măsurilor restrictive în privința reclamantei. 119. În schimb, reclamanta admite că a furnizat servicii de administrare de conturi societății Novin, care este vizată de o serie de măsuri restrictive adoptate de Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite începând cu 24 martie 2007, ca urmare a pretinsei sale contribuții la proliferarea nucleară. Reclamanta explică însă, pe de o parte, că nu era informată cu privire la implicarea societății Novin în activitățile legate de proliferarea nucleară, dat fiind în special faptul că serviciile furnizate nu erau legate de aceasta. Pe de altă parte, reclamanta ar fi limitat progresiv și apoi ar fi încetat complet relațiile cu Novin după adoptarea măsurilor restrictive referitoare la aceasta din urmă. 120. Consiliul, susținut de Comisie, răspunde că serviciile furnizate societății Novin de reclamantă justifică adoptarea măsurilor restrictive în privința acesteia, ținând seama de riscul ca aceasta să ofere în viitor un sprijin analog altor entități desemnate. În acest context, ar fi irelevant faptul că reclamanta a știut sau ar fi putut să știe că Novin participa efectiv la proliferarea nucleară sau că tranzacțiile în cauză erau legate de aceasta. 121. Având în vedere argumentele părților, trebuie să se examineze dacă, astfel cum susține Consiliul, serviciile furnizate de reclamantă societății Novin constituie un sprijin adus proliferării nucleare în sensul Deciziei 2010/413, al Regulamentului nr. 423/2007, al Regulamentului nr. 961/2010 și al Regulamentului nr. 267/2012. 122. În această privință, trebuie amintit, cu titlu introductiv, că, potrivit articolului 18 din Regulamentul nr. 423/2007, articolului 39 din Regulamentul nr. 961/2010 și articolului 49 din Regulamentul nr. 267/2012, regulamentele menționate se aplică pe teritoriul Uniunii, inclusiv în spațiul aerian al acesteia, la bordul oricărei aeronave sau nave aflate sub jurisdicția unui stat membru, oricărei persoane, aflată în interiorul sau în afara teritoriului Uniunii, care este resortisant al unui stat membru, oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism care este înregistrat sau constituit în conformitate cu legislația unui stat membru, precum și oricărei persoane juridice, oricărei entități sau oricărui organism în legătură cu orice activitate desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii. 123. Astfel, în ceea ce privește tranzacțiile realizate în afara Uniunii, Regulamentul nr. 423/2007, Regulamentul nr. 961/2010 și Regulamentul nr. 267/2012 nu pot crea obligații juridice în privința unei instituții financiare, precum reclamanta, stabilite într-un stat terț și constituite potrivit dreptului acestui stat (denumită în continuare „instituția financiară străină”). În consecință, o astfel de instituție financiară nu este obligată, în temeiul regulamentelor menționate, să înghețe fondurile entităților care participă la proliferarea nucleară. 124. Nu este mai puțin adevărat că, în cazul în care o instituție financiară străină participă la, este direct asociată cu sau sprijină proliferarea nucleară, pot să li se aplice fondurilor și resurselor sale economice situate pe teritoriul Uniunii, implicate într-o operațiune comercială desfășurată în întregime sau parțial pe teritoriul Uniunii sau deținute de resortisanți ai statelor membre sau de persoane juridice, entități sau organisme înregistrate sau constituite în conformitate cu legislația unui stat membru, măsuri restrictive adoptate în temeiul Regulamentului nr. 423/2007, al Regulamentului nr. 961/2010 și al Regulamentului nr. 267/2012. 125. Rezultă că o instituție financiară străină are tot interesul să se asigure că nu participă la, nu este direct asociată cu și nu sprijină proliferarea nucleară, în special prin furnizarea de servicii financiare unei entități implicate în aceasta din urmă. În consecință, în cazul în care știe sau poate bănui în mod rezonabil că unul dintre clienții săi este implicat în proliferarea nucleară, respectiva instituție trebuie să pună capăt de îndată furnizării de servicii financiare acestuia din urmă, ținând seama de obligațiile legale aplicabile, și să nu îi furnizeze niciun nou serviciu. 126. În speță, Consiliul nu contestă că reclamanta a furnizat servicii societății Novin pe teritoriul iranian, relația dintre acestea fiind guvernată de dreptul iranian. 127. Prin urmare, trebuie să se examineze dacă reclamanta a acționat de îndată pentru a pune capăt furnizării de servicii financiare societății Novin, ținând seama de obligațiile aplicabile prevăzute de dreptul iranian, în momentul în care a știut sau putea bănui în mod rezonabil că Novin era implicată în proliferarea nucleară. 128. În această privință, reclamanta contestă că ar fi fost la curent cu implicarea societății Novin în proliferarea nucleară înainte de adoptarea măsurilor restrictive referitoare la aceasta de către Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite. Întrucât Consiliul nu a prezentat, potrivit jurisprudenței citate la punctul 111 de mai sus, elemente de probă sau informații precise și concrete care să sugereze că, la o dată anterioară, reclamanta știa sau putea bănui în mod rezonabil că Novin participa la proliferarea nucleară, urmează să se țină seama de afirmația reclamantei referitoare la acest aspect. 129. În ceea ce privește perioada ulterioară adoptării măsurilor restrictive referitoare la Novin, reclamanta arată că a întocmit de îndată o circulară internă prin care solicita angajaților săi să informeze societatea Novin că nu îi mai putea furniza servicii. În continuare, nu ar fi fost furnizat niciun nou serviciu și nu ar fi fost acceptată nicio nouă instrucțiune. Reclamanta nu ar fi făcut decât să efectueze, din conturile societății Novin, plăți care decurgeau din instrucțiunile, din cecurile și din biletele la ordin emise înaintea datei adoptării măsurilor restrictive referitoare la Novin, în condițiile în care niciuna dintre aceste plăți nu era legată de proliferarea nucleară sau de achiziția de bunuri în general. În momentul în care soldul conturilor a fost epuizat ca urmare a plăților efectuate, conturile ar fi fost închise de reclamantă. Eventualele solduri reziduale, puțin importante, ar fi fost restituite societății Novin. 130. Consiliul și Comisia nu contestă exactitatea acestei prezentări a faptelor, care este susținută de declarațiile scrise ale directorului reclamantei. 131. În ceea ce privește aspectul dacă aceste măsuri sunt suficiente în raport cu criteriul prezentat la punctul 124 de mai sus, trebuie să se considere că, ținând seama de caracterul specific al serviciilor de administrare de conturi, reclamanta demonstrează că a acționat de îndată pentru a pune capăt furnizării de servicii financiare societății Novin în momentul în care a aflat că aceasta din urmă era implicată în proliferarea nucleară. 132. În această privință, pe de o parte, este adevărat că au fost efectuate plăți de către reclamantă din conturile societății Novin după adoptarea respectivelor măsuri restrictive. 133. Cu toate acestea, reclamanta arată, fără a fi contrazisă de Consiliu sau de Comisie, că era obligată, în temeiul obligațiilor sale față de Novin, să efectueze plățile aferente instrucțiunilor, cecurilor și biletelor la ordin emise anterior. 134. În această privință, trebuie subliniat că articolul 20 alineatul (6) din Decizia 2010/413, articolul 9 din Regulamentul nr. 423/2007, articolul 18 din Regulamentul nr. 961/2010 și articolul 25 din Regulamentul nr. 267/2012 permit, în esență, ca fondurile entităților vizate de măsuri restrictive să fie deblocate pentru a efectua plăți în temeiul obligațiilor asumate de acestea anterior desemnării lor, cu condiția ca respectivele plăți să nu fie legate de proliferarea nucleară. În aceste condiții, nu trebuie să i se impună reclamantei, care nu era obligată, în speță, să înghețe fondurile societății Novin în temeiul textelor sus-menționate, astfel cum reiese din cuprinsul punctelor 123 și 126 de mai sus, să aplice un regim mai strict în privința acesteia din urmă. 135. Or, Consiliul și Comisia nici măcar nu afirmă că plățile în cauză ar fi fost legate de proliferarea nucleară. 136. Pe de altă parte, reclamanta admite că a restituit societății Novin eventualele solduri reziduale ale conturilor care au fost închise. Ea precizează însă, fără ca Consiliul sau Comisia să conteste această afirmație, că nu avea dreptul să rețină soldurile în cauză. 137. În aceste condiții, trebuie să se considere că nici serviciile furnizate de reclamantă societății Novin înaintea adoptării măsurilor restrictive referitoare la aceasta din urmă, nici modul în care au încetat raporturile comerciale dintre reclamantă și Novin nu constituie un sprijin adus proliferării nucleare în sensul Deciziei 2010/413, al Regulamentului nr. 423/2007, al Regulamentului nr. 961/2010 și al Regulamentului nr. 267/2012. 138. Prin urmare, aceste împrejurări nu justifică adoptarea măsurilor restrictive care vizează reclamanta. 139. Întrucât nici primul, nici al patrulea, nici al cincilea motiv invocate de Consiliu împotriva reclamantei nu justifică adoptarea măsurilor restrictive referitoare la aceasta, trebuie ca cel de al doilea motiv să fie admis. 140. Având în vedere toate cele de mai sus, actele atacate trebuie anulate în măsura în care o privesc pe reclamantă, fără a fi necesar să se examineze al treilea motiv, întemeiat pe încălcarea principiului proporționalității. Cu privire la cheltuielile de judecată 141. Potrivit articolului 87 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, partea care cade în pretenții este obligată, la cerere, la plata cheltuielilor de judecată. Întrucât Consiliul a căzut în pretenții, se impune obligarea acestuia la plata cheltuielilor de judecată, conform concluziilor reclamantei. 142. Potrivit articolului 87 alineatul (4) primul paragraf din același regulament, instituțiile care intervin în litigiu suportă propriile cheltuieli de judecată. Prin urmare, Comisia suportă propriile cheltuieli de judecată. Dizpozitiv Pentru aceste motive, TRIBUNALUL (Camera a patra) declară și hotărăște: 1) Anulează, în măsura în care este vizată Bank Mellat: – punctul 4 din tabelul B din anexa II la Decizia 2010/413/PESC a Consiliului din 26 iulie 2010 privind adoptarea de măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Poziției comune 2007/140/PESC; – punctul 2 din tabelul B din anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 668/2010 al Consiliului din 26 iulie 2010 de punere în aplicare a articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 423/2007 privind măsuri restrictive împotriva Iranului; – punctul 4 din tabelul B din cadrul titlului I din anexa la Decizia 2010/644/PESC a Consiliului din 25 octombrie 2010 de modificare a Deciziei 2010/413; – punctul 4 din tabelul B din anexa VIII la Regulamentul (UE) nr. 961/2010 al Consiliului din 25 octombrie 2010 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului nr. 423/2007; – Decizia 2011/783/PESC a Consiliului din 1 decembrie 2011 de modificare a Deciziei 2010/413; – Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1245/2011 al Consiliului din 1 decembrie 2011 de punere în aplicare a Regulamentului nr. 961/2010; – punctul 4 din tabelul B din cadrul titlului I din anexa IX la Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului din 23 martie 2012 privind măsuri restrictive împotriva Iranului și de abrogare a Regulamentului nr. 961/2010. 2) Consiliul Uniunii Europene suportă, pe lângă propriile cheltuieli de judecată, cheltuielile de judecată efectuate de Bank Mellat. 3) Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată.

61978CJ0267

nl

1 BIJ VERZOEKSCHRIFT VAN 21 DECEMBER 1978 , INGESCHREVEN TEN HOVE OP 22 DECEMBER DAAROPVOLGENDE , HEEFT DE COMMISSIE KRACHTENS ARTIKEL 169 , TWEEDE ALINEA , EEG-VERDRAG HET HOF VERZOCHT VAST TE STELLEN DAT DE ITALIAANSE REPUBLIEK , DOOR TE WEIGEREN DE COMMISSIE TE BETREKKEN BIJ BEPAALDE CONTROLES MET BETREKKING TOT DE VASTSTELLING EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE EIGEN MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN EN HAAR DE VERKREGEN RESULTATEN MEE TE DELEN , DE INGEVOLGE ARTIKEL 5 EEG-VERDRAG EN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 VAN DE RAAD VAN 2 JANUARI 1971 HOUDENDE TOEPASSING VAN HET BESLUIT VAN 21 APRIL 1970 BETREFFENDE DE VERVANGING VAN DE FINANCIELE BIJDRAGEN VAN DE LID-STATEN DOOR EIGEN MIDDELEN VAN DE GEMEENSCHAPPEN ( PB L 3 VAN 1971 , BLZ . 1 ), THANS VERVANGEN DOOR VERORDENING NR . 2981/77 VAN DE RAAD VAN 19 DECEMBER 1977 ( PB L 336 VAN 1977 , BLZ . 1 ), OP HAAR RUSTENDE VERPLICHTINGEN NIET IS NAGEKOMEN . 2 IN APRIL 1976 KWAM DE COMMISSIE TER ORE DAT IN HET KADER VAN HET INTRACOMMUNAUTAIRE HANDELSVERKEER FRAUDE WAS GEPLEEGD MET BETREKKING TOT 6 000 TON BOTER AFKOMSTIG UIT DERDE LANDEN . DE WAAR WAS VAN EEN ENTREPOT TE ROTTERDAM PER VRACHTWAGEN NAAR ITALIE VERVOERD . HET VERZENDEN UIT DE HAVEN WAS REGELMATIG GESCHIED ONDER DE REGELING VOOR EXTERN COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER . DE DESBETREFFENDE T1-DOCUMENTEN WAREN ECHTER OP ONREGELMATIGE WIJZE GEZUIVERD , HETZIJ ONDERWEG HETZIJ IN ITALIE , EN VERVANGEN DOOR VALSE OF VERVALSTE DOCUMENTEN VOOR INTERN COMMUNAUTAIR DOUANEVERVOER , WAARDOOR AANZIENLIJKE BEDRAGEN AAN LANDBOUWHEFFINGEN KONDEN WORDEN ONTDOKEN . 3 BIJ BRIEF VAN 26 JULI 1976 DEELDE DE COMMISSIE DE PERMANENTE VERTEGENWOORDIGER VAN ITALIE MEE DAT DE ' ' INLICHTINGEN ' ' WAAROVER ZIJ BESCHIKTE , ' ' EEN VERZOEK OM AANVULLENDE CONTROLE IN DE ZIN VAN ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 ' ' RECHTVAARDIGDEN . ITALIE WERD NIET ALLEEN VERZOCHT EEN AANVULLENDE CONTROLE TE VERRICHTEN , DOCH OOK OM DE COMMISSIE DAARBIJ TE BETREKKEN . 4 DE CENTRALE ADMINISTRATIE VAN DE ITALIAANSE DOUANE GING OP HET VERZOEK IN EN BELEGDE EEN BIJEENKOMST TE MILAAN EN COMO VAN AMBTENAREN VAN DE ITALIAANSE DOUANE EN DE COMMISSIE . EEN RESULTAAT VAN DEZE BIJEENKOMST WAS DE ONTDEKKING DAT ER WAARSCHIJNLIJK VERBAND BESTOND TUSSEN DE ONDERHAVIGE FRAUDE EN BEPAALDE VERRICHTINGEN WAARNAAR AL SEDERT 1975 EEN ONDERZOEK VAN DE GUARDIA DI FINANZA GAANDE WAS . VOLGENS DE ITALIAANSE ADMINISTRATIE BEHOORDEN DE ASPECTEN VAN HET ONDERZOEK DIE VERBAND HIELDEN MET STRAFBARE HANDELINGEN , IN LAATSTE INSTANTIE TOT DE BEVOEGDHEID VAN DE JUSTITIE . 5 DAAR DE ADMINISTRATIE VAN DE ITALIAANSE DOUANE MEENDE DAT ER VERBAND BESTOND TUSSEN HET ONDERZOEK VAN HET UFFICIO ISTRUZIONE PENALE TE TURIJN EN DE ONDERHAVIGE IMPORTEN , VERZOCHT ZIJ DE RECHTER VAN INSTRUCTIE TE TURIJN OM AFSCHRIFT VAN HET RAPPORT VAN DE GUARDIA DI FINANZA . OP 2 FEBRUARI 1977 WEES DE RECHTER VAN INSTRUCTIE DIT VERZOEK ECHTER AF , OP GROND DAT TERZAKE VAN DE IN DIT RAPPORT VERMELDE FEITEN EEN STRAFRECHTELIJK ONDERZOEK GAANDE WAS , ZODAT HET RAPPORT , EVENALS ALLE ANDERE STUKKEN HET ONDERZOEK BETREFFENDE , ONDER HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE VIELEN . 6 EEN NIEUW VERZOEK VAN HET MINISTERIE VAN FINANCIEN VAN 24 JANUARI 1978 WERD DOOR DE RECHTER VAN INSTRUCTIE TE TURIJN OM DEZELFDE REDENEN AFGEWEZEN . 7 WEGENS DE AFWIJZING VAN DEZE VERZOEKEN HEEFT DE ITALIAANSE DOUANEADMINISTRATIE BLIJKBAAR GEEN KENNIS KUNNEN NEMEN VAN DE INHOUD VAN HET DOSSIER IN DE STRAFPROCEDURE , EN DAARVAN DUS OOK GEEN MEDEDELING KUNNEN DOEN AAN DE COMMISSIE . 8 OP 20 APRIL 1978 ZOND DE COMMISSIE DE ITALIAANSE REPUBLIEK HET MET REDENEN OMKLEED ADVIES BEDOELD IN ARTIKEL 169 EEG-VERDRAG . IN DIT ADVIES WORDT BIJZONDERE NADRUK GELEGD OP DE BEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE OM , WEGENS DE VOORRANG VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT BOVEN HET NATIONALE RECHT , OOK DIEPGAAND ONDERZOEK TE DOEN MET BETREKKING TOT DE FEITEN DIE DE ONTDOKEN FISCALE VORDERINGEN HADDEN DOEN ONTSTAAN , EN OP DE VERPLICHTING VAN DE LID-STATEN MET ALLE HUN TEN DIENSTE STAANDE MIDDELEN MEE TE WERKEN BIJ HET UITOEFENEN VAN HET CONTROLERECHT . VOLGENS DE COMMISSIE MOET DE RECHTSTREEKSE TOEPASSELIJKHEID VAN VERORDENING NR . 2/71 ALDUS WORDEN OPGEVAT , DAT DE REGELS VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT VOLLEDIGE WERKING DIENEN TE HEBBEN ALS ONMIDDELLIJKE BRON VAN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR ALLEN DIE ZIJ AANGAAN , PARTICULIEREN ZOWEL ALS LID-STATEN . DIT ZOU OOK GELDEN VOOR ALLE RECHTERLIJKE INSTANTIES , DIE , BINNEN HET KADER VAN HUN COMPETENTIE , ALS ORGAAN VAN EEN LID-STAAT TOT TAAK HEBBEN DE DOOR HET GEMEENSCHAPSRECHT AAN DE INSTELLINGEN TOEGEKENDE BEVOEGDHEDEN TE RESPECTEREN . BOVENDIEN ZOUDEN DE BEPALINGEN VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT , DOOR HET FEIT VAN HUN INWERKINGTREDING , IPSO JURE TOT NIET-TOEPASSELIJKHEID LEIDEN VAN IEDERE OUDERE NATIONALE REGELING DIE ERMEE IN STRIJD IS , DAARONDER BEGREPEN DE BEPALINGEN VAN HET WETBOEK VAN STRAFVORDERING , DIE NIET AAN DE COMMISSIE ZOUDEN KUNNEN WORDEN TEGENGEWORPEN OM HAAR TE VERHINDEREN DE HAAR BIJ VERORDENING NR . 2/71 OPGEDRAGEN CONTROLEBEVOEGDHEID UIT TE OEFENEN . 9 DE ITALIAANSE REGERING ANTWOORDDE OP DIT ADVIES MET HET BETOOG DAT DE COMMISSIE NIET KON VERLANGEN BIJ DE RECHTERLIJKE WERKZAAMHEDEN TE WORDEN BETROKKEN : OOK DE ADMINISTRATIEVE CONTROLE-INSTANTIES VAN DE LID-STATEN STONDEN DAARBUITEN EN KONDEN DE GEMEENSCHAP DUS NIET BETREKKEN BIJ WERKZAAMHEDEN WAARVAN ZIJZELF WAREN UITGESLOTEN . DE COMMISSIE ZOU IN CASU DERHALVE NIET KUNNEN STELLEN DAT DOOR DE VERTRAGING , DIE ONTSTAAN IS DOORDAT HET ONDERZOEK UIT DE HANDEN VAN DE ADMINISTRATIE IS OVERGEGAAN IN DIE VAN DE JUSTITIE , INBREUK IS GEMAAKT OP ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 . 10 NADAT DE ITALIAANSE DOUANE-ADMINISTRATIE OP 6 NOVEMBER 1978 HAD VERNOMEN DAT HET GERECHTELIJK VOORONDERZOEK WAS AFGESLOTEN , RICHTTE ZIJ OP 16 DECEMBER 1978 EEN NIEUW VERZOEK TOT DE RECHTER VAN INSTRUCTIE . 11 BIJ BESCHIKKING VAN 20 DECEMBER 1978 VERLEENDE DEZE ENKEL MACHTIGING VOOR HET MAKEN VAN AFSCHRIFT VAN DE TELASTLEGGING IN DE FORMULERING VAN DE PROCUREUR VAN DE REPUBLIEK . DIT STUK WERD AAN DE COMMISSIE GEZONDEN EN IS IN BIJLAGE BIJ HET VERWEERSCHRIFT OPGENOMEN . 12 DE COMMISSIE ONTVING OP 19 JANUARI 1979 AFSCHRIFT VAN DE DEFINITIEVE TELASTLEGGING MET BETREKKING TOT ALLE VERDACHTEN . DE CONTROLEBEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE 13 DE ITALIAANSE REGERING BETOOGT DAT DE IN VERORDENING NR . 2/71 AAN DE COMMISSIE VERLEENDE BEVOEGDHEID EERST KAN WORDEN UITGEOEFEND NADAT HET NATIONALE ADMINISTRATIEVE ORGAAN DE VASTSTELLING VAN DE EIGEN MIDDELEN HEEFT VOLTOOID , DAT WIL ZEGGEN HET BESTAAN VAN DE VORDERING HEEFT VASTGESTELD EN DEZE TER BESCHIKKING VAN DE GEMEENSCHAPPEN HEEFT GESTELD . DE IN DE GEMEENSCHAPSREGELING BEPAALDE PROCEDURE BESTAAT UIT DRIE FASEN : DE ' ' VASTSTELLING ' ' VAN DE EIGEN MIDDELEN , HET ' ' TER BESCHIKKING STELLEN ' ' VAN DE VASTGESTELDE MIDDELEN EN HET UITVOEREN VAN DE ' ' CONTROLES ' ' . DE CONTROLEFASE , WAARIN DE COMMISSIE BEVOEGD IS IN TE GRIJPEN , ZOU EERST KUNNEN AANVANGEN NADAT DE NATIONALE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN DE VOORAFGAANDE FASEN HEBBEN BEEINDIGD . EERST DAN ZOU DE COMMISSIE IN SAMENWERKING MET DIE DIENSTEN KUNNEN VERIFIEREN OF DE VASTSTELLING VAN DE EIGEN MIDDELEN EN DE BETALING DAARVAN NAAR BEHOREN ZIJN VERRICHT . 14 HIERTEGEN VOERT DE COMMISSIE AAN DAT HAAR CONTROLE , WIL ZIJ DOELTREFFEND ZIJN , MOET KUNNEN WORDEN UITGEOEFEND VANAF HET OGENBLIK WAAROP HET BESTAAN IS VASTGESTELD VAN EEN FEIT DAT EIGEN MIDDELEN DOET ONTSTAAN . DIT ZOU VOLGEN UIT DE BEPALINGEN INZAKE DE CONTROLE , MET NAME DE ARTIKELEN 6 EN 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 . 15 HET HOF KAN ZICH NIET AANSLUITEN BIJ DE REDENERING VAN DE ITALIAANSE REGERING , DIE AAN DE BEPALINGEN VAN DE TOEPASSELIJKE TEKSTEN IEDERE INHOUD ZOU ONTNEMEN . DE BEVOEGDHEDEN VAN DE COMMISSIE ZOUDEN DAN BEPERKT ZIJN TOT VERIFICATIE ACHTERAF VAN DE BOEKHOUDING VAN DE EIGEN MIDDELEN , DIE DE LID-STATEN MOETEN VOEREN . ARTIKEL 6 VAN VERORDENING NR . 2/71 SCHRIJFT ECHTER EEN MAANDELIJKSE OPNEMING IN DE BOEKHOUDING VOOR EN ARTIKEL 9 , LID 2 , BEPAALT DAT ELKE VERTRAGING BIJ HET BOEKEN DE BETROKKEN LID-STATEN VERPLICHT TOT HET BETALEN VAN RENTE . AANGEZIEN VOLGENS ARTIKEL 6 DE VASTGESTELDE RECHTEN IN DE COMMUNAUTAIRE BOEKHOUDING WORDEN VERMELD ALS TE INNEN ONTVANGSTEN , IS HET NOODZAKELIJK DAT DE COMMISSIE VANAF DAT OGENBLIK GERECHTIGD IS TE VERLANGEN DAT AANVULLENDE CONTROLES WORDEN VERRICHT EN DAT ZIJ VANAF HET TIJDSTIP WAAROP DE VASTSTELLING HAD MOETEN PLAATSVINDEN WORDT BETROKKEN BIJ DOOR DE LID-STATEN ZELF UITGEVOERDE CONTROLES . 16 DE ITALIAANSE REGERING KAN DUS NIET MET VRUCHT DE BEVOEGDHEID VAN DE COMMISSIE BETWISTEN OM CONTROLE UIT TE OEFENEN VANAF DE FASE VAN DE VASTSTELLING DER EIGEN MIDDELEN DOOR HET BEVOEGDE ORGAAN VAN DE BETROKKEN LID-STAAT . HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE 17 BIJ ONDERZOEK VAN DE ARGUMENTEN DIE TER ONDERSTEUNING VAN HET BEROEP ZIJN AANGEVOERD , BLIJKT DAT DE VOORNAAMSTE GRIEF VAN DE COMMISSIE GERICHT IS TEGEN DE WEIGERING VAN DE ITALIAANSE ADMINISTRATIE OM DE GEGEVENS OVER DE STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE , DIE ALS ZODANIG ONDER HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE VALLEN , MEE TE DELEN . DERHALVE RIJST DE VRAAG , OF DE GEMEENSCHAPSREGELING TERZAKE ALDUS KAN WORDEN UITGELEGD , DAT DE LID-STATEN VERPLICHT ZIJN DERGELIJKE INLICHTINGEN TE VERSCHAFFEN , EVENTUEEL IN AFWIJKING VAN DE NATIONALE PROCESRECHTELIJKE VOORSCHRIFTEN . 18 ARTIKEL 14 VAN VERORDENING NR . 2/71 , OVERGENOMEN IN ARTIKEL 18 VAN VERORDENING NR . 2891/77 , LUIDT ALS VOLGT : ' ' 1 . DE LID-STATEN VERRICHTEN DE VERIFICATIES EN ENQUETES MET BETREKKING TOT DE VASTSTELLING EN HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN DE EIGEN MIDDELEN . DE COMMISSIE OEFENT HAAR BEVOEGDHEDEN UIT ONDER DE IN DIT ARTIKEL AANGEGEVEN VOORWAARDEN . 2.IN DIT KADER : - VERRICHTEN DE LID-STATEN DE AANVULLENDE CONTROLES DIE DE COMMISSIE IN EEN MET REDENEN OMKLEED VERZOEK VAN HEN KAN VERLANGEN ; - BETREKKEN DE LID-STATEN DE COMMISSIE , OP HAAR VERZOEK , BIJ DE DOOR HEN UITGEVOERDE CONTROLES . DE LID-STATEN NEMEN ALLE MAATREGELEN TER VERGEMAKKELIJKING VAN BOVENGENOEMDE CONTROLES . . . ' ' 19 IN DE EERSTE PLAATS MOET WORDEN OPGEMERKT DAT DE TOEPASSELIJKE COMMUNAUTAIRE VOORSCHRIFTEN DE COMMISSIE NIET DE BEVOEGDHEID GEVEN ZELF DEZE CONTROLES TE VERRICHTEN , DOCH BEPALEN DAT DE COMMISSIE ' ' ZAL WORDEN BETROKKEN ' ' BIJ DE DOOR DE LID-STATEN VERRICHTE CONTROLES . DAARUIT VOLGT DAT DEZE TEKSTEN OP ZICHZELF GEEN WIJZIGING BRENGEN IN DE CONTROLEPROCEDURES DIE IN DE VERSCHILLENDE LID-STATEN GELDEN . 20 VOORTS MOET EROP WORDEN GEWEZEN DAT IN DE GEMEENSCHAPSVOORSCHRIFTEN GEEN VERBAND WORDT GELEGD TUSSEN DE CONTROLEBEVOEGDHEDEN INZAKE DE VASTSTELLING VAN DE EIGEN MIDDELEN EN DE IN DE NATIONALE WETGEVING VOORZIENE WAARBORGEN VOOR EEN GOED VERLOOP VAN STRAFRECHTELIJKE PROCEDURES . 21 HIERUIT VOLGT DAT BIJ DE HUIDIGE STAND VAN HET GEMEENSCHAPSRECHT DE CONTROLES DIE DE COMMISSIE KAN VERLANGEN EN WAARBIJ ZIJ MOET WORDEN BETROKKEN , ALLE CONTROLES OMVATTEN DIE DE NATIONALE ADMINISTRATIE KAN VERRICHTEN , DOCH DAT UIT DE BETROKKEN TEKSTEN NIET DE BEDOELING KAN WORDEN AFGELEID WIJZIGING TE BRENGEN IN DE VERHOUDING TUSSEN DE ADMINISTRATIE EN DE RECHTERLIJKE MACHT . 22 DE VOORSCHRIFTEN VAN DE NATIONALE STRAFWETGEVING , DIE DE MEDEDELING VAN HET DOSSIER VAN DE STRAFRECHTELIJKE PROCEDURE AAN BEPAALDE PERSONEN VERBIEDEN , KUNNEN DUS AAN DE COMMISSIE WORDEN TEGENGEWORPEN VOOR ZOVER DIEZELFDE BEPERKINGEN TEN AANZIEN VAN DE NATIONALE ADMINISTRATIE GELDEN . 23 BIJ ONDERZOEK VAN DE STUKKEN BLIJKT DAT DE ITALIAANSE REGERING , NA TIJDENS DE PROCEDURE VOOR ZOVER HAAR DIT RECHTENS MOGELIJK WAS , DE COMMISSIE HAAR MEDEWERKING TE HEBBEN VERLEEND , DE GEGEVENS DIE ONDER HET GEHEIM VAN DE INSTRUCTIE VIELEN , AAN DE COMMISSIE HEEFT MEEGEDEELD ZODRA DAT GEHEIM DOOR DE RECHTER VAN INSTRUCTIE WAS OPGEHEVEN . 24 MITSDIEN MOET WORDEN VASTGESTELD DAT ITALIE NIET TE KORT IS GESCHOTEN IN DE INGEVOLGE HET VERDRAG OP HEM RUSTENDE VERPLICHTINGEN . 25 HET BEROEP MOET DERHALVE WORDEN VERWORPEN . Beslissing inzake de kosten KOSTEN 26 INGEVOLGE ARTIKEL 69 , PARAGRAAF 2 , VAN HET REGLEMENT VOOR DE PROCESVOERING MOET DE IN HET ONGELIJK GESTELDE PARTIJ IN DE KOSTEN WORDEN VERWEZEN . 27 AANGEZIEN VERZOEKSTER IN HET ONGELIJK IS GESTELD , DIENT ZIJ IN DE KOSTEN TE WORDEN VERWEZEN . Dictum HET HOF VAN JUSTITIE , RECHTDOENDE : 1 . VERWERPT HET BEROEP . 2 . VERWIJST VERZOEKSTER IN DE KOSTEN .

62006FJ0074

sv

1. Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Uppsägning av ett avtal om tillsvidareanställning – Motiveringsskyldighet – Räckvidd (tjänsteföreskrifterna, artikel 25 andra stycket; anställningsvillkoren för övriga anställda, artiklarna 11 och 47 c) 2. Tjänstemän – Tillfälligt anställda – Uppsägning av ett avtal om tillsvidareanställning – Administrationens utrymme för skönsmässig bedömning (anställningsvillkoren för övriga anställda, artiklarna 47 c och 49. 1) 3. Tjänstemän – Organisation av tjänstegrenarna – Placering av personal (tjänsteföreskrifterna, artikel 7) 1. Det saknas tvingande skäl till att tillfälligt anställda inte ska omfattas av skydd mot ogrundade uppsägningar. Detta gäller i synnerhet när tillfälligt anställda har ett tillsvidareavtal eller har en tidsbegränsad anställning och sägs upp innan denna löper ut. För att säkerställa ett tillräckligt skydd i denna mening är det väsentligt att dels ge de berörda möjlighet att förvissa sig om huruvida deras berättigade intressen har iakttagits eller åsidosatts och att bedöma möjligheten att väcka talan vid domstol, dels ge domstolen möjlighet att utöva sin prövningsrätt, vilket innebär att den behöriga myndigheten har en motiveringsskyldighet. Beträffande uppsägning av en anställd som har ett avtal om tillsvidareanställning ska vikt särskilt fästas vid att skälen för en sådan åtgärd i allmänhet ska vara tydliga och anges skriftligen, helst i samma text som det ifrågavarande beslutet. Detta är nämligen den enda rättshandling, vars lagenlighet ska bedömas med avseende på den dag då den antas, som ger uttryck för institutionens beslut. Skyldigheten att motivera uppsägningen kan emellertid anses ha iakttagits även om den berörde vid samtal med sina överordnade i vederbörlig ordning har upplysts om dessa skäl och om tillsättningsmyndigheten har fattat sitt beslut kort tid efter dessa samtal. Denna myndighet kan också, i förekommande fall, komplettera motiveringen i det skede då den berördes klagomål besvaras. Myndigheten som är behörig att sluta anställningsavtal förfogar över ett stort utrymme för skönsmässig bedömning vad avser uppsägningar. Följaktligen ska gemenskapsdomstolens kontroll begränsas till en granskning av om en uppenbart oriktig bedömning eller maktmissbruk föreligger. (se punkterna 49, 51 och 84) Hänvisning till Förstainstansrätten: Dom av den 12 december 2000 i mål T‑223/99, Dejaiffe mot harmoniseringsbyrån, REG 2000, s. I‑A‑277 och II‑1267, punkt 53, och av den 6 februari 2003 i mål T 7/01, Pyres mot kommissionen, REG 2003, s. I‑A‑37 och II‑239, punkt 50 Personaldomstolen: Dom av den 26 oktober 2006 i mål F-1/05, Landgren mot ETF, REG 2006, s. I‑A‑1‑123 och II‑A‑1‑459, vilken har överklagats till förstainstansrätten, mål T‑404/06 P, punkterna 73-75 och 79 2. Med beaktande av det stora utrymme för skönsmässig bedömning som den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal förfogar över, när ett fel som kan motivera uppsägning av en tillfälligt anställd föreligger, är nämnda myndighet inte skyldig att inleda ett disciplinärt förfarande mot vederbörande i stället för att använda sig av den rätt att ensidigt upphäva avtalet som föreskrivs i artikel 47 c i anställningsvillkoren för övriga anställda. Det är bara när myndigheten har för avsikt att säga upp en tillfälligt anställd utan förvarning, med anledning av att vederbörande gravt har åsidosatt sina skyldigheter, som det disciplinära förfarande som föreskrivs i bilaga IX i tjänsteföreskrifterna, och som är analogt tillämplig på tillfälligt anställda, ska inledas. Detta framgår av artikel 49.1 i anställningsvillkoren för övriga anställda. Det finns inte heller något som hindrar administrationen från att inleda ett disciplinärt förfarande ens efter det att den tillfälligt anställdas avtal har avslutats, efter förvarning, om det därefter framkommer att de gärningar som lagts den berörda till last är tillräckligt allvarliga för att ett sådant förfarande ska kunna inledas. (se punkterna 115 och 116) 3. För det fall de arbetsuppgifter som en tjänsteman har tilldelats ändras medför regeln om överensstämmelse mellan lönegrad och tjänst inte en jämförelse mellan tjänstemannens nuvarande och hans tidigare arbetsuppgifter, utan mellan hans nuvarande arbetsuppgifter och hans lönegrad i hierarkin. För att en omorganisation av myndigheten ska kränka regeln om överensstämmelse mellan lönegrad och tjänst, är det inte heller inte tillräckligt att förändringen medför en ändring eller rentav någon form av minskning av tjänstemannens befogenheter. Det är däremot nödvändigt att de nya arbetsuppgifterna som helhet betraktat även fortsättningsvis klart motsvarar de arbetsuppgifter som hör till den berördes lönegrad och tjänst i fråga om art, betydelse och omfattning. (se punkterna 142 och 143) Hänvisning till Domstolen: Dom av den 23 mars 1988 i mål 19/87, Hecq mot kommissionen, REG 1988, s. 1681, punkt 7 Förstainstansrätten: Dom av den 10 juli 1992 i de förenade målen T‑59/91 och T‑79/91, Eppe mot kommissionen, REG 1992, s. II‑2061, punkt 49, av den 28 maj 1998 i de förenade målen T‑78/96 och T‑170/96, W mot kommissionen, REG 1998, s. I‑A‑239 och II‑745, punkt 104, av den 16 april 2002 i mål T‑51/01, Fronia mot kommissionen, REG 2002, s. I‑A‑43 och II‑187, punkt 53, och av den 21 september 2004 i mål T‑325/02, Soubies mot kommissionen, REG 2004, s. I‑A‑241 och II‑1067, punkt 55

62010CJ0115

de

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Verordnung (EWG) Nr. 3508/92 des Rates vom 27. November 1992 zur Einführung eines integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems für bestimmte gemeinschaftliche Beihilferegelungen (ABl. L 355, S. 1) und der Verordnung (EG) Nr. 1259/1999 des Rates vom 17. Mai 1999 zur Festlegung von Gemeinschaftsregeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 160, S. 113). Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen der Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. (im Folgenden: Bábolna) und der Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Központi Szerve (Zentrale Behörde des Amtes für Landwirtschaft und Entwicklung des ländlichen Raums, im Folgenden: Hivatal) über die Gewährung der ergänzenden nationalen Beihilfe an Bábolna für das Jahr 2004. Rechtlicher Rahmen Unionsrecht Der Beschluss 2004/281/EG Der Beschluss 2004/281/EG des Rates vom 22. März 2004 zur Anpassung der Akte über die Bedingungen des Beitritts der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik und die Anpassungen der die Europäische Union begründenden Verträge infolge der Reform der Gemeinsamen Agrarpolitik (ABl. L 93, S. 1) wurde gemäß Art. 2 Abs. 3 des am 16. April 2003 in Athen unterzeichneten Vertrags über den Beitritt der Tschechischen Republik, der Republik Estland, der Republik Zypern, der Republik Lettland, der Republik Litauen, der Republik Ungarn, der Republik Malta, der Republik Polen, der Republik Slowenien und der Slowakischen Republik zur Europäischen Union (ABl. L 236, S. 17) und Art. 23 der dazugehörigen Beitrittsakte (ABl. L 236, S. 33, im Folgenden: Beitrittsakte) erlassen. Mit Art. 1 Nr. 5 dieses Beschlusses wurde u. a. die Nr. 27 des Anhangs II Kapitel 6 Abschnitt A der Beitrittsakte, die Änderungen der Verordnung Nr. 1259/1999 enthielt, durch Bestimmungen zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 (ABl. L 270, S. 1, und Berichtigung ABl. 2004, L 94, S. 70) ersetzt, um die Anpassungen zu berücksichtigen, die nach Unterzeichnung der Beitrittsurkunden durch den Erlass der letztgenannten Verordnung an den Rechtsvorschriften über die Gemeinsame Agrarpolitik (GAP) vorgenommen worden waren. Der zehnte Erwägungsgrund des Beschlusses 2004/281 lautet: „Nach der Einführung der Betriebsprämienregelung müssen einige Anpassungen vorgenommen werden, um die Kohärenz der ergänzenden einzelstaatlichen Direktzahlungen zu wahren. So müssen insbesondere die Vereinbarungen in der Beitrittsakte angepasst werden, damit sichergestellt ist, dass derartige Ergänzungszahlungen wie geplant unter drei verschiedenen Rahmenbedingungen funktionieren können: erstens der ‚klassischen‘ Direktzahlung, zweitens der regionalen Option der neuen einheitlichen Betriebsprämienregelung und drittens der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung.“ Die Verordnung Nr. 1782/2003 Die Verordnung Nr. 1782/2003 hob die Verordnungen Nrn. 3508/92 und 1259/1999 mit Wirkung vom 1. Mai 2004 auf. Im 21. Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 1782/2003 heißt es: „Die Stützungsregelungen im Rahmen der [GAP] sehen direkte Einkommensbeihilfen vor allem vor, um der landwirtschaftlichen Bevölkerung eine angemessene Lebenshaltung zu gewährleisten. Dieses Ziel ist eng verknüpft mit der Erhaltung ländlicher Gebiete. …“ Art. 1 der Verordnung Nr. 1782/2003 in der Fassung des Beschlusses 2004/281 (im Folgenden: Verordnung Nr. 1782/2003) bestimmt: „Diese Verordnung enthält –        gemeinsame Regeln für die in Anhang I aufgeführten Direktzahlungen im Rahmen von Einkommensstützungsregelungen der [GAP], die aus dem EAGFL, Abteilung Garantie, finanziert werden, ausgenommen Direktzahlungen im Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1257/1999; –        eine Einkommensstützungsregelung für Betriebsinhaber in Form einer einheitlichen Betriebsprämie (im Folgenden ‚Betriebsprämienregelung‘ genannt); –        eine Übergangsregelung für eine vereinfachte Einkommensstützung zugunsten der Betriebsinhaber in den neuen Mitgliedstaaten (im Folgenden ‚Regelung für die einheitliche Flächenzahlung‘); …“ In Art. 2 der Verordnung Nr. 1782/2003 heißt es: „… bezeichnet der Ausdruck a)      ‚Betriebsinhaber‘ eine natürliche oder juristische Person oder eine Vereinigung natürlicher oder juristischer Personen, unabhängig davon, welchen rechtlichen Status die Vereinigung und ihre Mitglieder aufgrund nationalen Rechts haben, deren Betrieb sich im Gebiet der Gemeinschaft im Sinne des Artikels 299 [EG] befindet und die eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübt; b)      ‚Betrieb‘ die Gesamtheit der vom Betriebsinhaber verwalteten Produktionseinheiten, die sich im Gebiet eines Mitgliedstaates befinden; c)      ‚landwirtschaftliche Tätigkeit‘ die Erzeugung, die Zucht oder den Anbau landwirtschaftlicher Erzeugnisse, einschließlich Ernten, Melken, Zucht von Tieren und Haltung von Tieren für landwirtschaftliche Zwecke, oder die Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand gemäß Artikel 5“. In Titel II („Allgemeine Bestimmungen“) der Verordnung Nr. 1782/2003 sieht Art. 22 („Beihilfeanträge“) Abs. 1 vor: „Soweit anwendbar muss jeder Betriebsinhaber für die unter das integrierte System fallenden Direktzahlungen jedes Jahr einen Antrag mit gegebenenfalls folgenden Angaben einreichen: –        alle landwirtschaftlichen Parzellen des Betriebs, –        Anzahl und Höhe der Zahlungsansprüche, –        alle sonstigen Angaben, die in dieser Verordnung oder von dem betreffenden Mitgliedstaat vorgesehen sind.“ Art. 28 („Zahlungen“) dieser Verordnung bestimmt in Abs. 1: „Soweit in dieser Verordnung nichts anderes geregelt ist, werden die Zahlungen im Rahmen der in Anhang I aufgeführten Stützungsregelungen in voller Höhe an die Endempfänger getätigt.“ In Titel III der Verordnung Nr. 1782/2003 ist die einheitliche Betriebsprämie geregelt. Art. 44 Abs. 1 bis 3 dieser Verordnung lautet: „(1)      Jeder Zahlungsanspruch gibt zusammen mit je einem Hektar beihilfefähiger Fläche Anspruch auf Zahlung des mit dem Zahlungsanspruch festgesetzten Betrags. (2)      Eine ‚beihilfefähige Fläche‘ ist jede landwirtschaftliche Fläche des Betriebs, die als Ackerland oder Dauergrünland genutzt wird, ausgenommen die für Dauerkulturen, Wälder oder nicht landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzten Flächen. (3)      Der Betriebsinhaber meldet die Parzellen an, die der beihilfefähigen Fläche für jeden Zahlungsanspruch entsprechen. Außer im Falle höherer Gewalt oder außergewöhnlichen Umständen stehen diese Parzellen dem Betriebsinhaber für einen Zeitraum von mindestens zehn Monaten zur Verfügung, beginnend an einem von den Mitgliedstaaten festzulegenden Zeitpunkt, der jedoch nicht vor dem 1. September des Kalenderjahres liegt, das dem Jahr, in dem der Antrag auf Gewährung der einheitlichen Betriebsprämie gestellt wurde, vorausgeht.“ Titel IVa der Verordnung Nr. 1782/2003 trägt die Überschrift „Durchführung von Stützungsregelungen in den neuen Mitgliedstaaten“. Art. 143a dieser Verordnung lautet: „In den neuen Mitgliedstaaten werden die Direktzahlungen nach folgendem Schema eingeführt, in dem die Steigerungsstufen als Prozentsatz der Höhe derartiger Zahlungen in der Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung am 30. April 2004 ausgedrückt werden: –      2004: 25 %, –      2005: 30 %, –      2006: 35 %, –      2007: 40 %, –      2008: 50 %, –      2009: 60 %, –      2010: 70 %, –      2011: 80 %, –      2012: 90 %, –      ab 2013: 100 %.“ Art. 143b („Regelung für die einheitliche Flächenzahlung“) der Verordnung Nr. 1782/2003 sieht in Abs. 1 bis 3 vor: „(1)      Die neuen Mitgliedstaaten können spätestens am Tag des Beitritts beschließen, die Direktzahlungen während des in Absatz 9 genannten Anwendungszeitraums durch eine einheitliche Flächenzahlung zu ersetzen, die nach Absatz 2 berechnet wird. (2)      Die einheitliche Flächenzahlung erfolgt einmal jährlich. Sie wird berechnet, indem der nach Absatz 3 festgelegte jährliche Finanzrahmen durch die nach Absatz 4 festgelegte landwirtschaftliche Fläche jedes neuen Mitgliedstaats dividiert wird. (3)      Die Kommission legt den jährlichen Finanzrahmen für jeden neuen Mitgliedstaat wie folgt fest: –        als die Summe der in dem betreffenden Kalenderjahr für Direktzahlungen in dem neuen Mitgliedstaat verfügbaren Mittel, –        nach den einschlägigen Gemeinschaftsvorschriften auf der Grundlage der in der Beitrittsakte und in späteren gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften für jede Direktzahlung festgelegten quantitativen Parameter, wie z. B. Grundflächen, Prämienobergrenzen und garantierte Höchstmengen (GHM) sowie –        korrigiert durch die Anwendung der einschlägigen Prozentsätze für die schrittweise Einführung von Direktzahlungen gemäß Artikel 143a.“ Art. 143c („Ergänzende einzelstaatliche Direktzahlungen und Direktzahlungen“) dieser Verordnung bestimmt: „… (2)      Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Kommission haben die neuen Mitgliedstaaten die Möglichkeit, die Direktzahlungen wie folgt aufzustocken: … Der Gesamtbetrag der Direktbeihilfe, die einem Betriebsinhaber in dem neuen Mitgliedstaat nach dem Beitritt im Rahmen der einschlägigen Direktzahlungen einschließlich aller ergänzenden staatlichen Direktzahlungen gewährt werden kann, darf nicht die Höhe der Direktbeihilfe überschreiten, auf die er im Rahmen der jeweiligen Direktzahlung Anspruch hätte, die zu diesem Zeitpunkt in den Mitgliedstaaten der Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung am 30. April 2004 gilt. … (4)      Ein neuer Mitgliedstaat, der sich für die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung entscheidet, kann unter den in den Absätzen 5 und 8 genannten Bedingungen ergänzende einzelstaatliche Direktbeihilfen gewähren. (5)      Für das Jahr 2004 wird der Gesamtbetrag der bei Anwendung der Regelung für die einheitlichen Flächenzahlung in diesem Jahr pro (Teil)sektor gewährten ergänzenden staatlichen Direktbeihilfen für jeden (Teil)sektor durch einen besonderen Finanzrahmen begrenzt. Dieser Rahmen entspricht der Differenz zwischen –        dem aus der Anwendung von Absatz 2 Buchstabe a oder b für die einzelnen (Teil)sektoren resultierenden Gesamtbetrag und –        dem Gesamtbetrag der Direktbeihilfe, der in dem betreffenden neuen Mitgliedstaat für denselben (Teil)sektor in dem jeweiligen Jahr im Rahmen der Regelung für die einheitliche Flächenzahlung zur Verfügung stehen würde. Für die Jahre ab 2005 braucht die oben genannte Begrenzung nicht länger durch Anwendung von (teil)sektorspezifischen Finanzrahmen vorgenommen zu werden. Die neuen Mitgliedstaaten behalten jedoch das Recht, (teil)sektorspezifische Finanzrahmen anzuwenden, wobei sich ein solcher (teil)sektorspezifischer Finanzrahmen jedoch nur beziehen darf auf –        die mit der Betriebsprämienregelung kombinierten Direktzahlungen und/oder –        eine oder mehrere der Direktzahlungen, die gemäß Artikel 70 Absatz 2 aus der Betriebsprämienregelung ausgeschlossen werden bzw. ausgeschlossen werden können oder für die eine partielle Durchführung gemäß Artikel 64 Absatz 2 möglich ist. (6)      Der neue Mitgliedstaat kann anhand objektiver Kriterien nach Genehmigung durch die Kommission die Beträge der ergänzenden staatlichen Beihilfe festlegen. (7)      Die Kommission –        nennt in ihren Genehmigungen in den Fällen, in denen Absatz 2 Buchstabe b) Anwendung findet, die mit der GAP vergleichbaren nationalen Regelungen für Direktzahlungen, –        legt in ihren Genehmigungen fest, bis zu welcher Höhe die ergänzende staatliche Beihilfe gewährt werden kann, welchen Prozentsatz die ergänzende staatliche Beihilfe ausmacht sowie gegebenenfalls, unter welchen Bedingungen sie gewährt werden darf, –        erteilt ihre Genehmigungen vorbehaltlich aller aufgrund der Entwicklung der [GAP] gegebenenfalls erforderlichen Anpassungen. (8)      Landwirtschaftliche Tätigkeiten, für die in der Gemeinschaft in ihrer Zusammensetzung am 30. April 2004 keine Direktzahlungen vorgesehen sind, kommen für ergänzende einzelstaatliche Zahlungen oder für eine Beihilfe nicht in Betracht. …“ Nationales Recht Art. 3 Abs. 1 Buchst. a des Dekrets Nr. 6/2004 der Regierung vom 22. Januar 2004 über die allgemeinen Bedingungen für die Gewährung von Agrarbeihilfen der Europäischen Union, von diese ergänzenden und aus dem Staatshaushalt finanzierten Beihilfen und von Agrarbeihilfen, die der nationalen Zuständigkeit unterliegen ( Magyar Közlöny , Nr. 2004/7) sieht vor, dass die in den Anwendungsbereich dieses Dekrets fallenden Beihilfen, darunter die ergänzende nationale Beihilfe, juristischen Personen oder Handelsgesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit gewährt werden können, die sich nicht im Vergleichsverfahren („csődeljárás“), im Konkursverfahren („felszámolás“), in Absprachen mit den Gläubigern („adósságrendezés“) oder in freiwilliger Liquidation („végelszámolás“) befinden. Ausgangsverfahren und Vorlagefragen Bábolna stellte am 28. Mai 2004 bei der Hivatal einen Antrag auf einheitliche Flächenzahlung und auf eine davon abhängige ergänzende nationale Beihilfe. Am 1. September 2004 wurde gemäß der Entscheidung Nr. 2186/2004 der Regierung vom 22. Juli 2004 zur Umstrukturierung des Kapitals und zur Privatisierung der Gesellschaft Bábolna Mezőgazdasági Termelő, Fejlesztő és Kereskedelmi Zrt. ( Határozatok Tára , Nr. 2004/33 [22. Juli]) das Verfahren der freiwilligen Liquidation von Bábolna eröffnet. Mit Entscheidung vom 17. Mai 2005 gab die Hivatal dem Antrag von Bábolna teilweise statt und gewährte ihr 174 410 400 HUF als einheitliche Flächenzahlung und 70 677 810 HUF als ergänzende nationale Beihilfe für Ackerland. Als die Hivatal jedoch feststellte, dass am 1. September 2004 gegen Bábolna ein Verfahren der freiwilligen Liquidation eröffnet worden war, erließ sie eine neue Entscheidung zur Änderung der Entscheidung vom 17. Mai 2005. Mit dieser Änderungsentscheidung wies sie den Antrag auf ergänzende nationale Beihilfe für Ackerland auf der Grundlage des Art. 3 Abs. 1 Buchst. a des Dekrets Nr. 6/2004 der Regierung ab und verpflichtete Bábolna zur Erstattung des Betrags von 15 829 789 HUF, der ihr insoweit bereits gezahlt worden war. Bábolna erhob Klage auf Aufhebung dieser Änderungsentscheidung und auf Aufrechterhaltung der Entscheidung vom 17. Mai 2005. Vor dem Fővárosi Bíróság (Gerichtshof von Budapest) macht sie geltend, dass in den im vorliegenden Fall anwendbaren Gemeinschaftsbestimmungen die Möglichkeit des Ausschlusses aufgrund einer freiwilligen Liquidation nicht vorgesehen sei. Einzige Voraussetzung für die Gewährung der Beihilfe sei, dass sich der betreffende Betrieb im Gebiet der Gemeinschaft befinde, wobei die Rechtsstellung des Antragstellers nach nationalem Recht unerheblich sei. Die Hivatal beantragt, die Klage abzuweisen. Das vorlegende Gericht ist der Ansicht, dass es zur Entscheidung in dem bei ihm anhängigen Rechtsstreit notwendig sei, zu bestimmen, ob eine Handelsgesellschaft, die in einem Mitgliedstaat eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausübe, Anspruch auf ergänzende nationale Beihilfe habe, wenn sie sich in freiwilliger Liquidation befinde. Dem Fővárosi Bíróság stellt sich insbesondere die Frage, ob die ergänzende nationale Beihilfe autonom und unabhängig von den Grundsätzen und Bestimmungen des Unionsrechts geregelt werden könne. Dieses Gericht möchte somit wissen, ob ein Mitgliedstaat für die Gewährung ergänzender nationaler Beihilfen strengere Voraussetzungen einführen könne, als sie das Unionsrecht für die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung vorsehe. Das genannte Gericht weist außerdem in Bezug auf die fünfte von ihm zur Vorabentscheidung vorgelegte Frage darauf hin, dass das ungarische Recht verschiedene Regelungen für das Vergleichsverfahren, das Konkursverfahren und die freiwillige Liquidation vorsehe. Da der Fővárosi Bíróság der Auffassung ist, dass die Entscheidung in dem bei ihm anhängigen Rechtsstreit von der Auslegung des anwendbaren Unionsrechts abhänge, hat er beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Fragen zur Vorabentscheidung vorzulegen: 1.      Können die Voraussetzungen für Beihilfen der Union im Bereich der GAP (EAGFL) von den Voraussetzungen für ergänzende nationale Beihilfen abweichen, d. h., können für ergänzende nationale Beihilfen gegenüber durch den EAGFL finanzierten Beihilfen andere, strengere Voraussetzungen vorgesehen werden? 2.      Kann der in Art. 1 Abs. 4 der Verordnung Nr. 3508/92 und in Art. 10 Buchst. a der Verordnung Nr. 1259/1999 festgelegte subjektive Anwendungsbereich im Hinblick auf die Empfänger der Beihilfen dahin ausgelegt werden, dass auf der subjektiven Seite nur zwei Voraussetzungen für die Beihilfen bestehen: Es muss sich a) um eine Gemeinschaft landwirtschaftlicher Erzeuger (oder eine Einzelperson) handeln, b) deren Betrieb sich im Gebiet der Gemeinschaft befindet? 3.      Können die genannten Verordnungen dahin ausgelegt werden, dass ein landwirtschaftlicher Erzeuger, dessen Betrieb sich zwar im Gebiet der Gemeinschaft befindet, der aber seine Tätigkeit künftig einstellen will (nachdem er die Beihilfe in Anspruch genommen hat), keinen Anspruch auf die Beihilfe hat? 4.      Wie ist auf der Grundlage der genannten Verordnungen die Regelung durch die nationalen Rechtsvorschriften auszulegen? 5.      Umfasst die Regelung durch die nationalen Rechtsvorschriften die Regelung der Modalitäten, nach denen der landwirtschaftliche Erzeuger (oder die Gemeinschaft) seine Tätigkeit einstellt? 6.      Können die Voraussetzungen für einen Antrag auf (gemeinschaftliche) einheitliche Flächenzahlung und die Voraussetzungen für einen Antrag auf ergänzende nationale Beihilfen unterschiedlich und voneinander völlig unabhängig geregelt werden? Welcher Zusammenhang besteht (kann bestehen) zwischen den systematischen und objektiven Grundsätzen beider Arten von Beihilfen? 7.      Kann eine Gemeinschaft (Person) von den ergänzenden nationalen Beihilfen ausgeschlossen werden, wenn sie die Voraussetzungen für die einheitlichen Flächenzahlungen im Übrigen erfüllt? 8.      Erstreckt sich angesichts dessen, dass das, was der EAGFL nur zum Teil finanziert, konsequenterweise durch ergänzende nationale Beihilfen finanziert wird, der in Art. 1 definierte Anwendungsbereich der Verordnung Nr. 1259/1999 auch auf die ergänzenden nationalen Beihilfen? 9.      Hat ein landwirtschaftlicher Erzeuger, dessen legal und tatsächlich funktionierender Betrieb sich im Gebiet der Gemeinschaft befindet, einen Anspruch auf ergänzende nationale Beihilfen? 10.      Ist eine im nationalen Recht vorgesehene spezifische Regelung des Verfahrens der Beendigung einer Handelsgesellschaft im Hinblick auf die Gemeinschaftsbeihilfen (und die daran anknüpfenden nationalen Beihilfen) erheblich? 11.      Können die gemeinschaftlichen und nationalen Bestimmungen zur Funktionsweise der GAP dahin ausgelegt werden, dass durch diese Bestimmungen ein komplexes Rechtssystem geschaffen wird, das einheitlich ausgelegt werden kann und auf der Grundlage identischer Grundsätze und Erfordernisse funktioniert? 12.      Kann der in Art. 1 Abs. 4 der Verordnung Nr. 3508/92 und in Art. 10 Buchst. a der Verordnung Nr. 1259/1999 festgelegte subjektive Anwendungsbereich dahin ausgelegt werden, dass sowohl die Absicht des landwirtschaftlichen Erzeugers, seine Tätigkeit künftig einzustellen, als auch die darauf anzuwendende Regelung im Hinblick auf die Beihilfen völlig irrelevant sind? Zu den Vorlagefragen Vorbemerkung Im Rahmen der 2004 vollzogenen Erweiterung der Europäischen Union sah die Beitrittsakte vor, Bestimmungen über die Einführung der Direktzahlungen in den neuen Mitgliedstaaten und über die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung in die Verordnung Nr. 1259/1999 aufzunehmen. Diese Bestimmungen wurden in der Folge durch den Beschluss 2004/281 in die Verordnung Nr. 1782/2003 integriert, die die Verordnungen Nrn. 3508/92 und 1259/1999 mit Wirkung vom 1. Mai 2004 aufhob. Infolgedessen gilt für das Ausgangsverfahren wegen des Zeitraums, in den der Sachverhalt fällt, die Verordnung Nr. 1782/2003. Da es Aufgabe des Gerichtshofs ist, alle Bestimmungen des Unionsrechts auszulegen, die die staatlichen Gerichte benötigen, um die bei ihnen anhängigen Rechtsstreitigkeiten zu entscheiden, auch wenn diese Bestimmungen in den dem Gerichtshof von diesen Gerichten vorgelegten Fragen nicht ausdrücklich genannt sind (vgl. insbesondere Urteil vom 8. März 2007, Campina, C‑45/06, Slg. 2007, I‑2089, Randnr. 31), sind die Vorlagefragen so zu verstehen, dass sie die Verordnung Nr. 1782/2003 betreffen oder mit dieser Verordnung in Zusammenhang stehen. Zu sämtlichen Fragen Mit seinen zwölf Fragen, die zusammen zu behandeln sind, möchte das vorlegende Gericht im Wesentlichen wissen, ob die Verordnung Nr. 1782/2003 einer nationalen Regelung entgegensteht, die juristische Personen, die im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben, von der ergänzenden nationalen Beihilfe ausschließt, wenn sie Gegenstand eines Verfahrens der freiwilligen Liquidation sind. Die Verordnung Nr. 1782/2003 enthält nach ihrem Art. 1 insbesondere gemeinsame Regeln für Direktzahlungen im Rahmen von Einkommensstützungsregelungen der GAP, eine Einkommensstützungsregelung für Betriebsinhaber (die Betriebsprämienregelung) und eine Übergangsregelung für eine vereinfachte Einkommensstützung zugunsten der Betriebsinhaber in den neuen Mitgliedstaaten (die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung). Gemäß den Art. 143a und 143b der Verordnung Nr. 1782/2003 werden die Direktzahlungen oder gegebenenfalls die Regelung für die einheitliche Flächenzahlung schrittweise in den neuen Mitgliedstaaten eingeführt. Diese schrittweise Einführung der Beihilferegelungen der Union in den neuen Mitgliedstaaten zielt darauf ab, die erforderliche Umstrukturierung des Agrarsektors dieser Mitgliedstaaten nicht zu verlangsamen und keine signifikanten Einkommensunterschiede und sozialen Spannungen hervorzurufen, indem Beihilfen gewährt würden, die gemessen am Einkommensniveau der Landwirte und der allgemeinen Bevölkerung unverhältnismäßig wären (vgl. entsprechend Urteil vom 23. Oktober 2007, Polen/Rat, C‑273/04, Slg. 2007, I‑8925, Randnr. 69). Nach Art. 143c Abs. 2 und 4 der Verordnung Nr. 1782/2003 haben die neuen Mitgliedstaaten jedoch die Möglichkeit, die Direktzahlungen oder die einheitliche Flächenzahlung durch eine ergänzende nationale Beihilfe aufzustocken, die zumindest teilweise aus ihrem nationalen Haushalt finanziert wird. In diesem Zusammenhang gewährt die Verordnung Nr. 1782/2003 diesen Mitgliedstaaten einen gewissen Ermessensspielraum bei der Durchführung der ergänzenden nationalen Beihilfe. Insbesondere sieht Art. 143c Abs. 6 dieser Verordnung vor, dass die neuen Mitgliedstaaten anhand objektiver Kriterien nach Genehmigung durch die Kommission die Beträge der ergänzenden staatlichen Beihilfe festlegen können. Jedoch darf eine nationale Regelung, wie sie im Ausgangsverfahren in Rede steht, in Anbetracht des Umstands, dass ihre Einführung im Rahmen der GAP erfolgt, nicht so festgelegt oder angewandt werden, dass die mit dieser Politik verfolgten Ziele beeinträchtigt werden (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 5. Mai 2011, Kurt und Thomas Etling u. a., C‑230/09 und C‑231/09, Slg. 2011, I‑0000, Randnr. 75), und speziell die Ziele, die mit den von der Verordnung Nr. 1782/2003 vorgesehenen Beihilferegelungen verfolgt werden. Das Ermessen, über das die neuen Mitgliedstaaten verfügen, ist außerdem insofern beschränkt, als gemäß Art. 143c Abs. 7 der Verordnung Nr. 1782/2003 der Betrag, bis zu dessen Höhe – innerhalb der in Abs. 2 oder gegebenenfalls Abs. 5 dieses Artikels festgesetzten Grenzen – die ergänzende nationale Beihilfe gewährt werden kann, der Prozentsatz dieser Hilfe und gegebenenfalls die Bedingungen für ihre Gewährung vorher von der Kommission genehmigt werden müssen. Im vorliegenden Fall ist jedoch festzustellen, dass sich aus den Akten ergibt, dass das Programm der Republik Ungarn vom 18. Mai 2004 über die ergänzenden nationalen Direktzahlungen, das von der Kommission mit Entscheidung vom 29. Juni 2004 (C[2004] 2295) genehmigt wurde, nicht die Bedingung enthielt, dass die ergänzende nationale Beihilfe nur an Betriebsinhaber im Sinne der Verordnung Nr. 1782/2003 gewährt werden kann, die nicht Gegenstand eines Verfahrens der freiwilligen Liquidation sind. Daher genügt im vorliegenden Fall die Feststellung, dass die Verordnung Nr. 1782/2003 im Hinblick auf die Gewährung einer ergänzenden nationalen Beihilfe wie der im Ausgangsverfahren fraglichen einer Bedingung entgegensteht, die nicht von der Kommission genehmigt wurde, ohne dass darüber entschieden zu werden braucht, ob diese Bedingung mit den Zielen dieser Verordnung und ganz allgemein mit den allgemeinen Grundsätzen des Unionsrechts, die die Mitgliedstaaten ebenfalls zu beachten haben, vereinbar ist (vgl. Urteil Kurt und Thomas Etling u. a., Randnr. 74). Nach alledem ist auf die vorgelegten Fragen zu antworten, dass die Verordnung Nr. 1782/2003 dahin auszulegen ist, dass sie einer nationalen Regelung entgegensteht, die juristische Personen, die im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben, von der ergänzenden nationalen Beihilfe ausschließt, weil sie Gegenstand eines Verfahrens der freiwilligen Liquidation sind, wenn eine Bedingung bezüglich des Nichtvorliegens eines solchen Verfahrens nicht zuvor von der Kommission genehmigt wurde. Kosten Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem bei dem vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt: Die Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 des Rates vom 29. September 2003 mit gemeinsamen Regeln für Direktzahlungen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik und mit bestimmten Stützungsregelungen für Inhaber landwirtschaftlicher Betriebe und zur Änderung der Verordnungen (EWG) Nr. 2019/93, (EG) Nr. 1452/2001, (EG) Nr. 1453/2001, (EG) Nr. 1454/2001, (EG) Nr. 1868/94, (EG) Nr. 1251/1999, (EG) Nr. 1254/1999, (EG) Nr. 1673/2000, (EWG) Nr. 2358/71 und (EG) Nr. 2529/2001 in der Fassung des Beschlusses 2004/281/EG des Rates vom 22. März 2004 ist dahin auszulegen, dass sie einer nationalen Regelung entgegensteht, die juristische Personen, die im Hoheitsgebiet des betreffenden Mitgliedstaats eine landwirtschaftliche Tätigkeit ausüben, von der ergänzenden nationalen Beihilfe ausschließt, weil sie Gegenstand eines Verfahrens der freiwilligen Liquidation sind, wenn eine Bedingung bezüglich des Nichtvorliegens eines solchen Verfahrens nicht zuvor von der Europäischen Kommission genehmigt wurde. Unterschriften * Verfahrenssprache: Ungarisch.

62001TJ0154

it

Ambito normativo e fattuale Con il regolamento (CEE) 26 novembre 1990, n. 3390, che indice una vendita, mediante gara particolare, di alcoli di origine vinica detenuti dagli organismi d’intervento, da utilizzare nella Comunità, nel settore dei carburanti (GU L 327, pag. 21), la Commissione bandiva la gara n. 8/90 CE diretta alla vendita di 1 600 000 ettolitri (hl) di alcole, suddivisi in cinque partite di 320 000 hl, provenienti da distillazioni di cui agli artt. 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) del Consiglio 16 marzo 1987, n. 822, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 84, pag. 1; in prosieguo: la «gara»). L’art. 1 del regolamento n. 3390/90 prescrive segnatamente che gli alcoli messi in vendita mediante la gara sono destinati ad essere utilizzati nella Comunità, nel settore dei carburanti. L’art. 3 del regolamento n. 3390/90 dispone che la vendita avviene conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) della Commissione 21 giugno 1989, n. 1780, che stabilisce le modalità d’applicazione relative allo smercio degli alcoli ottenuti dalle distillazioni di cui agli articoli 35, 36 e 39 del regolamento (CEE) n. 822/87 e detenuti dagli organismi d’intervento (GU L 178, pag. 1). L’art. 4 del regolamento n. 3390/90 prevede che le condizioni specifiche della gara sono indicate nel bando di gara particolare n. 8/90 CE (GU C 296, pag. 14; in prosieguo: il «bando di gara»). L’art. 24, n. 2, del regolamento n. 1780/89, come più volte modificato e in particolare mediante il regolamento (CEE) della Commissione 26 novembre 1990, n. 3391 (GU L 327, pag. 23), prevede che l’aggiudicatario è tenuto a fornire la prova di aver costituito presso l’organismo d’intervento dello Stato membro in cui l’aggiudicatario ha la propria sede generale la cauzione di buona esecuzione destinata a garantire l’utilizzazione di tutto l’alcole aggiudicato ai fini previsti nel bando di gara. Ai sensi dell’art. 28, n. 4, del regolamento n. 1780/89, nella versione in vigore al momento dell’apertura della gara, e del punto X del bando di gara, l’alcole aggiudicato dev’essere utilizzato entro un anno dal ritiro dell’ultimo quantitativo di ogni partita di alcole. L’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89, al quale rinvia il punto I 5, lett. c), del bando di gara, prevede che, per poter essere accolta, l’offerta dev’essere presentata per iscritto e recare l’impegno del concorrente a rispettare tutte le disposizioni concernenti la gara di cui trattasi. A seguito dell’offerta della Distilleria F. Palma SpA [in prosieguo la «Palma», ora Fallimento Distilleria F. Palma SpA (Distilleria F. Palma, in liquidazione), in prosieguo: la «ricorrente»] di tre ECU per hl di alcole a 100% vol., nel gennaio 1991 le veniva aggiudicato il quantitativo di alcole messo in vendita nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE. Nell’ambito di tale aggiudicazione la Palma costituiva una fideiussione presso l’Istituto Bancario San Paolo di Torino a favore dell’organismo d’intervento competente, ovvero l’Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (in prosieguo: l’«AIMA»). La Palma incontrava una serie di difficoltà nel ritirare e smaltire l’alcole aggiudicato e ne informava la Commissione. Tenuto conto segnatamente di tali difficoltà, la Commissione adottava il regolamento (CEE) 30 settembre 1993, n. 2710, in ordine a talune gare particolari per la vendita di alcole di origine vinica detenuto dagli organismi d’intervento da utilizzare nella Comunità nel settore dei carburanti (GU L 245, pag. 131). Con l’art. 6 del regolamento n. 2710/93 la Commissione annullava parzialmente la gara particolare n. 8/90 CE per le partite di alcole non ancora ritirate dalla Palma, pari a tre delle cinque partite aggiudicate. La cauzione di buona esecuzione relativa a queste tre partite veniva svincolata. Ai sensi dell’art. 2 del regolamento n. 2710/93, l’utilizzazione delle prime due partite di alcole della gara particolare n. 8/90 CE (pari a 640 000 hl) doveva essere terminata entro il 1° ottobre 1995, salvo caso di forza maggiore. L’art. 3 del regolamento n. 2710/93 dispone che la cauzione di buona esecuzione relativa alle prime due partite di tale gara sia svincolata dall’organismo d’intervento quando la totalità degli alcoli di queste due partite sia stata utilizzata nella Comunità, nel settore dei carburanti. Nonostante l’adozione del regolamento n. 2710/93, la Palma doveva nuovamente affrontare eventi che, secondo la ricorrente, costituivano ostacoli gravi all’adempimento degli impegni da essa assunti. Con nota del 18 settembre 1995, la Palma richiedeva alla Commissione di concederle un’ulteriore proroga del termine stabilito dall’art. 2 del regolamento n. 2710/93 per l’utilizzazione dell’alcole. Nella detta nota la Palma faceva valere circostanze asseritamente configuranti un caso di forza maggiore, le quali le avrebbero impedito la piena esecuzione degli impegni da essa assunti entro il termine stabilito. Con lettera 27 novembre 1995 la Palma ripresentava la sua richiesta di proroga del detto termine, scaduto dal 1° ottobre 1995 . La Commissione, con nota del 19 dicembre 1995, comunicava alla Palma che, a breve, avrebbe preso posizione su un’eventuale proroga del termine di utilizzazione dell’alcole. La Palma inviava poi alla Commissione altre due note, rispettivamente in data 19 dicembre 1995 e 5 gennaio 1996, con cui chiedeva alla Commissione di essere autorizzata a distruggere l’alcole non ancora utilizzato. La detta domanda riguardava all’epoca la distruzione di 34 000 hl di alcole. Con il regolamento (CE) della Commissione 7 marzo 1996, n. 416, che modifica il regolamento n. 2710/93 (GU L 59, pag. 5), il termine per l’utilizzazione delle partite già ritirate veniva adeguato ulteriormente. L’art. 3, n. 1, del regolamento n. 2710/93, come modificato dal regolamento n. 416/96, dispone quanto segue: «In deroga all’articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione e salvo caso di forza maggiore, se il termine [del 1° ottobre 1995] di cui all’articolo 2 è oltrepassato la cauzione di buona esecuzione di 90 ECU/hl di alcole a 100% vol è incamerato nelle misura: a) del 15% in ogni caso, b) del 50% del saldo ottenuto previa deduzione del 15%, qualora l’utilizzazione di cui al suddetto articolo non avvenga prima del 30 giugno 1996. La cauzione è incamerata in toto qualora venga oltrepassata la data del 31 dicembre 1996». Con nota del 23 aprile 1996 l’AIMA invitava la Palma a versarle una somma di LIT 3 164 220 870 (ossia EUR 1 634 183,70), che affermava essere pari al 15% della cauzione di buona esecuzione, per il fatto che, alla data del 1° ottobre 1995, l’intero quantitativo di alcole delle prime due partite non era stato utilizzato nel mercato dei carburanti della Comunità. Con nota 3 giugno 1996 la Palma contestava la legittimità della richiesta avanzata dall’AIMA. Con tale nota la Palma reiterava altresì alla Commissione la richiesta di poter procedere alla distruzione dell’alcole non ancora utilizzato, facendo valere che la soluzione proposta era la più idonea ad assicurare lo smaltimento dell’alcole senza provocare alcuna perturbazione di mercato. L’11 novembre 1996 la Commissione inviava all’AIMA una lettera formulata come segue: «La domanda della distilleria PALMA avente ad oggetto l’autorizzazione di distruggere un quantitativo residuo di alcole della gara particolare n. 8/90, per problemi connessi alla qualità dell’alcole in questione, non può essere accettata. È necessario applicare in maniera rigorosa le disposizioni del regolamento (CE) n. 416/96 della Commissione [relative all’incameramento della cauzione]. (...) la distilleria PALMA è soggett[a] all’obbligo di corretta esecuzione, il che significa che l’alcole deve essere utilizzato nel settore dei carburanti, alle condizioni previste nel bando di gara, e che tale obbligo non viene meno con l’incameramento della cauzione. Le autorità nazionali sono tenute, se del caso con esecuzione forzata, a far eseguire tale obbligo dopo l’incameramento delle cauzioni. Occorre assolutamente evitare uno sviamento dell’alcole aggiudicato verso settori non autorizzati dalla gara particolare n. 8/90, come ad esempio il settore delle bevande spiritose (...)». L’AIMA trasmetteva tale lettera alla Palma il 3 febbraio 1997. Con nota del 20 novembre 1996 la Palma reiterava ancora una volta le contestazioni sollevate nei confronti della richiesta dell’AIMA e proponeva di mettere l’alcole non ancora utilizzato a disposizione dell’AIMA, a titolo gratuito. L’AIMA ingiungeva alla Palma di versarle interamente la cauzione. La Palma si opponeva a tale ingiunzione dinanzi al giudice nazionale. Il 9 luglio 1999 la Palma veniva dichiarata fallita. Procedimento Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 9 luglio 2001 la ricorrente ha proposto il presente ricorso. Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Seconda Sezione) ha deciso di passare alla fase orale e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento di cui all’art. 64 del regolamento di procedura del Tribunale, ha rivolto per iscritto alcuni quesiti alle parti invitandole a rispondere ad essi all’udienza. Le difese orali delle parti e le loro risposte ai quesiti scritti e orali del Tribunale sono state sentite all’udienza del 17 dicembre 2003. Conclusioni delle parti La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: – condannare la Commissione al risarcimento dei danni subiti; – condannare la Commissione alle spese. La Commissione chiede che il Tribunale voglia: – respingere il ricorso in quanto irricevibile o infondato; – condannare la ricorrente alle spese. In diritto Senza sollevare un’eccezione d’irricevibilità con atto separato, la Commissione contesta la ricevibilità del ricorso. A tale proposito essa fa valere tre motivi di irricevibilità. Il primo, fatto valere in via principale, riguarda l’incompetenza del Tribunale. Il secondo si riferisce alla presentazione tardiva del ricorso e il terzo al mancato rispetto dell’art. 44, n. 1 lett. c), del regolamento di procedura. Questi due ultimi motivi di irricevibilita sono fatti valere in subordine. La ricorrente sostiene che il proprio ricorso è ricevibile. Sul motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale Argomenti delle parti La Commissione sostiene che l’intera controversia ruota intorno all’obiettiva circostanza dell’inadempimento della Palma alla specifica obbligazione di utilizzare l’alcole acquistato nell’ambito della gara particolare n. 8/90 CE ed alle conseguenze di tale inadempimento. Orbene, a suo parere, il rapporto giuridico di cui trattasi nella presente causa è di tipo contrattuale. Soltanto in forza di tale rapporto contrattuale potrebbe essere fatta valere l’eventuale responsabilità della Commissione. Ne conseguirebbe che il ricorso, da un lato, è erroneamente proposto sulla base dell’art. 288, secondo comma, CE e, dall’altro, sfugge alla competenza tassativamente attribuita al giudice comunitario in base all’art. 240 CE (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑44/96, Oleifici Italiani/Commissione, Racc. pag. II‑1331, punto 38). La ricorrente sostiene che il Tribunale è competente a statuire sul ricorso in quanto quest’ultimo è diretto a far dichiarare la responsabilità extracontrattuale della Commissione. A tale proposito, essa fa valere che, contrariamente a quanto sostiene la Commissione, la questione controversa non rientra in alcun modo nell’ambito di un rapporto contrattuale tra la Palma e la detta istituzione. Nel caso di specie, il danno subito sarebbe determinato dalla lettera dell’11 novembre 1996 che, quale atto autoritativo della Commissione, esulerebbe dalla sfera contrattuale. D’altra parte, poiché la lettera dell’11 novembre 1996 avrebbe, da un lato, respinto le richieste della Palma relative alla distruzione dell’alcole residuo e, dall’altro, disposto l’escussione della fideiussione costituita nell’ambito della gara n. 8/90 CE, essa costituirebbe un provvedimento destinato a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi della Palma, modificandone in misura rilevante la situazione giuridica (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 10 luglio 1990, causa T‑64/89, Automec/Commissione, Racc. pag. II‑367, punto 42). Giudizio del Tribunale Occorre considerare che la competenza del Tribunale a statuire nella presente controversia dipende dalla soluzione della questione preliminare diretta a chiarire se la responsabilità che può sorgere a carico della Comunità nella fattispecie, a causa dei comportamenti contestati della Commissione, sia o meno di natura contrattuale (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 18 luglio 1997, causa T‑180/95 Nutria/Commissione, Racc. pag. II‑1317, punto 28). A questo proposito occorre rilevare, innanzi tutto, che la ricorrente e la Commissione sono vincolate da un contratto. Dall’art. 30, n. 1, lett. e), del regolamento n. 1780/89 risulta infatti che, concorrendo per la gara aperta con il regolamento n. 3390/90, la Palma si è espressamente impegnata a rispettare tutte le disposizioni concernenti tale gara. Tenuto conto di tali condizioni la Palma ha presentato un’offerta di tre ECU per hl di alcole a 100% vol. per il 1 600 000 hl di alcole a 100% vol. messo in vendita nell’ambito della gara. Aggiudicando il quantitativo di alcole messo in vendita, la Commissione ha accettato il prezzo proposto dalla Palma e gli altri impegni di tale impresa. Quindi, per effetto dell’offerta della Palma e della sua accettazione da parte della Commissione, le pertinenti disposizioni dei regolamenti nn. 1780/89 e 3390/90 e del bando di gara nonché il prezzo offerto dalla Palma sono divenuti clausole di un contratto che vincola le due parti della presente controversia (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 3 ottobre 1997, causa T‑186/96, Mutual Aid Administration Services/Commissione, Racc. pag. II‑1633, punto 39, e sentenza del Tribunale 9 ottobre 2002, causa T‑134/01, Hans Fuchs/Commissione, Racc. pag. II‑3909, punto 53). Si deve poi rilevare che tale contratto è stato modificato dopo la sua stipulazione. In particolare, a seguito delle richieste della Palma, la Commissione ha, infatti, adottato i regolamenti nn. 2710/93 e 416/96, che annullano parzialmente la gara e modificano le condizioni di utilizzazione dell’alcole effettivamente venduto nonché le condizioni di svincolo della cauzione di buona esecuzione relativa a tale alcole. Queste modifiche fanno parte integrante del contratto. Occorre, poi, esaminare se gli asseriti illeciti della Commissione che sono alla base del presente ricorso per risarcimento danni si ricollegano ad obblighi gravanti sulla Commissione in forza di tale contratto (v., in tal senso, ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 40). La ricorrente lamenta tre illeciti. In primo luogo, la Commissione non avrebbe tenuto conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore che esonererebbe la Palma dal suo inadempimento dell’obbligo di utilizzare l’alcole effettivamente aggiudicato entro un determinato termine. Di conseguenza non sarebbe stato tenuto conto dell’effetto esimente di un caso di forza maggiore. In secondo luogo, la Commissione avrebbe negato un’ulteriore modifica delle condizioni di utilizzo dell’alcole effettivamente venduto, il che rappresenterebbe una violazione del principio di proporzionalità. In terzo luogo, la Commissione non avrebbe motivato tale diniego, il che costituirebbe una violazione dell’obbligo di motivazione che incombe a tale istituzione in forza dell’art. 253 CE. Per quanto riguarda, in primo luogo, l’obbligo della Commissione di tener conto dell’esistenza di un caso di forza maggiore, bisogna considerare che tale obbligo grava sulla Commissione in forza del contratto. Tale obbligo risulta, infatti, dalle disposizioni contrattuali previste all’art. 2 del regolamento n. 2710/93 nonché all’art. 3 del medesimo regolamento, come modificato dal regolamento n. 416/96. Di conseguenza, la pretesa violazione dell’obbligo di tener conto di un caso di forza maggiore rientra nella sfera contrattuale e può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità. Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’asserito obbligo della Commissione di acconsentire a modificare le condizioni dell’effettiva utilizzazione dell’alcole venduto, perché il principio di proporzionalità imporrebbe tali modifiche, occorre considerare che, tale obbligo, anche supponendo che sussista, può gravare sulla Commissione solo in forza del contratto. È vero che l’art. 5, terzo comma, CE, che sancisce il principio di proporzionalità, è destinato a disciplinare tutte le modalità di azione della Comunità, siano esse contrattuali o extracontrattuali. Tuttavia, in forza del principio pacta sunt servanda, principio fondamentale di ogni ordinamento giuridico (sentenza della Corte 16 giugno 1998, causa C‑162/96, Racke, Racc. pag. I‑3655, punto 49), il contratto stipulato tra la Commissione e la Palma è, in linea di massima, intangibile. Pertanto, l’eventuale obbligo della Commissione di accettare una delle modifiche al contratto proposte dalla Palma può discendere solo dal contratto stesso o dai principi generali che regolano i rapporti contrattuali, tra i quali figura il principio di proporzionalità. La pretesa violazione del detto obbligo di modificare il contratto può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità contrattuale della Comunità. Per quanto riguarda, infine, l’obbligo di motivazione che la ricorrente afferma essere stato violato, basta rilevare che tale obbligo grava sulla Commissione a norma dell’art. 253 CE. Esso, tuttavia, concerne solamente i modi di azione unilaterale della detta istituzione e non impegna quindi la Commissione in forza del contratto che vincola tale istituzione e la Palma. Di conseguenza, il detto obbligo può far sorgere, eventualmente, solo la responsabilità extracontrattuale della Comunità. Emerge da quanto precede che, salvo la pretesa violazione dell’obbligo di motivazione, la ricorrente adduce a sostegno della sua domanda di risarcimento l’inadempimento da parte della Commissione di obblighi di origine contrattuale e che il ricorso proposto poggia conseguentemente su una base contrattuale (v., in tal senso, ordinanza Nutria/Commissione, cit., punto 36). Orbene, ai sensi del combinato disposto degli artt. 225 CE e 238 CE, il Tribunale è competente a statuire, in primo grado, sui ricorsi in materia contrattuale promossi dinanzi ad esso da persone fisiche o giuridiche soltanto in forza di una clausola compromissoria, inesistente nel caso di specie. Non si può riconoscere, nella presente controversia, che l’adizione del Tribunale ad opera della ricorrente possa essere considerata come l’espressione della comune volontà delle parti di attribuire al giudice comunitario competenza in materia contrattuale, dal momento che la Commissione contesta la competenza del Tribunale. In assenza di una clausola compromissoria ai sensi dell’art. 238 CE, il Tribunale, quando è adito, come nel caso di specie, con un ricorso per risarcimento danni proposto ai sensi dell’art. 235 CE, non può pronunciarsi su tale ricorso in quanto verte, in realtà, su una domanda di risarcimento danni di origine contrattuale. In caso contrario, il Tribunale amplierebbe la propria competenza giurisdizionale al di là delle controversie ad esso tassativamente riservate dall’art. 240 CE, dato che tale disposizione riserva invece ai giudici nazionali la competenza di diritto ordinario a conoscere delle controversie nelle quali la Comunità è parte (v., in tal senso, sentenza della Corte 21 maggio 1987, cause riunite 133/85, 134/85, 135/85 e 136/85, Rau e a., Racc. pag. 2289, punto 10, e ordinanza Mutual Aid Administration Services/Commissione, cit., punto 47). Emerge da quanto precede che il motivo di irricevibilità relativo all’incompetenza del Tribunale dev’essere accolto nei limiti in cui il ricorso si fonda sulle asserite violazioni, da un lato, dell’obbligo di tener conto dell’eventuale esistenza di un caso di forza maggiore e, dall’altro, dal preteso obbligo di accettare le modifiche del contratto proposte dalla Palma in forza del principio di proporzionalità. Poiché il motivo di irricevibilità fatto valere in via principale non può giustificare il rigetto della totalità del ricorso, occorre esaminare il motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura nei limiti in cui la ricorrente denuncia una violazione dell’obbligo di motivazione. Sul motivo di irricevibilità relativo alla mancata osservanza delle disposizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura Argomenti delle parti La Commissione sostiene che il ricorso è irricevibile nei limiti in cui esso, contrariamente a quanto impone l’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, non fornisce alcuna concreta e precisa indicazione in ordine all’esistenza ed all’entità del danno asseritamente subito. In tale contesto, alla Commissione sfuggirebbe quale sia il danno di cui la ricorrente chiede il risarcimento. Essa fa valere, inoltre, che non vi è concordanza tra il ricorso e la replica, per quanto riguarda i criteri di determinazione del danno. Così, nel ricorso, i costi di movimentazione e stoccaggio dei quali la ricorrente chiede il risarcimento sarebbero stati sostenuti prima della lettera dell’11 novembre 1996 nella quale la ricorrente individua la causa del danno da essa fatto valere. La replica, invece, si riferirebbe ai costi di movimentazione e stoccaggio che la Palma asserisce di aver sopportato a causa della lettera dell’11 novembre 1996. La ricorrente sostiene che il suo ricorso soddisfa le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura. A tale proposito essa fa valere che ha debitamente precisato quali erano i danni subiti e che nel ricorso sono indicati tanto le relative voci quanto i criteri in base ai quali provvedere alla quantificazione. Secondo la giurisprudenza, tali elementi sarebbero sufficienti per soddisfare le prescrizioni dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura (sentenza del Tribunale 15 giugno 1999, causa T‑277/97, Ismeri Europa/Corte dei conti, Racc. pag. II‑1825, punto 67). Infine, la ricorrente afferma che le critiche formulate dalla Commissione rientrano nella valutazione del merito del ricorso e devono di conseguenza essere esaminate nell’ambito di quest’ultimo (sentenze del Tribunale 16 aprile 1997, causa T‑554/93, Saint e Murray/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑563, punto 59; 10 luglio 1997, causa T‑38/96, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑1223, punto 42, e 28 aprile 1998, causa T‑184/95, Dorsch Consult/Consiglio e Commissione, Racc. pag. II‑667, punto 23). Giudizio del Tribunale Ai sensi dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale conformemente all’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto, nonché dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare, in particolare, l’oggetto della controversia e deve contenere un’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Trattandosi di un motivo di ordine pubblico, la questione di stabilire se il ricorso è conforme alle dette prescrizioni può essere sollevata d’ufficio dal Tribunale (v, in particolare, sentenza del Tribunale 21 marzo 2002, causa T‑231/99, Joynson/Commissione, Racc. pag. II‑2085, punto 154). Occorre rammentare che l’indicazione degli elementi di cui al precedente punto 56 dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un motivo sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza del Tribunale 29 novembre 1993, causa T‑56/92, Koelman/Commissione, Racc. pag. II‑1267, punto 21, e sentenza del Tribunale 6 maggio 1997, causa T‑195/95, Guérin automobiles/Commissione, Racc. pag. II‑679, punto 20). Per soddisfare tali requisiti, un ricorso diretto ad ottenere il risarcimento dei danni causati da un’istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentono di individuare il comportamento che la ricorrente addebita all’istituzione, le ragioni per cui essa ritiene che esista un nesso di causalità tra il comportamento ed il danno che afferma di aver subito nonché la natura e l’entità di tale danno (sentenza del Tribunale 18 settembre 1996, causa T‑387/94, Asia Motor France e a./Commissione, Racc. pag. II‑961, punto 107). Nel caso di specie, dall’esame del primo motivo risulta che il Tribunale è competente a conoscere solo dell’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 con cui la Commissione rifiuta di accettare la modifica del contratto proposta dalla Palma. Nell’ambito dell’esame del presente motivo, occorre dunque considerare che la contestazione che la ricorrente rivolge alla Commissione si riduce a una pretesa violazione dell’obbligo di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996, la quale, comunque, non può far sorgere la responsabilità della Comunità (v., in tal senso, sentenze della Corte 15 settembre 1982, causa 106/81, Kind/Consiglio e Commissione, Racc. pag. 2885, punto 14, e 30 settembre 2003, causa C‑76/01 P, Eurocoton e a./Consiglio, Racc. pag. I‑10091, punto 98). Dal ricorso risulta che la ricorrente lamenta di aver subito un danno da essa stimato a circa ITL 22 miliardi (EUR 11 382 051,78 ). Tuttavia, è giocoforza constatare che il ricorso non contiene alcuna indicazione circa i motivi per i quali la ricorrente ritiene sussista un nesso di causalità tra l’asserito difetto di motivazione della lettera dell’11 novembre 1996 e il danno che essa afferma di aver subito. Infatti, in sede di ricorso, la ricorrente si limita ad affermare che il preteso danno è la diretta ed evidente conseguenza della lettera dell’11 novembre 1996. Ne consegue che le prescrizioni dell’art. 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura non sono rispettate. Tenuto conto di quanto precede, occorre dichiarare il ricorso irricevibile, senza che sia necessario esaminare gli altri motivi e argomenti avanzati dalla Commissione a sostegno dell’irricevibilità del ricorso. Sulle spese Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, va condannata alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) La ricorrente è condannata alle spese. Pirrung Meij Forwood Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 2004. Il cancelliere Il presidente H. Jung J. Pirrung – Lingua processuale: l'italiano.

62001TJ0237

es

Motivación de la sentencia Marco jurídico 1 A tenor del artículo 51 del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p. 1), en su versión modificada: «1. La nulidad de la marca comunitaria se declarará, mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: a) cuando la marca comunitaria se hubiera registrado contraviniendo las disposiciones del artículo 5 o del artículo 7; b) cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe. 2. Sin embargo, aun cuando se hubiera registrado la marca comunitaria contraviniendo lo dispuesto en las letras b), c) o d) del apartado 1 del artículo 7, no podrá ser declarada nula si, por el uso que se haya hecho de ella, hubiera adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o los servicios para los cuales esté registrada. 3. Si la causa de nulidad existiera únicamente para una parte de los productos o de los servicios para los que esté registrada la marca comunitaria, la nulidad de la marca sólo podrá declararse para los productos o los servicios de que se trate.» 2 A tenor del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 se denegará el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. 3 Según el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el apartado 1, letras b), c) y d), no se aplicará si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. Antecedentes del litigio 4 El 1 de abril de 1996 Alcon Pharmaceuticals Ltd presentó una solicitud de marca comunitaria ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (en lo sucesivo, «Oficina»), en virtud del Reglamento nº 40/94. 5 La marca cuyo registro se solicitó es el vocablo «BSS». 6 Los productos para los que se solicitó el registro de la marca están comprendidos en la clase 5 del Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada, y corresponden a la siguiente descripción: «Productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica.» 7 La marca se registró el 7 de agosto de 1998 y se publicó el 19 de octubre de 1998. 8 Mediante carta de 27 de septiembre de 1999, Alcon Universal Ltd (en lo sucesivo, «demandante») solicitó a la Oficina que se inscribiera en el registro la cesión a su favor de la marca comunitaria controvertida. El 29 de noviembre de 1999 se inscribió en el registro de la Oficina la cesión de dicha marca a la demandante. 9 El 7 de diciembre de 1998 la parte coadyuvante solicitó que se declarase la nulidad de la marca comunitaria conforme al artículo 51, apartado 1, del Reglamento nº 40/94. Los motivos invocados son los contemplados en el artículo 7 del Reglamento nº 40/94. 10 Mediante resolución de 15 de diciembre de 1999, la División de Anulación declaró la nulidad de la marca comunitaria BSS con arreglo al artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94, al considerar que dicha marca se componía de un signo que se había convertido en habitual en el lenguaje común en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94. Además, la División de Anulación estimó que la demandante no había acreditado que el signo hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. 11 El 15 de febrero de 2000 se interpuso ante la Oficina, con arreglo al artículo 59 del Reglamento nº 40/94, un recurso contra la resolución de la División de Anulación. 12 El recurso fue desestimado mediante resolución de la Sala Primera de Recurso de 13 de julio de 2001 (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), que fue notificada a la demandante el 18 de julio de 2001. 13 La Sala de Recurso consideró que la resolución de la División de Anulación era fundada. Observó que el vocablo «BSS» se utiliza tanto en alemán como en inglés para designar, en el lenguaje común, un producto farmacéutico oftálmico. Además, por lo que se refiere a los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94, la Sala de Recurso consideró que las pruebas presentadas por la demandante no acreditaban que el signo hubiera adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso. Procedimiento y pretensiones de las partes 14 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 18 de septiembre de 2001, la demandante interpuso el presente recurso. La Oficina presentó su escrito de contestación el 28 de enero de 2002. La parte coadyuvante presentó su escrito de contestación el 1 de febrero de 2002. La demandante presentó una réplica el 12 de abril de 2002. La Oficina presentó una dúplica el 14 de junio de 2002. La parte coadyuvante presentó una dúplica el 1 de julio de 2002. 15 Mediante comunicación de 19 de noviembre de 2002, la demandante informó al Tribunal de Primera Instancia del cambio de su denominación social, que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2001. 16 La demandante solicita al Tribunal de Primera Instancia que: - Anule la resolución impugnada. - Ordene a la Oficina que desestime la solicitud de que se declare la nulidad de la marca comunitaria. - Resuelva sobre las costas. 17 La Oficina solicita al Tribunal de Primera Instancia que: - Desestime el recurso. - Condene en costas a la demandante. 18 La parte coadyuvante solicita al Tribunal de Primera Instancia que: - Desestime el recurso. - Condene en costas a la demandante. 19 En la vista, la demandante desistió de la segunda de sus pretensiones, por la que solicitaba que se ordenase a la Oficina que desestimara la solicitud de que se declarase la nulidad de la marca comunitaria. Fundamentos de Derecho 20 En el presente caso, la demandante invoca un único motivo, basado en la infracción del artículo 51, apartados 1, letra a), y 2, del Reglamento nº 40/94. Alegaciones de las partes 21 La demandante afirma que acreditó ante la División de Anulación de la Oficina que había sido la primera en adoptar el vocablo «BSS» como marca en 1959, que había emprendido iniciativas para conservar el carácter distintivo de dicha marca y que continúa emprendiéndolas. 22 En este sentido, la demandante considera que la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta sus iniciativas para controlar el uso que los terceros hacen del término «BSS». En concreto, la demandante sostiene que tomó parte en acciones cuyo objeto era limitar el uso de los términos «IOCARE BSS» por la sociedad Ciba Vision y de los términos «PHARMACIA & UPJOHN BSS» por la sociedad Pharmacia & Upjohn. Además, la demandante estima que la Sala de Recurso ignoró erróneamente la facultad del titular de la marca de combinarla con otra marca sin menoscabar su carácter distintivo. 23 En su escrito de réplica, la demandante aporta varios documentos, entre otros, copias de extractos de diccionarios farmacéuticos, una actualización de su «lista de control BSS» presentada ante la Sala de Recurso el 17 de abril de 2000, dieciocho declaraciones de profesionales del sector médico de Francia, Finlandia, Grecia, Bélgica y los Países Bajos que acreditan el carácter distintivo de la marca BSS, una lista de fechas en las que se comercializaron por primera vez los productos que llevan la marca BSS en los diferentes países europeos, tras su lanzamiento inicial en los Estados Unidos, e información sobre los requisitos para el registro de la marca denominativa BSS en el Reino Unido y Alemania. 24 La Oficina considera que la Sala de Recurso actuó correctamente al confirmar la nulidad de la marca comunitaria BSS basándose en la afirmación de la División de Anulación según la cual el término «BSS» es un término genérico en relación con los productos que llevan la marca controvertida. 25 En efecto, en opinión de la Oficina, la Sala de Recurso consideró acertadamente que, en el momento en que la demandante solicitó el registro de la marca comunitaria BSS, el término «BSS» se utilizaba, al menos en parte de la Unión Europea, como un acrónimo que designa una «solución salina equilibrada» (Balanced Salt Solution) y que, por tanto, era imposible distinguir los productos de una empresa de los de otras empresas por el vocablo en cuestión. Según la Oficina, esta circunstancia se ve confirmada por los siete extractos de diccionarios técnicos especializados y de publicaciones científicas en materia oftálmica en lenguas alemana e inglesa y por los numerosos sitios de Internet que la Sala de Recurso examinó en la resolución impugnada. 26 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual fue ella la que creó los términos «Balanced Salt Solution» y «BSS», la Oficina considera que carece de pertinencia en el presente caso. 27 Por otra parte, la Oficina estima que carece de fundamento la alegación de la demandante conforme a la cual la Sala de Recurso no tuvo suficientemente en cuenta los registros nacionales anteriores del vocablo «BSS» ni los que contenían dicho vocablo, puesto que, según reiterada jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, dichos registros no vinculan a la Oficina y, además, no coinciden con la marca examinada en el presente caso. 28 En cuanto al carácter distintivo adquirido por el uso de la marca BSS, la Oficina considera que la demandante no ha acreditado su existencia, ni ante la División de Anulación ni ante la Sala de Recurso. 29 Por último, en su escrito de dúplica, la Oficina alega que los documentos que la demandante presentó por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia en su escrito de réplica son inadmisibles en virtud del artículo 48, apartado 1, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia, ya que se aportaron tardíamente y no se justificó este retraso. 30 La parte coadyuvante considera que los documentos presentados por la demandante ante la Oficina no son suficientes para mantener el registro de la marca comunitaria BSS. En efecto, en su opinión, numerosos fabricantes utilizan el vocablo «BSS» como término genérico o descriptivo que designa una solución salina equilibrada, sin que la parte demandante haya demostrado haber emprendido iniciativas con el fin de prohibir el uso del vocablo «BSS» por sus competidoras. A este respecto, la parte coadyuvante estima que la «lista de control BSS» presentada por la demandante carece de pertinencia, ya que únicamente menciona un litigio relativo a esta marca y, en cambio, no hace referencia al uso en Alemania de los términos «IOCARE BSS» por la sociedad Ciba Vision y de los términos «PHARMACIA & UPJOHN BSS» por la sociedad Pharmacia & Upjohn. 31 La parte coadyuvante estima que el empleo por la propia demandante del vocablo «BSS» junto con otros términos plantea la cuestión de si este uso puede conferir carácter distintivo a uno solo de los elementos que componen el signo. 32 En su escrito de dúplica, la parte coadyuvante adjunta varios documentos complementarios para demostrar el carácter genérico y descriptivo de la marca BSS. Apreciación del Tribunal de Primera Instancia 33 En el presente recurso, la demandante impugna la resolución de la Sala Primera de Recurso de la Oficina que desestima su recurso contra la resolución por la que la División de Anulación de la Oficina declaró, a instancia de la parte coadyuvante, la nulidad de la marca comunitaria BSS registrada para «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica». 34 En este contexto, es preciso examinar si la Sala de Recurso actuó correctamente al considerar, en primer lugar, que la marca comunitaria BSS no hubiera debido registrarse en virtud del artículo 51, apartado 1, letra a), del Reglamento nº 40/94 por concurrir, en relación con la marca controvertida, un motivo de denegación absoluto y, de ser así, al declarar, en segundo lugar, que la marca controvertida no había adquirido carácter distintivo por el uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. 35 En primer lugar, es preciso señalar que la resolución de la División de Anulación se basa en la aplicación al presente caso del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94, que impide el registro de las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio. En consecuencia, el control de la legalidad de la resolución impugnada, que confirma la resolución de la División de Anulación, debe efectuarse a la luz de esta misma base jurídica. 36 Con carácter preliminar, procede señalar que no existe jurisprudencia comunitaria sobre la aplicación de esta norma. No obstante, el Tribunal de Justicia ha tenido que interpretar el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p. 1), cuyo contenido es sustancialmente idéntico al del artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94 (sentencia del Tribunal de Justicia de 4 de octubre de 2001, Merz & Krell, C-517/99, Rec. p. I-6959). 37 Según el Tribunal de Justicia, el artículo 3, apartado 1, letra d), de la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que sólo se opone al registro de una marca cuando los signos o las indicaciones que constituyen sus únicos componentes se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca (sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 31). Así, procede destacar que el carácter habitual de una marca sólo puede apreciarse, por un lado, en relación con los productos o los servicios que llevan la marca, aunque la disposición controvertida no se refiera expresamente a ellos, y, por otro lado, en relación con la percepción que de ella tenga el público al que se dirigen los productos. 38 Por lo que se refiere al público mencionado, hay que señalar que el carácter habitual de un signo se aprecia teniendo en cuenta las expectativas que presumiblemente tiene un consumidor medio del tipo de productos considerados, al que se tiene por un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz [véanse, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de junio de 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819, apartado 26, y la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Eurocool Logistik/OAMI (EUROCOOL), T-34/00, Rec. p. II-683, apartado 47]. 39 Además, el Tribunal de Justicia ha considerado que, aun cuando es evidente que los respectivos ámbitos de aplicación de las letras c) y d) del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 89/104 se superponen, la exclusión del registro de las marcas previstas en la letra d) no se basa en la naturaleza descriptiva de dichas marcas, sino en el uso vigente en los sectores comerciales en que se intercambian los productos y servicios para los que se solicita el registro de las marcas (sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 35). 40 Por último, el Tribunal de Justicia ha subrayado que los signos o indicaciones que componen una marca y se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios a los que se refiere la marca no permiten distinguir los productos o servicios de una empresa de los de otras, por lo que no cumplen la función esencial de la marca, a menos que hayan adquirido mediante el uso que de ellos se haya hecho un carácter distintivo reconocible con arreglo al artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 (sentencia Merz & Krell, antes citada, apartado 37). 41 En el presente caso, procede observar que la marca controvertida se había registrado para «productos farmacéuticos oftálmicos; soluciones estériles para cirugía oftálmica» y que, en consecuencia, el carácter habitual del vocablo «BSS» debe analizarse en relación con estos productos. 42 Dado el destino de los productos que llevan la marca controvertida, el público al que se dirigen es un público especialista en materia médica, en concreto, oftalmólogos y cirujanos oftálmicos. Por otra parte, teniendo en cuenta los conocimientos que tienen los médicos y farmacéuticos de la Unión Europea sobre los términos científicos en inglés, que es el idioma técnico en este ámbito, cabe considerar público pertinente a los oftalmólogos y a los cirujanos oftálmicos de toda la Unión Europea. 43 Las pruebas presentadas por la parte coadyuvante ante la Oficina relativas al carácter habitual del vocablo «BSS» para el público especialista en oftalmología acreditan que este vocablo se ha convertido en la denominación genérica normal de una solución salina equilibrada (Balanced Salt Solution). En efecto, procede observar que los diccionarios de química, medicina y farmacia, así como los artículos científicos presentados por la parte coadyuvante prueban que la comunidad científica del sector considera el vocablo «BSS» como un término genérico. 44 De este modo, es preciso señalar que, tal como observó la Sala de Recurso en el punto 17 de la resolución impugnada, los diccionarios presentados por la parte coadyuvante ante la División de Anulación (Gross, H.: Dictionary of Chemistry and Chemical Technology, Elsevier, 1989; Dr. Heister, R.: Lexicon medizinisch-wissenschaftlicher Abkürzungen, F.K. Schattauer Verlag, 1985; Bunjes, W.E.: Medical and Pharmaceutical Dictionary, Georg Thieme Verlag, 1981; Hamilton, B., y Guidos, B.: MASA Medical Acronyms, Symbols & Abbreviations, Neal Schuman Publishers, Inc., 1984, y De Sola, R.: Abbreviations, Elsevier, 1986), así como los artículos presentados ante la Sala de Recurso, entre los que ésta cita los publicados por el Winterlude (edición de 1995) y por el New England Eye Center (edición de 1996), mencionan el vocablo «BSS» como denominación genérica del producto Balanced Salt Solution o Buffered Saline Solution. 45 Además, procede observar que las ediciones de los años 1997, 1998 y 1999 de la Rote Liste (vademécum médico alemán), presentadas por la parte coadyuvante ante la División de Anulación, y la del año 2000, presentada ante la Sala de Recurso, ponen de manifiesto que otras empresas, distintas de la demandante, comercializan productos oftálmicos con denominaciones en las que figura el vocablo «BSS». Así, por ejemplo, la edición del año 1999 menciona el uso de la denominación «IOCARE BSS» por la sociedad Ciba Vision, de la denominación «PHARMACIA & UPJOHN BSS» por la sociedad Pharmacia & Upjohn y de la denominación «Serag Ophtal BSS» por la sociedad Serag-Wiessner. 46 En consecuencia, la Sala de Recurso, en el punto 19 de la resolución impugnada, consideró acertadamente que las pruebas presentadas por la parte coadyuvante ante la Oficina son suficientes para acreditar que, en los sectores especializados, el término «BSS» se había convertido ya en habitual en la fecha en que la demandante presentó la solicitud de registro de la marca BSS, como denominación genérica de «soluciones estériles para cirugía oftálmica». Por otra parte, es preciso señalar que la demandante no presentó ante la Oficina pruebas que permitan demostrar que la marca BSS no está comprendida en el ámbito de aplicación del motivo de denegación absoluto contemplado por el artículo 7, apartado 1, letra d), del Reglamento nº 40/94. 47 En cuanto a la alegación de la demandante según la cual ha probado que fue la primera empresa en adoptar, en 1959, el vocablo «BSS» como marca, cabe señalar que este hecho no obsta para que la marca controvertida se haya convertido en habitual 37 años más tarde por haber venido utilizándose desde entonces como denominación genérica en el ámbito oftalmológico. 48 En efecto, un signo que, en una determinada época, era apto para constituir una marca, puede, debido al uso que, como denominación habitual de un producto, hagan de él los terceros, perder la capacidad para cumplir las funciones de la marca y, en concreto, la de identificar el origen comercial del producto para permitir al consumidor que adquiere el producto que la marca designa repetir la experiencia, si resulta positiva, o evitarla, si resulta negativa, en una adquisición posterior [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 2002, Rewe-Zentral/OAMI (LITE), T-79/00, Rec. p. II-705, apartado 26]. 49 En segundo lugar, procede comprobar si la demandante aportó ante la Oficina la prueba de que la marca BSS había adquirido carácter distintivo por el uso en relación con los productos para los que se había registrado. 50 Según la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para apreciar el carácter distintivo de la marca, incluido el adquirido por el uso, puede tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican el producto, gracias a la marca, atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que el requisito exigido por el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104 -y, por analogía, el exigido por el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94- para el registro de la marca se cumple (sentencias del Tribunal de Justicia de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, asuntos acumulados C-108/97 y C-109/97, Rec. p. I-2779, apartados 51 y 52, y de 18 de junio de 2002, Philips, C-299/99, Rec. p. I-5475, apartados 60 y 61). 51 El carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse igualmente en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca y tomando en consideración la percepción que se presume en un consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trata, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véase, en este sentido, la sentencia Philips, antes citada, apartados 59 y 63). 52 Por lo que se refiere a la extensión del uso necesaria para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº 40/94, el Tribunal de Primera Instancia ha considerado que el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca debe acreditarse en la parte sustancial de la Unión Europea en la que dicha marca carezca de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d), de dicho Reglamento [sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de marzo de 2000, Ford Motor/OAMI (OPTIONS), T-91/99, Rec. p. II-1925, apartado 27]. 53 En el presente caso, la demandante debía demostrar ante la Oficina que su marca había adquirido carácter distintivo antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca, el 1 de abril de 1996, o entre la fecha de registro, el 7 de agosto de 1998, y la fecha en que se solicitó que se declarase su nulidad, el 7 de diciembre de 1998, en toda o en una parte significativa de la Unión Europea. 54 La demandante considera que la Sala de Recurso no ha apreciado suficientemente las iniciativas que ha emprendido y que continúa emprendiendo con el fin de conservar el carácter distintivo de la marca BSS. La Oficina y la parte coadyuvante consideran que las pruebas presentadas por la demandante ante la Oficina no son suficientes para mantener el registro de dicha marca. 55 Es preciso considerar que la cuestión de si un vocablo, habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales del comercio, ha adquirido carácter distintivo por el uso depende, en particular, de la percepción que tiene de él el público al que se dirigen los productos, ya sea como nombre genérico del producto de que se trata, ya sea como signo distintivo de una empresa determinada. En consecuencia, los esfuerzos del titular deben tomarse en consideración en la medida en que producen resultados objetivos en la forma en que el público pertinente percibe el término de que se trata. 56 Por lo que se refiere a los documentos presentados por la demandante ante la División de Anulación y, posteriormente, ante la Sala de Recurso, con el fin de acreditar que la marca BSS había adquirido carácter distintivo por el uso, la demandante aportó una «lista de control BSS» y acuerdos que había celebrado con terceros que prueban la existencia de un programa para controlar el uso que los terceros dan a esta marca, en particular, en los Estados Unidos, Italia, Alemania y el Reino Unido. No obstante, se ignora la incidencia de este programa, así como sus resultados en la sensibilización del público al que se dirige. 57 En efecto, el hecho de que la demandante haya emprendido iniciativas para garantizar el mantenimiento del carácter distintivo de la marca controvertida no es suficiente para acreditar que dicha marca ha adquirido carácter distintivo por el uso en relación con los productos para los que se solicitó el registro, salvo en el caso de que estas medidas hayan supuesto que el público al que se dirigen tome conciencia del hecho de que el vocablo «BSS» constituye una marca. En este sentido, es preciso señalar que la «lista de control BSS» constituye únicamente un indicio de la intención de la demandante de evitar que sus competidoras usen la marca BSS, pero no prueba que el público al que se dirigen los productos perciba el vocablo «BSS» como una marca y, por tanto, no acredita que el vocablo «BSS» haya dejado de ser una denominación habitual en el ámbito oftalmológico. 58 Por último, procede señalar que las alegaciones de la demandante basadas en los datos sobre el volumen de negocios y sobre las inversiones en publicidad, así como los documentos que presentó ante la Oficina, en concreto, los certificados de los registros nacionales de marcas en los que figura el vocablo «BSS» y los folletos relativos a los productos «ALCON BSS» y «BSS PLUS», tampoco son más aptos para determinar el carácter distintivo de la marca BSS que los examinados anteriormente. Además, la demandante no ha formulado ninguna alegación en su demanda sobre el valor probatorio de estos documentos. 59 En relación con la alegación de la demandante relativa a la capacidad del titular de una marca para combinarla con otros signos sin menoscabar su carácter distintivo, procede destacar que carece de pertinencia para analizar si la marca BSS ha adquirido carácter distintivo. La complejidad de la fórmula de identificación de los productos que comercializa («ALCON BSS», «BSS PLUS» o «ALCON BSS PLUS») puede, como mucho, constituir un indicio de que la propia demandante considera que la marca BSS no ha adquirido un carácter distintivo suficiente que permita utilizarla sin ningún otro elemento adicional de identificación del producto. 60 En consecuencia, procede señalar que la Sala de Recurso consideró fundadamente que la demandante no había demostrado que su marca había adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso en el sentido de los artículos 7, apartado 3, y 51, apartado 2, del Reglamento nº 40/94. 61 En cuanto a los documentos adjuntos a la demanda y a la réplica de la parte demandante, así como a la dúplica de la parte coadyuvante, que la Sala de Recurso no examinó, al haberse presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, no pueden tomarse en consideración ya que el recurso ante el Tribunal de Primera Instancia tiene por objeto que se controle la legalidad de las resoluciones de las Salas de Recurso de la Oficina en el sentido del artículo 63 del Reglamento nº 40/94. 62 En estas circunstancias, dado que la función del Tribunal de Primera Instancia no es reexaminar los elementos de hecho a la luz de documentos presentados por primera vez ante él, procede descartar los documentos que la demandante y la parte coadyuvante han presentado por primera vez ante el Tribunal de Primera Instancia, sin que sea necesario examinar su fuerza probatoria. 63 Del conjunto de consideraciones precedentes se desprende que la Sala de Recurso declaró fundadamente que la marca BSS se había convertido en habitual en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio y que la demandante no había acreditado ante la Oficina que la marca controvertida hubiera adquirido, en relación con los productos para los que se había registrado, carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de ella. 64 Por tanto, procede desestimar el recurso. Decisión sobre las costas Costas 65 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimados los motivos formulados por la parte demandante, procede condenarla a pagar las costas de la Oficina y de la parte coadyuvante, según lo solicitado por éstas. Parte dispositiva En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Segunda) decide: 1) Desestimar el recurso. 2) Condenar en costas a la demandante.

62004TJ0309

es

Marco jurídico El artículo 16 CE dispone: «Sin perjuicio de los artículos 73 [CE], 86 [CE] y 87 [CE], y a la vista del lugar que los servicios de interés económico general ocupan entre los valores comunes de la Unión, así como de su papel en la promoción de la cohesión social y territorial, la Comunidad y los Estados miembros, con arreglo a sus competencias respectivas y en el ámbito de aplicación del presente Tratado, velarán por que dichos servicios actúen con arreglo a principios y condiciones que les permitan cumplir su cometido.» El artículo 86 CE, apartado 2, dispone: «Las empresas encargadas de la gestión de servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal quedarán sometidas a las normas del presente Tratado, en especial a las normas sobre competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la Comunidad.» El artículo 87 CE, apartado 1, dispone: «Salvo que el presente Tratado disponga otra cosa, serán incompatibles con el mercado común, en la medida en que afecten a los intercambios comerciales entre Estados miembros, las ayudas otorgadas por los Estados o mediante fondos estatales, bajo cualquier forma, que falseen o amenacen falsear la competencia, favoreciendo a determinadas empresas o producciones.» El artículo 311 CE dispone: «Los protocolos que, de común acuerdo entre los Estados miembros, sean incorporados como anexos al presente Tratado serán parte integrante del mismo.» El Protocolo sobre el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros ( DO 1997, C 340, p. 109 ; en lo sucesivo, «Protocolo de Ámsterdam», introducido por el Tratado de Ámsterdam como anexo al Tratado CE, dispone: «[Los Estados miembros,] considerando que el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación, han convenido en las siguientes disposiciones interpretativas, que se incorporarán como anexo al Tratado [CE]: Las disposiciones del Tratado [CE] se entenderán sin perjuicio de la facultad de los Estados miembros de financiar el servicio público de radiodifusión en la medida en que la financiación se conceda a los organismos de radiodifusión para llevar a cabo la función de servicio público tal como haya sido atribuida, definida y organizada por cada Estado miembro, y en la medida en que dicha financiación no afecte a las condiciones del comercio y de la competencia en la Comunidad en un grado que sea contrario al interés común, debiendo tenerse en cuenta la realización de la función de dicho servicio público.» El 15 de noviembre de 2001 la Comisión publicó una Comunicación sobre la aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión ( DO C 320, p. 5 ; en lo sucesivo, «Comunicación sobre la radiodifusión»), en la que enunció los principios que seguirá en la aplicación del artículo 87 CE y del artículo 86 CE, apartado 2, a la financiación estatal de los organismos públicos de radiodifusión. Hechos que originaron los litigios En Dinamarca hay dos entes públicos de radiodifusión, por una parte, Danmarks Radio (en lo sucesivo, «DR») y, por otra parte, TV 2/Danmark (en lo sucesivo, «TV2»), que fue posteriormente sustituida, con efectos contables y fiscales a partir del 1 de enero de 2003, por TV 2/Danmark A/S (en lo sucesivo, «TV2 A/S»). DR se financia casi en su totalidad mediante un canon. TV2 se financia tanto con un canon como con los ingresos publicitarios. TV2 se creó en 1986 mediante la lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ley por la que se modifica la Ley relativa al servicio de radiodifusión) n o 335, de 4 de junio de 1986 (en lo sucesivo, «Ley de 1986 por la que se crea TV2»), como institución autónoma independiente. TV2 empezó a emitir con cobertura nacional el . Emite el canal terrestre TV2 y, a partir de 2000, comenzó a emitir también TV2 Zulu por satélite. A finales de 2002, TV2 Zulu, que hasta entonces era un canal de servicio público, pasó a ser un canal comercial de televisión de pago. Además de los entes públicos de radiodifusión, existen en el mercado danés de televisión con cobertura nacional dos empresas comerciales de televisión: por una parte, el conglomerado integrado por las sociedades SBS TV A/S y SBS Danish Television Ltd (en lo sucesivo, respectivamente, «SBS A/S» y «SBS Ltd» y, consideradas conjuntamente, «SBS»), por otra parte, la sociedad Viasat Broadcasting UK Ltd (en lo sucesivo, «Viasat»). SBS A/S y SBS Ltd pertenecen a SBS Broadcasting SA, sociedad luxemburguesa que gestiona estaciones de televisión y de radio en varios Estados miembros. SBS A/S, anteriormente TV Danmark A/S, emite desde abril de 1997, por vía terrestre, el canal de televisión comercial TV Danmark 2. Las emisiones de la estación de TV Danmark 2 situada en Copenhague son, además, transmitidas vía satélite a determinados operadores de distribución por cable y a hogares daneses DTH [DirectToHome (radiodifusión vía satélite directa a domicilio)] en el resto del país. SBS Ltd, anteriormente Kanal 5 Denmark Ltd, creada en 1999 con la denominación TV Danmark 1 Ltd y denominada de ese modo hasta 2004, emite, desde el 1 de enero de 2000, vía satélite a partir del Reino Unido y con una licencia de este país, el canal de televisión comercial Kanal 5 (en un principio denominado TV Danmark 1). Viasat pertenece a Modern Times Group (MTG), que es un grupo multinacional que opera en el sector de los medios de comunicación. Viasat emite para Dinamarca los canales por satélite TV3 y TV3+ desde 1992 en virtud de una autorización del Reino Unido. SBS y Viasat son competidoras de TV2 en el mercado nacional de la publicidad televisada. Las normas danesas aplicables a la definición del servicio público de TV2 fueron establecidas, para el período 1995-2002, mediante la lov om radio- og fjernsynsvirksomhed (Ley relativa al servicio de radiodifusión) n o 1065, de 23 de diciembre de 1992, en sus versiones de publicación consolidada sucesivas y, en particular, la versión n o 578, de (en lo sucesivo, «Ley sobre la radiodifusión»). Estas normas fueron profundizadas y precisadas en los estatutos de TV2. Mediante carta de 5 de abril de 2000, la Comisión recibió una denuncia de SBS referente a la financiación de TV2 por parte del Reino de Dinamarca. El tuvo lugar una reunión con las denunciantes. SBS remitió información adicional mediante cartas de 28 de febrero, y . Mediante carta de 5 de junio de 2002, la Comisión envió a las autoridades danesas una petición de información, a la que estas respondieron mediante carta de . Se celebraron dos reuniones con las autoridades danesas: el y el . Se envió información adicional mediante cartas de y . Mediante carta de 24 de enero de 2003, la Comisión comunicó al Reino de Dinamarca su decisión de incoar el procedimiento previsto en el artículo 88 CE, apartado 2, en relación con la financiación por dicho Estado miembro de TV2 (en lo sucesivo, «decisión de incoación»). La decisión de incoación se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea de 14 de marzo de 2003 ( DO C 59, p. 2 ). En esa notificación, la Comisión solicitaba a todas las partes interesadas que presentaran sus observaciones sobre dichas medidas. La Comisión recibió las observaciones de las autoridades danesas mediante carta de 24 de marzo de 2003, así como otra información mediante cartas de y . La Comisión recibió, además, observaciones de varias partes interesadas. SBS envió sus observaciones mediante carta de . La Asociación Europea de Televisiones Comerciales Europeas [Association of Commercial Television in Europe (ACT)] envió sus observaciones mediante carta de . Las empresas comerciales de televisión Antena 3 TV y Gestevisión Telecinco enviaron sus observaciones el . Viasat envió sus observaciones mediante carta de . Mediante carta de , la Comisión transmitió esas observaciones a Dinamarca, que respondió mediante carta de . La Comisión recibió información adicional de SBS mediante cartas de 15 de diciembre de 2003 y . El , la Comisión mantuvo una reunión con SBS y, el con las autoridades danesas, las cuales enviaron sus comentarios a la información adicional de SBS mediante carta de . El 17 de diciembre de 2003 de celebró la asamblea general mediante la cual se constituyó TV2 A/S con efectos contables y fiscales desde el , en aplicación de la Ley danesa n o 438, de , relativa a TV2 A/S. Mediante la Decisión 2006/217/CE, de 19 de mayo de 2004, sobre las medidas de Dinamarca a favor de TV 2/Danmark ( DO 2006, L 85, p. 1 , corrección de errores DO 2006, L 368, p. 112 ; en lo sucesivo, «Decisión impugnada»), la Comisión decidió que «las ayudas concedidas de 1995 a 2002 [por el Reino de Dinamarca] a [TV2] consistentes en el canon y las demás medidas descritas en la presente Decisión son compatibles con el mercado interior según lo dispuesto en el artículo 86 CE, apartado 2, excepto un importe de 628,2 millones de [coronas danesas» (artículo 1 de la Decisión impugnada). La Comisión ordenó al Reino de Dinamarca que reclamase a TV2 A/S la devolución con intereses de dicho importe (artículo 2 de la Decisión impugnada). Mediante carta de 23 de julio de 2004, el Reino de Dinamarca notificó a la Comisión un proyecto de recapitalización de TV2 A/S. Dicho proyecto preveía, por lo que respecta a las medidas financiadas por el Estado, una aportación de capital de 440 millones de coronas danesas (DKK) y la conversión en capital de un préstamo estatal de 394 millones de DKK. Mediante decisión de 6 de octubre de 2004 [C(2004) 3632 final], en el asunto en materia de ayudas de Estado N 313/2004, relativo a la recapitalización de TV 2/Danmark A/S ( DO 2005, C 172, p. 3 ; en lo sucesivo, «decisión sobre la recapitalización»), la Comisión concluyó que «la aportación de capital de 440 millones de DKK prevista y la conversión de la deuda en fondos propios son necesarias para reconstituir el capital que TV2, tras su transformación en sociedad anónima, necesita para poder llevar a cabo su misión de servicio público» (considerando 53 de la decisión sobre la recapitalización). Por consiguiente, la Comisión decidió «declarar que todo elemento de ayuda de Estado que pueda estar vinculado a la recapitalización prevista de TV2 [A/S] es compatible con el mercado común según lo dispuesto en el artículo 86 CE, apartado 2» (considerando 55 de la decisión sobre la recapitalización). La decisión sobre la recapitalización ha sido objeto de dos recursos de anulación, interpuestos, respectivamente, por SBS y Viasat, con los números de asunto T-12/05 y T-16/05, aún pendientes ante el Tribunal de Primera Instancia. Procedimiento Asuntos T-309/04 y T-317/04 Mediante demandas presentadas en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia, respectivamente, el 28 de julio y el , TV2 A/S y el Reino de Dinamarca interpusieron, respectivamente, los recursos T-309/04 y T-317/04. Mediante escritos separados, presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 3 y el y registrados con los números de asunto T-317/04 R y T-309/04 R, respectivamente, el Reino de Dinamarca y TV2 A/S interpusieron sendas demandas de medidas provisionales con objeto de que se suspendiera la ejecución de la Decisión impugnada. Sin embargo, al desistir dichas partes de sus demandas de medidas provisionales, éstas fueron archivadas mediante sendos autos del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de . En su demanda, el Reino de Dinamarca solicitó la acumulación de los asuntos T-309/04 y T-317/04. Ni TV2 A/S ni la Comisión se opusieron a dicha solicitud. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de diciembre de 2004, Viasat solicitó intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el recurso T-317/04. Mediante escrito de 17 de enero de 2005, el Reino de Dinamarca solicitó el tratamiento confidencial de determinados elementos de la demanda y del escrito de contestación, respecto a Viasat. Sin embargo, al haber sido desestimada la demanda de intervención de Viasat por medio de un auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de , la solicitud de tratamiento confidencial antedicha fue sobreseída, mediante auto del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de . Mediante escritos presentados en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia los días 2, y , respectivamente, Viasat y SBS solicitaron intervenir en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T-309/04, y la Union européenne de radio-télévision (UER) solicitó intervenir, en ese mismo asunto, en apoyo de las pretensiones de TV2 A/S. Mediante sendos autos del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de 18 de abril y de se acogieron las demandas de intervención de Viasat, de SBS y de la UER. Mediante escritos de 14 de enero y , TV2 A/S solicitó el tratamiento confidencial de determinados elementos de la demanda y del escrito de contestación en el asunto T-309/04 respecto a las partes coadyuvantes. Éstas no presentaron objeciones a dicha solicitudes. Mediante auto de 1 de marzo de 2007, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia estimó las referidas solicitudes de tratamiento confidencial. Mediante escrito presentado el 8 de noviembre de 2005, SBS solicitó la acumulación del asunto T-336/04 (SBS A/S y SBS Ltd/Comisión) a los presentes asuntos y al asunto T-329/04 (Viasat/Comisión). Las otras partes, a excepción de la UER, presentaron observaciones sobre dicha solicitud de acumulación. En respuesta a una pregunta escrita del Tribunal de Primera Instancia de 24 de octubre de 2006, el Reino de Dinamarca y TV2 A/S presentaron, el , observaciones sobre el mantenimiento de su interés en la acción tras la adopción de la decisión sobre la recapitalización. Asunto T-329/04 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 2 de agosto de 2004, Viasat interpuso el recurso T-329/04. Mediante escritos de 18 de noviembre, y , respectivamente, el Reino de Dinamarca, TV2 A/S, la UER y la British Broadcasting Corp. (BBC) solicitaron intervenir en el proceso en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante escrito de 9 de diciembre de 2004, SBS solicitó intervenir en el proceso en apoyo de las pretensiones de Viasat. Mediante autos del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de 18 de abril y , se admitió la intervención en el proceso del Reino de Dinamarca, TV2 A/S y la UER en apoyo de las pretensiones de la Comisión, la de SBS en apoyo de las de Viasat y se desestimó la solicitud de intervención de la BBC. Mediante escritos de 6 y , , y , Viasat solicitó el tratamiento confidencial de determinados elementos de la demanda y del corrigendum a la réplica presentado el respecto a las partes coadyuvantes. Algunas de esas partes presentaron objeciones a dichas solicitudes. Mediante escrito de 8 de noviembre de 2005, SBS solicitó la acumulación del asunto T-336/04 a los asuntos T-309/04, T-317/04 y T-329/04. Las otras partes, a excepción de la UER, presentaron observaciones sobre dicha solicitud de acumulación. Mediante auto de 1 de marzo de 2007, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia estimó parcialmente las solicitudes de tratamiento confidencial. Asunto T-336/04 Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal de Primera Instancia el 13 de agosto de 2004, SBS interpuso el recurso T-336/04. Mediante escritos de 18 de noviembre, , y , respectivamente, el Reino de Dinamarca, TV2 A/S, la UER y la BBC solicitaron intervenir en el proceso en apoyo de las pretensiones de la Comisión. Mediante escrito de 1 de diciembre de 2004, Viasat solicitó intervenir en el proceso en apoyo de las pretensiones de SBS. Mediante autos del Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia de 15 de abril y , se admitió la intervención en el proceso del Reino de Dinamarca, TV2 A/S y la UER en apoyo de las pretensiones de la Comisión, la de Viasat en apoyo de las de SBS y se desestimó la solicitud de intervención de la BBC. Mediante escritos de 29 de diciembre de 2004, , , 27 de mayo y , SBS solicitó el tratamiento confidencial de determinados elementos de la de la demanda, del escrito de contestación y de la réplica respecto a las partes coadyuvantes. Algunas de esas partes presentaron objeciones a dichas solicitudes. Mediante escrito de 8 de noviembre de 2005, SBS solicitó la acumulación del asunto T-336/04 a los asuntos T-309/04, T-317/04 y T-329/04. Las otras partes, a excepción de la UER, presentaron observaciones sobre dicha solicitud de acumulación. Mediante auto de 1 de marzo de 2007, el Presidente de la Sala Quinta del Tribunal de Primera Instancia estimó parcialmente las solicitudes de tratamiento confidencial. Oídas las observaciones de las partes sobre la acumulación, el Tribunal de Primera Instancia, en virtud del artículo 50, apartado 1, de su Reglamento de Procedimiento, considera que procede acumular los asuntos T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04 a efectos de la sentencia que ponga fin al proceso. Pretensiones de las partes En el asunto T-309/04, TV2 A/S, apoyada —salvo en cuanto respecta a las costas— por la UER, solicita al Tribunal de Primera Instancia que: — Anule la Decisión impugnada. — Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada. — Con carácter subsidiario de segundo grado, reduzca el importe indicado en el artículo 1, in fine, de la Decisión impugnada y en el artículo 2, apartado 1, de dicha Decisión, en un importe no inferior a 167 millones de DKK, con efecto a partir de 1997, y anule la reclamación de intereses contemplada en el artículo 2, apartados 3 y 4, de la Decisión impugnada. — Condene en costas a la Comisión. En el asunto T-317/04, el Reino de Dinamarca solicita al Tribunal de Primera Instancia que: — Anule la Decisión impugnada. — Con carácter subsidiario, anule el artículo 2 de la Decisión impugnada. — Con carácter subsidiario de segundo grado, anule el artículo 2, apartados 3 y 4, de la Decisión impugnada. — Condene en costas a la Comisión. En los asuntos T-309/04 y T-317/04, la Comisión, apoyada, en el primero de estos asuntos, por Viasat y SBS, solicita al Tribunal de Primera Instancia que: — Desestime los recursos. — Condene en costas a los demandantes. En el asunto T-329/04, Viasat, apoyada por SBS, solicita al Tribunal de Primera Instancia que: — Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, por lo que respecta a la parte de dicha Decisión que declara la ayuda compatible con el mercado interior en virtud del artículo 86 CE, apartado 2. — Condene en costas a la Comisión. En el asunto T-336/04, SBS, apoyada por Viasat, solicita al Tribunal de Primera Instancia que: — Anule el artículo 1 de la Decisión impugnada, en la medida en que la Comisión declara en él que la ayuda concedida a TV2 entre 1995 y 2002, consistente en el producto del canon y en otras medidas enumeradas en la Decisión, es compatible con el mercado interior en virtud del artículo 86 CE, apartado 2. — Condene en costas a la Comisión. En los asuntos T-329/04 y T-336/04, la Comisión, apoyada por el Reino de Dinamarca, TV2 A/S y la UER, solicita al Tribunal de Primera Instancia que: — Desestime los recursos. — Condene en costas a las demandantes. Fundamentos de Derecho Sobre la admisibilidad de los recursos T-309/04 y T-317/04 En sus dúplicas, la Comisión se pregunta si, por lo que respecta al Reino de Dinamarca y TV2A/S, aún existe algún interés en ejercitar la acción contra la Decisión impugnada. La Comisión estima que, considerando todas las circunstancias, la referida Decisión y la decisión sobre la recapitalización tienen un efecto neto positivo para las partes demandantes antedichas. Puesto que los requisitos de admisibilidad de un recurso, en particular la inexistencia de interés en ejercitar la acción son causas de inadmisión por motivos de orden público (autos del Tribunal de Justicia de 7 de octubre de 1987, D.M./Consejo y CES, 108/86, Rec. p. 3933 , apartado 10, y del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de , Linea GIG/Comisión, T-398/02 R, Rec. p. II-1139 , apartado 45), corresponde al Tribunal de Primera Instancia verificar de oficio si las partes demandantes tienen interés en obtener la anulación de la Decisión impugnada (auto del Tribunal de Primera Instancia de , Gruppo ormeggiatori del porto di Venezia y otros/Comisión, T-228/00, T-229/00, T-242/00, T-243/00, T-245/00 a T-248/00, T-250/00, T-252/00, T-256/00 a T-259/00, T-265/00, T-267/00, T-268/00, T-271/00, T-274/00 a T-276/00, T-281/00, T-287/00 y T-296/00, Rec. p. II-787 , apartado 22, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Sniace/Comisión, T-141/03, Rec. p. II-1197 , apartado 22). Con carácter preliminar, debe recordarse que el artículo 230 CE hace una clara distinción entre el derecho a interponer un recurso de anulación de las instituciones comunitarias y de los Estados miembros, por una parte, y el de las personas físicas y jurídicas, por otra, de modo que el párrafo segundo de dicho artículo concede en particular a todo Estado miembro el derecho a impugnar, mediante un recurso de anulación, la legalidad de las decisiones de la Comisión, sin que el ejercicio de dicho derecho esté supeditado a la justificación de un interés para ejercitar la acción. En consecuencia, para que su recurso sea admisible, un Estado miembro no tiene que demostrar que un acto de la Comisión que impugna produce efectos jurídicos frente a él. No obstante, para que un acto de la Comisión pueda ser objeto de un recurso de anulación por parte de un Estado miembro, debe estar destinado a producir efectos jurídicos (véase el auto del Tribunal de Justicia de 27 de noviembre de 2001, Portugal/Comisión, C-208/99, Rec. p. I-9183 , apartados 22 a 24, y la jurisprudencia citada). Por lo que respecta al recurso interpuesto por el Reino de Dinamarca, es patente, habida cuenta del tenor del artículo 230 CE, párrafo segundo, y a la luz de la jurisprudencia recordada en el apartado precedente, que dicha parte demandante, por su mera condición de Estado miembro, está legitimada para interponer un recurso de anulación en el caso de autos. En efecto, ha quedado acreditado que la Decisión impugnada, en la medida en que produce efectos jurídicos vinculantes, es un acto decisorio. En tales condiciones, carece de toda pertinencia la alegación de la Comisión según la cual, si se consideran todas las circunstancias, la Decisión impugnada y la decisión sobre la recapitalización tienen un efecto neto positivo para el Reino de Dinamarca, el cual no tendría, por ello, interés en ejercitar la acción. En todo caso, dicha alegación de la Comisión se basa en el postulado, no demostrado, de que la decisión sobre la recapitalización no será anulada por el Tribunal de Primera Instancia en el marco de los recursos de anulación, actualmente en trámite, interpuestos contra la referida decisión por SBS (asunto T-12/05) y por Viasat (asunto T-16/05). Por lo que respecta al recurso interpuesto por TV2 A/S, procede recordar que, según reiterada jurisprudencia, la admisibilidad de un recurso de esas características está supeditada al requisito de que la persona física o jurídica que lo interpone tenga interés en obtener la anulación del acto impugnado. Dicho interés debe ser existente y real y debe apreciarse en el momento de la interposición del recurso (sentencia Sniace/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 25, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 20 de septiembre de 2007, Salvat père & fils y otros/Comisión, T-136/05, Rec. p. II-4063 , apartado 34). Un interés de este tipo supone que la anulación de ese acto pueda tener, de por sí, consecuencia jurídicas o, en otros términos, que el recurso pueda procurar, por su resultado, un beneficio a la parte que lo haya interpuesto (véase la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 28 de septiembre de 2004, MCI/Comisión, T-310/00, Rec. p. II-3253 , apartado 44, y la jurisprudencia citada). En el caso de autos, es preciso señalar que, en la Decisión impugnada, la Comisión estimó, en primer lugar, que las medidas financieras de las que se ha beneficiado TV2 debían calificarse como ayudas de Estado y, después, examinó si éstas últimas podían considerarse compatibles con el mercado común a la luz de los requisitos establecidos en el artículo 86 CE, apartado 2, apreciando, en este caso concreto, si la financiación pública era proporcional a las necesidades del servicio público. La Comisión concluyó que las ayudas concedidas de 1995 a 2002 a TV2, consistentes en el canon y en las demás medidas descritas en la referida Decisión, eran compatibles con el mercado interior según lo dispuesto en el artículo 86 CE, apartado 2, excepto un importe de 628,2 millones de DKK (artículo 1 de la Decisión impugnada). TV2 A/S es la empresa designada en la Decisión impugnada como el beneficiario efectivo de las medidas calificadas como ayudas parcialmente incompatibles y es, por tanto, a esta empresa a la que el Reino de Dinamarca tenía la obligación de reclamarle la devolución de las referidas ayudas (considerando 163 y artículo 2 de la Decisión impugnada). Además, ha quedado acreditado que TV2 A/S ha efectivamente transferido al Reino de Dinamarca la totalidad de los importes adeudados en aplicación de la referida obligación. Procede considerar que, en tales circunstancias, TV2 A/S tiene interés en ejercitar la acción contra la Decisión impugnada, ya sea para obtener su anulación total o su anulación parcial. A este respecto, es importante subrayar, en primer lugar, que el presente asunto, que se refiere a una Decisión en la que se declara la existencia de una ayuda parcialmente compatible y parcialmente incompatible, se distingue de aquellos asuntos que dieron lugar a una jurisprudencia en la que se establece que, si concurren una serie de condiciones, es inadmisible, debido a la inexistencia de interés para ejercitar la acción, el recurso interpuesto por el beneficiario de una ayuda contra una decisión de la Comisión en la que se califica una medida como ayuda totalmente compatible con el mercado común (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 30 de enero de 2002, Nuove Industrie Molisane/Comisión, T-212/00, Rec. p. II-347 , y Sniace/Comisión, citada en el apartado 62 supra). En segundo lugar, es preciso señalar que, en el caso de autos, las condiciones en las que la Comisión apreció la compatibilidad de las ayudas de que se trata impiden examinar la admisibilidad del recurso de TV2 A/S procediendo a separar la Decisión impugnada en dos partes, una de ellas la que califica las medidas controvertidas como ayudas de Estado parcialmente incompatibles con el mercado común y otra la que las califica como ayudas de Estado parcialmente compatibles. En la Decisión impugnada, la Comisión verificó si el conjunto de las medidas de financiación estatal de que se trataba superaba, a lo largo del período investigado, los costes netos de la prestación del servicio de interés económico general. Por consiguiente, la institución apreció de forma global las antedichas medidas y procedió a un cálculo que mostró, in fine, la existencia de un exceso en la compensación de 628,2 millones de DKK que fue considerado incompatible, lo cual ha determinado posteriormente y de forma correlativa la existencia de un importe de ayuda compatible. Por tanto, del análisis de la Comisión se desprende la interdependencia y el carácter indisociable de las calificaciones de compatibilidad y de incompatibilidad de las medidas controvertidas. En consecuencia, esta situación se distingue también de aquella que llevó al juez comunitario a declarar inadmisible, por falta de interés para ejercitar la acción, el recurso de anulación interpuesto por el beneficiario de una ayuda contra una decisión de la Comisión, en la medida en que, en una disposición específica de su parte dispositiva, declaraba compatible con el mercado común una de las tres medidas de financiación controvertidas, individualmente considerada (sentencia Salvat père & fils y otros/Comisión, citada en el apartado 67 supra, apartado 48). Además, por las mismas razones que las que se expusieron en el apartado 66, in fine, supra, el interés en ejercitar la acción de TV2 A/S no puede ser puesto en entredicho por el argumento de la Comisión basado en la existencia de un efecto neto global supuestamente positivo de la Decisión impugnada y de la decisión sobre la recapitalización. En cualquier caso, aun suponiendo que procediese examinar la admisibilidad del recurso de TV2 A/S contra la Decisión impugnada, por una parte, en la medida en que ésta califica las medidas controvertidas como ayudas de Estado parcialmente incompatibles con el mercado común, y por otra parte, en la medida en que califica dichas medidas como parcialmente compatibles, no por ello el recurso dejaría de ser admisible, incluso por lo que se refiere al último de los aspectos. Es preciso recordar que para que un demandante pueda alegar un interés por lo que se refiere a una situación jurídica futura, es necesario que demuestre que el perjuicio respecto de dicha situación se presenta, desde ese mismo momento, como cierto. Por lo tanto, un demandante no puede invocar situaciones futuras e inciertas para acreditar su interés en solicitar la anulación del acto impugnado (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 17 de septiembre de 1992, NBV y NVB/Comisión, T-138/89, Rec. p. II-2181 , apartado 33). De la jurisprudencia, elaborada en el marco de recursos de anulación interpuestos por el beneficiario de la ayuda contra una decisión de la Comisión en la que se declara totalmente compatible con el mercado común la ayuda de que se trata o se declara compatible una de las tres medidas de financiación controvertidas, se desprende que el interés en ejercitar la acción puede deducirse de la existencia de un verdadero «riesgo» de que la situación jurídica de los demandantes se vea afectada por acciones judiciales (véase, en este sentido, la sentencia Salvat père & fils y otros/Comisión, citada en el apartado 67 supra, apartado 43), o también de que el «riesgo» de acciones judiciales sea existente y real (sentencia Sniace/Comisión, citada en el apartado 62 supra, apartado 28) en el momento de la interposición del recurso ante el juez comunitario. El Tribunal de Primera Instancia señala que, en sus observaciones de 10 de noviembre de 2006 y, posteriormente, en la vista, TV2 A/S indicó, sin ser contradicha, que era objeto, junto con el Reino de Dinamarca, de una acción judicial entablada por Viasat, en febrero de 2006, ante el Østre Landstre (Tribunal Regional del Este), acción dirigida a que se les condenase, solidaria o separadamente, a pagar a Viasat un importe de 200 millones de DKK y basada en que, según esta última, la ayuda de Estado no fue notificada a la Comisión y en que dicha ayuda ilegal había permitido a TV2 seguir, para la venta de sus espacios publicitarios, una estrategia de precios bajos que causó un perjuicio a Viasat. TV2 A/S precisó, sin ser tampoco contradicha, que el procedimiento ante el Østre Landsret fue suspendido a la espera de las sentencias del Tribunal de Primera Instancia en los asuntos relativos a la legalidad de la Decisión impugnada. Si bien ha quedado acreditado que TV2 A/S interpuso su recurso de anulación ante el Tribunal de Primera Instancia antes de que Viasat iniciase una acción a nivel nacional, el Tribunal de Primera Instancia considera que el carácter existente y real del riesgo de que tuviese lugar una acción judicial a nivel nacional en el momento de la interposición del recurso de TV2 A/S ha quedado, en el caso de autos, más que ampliamente demostrado por el hecho de que dicho riesgo, no permaneció tan sólo en estado latente, sino que se materializó concretamente en la acción judicial de Viasat actualmente pendiente ante el juez nacional y cuyo curso, además, ha sido precisamente suspendido a la espera de la resolución del Tribunal de Primera Instancia. En consecuencia, TV2 A/S tiene interés en que se anule la Decisión impugnada en su conjunto, es decir, también en la medida en que califica las medidas controvertidas como ayudas de Estado parcialmente compatibles con el mercado interior. Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que los presentes recursos de anulación de la Decisión impugnada son admisibles. Sobre el fondo Los recursos T-309/04 y T-317/04 comprenden nueve motivos. El primer motivo se basa en la vulneración del derecho de defensa. El segundo motivo se basa en la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en que ni el producto del canon ni los ingresos publicitarios transferidos a TV2 por medio del Fondo de TV2 son fondos estatales. El tercer motivo se basa en un error en el cálculo del exceso de compensación. El cuarto motivo se basa en que el supuesto exceso de compensación constituye un beneficio razonable. El quinto motivo se basa en que, debido a la inexistencia de subvención cruzada, el exceso de compensación no constituye una ayuda de Estado. El sexto motivo se basa en la inexistencia de ayuda de Estado, ya que la financiación estatal cumplía el criterio del inversor privado en una economía de mercado. El séptimo motivo se basa en que el exceso de compensación constituiría una reserva necesaria para el cumplimiento de la misión de servicio público. El octavo motivo se basa en la ilegalidad de la recuperación de la ayuda concedida a TV2 A/S y en la vulneración de los principios de protección de la confianza legítima y de seguridad jurídica. El noveno motivo se basa en la ilegalidad de la Decisión impugnada por lo que respecta a la recuperación de los intereses. El recurso en el asunto T-329/04 comprende tres motivos. El primer motivo se basa en que se calificó erróneamente como servicio de interés económico general (en lo sucesivo, «SIEG») la misión de servicio público de TV2. El segundo motivo se basa en la inadaptación del criterio del operador comercial eficaz, en el sentido del apartado 58 de la Comunicación sobre la radiodifusión, a la hora de apreciar la subvención cruzada de la venta de espacios publicitarios por medio de la financiación del servicio público, y en que dicha apreciación debería realizarse en el marco del artículo 87 CE, apartado 1, teniendo en cuenta el grado de eficacia de TV2. El tercer motivo se basa en la inadaptación del criterio de la maximización de los ingresos a la hora de apreciar la antedicha subvención cruzada. El recurso en el asunto T-336/04 comprende ocho motivos. El primer motivo se basa en la infracción del artículo 86 CE, apartado 2, y de los artículos 87 CE y 88 CE, debido a la declaración de la compatibilidad de una ayuda que era, sin embargo, ilegal puesto que no había sido notificada. El segundo motivo se basa en que se calificó erróneamente como SIEG la misión de servicio público de TV2. El tercer motivo se basa en la infracción del artículo 86 CE, apartado 2, y de los artículos 87 CE y 88 CE, así como del Protocolo de Ámsterdam, debido a la aprobación de la ayuda de Estado de que se trata sobre la base del criterio de la maximización de los ingresos y a que se hizo recaer la carga de la prueba sobre SBS. También se basa en un error manifiesto de apreciación. El cuarto motivo se basa en errores manifiestos de apreciación en la aplicación del criterio de la maximización de los ingresos. El quinto motivo se basa en una aplicación ilegal, habida cuenta de las dudas de la Comisión, del artículo 86 CE, apartado 2. El sexto motivo se basa en la aplicación manifiestamente errónea del artículo 86 CE, apartado 2, a la ayuda concedida a TV2 Zulu. El séptimo motivo se basa en la inexistencia de un examen de la proporcionalidad entre los costes netos de TV2 y sus obligaciones de servicio público. El octavo motivo se basa en la infracción del artículo 86 CE, apartado 2, y en errores manifiestos en la apreciación que la Comisión hizo del control publico danés del cumplimiento por parte de TV2 de su misión de servicio público. El Tribunal de Primera Instancia considera necesario examinar, en primer lugar, de forma conjunta, el primer motivo del recurso T-329/04 y el segundo motivo del recurso T-336/04, basados en que se calificó erróneamente como SIEG la misión de servicio público de TV2. Sobre le primer motivo del recurso T-329/04 y el segundo motivo del recurso T-336/04, basados en que, en la Decisión impugnada, se calificó erróneamente como SIEG la misión de servicio público de TV2 — Alegaciones de las partes Mediante los presentes motivos, SBS y Viasat cuestionan la Decisión impugnada en la medida en que la Comisión consideró aceptable a la luz del concepto de SIEG la definición de las obligaciones de servicio público de TV2. A su entender, dicha definición es demasiado amplia e imprecisa. SBS señala que, a su juicio, al estar definidas en función de los objetivos que deben alcanzarse, las obligaciones de servicio público de TV2 dejan a este radiodifusor que elija discrecionalmente los medios y le dan, por tanto, la posibilidad de hacer entrar cualquier actividad dentro del perímetro del servicio público financiado por el Estado. A su juicio, el servicio público sólo puede incluir los programas de televisión no rentables, al menos en el caso de los radiodifusores de servicio público financiados de forma mixta, es decir, al mismo tiempo por el Estado y mediante la venta de espacios publicitarios. En efecto, a su entender, un radiodifusor de servicio público que se beneficie de una financiación mixta se verá irremediablemente obligado a hacer descender los precios de la publicidad, con el fin de reducir los ingresos de los operadores comerciales. En su opinión, la definición del servicio público de TV2 no es aceptable porque no difiere de las obligaciones que la ley danesa impone a las empresas de radiodifusión comerciales. Además, a su juicio, la Comisión no examinó correctamente la misión de servicio público de TV2, ya que no llevó a cabo ningún examen de dicha misión por lo que respecta al período 1995-2000. Asimismo, en su opinión, considerar que el conjunto de la programación de TV2 es un servicio público resulta incompatible con la Comunicación sobre la radiodifusión porque el conjunto de dicha programación no genera costes «suplementarios», en el sentido del apartado 44 de dicha Comunicación. Aun cuando una definición amplia del servicio público de radiodifusión resultase aceptable, sería contrario al artículo 86 CE, apartado 2, considerar que la totalidad de los costes del radiodifusor están vinculados al servicio público. En efecto, a su entender, dicha interpretación incumpliría el requisito de que únicamente pueden compensarse los costes en los que el radiodifusor «no habría incurrido en condiciones normales». Viasat alega que una parte importante de la programación de TV2 no se distingue en nada ni de su propia programación ni de la de SBS A/S. A su juicio, la Comisión debería haber llevado a cabo un análisis exhaustivo de las categorías de programas de TV2, compararlas con las de los canales comerciales de televisión e identificar, de este modo, las categorías que tienen un contenido de servicio público. La Comisión, apoyada por TV2/AS, el Reino de Dinamarca y la UER, alega que la postura de las demandantes se basa en una concepción excesivamente restrictiva del concepto de SIEG. Recuerda la libertad que se reconoce a los Estados miembros a la hora de definir los SIEG, libertad subrayada —por lo que se refiere al sector de la radiodifusión— en el Protocolo de Ámsterdam. Recuerda también que, por lo que respecta a la definición de un SIEG, su misión de control se limita a verificar que dicha definición no adolece de un error manifiesto. La Comisión señala que la definición de la misión de servicio público de TV2 no es ni vaga ni imprecisa y no tiene nada de inhabitual con respecto a las definiciones adoptadas en otros Estados miembros. A su entender, la alegación de las demandantes, en realidad, no se refiere a la precisión de la antedicha definición, sino al alcance de la misión confiada a TV2. En su opinión, la pretensión de que el SIEG de la radiodifusión debe estar circunscrito a las emisiones no rentables es errónea. A su juicio, la argumentación según la cual las demandantes ofrecen los mismos programas que TV2 resulta infundada y, en cualquier caso, sería simplista decir que la producción de TV2 no constituye un SIEG porque las empresas de radiodifusión comerciales ofrecen el mismo tipo de programación. Por lo que se refiere a la crítica basada en que tendría que haber comparado las programaciones respectivas de TV2 y de las empresas de radiodifusión comerciales, la Comisión indica que ésta no es una tarea que le corresponda llevar a cabo. A su entender, son los Estados miembros los que establecen el alcance de la misión de servicio público disponiendo a este respecto de una amplia facultad de apreciación. En cuanto a la supuesta identidad entre las obligaciones de TV2 y las impuestas a los canales comerciales, la Comisión señala que del considerando 87 de la Decisión impugnada se desprende que, conforme a la Ley, únicamente TV2 está expresamente obligada a cumplir una misión de servicio público. A su juicio, las obligaciones que de ello se derivan para TV2 van más allá de los requisitos a los que está supeditada la obtención de un permiso de emisión. Además, en su opinión, el hecho de que TV2 se beneficiase de una financiación mixta no tiene influencia en lo que atañe a la definición del SIEG, ya que ello sólo pasa a ser relevante en el momento en que se lleva a cabo el examen de la proporcionalidad. La Comisión señala que las ganancias de cuotas de mercado por lo que respecta a la audiencia no constituyen la razón de ser de un radiodifusor de servicio público. Por último, por lo que se refiere a la alegación basada en el apartado 44 de la Comunicación sobre la radiodifusión, la Comisión alega que, en el marco de una misión de servicio público que exige que la programación de un radiodifusor responda a determinados criterios y habida cuenta de que se admite que dicha misión puede implicar poner a disposición del público una programación equilibrada y variada, todos los programas elaborados en el marco de dicha misión deben considerarse «suplementarios» en el sentido del mencionado apartado 44. — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia En primer lugar, es preciso recordar que, tal como declara la jurisprudencia (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 27 de febrero de 1997, FFSA y otros/Comisión, T-106/95, Rec. p. II-229 , apartado 99) y tal como la Comisión expone en su Comunicación de sobre los servicios de interés general en Europa [COM(2000) 580 final, apartado 22], los Estados miembros disponen de un amplio margen de apreciación a la hora de definir lo que consideran SIEG. En consecuencia, la definición de estos servicios por parte de un Estado miembro sólo puede ser cuestionada por la Comisión en caso de error manifiesto (conclusiones del Abogado General Léger en el asunto en que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de , Wouters y otros, C-309/99, Rec. pp. I-1577 y ss., especialmente p. I-1583 , punto 162; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Olsen/Comisión, T-17/02, Rec. p. II-2031 , apartado 216). Por otra parte, la importancia de los SIEG para la Unión Europea y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento de los mismos han sido destacadas por la inserción en el Tratado CE, por el Tratado de Ámsterdam, del artículo 16 CE (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Alber en el asunto en que recayó la sentencia de 17 de mayo de 2001, TNT Traco, C-340/99, Rec. pp. I-4109 y ss., especialmente p. I-4112 , punto 94; del Abogado General Jacobs en los asuntos en que recayeron las sentencias del Tribunal de Justicia de , Ambulanz Glöckner, C-475/99, Rec. pp. I-8089 y ss., especialmente p. I-8094 , punto 175, y de , GEMO, C-126/01, Rec. pp. I-13769 y ss., especialmente p. I-13772 , punto 124, y del Abogado General Poiares Maduro en el asunto en que recayó la sentencia del Tribunal de Justicia de , FENIN/Comisión, C-205/03 P, Rec. pp. I-6295 y ss., especialmente p. I-6297 , punto 26, nota a pie de página n o 35; véase también el auto del Presidente del Tribunal de Primera Instancia de , Poste Italiane/Comisión, T-53/01 R, Rec. p. II-1479 , apartado 132). Por lo que respecta, más en particular, al SIEG de radiodifusión, el Tribunal de Justicia, en su sentencia prejudicial de 30 de abril de 1974, Sacchi ( 155/73, Rec. p. 409 ) relativa, en concreto, a si el derecho exclusivo, concedido por un Estado miembro a una empresa, a efectuar toda clase de emisiones televisivas, incluso con fines de publicidad, constituía una violación de las reglas de la competencia, reconoció, en sustancia, que los Estados miembros podían definir legítimamente un SIEG de radiodifusión que abarcara la difusión de una programación generalista. En efecto, en dicha sentencia, el Tribunal de Justicia declaró que «nada se opone en el Tratado a que los Estados miembros, en virtud de consideraciones de interés público, de naturaleza no económica, sustraigan del juego de la competencia las emisiones de radiotelevisión […] otorgando a una o varias entidades el derecho exclusivo para ello» (sentencia Sacchi, antes citada, apartado 14; véanse también las conclusiones presentadas por el Abogado General Reischl en ese mismo asunto, Rec. pp. 443 y ss., especialmente p. 445, puntos 2 a 5, y del Abogado General Léger en el asunto en que recayó la sentencia Wouters y otros, citada en el apartado 101 supra, punto 163). Por otra parte, cuando los Estados miembros dispusieron en el Protocolo de Ámsterdam que «el sistema de radiodifusión pública de los Estados miembros está directamente relacionado con las necesidades democráticas, sociales y culturales de cada sociedad y con la necesidad de preservar el pluralismo de los medios de comunicación», se referían directamente a los sistemas de servicio público de radiodifusión establecidos por ellos y encargados de la difusión de programas televisivos generalistas en beneficio de toda la población de estos Estados. Finalmente, procede recordar los términos en los que el Consejo y los Estados miembros, en su resolución de 25 de enero de 1999 sobre el servicio público de radiodifusión ( DO C 30, p. 1 ), reafirmaron la importancia del SIEG de radiodifusión. En dicha resolución, los Estados miembros, «considerando que el servicio público de radiodifusión cumple unas funciones culturales, sociales y democráticas que redundan en beneficio de todos, y tiene por ello una importancia capital para garantizar la democracia, el pluralismo, la cohesión social y la diversidad cultural y lingüística, destacando que la creciente diversificación de los programas propuestos en el nuevo entorno de los medios de comunicación acrecienta la importancia de la función global de los organismos públicos de radiodifusión, y recordando la afirmación de la competencia de los Estados miembros con respecto a la función y financiación establecida en el [Protocolo de Ámsterdam]», señalaron y reafirmaron que dicho Protocolo confirma «[su] deseo […] [de] reforzar el papel del servicio público de radiodifusión», que «es necesario que los servicios públicos de radiodifusión puedan seguir ofreciendo una programación diversificada acorde con la función que le hayan asignado los respectivos Estados miembros, a fin de atender a la sociedad en su conjunto» y que, «en este sentido es legitimo que los servicios públicos de radiodifusión hagan lo posible para llegar a una amplia audiencia». La facultad que tiene un Estado miembro de definir el SIEG de radiodifusión en términos amplios, que incluyan la difusión de una programación generalista, no puede cuestionarse por el hecho de que el radiodifusor de servicio público ejerza, además, actividades comerciales, en concreto la venta de espacios publicitarios. Tal cuestionamiento, en efecto, supondría hacer depender la propia definición del SIEG de radiodifusión de su forma de financiación. Pues bien, un SIEG se define, por principio, atendiendo al interés general que pretende satisfacer y no en consideración a los medios que garantizarán su prestación. Según señaló la Comisión en el apartado 36 de la Comunicación sobre la radiodifusión, «la cuestión de la definición de la misión de servicio público no debe confundirse con la del mecanismo financiero elegido para prestar estos servicios». Por las mismas razones, SBS y Viasat afirman equivocadamente que el SIEG de radiodifusión debería, al menos en los casos en que el radiodifusor de servicio público se beneficia de una financiación mixta, limitarse a la difusión de emisiones no rentables. Debe desestimarse por estar basada en una presuposición la alegación según la cual un radiodifusor encargado de un SIEG definido en términos amplios y cualitativos y que se beneficia de una financiación mixta se verá inevitablemente obligado, mediante la aplicación de precios artificialmente bajos en la venta de sus espacios publicitarios, a subvencionar su actividad comercial a través de la financiación estatal del servicio público. En efecto, dicho comportamiento constituye todo lo más un riesgo, que corresponde a los Estados miembros prevenir y a la Comisión, en su caso, sancionar. Por lo que respecta a la referencia hecha por las demandantes al apartado 44, segunda frase, de la Comunicación sobre la radiodifusión, según el cual «[las obligaciones de servicio público] pueden justificar una compensación en la medida en que generen costes suplementarios en los que el organismo de radiodifusión no habría incurrido en condiciones normales», el Tribunal de Primera Instancia señala que esta frase en modo alguno tiene por objeto, mediante una supuesta alusión —resultante de la referencia a los costes «suplementarios»— a que forzosamente existirían a contrario costes «no suplementarios», excluir la posibilidad de una definición amplia del SIEG de radiodifusión y, por tanto, la posibilidad de una financiación del conjunto de los costes del radiodifusor de servicio público. El apartado 44 de la Comunicación sobre la radiodifusión tiene únicamente por objeto hacer patente, en términos que permitan englobar todas las situaciones posibles, comprendiendo tanto el SIEG de radiodifusión definido de forma restringida y puramente cuantitativa como el SIEG de radiodifusión definido de forma amplia y cualitativa, la exigencia de proporcionalidad aplicable a la compensación de los costes de servicio público. Por consiguiente, considerar, como afirma la Comisión, que todos los programas elaborados en el marco de un SIEG de radiodifusión definido de forma amplia y cualitativa son «suplementarios», en el sentido del apartado 44 de la Comunicación sobre la radiodifusión, y, por tanto, considerar que todos los costes del radiodifusor encargado de dicho SIEG son «suplementarios» y, en consecuencia, pueden ser financiados por el Estado, no supone ningún error, contrariamente a lo que defienden las demandantes. El Tribunal de Primera Instancia añade que adoptar la postura de las demandantes equivaldría a condenar de facto los sistemas de televisión de servicio público en los que el radiodifusor de servicio público no tiene acceso a la financiación a través de la publicidad y depende, por tanto, de la ayuda del Estado para hacer frente a la totalidad de sus costes. En efecto, conforme a la postura de las demandantes, incluso en estos casos, determinados costes —a saber, los supuestos «costes no suplementarios», cuya existencia las demandantes afirman que se deduce necesariamente del tenor del apartado 44 de la Comunicación sobre la radiodifusión— no podrían ser compensados por el Estado. A esta circunstancia es a la que se refiere, en esencia, la Comisión, cuando alega que la postura de las demandantes presupone que, en caso de que no hubiese ayuda de Estado, TV2 continuaría, no obstante, existiendo como radiodifusor financiado por medio de fondos privados, lo cual se ve, sin embargo, a su juicio, desmentido por la realidad de los hechos. Del conjunto de consideraciones anteriores se desprende que la competencia de los Estados miembros para definir el SIEG de radiodifusión en términos amplios y cualitativos, de forma que abarque la difusión de un amplio abanico de programas, no puede cuestionarse, del mismo modo que tampoco puede cuestionarse la facultad de los Estados miembros de recurrir, para financiar dicho SIEG, a la financiación publicitaria. En segundo lugar, procede examinar si, en el caso de autos, la Comisión incurrió en un error al considerar, en la Decisión impugnada, que podía aceptarse la definición realizada por el Reino de Dinamarca del SIEG del que TV2 estaba encargada. En el considerando 84 de la Decisión impugnada, la Comisión declaró que «de acuerdo con la ley [danesa], TV2 tiene la obligación, como prestador de servicio público, “de ofrecer al público danés por televisión, radio, Internet o un medio similar una amplia gama de programas y servicios, entre los que se contarán noticias, información, instrucción, arte y entretenimiento”». En este considerando, la Comisión hace referencia al considerando 15 de la Decisión impugnada, en el cual se dice que la ley danesa establece que «se aspirará a que la oferta [televisiva de TV2] sea de calidad, universal y diversa», que «a la hora de determinar la programación, se atribuirá una importancia decisiva a la libertad de información y de expresión» y que, «además, se dará una importancia especial a la lengua y la cultura danesas». En el considerando 85 de la Decisión impugnada, la Comisión estimó que «a pesar de [que] las obligaciones televisivas de TV2 están ampliamente definidas desde un punto de vista cualitativo y jurídico, […] una definición tan “amplia” de su misión concuerda con la Comunicación de servicios públicos de radiodifusión». El Tribunal de Primera Instancia considera que esta apreciación de la Comisión no es incorrecta. Es cierto que la definición adoptada por las autoridades danesas es una definición amplia, ya que, al ser de carácter esencialmente cualitativo, deja al radiodifusor establecer libremente su programación. Sin embargo, dicha definición no incurre en la imputación de imprecisión que alegan las demandantes. Al contrario, el mandato de TV2 es perfectamente claro y preciso: ofrecer al conjunto de la población danesa una programación televisiva variada que aspire a la calidad, la universalidad y la diversidad. Además, en la medida en que, mediante la referida imputación de imprecisión, las demandantes pretendiesen cuestionar la libertad que las autoridades danesas dejan a TV2 en lo que atañe a la definición concreta de su programación, es preciso señalar que en absoluto es anormal, sino más bien lo contrario, que un radiodifusor de servicio público goce, sin perjuicio, claro está, del respeto de las exigencias cualitativas a las que está sometido en su condición de operador encargado del SIEG de televisión, de independencia editorial con respecto al poder político a la hora de realizar la elección concreta de los programas. En este sentido, la UER, parte coadyuvante en apoyo de la Comisión, señala acertadamente la importancia que, para la protección de la libertad de expresión, tiene la independencia editorial del servicio público de la radiodifusión con respecto a los poderes públicos, libertad de expresión que el artículo 11 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, proclamada en Niza el 7 de diciembre de 2000 ( DO C 364, p. 1 ), y el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el , definen comprendiendo en ella «la libertad de opinión y la libertad de recibir o comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras». En cuanto al hecho de que la Comisión se hubiese supuestamente circunscrito, equivocadamente, a la definición de la misión de servicio público de TV2 tal y como se recogía en la Ley sobre la radiodifusión en su versión aplicable en 2000, el Tribunal de Primera Instancia considera que nada indica que dicha definición, utilizada por la Comisión en el considerando 15 de la Decisión impugnada y extraída, en realidad, de la Ley sobre la radiodifusión en su versión de publicación consolidada n o 203, de 22 de marzo de 2001, no reflejase adecuadamente las obligaciones de servicio público exigibles a TV2 también durante la parte del período investigado anterior a 2000. En consecuencia, tanto esta definición como la aplicable con anterioridad (contenida en la Ley sobre la radiodifusión en su versión de publicación consolidada n o 578, de ) comprenden las mismas exigencias de «calidad, de universalidad y de diversidad», que son las exigencias cualitativas esenciales del servicio público de radiodifusión confiado a TV2. Además, estas dos definiciones tienen en común que ambas hacen patente que el conjunto de las actividades de radiodifusión de TV2 deben estar sujetas a las exigencias antedichas. Por lo que se refiere a la alegación de las demandantes basada en que, a su entender, la definición del servicio público de TV2 no es aceptable porque no difiere de las obligaciones que la ley danesa impone a las empresas de radiodifusión comerciales, la Comisión, en el considerando 87 de la Decisión impugnada, alega que debe distinguirse entre las condiciones para obtener el permiso que una empresa comercial de televisión debe reunir en relación con el interés general y la encomienda por parte del Estado de una misión de interés general a una empresa pública o privada. A su juicio, es evidente que a TV2 se le ha encargado una misión de este tipo y que dicha misión va más allá de las obligaciones impuestas por la legislación danesa a toda empresa de radiodifusión comercial. Además, la Comisión explica que, entre las demandantes, únicamente SBS A/S está sometida al Derecho danés y puede, por tanto, ampararse en este argumento, ya que SBS Ltd y Viasat ejercen sus actividades en virtud de permisos otorgados por el Reino Unido y no están, por consiguiente, sujetas a la normativa danesa. El Tribunal de Primera Instancia estima que estas consideraciones de la Comisión son exactas. Si bien SBS A/S, al igual que todo radiodifusor al que le resulte aplicable la ley danesa, ha podido estar sujeta, como contrapartida del permiso de emisión, a determinadas obligaciones establecidas en aras del interés general y recordadas en el considerando 18 de la Decisión impugnada, tales como la obligación de emitir programas locales, como mínimo, durante una hora diaria y de emitir una parte importante de su programación en lengua danesa o para el público danés, sin embargo, esas obligaciones no son comparables a las obligaciones de servicio público impuestas a TV2. Estas últimas obligaciones contemplan la puesta a disposición del conjunto de la población danesa de una programación variada que satisfaga las exigencias de calidad, de universalidad y de diversidad. Las antedichas obligaciones condicionan el conjunto de las actividades televisivas de TV2, y ello, de un modo más restrictivo que las obligaciones mínimas previstas en la ley danesa para la concesión de un permiso de radiodifusión. Así pues, la Comisión, en el considerando 87 de la Decisión impugnada, desestimó acertadamente la alegación de las demandantes basada, en esencia, en la vulneración del principio de igualdad de trato. En cuanto a la alegación basada en que TV2 no debería tener la consideración de canal de servicio público, ya que su programación no se distingue de la de los canales comerciales, y en que la Comisión debería haber llevado a cabo un estudio comparativo de las programaciones respectivas de TV2 y de las cadenas comerciales, hay que decir que es preciso desestimarla. Acoger esta alegación y hacer, por tanto, depender, a través de un análisis comparativo de las programaciones, la definición del SIEG de radiodifusión del perímetro de la programación de las empresas de radiodifusión comerciales, tendría el efecto de privar a los Estados miembros de su competencia para definir el servicio público. En efecto, la definición del SIEG dependería, en definitiva, de los operadores comerciales y de sus decisiones de emitir o no determinados programas. Como señala acertadamente TV2 A/S, los Estados miembros no pueden verse limitados, a la hora de definir la misión del servició público de radiodifusión, por las actividades de los canales de televisión comercial. De las consideraciones anteriores se desprende que las demandantes no han demostrado que la Comisión estimase equivocadamente que la definición amplia y cualitativa del SIEG de radiodifusión llevado a cabo por TV2 no era manifiestamente errónea y podía, por tanto, ser aceptada. Por tanto, deben desestimarse el primer motivo del recurso T-329/04 y el segundo motivo del recurso T-336/04. El Tribunal de Primera Instancia considera que, a continuación, es preciso examinar, sucesivamente, los motivos primero y segundo de los recursos T-309/04 y T-317/04, basados, por lo que se refiere al primer motivo, en la vulneración del derecho de defensa y, por lo que se refiere al segundo motivo, en la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en que ni el producto del canon ni los ingresos publicitarios transferidos a TV2 por medio del Fondo de TV2 son fondos estatales. Sobre el primer motivo de los recursos T-309/04 y T-317/04, basado en la vulneración del derecho de defensa — Alegaciones de las partes El Reino de Dinamarca y TV2 A/S alegan, en esencia, que, en la Decisión impugnada, la Comisión se pronunció sobre cuestiones que no figuraban en la decisión de incoación, que si no se hubiera producido esta vulneración del derecho de defensa la Decisión impugnada habría sido diferente y que la Comisión, habida cuenta de diversas circunstancias específicas, tendría que haber sido más clara en la decisión de incoación. En primer lugar, a su juicio, la decisión de incoación daba a entender que el objeto del procedimiento de investigación formal era verificar si el supuesto exceso de compensación había efectivamente servido para que se produjese una subvención cruzada de las actividades comerciales de TV2 durante el período investigado. En su opinión, en la decisión de incoación no se había hecho ninguna referencia al principio del inversor privado en una economía de mercado (en lo sucesivo, «PIPEM») como un elemento jurídicamente importante. Es más, a su juicio, dicha decisión debía interpretarse en el sentido de que la Comisión no tenía intención de llevar a cabo un examen específico del respeto del PIPEM. En consecuencia, a su entender, su contenido no justificaba la presentación de una argumentación basada en si se había respetado el PIPEM en lo que atañe al supuesto exceso de compensación. Sin embargo, en su opinión, en la Decisión impugnada, la Comisión se pronunció acerca de si el Reino de Dinamarca se había comportado como un inversor privado en una economía de mercado. En segundo lugar, se sostiene que la Comisión habría apreciado de un modo distinto el expediente si el Reino de Dinamarca hubiera podido presentar sus alegaciones y la documentación pertinente. En efecto, a su juicio, la Decisión impugnada vino motivada, en particular, por la insuficiencia de los elementos presentados por el Reino de Dinamarca para probar el respeto del PIPEM. En tercer lugar, en su opinión, la Comisión nunca había sostenido que un exceso de compensación de las cargas de servicio público soportadas por un organismo público sin que, de hecho, hubiese habido una subvención cruzada pudiese constituir, en sí mismo, una ayuda de Estado contraria al Tratado. Ello tampoco se desprendería de la Comunicación sobre la radiodifusión, según la cual, un exceso de compensación solo plantearía problemas si se produjese una subvención cruzada de actividades comerciales (véase el apartado 58 de dicha comunicación) o si se influyese de otro modo en el desarrollo de los intercambios en una medida contraria al interés de la Comunidad [véase el apartado 29, inciso iii)]. El contexto anterior a la adopción de la decisión de incoación habría hecho creer al Reino de Dinamarca que el exceso de compensación no se consideraba, en sí mismo, como un problema. Por su parte, TV2 A/S señala que el hecho de que ella hubiese presentado o no observaciones en respuesta a la decisión de incoación carece de relevancia desde el punto de vista del respeto del derecho de defensa. A su juicio, en tanto que parte interesada y, además, directamente afectada por una decisión negativa, tenía un interés legítimo evidente en que se respetase el marco definido en la decisión de incoación. La Comisión, apoyada, en esencia, en el asunto T-309/04, por SBS, recuerda, en primer lugar, que la decisión de incoación del procedimiento de investigación formal no podía, a su juicio, contener una opinión exhaustiva y detallada sobre el asunto. Por lo demás, la decisión de incoación contenía, a su entender, una descripción exhaustiva de las cuestiones vinculadas tanto al exceso de compensación de los costes de servicio público como a la aplicación del PIPEM. Asimismo, en su opinión, el propio Reino de Dinamarca no interpretó dicha decisión en el sentido de que la investigación se refería únicamente a la subvención cruzada. En lo que atañe a TV2 A/S, la Comisión estima que al no haber presentado observaciones durante el procedimiento de investigación formal, no puede considerarse que se haya menoscabado su derecho de defensa. En segundo lugar, la Comisión niega que los elementos relativos al PIPEM a los que el Reino de Dinamarca se refiere en su recurso hubiesen podido dar lugar a un resultado diferente de aquel al que se llegó en la Decisión impugnada. En tercer lugar, en cuanto a las supuestas circunstancias específicas, la Comisión señala que el doble papel de las autoridades danesas, como autoridad pública y como supuesto inversor, implica el establecimiento de una distinción por lo que respecta a la aplicación de las normas relativas a las ayudas de Estado. A su juicio, estas normas son diferentes dependiendo de que se apliquen al Estado «autoridad pública» o al Estado inversor. A su entender, la Comunicación sobre la radiodifusión contiene directrices con respecto a la compensación de obligaciones de servicio público, pero no con respecto a las inversiones realizadas por el Estado en una empresa pública en condiciones de mercado. En su opinión, por lo que se refiere a la compensación de los servicios públicos, el punto de partida es que hay ayuda de Estado, aunque la Comisión verificaría, no obstante, si resulta aplicable la excepción del artículo 86 CE, apartado 2. Por lo que se refiere a las inversiones en las empresas públicas, la Comisión considera que su tarea principal es apreciar si la intervención del Estado puede asimilarse a la de un inversor privado en una economía de mercado. — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia Según reiterada jurisprudencia, el respeto de los derechos de defensa en cualquier procedimiento incoado contra una persona y que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho comunitario y debe garantizarse aun cuando no exista una normativa específica (véanse las sentencias del Tribunal de Justicia de 10 de julio de 1986, Bélgica/Comisión, 234/84. Rec. p. 2263 , apartado 27; de , Francia/Comisión, C-301/87, Rec. p. I-307 , apartado 29; de , Bélgica/Comisión, C-142/87, Rec. p. I-959 , apartado 46, y de , Alemania/Comisión, C-288/96, Rec. p. I-8237 , apartado 99, y la jurisprudencia citada; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, T-228/99 y T-233/99, Rec. p. II-435 , apartado 121). Este principio exige que a la persona contra la que la Comisión ha iniciado un procedimiento administrativo se le haya dado la ocasión, durante dicho procedimiento, de manifestar debidamente su punto de vista sobre la realidad y la oportunidad de los hechos y circunstancias alegadas, y sobre los documentos admitidos por la Comisión en apoyo de su alegación sobre la existencia de una infracción del Derecho comunitario (sentencia de , Bélgica/Comisión, antes citada, apartado 27). Por lo que se refiere a los derechos de las empresas beneficiarias de ayudas de Estado, procede señalar que el procedimiento administrativo en materia de ayudas estatales se incoa únicamente contra el Estado miembro de que se trate (sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de septiembre de 2002, Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, C-74/00 P y C-75/00 P, Rec. p. I-7869 , apartado 81). Las empresas beneficiarias de las ayudas sólo tienen la consideración de interesados en el procedimiento (sentencia Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalen/Comisión, citada en el apartado 136 supra, apartado 122). De ello se desprende que los interesados, como TV2 A/S, en el caso de autos, lejos de poder ampararse en el derecho de defensa, reconocido a las personas en contra de las cuales se inicia un procedimiento, sólo disponen del derecho a participar en el procedimiento administrativo en una medida adecuada en función de las circunstancias del caso concreto [sentencia Falck y Acciaierie di Bolzano/Comisión, antes citada, apartado 83; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de , British Airways y otros/Comisión, T-371/94 y T-394/94, Rec. p. II-2405 , apartado 60, y de , Kuwait Petroleum (Nederland)/Comisión, T-354/99, Rec. p. II-1475 , apartado 80]. Por otra parte, es preciso recordar que, de conformidad con el artículo 6 del Reglamento (CE) n o 659/1999 del Consejo, de 22 de marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo [88 CE] ( DO L 83, p. 1 ), cuando la Comisión decide incoar el procedimiento de investigación formal, la decisión de incoación puede limitarse a resumir las principales cuestiones de hecho y de Derecho, a incluir una valoración inicial de la medida estatal de que se trate dirigida a determinar si ésta tiene carácter de ayuda y a exponer las dudas sobre su compatibilidad con el mercado común (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Diputación Foral de Guipúzcoa y otros/Comisión, T-269/99, T-271/99 y T-272/99, Rec. p. II-4217 , apartado 104). La decisión de incoación debe permitir, de este modo, a las partes interesadas participar de manera eficaz en el procedimiento de investigación formal, durante el cual tendrán la posibilidad de formular sus alegaciones. Para ello, basta que las partes interesadas conozcan la razón que ha llevado a la Comisión a considerar provisionalmente que la medida de que se trata puede constituir una ayuda nueva incompatible con el mercado común (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 30 de abril de 2002, Government of Gibraltar/Comisión, T-195/01 y T-207/01, Rec. p. II-2309 , apartado 138, y Diputación Foral de Guipúzcoa y otros/Comisión, citada en el apartado 138 supra, apartado 105). Con independencia de que el PIPEM, invocado por el Reino de Dinamarca y TV2 A/S, resulte pertinente a la hora de apreciar, en materia de ayudas de Estado, la financiación estatal de los servicios públicos, el Tribunal de Primera Instancia considera que la decisión de incoación no puede interpretarse en el sentido de que haya podido inducir a las demandantes a llegar a la conclusión de que el exceso de compensación sólo plantearía dificultades en lo que atañe a la prohibición de las ayudas de Estado en caso de que se produjese una subvención cruzada y, por consiguiente, les haya podido también inducir a renunciar a desarrollar con mayor profundidad su argumentación basada en el PIPEM. Al contrario, en el apartado 54 de la decisión de incoación, la Comisión, invocando la sentencia del Tribunal de Justicia de 22 de noviembre de 2001, Ferring ( C-53/00, Rec. p. I-9067 , apartado 27), señala que la calificación como ayuda de Estado de una financiación dirigida a compensar los costes de obligaciones de servicio público depende de que esa contrapartida supere el coste adicional neto que supone el cumplimiento de esa misión. La Comisión añade que si la asistencia facilitada guarda una correspondencia razonable con el coste neto de las misiones de servicio publico, ello significa que no se ha concedido a TV2 ninguna ventaja real con respecto a sus competidores. La Comisión realiza otras afirmaciones similares en otros lugares de la decisión de incoación (véanse los apartados 62, 63, 79 y 83 de dicha decisión). Por lo que se refiere al hecho de que la Comisión haya considerado, en la decisión de incoación, que le correspondía verificar si se había producido una subvención cruzada durante el período investigado (véase el apartado 68 de la decisión de incoación), no puede interpretarse que signifique que la Comisión haya dicho que en caso de que no existiese dicha subvención cruzada no habría ayuda de Estado. La antedicha consideración de la Comisión se explica porque era normal que ésta, en el marco de una evaluación ex post de las medidas controvertidas, se preguntase si esas medidas habían efectivamente dado lugar a una subvención cruzada durante el período investigado. Por otra parte y, de nuevo, sin perjuicio, de la cuestión relativa a la pertinencia del PIPEM a la hora de apreciar la financiación estatal de un servicio público a la luz de las normas en materia de ayudas de Estado, de la decisión de incoación (véase el apartado 71, última frase) no puede deducirse, contrariamente a lo que sostiene el Reino de Dinamarca, que la Comisión hubiese indicado que no tenía intención de llevar a cabo un examen referente al respeto del PIPEM. En efecto, en el mencionado apartado 71, última frase, la Comisión únicamente se limitó a enunciar la alegación de las autoridades danesas según la cual ellas habían actuado como un inversor privado en una economía de mercado. De las consideraciones anteriores se desprende que el Reino de Dinamarca sostiene equivocadamente que la decisión de incoación le indujo a no desarrollar con mayor profundidad, durante la fase del procedimiento de investigación formal, su postura basada en el PIPEM según la cual había actuado con respecto a TV2 como un inversor privado en una economía de mercado. Por las mismas razones, TV2 A/S sostiene equivocadamente que, durante el procedimiento formal, la Comisión no se ciñó al marco de investigación definido en la decisión de incoación. Por último, ninguna circunstancia específica obligaba a la Comisión a ser más clara de lo que lo fue en la decisión de incoación. En este sentido, y contrariamente a lo que sostiene el Reino de Dinamarca, de la Comunicación sobre la radiodifusión no se desprende que un exceso de compensación únicamente pudiese plantear dificultades en caso de que se hubiese demostrado la existencia de una subvención cruzada. Habida cuenta de estas circunstancias, de las cuales se desprende que no han sido vulnerados ni el derecho de defensa del Reino de Dinamarca ni los derechos, más limitados, que TV2 tiene en su condición de parte interesada, procede desestimar el presente motivo. Sobre el segundo motivo de los recursos T-309/04 y T-317/04, basado en la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en que ni el producto del canon ni los ingresos publicitarios transferidos a TV2 por medio del Fondo de TV2 son fondos estatales — Alegaciones de las partes El Reino de Dinamarca y TV2 A/S, esta última parte demandante apoyada por la UER, alegan que, en la medida en que se financia a través del producto del canon y de los ingresos publicitarios abonados, hasta 1997, por medio del Fondo de TV2 (en lo sucesivo, «ingresos publicitarios 1995-1996»), el supuesto exceso de compensación no puede considerarse una ayuda de Estado. A su entender, por lo que se refiere al canon, éste es pagado por los usuarios y, por tanto, no da lugar a ninguna transferencia de fondos estatales. En su opinión, el canon debe considerarse una contribución parcial abonada por los usuarios para poder captar TV2, comparable al canon pagado para poder recibir los canales por cable. A su juicio, el hecho de que la obligación de abonar un canon para poder recibir los programas de TV2 esté establecida en una ley no desvirtúa la anterior consideración. En su opinión, el hecho de que el canon lo perciba DR —y de que su producto haya sido transferido por medio del Fondo de TV2 hasta 1997— carece también de importancia, ya que la razón de ello es meramente administrativa. A su entender, las circunstancias que hacen que la transferencia del producto del canon a TV2 no constituya una transferencia de fondos estatales ni una ayuda imputable al Estado dan, con mayor razón, lugar al mismo efecto por lo que respecta a la transferencia de los ingresos publicitarios 1995-1996. A su juicio, no puede considerarse ni que el producto del canon ni que los ingresos publicitarios 1995-1996 transferidos a TV2 por medio del Fondo de TV2 hayan estado bajo control público, ya que —una vez que se había determinado el importe del canon y adoptado una decisión sobre el reparto del producto del canon entre DR y TV2— el Ministro de Cultura danés no tenía un control sobre los recursos que le permitiese utilizarlos para otros fines. En otras palabras, en su opinión, a partir de ese momento, el producto del canon quedaba adscrito, según el caso, a las actividades de DR o de TV2. La Comisión, apoyada, en el recurso T-309/04, por SBS, señala, con carácter preliminar, que ha quedado acreditado que el Ministro de Cultura establece el importe del canon adeudado por todos los poseedores de aparatos de radio y de televisión en Dinamarca. A su entender, este canon lo percibe DR y, sobre la base de una decisión del Ministro de Cultura, los ingresos obtenidos por este concepto se reparten entre DR y TV2 en virtud de un acuerdo con el Parlamento danés sobre los medios de comunicación (considerando 22 de la Decisión impugnada). Según la Comisión, el Ministro de Cultura establece normas adicionales, en particular, sobre la entrada en vigor y la expiración de la obligación de pagar el canon y el impago del canon puede dar lugar a una retención salarial (considerando 23 de la Decisión impugnada). A su juicio, hasta 1997, TV2 obtuvo sus recursos del Fondo de TV2, entidad que había sido creada por el Estado con el objetivo de conseguir recursos para TV2. Según la Comisión, los recursos deben considerarse fondos estatales cuando se encuentran bajo control público y, por tanto, a disposición de las autoridades nacionales. A su entender, en lo que atañe a TV2, era el Ministro de Cultura el que establecía la parte del canon que le correspondía a este radiodifusor. Por lo que se refiere a la definición de fondos estatales, en su opinión, el denominador común de la jurisprudencia es que el juez comunitario ha de verificar si los fondos estaban sujetos a un control por parte del Estado. Además, a su juicio, de todo cuanto precede se desprende que el Estado estaba encargado de la percepción del canon, así como de la ejecución forzosa de lo adeudado en virtud de dicho canon. Según la Comisión, todos los poseedores de un aparato de televisión o de radio estaban obligados a pagar el canon, con independencia de que captasen o no los programas de DR o de TV2. Por tanto, a su entender, dicha obligación era diferente de otras obligaciones de pago como, por ejemplo, un abono a la televisión por cable. La Comisión señala que no existe relación contractual entre TV2 y cada una de las personas que pagan el canon. Por consiguiente, en su opinión, el sistema del canon no es comparable a la situación en el asunto que dio lugar a la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2001, PreussenElektra ( C-379/98, Rec. p. I-2099 ). — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia Según jurisprudencia reiterada, la calificación de ayuda de Estado exige que se cumplan todos los requisitos previstos en el artículo 87 CE, apartado 1 (sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de marzo de 1990, Bélgica/Comisión, citada en el apartado 136 supra, apartado 25; de , España/Comisión, C-278/92 a C-280/92, Rec. p. I-4103 , apartado 20, y de , Francia/Comisión, C-482/99, Rec. p. I-4397 , apartado 68). El principio de prohibición de las ayudas de Estado establecido en el artículo 87 CE, apartado 1, comporta los siguientes requisitos. En primer lugar, debe tratarse de una intervención del Estado o mediante fondos estatales. En segundo lugar, dicha intervención debe poder afectar a los intercambios comerciales entre los Estados miembros. En tercer lugar, debe conferir una ventaja a su beneficiario. En cuarto lugar, debe falsear o amenazar falsear la competencia. El presente motivo se refiere al primero de los antedichos requisitos, en virtud del cual, para que unas medidas puedan ser calificadas como ayuda de Estado, es necesario, por una parte, que sean otorgadas directa o indirectamente mediante fondos estatales y, por otra parte, que sean imputables al Estado (sentencias del Tribunal de Justicia de 16 de mayo de 2002, Francia/Comisión, citada en el apartado 155 supra, apartado 24; GEMO, citada en el apartado 102 supra, apartado 24, y de , Pearle y otros, C-345/02, Rec. p. I-7139 , apartado 36). En primer lugar, por lo que se refiere al canon, de la Decisión impugnada se desprende que no se ha cuestionado seriamente ni que su importe sea fijado por las autoridades danesas (considerando 22), ni que la obligación de pagar dicho canon no derive de ninguna relación contractual entre TV2 y los deudores de éste, sino de la mera posesión de un aparato de televisión o de radio (considerandos 22 y 59), ni que, en su caso, su reclamo se lleve a cabo con arreglo a las normas que regulan la recaudación de impuestos (considerando 23), ni, finalmente, que sean las autoridades danesas las que determinen la parte del canon que debe atribuirse a TV2 (considerando 59). De todo lo anterior se desprende que los fondos obtenidos mediante el canon se encuentran a disposición y bajo el control de las autoridades danesas y que, en consecuencia, constituyen fondos estatales. En segundo lugar, por lo que respecta a los ingresos publicitarios, el Tribunal de Primera Instancia señala que la refutación del Reino de Dinamarca y de TV2 A/S se refiere únicamente a los ingresos publicitarios 1995-1996, años en los cuales, contrariamente a lo ocurrido en el período ulterior, los espacio publicitarios de TV2 no los comercializaba la propia TV2, sino una sociedad tercera (TV2 Reklame A/S), y en los cuales el producto de dicha comercialización era transferido a TV2 por medio del Fondo de TV2 (véase el considerando 24 de la Decisión impugnada). Para empezar, el Tribunal de Primera Instancia observa que en la Decisión impugnada la Comisión no hace ninguna distinción entre los ingresos publicitarios 1995-1996 y el canon. En efecto, aun cuando la Comisión señala expresamente la diferencia entre ingresos publicitarios en general y canon televisivo (véanse los considerandos 10 y 17 de la Decisión impugnada) y hace una breve alusión a las modalidades de comercialización de los espacios publicitarios durante los años 1995-1996 (véase el considerando 24 de la Decisión impugnada), en la práctica, subsume los ingresos publicitarios 1995-1996 en el canon. Así, en el considerando 21 de la Decisión impugnada, los 4.067,7 millones de DKK que la Comisión afirma que «se le asignaron a TV2 […] del canon» comprenden, en realidad, los ingresos publicitarios 1995-1996. Ello queda confirmado por el cuadro 1, incluido en el considerando 107 de la Decisión impugnada, en el cual los ingresos publicitarios 1995-1996 no figuran en la línea de dicho cuadro titulada «Ingresos publicitarios netos», sino que están comprendidos en la línea titulada «Canon/Fondo de TV2», de un importe total de 4.67,7 millones de DKK. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia observa que esta subsunción de facto de los importes de los ingresos publicitarios 1995-1996 en los importes del canon, subsunción que, a priori, nada justifica, habida cuenta de la diferente naturaleza de estas dos formas de financiación, viene acompañada por una total ausencia de motivación específica por lo que respecta a estos ingresos publicitarios en la parte de la Decisión impugnada dedicada a la calificación o no como fondos estatales de las diferentes medidas adoptadas por el Reino de Dinamarca en favor de TV2 (considerandos 57 a 68). En efecto, si bien, en esta parte de la Decisión impugnada, la Comisión examina si el canon (considerandos 57 a 60), o incluso la aportación ad hoc llevada a cabo cuando el Fondo de TV2 fue suprimido en 1997 (considerando 61, segunda frase), implican la utilización de fondos estatales, no hace, sin embargo, ninguna referencia a la cuestión de los ingresos publicitarios 1995-1996. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia estima que el considerando 24 de la Decisión impugnada no puede constituir una motivación suficiente en lo que atañe a la subsunción de facto de los ingresos publicitarios 1995-1996 en el canon. En efecto, habida cuenta, en esencia, de la diferente naturaleza de los ingresos publicitarios y del canon audiovisual, pero también del hecho de que se trataba de la venta no de cualquier espacio publicitario, sino de los de TV2, y, finalmente, del hecho de que los ingresos publicitarios 1995-1996 eran siempre claramente inferiores a las necesidades del servicio público, no puede excluirse que dichos ingresos publicitarios, en realidad, perteneciesen a TV2 desde el principio y que su transferencia por medio del Fondo de TV2 fuese tan sólo un requisito administrativo que no implicaba que el Reino de Dinamarca tuviese un control real sobre esos importes. Además, el Tribunal de Primera Instancia señala que, en la fase del recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, si bien la Comisión defiende, pormenorizadamente, que el canon tiene carácter de fondo estatal e insiste, en particular, en que el abono del canon por parte de los poseedores de aparatos de televisión no tiene su origen en una relación contractual, en cambio, no da ninguna respuesta a la cuestión específica de los ingresos publicitarios 1995-1996 y, en consecuencia, no refuta las críticas de las demandantes basadas en el origen puramente contractual de dichos ingresos. De las consideraciones anteriores se desprende que, en la Decisión impugnada, la Comisión incumplió su obligación de motivación por lo que respecta a la consideración, de facto, de los ingresos publicitarios 1995-1996 como fondos estatales. En tales circunstancias, procede estimar parcialmente el presente motivo, en la medida en que se refiere a los ingresos publicitarios 1995-1996, y, por consiguiente, anular la Decisión impugnada en la medida en que incluye dichos ingresos dentro de los fondos estatales. El Tribunal de Primera Instancia considera que, a continuación, procede examinar una imputación realizada por el Reino de Dinamarca y por TV2 A/S, en el marco, en particular, de los motivos de anulación quinto, sexto y séptimo en los recursos T-309/04 y T-317/04, y que, en esencia, se basa en que, a su entender, la Decisión impugnada está fundamentada en una motivación insuficiente, resultante de un examen manifiestamente insuficiente de las condiciones en las que TV2 fue financiada por el Reino de Dinamarca durante el período investigado, y que tuvo como consecuencia el que la Comisión concluyese equivocadamente que existía una ayuda de Estado. Sobre la imputación en los recursos T-309/04 y T-317/04, basada en la insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada, resultante de una vulneración por parte de la Comisión de su obligación de examen — Alegaciones de las partes El Reino de Dinamarca y TV2 A/S alegan que la Decisión impugnada se basa en una motivación insuficiente, ya que, a su entender, la Comisión no llevó a cabo un examen exhaustivo acerca de si, en concreto, TV2, entre 1995 y 2002, se había beneficiado de una financiación proporcionada a las necesidades del servicio público. Hacen hincapié en una serie de elementos para sostener que dicha financiación fue constituida y mantenida, durante el período investigado, de modo objetivo, transparente y racional, con el fin de salvaguardar su proporcionalidad con respecto a las necesidades del servicio público. De este modo, el Reino de Dinamarca hace referencia a los trabajos preparatorios de la Ley de 1986 por la que se crea TV2, así como a una estimación de los ingresos y los gastos de TV2 que figura en los anexos de dichos trabajos. TV2 A/S alega que el importe de la compensación que TV2 necesitaba había sido determinado por el Ministro de Cultura, en concertación con la Comisión de Finanzas del Parlamento danés, y por tanto, bajo un estricto control parlamentario, dentro del marco de acuerdos cuatrienales, llamados acuerdos sobre los medios de comunicación, y sobre la base de análisis económicos exhaustivos. Dichos análisis fueron realizados, respectivamente, en 1995 y 1999, por el gabinete de auditoria KPMG, asistido por un grupo de seguimiento integrado por expertos y en el cual participaron los competidores de TV2 (en lo sucesivo, «análisis económicos 1995/1999»). Estos análisis económicos tenían, a su entender, precisamente por objeto permitir determinar la parte de canon que debía percibir TV2, a la luz de sus obligaciones de servicio público, de las necesidades de financiación que de ellas se derivaban y de una evaluación del potencial de los recursos que este radiodifusor obtenía de la publicidad televisiva y de otros ingresos. Además, a su juicio, el importe del canon y la parte de éste que le correspondía a TV2 se fijaban presuponiendo que se mantendrían los beneficio otorgados por el Estado, en particular, a través de exenciones de intereses y de exenciones fiscales, y a los que se hace alusión en el considerando 110 de la Decisión impugnada. Se indica que los análisis económicos 1995/1996, que, al igual que los presupuestos anuales de TV2, fueron objeto de publicación, figuraban como anexo a las observaciones del Reino de Dinamarca, de 24 de marzo de 2003, en respuesta a la decisión de incoación. A su entender, los dos acuerdos sobre los medios de comunicación pertinentes por lo que se refiere al período investigado (1995 y 1999) estaban precisamente basados en esos análisis económicos exhaustivos. Por tanto, a su juicio, al presentar dichos análisis económicos durante el procedimiento de investigación formal, el Reino de Dinamarca documentó a la Comisión acerca de los cálculos financieros en los que se fundamentaron los diferentes acuerdos sobre los medios de comunicación a lo largo del período investigado. El Reino de Dinamarca y TV2 A/S hacen referencia a una investigación y a una recomendación, en 1994-1995, del Rigsrevisionen (Tribunal de Cuentas, Dinamarca) al Gobierno danés en relación con la creación de fondos propios de TV2 y con las modificaciones que ello implicaba para los estatutos de TV2. Hacen también referencia a un informe del Ministro de Hacienda de 2 de agosto de 1995, elaborado a petición de los interventores del Estado, así como a aquello que, sobre la base de todo lo anterior, hizo el Reino de Dinamarca en 1997, a saber, una modificación de los estatutos de TV2 especificando la obligación de crear fondos propios por un importe de, al menos, 200 millones de DKK. A su juicio, habida cuenta de todos estos elementos, de los cuales se desprende que la financiación de TV2 y la creación de fondos propios durante el período investigado estaban determinados de forma económicamente racional y proporcional a las necesidades del servicio público, la inexistencia, en la Decisión impugnada, de un análisis detallado sobre esta cuestión implica que los fundamentos y la motivación de dicha Decisión son insuficientes. En respuesta a la afirmación de la Comisión según la cual tuvo conocimiento de esos elementos de información pero consideró que no demostraban que el exceso de compensación acumulado por TV2 constituía en realidad una reserva establecida para permitir a TV2 hacer frente a sus necesidades de servicio público y proporcional a dichas necesidades, el Reino de Dinamarca y TV2 contestan que el hecho determinante es, sin embargo, que aunque todos esos elementos de información fueron transmitidos a la Comisión durante el procedimiento de investigación formal, la Comisión se pronunció sobre ellos en la Decisión impugnada tan sólo de modo incompleto e impreciso. A su entender, la Decisión impugnada se basa en consideraciones formales y no incluye ningún análisis económico acerca de si, y en que medida, los fondos propios constituidos dentro de TV2 iban más allá de lo que era necesario para el cumplimiento de su misión de servicio público y de si, en su caso, eran contrarios al interés común. Por tanto, a su juicio, la motivación y los fundamentos de la Decisión impugnada adolecen de vicios sustanciales. — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia En primer lugar, por lo que se refiere al alcance de la obligación de motivación, es preciso recordar que la motivación exigida por el artículo 253 CE debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y debe mostrar, de manera clara e inequívoca, el razonamiento de la institución de la que emane el acto, de manera que los interesados puedan conocer las razones de la medida adoptada y el órgano jurisdiccional competente pueda ejercer su control. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por dicho acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que la cuestión de si la motivación de un acto cumple las exigencias del artículo 253 debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate (véase la sentencia del Tribunal de Justicia de 2 de abril de 1998, Comisión/Sytraval y Brink's France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719 , apartado 63, y la jurisprudencia citada). Por otra parte, procede subrayar que, en los casos en que la Comisión dispone de una facultad de apreciación para poder cumplir sus funciones, la observancia de las garantías otorgadas por el ordenamiento jurídico comunitario en los procedimientos administrativos reviste una importancia aún más fundamental. Entre estas garantías figura, en particular, la obligación de la institución competente de examinar, detenida e imparcialmente, todos los elementos pertinentes del caso concreto y de motivar de manera suficiente sus decisiones (sentencia del Tribunal de Justicia de 21 de noviembre de 1991, Technische Universität München, C-269/90, Rec. p. I-5469 , apartado 14). Ahora bien, aunque en la motivación de las decisiones que debe tomar para garantizar la aplicación de las normas sobre la competencia, la Comisión no está obligada a discutir todos los elementos de hecho y de Derecho y consideraciones que la llevaron a adoptar tal Decisión, no es menos cierto que el artículo 253 CE la obliga a mencionar, al menos, los hechos y las consideraciones que revisten una importancia esencial en la estructura de su Decisión, permitiendo así al órgano jurisdiccional comunitario y a las partes interesadas conocer las condiciones en las que ha aplicado el Tratado (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 15 de septiembre de 1998, European Night Services y otros/Comisión, T-374/94, T-375/94, T-384/94 y T-388/94, Rec. p. II-3141 , apartado 95, y la jurisprudencia citada). Se deduce además de la jurisprudencia que, salvo en circunstancias excepcionales, la motivación debe figurar en el cuerpo mismo de la Decisión y no puede ser explicada por primera vez y a posteriori ante el juez comunitario (véanse las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Comisión, T-61/89, Rec. p. II-1931 , apartado 131; de , Buchmann/Comisión, T-295/94, Rec. p. II-813 , apartado 171, y European Night Services y otros/Comisión, citada en el apartado 180 supra, apartado 95, y la jurisprudencia citada). En efecto, procede recordar que, en principio, la motivación debe ser notificada al interesado al mismo tiempo que la decisión lesiva. La falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante los Tribunales comunitarios (sentencia del Tribunal de Justicia de , Dansk Rørindustri y otros/Comisión, C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P a C-208/02 P y C-213/02 P, Rec. p. I-5425 , apartado 463; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de , Rendo y otros/Comisión, T-16/91, Rec. p. II-1827 , apartado 45, y de , Corsica Ferries France/Comisión, T-349/03, Rec. p. II-2197 , apartado 287). A este respecto, procede recordar que, en el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, el juez comunitario debe circunscribirse a controlar la legalidad del acto impugnado. En consecuencia, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia subsanar la eventual inexistencia de motivación ni completar dicha motivación añadiendo o sustituyendo elementos que no se desprendan de la propia Decisión impugnada (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 27 de enero de 1998, Ladbroke Racing/Comisión, T-67/94, Rec. p. II-1 , apartados 147 y 148; de , BFM y EFIM/Comisión, T-126/96 y T-127/96, Rec. p. II-3437 , apartado 81; de , Griesel/Consejo, T-157/99, RecFP. pp. I-A-151 y II-699 , apartado 41, y Corsica Ferries France/Comisión, citada en el apartado 181 supra, apartado 58). En segundo lugar, por lo que se refiere al alcance de la obligación de examen que corresponde a la Comisión en el marco del control de las ayudas de Estado, es preciso recordar que, si bien el Estado miembro debe, en virtud del deber de cooperación leal previsto en el artículo 10 CE, cooperar con la Comisión proporcionándole los elementos que le permitan pronunciarse sobre el carácter de ayuda de Estado de la medida de que se trate [véanse, en relación con la obligación de cooperación leal, las sentencias del Tribunal de Justicia de 3 de julio de 2003, Bélgica/Comisión, C-457/00, Rec. p. I-6931 , apartado 99, y de , Italia/Comisión, C-400/99, Rec. p. I-3657 , apartado 48; sentencia Kuwait Petroleum (Nederland)/Comisión, citada en el apartado 137 supra, apartado 67] y si bien corresponde a dicho Estado miembro probar, en su caso, que se cumplen los requisitos para la aplicación del artículo 86 CE, apartado 2 (sentencia del Tribunal de Justicia de , Comisión/Francia, C-159/94, Rec. p. I-5815 , apartado 94, y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de , Danske Busvognmænd/Comisión, T-157/01, Rec. p. II-917 , apartado 96), no es menos cierto que la Comisión, por su parte, está sujeta, en interés de una correcta aplicación de las normas fundamentales del Tratado relativas a las ayudas de Estado, a una obligación de examen diligente e imparcial (véanse, en este sentido, la sentencia Comisión/Sytraval y Brink's France, citada en el apartado 178 supra, apartados 60 a 62; sentencias del Tribunal de Primera Instancia de , max.mobil/Comisión, T-54/99, Rec. p. II-313 , apartado 49, dos primeras frases, no anuladas por la sentencia del Tribunal de Justicia de , Comisión/max.mobil, C-141/02 P, Rec. p. I-1283 , y Westdeutsche Landesbank Girozentrale y Land Nordrhein-Westfalesn/Comisión, citada en el apartado 136 supra, apartado 167) y que dicha obligación le exige, en particular, examinar con atención los elementos que le ha presentado el Estado miembro. Por otra parte, procede recordar que, en el marco de un recurso de anulación interpuesto con arreglo al artículo 230 CE, la legalidad de un acto comunitario debe apreciarse en función de la información existente en la fecha en que el acto fue adoptado. En particular, las apreciaciones complejas hechas por la Comisión deben examinarse únicamente en función de los elementos de que ésta disponía en el momento en que efectuó dichas apreciaciones (sentencias del Tribunal de Justicia de 7 de febrero de 1979, Francia/Comisión, 15/76 y 16/76, Rec. p. 321 , apartado 7; de , Bélgica/Comisión, citada en el apartado 136 supra , apartado 16, y de , Bélgica/Comisión, C-197/99 P, Rec. p. I-8461 , apartado 86; sentencias del Tribunal de Primera Instancia British Airways y otros/Comisión, citada en el apartado 137 supra, apartado 81; BFM y EFIM/Comisión, citada en el apartado 182 supra, apartado 88, y de , Saxonia Edelmetalle y ZEMAG/Comisión, T-111/01 y T-133/01, Rec. p. II-1579 , apartado 67). Las alegaciones del Reino de Dinamarca y de TV2 A/S deben apreciarse a la luz de los anteriores principios y consideraciones. A este respecto, procede revisar los elementos de la Decisión impugnada pertinentes en lo que atañe al hecho de si la Comisión cumplió sus obligaciones de motivación y de examen diligente por lo que se refiere a las modalidades de financiación de TV2 durante el período investigado y a la proporcionalidad de dicha financiación con las necesidades del servicio público. En la parte descriptiva de la Decisión impugnada, la Comisión indica que TV2 se creó en 1986 como institución autónoma independiente financiada mediante un préstamo del Estado (considerando 11). Precisa que TV2 se financia mediante fondos procedentes del canon y mediante ingresos publicitarios (considerandos 10 y 17), y hace referencia al procedimiento por medio del cual se fija el importe del canon y su reparto entre DR y TV2 (considerando 22). En la parte de la Decisión impugnada dedicada a la apreciación jurídica de la Comisión, esta institución examina si, en el caso de autos, se cumplen los requisitos segundo y cuarto de los cuatro requisitos enunciados en los apartados 88 a 93 de la sentencia del Tribunal de Justicia de 24 de julio de 2003, Altamark Trans y Regierungspräsidium Magdeburg ( C-280/00, Rec. p. I-7747 ; en lo sucesivo, «sentencia Altmark», y, por lo que respecta a los requisitos antes aludidos, «requisitos Altmark») (considerando 71). El Tribunal de Primera Instancia recuerda que, conforme al primer requisito Altmark, «la empresa beneficiaria debe estar efectivamente encargada de la ejecución de obligaciones de servicio público y éstas deben estar claramente definidas» (sentencia Altmark, citada en el apartado 188 supra, apartado 89). Conforme al segundo requisito Altmark, «los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, para evitar que ésta confiera una ventaja económica que pueda favorecer a la empresa beneficiaria respecto a las empresas competidoras» (sentencia Altamark, citada en el apartado 188 supra, apartado 90). Conforme al tercer requisito Altmark, «la compensación no puede superar el nivel necesario para cubrir total o parcialmente los gastos ocasionados por la ejecución de las obligaciones de servicio público, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones» (sentencia Altmark, citada en el apartado 188 supra, apartado 92). Por último, conforme al cuarto requisito Altmark, «cuando la elección de la empresa encargada de ejecutar obligaciones de servicio público, en un caso concreto, no se haya realizado en el marco de un procedimiento de contratación pública que permita seleccionar al candidato capaz de prestar estos servicios originando el menor coste para la colectividad, el nivel de la compensación necesaria debe calcularse sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de transporte para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones» (sentencia Altmark, citada en el apartado 188 supra, apartado 93). En primer lugar, por lo que se refiere al segundo requisito Altmark, según el cual los parámetros para el cálculo de la compensación deben establecerse previamente de forma objetiva y transparente, la Comisión consideró que no se cumplía. Las razones invocadas por la Comisión a este respecto son que «la compensación se fija en un acuerdo sobre los medios de comunicación, válido por cuatro años, y [que] no hay ningún presupuesto público disponible que establezca una relación entre la compensación y la prestación». Asimismo, la Comisión señaló que, «además, TV2 obtiene una serie de beneficios poco claros (exención de impuestos, renuncia a intereses, etc.)» (considerando 71 de la Decisión impugnada). En segundo lugar, por lo que se refiere al cuarto requisito Altmark, la Comisión observó que «no se ha elegido a TV2 como empresa televisiva de servicio público mediante un procedimiento de contratación pública, [y que] tampoco se ha llevado a cabo ningún estudio que garantice que el nivel de la compensación se calcule sobre la base de un análisis de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada en medios de producción para poder satisfacer las exigencias de servicio público requeridas, habría soportado para ejecutar estas obligaciones, teniendo en cuenta los ingresos correspondientes y un beneficio razonable por la ejecución de estas obligaciones» (considerando 71 de la Decisión impugnada). En la parte de la Decisión impugnada dedicada al examen de la compatibilidad de la ayuda con arreglo al artículo 86 CE, apartado 2, y, más concretamente, a su proporcionalidad, la Comisión, en respuesta a la alegación del Reino de Dinamarca según la cual el capital acumulado era necesario como colchón amortiguador de posibles oscilaciones de los ingresos publicitarios (considerando 112; véase también el considerando 111, primera frase), «reconoce que puede ser necesario que una empresa disponga de una reserva de ese tipo para garantizar el cumplimiento de su misión de servicio público» (considerando 113). No obstante, la Comisión señala que dicha reserva «debe constituirse con un fin específico y debe, además, cumplir las normas existentes, cuando el exceso de compensación constatado deba devolverse». Observa que, en el caso que nos ocupa, no se trataba de la creación de reservas específicas de ese tipo, sino de una acumulación de capital propio. Pues bien, la Comisión añade a este respecto que «el capital propio puede destinarse a cualquier fin y no tiene por qué ser utilizado para garantizar el cumplimiento de la misión de servicio público» (considerando 113). En el considerando 114 de la Decisión impugnada, la Comisión, en relación con un ejemplo puesto por el Reino de Dinamarca, relativo al año 1999, año en el cual los ingresos publicitarios de TV2 disminuyeron de forma significativa, alega que ni siquiera dicha disminución obligó a TV2 a recurrir al capital acumulado. En el considerando 115 de la Decisión impugnada, la Comisión «considera, pues, que el superávit acumulado no ha sido necesario para que TV2 funcionara de acuerdo con lo previsto». Además, añade que «una manera conveniente de haber dispuesto de un colchón amortiguador contra un posible descenso de los ingresos publicitarios hubiese sido crear una reserva transparente y no dejar simplemente que se acumulara un superávit». Por consiguiente, la Comisión concluyó que «no puede […] aceptar el primer argumento de las autoridades danesas», según el cual el exceso de compensación era, en realidad, una reserva necesaria para garantizar la prestación del servicio público. De este recordatorio del tenor de la Decisión impugnada se desprende que la postura de la Comisión se basa, en esencia, en dos afirmaciones. En primer lugar, a su entender, el exceso de compensación observado en TV2 no tiene su origen en una constitución de reservas realizada de forma transparente y planificada, con el fin específico de garantizar la prestación del servicio público con independencia de las oscilaciones de los ingresos publicitarios, sino que viene causado por una mera acumulación no controlada de capitales. En segundo lugar, a su juicio, el ejemplo de lo ocurrido en 1999 muestra que, en realidad, TV2 nunca tuvo necesidad de recurrir a sus reservas. Por lo que se refiere a la primera de las antedichas afirmaciones, es preciso señalar que la Decisión impugnada no contiene ninguna consideración que permita demostrar su exactitud. En efecto, en la Decisión impugnada, al margen de la referencia meramente descriptiva a algunos elementos del mecanismo de la determinación por parte del Reino de Dinamarca del importe del canon que debía percibir TV2 entre 1995 y 2002 (véase el considerando 22), no se recoge ningún fundamento que contenga un análisis de dicho mecanismo ni de las consideraciones, tanto jurídicas como económicas, en las que se basó la determinación de dicho importe a lo largo del período referido. Pues bien, es preciso señalar que, habida cuenta tanto de la importancia de tomar en consideración los antedichos elementos a la hora de aplicar, en el caso de autos, las normas en materia de ayudas de Estado, como del margen de apreciación de que dispone la Comisión por lo que respecta a cuestiones económicas complejas, la motivación de la Decisión impugnada, conforme a la jurisprudencia citada en los apartados 178 y 179 supra, tendría que haber incluido una apreciación precisa y detallada de las condiciones jurídicas y económicas específicas que rodearon la determinación del importe del canon que debía percibir TV2 durante el período investigado. El Tribunal de Primera Instancia, al igual que el Reino de Dinamarca y TV2 A/S, considera que la insuficiente motivación de la Decisión impugnada sobre esta cuestión constituye un vicio sustancial de forma y, por consiguiente, implica, conforme a la jurisprudencia recordada en los apartados 178 a 182 supra, la anulación de dicha Decisión. Además, el Tribunal de Primera Instancia estima que esta insuficiente motivación tiene por causa que la institución referida no llevó a cabo durante el procedimiento de investigación formal un examen riguroso de las condiciones específicas que, durante el período investigado, rodearon la determinación del importe de los fondos procedentes del canon que TV2 debía percibir. De este modo, en la fase de los presentes recursos ante el Tribunal de Primera Instancia, la Comisión, para rechazar la alegación según la cual incumplió su obligación de examen, señala que «las autoridades danesas notificaron, durante el procedimiento de investigación formal y con anterioridad a éste, numerosos documentos e información exhaustiva relativa al asunto», pero que «sin embargo, la documentación notificada se caracterizaba por el hecho de que mediante ella las autoridades danesas pretendían justificar la acumulación del exceso de compensación de TV2 a través de informaciones y cálculos elaborados a posteriori». Según la Comisión, el Reino de Dinamarca «no pudo presentar información fechada en la época en que se produjo la acumulación de capital en la empresa que hubiera podido eventualmente justificar la constitución del capital que se llevó a cabo en favor de TV2». Estas afirmaciones se reiteran en diversos pasajes de los escritos de la Comisión. De este modo, se afirma o bien que «las autoridades danesas nunca presentaron información o documentos ex ante relativos a las necesidades de capital de TV2 en el momento de su creación o durante el período objeto de la investigación» o bien que «toda la información relativa a la cuestión se basaba en consideraciones y cálculos elaborados a posteriori». Asimismo, la Comisión, para justificar que en la Decisión impugnada no se haya llevado a cabo ningún análisis económico de las necesidades de financiación de TV2 durante el período investigado, se basa en que, supuestamente, el Reino de Dinamarca no presentó ningún elemento que permitiese suponer que TV2 tenía necesidad de la referida aportación de capitales. Sin embargo, ni la Comisión ni las partes coadyuvantes que la apoyan cuestionan que los análisis económicos 1995/1999, realizados en el marco de lo requerido por los procedimientos de fijación cuatrienal del importe del canon que TV2 debía percibir (véanse los apartados 171 a 174 supra), hubiesen sido transmitidos a la Comisión. Además, dichos análisis son mencionados en las observaciones del Reino de Dinamarca, de 24 de marzo de 2003, en repuesta a la decisión de incoación, y se adjuntan como anexos a esas observaciones. La no consideración por parte de la Comisión de estos elementos de información, en la fase de la Decisión impugnada, la cual no hacía ninguna alusión a ellos ni siquiera para refutarlos, confirma que esta institución no llevó a cabo, durante el procedimiento de investigación formal, un examen riguroso de los elementos que se le transmitieron en ese momento en relación con la financiación de TV2 durante el período 1995-2002. El Tribunal de Primera Instancia señala, con carácter incidental, que, en la fase de los recursos ante él interpuestos, la Comisión únicamente hace referencia en sus escritos a análisis económicos distintos de los análisis económicos 1995/1999, a saber, a análisis relativos a la capitalización de TV2 A/S en el momento de su constitución en 2003 o a su recapitalización en 2004, análisis que, efectivamente, no fueron elaborados ex ante. Por tanto, la Comisión no responde, ante el Tribunal de Primera Instancia, a la alegación basada en que, en la fase del procedimiento de investigación formal, no tuvo en cuenta los análisis económicos 1995/1999. Al contrario, al reprochar —erróneamente— al Reino de Dinamarca que no le hubiese transmitido elementos de apreciación ex ante (véase el apartado 204 supra), más bien admite que no examinó de forma rigurosa el expediente. Las partes coadyuvantes en apoyo de la Comisión, partes que, como se ha señalado anteriormente, en modo alguno cuestionan la existencia y la transmisión de los referidos análisis a la Comisión, tampoco responden a esta alegación. SBS alega, todo lo más, que los análisis económicos 1995/1999 son «viejos estudios de mercado», lo cual no hace, en definitiva, sino subrayar que estos análisis, efectivamente contemporáneos del período investigado, no sólo eran pertinentes para la apreciación de la Comisión ratione temporis, sino también ratione materiae. En todo caso, el Tribunal de Primera Instancia señala que, puesto que la existencia de los análisis económicos 1995/1999, así como su objeto, son elementos del litigio que han quedado acreditados, debe desestimarse por inoperante cualquier eventual crítica del fondo de dichos análisis. En efecto, de conformidad con la jurisprudencia citada en el apartado 182 supra, no corresponde al Tribunal de Primera Instancia, en el marco de su control de legalidad, subsanar la falta de motivación de la Decisión impugnada llevando a cabo las apreciaciones que la Comisión debió haber realizado en la fase del procedimiento de investigación formal. Si bien la Comisión no responde a la alegación basada en que no tuvo en cuenta los análisis económicos 1995/1999, el Tribunal de Primera Instancia señala, no obstante, que la Comisión hace referencia al hecho de que TV2 A/S no participó en el procedimiento de investigación formal. Sin embargo, el Tribunal de Primera Instancia observa que dichas referencias no entrañan ningún cuestionamiento del derecho de TV2 A/S a plantear, en la fase del recurso, una alegación basada en la vulneración de la obligación de examen por lo que respecta, entre otros aspectos, a los análisis económicos 1995/1999. En cualquier caso, aun cuando se considerase que la Comisión, mediante esas referencias, quiso afirmar que TV2 A/S no podía acogerse, en su demanda, a una falta de examen por lo que se refiere, en particular, a los análisis económicos 1995/1999, esta eventual pretensión resultaría, por una parte, inoperante y, por otra parte, infundada, por las siguientes razones. Por lo que respecta al carácter inoperante de esa eventual pretensión, es preciso recordar que la insuficiencia o la falta de motivación es un vicio sustancial de forma en el sentido del artículo 230 CE y constituye un motivo de orden público que debe ser examinado de oficio por el juez comunitario (sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 29 de septiembre de 2005, Napoli Buzzanca/Comisión, T-218/02, RecFP pp. I-A-267 y II-1221 , apartado 55, y de , CIS/Comisión, T-102/03, Rec. p. II-2357 , apartado 46). Pues bien, después de haber constatado —en respuesta, por lo demás, a una alegación explicita de las demandantes— una insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada en lo que atañe a las condiciones que rodearon la determinación durante el período investigado del importe del canon que debía percibir TV2, el Tribunal de Primera Instancia observa, a mayor abundamiento, que dicha insuficiencia está causada por un incumplimiento, por parte de la Comisión, de su obligación de examen (véanse los apartados 202 y 203 supra). Por lo que se refiere al carácter infundado de esa eventual pretensión, el Tribunal de Primera Instancia señala que TV2 A/S en modo alguno se acoge a nuevos elementos fácticos de los cuales la Comisión no hubiese tenido conocimiento a lo largo del procedimiento de investigación formal. Al contrario, TV2 A/S se limita a reprochar a la Comisión que no haya examinado elementos que le fueron transmitidos, a lo largo del procedimiento de investigación formal, por una parte que sostenía que la financiación de TV2 durante el período investigado era necesaria y proporcionada a las necesidades del servicio público (véanse los considerandos 111 y 112 de la Decisión impugnada). En consecuencia, aun cuando TV2 A/S no haya participado en el procedimiento de investigación formal, no puede impedírsele que alegue, ante el Tribunal de Primera Instancia, un argumento jurídico basado en la ausencia de examen de los elementos referidos (véanse, en este sentido, las sentencias del Tribunal de Primera Instancia de 6 de octubre de 1999, Kneissl Dachstein/Comisión, T-110/97, Rec. p. II-2881 , apartado 102, y la jurisprudencia citada; de , Valmont/Comisión, T-274/01, Rec. p. II-3145 , apartado 102; Saxonia Edelmetalle y ZEMAG/Comisión, citada en el apartado 184 supra, apartado 68, y de , Ter Lembeek/Comisión, T-217/02, Rec. p. II-4483 , apartados 84 a 85 y 93). De las consideraciones anteriores se desprende que, al no llevar a cabo el examen de elementos directamente pertinentes en lo que atañe a la determinación de si las medidas de que se trata constituían o no ayudas de Estado en el sentido del artículo 87 CE, apartado 1, la Comisión incumplió su obligación de examen, incumplimiento que explica la insuficiencia de motivación declarada en el apartado 202 supra. Por lo que respecta a la alegación, contenida también en la primera afirmación de la Comisión, según la cual el nivel de las reservas constituidas no había sido objeto de un control regular por parte de las autoridades danesas, aparte del hecho de que una vez más se trata de una alegación no demostrada y explícitamente cuestionada por el Reino de Dinamarca durante el procedimiento de investigación formal (véase el considerando 48, segunda frase de la Decisión impugnada), es preciso señalar que la propia Decisión impugnada incluye indicaciones que pueden desvirtuar dicha alegación. Así, de la Decisión impugnada se desprende que, hasta 2002, TV2 debía presentar anualmente los presupuestos y las cuentas del servicio público (considerando 96). Además, durante todo el período investigado, el Rigsrevisionen llevó a cabo un control administrativo y financiero de las cuentas de TV2 (considerando 97). A este respecto, el hecho, señalado en ese mismo considerando por la Comisión, de que el propio Rigsrevisionen no tuviera «competencias para evitar una compensación excesiva» no resulta en sí mismo significativo tratándose de un órgano de supervisión y no permite concluir que no hubiese un control por parte de las autoridades danesas. En cualquier caso, la Comisión no puede basarse en una supuesta insuficiencia de control para ordenar la recuperación de la totalidad de los importes considerados por el Reino de Dinamarca como una reserva necesaria para el servicio público, ya que, habida cuenta de los elementos de información de que disponía la Comisión, hubiera sido perfectamente posible llevar a cabo un examen riguroso del conjunto de las condiciones jurídicas y económicas que rodearon la constitución de esa reserva durante el período investigado, y que a falta del antedicho examen no era posible pronunciarse válidamente acerca de si la referida reserva era, en su totalidad o incluso únicamente en parte, efectivamente necesaria para el servicio público. Por las mismas razones, las referencias hechas por la Comisión a la exigencia de una reserva «específica» (considerando 113 de la Decisión impugnada), o incluso «transparente» (considerando 115 de la Decisión impugnada), precisamente como consecuencia de la falta de un examen riguroso por parte de la Comisión de las condiciones específicas que rodearon la determinación del importe del canon que TV2 debía percibir durante el período investigado, son referencias a una exigencia meramente formal, que no puede justificar la recuperación ordenada en la Decisión impugnada. Por lo que respecta a la segunda afirmación de la Comisión (véase el apartado 198 supra), según la cual el ejemplo de lo ocurrido en 1999 muestra que, en realidad, TV2 nunca tuvo necesidad de recurrir a sus reservas, a la luz de las consideraciones anteriores, en modo alguno permite demostrar la existencia de una ayuda de Estado. El hecho de que TV2 no haya recurrido a sus reservas en 1999 no permite concluir que éstas deberían considerarse desproporcionadas con respecto a sus necesidades de servicio público. En efecto, obedece a la misma naturaleza de una reserva constituida para hacer frente a un riesgo el que no tenga que ser forzosamente utilizada. Por tanto, el hecho de que la Comisión deduzca, a posteriori, de la no utilización de una reserva la conclusión de que no está justificada resulta contradictorio con la admisión, por parte de esta misma institución, de la posibilidad de constituir y mantener una reserva de estas características con el fin de garantizar que el servicio público pueda prestarse. En definitiva, lo que correspondía hacer a la Comisión, para poder pronunciarse de forma útil sobre el carácter proporcionado o no de las reservas acumuladas en TV2, era examinar el fundamento de las consideraciones, en particular, económicas, en las que se basó el Reino de Dinamarca a la hora de fijar el importe del canon que debía percibir TV2 entre 1995 y 2002. Asimismo, el Tribunal de Primera Instancia señala que la ausencia, en la Decisión impugnada, de un examen riguroso y detallado de las condiciones de la financiación de TV2 durante el período investigado se refleja, a su vez, en el carácter perentorio de las afirmaciones de la Comisión contenidas en el considerando 71 de la Decisión impugnada. En primer lugar, en lo que atañe a la motivación del considerando 71 relativa al segundo requisito Altmark, el Tribunal de Primera Instancia señala que la referencia al hecho de que «la compensación se fija en un acuerdo sobre los medios de comunicación, válido por cuatro años», referencia meramente descriptiva, pero que, no obstante, tiene por objeto justificar la afirmación según la cual los parámetros de la compensación no se establecieron previamente de forma objetiva y transparente, parece desprovista de sentido. En efecto, y todo ello sin pretender en modo alguno sustituir a la Comisión en el ejercicio de las competencias que le corresponden en materia de control de las ayudas de Estado, el Tribunal de Primera Instancia no puede sino constatar que las modalidades de fijación del importe del canon que TV2 debía percibir por medio de los acuerdos sobre los medios de comunicación, conforme a las condiciones recordadas en los apartados 171 a 174 supra y que en modo alguno han sido cuestionadas, podrían más bien percibirse, al menos en un primer análisis, como indicios de objetividad y de transparencia. Por lo que respecta a las afirmaciones, contenidas en el considerando 71 de la Decisión impugnada, según las cuales «no ha habido ningún presupuesto público disponible que establezca una relación entre la compensación y la prestación» o según las cuales «TV2 obtiene una serie de beneficios poco claros (exención de impuestos, renuncia a intereses, etc.)», es preciso señalar que, también aquí y sin perjuicio de apreciaciones más exhaustivas que, en su caso, corresponderá a la Comisión llevar a cabo, se trata de afirmaciones a primera vista inapropiadas e incluso inexactas, a la luz de las circunstancias del caso de autos. En efecto, para empezar, en lo que atañe a la inexistencia de un presupuesto que establezca una relación entre la compensación y la prestación, el Tribunal de Primera Instancia observa que el primer requisito Altmark no impone una exigencia formal de esas características. En efecto, dicho requisito deja a los Estados miembros libertad para elegir las modalidades que permitan garantizar su cumplimiento en la práctica. Por consiguiente, parece una motivación, en realidad, artificial el hecho de que la Comisión se acoja, formalmente, a la inexistencia de un «presupuesto público disponible que establezca una relación entre la compensación y la prestación», cuando, en cambio, las modalidades de fijación del canon que debía percibir TV2, recordadas en los apartados 171 a 174 supra —y que son precisamente aquellas que era necesario examinar en el marco de la verificación del segundo requisito Altmark—, no son objeto de ningún análisis riguroso en la Decisión impugnada. Además, el Tribunal de Primera Instancia ha de señalar que, sin perjuicio, una vez más, de la competencia de la Comisión en el ámbito de las ayudas de Estado, no puede excluirse que las modalidades de fijación del importe del canon que TV2 debía percibir, referidas con anterioridad, puedan ser modalidades objetivas y transparentes, ya que, en particular, implicaban la intervención del Parlamento danés, se basaban en análisis económicos elaborados por un gabinete de auditoria asistido por un grupo de seguimiento integrado por expertos y en el cual participaban los competidores de TV2, y, además, dichos análisis, al igual que la contabilidad anual de TV2, eran objeto de publicación. Por tanto, no puede excluirse que un análisis riguroso de las modalidades antedichas condujese, en su caso, a la conclusión de que el Reino de Dinamarca, incluso antes de que el Tribunal de Justicia enunciase los requisitos Altmark, hubiese, en esencia, garantizado el cumplimiento del segundo de esos requisitos. A continuación, por lo que respecta a la afirmación según la cual «TV2 obtiene una serie de beneficios poco claros (exención de impuestos, renuncia a intereses, etc.», el Tribunal de Primera Instancia ha de señalar que el importe del canon que TV2 debía percibir se calculaba, según la demandantes y sin que ello haya sido objeto de cuestionamiento, presuponiendo precisamente el mantenimiento de esas otras medidas estatales en favor de dicho radiodifusor. Pues bien, al menos en un primer análisis y a la luz de la descripción realizada por las demandantes del procedimiento de fijación del importe del canon que TV2 debía percibir, no hay ninguna razón para pensar que se hubiese ocultado la existencia y el importe de esas otras medidas estatales, que necesariamente fueron tomadas en consideración en el marco del referido procedimiento de fijación del canon. De todo lo anterior se desprende que las afirmaciones contenidas en el considerando 71 de la Decisión impugnada, relativas al segundo requisito Altmark, y que son afirmaciones que no se basan en un análisis riguroso, llevado a cabo en la Decisión impugnada, de las condiciones jurídicas y económicas específicas tenidas en cuenta a la hora de determinar el importe de canon que TV2 debía percibir, no resultan convincentes. En segundo lugar, en lo que atañe a la motivación del considerando 71, última frase, de la Decisión impugnada, relativa al cuarto requisito Altmark, el Tribunal señala que, más allá del tenor algo ambiguo de dicha motivación, en la cual, en efecto, se dice literalmente que, en el caso de autos, «tampoco se ha llevado a cabo ningún estudio que garantice que el nivel de la compensación se calcule [por parte del Reino de Dinamarca] sobre la base de un análisis [realizado por este Estado miembro] de los costes que una empresa media, bien gestionada y adecuadamente equipada […] habría soportado», la Comisión quería manifestar que el Reino de Dinamarca incumplió el cuarto requisito Altmark. Una motivación de estas características, que, en definitiva, se limita a retomar directamente el tenor del cuarto requisito Altmark, sólo podría ser eventualmente suficiente si se hubiese acreditado que el Reino de Dinamarca no había establecido ningún dispositivo que, en la práctica, pudiera tener como efecto garantizar el cumplimiento del cuarto requisito Altmark, o si la Comisión hubiese demostrado que el análisis realizado por dicho Estado miembro era manifiestamente insuficiente o inapropiado para garantizar el incumplimiento del requisito referido. Pues bien, en el caso de autos, esas circunstancias en modo alguno han quedado constatadas. Al contrario, habida cuenta del procedimiento establecido por el Reino de Dinamarca para determinar el importe de canon que TV2 debía percibir entre 1995 y 2002, procedimiento que, según la descripción, no cuestionada, recordada en los apartados 171 a 174 supra, incluía, entre otros aspectos, análisis económicos en cuya elaboración habían participado los competidores de TV2, no puede excluirse que un examen riguroso del conjunto de las condiciones que rodearon la fijación del importe de canon que TV2 debía percibir durante el período investigado, examen que correspondía a la Comisión llevar a cabo, hubiera permitido concluir que, en esencia e incluso con anterioridad a la definición de los requisitos Altmark por parte del Tribunal de Justicia, el Reino de Dinamarca había adoptado medidas dirigidas a garantizar el cumplimiento del cuarto de esos requisitos. De lo anterior se desprende que la motivación del considerando 71, última frase, de la Decisión impugnada, es, en realidad, una motivación meramente formal, habida cuenta de la constatación realizada en los apartados 203 y siguientes supra y recordada en el apartado 230 supra, según la cual la Comisión no llevó a cabo, durante el procedimiento de investigación formal, un examen riguroso de las condiciones específicas que rodearon, a lo largo del período investigado, la determinación, por parte del Reino de Dinamarca, del importe de canon que TV2 debía percibir. A la luz de todas las consideraciones anteriores, de las cuales se desprende que la Decisión impugnada adolece de una motivación insuficiente, causada por un incumplimiento, por parte de la Comisión, de su obligación de examen de cuestiones directamente pertinentes para la determinación de la existencia de una ayuda de Estado, procede anular la Decisión impugnada, sin que sea necesario examinar el resto de los motivos de los recursos T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04. Costas Costas en los asuntos T-309/04 y T-317/04 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Al haber perdido el proceso la Comisión en los asuntos T-309/04 y T-317/04, procede condenarla a soportar las costas de las demandantes en dichos asuntos, de conformidad con las pretensiones de estos últimos. A tenor del artículo 87, apartado 5, del Reglamento de Procedimiento, la parte que desista será condenada en costas, si así lo hubiere solicitado la otra parte en sus observaciones sobre el desistimiento. Al haber desistido las demandantes de sus demandas de medidas provisionales T-309/04 R y T-317/04 R y al no haber solicitado la Comisión su condena en costas en dichos asuntos, cada parte soportará sus propias costas en los asuntos sobre medidas provisionales. Al no haber hecho ninguna solicitud sobre las costas, la UER, coadyuvante en apoyo de las pretensiones de TV2 A/S en el asunto T-309/04, soportará sus propias costas. SBS y Viasat, coadyuvantes en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T-309/04, soportarán sus propias costas. Costas en los asuntos T-329/04 y T-336/04 A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por otra parte, con arreglo al artículo 87, apartado 3, del mismo Reglamento, el Tribunal de Primera Instancia podrá repartir las costas o decidir que cada parte abone sus propias costas cuando se estimen parcialmente las pretensiones de una y otra parte, o por motivos excepcionales. Viasat y SBS, partes demandantes pero también coadyuvantes en apoyo la una de la otra en los asuntos T-329/04 y T-336/04, han visto desestimados sus motivos de anulación respectivos relativos a la calificación como SIEG de la misión de servicio público de TV2. Además, el Tribunal de Primera Instancia ha declarado que, habida cuenta de la anulación de la Decisión impugnada en el marco de los recursos T-309/04 y T-317/04, no procedía examinar los otros motivos de anulación presentados por estas partes demandantes. En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia decide que Viasat y SBS carguen, cada una de ellas, con sus propias costas, en las que incurrieron en condición tanto de partes demandantes como de partes coadyuvantes, en los asuntos T-329/04 y T-336/04, y, respectivamente, con una décima parte de las costas de la Comisión en el asunto T-329/04 y una décima parte de las costas de la Comisión en el asunto T-336/04. Por las mismas razones, Viasat cargará con una décima parte de las costas en las que hayan incurrido TV2 A/S, el Reino Unido y la UER, en su condición de coadyuvantes en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T-329/04, y SBS cargará con una décima parte de las costas en las que hayan incurrido esas mismas partes en su condición de coadyuvantes en apoyo de las pretensiones de la Comisión en el asunto T-336/04. La Comisión junto con TV2 A/S, el Reino de Dinamarca y la UER, partes coadyuvantes en apoyo de esta institución en los asuntos T-329/04 y T-336/04, cargarán, cada uno, con nueve décimas partes de sus propias costas en los asuntos T-329/04 y T-336/04. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA (Sala Quinta) decide: 1) Acumular los asuntos T-309/04, T-317/04, T-329/04 y T-336/04 a efectos de la sentencia. 2) Anular la Decisión 2006/217/CE de la Comisión, de 19 de mayo de 2004, sobre las medidas de Dinamarca a favor de TV2/Danmark. 3) TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la Comisión cargarán, cada uno, con sus propias costas en los asuntos T-309/04 R y T-317/04 R. 4) La Comisión cargará con sus propias costas en los asuntos T-309/04 y T-317/04, así como con las de TV 2/Danmark A/S y el Reino de Dinamarca en dichos asuntos. 5) La Union européenne de radio-télévision (UER), SBS TV A/S, SBS Danish Television Ltd y Viasat Broadcasting UK Ltd cargarán, cada una, con sus propias costas en el asunto T-309/04. 6) SBS TV, SBS Danish Television y Viasat Broadcasting UK cargarán, cada una, con sus propias costas, en las que incurrieron tanto en condición de partes principales como de partes coadyuvantes, en los asuntos T-329/04 y T-336/04. 7) Viasat Broadcasting UK cargará con una décima parte de las costas en las que hayan incurrido la Comisión, TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la UER en el asunto T-329/04. 8) SBS TV y SBS Danish Television Ltd cargarán con una décima parte de las costas en las que hayan incurrido la Comisión, TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la UER en el asunto T-336/04. 9) La Comisión, TV 2/Danmark A/S, el Reino de Dinamarca y la UER cargarán, cada uno, con nueve décimas partes de sus propias costas en los asuntos T-329/04 y T-336/04. Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 22 de octubre de 2008. El Secretario E. Coulon El Presidente M. Vilaras Índice Marco jurídico Hechos que originaron los litigios Procedimiento Asuntos T-309/04 y T-317/04 Asunto T-329/04 Asunto T-336/04 Pretensiones de las partes Fundamentos de Derecho Sobre la admisibilidad de los recursos T-309/04 y T-317/04 Sobre el fondo Sobre le primer motivo del recurso T-329/04 y el segundo motivo del recurso T-336/04, basados en que, en la Decisión impugnada, se calificó erróneamente como SIEG la misión de servicio público de TV2 — Alegaciones de las partes — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia Sobre el primer motivo de los recursos T-309/04 y T-317/04, basado en la vulneración del derecho de defensa — Alegaciones de las partes — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia Sobre el segundo motivo de los recursos T-309/04 y T-317/04, basado en la infracción del artículo 87 CE, apartado 1, en la medida en que ni el producto del canon ni los ingresos publicitarios transferidos a TV2 por medio del Fondo de TV2 son fondos estatales — Alegaciones de las partes — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia Sobre la imputación en los recursos T-309/04 y T-317/04, basada en la insuficiencia de motivación de la Decisión impugnada, resultante de una vulneración por parte de la Comisión de su obligación de examen — Alegaciones de las partes — Apreciación del Tribunal de Primera Instancia Costas Costas en los asuntos T-309/04 y T-317/04 Costas en los asuntos T-329/04 y T-336/04 ( *1 ) Lenguas de procedimiento: inglés y danés.

62013CJ0256

sl

Predloga za sprejetje predhodne odločbe se nanašata na razlago členov 6 in 13 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 337). Ta predloga sta bila vložena v okviru sporov, prvič, med Provincie Antwerpen (provinca Antwerpen) in družbo Belgacom NV van publiek recht (v nadaljevanju: Belgacom) ter, drugič, Provincie Antwerpen in družbo Mobistar NV (v nadaljevanju: Mobistar) zaradi odločbe, s katero je bila tema družbama odmerjena splošna provincialna dajatev za njune obrate na območju Provincie Antwerpen. Pravni okvir Pravo Unije Člen 1 Direktive o odobritvi, naslovljen „Cilj in področje uporabe“, določa: „1.   Cilj te direktive je vzpostavitev notranjega trga elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev z uskladitvijo in poenostavitvijo predpisov in pogojev za odobritve, s čimer bi se omogočilo zagotavljanje teh omrežij in storitev v celotni Skupnosti. 2.   Ta direktiva se uporablja za odobritve za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev.“ Člen 6 te direktive, naslovljen „Pogoji, ki veljajo za splošno odobritev in za pravice uporabe radijskih frekvenc in številk, ter posebne obveznosti“, določa: „1.   Za splošno odobritev za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev ter pravice uporabe radijskih frekvenc in pravice uporabe številk lahko veljajo samo posamezni pogoji iz delov A, B in C iz priloge. Taki pogoji morajo biti objektivno utemeljeni glede na zadevno omrežje ali storitev, nediskriminacijski, sorazmerni in transparentni. 2.   Posebne obveznosti, ki se lahko naložijo ponudnikom elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev […] ali tistim, ki so imenovani za zagotavljanje univerzalne storitve […], se pravno ločijo od pravic in obveznosti po splošni odobritvi. V splošni odobritvi se navedejo merila in postopki za naložitev takih posebnih obveznosti posameznim podjetjem, da se za podjetja doseže transparentnost. 3.   Splošna odobritev vsebuje samo pogoje, ki so značilni za to področje in določeni v Delu A priloge, niso pa prevzeti pogoji, ki veljajo za podjetja na podlagi druge nacionalne zakonodaje. 4.   Države članice ne prevzemajo pogojev splošne odobritve, kadar podelijo pravico uporabe radijskih frekvenc ali številk.“ Člen 13 navedene direktive, naslovljen „Pristojbine za pravice uporabe in za pravice do vgradnje naprav“, določa: „Države članice lahko ustreznemu organu dovolijo, da naloži pristojbine za pravice uporabe radijskih frekvenc ali številk ali za pravice do vgradnje naprav na, nad ali pod javnim ali zasebnim zemljiščem, ki odražajo potrebo po zagotovitvi optimalne uporabe teh virov. Države članice zagotovijo, da so take pristojbine objektivno utemeljene, transparentne, nediskriminacijske in sorazmerne glede na njihov predvideni namen, ter upoštevajo cilje iz člena 8 [Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2002/21/ES z dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska omrežja in storitve (okvirna direktiva) (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 29, str. 349)].“ Del B Priloge k Direktivi o odobritvi določa: „Pogoji, ki se lahko navezujejo na pravice uporabe radijskih frekvenc […] 6. Pristojbine za uporabo v skladu s členom 13 te direktive. […]“ Belgijsko pravo Člen 97 zakona o prestrukturiranju nekaterih javnih gospodarskih podjetij (wet betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven) z dne 21. marca 1991 ( Belgisch Staatsblad , 27. marec 1991, str. 6155) v različici, ki se uporabi v sporih o glavni stvari (v nadaljevanju: zakon z dne 21. marca 1991), določa: „1.   Pod pogoji iz tega poglavja sme vsak operater javnega telekomunikacijskega omrežja uporabljati javna in druga zemljišča za vgradnjo kablov, nadzemnih vodov in pripadajočih naprav ter za izvedbo vseh s tem povezanih del, če so spoštovani namembnost zemljišča ter zakonske določbe in predpisi, ki urejajo uporabo teh zemljišč. […] 2.   Vgrajeni kabli, nadzemni vodi in pripadajoče naprave ostanejo last operaterja zadevnega javnega telekomunikacijskega omrežja.“ Člen 98 tega zakona določa: „1.   Pred vgradnjo kablov, nadzemnih vodov in pripadajočih naprav na javnih zemljiščih vsak operater javnega telekomunikacijskega omrežja predloži načrt z mesti vgradnje in njihovimi posebnostmi v odobritev organu, ki upravlja javno zemljišče. […] 2.   Organ operaterju zadevnega javnega telekomunikacijskega omrežja za to pravico do uporabe ne sme naložiti nikakršne dajatve, takse, zemljiškega davka, nadomestila ali pristojbine. Poleg tega imajo operaterji javnega telekomunikacijskega omrežja brezplačno služnost poti za dostop do kablov, nadzemnih vodov in pripadajočih naprav v javnih ali zasebnih zgradbah, ki so zgrajene na javnih zemljiščih. […]“ Provincieraad van de Provincie Antwerpen (svet province Antwerpen) je za obdobje od leta 2005 do leta 2008 sprejel štiri uredbe o dajatvi, ki določajo splošno provincialno dajatev za obrate na območju te province. Iz spisa, s katerim razpolaga Sodišče, je razvidno, da je besedilo bistvenih določb uredb o dajatvi za obdobje od leta 2005 do leta 2007 (v nadaljevanju: uredbe o dajatvi 2005–2007), enako. Uredba o dajatvi za leto 2008 (v nadaljevanju: uredba o dajatvi 2008) se od navedenih uredb razlikuje predvsem v višini določene dajatve. V členu 1 uredb o dajatvi 2005–2007 je tako določeno, da se splošna provincialna dajatev med drugim plača za vsak obrat, ki je opredeljen kot „vsaka zasebna ali javna površina katere koli oblike[, pri čemer se p]ovršine, ki med seboj mejijo, […] obravnavajo kot en sam obrat, če niso ločene z javno potjo, ločilnim zidom ipd., [in pri čemer se d]ve ali več površin, ki so med seboj povezane s pravico poti, […] obravnavajo kot en sam obrat“. V skladu s členom 1 B, točka 2, teh uredb o dajatvi mora splošno provincialno dajatev med drugim plačati „vsaka pravna oseba belgijskega ali tujega prava, ki je zavezana za plačilo davka od dohodka pravnih oseb, vključno s pravno osebo v postopku likvidacije, in ki ima 1. januarja [zadevnega leta] na območju Provincie Antwerpen enega ali več obratov, ki jih ta pravna oseba uporablja ali so namenjeni temu, da jih uporablja“. Člen 2 B navedenih uredb o dajatvi določa, da dajatev za obrat s površino do vključno 1000 m načeloma znaša 99 EUR. Tudi dajatev, določena z uredbo o dajatvi 2008, sprejeto 5. oktobra 2007, se plača za vsak obrat na območju Provincie Antwerpen. Besedilo člena 1 B, točka 2, te uredbe je enako besedilu uredb o dajatvi 2005–2007. Člen 8, prvi in drugi pododstavek, uredbe od dajatvi 2008 določa: „Vsak zavezanec za plačilo dajatve je dolžan plačati dajatev za vsak posamezen obrat – ne glede na njegovo poimenovanje – ki ga uporablja ali je namenjen temu, da ga uporablja, in ki leži na območju Provincie Antwerpen. Obdavčljivi obrat je vsaka površina, ki je namenjena za poklicne ali poslovne namene ali se uporablja v okviru teh namenov, je namenjena za uporabo ali prispeva k uresničitvi [ali] izvajanju poklicnih ali poslovnih ciljev.“ Člen 11 te uredbe o dajatvi določa, da dajatev za obrat s površino do vključno 1000 m načeloma znaša 135 EUR. Spora o glavni stvari in vprašanje za predhodno odločanje Družbi Belgacom in Mobistar sta ponudnici elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev. Iz predložitvenih odločb je razvidno, da sta družbi Belgacom in Mobistar na območju Provincie Antwerpen postavili veliko število stebrov, drogov in anten za mobilno radiotelefonijo, ki so potrebni za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih storitev. Organi Provincie Antwerpen so na podlagi uredb o dajatvi, navedenih v točki 9 te sodbe, izdali odločbe o odmeri dajatve, ki jo družba Belgacom dolguje za leti 2007 in 2008, družba Mobistar pa za leta od 2005 do 2007, in sicer za svoje obrate na območju Provincie Antwerpen. Družbi Belgacom in Mobistar sta zoper ti odločbi o odmeri dajatve vložili pritožbi pri guvernerju Provincie Antwerpen. Ker sta bili ti pritožbi zavrnjeni, sta ti družbi vložili tožbo pri rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen (sodišče prve stopnje v Antwerpnu), ki je navedeni odločbi o odmeri dajatve razglasilo za nični. Provincie Antwerpen je pri predložitvenem sodišču zoper sodbi sodišča prve stopnje vložila pritožbo. Poleg tega je iz predložitvenih odločb razvidno, da je Grondwettelijk Hof (ustavno sodišče) ustavnost člena 98(2) zakona z dne 21. marca 1991 presojalo v sodbi z dne 15. decembra 2011, v kateri je odločilo, da s to določbo ni prepovedano, da province iz proračunskih ali drugih razlogov obdavčijo gospodarsko dejavnost telekomunikacijskih operaterjev, ki je na območju province omogočena s stebri, drogovi ali antenami za mobilno radiotelefonijo, postavljenimi na javnem ali zasebnem zemljišču, ki se uporabljajo za to dejavnost. Družbi Belgacom in Mobistar sta v okviru postopkov, ki potekata pred predložitvenim sodiščem, izpostavili vprašanje, ali sta zadevni odločbi o odmeri dajatve v skladu z Direktivo o odobritvi. Poleg tega sta ti družbi trdili, da presoja Grondwettelijk Hof glede splošnih provincialnih dajatev iz postopka v glavni stvari ni združljiva s sodno prakso Sodišča, natančneje s sodbo Vodafone España in France Telecom España (C‑55/11, C‑57/11 in C‑58/11, EU:C:2012:446 ), v kateri naj bi Sodišče presodilo, da države članice v okviru Direktive o odobritvi ne smejo naložiti drugih dajatev ali pristojbin za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev kot tistih, določenih v tej direktivi. Hof van beroep te Antwerpen se glede na to sodbo Sodišča sprašuje, ali je razlaga člena 98(2) zakona z dne 21. marca 1991, ki jo je navedlo Grondwettelijk Hof, združljiva s členoma 6 in 13 Direktive o odobritvi. V teh okoliščinah je hof van beroep te Antwerpen prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje v zadevah C‑256/13 in C‑264/13 predložilo to vprašanje: „Ali je treba člena 6 in/ali 13 Direktive [o odobritvi] razlagati tako, da nasprotujeta temu, da je organu države članice iz proračunskih ali drugih razlogov dovoljeno obdavčiti gospodarsko dejavnost telekomunikacijskih operaterjev, ki je na ozemlju te države članice ali njegovem delu omogočena s stebri, drogovi ali antenami [za mobilno radiotelefonijo], postavljenimi na javnem ali zasebnem zemljišču, ki se uporabljajo za to dejavnost?“ S sklepom predsednika Sodišča z dne 6. junija 2013 sta bili zadevi C‑256/13 in C‑264/13 združeni za pisni in ustni postopek ter izdajo sodbe. Vprašanje za predhodno odločanje Predložitveno sodišče s postavljenim vprašanjem v bistvu sprašuje, ali je treba člena 6 in 13 Direktive o odobritvi razlagati tako, da nasprotujeta temu, da se operaterji, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in omrežja, obdavčijo s splošno dajatvijo za obrate, ker so stebri, drogovi ali antene za mobilno radiotelefonijo, ki so potrebni za njihovo dejavnost, postavljeni na javnem ali zasebnem zemljišču. Poudariti je treba, da se člen 6 Direktive o odobritvi nanaša na pogoje in posebne obveznosti, ki veljajo za splošno odobritev in za pravice do uporabe radijskih frekvenc in številk. Ta člen določa, da za splošno odobritev za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij ali storitev ter pravice do uporabe radijskih frekvenc in pravice do uporabe številk lahko veljajo samo posamezni pogoji iz delov A, B in C Priloge k tej direktivi. V zvezi s tem je iz dela B, točka 6, Priloge k Direktivi o odobritvi razvidno, da so pristojbine za pravice do uporabe radijskih frekvenc v skladu s členom 13 te direktive eden izmed pogojev, ki se lahko navezujejo na navedene pravice. V obravnavanem primeru iz predložitvenih odločb ni razvidno, da je zadevna dajatev iz postopka v glavni stvari eden izmed pogojev in posebnih obveznosti, taksativno naštetih v Prilogi k Direktivi o odobritvi, ki se navezujejo na splošne odobritve ali pravice do uporabe radijskih frekvenc na podlagi člena 6 Direktive o odobritvi. Ta člen Direktive o odobritvi zato za postopka o glavni stvari ni upošteven. Glede vprašanja, ali člen 13 Direktive o odobritvi nasprotuje temu, da se zadevnim podjetjem naloži dajatev, kot je ta iz postopka v glavni stvari, je treba spomniti, da je Sodišče že presodilo, da Direktiva o odobritvi ne določa le pravil o postopkih podelitve splošnih odobritev ali pravic do uporabe radijskih frekvenc ali številk in o vsebini navedenih odobritev, temveč tudi pravila o naravi – celo obsegu – denarnih izdatkov, povezanih s temi postopki, ki jih lahko države članice naložijo podjetjem v sektorju telekomunikacijskih storitev (sodba Vodafone Malta in Mobisle Communications, C‑71/12, EU:C:2013:431 , točka 20 in navedena sodna praksa). V skladu z ustaljeno sodno prakso tako države članice v okviru Direktive o odobritvi ne smejo naložiti drugih dajatev ali pristojbin za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev kot tistih, določenih v tej direktivi (glej sodbo Vodafone España in France Telecom España, EU:C:2012:446 , točka 28 in navedena sodna praksa). Glede člena 13 Direktive o odobritvi je treba ugotoviti, da se nanaša na podrobna pravila glede naložitve pristojbin za pravice do uporabe radijskih frekvenc ali številk ali za pravice do vgradnje naprav na javnem ali zasebnem zemljišču, nad ali pod njim (glej v tem smislu sodbo Vodafone Malta in Mobisle Communications, EU:C:2013:431 , točka 19). Na podlagi tega člena Direktive o odobritvi lahko države članice za pravice do uporabe radijskih frekvenc ali številk in za pravice do vgradnje naprav naložijo pristojbino, namen katere je zagotoviti optimalno uporabo teh virov (glej v tem smislu sobo Belgacom in drugi, C‑375/11, EU:C:2013:185 , točka 42 in navedena sodna praksa). Izraza „naprave“ oziroma „vgradnja“, uporabljena v tem členu 13, se nanašata na fizično infrastrukturo, ki omogoča zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev oziroma njihovo fizično namestitev na zadevnem javnem ali zasebnem zemljišču (glej v tem smislu sodbo Vodafone España in France Telecom España, EU:C:2012:446 , točka 32). Vendar člen 13 Direktive o odobritvi ne zajema vseh pristojbin za infrastrukturo, ki bi omogočala zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev. Direktiva o odobritvi se namreč v skladu s svojim členom 1(2) uporablja za odobritve za zagotavljanje elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev, pri čemer se njen člen 13 nanaša le na pristojbine za pravice do uporabe radijskih frekvenc ali številk ali za pravice do vgradnje naprav na zasebnem zemljišču, nad ali pod javnim njim, ki odražajo potrebo po zagotovitvi optimalne uporabe teh virov. V obravnavanem primeru pa je iz predložitvenih odločb razvidno, da se dajatev iz postopka v glavni stvari naloži med drugim vsaki pravni osebi belgijskega ali tujega prava, ki ima na območju Provincie Antwerpen obrat, ki ga uporablja ali je namenjen temu, da ga uporablja, ne glede na naravo obrata in dejavnost zavezanca za to dajatev. Višina te dajatve je odvisna od površine obrata. Ti zavezanci torej niso zgolj operaterji, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in omrežja, ali imetniki pravic, navedenih v členu 13 Direktive o odobritvi. Iz tega izhaja, da se obdavčljivi dogodek iz postopka v glavni stvari ne navezuje na podelitev pravic do uporabe radijskih frekvenc ali številk ali pravic do vgradnje naprav v smislu člena 13 Direktive o odobritvi. Taka dajatev zato ni pristojbina v smislu tega člena in torej ne spada na področje uporabe te direktive. Glede na zgornje ugotovitve je treba na postavljeno vprašanje odgovoriti, da je treba člena 6 in 13 Direktive o odobritvi razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se operaterji, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in omrežja, obdavčijo s splošno dajatvijo za obrate, ker so stebri, drogovi ali antene za mobilno radiotelefonijo, ki so potrebni za njihovo dejavnost, postavljeni na javnem ali zasebnem zemljišču. Stroški Ker je ta postopek za stranke v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo: Člena 6 in 13 Direktive 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (Direktiva o odobritvi) je treba razlagati tako, da ne nasprotujeta temu, da se operaterji, ki zagotavljajo elektronske komunikacijske storitve in omrežja, obdavčijo s splošno dajatvijo za obrate, ker so stebri, drogovi ali antene za mobilno radiotelefonijo, ki so potrebni za njihovo dejavnost, postavljeni na javnem ali zasebnem zemljišču. Podpisi ( *1 ) Jezik postopka: nizozemščina.

62012CJ0303

pl

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym dotyczy wykładni art. 49 TFUE. Wniosek ten został złożony w ramach sporu pomiędzy G. Imfeldem i N. Garcet, parą małżonków zamieszkałą w Belgii, a państwem belgijskim w przedmiocie uwzględnienia, w ramach obliczania łącznego opodatkowania tej pary w Belgii, dochodów osiąganych w innym państwie członkowskim przez G. Imfelda, które co prawda podlegają zwolnieniu w Belgii, ale stosowane są jako podstawa dla przyznania korzyści podatkowych związanych z sytuacją osobistą i rodzinną, z tym skutkiem, że małżonkowie ci utracili część korzyści, do jakich mieliby prawo w braku takiego uwzględnienia. Ramy prawne Konwencja z 1967 r. Artykuł 14 konwencji pomiędzy Królestwem Belgii a Republiką Federalną Niemiec o unikaniu podwójnego opodatkowania i uregulowaniu niektórych innych kwestii w dziedzinie podatku dochodowego i majątkowego, w tym opodatkowania patentów i podatków od nieruchomości, podpisanej w Brukseli w dniu 11 kwietnia 1967 r. ( Moniteur belge z dnia 30 lipca 1969 r., zwanej dalej „konwencją z 1967 r.”), stanowi w art. 14, zatytułowanym „Wolne zawody”: „1.   Dochody, które osoba będąca rezydentem jednego z umawiających się państw osiąga z wykonywania wolnego zawodu albo innej samodzielnej działalności gospodarczej, podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że osoba ta posiada stałą placówkę w drugim umawiającym się państwie w celu wykonywania swej działalności. Jeżeli posiada ona taką stałą placówkę, wówczas dochód jest opodatkowywany w drugim państwie, jednakże tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany działalności prowadzonej za pomocą owej stałej placówki. 2.   Wyrażenie »wolne zawody« obejmuje w szczególności niezależnie prowadzoną działalność [...] lekarzy, adwokatów, inżynierów, architektów, dentystów i księgowych”. Artykuł 23 konwencji z 1967 r., zatytułowany „Wolne zawody”, przewiduje w szczególności w ust. 2 pkt 1, że dochody pochodzące z Niemiec, które podlegają opodatkowaniu w tym państwie członkowskim na podstawie rzeczonej konwencji, są zwolnione z podatku w Belgii. Ten sam przepis wyjaśnia jednak, że owo zwolnienie nie ogranicza prawa Królestwa Belgii do uwzględnienia, w trakcie ustalania stawki opodatkowania, zwolnionych w ten sposób dochodów. Prawo belgijskie Zgodnie z art. 126 ust. 1 i 2 code des impôts sur le revenu de 1992 (kodeksu podatków dochodowych z 1992 r., Moniteur belge z dnia 30 lipca 1992 r.), w brzmieniu obowiązującym w chwili zaistnienia okoliczności w postępowaniu głównym (zwanego dalej „CIR z 1992 r.”): „1.   Niezależnie od systemu podatkowego stosowanego do małżonków, dochody małżonków inne niż dochody z działalności zawodowej są doliczane do dochodów z działalności zawodowej tego z małżonków, który osiąga wyższe dochody. 2.   Podatek jest ustalany w stosunku do obydwu małżonków”. Artykuł 131 CIR z 1992 r. przyznaje każdemu podatnikowi kwotę dochodu zwolnioną z podatku. Zgodnie z art. 132 CIR z 1992 r. owa kwota wolna od podatku jest powiększana, jeżeli podatnik ma osoby na utrzymaniu. Jeżeli małżonkowie opodatkowywani są wspólnie, owo powiększenie kwoty wolnej od podatku zgodnie z art. 134 ust. 1 akapit drugi CIR z 1992 r. następuje po stronie dochodów tego z małżonków, którego dochody z działalności zawodowej są najwyższe. Artykuł 134 ust. 1 CIR z 1992 r. stanowi również, że: „Część dochodu objęta zwolnieniem z podatku jest określana przez podatnika i obejmuje całą kwotę podstawową, ewentualnie powiększoną, oraz dodatki, o których mowa w art. 132 i 133. W razie stosowania wspólnego opodatkowania dodatki, o których mowa w art. 132, zalicza się na rzecz podatnika, którego dochody podlegające opodatkowaniu są wyższe [...]”. Artykuł 155 CIR z 1992 r. stanowi: „Dochody objęte zwolnieniem na mocy międzynarodowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania są uwzględniane do celów obliczania podatku, lecz podatek podlega obniżeniu proporcjonalnemu do części, jaką dochody objęte zwolnieniem stanowią w całości dochodów. Tak samo jest w przypadku: — dochodów zwolnionych na podstawie innych traktatów lub umów międzynarodowych, o ile przewidują one klauzulę zastrzegającą progresję; [...] W razie stosowania reżimu wspólnego rozliczenia obniżenie jest obliczane przez podatnika w odniesieniu do ogółu jego dochodów netto”. Ponadto w następstwie wyroku z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie C-385/00 de Groot, Rec. s. I-11819 , Królestwo Belgii przyjęło okólnik nr Ci.RH.331/575.420 z dnia 12 marca 2008 r. przewidujący obniżenie podatku dla dochodów zwolnionych na podstawie konwencji międzynarodowej, poza obniżeniem przewidzianym w art. 155 CIR z 1992 r. (zwany dalej „okólnikiem z 2008 r.”). Okólnik ten stanowi: „1. W belgijskim systemie podatkowym korzyści podatkowe związane z sytuacją osobistą i rodzinną podatnika [...] mają zastosowanie zarówno do dochodów pochodzenia belgijskiego, jak i do dochodów pochodzenia zagranicznego. Jeżeli owa sytuacja rodzinna lub osobista nie została uwzględniona za granicą, część owych korzyści jest utracona. Niderlandy stosują metodę zwolnienia z zastrzeżeniem progresji, analogiczną do metody stosowanej w Belgii. W [ww. wyroku w sprawie de Groot Trybunał] orzekł jednak, że metoda taka była sprzeczna z uregulowaniem w dziedzinie swobodnego przepływu osób [w Unii Europejskiej]. Belgia została wezwana przez Komisję Europejską do dostosowania belgijskich przepisów podatkowych dotyczących stosowania metody zwolnienia z zastrzeżeniem progresji [...] do obowiązków ciążących na podstawie art. 18 [WE], 39 [WE], 43 [WE] i 56 WE [...]. Przyjęto następujące rozwiązanie: w przypadku gdy sytuacja osobista i rodzinna podatnika nie została uwzględniona za granicą, obniżenie podatku dla dochodów pochodzenia zagranicznego zostanie przyznane wraz z obniżeniem przewidzianym w art. 155 CIR z [1992 r.]. [...] 3. Dodatkowe obniżenie w odniesieniu do dochodów zwolnionych na podstawie konwencji może zostać przyznane jedynie po spełnieniu następujących warunków: — podatnik uzyskał dochody zwolnione na podstawie konwencji w państwie członkowskim lub państwach członkowskich [Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)]; — sytuacja osobista lub rodzinna podatnika nie została uwzględniona przy obliczaniu podatku należnego w tych państwach od dochodów zwolnionych z podatku w Belgii; — podatnik nie mógł w Belgii w pełni skorzystać z korzyści podatkowych związanych z jego sytuacją rodzinną lub osobistą; — podatek należny w Belgii, powiększony o podatek należny za granicą, jest wyższy od podatku, który byłby należny, gdyby dochody zostały uzyskane wyłącznie w Belgii, a podatki ich dotyczące były należne w Belgii. 4. Podatnik ubiegający się o dodatkowe obniżenie powinien przedstawić dowód spełnienia wymaganych warunków”. Spory w postępowaniu głównym Guido Imfeld, obywatel niemiecki, i N. Garcet, obywatelka belgijska, są małżeństwem, mają dwójkę dzieci i mają miejsce zamieszkania w Belgii. Mimo że na podstawie przepisów prawa krajowego małżonkowie podlegają co do zasady wspólnemu opodatkowaniu, to jednak za lata 2003 i 2004 złożyli oddzielne deklaracje o osiąganym dochodzie w Belgii, bez wskazania, że pozostają w związku małżeńskim. Guido Imfeld, który wykonuje zawód adwokata w Niemczech, gdzie osiąga wszystkie dochody, nie wskazał w Belgii żadnego dochodu podlegającego opodatkowaniu ani też żadnej osoby pozostającej na utrzymaniu. Z kolei N. Garcet, która jest pracownikiem najemnym w Belgii, wskazała w deklaracji odsetki hipoteczne i dwójkę pozostających na utrzymaniu dzieci, jak również koszty opieki. Rzeczone deklaracje leżą u podstaw trzech spraw rozpatrywanych przez sąd odsyłający, które to sprawy spowodowały skierowanie wniosku o wydanie orzeczenia prejudycjalnego. Spory związane z rokiem podatkowym 2003 W dniu 5 kwietnia 2004 r. belgijski organ podatkowy w pierwszej kolejności ustalił za rok podatkowy 2003 podatek jedynie od N. Garcet. Niemniej jednak w dniu 16 listopada 2004 r. ów organ podatkowy stwierdził, że N. Garcet nie może być uznawana za niezamężną, i wydał w związku z tym decyzję korygującą ustanawiającą wspólne opodatkowanie skarżących w postępowaniu głównym i określającą nowy podatek na podstawie dochodów zadeklarowanych przez N. Garcet i dochodów uzyskiwanych przez G. Imfelda w charakterze osoby prowadzącej działalność gospodarczą w Niemczech. Pismem z dnia 9 grudnia 2004 r. skarżący w postępowaniu głównym wyrazili swój sprzeciw wobec tak ustalonej korekty podatku, nie zgadzając się z wysokością podatku ustalonego dla nich oraz żądając obliczenia podatku odrębnie dla każdego z nich, aby zagwarantować swobodę przedsiębiorczości, a także rzeczywiste i pełne zwolnienie z podatku dochodów pochodzenia niemieckiego uzyskiwanych przez G. Imfelda. W dniu 13 grudnia 2004 r. organ podatkowy doręczył skarżącym w postępowaniu głównym decyzję podatkową, wskazując, że niemieckie dochody G. Imfelda zostaną zwolnione w całości, lecz że wspólne opodatkowanie musi uwzględniać koszty opieki nad dziećmi, kwotę dochodu zwolnioną z podatku oraz ulgi w odniesieniu do dochodu zastępczego [dochodu otrzymywanego w miejsce wynagrodzenia, które otrzymuje się, gdy się pracuje, np. zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy, macierzyński, emerytury, renty]. W dniu 10 lutego 2005 r. ustalono kwotę podatku za rok 2003 jedynie dla N. Garcet na podstawie dochodów, których wysokość ustalona została w kwocie zero, od której to kwoty skarżący w postępowaniu głównym wnieśli odwołanie w dniu 9 marca 2005 r. Ponieważ odwołanie to zostało oddalone decyzją directeur régional des contributions directes de Liège (Belgia) (dyrektora regionalnego ds. podatków bezpośrednich w Liège) w dniu 11 lipca 2005 r., skarżący w postępowaniu głównym wnieśli skargę na tę decyzję pismem złożonym w sekretariacie sądu odsyłającego w dniu 29 września 2005 r. W dniu 13 października 2005 r. ustalono łączną kwotę opodatkowania skarżących w postępowaniu głównym za rok 2003, od której to decyzji ustalającej kwotę skarżący wnieśli odwołanie w dniu 13 stycznia 2006 r. Ponieważ odwołanie to zostało oddalone decyzją directeur régional des contributions directes de Liège z dnia 7 marca 2006 r., skarżący w postępowaniu głównym wnieśli skargę na tę decyzję pismem złożonym w sekretariacie sądu odsyłającego w dniu 31 marca 2006 r. Spór dotyczący roku podatkowego 2004 W dniu 24 czerwca 2005 r. ustalono łączną kwotę opodatkowania skarżących w postępowaniu głównym za rok 2004, przeciwko któremu to ustaleniu wnieśli oni odwołanie w dniu 15 września 2005 r. Ponieważ odwołanie to zostało oddalone decyzją directeur régional des contributions directes de Liège z dnia 19 października 2005 r., skarżący w postępowaniu głównym wnieśli odwołanie od tej decyzji pismem złożonym w sekretariacie sądu odsyłającego w dniu 21 listopada 2005 r. Traktowanie pod względem podatkowym dochodów osiąganych w Niemczech przez G. Imfelda Guido Imfeld na podstawie konwencji z 1967 r. został opodatkowany w Niemczech od dochodów osiąganych w tym państwie członkowskim. Z odpowiedzi na pytanie pisemne zadane przez Trybunał wynika, że w ramach podatku dochodowego płaconego w Niemczech korzysta on z mającej postać kwoty dochodu zwolnionej z podatku ulgi podatkowej z tytułu pozostającego na utrzymaniu dziecka („Freibetrag für Kinder”). Guido Imfeld został opodatkowany indywidualnie, to znaczy bez możliwości skorzystania z systemu „Ehegattensplitting”, systemu wspólnego opodatkowania, z którego mogą korzystać na podstawie § 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym (Einkommensteuergesetz) podatnicy pozostający w związku małżeńskim i niepozostający w trwałej separacji, którzy podlegają opodatkowaniu w Niemczech, zamieszkując w innym państwie członkowskim. Z postanowienia odsyłającego oraz z akt znajdujących się w posiadaniu Trybunału wynika, że za rok podatkowy 2003 niemieckie organy podatkowe odmówiły G. Imfeldowi skorzystania z tego systemu opodatkowania. Skarga wniesiona przez G. Imfelda od owej odmownej decyzji została oddalona wyrokiem Finanzgericht Köln (Niemcy) z dnia 25 lipca 2007 r. w zakresie, w jakim, po pierwsze, dochody G. Imfelda podlegające opodatkowaniu w Niemczech były niższe niż 90% łącznego dochodu jego gospodarstwa domowego, i po drugie, dochody jego małżonki przekraczały zarówno bezwzględny próg 12372 EUR, jak i próg dotyczący 10% wszystkich dochodów, przewidziany przez niemieckie przepisy podatkowe. Finanzgericht Köln podkreślił w szczególności, że Trybunał dopuścił rzeczone progi w wyroku z dnia 14 września 1999 r. w sprawie C-391/97 Gschwind, Rec. s. I-5451 , pkt 32. Odwołanie wniesione przez skarżącego w postępowaniu głównym przeciwko temu wyrokowi zostało oddalone wyrokiem Bundesfinanzhof (Niemcy) z dnia 17 grudnia 2007 r. Ocena sądu odsyłającego i pytanie prejudycjalne Sąd odsyłający wskazuje, że łączne rozpoznanie sprawy G. Imfelda i N. Garcet jest zgodne z prawem. W stosunku do małżonków doszło do wspólnego opodatkowania, tak jak to przewiduje art. 126 ust. 1 CIR z 1992 r., i ustalono podatek łącznie od obydwu skarżących w postępowaniu głównym. Na podstawie art. 134 ust. 1 akapit drugi CIR z 1992 r. powiększenie kwoty zwolnionej z podatku z tytułu pozostających na utrzymaniu dzieci, o której to kwocie mowa w art. 132 ust. 3 CIR z 1992 r., zostało „zalicz[one] na rzecz podatnika, którego dochody podlegające opodatkowaniu są wyższe”, w niniejszym przypadku na poczet dochodów osiąganych przez G. Imfelda. Sąd ten ma wątpliwości co do zgodności z prawem Unii sposobu obliczania belgijskiego podatku. Twierdzi on w tym zakresie, że sposób zwolnienia z zastrzeżeniem progresji skutkuje utratą przez podatników takich jak skarżący w postępowaniu głównym części kwot zwolnionych z podatku, do której daje im prawo ich sytuacja osobista i rodzinna, z tego względu, iż kwoty te zaliczane są w pierwszej kolejności na część dochodu małżonka, który osiąga najwyższe dochody, nawet jeżeli są one zwolnione na podstawie konwencji międzynarodowej zapobiegającej podwójnemu opodatkowaniu. Wydaje mu się w związku z tym, że łączne zastosowanie art. 155 i art. 134 ust. 1 CIR z 1992 r. w sytuacji transgranicznej takiej jak sytuacja skarżących w postępowaniu głównym narusza prawo Unii. W tych okolicznościach sąd pierwszej instancji w Liège, łącząc poszczególne spory wniesione do rozpatrzenia przez skarżących w postępowaniu głównym, postanowił zawiesić postępowanie i zwrócił się do Trybunału z następującym pytaniem prejudycjalnym: „Czy art. 39 [WE] stoi na przeszkodzie temu, aby belgijski system podatkowy w art. 155 [CIR z 1992 r.] i w [art. 134 ust. 1 akapit drugi CIR z 1992 r.], niezależnie od stosowania [okólnika z 2008 r.], skutkował tym, że uzyskane w Niemczech dochody powoda z działalności zawodowej, zwolnione na podstawie art. [14] [konwencji z 1967 r.], zostały wliczone przy obliczaniu podatku belgijskiego i służyły jako podstawa dla przyznania ulg podatkowych przewidzianych przez [CIR z 1992 r.], a korzyści te, takie jak kwota dochodu zwolniona z podatku ze względu na sytuację rodzinną skarżącego, były ograniczone lub ustalone na niższym poziomie, niż gdyby oboje skarżący uzyskiwali dochody w Belgii i gdyby skarżąca, a nie skarżący, uzyskiwała wyższe dochody, podczas gdy w Niemczech skarżący został opodatkowany z tytułu dochodów z działalności zawodowej jako osoba stanu wolnego i nie może skorzystać ze wszystkich ulg podatkowych związanych ze swoją sytuacją osobistą i rodzinną, którą niemiecki fiskus uwzględnia tylko w części?”. W przedmiocie pytania prejudycjalnego Uwagi wstępne Sąd odsyłający wnosi do Trybunału zasadniczo o orzeczenie co do zgodności z prawem Unii traktowania pod względem podatkowym zastrzeżonego przez państwo członkowskie, w niniejszej sprawie Królestwo Belgii, dla zamieszkałej w tym państwie członkowskim i osiągającej w nim dochody pary, której jeden z członków osiąga dochody w tym państwie członkowskim, podczas gdy drugi wykonuje wolny zawód w innym państwie członkowskim, w niniejszej sprawie w Republice Federalnej Niemiec, gdzie uzyskuje on wszystkie swoje dochody, które stanowią największą część dochodów pary i są opodatkowywane w Niemczech i zwolnione w Belgii na podstawie dwustronnej konwencji międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania. Należy wyjaśnić, że o ile w sprawie głównej spór dotyczy dwóch korzyści podatkowych związanych z sytuacją osobistą i rodzinną podatników, to znaczy odliczenia kosztów opieki nad dziećmi oraz przyznania dodatku kwotowego do dochodu zwolnionego z podatku na dzieci pozostające pod opieką, o tyle jednak sąd odsyłający przez swoje pytanie odnosi się dokładniej do „kwoty zwolnionej z podatku ze względu na sytuację rodzinną skarżącego”, powołując się na sposób obliczania określony w art. 134 ust. 1 akapit drugi CIR z 1992 r. W ten sposób sąd odsyłający określa korzyść podatkową, jaką stanowi dodatek do kwoty dochodu zwolnionej z podatku na pozostające na utrzymaniu dzieci przewidziany w art. 132 CIR z 1992 r. Wskazuje on, że taka korzyść podatkowa jest przyznawana przez prawo belgijskie na rzecz pary jako całości oraz że z powodu sposobu obliczania ustanowionego w art. 134 CIR z 1992 r., zgodnie z którym rzeczony dodatek jest obliczany w drodze zaliczenia stosowanego do podlegających opodatkowaniu najwyższych dochodów jednego z dwóch małżonków, korzyść ta w sytuacji takiej jak sytuacja skarżących w postępowaniu głównym zostaje zmniejszona lub przyznana w mniejszym stopniu, niż jeżeli ci ostatni we dwoje osiągaliby dochody w Belgii oraz gdyby to N. Garcet, a nie G. Imfeld, osiągała najwyższe dochody. Możliwość odliczenia kosztów opieki nad dziećmi nie stanowi zatem części korzyści, do których odnosi się sąd odsyłający w swoim pytaniu. Jak potwierdził to rząd belgijski na rozprawie, obliczenie odliczenia kosztów opieki nad dziećmi podlega innym zasadom, ponieważ takie odliczenie przyznawane jest za pomocą proporcjonalnego podziału na dochody każdego z małżonków. Rząd ten dodaje, że w niniejszej sprawie N. Garcet skorzystała z odliczenia z tytułu kosztów opieki nad dziećmi w części proporcjonalnej do części, jaką jej dochody stanowiły w łącznym majątku pary. W kwestii swobody mającej zastosowanie do sytuacji skarżących w postępowaniu głównym Sąd odsyłający odnosi się w swoim pytaniu do art. 39 WE, któremu obecnie odpowiada art. 45 TFUE, dotyczącego swobody przepływu pracowników, powołując się wielokrotnie w wyjaśnieniach zawartych w postanowieniu odsyłającym na swobodę przedsiębiorczości. Tymczasem G. Imfeld, który jest obywatelem niemieckim i zamieszkuje w Belgii, pracuje w Niemczech jako adwokat i prowadzi tam niezależną działalność. Ponadto postanowienie konwencji z 1967 r., wyraźnie wskazane przez sąd odsyłający jako mające zastosowanie do spraw głównych, dotyczy wolnych zawodów i analogicznej niezależnej działalności. W konsekwencji sytuacja G. Imfelda objęta jest nie swobodą przepływu pracowników, lecz swobodą przedsiębiorczości, która oznacza dla obywateli Unii dostęp do działalności gospodarczej i jej wykonywanie (zob. w szczególności wyrok z dnia 11 marca 2004 r. w sprawie C-9/02 de Lasteyrie du Saillant, Rec. s. I-2409 , pkt 40). Trybunał wielokrotnie orzekał już, że nawet gdy sąd odsyłający ograniczył swój wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym do dokonania interpretacji swobody przepływu pracowników, to okoliczność ta nie stoi na przeszkodzie temu, aby Trybunał dostarczył sądowi odsyłającemu wszelkich informacji na temat wykładni prawa unijnego, jakie mogą okazać się użyteczne do wydania wyroku w zawisłej przed nim sprawie, niezależnie od tego, czy sąd odsyłający podniósł daną kwestię w przedstawionym pytaniu (zob. podobnie wyroki: z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie C-152/03 Ritter-Coulais, Zb.Orz. s. I-1711 , pkt 29; z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie C-544/07 Rüffler, Zb.Orz. s. I-3389 , pkt 57). W związku z tym pytanie to należy rozumieć jako dotyczące art. 43 WE, któremu obecnie odpowiada art. 49 TFUE. W przedmiocie pytania Przez swoje pytanie sąd odsyłający zastanawia się zasadniczo nad tym, czy art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on stosowaniu uregulowania podatkowego państwa członkowskiego, takiego jak sporne w postępowaniu głównym, które skutkuje pozbawieniem pary małżonków zamieszkałej w tym państwie i osiągającej jednocześnie dochody w owym państwie i w innym państwie członkowskim, w którym jeden z małżonków podlega indywidualnemu opodatkowaniu od dochodów z działalności zawodowej i nie może uzyskać wszystkich korzyści podatkowych związanych z jego sytuacją osobistą i rodzinną, korzystania z określonej ulgi podatkowej ze względu na sposób zaliczenia, podczas gdy para ta miałaby prawo do tej ulgi, gdyby obaj małżonkowie osiągali wszystkie dochody lub większą ich część na terytorium państwa miejsca zamieszkania. W przedmiocie istnienia ograniczenia swobody przedsiębiorczości W pierwszej kolejności należy przypomnieć, iż z utrwalonego orzecznictwa wynika, że w braku ujednolicających lub harmonizujących przepisów Unii państwa członkowskie zachowują kompetencję do określenia kryteriów opodatkowania dochodu i majątku w celu eliminacji podwójnego opodatkowania, między innymi w drodze konwencji. W tym kontekście w ramach dwustronnych konwencji państwa członkowskie mają swobodę ustalania łączników norm kolizyjnych w celu podziału kompetencji podatkowych (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie De Groot, pkt 93; wyroki: z dnia 16 października 2008 r. w sprawie C-527/06 Renneberg, Zb.Orz. s. I-7735 , pkt 48; z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie C‑168/11 Beker, pkt 32). Niemniej jednak taki rozdział kompetencji podatkowej nie zezwala państwom członkowskim na stosowanie przepisów sprzecznych ze swobodami przepływu zagwarantowanymi przez traktat FUE. W rzeczywistości, jeżeli chodzi o wykonywanie władztwa podatkowego rozdzielonego w ten sposób w ramach dwustronnych konwencji zapobiegających podwójnemu opodatkowaniu, państwa członkowskie są zobowiązane do przestrzegania zasad Unii (ww. wyroki: w sprawie de Groot, pkt 94; w sprawie Renneberg, pkt 50, 51; a także w sprawie Beker, pkt 33, 34). Należy również przypomnieć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Trybunału zasadniczo to do państwa członkowskiego miejsca zamieszkania należy przyznanie podatnikowi wszystkich korzyści podatkowych związanych z jego sytuacją osobistą i rodzinną, ponieważ owo państwo członkowskie, z zastrzeżeniem wyjątku, znajduje się w najlepszym położeniu, aby ocenić osobistą zdolność podatkową rzeczonego podatnika w zakresie, w jakim na terytorium tego państwa znajduje się centrum interesów osobistych i majątkowych owego osobnika (zob. w szczególności wyroki: z dnia 14 lutego 1995 r. w sprawie C-279/93 Schumacker, Rec. s. I-225 , pkt 32; z dnia 16 maja 2000 r. w sprawie C-87/99 Zurstrassen, Rec. s. I-3337 , pkt 21; ww. wyrok w sprawie Beker, pkt 43). Obowiązek uwzględnienia sytuacji osobistej i rodzinnej ciąży na państwie członkowskim zatrudnienia, jedynie jeżeli podatnik uzyskuje wszystkie lub prawie wszystkie przychody podlegające opodatkowaniu z działalności wykonywanej w tymże państwie członkowskim i nie uzyskuje znaczących dochodów w swym państwie zamieszkania, przez co nie jest ono w stanie przyznać temu podatnikowi ulg wynikających z uwzględnienia jego sytuacji osobistej i rodzinnej (zob. w szczególności ww. wyroki: w sprawie Schumacker, pkt 36; w sprawie Gschwind, pkt 27; w sprawie Zurstrassen, pkt 21–23; w sprawie de Groot, pkt 89). To w świetle tych zasad należy oceniać zgodność ze swobodą przedsiębiorczości stosowania belgijskiego uregulowania do sytuacji takiej jak sporna w postępowaniu głównym. Skarżący w postępowaniu głównym zostali opodatkowani łącznie od swoich dochodów w Belgii, gdzie mają miejsce zamieszkania, ponieważ dochody uzyskiwane w Niemczech przez G. Imfelda zostały zwolnione, a ów skarżący w postępowaniu głównym został opodatkowany indywidualnie od dochodów uzyskanych w Niemczech, gdzie pracuje, na podstawie konwencji z 1967 r. Zarówno w Belgii, jak i w Niemczech uwzględniona została przynajmniej częściowo sytuacja osobista i rodzinna tej pary. Na podstawie niemieckiego uregulowania podatkowego Guido Imfeld miał prawo do zwolnienia z tytułu pozostających na utrzymaniu dzieci („Freibetrag für Kinder”), nie mógł jednak skorzystać z systemu „Ehegattensplitting”. Na podstawie belgijskiego uregulowania podatkowego para miała również zasadniczo prawo do dodatku do kwoty zwolnionej z podatku z tytułu dzieci pozostających na utrzymaniu. Nie mogła jednak z niego rzeczywiście skorzystać. Dodatkowa kwota dochodu, która mogła zostać zwolniona, została zaliczona na poczet dochodów G. Imfelda osiągniętych w Niemczech, ponieważ były one najwyższe z dochodów pary. Jednakże rzeczone dochody zostały następnie odliczone od podstawy opodatkowania w zakresie, w jakim zostały one zwolnione na podstawie konwencji z 1967 r., tak że ostatecznie żadna kwota dochodu ze szczególnego tytułu dodatku na pozostające pod opieką dzieci nie została zwolniona. W związku z tym uregulowanie podatkowe takie jak sporne w postępowaniu głównym, a w szczególności łączne zastosowanie metody zwolnienia z zastrzeżeniem progresji przewidzianej w art. 155 CIR z 1992 r. i warunków zastosowania dodatku do zwolnienia z tytułu pozostającego na utrzymaniu dziecka ustanowionych w art. 134 CIR z 1992 r., stawia w mniej korzystnej sytuacji pary w sytuacji skarżących w postępowaniu głównym – która to sytuacja charakteryzuje się tym, że większa część dochodów tych par jest uzyskiwana w innym państwie członkowskim – w stosunku do par, które uzyskują wszystkie dochody lub ich znaczną część w Belgii. Skarżący w postępowaniu głównym znaleźli się jako para w rzeczywiście mniej korzystnej sytuacji, jako że nie mogli oni skorzystać z ulgi podatkowej wynikającej z zastosowania dodatku do zwolnienia z tytułu pozostającego pod opieką dziecka, do której mieliby prawo, gdyby osiągali wszystkie dochody w Belgii, lub przynajmniej gdyby dochody uzyskiwane przez N. Garcet w Belgii były wyższe niż dochody uzyskiwane przez jej małżonka w Niemczech. Sporne w postępowaniu głównym uregulowanie ustanawia w ten sposób odmienne traktowanie pod względem podatkowym par obywateli Unii zamieszkałych na terytorium Królestwa Belgii ze względu na źródło i wysokość ich dochodów, co może wywoływać skutek zniechęcający ich do wykonywania swobód zagwarantowanych przez traktat, a w szczególności swobody przedsiębiorczości (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie Beker, pkt 52). Rzeczone uregulowanie może również zniechęcać obywateli rzeczonego państwa członkowskiego do wykonywania ich prawa do swobody przedsiębiorczości poprzez stałe wykonywanie ich działalności w innym państwie członkowskim przy jednoczesnym ich zamieszkiwaniu nadal w pierwszym z wymienionych państw (zob. w szczególności wyroki: z dnia 13 kwietnia 2000 r. w sprawie C-251/98 Baars, Rec. s. I-2787 , pkt 28, 29; a także z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie C-314/08 Filipiak, Zb.Orz. s. I-11049 , pkt 60). Może ono również zniechęcać obywateli państw członkowskich innych niż Królestwo Belgii do wykonywania w charakterze obywateli Unii prawa swobodnego przepływu poprzez ustanowienie miejsca zamieszkania w tym państwie członkowskim, w szczególności w celu zbliżenia rodzinnego, przy jednoczesnej kontynuacji stałego wykonywania działalności w państwie członkowskim, którego są oni obywatelami. Ponadto belgijskie uregulowanie podatkowe nie uwzględnia sytuacji transgranicznej takiej jak ta w postępowaniach głównych i nie umożliwia kompensaty negatywnych skutków, jakie uregulowanie to może mieć dla wykonywania rzeczonych wolności zagwarantowanych obywatelom Unii przez traktat. Jak podkreśliła Komisja w pisemnych uwagach, zasada stosowania dodatku do zwolnienia z tytułu pozostającego na utrzymaniu dziecka do najwyższej części dochodu pary ma co do zasady za zadanie maksymalizację korzystnych skutków dla pary jako całości, w tym dla małżonka osiągającego niższe dochody. Ponieważ skala podatkowa ma charakter progresywny, przyznanie dodatku małżonkowi osiągającemu najwyższe dochody jest bardziej korzystne dla pary niż rozdział tego dodatku na równe lub proporcjonalne części. Paradoksalnie, stosowanie tej zasady w sytuacji transgranicznej takiej jak ta w postępowaniu głównym może wywoływać całkowicie odwrotny skutek w pewnych okolicznościach – w niniejszej sprawie w sytuacji, gdy małżonek osiągający najwyższe dochody osiąga całość dochodów w państwie członkowskim innym niż Królestwo Belgii. Przeciwnie do tego, co podnosi rząd belgijski, ustalone w ten sposób ograniczenie w swobodzie przedsiębiorczości nie jest konieczną konsekwencją rozbieżności uregulowań krajowych w postępowaniu głównym. Para złożona ze skarżących w postępowaniu głównym została bowiem pozbawiona części zwolnienia przewidzianego dla par będących rezydentami z powodu wykonywania przez jednego z członków tej pary swobody przedsiębiorczości oraz z powodu samych warunków stosowania dodatku do zwolnienia z tytułu pozostającego na utrzymaniu dziecka przewidzianego przez belgijskie uregulowanie podatkowe (zob. podobnie ww. wyrok w sprawie de Groot, pkt 87). Rząd belgijski nie może również twierdzić, że uregulowanie podatkowe sporne w postępowaniu głównym nie stanowi ograniczenia w wykonywaniu swobody przedsiębiorczości, ponieważ wykonanie przez G. Imfelda swobody przedsiębiorczości w żaden sposób nie pogarsza jego sytuacji podatkowej w zakresie, w jakim, po pierwsze, nie musiał on zapłacić w Niemczech podatku wyższego niż podatek, który musiałby zapłacić w Belgii, i po drugie, jego sytuacja osobista i rodzinna została uwzględniona w Niemczech, tak że Królestwo Belgii zostało w pełni uwolnione ze wszystkich obowiązków w tym zakresie. Oczywiście, jak wynika z przedstawionych okoliczności faktycznych postępowań głównych, G. Imfeld mógł w niniejszej sprawie skorzystać z częściowego uwzględnienia sytuacji osobistej i majątkowej w Niemczech poprzez przyznanie mu zwolnienia z podatku z tytułu dzieci pozostających na utrzymaniu („Freibetrag für Kinder”). Niemniej jednak nie można uznać, że przyznanie tej korzyści podatkowej w Niemczech mogło skompensować w jakikolwiek sposób utratę korzyści podatkowej przez skarżących w postępowaniu głównym w Belgii. W rzeczywistości bowiem państwo członkowskie nie może powoływać się na istnienie korzyści przyznanej jednostronnie przez inne państwo członkowskie, w niniejszej sprawie przez państwo członkowskie, w którym G. Imfeld pracuje i osiąga wszystkie dochody, w celu uniknięcia obowiązków, które na nim ciążą na podstawie traktatu, w szczególności na podstawie jego przepisów dotyczących swobody przedsiębiorczości (zob. podobnie w szczególności wyroki: z dnia 8 listopada 2007 r. w sprawie C-379/05 Amurta, Zb.Orz. s. I-9569 , pkt 78; a także z dnia 11 września 2008 r.: w sprawie C-11/07 Eckelkamp i in., Zb.Orz. s. I-6845 , pkt 69; w sprawie C-43/07 Arens-Sikken, Zb.Orz. s. I-6887 , pkt 66). Tymczasem uregulowanie podatkowe sporne w postępowaniu głównym ustanawia korzyść podatkową na rzecz par, w szczególności w postaci dodatku do zwolnienia na pozostające na utrzymaniu dzieci, która to korzyść jest stosowana do dochodów członka pary, który osiąga najwyższe dochody, bez uwzględniania w jakikolwiek sposób okoliczności, iż członek ten może w wyniku wykonywania swobód zagwarantowanych przez traktat nie osiągać indywidualnie dochodów w Belgii, co skutkować będzie w sposób bezpośredni i automatyczny tym, że para utraci wówczas w całości możliwość skorzystania z rzeczonej ulgi. Taki automatyzm owej utraty, niezależnie od traktowania w Niemczech pod względem podatkowym G. Imfelda, stanowi naruszenie swobody przedsiębiorczości. Tym samym okoliczność, że w postępowaniu w niniejszej sprawie sytuacja osobista i rodzinna G. Imfelda została częściowo uwzględniona w Niemczech z tytułu jego indywidualnego opodatkowania oraz że nie mógł on w związku z tym zostać objęty ulgą podatkową, nie może być podnoszona przez rząd belgijski w celu wykazania braku ograniczenia w swobodzie przedsiębiorczości. W przedmiocie uzasadnienia ograniczenia w swobodzie przedsiębiorczości Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem środek mogący ograniczać przewidzianą w art. 49 WE swobodę przedsiębiorczości może zostać dopuszczony wyłącznie wtedy, gdy realizuje praworządny cel zgodny z traktatem i uzasadniony nadrzędnymi względami interesu ogólnego. W takim przypadku konieczne jest także, by środek taki był właściwy dla zapewnienia realizacji tego celu i by nie wykraczał poza to, co jest konieczne do jego osiągnięcia (zob. w szczególności ww. wyrok w sprawie Lasteyrie du Saillant, pkt 49; wyroki: z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie C-446/03 Marks & Spencer, Zb.Orz. s. I-10837 , pkt 35; a także z dnia 21 stycznia 2010 r. w sprawie C-311/08 SGI, Zb.Orz. s. I-487 , pkt 56). Rząd belgijski twierdzi, że nawet jeżeli sporne w postępowaniu głównym uregulowanie podatkowe stanowi ograniczenie w swobodzie przedsiębiorczości, to jest ono w każdym razie uzasadnione koniecznością zachowania zrównoważonego rozdziału władztwa podatkowego pomiędzy państwa członkowskie. W szczególności rząd ten wnosi na podstawie ww. wyroków w sprawie Schumacker oraz w sprawie de Groot, że istnieje związek pomiędzy opodatkowaniem dochodów i uwzględnieniem sytuacji osobistej i rodzinnej podatników, w tym znaczeniu, że sytuacja ta powinna być uwzględniana w państwie członkowskim zamieszkania jedynie w przypadku istnienia dochodów podlegających opodatkowaniu w tym państwie. Rząd belgijski podkreśla, że konwencja z 1967 r. przewiduje, iż dochody osiągane w państwie członkowskim zatrudnienia są zwalniane w państwie członkowskim zamieszkania. Otóż sam system zwolnienia obniża podstawę opodatkowania do zera, uniemożliwiając dokonanie odliczeń, które są związane z sytuacją osobistą lub rodzinną. Zdaniem rządu belgijskiego pójście dalej niż brak opodatkowania poprzez przeniesienie na innego podatnika korzyści podatkowych związanych z sytuacją osobistą i rodzinną miałoby wychodzić poza to, czego wymaga prawo Unii w interpretacji nadanej przez Trybunał w ww. wyroku w sprawie de Groot, z którego wynika tylko, że korzyści podatkowe powinny być przyznawane w pełni i w pełni odliczane od podlegającego opodatkowaniu dochodu. Przeniesienie korzyści na małżonka prowadziłoby do naruszenia prawa Królestwa Belgii do wykonywania jego władztwa podatkowego w stosunku do działalności wykonywanej na jego terytorium przez tego małżonka. W tym zakresie należy zauważyć, że oczywiście zachowanie rozdziału kompetencji podatkowych pomiędzy państwami członkowskimi rzeczywiście może stanowić nadrzędny wzgląd interesu ogólnego pozwalający uzasadnić ograniczenie wykonywania swobody przepływu w Unii (ww. wyrok w sprawie Beker, pkt 56). Niemniej jednak Trybunał orzekł już, że państwo, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania, nie może powoływać się na takie uzasadnienie w celu uchylenia się od zasadniczo ciążącego na tym państwie obowiązku przyznania podatnikowi należnych mu odliczeń o charakterze osobistym i rodzinnym, chyba że państwo to zostaje na podstawie konwencji zwolnione z dokonania pełnego uwzględnienia sytuacji osobistej i rodzinnej podatników zamieszkałych na jego terytorium i wykonujących częściowo działalność gospodarczą w innym państwie członkowskim, lub że stwierdzi, że poza wszelkimi konwencjami jedno lub kilka państw zatrudnienia przyznaje w związku z opodatkowywanymi przez nie dochodami korzyści związane z uwzględnieniem sytuacji osobistej i rodzinnej podatników, którzy nie zamieszkują na terytorium tych państw członkowskich, lecz osiągają tam podlegające opodatkowaniu dochody (zob. podobnie ww. wyroki: w sprawie de Groot, pkt 99, 100; a także w sprawie Beker, pkt 56). W tym kontekście Trybunał w pkt 101 ww. wyroku w sprawie de Groot stwierdził, że mechanizmy wykorzystywane do wyeliminowania podwójnego opodatkowania lub krajowe systemy podatkowe, których wynikiem jest jego eliminacja lub zmniejszenie, powinny zapewnić podatnikom danych państw członkowskich, by w sumie cała ich sytuacja osobista i rodzinna była należycie uwzględniona, niezależnie od sposobu, w jaki dane państwa członkowskie podzieliły ten obowiązek między siebie, gdyż inaczej powstałaby nierówność w traktowaniu, sprzeczna z postanowieniami traktatu w dziedzinie swobodnego przepływu pracowników, która w żaden sposób nie wynikałaby z różnic istniejących między krajowymi przepisami podatkowymi. Rozważania te można transponować do sytuacji pary złożonej ze skarżących w postępowaniu głównym. Otóż, po pierwsze, konwencja z 1967 r. nie nakłada na państwo członkowskie zatrudnienia żadnego obowiązku dotyczącego uwzględniania sytuacji osobistej i rodzinnej podatników będących rezydentami innego państwa będącego stroną tej konwencji. Po drugie, uregulowanie podatkowe sporne w postępowaniu głównym nie ustanawia żadnego związku pomiędzy korzyściami podatkowymi, jakie przyznaje ono rezydentom danego państwa członkowskiego, a ulgami podatkowymi, z jakich mogą oni korzystać w ramach opodatkowania ich w innym państwie członkowskim. Skarżący w postępowaniu głównym nie mogli skorzystać z dodatku do zwolnienia na pozostające na utrzymaniu dzieci nie dlatego, że skorzystali oni z ekwiwalentnej korzyści w Niemczech, lecz tylko z tego powodu, iż korzyść jest neutralizowana przez warunki jej zastosowania. Rząd belgijski podnosi ponadto w tym zakresie, że okólnik z 2008 r., który oceniany jest jako mechanizm ustalający taki związek, nie ma zastosowania do sytuacji G. Imfelda. W każdym razie uzasadnienie oparte na konieczności zapewnienia zrównoważonego rozdziału kompetencji podatkowych pomiędzy państwami członkowskimi może zostać uwzględnione w szczególności, gdy dany system zmierza do zapobieżenia zrachowaniom, które mogłyby zagrażać prawu państwa członkowskiego do wykonywania przysługującej mu kompetencji podatkowej w związku z działalnością wykonywaną na jego terytorium (zob. podobnie wyroki: z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie C-347/04 Rewe Zentralfinanz, Zb.Orz. s. I-2647 , pkt 42; z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie C-231/05 Oy AA, Zb.Orz. s. I-6373 , pkt 54; ww. wyroki: w sprawie SGI, pkt 60; w sprawie Beker, pkt 57). Tymczasem w niniejszej sprawie fakt, że Królestwo Belgii przyznało w całości korzyść w postaci odliczeń typu osobistego i rodzinnego skarżącym w postępowaniu głównym, nie zagraża temu prawu. Postępując w ten sposób, rzeczone państwo członkowskie nie zrezygnowało z części swych kompetencji podatkowych na rzecz innych państw członkowskich. Jak podkreśla Komisja, w niniejszej sprawie utrata ulgi przyznawanej parze dotyka małżonka, który podlega belgijskiemu opodatkowaniu. Restrykcyjny charakter belgijskiego uregulowania dla pary polega nie na mniej korzystnym traktowaniu dochodu G. Imfelda, lecz na mniej korzystnym traktowaniu dochodu jego małżonki, N. Garcet, uzyskiwanego wyłącznie w Belgii i podlegającego całkowitemu opodatkowaniu podatkiem belgijskim, przy czym nie korzysta ona ze spornej ulgi podatkowej. Ponadto rząd estoński uważa, że belgijskie uregulowanie podatkowe sporne w postępowaniu głównym ma na celu uniknięcie tego, iż sytuacja osobista i rodzinna podatnika zostanie jednocześnie uwzględniona w dwóch państwach członkowskich i doprowadzi w ten sposób do przyznania podwójnej korzyści. Podnosi on, że z tej perspektywy Trybunał dopuścił już możliwość, aby państwa członkowskie sprzeciwiły się podwójnemu odliczeniu strat, i odsyła w tym zakresie do pkt 47 ww. wyroku w sprawie Marks & Spencer. Jak podniósł rzecznik generalny w pkt 82 opinii, nawet przy założeniu, iż można by dopuścić, że różne korzyści podatkowe przyznane odpowiednio przez dwa państwa członkowskie są porównywalne i że z punktu oceny ilościowej opartej na okolicznościach faktycznych można stwierdzić, iż skarżący w postępowaniu głównym rzeczywiście skorzystali z podwójnej korzyści, to jednak fakt ten jest w każdym razie jedynie wynikiem równoległego zastosowania uregulowań podatkowych belgijskiego i niemieckiego, które to zastosowanie zostało uzgodnione pomiędzy tymi dwoma państwami członkowskimi w sposób ustalony w konwencji z 1967 r. Z kolei odnośne państwa członkowskie mogą według swojego uznania wziąć pod uwagę korzyści podatkowe ewentualnie przyznane przez inne państwo członkowskie opodatkowania, z zastrzeżeniem, tak jak to wynika z pkt 70 niniejszego wyroku, że niezależnie od sposobu, w jaki państwa członkowskie dokonały rozdziału pomiędzy siebie tego obowiązku, zostanie zagwarantowane ich podatnikom, że w sumie cała ich sytuacja osobista i rodzinna zostanie prawidłowo uwzględniona. W związku z tym na przedstawione pytanie należy odpowiedzieć, iż art. 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on stosowaniu uregulowania podatkowego jednego z państw członkowskich, takiego jak sporne w postępowaniu głównym, które skutkuje pozbawieniem pary – mającej miejsce zamieszkania w tym państwie i osiągającej jednocześnie dochody w rzeczonym państwie i w innym państwie członkowskim – rzeczywistego korzystania z określonej ulgi podatkowej z powodu warunków jej zaliczenia, podczas gdy para ta korzystałaby z takiej ulgi, gdyby małżonek osiągający najwyższy dochód nie osiągał wszystkich dochodów w innym państwie członkowskim. W przedmiocie kosztów Dla stron w postępowaniu głównym niniejsze postępowanie ma charakter incydentalny, dotyczy bowiem kwestii podniesionej przed sądem odsyłającym, do niego zatem należy rozstrzygnięcie o kosztach. Koszty poniesione w związku z przedstawieniem uwag Trybunałowi, inne niż koszty stron w postępowaniu głównym, nie podlegają zwrotowi. Z powyższych względów Trybunał (piąta izba) orzeka, co następuje: Artykuł 49 TFUE należy interpretować w ten sposób, że sprzeciwia się on stosowaniu uregulowania podatkowego jednego z państw członkowskich, takiego jak sporne w postępowaniu głównym, które skutkuje pozbawieniem pary – mającej miejsce zamieszkania w tym państwie i osiągającej jednocześnie dochody w rzeczonym państwie i w innym państwie członkowskim – rzeczywistego korzystania z określonej ulgi podatkowej z powodu warunków jej zaliczenia, podczas gdy para ta korzystałaby z takiej ulgi, gdyby małżonek osiągający najwyższy dochód nie osiągał wszystkich dochodów w innym państwie członkowskim. Podpisy ( *1 ) Język postępowania: francuski.

62010TJ0496

es

Antecedentes del litigio La demandante, Bank Mellat, es un banco comercial iraní. El presente asunto se inscribe en el marco de las medidas restrictivas adoptadas con vistas a ejercer presión sobre la República Islámica de Irán con objeto de que ésta ponga fin a las actividades nucleares que crean un riesgo de proliferación y a la consecución de vectores de armas nucleares (en lo sucesivo, «proliferación nuclear»). El 26 de julio de 2010, se incluyó a la demandante en la lista de entidades implicadas en la proliferación nuclear iraní que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC ( DO L 195, p. 39 ). Como consecuencia de ello, se incluyó el nombre de la demandante en la lista del anexo V del Reglamento (CE) n o 423/2007 del Consejo, de 19 de abril de 2007, sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán ( DO L 103, p. 1 ), en virtud del Reglamento de Ejecución (UE) n o 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento n o 423/2007 ( DO L 195, p. 25 ). Dicha inclusión tuvo por consecuencia la congelación de los fondos y de los recursos económicos de la demandante. En la Decisión 2010/413, el Consejo de la Unión Europea consideró que concurrían los siguientes motivos: «Se trata de un banco iraní de propiedad estatal. Sigue una pauta de conducta de apoyo y facilitación de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Ha prestado servicios bancarios a entidades incluidas en las listas de las Naciones Unidas y de la UE o a entidades que actúan en nombre de dichas entidades o siguiendo sus directrices, o a entidades de su propiedad o controladas por ellas. Es el banco del cual es filial el First East Export Bank señalado por la [Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas].» Los motivos descritos en el Reglamento de Ejecución n o 668/2010 son los mismos que figuran en la Decisión 2010/413. Mediante escrito de 27 de julio de 2010, el Consejo informó a la demandante de la inclusión de su nombre en la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 y en la del anexo V del Reglamento n o 423/2007. Mediante escritos de 16 y 24 de agosto y de 2 y 9 de septiembre de 2010, la demandante instó al Consejo a que le comunicara en qué datos se había basado para adoptar las medidas restrictivas contra ella. En respuesta a las solicitudes de acceso al expediente de la demandante, el Consejo le remitió, mediante escrito de 13 de septiembre de 2010, las copias de dos propuestas de adopción de las medidas restrictivas presentadas por los Estados miembros. Asimismo, señaló a la demandante un plazo que expiraba el 25 de septiembre de 2010 para presentar sus observaciones en relación con la adopción de medidas restrictivas en su contra. Mediante escrito de 24 de septiembre de 2010, la demandante solicitó al Consejo que reconsiderara la decisión de incluirla en la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 y en la del anexo V del Reglamento n o 423/2007. La inclusión del nombre de la demandante en el anexo II de la Decisión 2010/413 fue mantenida por la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413 ( DO L 281, p. 81 ). Se le imputan los siguientes cargos: «Bank Mellat sigue una pauta de conducta de apoyo y facilitación de los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán. Ha prestado servicios bancarios a entidades incluidas en las listas de las Naciones Unidas y de la UE o a entidades que actúan en nombre de dichas entidades o siguiendo sus directrices, o a entidades de su propiedad o controladas por ellas. Es el banco del cual es filial el First East Export Bank señalado por la RCSNU 1929 [Resolución 1929 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas].» Al haber sido derogado el Reglamento n o 423/2007 por el Reglamento (UE) n o 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán ( DO L 281, p. 1 ), el nombre de la demandante fue incluido por el Consejo en el anexo VIII de dicho Reglamento. Por consiguiente, se congelaron los fondos y los recursos económicos de la demandante en virtud del artículo 16, apartado 2, del citado Reglamento. Los motivos descritos en el Reglamento n o 961/2010 son los mismos que figuran en la Decisión 2010/644. Mediante escrito de 28 de octubre de 2010, el Consejo respondió al escrito de la demandante de 24 de septiembre de 2010 señalando que, previa reconsideración, desestimaba la solicitud de la demandante cuyo objeto era que se suprimiera su nombre de la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 y de la del anexo VIII del Reglamento n o 961/2010. A este respecto, precisó que no había garantías suficientes de que la demandante no prestara en el futuro servicios bancarios a personas y entidades implicadas en la proliferación nuclear. En anexo a la dúplica, el Consejo comunicó a la demandante la copia de una tercera propuesta de adopción de medidas restrictivas presentada por un Estado miembro. La inclusión del nombre de la demandante en el anexo II de la Decisión 2010/413 y en el anexo VIII del Reglamento n o 961/2010 no se vio afectada por la entrada en vigor de la Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413 ( DO L 319, p. 71 ), y del Reglamento de Ejecución (UE) n o 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento n o 961/2010 ( DO L 319, p. 11 ). Al haber sido derogado el Reglamento n o 961/2010 por el Reglamento (UE) n o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán ( DO L 88, p. 1 ), el Consejo incluyó el nombre de la demandante en el anexo IX de dicho Reglamento. Los motivos expuestos son los mismos que figuran en la Decisión 2010/644. Por lo tanto, se congelaron los fondos y los recursos económicos de la demandante en virtud del artículo 23, apartado 2, del citado Reglamento. Procedimiento y pretensiones de las partes Mediante demanda presentada en la Secretaría del Tribunal el 7 de octubre de 2010 la demandante interpuso el presente recurso. En escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 5 de noviembre de 2010, la demandante adaptó sus pretensiones a raíz de la adopción de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n o 961/2010. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 14 de enero de 2011, la Comisión Europea solicitó intervenir en el presente procedimiento en apoyo del Consejo. Mediante auto de 8 de marzo de 2011, el Presidente de la Cuarta Sala del Tribunal admitió dicha intervención. En escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 6 de febrero de 2012, la demandante adaptó sus pretensiones a raíz de la adopción de la Decisión 2011/783 y del Reglamento de Ejecución n o 1245/2011. Visto el informe del Juez Ponente, el Tribunal (Sala Cuarta) decidió abrir la fase oral del procedimiento y, en el marco de las diligencias de ordenación del procedimiento previstas en el artículo 64 del Reglamento de Procedimiento, instó a las partes a que presentasen determinados documentos y les formuló preguntas por escrito. Las partes dieron cumplimiento a lo solicitado. En escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 16 de abril de 2012, la demandante adaptó sus pretensiones a raíz de la adopción del Reglamento n o 267/2012. Mediante escrito presentado en la Secretaría del Tribunal el 11 de mayo de 2012, Provincial Investment Companies Association, Saba Tamin Investment, Common Investment Fund, Shirin Asal Food Industrial Group, Sorbon Industrial Production Group e Individual Stock Association solicitaron intervenir en el procedimiento en apoyo de las pretensiones de la parte demandante. Mediante auto de 16 de mayo de 2012, el Presidente de la Sala Cuarta del Tribunal desestimó la demanda de intervención por haber sido presentada fuera de plazo. En la vista de 23 de mayo de 2012 se oyeron los informes orales de las partes, así como sus respuestas a las preguntas formuladas por el Tribunal. La demandante solicita al Tribunal que: — Anule el punto 4 del cuadro B del anexo II de la Decisión 2010/413, el punto 2 del cuadro B del anexo del Reglamento de Ejecución n o 668/2010, el punto 4 del cuadro B, que figura en el título I, del anexo de la Decisión 2010/644, el punto 4 del cuadro B del anexo VIII del Reglamento n o 961/2010, la Decisión 2011/783, el Reglamento de Ejecución n o 1245/2011 y el punto 4 del cuadro B, que figura en el título I, del anexo IX del Reglamento n o 267/2012, en la medida en que esos actos le afecten. — Condene en costas al Consejo. El Consejo y la Comisión solicitan al Tribunal que: — Desestime el recurso. — Condene en costas a la demandante. Fundamentos de Derecho La demandante alega tres motivos. El primer motivo se basa en el incumplimiento de la obligación de motivación, en la violación de su derecho de defensa y de su derecho a una tutela judicial efectiva. El segundo motivo se basa en un error manifiesto de apreciación en relación con la adopción de medidas restrictivas contra ella. El tercer motivo se basa en la violación de su derecho de propiedad y del principio de proporcionalidad. El Consejo y la Comisión niegan el fundamento de los motivos aducidos por la demandante. Además, sostienen con carácter preliminar que, como emanación del Estado iraní, la demandante no puede invocar la protección y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales. Antes de abordar los distintos motivos y alegaciones presentados por las partes, procede examinar la admisibilidad de la adaptación de las pretensiones efectuada por la demandante. Sobre la adaptación de las pretensiones de la demandante Como se desprende de los apartados 11, 12 y 17 supra , con posterioridad a la interposición del recurso, la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 ha sido sustituida por una nueva lista, aprobada mediante la Decisión 2010/644, y el Reglamento n o 423/2007, en su versión modificada por el Reglamento de Ejecución n o 668/2010, ha sido derogado y sustituido por el Reglamento n o 961/2010, sustituido y derogado a su vez por el Reglamento n o 267/2012. Además, en los considerandos de la Decisión 2011/783 y del Reglamento de Ejecución n o 1245/2011, el Consejo declaró explícitamente que había realizado una revisión completa de la lista del anexo II de la Decisión 2010/413 y del anexo VIII del Reglamento n o 961/2010 y que había llegado a la conclusión de que las personas, entidades y organismos cuyos nombres se enumeran en ella, entre los que figura la demandante, debían continuar sujetos a medidas restrictivas. La demandante adaptó sus pretensiones iniciales para que su recurso de anulación se refiriera, además de a la Decisión 2010/413 y al Reglamento de Ejecución n o 668/2010, a la Decisión 2010/644, al Reglamento n o 961/2010, a la Decisión 2011/783, al Reglamento de Ejecución n o 1245/2011 y al Reglamento n o 267/2012 (en lo sucesivo, en conjunto, «actos impugnados»). El Consejo y la Comisión no formularon ninguna objeción a dicha adaptación. A este respecto procede recordar que, cuando se sustituye durante el procedimiento una decisión o un reglamento que afecta directa e individualmente a un particular por un acto que tiene el mismo objeto, este último debe considerarse un elemento nuevo que permite que el demandante adapte sus pretensiones y motivos. En efecto, obligar al demandante a interponer un nuevo recurso iría en contra de la buena administración de la justicia y de las exigencias de economía procesal. Además, sería injusto que, para hacer frente a las críticas contenidas en un recurso contra un acto presentado ante el juez de la Unión Europea, la institución afectada pudiera adaptar el acto impugnado o sustituirlo por otro e invocar, durante el procedimiento, dicha modificación o sustitución para privar a la otra parte de la posibilidad de hacer extensivas sus pretensiones y motivos iniciales al acto ulterior o de formular nuevos motivos y pretensiones contra este último (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 23 de octubre de 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo, T-256/07, Rec. p. II-3019 , apartado 46, y la jurisprudencia citada). La misma conclusión se aplica a los actos, como la Decisión 2011/783 y el Reglamento de Ejecución n o 1245/2011, que declaran que una decisión o un reglamento deben seguir afectando directa e individualmente a algunos particulares, a raíz de un procedimiento de revisión expresamente impuesto por esa misma decisión o ese mismo reglamento. Por consiguiente, en el caso de autos debe considerarse que la demandante está legitimada para solicitar la anulación de la Decisión 2010/644, del Reglamento n o 961/2010, de la Decisión 2011/783, del Reglamento de Ejecución n o 1245/2011 y del Reglamento n o 267/2012, en la medida en que dicho actos le afecten (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia People’s Mojahedin Organization of Iran/Consejo, citada en el apartado 32 supra , apartado 47). Sobre la posibilidad para la demandante de invocar la protección y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales El Consejo y la Comisión alegan que, de conformidad con el Derecho de la Unión, las personas jurídicas que constituyen emanaciones de los Estados terceros no pueden invocar la protección y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales. En la medida en que, en su opinión, la demandante es una emanación del Estado iraní, le es aplicable esa norma. A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que ni la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea ( DO 2010, C 83, p. 389 ) ni el Derecho primario de la Unión prevén disposiciones que excluyan a las personas jurídicas que son emanaciones de los Estados de la protección de los derechos fundamentales. Al contrario, las disposiciones de la citada Carta que son pertinentes respecto a los motivos invocados por la demandante, y en particular sus artículos 17, 41 y 47, garantizan los derechos de «toda persona», formulación que incluye a las personas jurídicas como la demandante. Sin embargo, el Consejo y la Comisión invocan, en este contexto, el artículo 34 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, firmado en Roma el 4 de noviembre de 1950 (en lo sucesivo, «CEDH»), que establece la inadmisibilidad de los recursos presentados ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por organizaciones gubernamentales. Pues bien, por una parte, el artículo 34 del CEDH es una disposición procesal que no es aplicable a los procedimientos ante el juez de la Unión. Por otra parte, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la finalidad de esa disposición es evitar que un Estado parte en el CEDH sea a la vez demandante y demandado ante ese Tribunal (véase, en este sentido la sentencia del TEDH de 13 de diciembre de 2007, Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran/Turquía, Recueil des arrêts et décisions , 2007-V, § 81). Ese razonamiento no es aplicable en el presente caso. El Consejo y la Comisión alegan, asimismo, que la norma que invocan está justificada por el hecho de que un Estado es garante del respeto de los derechos fundamentales en su territorio, pero no puede reivindicar esos derechos. No obstante, aun suponiendo que esa justificación resulte aplicable en relación con una situación interna, la circunstancia de que un Estado miembro sea el garante del respeto de los derechos fundamentales en su propio territorio es irrelevante a efectos del alcance de los derechos que pueden ejercer personas jurídicas que son emanaciones de ese mismo Estado en el territorio de Estados terceros. Habida cuenta de lo antedicho, procede estimar que no existe en el Derecho de la Unión una norma que impida a las personas jurídicas que son emanaciones de los Estados miembros invocar en su favor la protección y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales. Por lo tanto, esos mismos derechos pueden ser invocados por las citadas personas ante el juez de la Unión siempre que sean compatibles con su condición de persona jurídica. Además y en cualquier caso, el Consejo y la Comisión no han aportado elementos que permitan demostrar que la demandante era efectivamente una emanación del Estado iraní, a saber una entidad que participaba en el ejercicio del poder público o que gestionaba un servicio público bajo el control de las autoridades (véase, en este sentido, la sentencia del TEDH Compagnie de navigation de la République islamique d’Iran/Turquía, citada en el apartado 36 supra , § 79). A este respecto, en primer lugar, el Consejo sostiene que la demandante gestiona un servicio público bajo el control de las autoridades iraníes en la medida en que presta servicios financieros que son necesarios para el funcionamiento de la economía iraní. Sin embargo, no rebate las alegaciones de la demandante según las cuales tales servicios constituyen actividades comerciales ejercidas en un sector competitivo y sometidas al Derecho común. En tales circunstancias, el hecho de que tales actividades sean necesarias para el funcionamiento de la economía de un Estado no les confiere, por sí mimo, la calidad de servicio público. A continuación, la Comisión sostiene que la circunstancia de que la demandante esté implicada en la proliferación nuclear demuestra que participa en el ejercicio del poder público. Sin embargo, de este modo, la Comisión adopta como premisa de hecho una circunstancia cuya realidad discute la demandante y que es el núcleo mismo de los debates ante el Tribunal. Además, la presunta implicación de la demandante en la proliferación nuclear, tal como se expone en los actos impugnados, no está comprendida en el ámbito de los poderes estatales, sino en el de las transacciones comerciales efectuadas con entidades que participan en la proliferación nuclear. Por lo tanto, esta alegación no justifica que se califique a la demandante de emanación del Estado iraní. Por último, la Comisión estima que la demandante es una emanación del Estado iraní debido a la participación de éste en su capital. Aparte de que, según las indicaciones facilitadas por la demandante y no discutidas por el Consejo y la Comisión, la participación en cuestión es sólo minoritaria, ésta no implica, en sí misma, que la demandante participe en el ejercicio del poder público o gestione un servicio público. Habida cuenta de todas las consideraciones anteriores, procede concluir que la demandante puede invocar en su favor la protección y las garantías vinculadas a los derechos fundamentales. Sobre el primer motivo, basado en el incumplimiento de la obligación de motivación y la violación del derecho de defensa de la demandante y de su derecho a la tutela judicial efectiva Mediante su primer motivo, la demandante sostiene que el Consejo incumplió la obligación de motivación, violó su derecho de defensa y su derecho a la tutela judicial efectiva en la medida en que, por un lado, no le comunicó información suficiente que le permitiera formular observaciones útiles en relación con la adopción de medidas restrictivas contra ella y que le garantizara un proceso equitativo y, por otro lado, tanto el examen previo a la adopción de las medidas restrictivas que se referían a ella como la revisión periódica de esas mismas medidas adolecen de vicios por diversos errores. El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza el fundamento de las alegaciones de la demandante. En particular, sostiene que la demandante no puede invocar el principio del respeto del derecho de defensa. Es preciso recordar, en primer lugar, que la obligación de motivar un acto lesivo, tal como se establece en el artículo 296 TFUE, párrafo segundo, y, más en particular en este caso, en el artículo 24, apartado 3, de la Decisión 2010/413, en el artículo 15, apartado 3, del Reglamento n o 423/2007, en el artículo 36, apartado 3, del Reglamento n o 961/2010 y en el artículo 46, apartado 3, del Reglamento n o 267/2012, tiene como finalidad, por una parte, proporcionar al interesado una indicación suficiente sobre si la decisión está bien fundada o si adolece, en su caso, de algún vicio que permita impugnar su validez ante el juez de la Unión y, por otra parte, permitir a éste ejercer su control sobre la legalidad de dicho acto. La obligación de motivación así establecida constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión que sólo admite excepciones en razón de consideraciones imperiosas. En principio, pues, la motivación debe notificarse al interesado al mismo tiempo que el acto lesivo, ya que la falta de motivación no puede quedar subsanada por el hecho de que el interesado descubra los motivos de la decisión en el procedimiento ante el juez de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia del Tribunal de 14 de octubre de 2009, Bank Melli Iran/Consejo, T-390/08, Rec. p. II-3967 , apartado 80, y la jurisprudencia citada). Por consiguiente, salvo que existan razones imperiosas relacionadas con la seguridad de la Unión o de sus Estados miembros o con la gestión de sus relaciones internacionales que se opongan a la comunicación de determinados elementos, el Consejo debe dar a conocer a la entidad que sea objeto de medidas restrictivas, las razones específicas y concretas por las que considera que deben adoptarse tales medidas. Debe mencionar también los elementos de hecho y de Derecho de los que depende la justificación legal de las medidas de que se trata y las consideraciones que lo han llevado a adoptarlas (véase, en este sentido, la sentencia Bank Melli Iran/Consejo, citada en el apartado 49 supra , apartado 81, y la jurisprudencia citada). Por otra parte, la motivación debe adaptarse a la naturaleza del acto de que se trate y al contexto en el que éste se haya adoptado. La exigencia de motivación debe apreciarse en función de las circunstancias de cada caso, en particular del contenido del acto, la naturaleza de los motivos invocados y el interés que los destinatarios u otras personas afectadas directa e individualmente por ese acto puedan tener en recibir explicaciones. No se exige que la motivación especifique todos los elementos de hecho y de Derecho pertinentes, en la medida en que el carácter suficiente de una motivación debe apreciarse en relación no sólo con su tenor literal, sino también con su contexto, así como con el conjunto de normas jurídicas que regulan la materia de que se trate. En particular, un acto lesivo está suficientemente motivado cuando tiene lugar en un contexto conocido por el interesado permitiéndole comprender el alcance de la medida adoptada respecto a él (véase la sentencia Bank Melli Iran/Consejo, citada en el apartado 49 supra , apartado 82, y la jurisprudencia citada). En segundo lugar, según jurisprudencia reiterada, el respeto del derecho de defensa –y, en particular, del derecho a ser oído– en todo procedimiento incoado contra una entidad que pueda terminar en un acto que le sea lesivo constituye un principio fundamental del Derecho de la Unión y debe garantizarse aun cuando no exista ninguna normativa reguladora del procedimiento de que se trate (sentencia Bank Melli Iran/Consejo, citada en el apartado 49 supra , apartado 91). El principio del respeto del derecho de defensa exige que se comuniquen a la entidad afectada los cargos que se le imputan para fundamentar el acto que le es lesivo. Por otra parte, debe dársele la posibilidad de dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre esos cargos (véase, por analogía, la sentencia del Tribunal de 12 de diciembre de 2006, Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consejo, T-228/02, Rec. p. II-4665 , apartado 93). En consecuencia, por lo que se refiere a un primer acto por el que se congelan los fondos de una entidad, salvo que se opongan a ello razones imperiosas relacionadas con la seguridad de la Unión y de sus Estados miembros, o con el mantenimiento de sus relaciones internacionales, la comunicación de los cargos que se le imputan debe producirse al mismo tiempo que se adopta el acto en cuestión o lo antes posible tras su adopción. A petición de la entidad afectada, ésta tiene, asimismo, el derecho de dar a conocer su punto de vista sobre esos cargos una vez adoptado el acto. Con las mismas reservas, toda decisión subsiguiente de congelación de fondos debe, en principio, ser precedida de una comunicación de las nuevas imputaciones y de una nueva posibilidad para la entidad afectada de dar a conocer su punto de vista (véase, por analogía, la sentencia Organisation des Modjahedines du peuple d’Iran/Consejo, citada en el apartado 53 supra , apartado 137). Además, es preciso señalar que, cuando se ha comunicado información suficientemente precisa que permite a la entidad interesada dar a conocer oportunamente su punto de vista sobre los cargos que le imputa el Consejo, el principio de respeto del derecho de defensa no implica la obligación de dicha institución de permitir espontáneamente el acceso a los documentos incluidos en su expediente. Sólo cuando así lo solicite la parte interesada estará el Consejo obligado a facilitar el acceso a todos los documentos administrativos no confidenciales relativos a la medida de que se trate (véase la sentencia Bank Melli Iran/Consejo, citada en el apartado 49 supra , apartado 97, y la jurisprudencia citada). En tercer lugar, el principio de tutela judicial efectiva es un principio general del Derecho de la Unión que deriva de las tradiciones constitucionales comunes de los Estados miembros y que ha sido consagrado en los artículos 6 a 13 del CEDH y por el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La eficacia del control judicial implica que la autoridad de la Unión de que se trate está obligada a comunicar las razones de una medida restrictiva a la entidad afectada con el máximo detalle posible, ya sea en el momento de su adopción o, al menos, a la mayor brevedad posible una vez adoptada dicha decisión, a fin de permitir a la entidad afectada ejercitar dentro de plazo su derecho de recurso. En efecto, el cumplimiento de la obligación de comunicar tales razones resulta necesario, tanto para permitir que los destinatarios de las medidas restrictivas defiendan sus derechos en las mejores condiciones posibles y decidan con pleno conocimiento de causa sobre la conveniencia de someter el asunto al juez de la Unión como para poner a este último en condiciones de ejercer plenamente el control de legalidad del acto de que se trate que le incumbe (véase, en este sentido y por analogía, la sentencia del Tribunal de Justicia de 3 de septiembre de 2008, Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C-402/05 P y C-415/05 P, Rec. p. I-6351 , apartados 335 a 337, y la jurisprudencia citada). A la vista de esta jurisprudencia, el Tribunal estima que es preciso examinar las alegaciones presentadas por las partes sobre el primer motivo según las cinco etapas que se describen a continuación. En primer lugar, procede examinar la alegación preliminar del Consejo y de la Comisión según la cual la demandante no puede invocar el principio del respeto del derecho de defensa. En segundo lugar, procede examinar las alegaciones relativas, por un lado, a la obligación de motivación y, por otro, a la supuesta violación del derecho de defensa de la demandante por lo que atañe a la comunicación inicial de la pruebas de cargo. En tercer lugar, procede examinar la alegación vinculada a la supuesta violación del derecho de defensa en relación con el acceso al expediente del Consejo. En cuarto lugar, el Tribunal examinará las alegaciones que hacen referencia, por un lado, a la supuesta violación del derecho de defensa de la demandante por lo que atañe a la posibilidad para ella de dar a conocer su punto de vista y, por otro, a la supuesta violación de su derecho a la tutela judicial efectiva. En quinto lugar, se abordarán las alegaciones relativas a supuestos errores que vician el examen y la revisión efectuados por el Consejo. Sobre la posibilidad para la demandante de invocar el principio del respeto del derecho de defensa El Consejo y la Comisión niegan la aplicabilidad del principio del respeto del derecho de defensa en el presente caso. Remitiéndose a la sentencia del Tribunal de 19 de mayo de 2010, Tay Za/Consejo ( T-181/08, Rec. p. II-1965 , apartados 121 a 123), alegan que las medidas restrictivas no afectaban a la demandante debido a su propia actividad, sino por su pertenencia a la categoría general de personas y entidades que han prestado apoyo a la proliferación nuclear. Por consiguiente, el procedimiento de adopción de las medidas restrictivas no se incoó contra la demandante en el sentido de la jurisprudencia citada en el apartado 52 supra y, por lo tanto, no puede invocar el derecho de defensa o puede sólo hacerlo de manera restringida. No puede estimarse esta alegación. En efecto, por una parte, la sentencia de 19 de mayo de 2010, Tay Za/Consejo, citada en el apartado 58 supra , fue anulada en casación, en su totalidad, por la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de marzo de 2012, Tay Za/Consejo (C-376/10 P). Por consiguiente, las declaraciones realizadas en la citada sentencia ya no forman parte del ordenamiento jurídico de la Unión y, por lo tanto, no pueden ser invocadas válidamente por el Consejo y por la Comisión. Por otra parte, el artículo 24, apartados 3 y 4, de la Decisión 2010/413, el artículo 15, apartado 3, del Reglamento n o 423/2007, el artículo 36, apartados 3 y 4, del Reglamento n o 961/2010 y el artículo 46, apartados 3 y 4, del Reglamento n o 267/2012 establecen disposiciones que garantizan el derecho de defensa de las entidades afectadas por las medidas adoptadas en virtud de esos textos. El respecto de ese derecho es objeto del control del juez de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia Bank Melli Iran/Consejo, citada en el apartado 49 supra , apartado 37). En tales circunstancias, procede concluir que en el caso de autos la demandante puede invocar el principio del respeto del derecho de defensa, tal como se ha recordado en los apartados 52 a 55 supra . Sobre la obligación de motivación y sobre la comunicación inicial de los cargos que se le imputan Es preciso señalar, de entrada, que, para apreciar el respeto de la obligación de motivación y de la obligación de comunicar a la entidad interesada los cargos que se le imputan, procede tomar en consideración, además de los motivos que figuran en los actos impugnados, las tres propuestas de adopción de medidas restrictivas comunicadas por el Consejo a la demandante. En efecto, por una parte, de las citadas propuestas, tal como se comunicaron a la demandante, se desprende que fueron presentadas a las delegaciones de los Estados miembros en el contexto de la adopción de las medidas restrictivas contra ella y que, por lo tanto, constituyen elementos en los que se basan esas mismas medidas. Por otra parte, es cierto que la tercera propuesta fue comunicada a la demandante tanto después de la interposición del recurso como después de la adaptación de las pretensiones que siguió a la adopción de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n o 961/2010. En consecuencia, dicha propuesta no puede completar válidamente la motivación de la Decisión, 2010/413, del Reglamento de Ejecución n o 668/2010, de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n o 961/2010. Sin embargo, puede ser tomada en consideración en el marco de la apreciación de la legalidad de los actos posteriores, a saber, de la Decisión 2011/783, del Reglamento de Ejecución n o 1245/2011 y del Reglamento n o 267/2012. Los actos impugnados mencionan los cuatro motivos siguientes que se refieren a la demandante: — Según la Decisión 2010/413 y el Reglamento de Ejecución n o 668/2010, la demandante es un banco de propiedad estatal (en lo sucesivo, «primer motivo»). — La demandante tiene un comportamiento que apoya y facilita los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán (en lo sucesivo, «segundo motivo»). — La demandante presta servicios bancarios a entidades que figuran en las listas de las Naciones Unidas y de la UE, a entidades que actúan por cuenta o siguiendo instrucciones de éstas o a entidades en las que participan o ejercen su control éstas (en lo sucesivo, «tercer motivo»). — La demandante es una sociedad matriz de First East Export (en lo sucesivo, «FEE»), a la que se señala en la resolución 1929 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «cuarto motivo»). La primera de las dos propuestas de adopción de medidas restrictivas comunicadas el 13 de septiembre de 2010 confirma, parcialmente, el segundo motivo alegado en los actos impugnados. Añade los siguientes motivos: — La demandante presta servicios bancarios a la Organización de la Energía Atómica de Irán (en lo sucesivo, «AEOI») y a Novin Energy Company (en lo sucesivo, «Novin»), a las que se refieren las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (en lo sucesivo, «quinto motivo»). — La demandante gestiona las cuentas de los altos responsables de la Organización de Industrias Aeroespaciales y de un responsable de compras iraní (en lo sucesivo, «sexto motivo»). La segunda propuesta comunicada el 13 de septiembre de 2010 confirma, en esencia, la motivación de los actos impugnados. Sólo añade un motivo, según el cual la demandante facilitó el movimiento de millones de dólares para el programa nuclear iraní al menos desde 2003 (en lo sucesivo, «séptimo motivo»). La tercera propuesta de adopción de medidas restrictivas, que figura en anexo a la dúplica, no contiene datos adicionales con respecto a los actos impugnados y a las dos propuestas comunicadas el 13 de septiembre de 2010. La demandante sostiene que esta motivación no precisa suficientemente las razones de la adopción de medidas restrictivas contra ella. Considera que esa insuficiencia implica, además, una violación de su derecho de defensa. El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza las alegaciones de la demandante. El primer motivo es suficientemente preciso puesto que permite a la demandante comprender que el Consejo le reprocha la participación del Estado iraní en su capital. En cambio, los motivos segundo y tercero son excesivamente vagos, ya que no precisan ni el comportamiento reprochado a la demandante ni las otras entidades afectadas. El cuarto motivo se expone de manera suficientemente clara, ya que permite a la demandante comprender que el Consejo le reprocha el control que ejerce sobre FEE. Otro tanto sucede con respecto al quinto motivo, que identifica a las entidades a las que supuestamente se han prestado los servicios financieros en cuestión. Por último, los motivos sexto y séptimo no son suficientemente precisos, ya que el sexto no identifica a las personas afectadas y el séptimo no incluye ninguna precisión sobre las entidades y las transacciones de que se trata. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede estimar que el Consejo incumplió la obligación de motivación y la obligación de comunicar a la demandante, en su condición de entidad interesada, los cargos que se le imputan en relación con los motivos segundo, tercero, sexto y séptimo. En cambio, sí se respetaron esas obligaciones por lo que atañe a los otros motivos. Sobre el acceso al expediente Como se ha señalado en los apartados 9 y 15 supra , el Consejo comunicó a la demandante, el 13 de septiembre de 2010, dos propuestas de adopción de las medidas restrictivas decididas por los Estados miembros, más una tercera propuesta que figura en anexo a la dúplica. La demandante estima que ese acceso no era suficiente para permitirle dar a conocer oportunamente su punto de vista. El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza las alegaciones de la demandante. A este respecto, por lo que se refiere al alcance del acceso otorgado, es preciso señalar que de los elementos que figuran en el expediente no resulta que el Consejo se basara, al adoptar los actos impugnados, en elementos distintos de las tres propuestas presentadas por los Estados miembros. En tales circunstancias, no puede reprocharse al Consejo que no comunicara a la demandante elementos adicionales. En cambio, contrariamente a las dos propuestas de adopción de medidas restrictivas que figuran en anexo al escrito de 13 de septiembre de 2010, la tercera propuesta sólo fue comunicada a la demandante en anexo a la dúplica, es decir, una vez expirado el plazo señalado a la demandante por el Consejo para presentar sus observaciones a raíz de la adopción de la Decisión 2010/413 y del Reglamento de Ejecución n o 668/2010, tras la interposición del recurso y tras la adopción de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n o 961/2010. A este respecto, el Consejo sostiene también que comunicó la tercera propuesta a la demandante tan pronto obtuvo el acuerdo del Estado miembro de la que emanaba. No obstante, debe rechazarse esta alegación. En efecto, cuando el Consejo pretende basarse en datos aportados por un Estado miembro para adoptar medidas restrictivas respecto a una entidad, está obligado a garantizar, antes de la adopción de tales medidas, que los datos en cuestión pueden comunicarse a la entidad afectada dentro del plazo señalado para que ésta pueda dar a conocer oportunamente su punto de vista. En tales circunstancias, procede concluir que, en la medida en que el Consejo sólo comunicó la tercera propuesta de adopción de medidas restrictivas a la demandante en anexo a la dúplica, no le dio acceso a dicho elemento de su expediente dentro del plazo señalado, violando de ese modo su derecho de defensa. Sobre la posibilidad para la demandante de dar a conocer oportunamente su punto de vista y sobre el derecho a la tutela judicial efectiva En primer lugar, la demandante alega que no tuvo ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista y que, en cualquier caso, el Consejo no tomó en consideración las observaciones que formuló. El Consejo, apoyado por la Comisión, se opone a las alegaciones de la demandante. En primer lugar, procede señalar que, a raíz de la adopción de los primeros actos por los que se congelaron sus fondos el 26 de julio de 2010, la demandante remitió al Consejo, el 24 de septiembre de 2010, un escrito en el que expuso su punto de vista y solicitó que se suprimieran las medidas restrictivas adoptadas contra ella. El Consejo respondió a ese escrito el 28 de octubre de 2010. Seguidamente, antes de la adopción de la Decisión 2011/783 y del Reglamento de Ejecución n o 1245/2011, la demandante presentó sus observaciones al Consejo mediante escrito de 29 de agosto de 2011, al que respondió el Consejo el 5 de diciembre de 2011. Por último, la demandante no presenta alegaciones que den a entender que no le era posible presentar nuevas observaciones al Consejo, de forma similar, antes de la adopción del Reglamento n o 267/2012. En consecuencia, procede considerar que la demandante tuvo ocasión de dar a conocer oportunamente su punto de vista, salvo en lo que se refiere, por un lado, a los motivos segundo, tercero, sexto y séptimo formulados por el Consejo, que son excesivamente vagos (véase el apartado 77 supra ), y, por otro lado, a la propuesta de adopción de medidas restrictivas comunicada en anexo a la dúplica, en la medida en que no disponía de éstos en el momento de la presentación de las observaciones (véase el apartado 82 supra ). En cuanto a la toma en consideración de las observaciones formuladas, ciertamente la respuesta a las alegaciones de la demandante en los escritos del Consejo de 28 de octubre de 2010 y 5 de diciembre de 2011 es breve. No es menos cierto que el Consejo precisó, en el escrito de 28 de octubre de 2010, que estimaba, contrariamente a la demandante, que no había garantías suficientes de que ésta no prestaría en el futuro servicios bancarios a personas y entidades que participan en la proliferación nuclear. El Consejo reiteró esta posición en su escrito de 5 de diciembre de 2011. Por otra parte, es pacífico entre las parte que el Consejo suprimió, en la Decisión 2010/644 y en el Reglamento n o 961/2010, la mención según la cual la demandante era un banco de propiedad estatal, cuya veracidad ha sido discutida por ésta. Habida cuenta de estas circunstancias, procede considerar que las observaciones de la demandante fueron tomadas en consideración por el Consejo al efectuar éste la revisión, contrariamente a lo que sostiene la demandante. En segundo lugar, la demandante alega que el carácter insuficiente de la información y de los datos que se le comunicaron afectó a su derecho a la tutela judicial efectiva. El Consejo, apoyado por la Comisión, se opone a las alegaciones de la demandante. Al igual que se ha declarado en el apartado 89 supra , procede considerar que en la medida en que la demandante obtuvo la comunicación individual de motivos suficientemente precisa, a saber, los motivos primero, cuarto y quinto invocados por el Consejo, se respetó su derecho a la tutela judicial efectiva. En cambio, el carácter vago de los motivos segundo, tercero, sexto y séptimo formulados por el Consejo y la comunicación extemporánea de la tercera propuesta de adopción de medidas restrictivas constituyen una violación del derecho de la demandante a la tutela judicial efectiva. Sobre los vicios de que adolece el examen realizado por el Consejo La demandante sostiene que el Consejo no realizó un verdadero examen de las circunstancias del caso de autos, sino que se limitó a adoptar las propuestas presentadas por los Estados miembros. Este vicio afecta tanto al examen previo a la adopción de las medidas restrictivas que se refieren a ella como a la revisión periódica de esas mismas medidas. Además, según la demandante, de los cables diplomáticos, hechos públicos por la organización Wikileaks (en lo sucesivo, «cables diplomáticos»), se desprende que los Estados miembros, y en particular el Reino Unido, se vieron sometidos a presiones por parte del Gobierno de Estados Unidos para que se adoptaran medidas restrictivas respecto a entidades iraníes. Sin embargo, esta circunstancia suscita una duda sobre la legalidad de las medidas adoptadas y sobre la del procedimiento de su adopción. El Consejo, apoyado por la Comisión, niega las alegaciones de la demandante. En particular, sostiene que no procede tomar en consideración los cables diplomáticos. En primer lugar, es preciso señalar que los actos que deciden medidas restrictivas contra entidades presuntamente implicadas en la proliferación nuclear son actos del Consejo, que, por lo tanto, debe garantizar que su adopción esté justificada. Por consiguiente, al adoptar un primer acto por el que se deciden tales medidas, el Consejo está obligado a examinar la pertinencia y el fundamento de los elementos de información y de prueba que le son presentados, en virtud del artículo 23, apartado 2, de la Decisión 2010/413, por un Estado miembro o por el Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Cuando adopta actos sucesivos que se refieren a la misma entidad, el Consejo está obligado, con arreglo al artículo 24, apartado 4, de la misma Decisión, a reexaminar la necesidad de mantener esas medidas a la luz de las observaciones presentadas por dicha entidad. En el caso de autos, por una parte, el expediente no contiene ningún indicio que sugiera que el Consejo ha comprobado la pertinencia y el fundamento de los datos relativos a la demandante que se le aportaron antes de la adopción de la Decisión 2010//413 y del Reglamento de Ejecución n o 668/2010. Al contrario, la indicación errónea, en esos actos, según la cual la demandante era un banco de propiedad estatal, cuya inexactitud no discute el Consejo, tiende a demostrar que no se efectuó ninguna comprobación en ese sentido. Por otra parte, de los apartados 90 a 92 supra resulta que, al adoptar actos impugnados posteriores, el Consejo volvió a examinar las circunstancias del caso de autos a la luz de las observaciones de la demandante, ya que suprimió la indicación según la cual era un banco de propiedad estatal y se pronunció sobre su alegación relativa a los servicios financieros prestados a entidades implicadas en la proliferación nuclear. En segundo lugar, en cuanto a los cables diplomáticos, la circunstancia de que algunos Estados miembros pudieron sufrir presiones diplomáticas, de resultar probada, no implica, en sí misma, que esas mismas presiones hayan afectado a los actos impugnados adoptados por el Consejo o al examen realizado por éste al adoptarlos. En tales circunstancias, procede estimar las alegaciones de la demandante relativas a los vicios de que adolece el examen realizado por el Consejo, por lo que se refiere a la Decisión 2010/413 y al Reglamento de Ejecución n o 668/2010, y desestimarlas en todo lo demás. En vista de los apartados 47 a 104 supra , procede señalar, en primer lugar, que el Consejo violó el derecho de defensa de la demandante y su derecho a la tutela judicial efectiva ya que no le comunicó, dentro del plazo señalado, la propuesta de adopción de medidas restrictivas que figura en anexo a la dúplica. En la medida en que esa propuesta fue adoptada por el Consejo para servir de base a todos los actos impugnados frente a la demandante y habida cuenta de la fecha de su comunicación, ese vicio afecta a la legalidad de la Decisión 2010/413, del Reglamento de Ejecución n o 668/2010, de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n o 961/2010, en la medida en que esos actos afectan a la demandante. Seguidamente, al adoptar la Decisión 2010/413 y el Reglamento de Ejecución n o 668/2010, el Consejo incumplió la obligación de examinar la pertinencia y el fundamento de los elementos de información y de prueba respecto a la demandante que le fueron presentados, por lo que dichos actos adolecen de ilegalidad. Por último, el Consejo incumplió la obligación de motivación por lo que se refiere a los motivos segundo, tercero, sexto y séptimo invocados respecto a la demandante. No obstante, habida cuenta de que los distintos motivos invocados por el Consejo son independientes unos de otros y del carácter suficientemente preciso de los otros motivos, esa circunstancia no justifica la anulación de la Decisión 2011/783, del Reglamento de Ejecución n o 1245/2011 y del Reglamento n o 267/2012. Sólo implica que los motivos segundo, tercero, sexto y séptimo no pueden ser tomados en consideración al examinar el segundo motivo relativo a la procedencia de las medidas restrictivas respecto a la demandante. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede estimar el primer motivo por lo que atañe a la anulación de la Decisión 2010/413, del Reglamento de Ejecución n o 668/2010, de la Decisión 2010/644 y del Reglamento n o 961/2010 en la medida en que esos actos afectan a la demandante y desestimar el recurso en todo lo demás. Sobre el segundo motivo, basado en un error manifiesto de apreciación en relación con la adopción de las medidas restrictivas contra la demandante La demandante sostiene que los motivos invocados respecto a ella por el Consejo, enumerados en los apartados 66 a 69 supra , no cumplen los requisitos establecidos en la Decisión 2010/413, el Reglamento n o 423/2007, el Reglamento n o 961/2010 y el Reglamento n o 267/2012 y no vienen respaldados por pruebas. Por consiguiente, el Consejo incurrió en error manifiesto de interpretación al adoptar medidas restrictivas contra él basándose en esos motivos. El Consejo, apoyado por la Comisión, rechaza las alegaciones de la demandante. Según la jurisprudencia, el control jurisdiccional de la legalidad de un acto por el que se adoptan medidas restrictivas contra una entidad se extiende a la apreciación de los hechos y de las circunstancias que se han invocado para justificarlo, así como a la comprobación de los elementos de prueba y de información en los que se basa esa apreciación. En el caso de que se discutan, corresponde al Consejo aportar esos elementos para su comprobación por el juez de la Unión (véase, en este sentido, la sentencia Bank Melli Iran/Consejo, citada en el apartado 49 supra , apartados 37 y 107). De conformidad con esta jurisprudencia y habida cuenta de la falta de motivación de los motivos segundo, tercero, sexto y séptimo invocados por el Consejo respecto a la demandante (véase el apartado 107 supra ), procede limitarse a la comprobación del fundamento de los motivos primero, cuarto y quinto invocados. En cuanto al primer motivo, invocado únicamente en la Decisión 2010/413 y en el Reglamento de Ejecución n o 668/2010, consta que la demandante no es un banco de propiedad estatal. Por consiguiente, el primer motivo se basa en una apreciación errónea de hechos y, por lo tanto, no puede justificar las medidas restrictivas adoptadas contra la demandante por la Decisión 2010/413 y por el Reglamento de Ejecución n o 668/2010. Por lo que se atañe al cuarto motivo, es cierto que la Resolución 1929 (2010) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se refiere a FEE, filial cuya titularidad ostenta la demandante al 100 %. Pues bien, por una parte, de la citada resolución se desprende que la adopción de las medidas restrictivas contra FEE estaba motivada únicamente por la supuesta implicación de la demandante en la proliferación nuclear. Por otra parte, esta implicación ha sido descrita en la Resolución 1929 (2010) en términos imprecisos que corresponden, en esencia, al séptimo motivo alegado por el Consejo, a saber, que «durante los siete últimos años, [la demandante] permitió a las entidades iraníes asociadas al programa de armas nucleares, de misiles y de defensa efectuar operaciones por varios millones de dólares». En tales circunstancias, procede concluir que el cuarto motivo, por una parte, se basa en simples alegaciones y, por otra, no constituye un motivo autónomo frente a los que se refieren a la demandante directamente. Por consiguiente, no puede justificar la adopción de medidas restrictivas contra ésta. En cuanto al quinto motivo, la demandante niega haber prestado servicios a AEOI. Pues bien, el Consejo no presentó ningún elemento de prueba o de información para demostrar que se prestaron tales servicios. Por lo tanto, procede concluir que las alegaciones relativas a AEOI tampoco justifican la adopción de medidas restrictivas contra la demandante. En cambio, la demandante admite haber prestado servicios de gestión de cuentas a Novin, a la que se refieren las medidas restrictivas adoptadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas desde el 24 de marzo de 2007, debido a su participación en la proliferación nuclear que se invoca. Sin embargo, la demandante explica, por un lado, que desconocía la implicación de Novin en la proliferación nuclear, habida cuenta en particular de que los servicios prestados no estaban vinculados con dicha proliferación. Por otro lado, la demandante limitó progresivamente sus relaciones con Novin después de que se adoptaran las medidas restrictivas contra ésta, y posteriormente puso fin a esas relaciones. El Consejo, apoyado por la Comisión, responde que los servicios prestados por la demandante a Novin justifican la adopción de las medidas restrictivas contra la demandante, dado el riesgo de que preste en el futuro un apoyo análogo a otras entidades designadas. En este contexto, es irrelevante que la demandante haya sabido o podido saber que Novin estaba implicada efectivamente en la proliferación nuclear o que las operaciones controvertidas estaban vinculadas a la misma. En vista de las alegaciones de las partes, es preciso examinar si, como sostiene el Consejo, los servicios prestados por la demandante a Novin constituyen un apoyo a la proliferación nuclear en el sentido de la Decisión 2010/413, del Reglamento n o 423/2007, del Reglamento n o 961/2010 y del Reglamento n o 267/2012. A este respecto, procede recordar, con carácter preliminar, que, en virtud del artículo 18 del Reglamento n o 423/2007, del artículo 39 del Reglamento n o 961/2010 y del artículo 49 del Reglamento n o 267/2012, dichos Reglamentos se aplican en el territorio de la Unión, incluido su espacio aéreo, a bordo de toda aeronave o buque que dependa de la jurisdicción de un Estado miembro, toda persona, ya se encuentre dentro o fuera del territorio de la Unión, que sea nacional de un Estado miembro, a cualquier persona jurídica, entidad u organismo, incorporado o constituido con arreglo al Derecho de un Estado miembro, y a cualquier persona jurídica, entidad u organismo en relación con cualquier operación realizada, total o parcialmente, dentro de la Unión. Por lo tanto, en cuanto a las transacciones realizadas fuera de la Unión, el Reglamento n o 423/2007, el Reglamento n o 961/2010 y el Reglamento n o 267/2012 no pueden crear obligaciones jurídicas para un establecimiento financiero establecido en un Estado tercero y constituido según el Derecho de ese mismo Estado (en lo sucesivo, «establecimiento financiero extranjero»), como la demandante. Por consiguiente, dicho establecimiento financiero no está obligado, en virtud de los citados Reglamentos, a congelar los fondos de las entidades implicadas en la proliferación nuclear. No es menos cierto que, si un establecimiento financiero extranjero participa en la proliferación nuclear, está directamente asociado a ella o presta apoyo a la misma, sus fondos y sus recursos económicos situados en el territorio de la Unión, implicados en una operación comercial realizada íntegramente o en parte en la Unión o que pertenecen a nacionales de los Estados miembros o a personas jurídicas, entidades u organismos incorporados o constituidos según el Derecho de un Estado miembro, pueden verse afectados por las medidas restrictivas adoptadas en virtud del Reglamento n o 423/2007, del Reglamento n o 961/2010 y del Reglamento n o 267/2012. De lo antedicho resulta que un establecimiento financiero extranjero tiene interés en garantizar que no participa en la proliferación nuclear, está directamente asociado a ella o presta apoyo a la misma, en particular suministrando servicios financieros a una entidad implicada en ésta. Por consiguiente, cuando sepa o pueda razonablemente sospechar que uno de sus clientes está implicado en la proliferación nuclear, debe dejar de prestar servicios financieros a dicho cliente sin demora, dadas las obligaciones legales aplicables, y no volver a prestarle ningún nuevo servicio. En el caso de autos, el Consejo no discute que los servicios prestados a Novin por la demandante lo fueron en el territorio iraní, por lo que su relación se rige por el Derecho iraní. En consecuencia, procede examinar si la demandante actuó sin demora al dejar de prestar servicios financieros a Novin, dadas las obligaciones aplicables previstas en Derecho iraní, una vez supo o pudo razonablemente sospechar que Novin estaba implicada en la proliferación nuclear. A este respecto, la demandante niega que estuviera al corriente de la implicación de Novin en la proliferación nuclear antes de la adopción de las medidas restrictivas contra ella por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En la medida en que el Consejo no aportó, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 11 supra , elementos de prueba o de información precisos y concretos que sugirieran que la demandante sabía o podía razonablemente sospechar que Novin participaba en la proliferación nuclear en una fecha anterior, procede tomar en consideración la alegación de la demandante al respecto. En cuanto al período posterior a la adopción de las medidas restrictivas que se refieren a Novin, la demandante explica que elaboró con prontitud una circular interna en la que pedía a sus empleados que informaran a Novin de que ya no podía prestarle servicios. Como consecuencia, ya no se le prestó ningún nuevo servicio ni se aceptó ninguna nueva instrucción. La demandante se limitó a efectuar, desde las cuentas de Novin, pagos que resultaban de las instrucciones, de los cheques y de pagarés a la orden librados antes de la fecha de adopción de las medidas restrictivas contra Novin, con el entendimiento de que ninguno de esos pagos estaba vinculado a la proliferación nuclear o a la adquisición de bienes en general. Una vez agotado el saldo de las cuentas debido a los pagos efectuados, éstas fueron cerradas por la demandante. Los eventuales saldos residuales, de muy escasa cuantía, fueron devueltos a Novin. El Consejo y la Comisión no cuestionan la exactitud de esta exposición de hechos que se apoya en las declaraciones escritas del director de la demandante. Por lo que atañe a la cuestión de si estas medidas son suficientes atendiendo al criterio expuesto en el apartado 124 supra , procede considerar que, dado el carácter particular de los servicios de gestión de cuentas, la demandante demuestra haber actuado sin demora al dejar de prestar servicios financieros a Novin una vez tuvo conocimiento de la implicación de ésta en la proliferación nuclear. A este respecto, es cierto que la demandante efectuó pagos desde las cuentas de Novin tras la adopción de las citadas medidas restrictivas. Sin embargo, la demandante explica, sin que el Consejo o la Comisión la contradigan, que estaba obligada, en virtud de las obligaciones que había contraído con Novin, a efectuar los pagos correspondientes a las instrucciones, cheques y pagarés a la orden librados anteriormente. A este respecto, procede señalar que el artículo 20, apartado 6, de la Decisión 2010/413, el artículo 9 del Reglamento n o 423/2007, el artículo 18 del Reglamento n o 961/2010 y el artículo 25 del Reglamento n o 267/2012 autorizan, en esencia, que se desbloqueen los fondos de las entidades afectadas por las medidas restrictiva para efectuar pagos en virtud de las obligaciones contraídas por ellas con anterioridad a su designación, en la medida en que dichos pagos no estén vinculados a la proliferación nuclear. En tales circunstancias, no procede exigir a la demandante, que no estaba obligada, en el caso de autos, a congelar los fondos de Novin en virtud de los textos antes mencionados, como se desprende de los apartados 123 a 126 supra , que aplique un régimen más estricto con respecto a ésta. Ahora bien, el Consejo y la Comisión ni siquiera alegan que los pagos controvertidos estuvieran vinculados a la proliferación nuclear. Por otra parte, la demandante admite haber imputado los eventuales saldos residuales de las cuentas cerradas a Novin. No obstante, precisa, sin que el Consejo o la Comisión lo discutan, que no tenía derecho a retener los saldos en cuestión. En tales circunstancias, procede considerar que ni los servicios prestados por la demandante a Novin antes de la adopción de las medidas restrictivas contra ésta ni las modalidades de cese de la relación comercial de la demandante con Novin constituyen un apoyo a la proliferación nuclear en el sentido de la Decisión 2010/413, del Reglamento n o 423/2007, del Reglamento n o 961/2010 y del Reglamento n o 267/2012. Por consiguiente, esas circunstancias no justifican la adopción de las medidas restrictivas que se refieren a la demandante. En vista de que ninguno de los motivos primero, cuarto y quinto invocados por el Consejo contra la demandante justifican la adopción de las medidas restrictivas respecto a ella, procede estimar el segundo motivo. Habida cuenta de las consideraciones anteriores, procede anular los actos impugnados en la medida en que afecten a la demandante, sin que sea necesario examinar el tercer motivo, basado en la violación del principio de proporcionalidad. Costas A tenor del artículo 87, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber sido desestimadas las pretensiones del Consejo, procede condenarlo en costas, conforme a lo solicitado por la parte demandante. En virtud del artículo 87, apartado 4, párrafo primero, del mismo Reglamento, las instituciones que intervengan como coadyuvantes en el litigio soportarán sus propias costas. En consecuencia, la Comisión soportará sus propias costas. En virtud de todo lo expuesto, EL TRIBUNAL GENERAL (Sala Cuarta) decide: 1) Anular, en la medida en que afecten a Bank Mellat: — El punto 4 del cuadro B del anexo II de la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas contra Irán y que deroga la Posición Común 2007/140/PESC. — El punto 2 del cuadro B del anexo del Reglamento de Ejecución (UE) n o 668/2010 del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativo a la aplicación del artículo 7, apartado 2, del Reglamento (CE) n o 423/2007 sobre la adopción de medidas restrictivas contra Irán. — El punto 4 del cuadro B, que figura en el título I, del anexo de la Decisión 2010/644/PESC del Consejo, de 25 de octubre de 2010, por la que se modifica la Decisión 2010/413. — El punto 4 del cuadro B del anexo VIII del Reglamento (UE) n o 961/2010 del Consejo, de 25 de octubre de 2010, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento (CE) n o 423/2007. — La Decisión 2011/783/PESC del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por la que se modifica la Decisión 2010/413. — El Reglamento de Ejecución (UE) n o 1245/2011 del Consejo, de 1 de diciembre de 2011, por el que se aplica el Reglamento n o 961/2010. — El punto 4 del cuadro B, que figura en el título I, del anexo IX del Reglamento (UE) n o 267/2012 del Consejo, de 23 de marzo de 2012, relativo a medidas restrictivas contra Irán y por el que se deroga el Reglamento n o 961/2010. 2) El Consejo de la Unión Europea cargará con sus propias costas y con las de Bank Mellat. 3) La Comisión Europea cargará con sus propias costas. Pelikánová Jürimäe Van der Woude Pronunciada en audiencia pública en Luxemburgo, a 29 de enero de 2013. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: inglés.

62007TJ0109

fr

Antécédents du litige Le 28 novembre 2000, la requérante, L’Oréal SA, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) en vertu du règlement (CE) n o 40/94 du Conseil, du , sur la marque communautaire ( JO 1994, L 11, p. 1 ), tel que modifié. La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal SPA THERAPY. Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 3 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques); produits de maquillage; shampoings; gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles». La demande d’enregistrement a été publiée au Bulletin des marques communautaires n o 55/2002, du 15 juillet 2002. Le 14 octobre 2002, l’intervenante, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, a formé une opposition, au titre de l’article 42 du règlement n o 40/94, à l’encontre de l’enregistrement de la marque demandée, pour tous les produits visés par cette dernière. À l’appui de son opposition, l’intervenante invoquait, notamment, l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94 avec différentes marques antérieures, dont la marque verbale SPA, enregistrée auprès du Bureau Benelux des marques le 11 mars 1981, sous le numéro 372307, pour les «préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparation pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices», relevant de la classe 3. L’intervenante invoquait, en outre, l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n o 40/94 en se fondant sur différents enregistrements antérieurs. Par décision du 29 mars 2005, la division d’opposition de l’OHMI a fait droit à l’opposition en considérant que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94 étaient remplies. La division n’a pas examiné les motifs de refus tirés de l’article 8, paragraphes 4 et 5, du règlement n o 40/94 et s’est seulement fondée sur le risque de confusion avec la marque verbale antérieure SPA (ci-après la «marque antérieure»). Le 22 avril 2005, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’opposition. Par décision du 24 janvier 2007 (ci-après la «décision attaquée»), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que les conditions de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94 étaient réunies. S’agissant, tout d’abord, de la comparaison des produits en cause, la chambre de recours a observé que leur identité n’était pas contestée par les parties. S’agissant, ensuite, de la comparaison des signes en conflit, elle a estimé qu’il convenait de prendre en compte le caractère distinctif accru du terme «spa» pour le public concerné constitué par le consommateur moyen dans les pays du Benelux et n’a pas suivi l’argumentation de la requérante selon laquelle le terme «spa» serait descriptif des produits cosmétiques relevant de la classe 3. Sur ce fondement, elle a considéré que l’élément verbal «spa» était l’élément attractif principal de la marque demandée et que, partant, les signes en conflit étaient similaires, en dépit des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles liées à la présence de l’élément verbal «therapy» dans la marque demandée. Enfin, la chambre de recours a observé que, dans le domaine des cosmétiques, il était fréquent que les fabricants mettent sur le marché plusieurs lignes de produits sous des sous-marques distinctes. Elle en a déduit qu’il était probable que le consommateur considère que les produits désignés par la marque demandée étaient commercialisés sous le contrôle de l’intervenante. En outre, la chambre de recours a refusé de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que l’intervenante apporte la preuve de l’usage sérieux de sa marque, au motif que cette demande était présentée hors délai. Conclusions des parties La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal: — annuler la décision attaquée; — condamner l’OHMI et, en tant que de besoin, l’intervenante aux dépens. L’OHMI et l’intervenante concluent à ce qu’il plaise au Tribunal: — rejeter le recours; — condamner la requérante aux dépens. En droit À titre liminaire, il y a lieu d’observer que l’intervenante conteste la recevabilité de nombreuses annexes de la requête, en ce qu’elles comprendraient des documents présentés pour la première fois devant le Tribunal. Dans le cas d’espèce, il n’est cependant pas nécessaire de vérifier la recevabilité de chacune des annexes contestées par l’intervenante, dans la mesure où le Tribunal peut apprécier les arguments de la requérante à la lumière des documents présentés au cours de la procédure administrative et figurant au dossier de procédure devant l’OHMI, communiqué par ce dernier au Tribunal en application de l’article 133 du règlement de procédure. La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94. Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. En l’espèce, la protection de la marque antérieure s’étend aux pays du Benelux. C’est donc la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur le territoire de ces États membres qu’il convient de considérer. En outre, compte tenu de la nature des produits en cause, la chambre de recours a estimé au point 12 de la décision attaquée que le public pertinent se composait de consommateurs moyens. Cette analyse apparaît exacte et n’est, par ailleurs, pas contestée par la requérante. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion dans l’esprit du public, qui se définit comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement, doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [arrêt du Tribunal du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI — Petit Liberto (Fifties), T-104/01, Rec. p. II-4359 , points 25 et 26; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du , Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507 , point 29]. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, par analogie, arrêts de la Cour du 11 novembre 1997, SABEL, C-251/95, Rec. p. I-6191 , point 23, et du , Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec. p. I-3819 , point 25). Dans le cadre de l’examen de l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529 points 41 et 42, et du , Nestlé/OHMI, C-193/06 P, non publié au Recueil, points 42 et 43). Cependant, au-delà du cas habituel dans lequel le consommateur moyen perçoit une marque comme un tout, et nonobstant la circonstance que l’impression d’ensemble puisse être dominée par un ou plusieurs composants d’une marque complexe, il n’est nullement exclu que, dans un cas particulier, une marque antérieure utilisée par un tiers dans un signe composé conserve une position distinctive autonome dans le signe composé, sans pour autant en constituer l’élément dominant, et que, de ce fait, l’impression d’ensemble produite par le signe composé puisse conduire le public à croire que les produits ou les services en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement, auquel cas l’existence d’un risque de confusion doit être retenue. En effet, dans une telle configuration, la constatation de l’existence d’un risque de confusion ne saurait être subordonnée à la condition que l’impression d’ensemble produite par le signe composé soit dominée par la partie de celui-ci constituée par la marque antérieure (voir, en ce sens et par analogie, arrêt de la Cour du 6 octobre 2005, Medion, C-120/04, Rec. p. I-8551 , points 30 à 33). En l’espèce, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au point 11 de la décision attaquée, l’identité des produits désignés par les marques en conflit est constante entre les parties. S’agissant de la comparaison des signes en conflit, il y a lieu d’observer que la marque demandée est constituée par la marque antérieure à laquelle est ajouté le mot «therapy». Force est également de constater que la marque antérieure, sans constituer l’élément dominant de la marque demandée, conserve une position distinctive autonome en son sein. En premier lieu, la marque demandée n’est pas constituée d’un mot nouveau disposant d’une signification autonome différente de celle de la simple juxtaposition des éléments qui la composent, mais de deux mots clairement distincts l’un de l’autre: «spa» et «therapy». En second lieu, il apparaît que le mot «spa», constituant à la fois la marque antérieure et l’élément commun aux deux marques, dispose d’un caractère distinctif normal à l’égard des produits cosmétiques désignés par les marques en conflit. En effet, les allégations de la requérante tirées du prétendu caractère descriptif ou générique du mot «spa» à l’égard des produits cosmétiques ne sont pas convaincantes. Les éléments de preuve fournis par la requérante au cours de la procédure administrative et figurant au dossier de procédure devant l’OHMI démontrent seulement l’existence d’un éventuel caractère descriptif et générique de ce terme pour des espaces dédiés à l’hydrothérapie tels que des hammams ou des saunas et non l’existence d’un caractère descriptif et générique s’agissant des produits cosmétiques désignés par la marque demandée. Le seul élément allant dans le sens de la thèse de la requérante est une décision du tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, sa valeur probante est limitée. D’une part, cette décision n’est susceptible de ne concerner que la perception d’une partie du public pertinent, le public francophone des pays du Benelux. D’autre part, il apparaît que la position suivie dans cette décision a été contredite par d’autres juridictions, dont la cour d’appel de Paris. Les autres éléments avancés par la requérante durant la procédure administrative devant l’OHMI, tels les extraits de dictionnaires, les éléments de preuve tirés de l’usage du mot «spa» dans la presse et sur Internet, ou encore le sondage sur la perception du mot «spa» réalisé aux Pays-Bas, aboutissent seulement à démontrer le caractère descriptif et générique du mot «spa» s’agissant des espaces dédiés à l’hydrothérapie tels des hammams ou des saunas. Quant aux références à la pratique décisionnelle de l’OHMI, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement n o 40/94, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non pas sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de celles-ci [voir arrêt du Tribunal du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI — Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949 , point 68, et la jurisprudence citée]. Par ailleurs, si l’assertion formulée par la requérante lors de l’audience selon laquelle le mot «spa» est descriptif et générique de l’un des lieux dans lesquels les produits cosmétiques sont utilisés ou commercialisés, à savoir les espaces dédiés à l’hydrothérapie tels des hammams ou des saunas, apparaît exact, il ne saurait cependant en être déduit que ledit mot est, par voie de conséquence, dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits cosmétiques ou que ce caractère distinctif est trop faible pour qu’il soit conclu que la marque antérieure dispose d’une position distinctive autonome au sein de la marque demandée. En effet, les liens unissant les produits cosmétiques aux espaces dédiés à l’hydrothérapie, en raison de leur utilisation dans ce cadre, ne sont pas tels que la conclusion quant au caractère descriptif ou générique du mot «spa» puisse leur être étendue. Il y a donc lieu de vérifier si, du fait de cette position distinctive autonome, l’impression d’ensemble produite par la marque demandée peut conduire le public à croire que les produits en cause proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement et que, partant, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94. Tout d’abord, il convient d’observer que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêt du Tribunal du 7 septembre 2006, Meric/OHMI — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, Rec. p. II-2737 , point 51]. Or, la marque antérieure est placée au début de la marque demandée. Il en résulte que la position distinctive autonome qu’elle occupe en son sein s’en trouve d’autant plus susceptible de provoquer la confusion du public pertinent quant à l’origine commerciale des produits. Ensuite, il y a également lieu d’observer que le mot «therapy» n’est pas un nom commercial renommé comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Medion, point 19 supra, mais un terme qui, sans être descriptif des produits cosmétiques, ne dispose pas d’un caractère distinctif particulièrement élevé à leur égard, en ce qu’il pourrait être compris comme une allusion aux bienfaits desdits produits. Enfin, ainsi que la chambre de recours l’observe à juste titre au point 13 de la décision attaquée, il est fréquent que les fabricants de cosmétiques mettent sur le marché plusieurs lignes de produits sous des sous-marques distinctes. Par conséquent, le fait que la marque demandée soit constituée de la marque antérieure SPA, puis du mot «therapy», peut conduire le consommateur à estimer qu’il s’agit là d’une ligne de produits commercialisés par l’intervenante. Il résulte de tout ce qui précède que les différences entre les signes tenant à la présence du mot «therapy» dans la marque demandée ne sont pas de nature à compenser les importantes similitudes entre les signes en conflit tenant à la présence de la marque antérieure au début de la marque demandée et à la position distinctive autonome qu’elle y occupe. En outre, dès lors que les produits désignés par les marques en conflit sont identiques, il y a lieu de conclure que le public pertinent estimera que ceux-ci proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 13 de la décision attaquée, selon laquelle il existe un risque de confusion entre les marques en conflit, doit être approuvée. Il y a donc lieu de rejeter le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n o 40/94, et, partant, le recours. Sur les dépens Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante. Par ces motifs, LE TRIBUNAL (cinquième chambre) déclare et arrête: 1) Le recours est rejeté. 2) L’Oréal SA est condamnée aux dépens. Vilaras Prek Ciucă Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2009. Signatures ( *1 ) Langue de procédure: le français.

62013CJ0522

nl

Het verzoek om een prejudiciële beslissing betreft de uitlegging van artikel 107, lid 1, VWEU. Dit verzoek is ingediend in het kader van een geding tussen enerzijds het Ministerio de Defensa (Spaanse ministerie van Defensie) en Navantia SA (hierna: „Navantia”) en anderzijds de Concello de Ferrol (gemeente Ferrol), betreffende de vraag of een aan die onderneming ter beschikking gesteld terrein mag worden vrijgesteld van onroerendezaakbelasting. Toepasselijke bepalingen Real Decreto Legislativo 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (koninklijk wetsbesluit nr. 2/2004 tot vaststelling van de geconsolideerde tekst van de wet tot regeling van de lokale financiën) van 5 maart 2004 (BOE nr. 59 van 9 maart 2004, blz. 10284), in de versie die van toepassing is op het hoofdgeding (hierna: „wet van 2004”), definieert de onroerendezaakbelasting als een „directe, zakelijke belasting, die over de waarde van onroerende goederen dient te worden voldaan overeenkomstig de in deze wet neergelegde procedure”. Artikel 61, lid 1, van de wet van 2004 bepaalt: „Het belastbaar feit is het bezit van een van de volgende rechten op landelijke of stedelijke onroerende goederen en op onroerende goederen met speciale kenmerken: a) een administratieve concessie op de onroerende goederen zelf of op de openbare diensten waartoe zij zijn bestemd; b) een zakelijk recht van opstal; c) een zakelijk recht van vruchtgebruik; d) het eigendomsrecht.” Artikel 62 van deze wet, met het opschrift „Vrijstellingen”, bepaalt in lid 1, sub a: „De volgende onroerende goederen zijn vrijgesteld: a) die welke eigendom zijn van de staat, de autonome regio’s of de lokale autoriteiten en rechtstreeks bestemd zijn om te worden gebruikt voor de veiligheid van de burgers, het geven van onderwijs of het gevangeniswezen, alsmede die welke aan de staat toebehoren en bestemd zijn om te worden gebruikt voor de nationale defensie.” Artikel 63, leden 1 en 2, van de wet van 2004 luidt: „1.   De natuurlijke en rechtspersonen […] die houder zijn van het recht dat in ieder geval het belastbaar feit uitmaakt, zijn als belastingplichtigen de belasting verschuldigd. […] 2.   De voorschriften van het vorige lid zijn van toepassing ongeacht of de belastingplichtige de hem opgelegde belasting aan anderen kan doorberekenen overeenkomstig de gemeenrechtelijke regels. De overheidsdiensten en de in het vorige lid bedoelde entiteiten of instellingen berekenen het gedeelte van de verschuldigde bedrag door dat betrekking heeft op personen die geen belastingplichtigen zijn, maar hun domaniale of vermogensgoederen gebruiken tegen betaling. Laatstbedoelde personen moeten de financiële gevolgen van deze doorberekening dragen. Het door te berekenen bedrag wordt bepaald op basis van het gedeelte van de kadastrale waarde dat overeenstemt met de gebruikte oppervlakte en met het gebouw dat rechtstreeks in verband staat met iedere huurder of verkrijger van het gebruiksrecht.” Feiten van het hoofdgeding en prejudiciële vraag Navantia is een onderneming die volledig in handen is van de Spaanse Staat. Zij bouwt en onderhoudt oorlogsschepen voor rekening van de Spaanse Staat en van andere staten – zowel lidstaten van de Europese Unie als derde staten – en vervaardigt, herstelt en onderhoudt diverse producten voor de particuliere sector, voornamelijk op het gebied van de scheepvaart en de energie. Navantia beschikt over een scheepswerf die gelegen is op het grondgebied van de Concello de Ferrol en een oppervlakte beslaat van 932348 m . Krachtens een op 6 september 2001 gesloten overeenkomst heeft de Spaanse Staat het terrein waarop deze werf gelegen is en waarvan hij eigenaar is, ter beschikking gesteld van Navantia. Hij heeft haar meer bepaald het recht overgedragen om dit terrein te gebruiken tegen betaling van één euro per jaar (hierna: „overeenkomst van 2001”). De Concello de Ferrol heeft de onroerendezaakbelasting met betrekking tot dit terrein, die 590308,77 EUR bedroeg in het jaar 2010, geïnd voor de begrotingsjaren vóór 2008. Aangezien de Spaanse Staat eigenaar was van dit terrein en enkel het gebruiksrecht aan Navantia had overgedragen, moet deze Staat overeenkomstig artikel 61, lid 1, sub d, van de wet van 2004 de onroerendezaakbelasting voldoen. Op grond van de overeenkomst van 2001 berekent de Spaanse Staat het bedrag van die belasting door aan Navantia, zodat deze laatste onderneming uiteindelijk de last ervan moet dragen. Voor het begrotingsjaar 2008 en de daaropvolgende begrotingsjaren hebben de Spaanse Staat en Navantia de Concello de Ferrol op grond van artikel 62, lid 1, sub a, van de wet van 2004 verzocht om een vrijstelling van de onroerendezaakbelasting die verschuldigd is voor het terrein waarop de scheepswerf zich bevindt. De Concello de Ferrol heeft dat verzoek afgewezen. Deze afwijzing is betwist voor de bevoegde rechterlijke instanties en dat geschil vormt het voorwerp van het hoofdgeding. Bij arrest van 22 oktober 2012 heeft het Tribunal Superior de Justicia de Galicia (hooggerechtshof van Galicië) een eerder vonnis van de Juzgado Contencioso-Administrativo n o 1 de Ferrol van 25 november 2011 vernietigd, waarbij deze laatste rechter het bij hem aanhangig gemaakte beroep had verworpen. Het Tribunal was immers van oordeel dat de gevraagde belastingvrijstelling moest worden verleend. Na die uitspraak is de zaak terugverwezen naar de verwijzende rechter. De Juzgado Contencioso-Administrativo n o 1 de Ferrol is van oordeel dat de toekenning van de gevraagde belastingvrijstelling met zich kan brengen dat in strijd met artikel 107, lid 1, VWEU staatssteun wordt verleend aan Navantia, aangezien in dat geval een met staatsmiddelen bekostigde vrijstelling zou worden verleend aan een onderneming die aan de staat toebehoort en deze vrijstelling de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen. De verwijzende rechter stelt immers vast dat Navantia, als uiteindelijke begunstigde van de gevraagde vrijstelling, een selectief voordeel zou verkrijgen, aangezien de fiscale lasten die Navantia normaal gezien moet dragen – en die worden gedragen door haar particuliere concurrenten op het gebied van de scheepsbouw – zouden worden verminderd, terwijl tegenover die vermindering een inkomstenverlies staat voor de Concello de Ferrol. Gelet op het feit dat Navantia’s concurrentiepositie dan zou worden versterkt op de markten waarop zij haar militaire en civiele activiteiten uitoefent, is het enerzijds mogelijk dat de mededinging wordt vervalst en wordt anderzijds het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloed. In die omstandigheden heeft de Juzgado Contencioso-Administrativo n o 1 de Ferrol de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vraag gesteld: „Is de vrijstelling van de onroerendezaakbelasting die [Navantia] geniet, verenigbaar met artikel [107 VWEU]? Verzet dat artikel zich ertegen dat een lidstaat [het Koninkrijk Spanje] een belastingvrijstelling kan verlenen voor een aan deze lidstaat toebehorend stuk grond […] dat is overgedragen aan een particulier bedrijf waarvan het kapitaal volledig in publieke handen is […] en waarop dat bedrijf goederen en diensten levert die kunnen worden verhandeld tussen lidstaten?” Beantwoording van de prejudiciële vraag Met zijn vraag wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of artikel 107, lid 1, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat de vrijstelling van onroerendezaakbelasting van een aan de staat toebehorend terrein dat ter beschikking is gesteld van een onderneming die volledig in handen is van de staat en die op dat terrein goederen vervaardigt en diensten levert die tussen de lidstaten kunnen worden verhandeld op markten die openstaan voor concurrentie, door het voornoemde artikel verboden staatssteun vormt. Om te beginnen moet worden opgemerkt dat aan het Hof niet de vraag is voorgelegd of het verenigbaar is met artikel 107 VWEU dat een lidstaat aan een particuliere onderneming een terrein ter beschikking stelt tegen een symbolische prijs. Wat de gestelde vraag betreft, moet in herinnering worden geroepen dat volgens artikel 107, lid 1, VWEU steunmaatregelen van de staten of in welke vorm ook met staatsmiddelen bekostigd die de mededinging door begunstiging van bepaalde ondernemingen of bepaalde producties vervalsen of dreigen te vervalsen, behoudens de afwijkingen waarin de Verdragen voorzien, onverenigbaar zijn met de interne markt, voor zover deze steun het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloedt. Volgens vaste rechtspraak van het Hof kan een maatregel slechts als „steun” in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU worden aangemerkt indien alle in die bepaling neergelegde voorwaarden zijn vervuld (arrest Commissie/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481 , punt 38 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Een nationale maatregel kan bijgevolg slechts als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU worden gekwalificeerd indien hij ten eerste uitgaat van de staat of met staatsmiddelen is bekostigd, ten tweede het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig kan beïnvloeden, ten derde de begunstigde ervan een selectief voordeel verschaft, en ten vierde de mededinging vervalst of dreigt te vervalsen (arrest Commissie/Deutsche Post, EU:C:2010:481 , punt 39 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In de eerste plaats moet de derde voorwaarde worden onderzocht, te weten dat de betrokken maatregel een voordeel toekent aan de begunstigde ervan. In dit verband moet eraan worden herinnerd dat maatregelen die, in welke vorm ook, ondernemingen rechtstreeks of indirect kunnen bevoordelen of die moeten worden beschouwd als een economisch voordeel dat de begunstigde onderneming onder normale marktvoorwaarden niet zou hebben verkregen, volgens eveneens vaste rechtspraak van het Hof worden beschouwd als staatssteun (arrest Commissie/Deutsche Post, EU:C:2010:481 , punt 40 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zo worden met name maatregelen die, in verschillende vormen, de lasten verlichten die normaliter op het budget van een onderneming drukken en daardoor – zonder subsidies in de strikte zin van het woord te zijn – van dezelfde aard zijn en identieke gevolgen hebben, als steun beschouwd (arrest Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie e.a. en Commissie/Frankrijk e.a., C‑399/10 P en C‑401/10 P, EU:C:2013:175 , punt 101). Derhalve is een maatregel waarbij de overheid aan bepaalde ondernemingen een gunstige fiscale behandeling verleent die, hoewel in dat kader geen staatsmiddelen worden overgedragen, de financiële situatie van de begunstigden verbetert ten opzichte van de andere belastingplichtigen, als een steunmaatregel van de staat in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU aan te merken. Fiscale voordelen die voortvloeien uit een algemene maatregel die zonder onderscheid van toepassing is op alle marktdeelnemers vormen daarentegen geen steunmaatregelen van de staat in de zin van artikel 107 VWEU (arrest P, C‑6/12, EU:C:2013:525 , punt 18 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt dat Navantia op grond van de overeenkomst van 2001 gehouden is om de Spaanse Staat de onroerendezaakbelasting te betalen die overeenkomstig de artikelen 60 en 61 van de wet van 2004 aan de Concello de Ferrol verschuldigd is voor het aan Navantia ter beschikking gestelde terrein, waarop haar scheepswerf is gevestigd. Voorts blijkt uit dit dossier dat de in artikel 62 van die wet bedoelde en in casu aan de orde zijnde belastingvrijstelling tot gevolg heeft dat deze belasting niet wordt voldaan, te weten niet door de Spaanse Staat aan de Concello de Ferrol en bijgevolg evenmin door Navantia aan de Spaanse Staat. Bovendien staat vast dat iedere onderneming die activiteiten uitoefent op een particulier of openbaar terrein en aan een van de in die bepaling opgesomde voorwaarden voldoet, overeenkomstig artikel 61, lid 1, van de wet van 2004 onderworpen is aan de onroerendezaakbelasting. In dit verband betoogt de Concello de Ferrol dat vrijwel alle ondernemingen aan een van die voorwaarden voldoen en dat enkel het in de overeenkomst van 2001 gehanteerde bijzondere mechanisme van overdracht van het gebruiksrecht Navantia in staat stelt om aan de kwalificatie van belastingplichtige te ontsnappen. Zoals de Concello de Ferrol preciseert, vloeit uit artikel 63, lid 2, van die wet voort dat er in atypische gevallen als dat van het hoofdgeding, waarin het gebruik van een terrein niet is gebaseerd op een van de rechten die het belastbaar feit van de onroerendezaakbelasting uitmaken, een wettelijke verplichting bestaat voor de Spaanse Staat om deze belasting aan de gebruiker van het terrein door te berekenen. De overeenkomst van 2001 beantwoordt aan die wettelijke verplichting. Derhalve moet worden aangenomen dat de onroerendezaakbelasting een belasting is die normaliter door Navantia is verschuldigd en dat de haar verleende vrijstelling rechtstreeks, dus zonder dat daarvoor nog een andere tussenkomst noodzakelijk is, leidt tot een verlichting van de lasten die normaal gezien drukken op het budget van ondernemingen die zich in een situatie als de hare bevinden. Bijgevolg verleent een dergelijke belastingvrijstelling een economisch voordeel aan Navantia. Wat het argument van de Spaanse regering betreft dat de in artikel 62, lid 1, sub a, van de wet van 2004 bedoelde vrijstelling volgens die bepaling niet ten gunste van ondernemingen als Navantia maar uitsluitend ten gunste van de Spaanse Staat als belastingplichtige van de onroerendezaakbelasting is ingesteld en dat de nagestreefde doelstellingen passen binnen overwegingen van nationale defensie, moet eraan worden herinnerd dat de beweegredenen van een steunmaatregel niet volstaan om die maatregel zonder meer de kwalificatie van „steun” in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU te ontnemen. Deze bepaling maakt immers geen onderscheid op grond van de redenen of doeleinden van maatregelen van de staten, maar definieert deze aan de hand van de gevolgen ervan (arresten Comitato „Venezia vuole vivere” e.a./Commissie, C‑71/09 P, C‑73/09 P en C‑76/09 P, EU:C:2011:368 , punt 94, en Commissie/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318 , punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Zoals uit de punten 24 tot en met 26 van het onderhavige arrest volgt, blijkt de vrijstelling van de onroerendezaakbelasting in casu krachtens de artikelen 62, lid 1, sub a, en 63, lid 2, van de wet van 2004 en volgens de overeenkomst van 2001 tot gevolg te hebben dat de lasten die bij gebreke van die vrijstelling op het budget van Navantia zouden drukken rechtstreeks, dus zonder dat een nadere maatregel noodzakelijk is, worden verlicht. Met betrekking tot het argument van de Spaanse regering dat die vrijstelling moet worden beschouwd als een compensatie voor de prestaties die Navantia verricht in het kader van de nakoming van haar openbaredienstverplichtingen en dat die maatregel dus geen voordeel voor die onderneming inhoudt, moet worden vastgesteld dat het verband tussen die vrijstelling en de eventuele door Navantia verrichte diensten van openbaar nut geenszins blijkt uit het dossier waarover het Hof beschikt. In die omstandigheden moet worden aangenomen dat de vrijstelling van de onroerendezaakbelasting een economisch voordeel verleent aan Navantia. Bovendien moet in herinnering worden gebracht dat artikel 107 VWEU steun verbiedt die „bepaalde ondernemingen of bepaalde producties [begunstigt]”, te weten selectieve steun (arrest P, EU:C:2013:525 , punt 17). Een maatregel waarbij de overheid aan bepaalde ondernemingen een gunstige fiscale behandeling verleent die, hoewel in dat kader geen staatsmiddelen worden overgedragen, de financiële situatie van de begunstigden verbetert ten opzichte van de andere belastingplichtigen, is dan ook als een steunmaatregel van de staat in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU aan te merken, maar dat is niet het geval voor voordelen die voortvloeien uit een algemene maatregel die zonder onderscheid van toepassing is op alle marktdeelnemers. De laatstbedoelde voordelen vormen namelijk geen steunmaatregelen van de staat in de zin van de voornoemde bepaling (arrest P, EU:C:2013:525 , punt 18). In dit verband volgt uit vaste rechtspraak van het Hof dat volgens artikel 107, lid 1, VWEU moet worden vastgesteld of een nationale maatregel binnen het kader van een bepaalde rechtsregeling „bepaalde ondernemingen of bepaalde producties” begunstigt ten opzichte van andere die zich, gelet op de doelstelling van de betrokken regeling, in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden (arrest Portugal/Commissie, C‑88/03, EU:C:2006:511 , punt 54 en aldaar aangehaalde rechtspraak). De kwalificatie van een nationale belastingmaatregel als „selectief” veronderstelt dus in de eerste plaats dat wordt bepaald en onderzocht welke algemene of „normale” belastingregeling in de betrokken lidstaat geldt. Vervolgens moet worden beoordeeld en vastgesteld of het door de betrokken belastingmaatregel verschafte voordeel selectief is ten opzichte van die algemene of „normale” belastingregeling, in die zin dat deze maatregel van voornoemde algemene regeling afwijkt, voor zover hij differentiaties invoert tussen marktdeelnemers die zich, gelet op het doel van het belastingstelsel van de betrokken lidstaat, in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden (arrest Paint Graphos e.a., C‑78/08–C‑80/08, EU:C:2011:550 , punt 49). Dienaangaande blijkt ten eerste uit de gegevens waarover het Hof beschikt dat het bezit of gebruik van een terrein overeenkomstig de artikelen 60 tot en met 63 van de wet van 2004 in beginsel steeds aanleiding geeft tot onderworpenheid aan de onroerendezaakbelasting. Derhalve moet worden aangenomen dat de regeling inzake die belasting het juridische referentiekader vormt aan de hand waarvan moet worden beoordeeld of de betrokken vrijstellingsmaatregel selectief is. Ten tweede is er reeds op gewezen dat het gebruik van het terrein waarop zich de scheepswerf van Navantia bevindt, van de onroerendezaakbelasting is vrijgesteld bij wege van de litigieuze vrijstelling en krachtens de overeenkomst van 2001, waarin is bepaald dat enkel het gebruiksrecht op dat terrein aan die onderneming wordt overgedragen. Die vrijstelling vormt een afwijking van de algemene regel die in het vorige punt is beschreven. Bijgevolg is het van belang om te bepalen of een belastingvrijstelling als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, Navantia begunstigt ten opzichte van andere ondernemingen die zich in een feitelijk en juridisch vergelijkbare situatie bevinden, gelet op de doelstelling van de regeling inzake de Spaanse onroerendezaakbelasting, te weten het belasten van het bezit of het gebruik van een terrein. In dit verband blijkt uit het dossier dat de in artikel 62, lid 1, sub a, van de wet van 2004 neergelegde vrijstelling voor onroerende goederen van de staat die „bestemd zijn om te worden gebruikt voor de nationale defensie”, van toepassing kan zijn op alle activiteiten van een onderneming als Navantia, zonder dat een onderscheid hoeft te worden gemaakt naargelang die activiteiten van militaire dan wel van civiele aard zijn. Het staat aan de verwijzende rechter om dit na te gaan. Derhalve bevinden niet enkel ondernemingen die terreinen bezitten of gebruiken voor doeleinden die gedeeltelijk binnen het gebied van de nationale defensie vallen, maar ook ondernemingen die terreinen bezitten of gebruiken met een louter civiel oogmerk, zich in een feitelijke en juridische situatie die – gelet op de doelstelling het bezit of het gebruik van een terrein te belasten – vergelijkbaar is met Navantia’s situatie. Dientengevolge is het duidelijk dat Navantia, wat haar civiele activiteiten betreft, ten opzichte van die laatstbedoelde groep van ondernemingen een fiscaal voordeel geniet waarop andere ondernemingen die zich in een vergelijkbare feitelijke en juridische situatie bevinden geen aanspraak kunnen maken. Het aan de orde zijnde belastingvoordeel is dus a priori selectief. Het is evenwel vaste rechtspraak dat het begrip staatssteun niet ziet op overheidsmaatregelen die differentiëren tussen ondernemingen en dus a priori selectief zijn, wanneer deze differentiatie het gevolg is van de aard of de opzet van het lastenstelsel waarvan zij deel uitmaken, hetgeen door de betrokken lidstaat moet worden aangetoond (arrest Portugal/Commissie, EU:C:2006:511 , punten 52 en 80 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Een maatregel die een uitzondering op de toepassing van het algemene belastingstelsel inhoudt, kan immers door de aard en de algemene opzet van het belastingstelsel worden gerechtvaardigd, wanneer de betrokken lidstaat kan aantonen dat deze maatregel rechtstreeks uit de basis‑ of hoofdbeginselen van zijn belastingstelsel voortvloeit. In dit verband moet een onderscheid worden gemaakt tussen de doelstellingen van een specifiek belastingstelsel die buiten dat stelsel zijn gelegen, en de voor het bereiken van dergelijke doelstellingen noodzakelijke mechanismen die inherent zijn aan het belastingstelsel zelf (arrest Portugal/Commissie, EU:C:2006:511 , punt 81). In casu blijkt uit de aan het Hof overgelegde gegevens niet dat de Spaanse regering een argument heeft aangevoerd waaruit kan worden opgemaakt dat de gevraagde belastingvrijstelling rechtstreeks uit de basis‑ of hoofdbeginselen van het Spaanse belastingstelsel voortvloeit of dat deze vrijstelling nodig is voor de werking en de efficiëntie van dat belastingstelsel. Zoals de Europese Commissie heeft opgemerkt, lijkt een vrijstelling van de onroerende goederen van de staat die bestemd zijn voor de uitoefening van taken van nationale defensie niet rechtstreeks in verband te staan met de doelstellingen van de onroerendezaakbelasting zelf. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om na te gaan of er, gelet op alle relevante gegevens van het bij hem aanhangige geding, een rechtvaardiging bestaat. Gelet op een en ander moet worden aangenomen dat de derde voorwaarde, te weten dat de begunstigde van de gevraagde vrijstelling een economisch voordeel heeft genoten, in casu kan zijn vervuld. Wat in de tweede plaats de eerste voorwaarde betreft, te weten dat de maatregel uitgaat van de staat of met staatsmiddelen is bekostigd, moet in herinnering worden geroepen dat enkel de voordelen die rechtstreeks of indirect met staatsmiddelen worden bekostigd of die een extra last voor de staat uitmaken, als steunmaatregelen van de staten in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU dienen te worden beschouwd. Uit de bewoordingen van deze bepaling en de in artikel 108 VWEU neergelegde procedureregels volgt immers dat de voordelen die met andere middelen dan staatsmiddelen worden bekostigd, niet binnen de werkingssfeer van de betrokken bepalingen vallen (arrest Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie e.a. en Commissie/Frankrijk e.a., EU:C:2013:175 , punt 99 en aldaar aangehaalde rechtspraak). Bijgevolg moet worden nagegaan of er een voldoende directe band bestaat tussen het aan de begunstigde verleende voordeel en een vermindering van de staatsbegroting, of zelfs een voldoende concreet economisch risico dat die begroting zal worden belast (zie in die zin arrest Bouygues en Bouygues Télécom/Commissie e.a. en Commissie/Frankrijk e.a., EU:C:2013:175 , punt 109). In dit verband is niet betwist dat de gevraagde belastingvrijstelling is ingevoerd door de Spaanse Staat en dus een maatregel van die Staat vormt. Voorts staat vast dat de uit die vrijstelling voortvloeiende vermindering van een last die normaal gezien het budget van Navantia zou bezwaren, tot gevolg heeft dat de begroting van de Concello de Ferrol wordt belast. In die omstandigheden kan de voorwaarde betreffende een met staatsmiddelen bekostigde overheidsmaatregel worden geacht te zijn vervuld, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om na te gaan of dit het geval is. Aan die vaststelling wordt niet afgedaan door het betoog van de Spaanse regering waarbij zij naar de arresten Streekgewest (C‑174/02, EU:C:2005:10 ) en Distribution Casino France e.a. (C‑266/04–C‑270/04, C‑276/04 en C‑321/04–C‑325/04, EU:C:2005:657 ) verwijst. Die rechtspraak is in het kader van het hoofgeding immers niet relevant, aangezien zij een situatie beoogt die verschilt van die welke in het hoofdgeding aan de orde is en waarin de belasting zelf steun oplevert omdat zij een integrerend deel uitmaakt van een steunmaatregel. In het hoofdgeding is daarentegen niet aangevoerd dat de onroerendezaakbelasting zelf een steunmaatregel uitmaakt, maar enkel dat de vrijstelling ervan in het onderhavige geval aanleiding geeft tot toekenning van steun aan Navantia. Wat in de derde plaats de tweede en de vierde voorwaarde betreft, die betrekking hebben op de gevolgen van een belastingvrijstelling, als die welke in het hoofdgeding aan de orde is, voor het handelsverkeer tussen de lidstaten en voor de mededinging, moet eraan worden herinnerd dat voor de kwalificatie van een nationale maatregel als staatssteun niet hoeft te worden vastgesteld dat de betrokken steun de handel tussen de lidstaten werkelijk heeft beïnvloed en de mededinging daadwerkelijk heeft vervalst, maar enkel dient te worden onderzocht of die steun dat handelsverkeer ongunstig kan beïnvloeden en de mededinging kan vervalsen (arrest Libert e.a., C‑197/11 en C‑203/11, EU:C:2013:288 , punt 76 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In het bijzonder moet het intracommunautaire handelsverkeer worden geacht door steun van een lidstaat te worden beïnvloed, wanneer die steun de positie van een onderneming ten opzichte van andere concurrerende ondernemingen in dat handelsverkeer versterkt (arrest Libert e.a., EU:C:2013:288 , punt 77 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu staat vast dat de scheepsbouwsector een markt is die openstaat voor concurrentie en voor handelsverkeer tussen de lidstaten, zodat Navantia in die markt met andere ondernemingen kan concurreren. Zoals uit de vermeldingen van de verwijzingsbeslissing blijkt, geldt dit bovendien niet enkel voor de civiele activiteiten van die onderneming, maar ook voor haar activiteiten in de militaire sector. Bijgevolg kan de gevraagde belastingvrijstelling het handelsverkeer tussen de lidstaten nadelig beïnvloeden en de mededinging verstoren, waarbij het aan de verwijzende rechter staat om na te gaan of dit het geval is. Hieruit volgt dat de vier in punt 20 van het onderhavige arrest geformuleerde voorwaarden in casu vervuld kunnen zijn. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om na te gaan of de betrokken belastingvrijstelling, gelet op alle relevante gegevens van het bij hem aanhangige geding en de in dit verband door het Hof verstrekte uitleggingsgegevens, moet worden aangemerkt als staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Gelet op een en ander moet op de gestelde vraag worden geantwoord dat artikel 107, lid 1, VWEU aldus moet worden uitgelegd dat sprake kan zijn van door die bepaling verboden staatssteun wanneer een aan de staat toebehorend terrein dat ter beschikking is gesteld van een onderneming die volledig in handen is van de staat en die op dat terrein goederen vervaardigt en diensten levert die tussen de lidstaten kunnen worden verhandeld op markten die openstaan voor concurrentie, wordt vrijgesteld van onroerendezaakbelasting. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om na te gaan of die vrijstelling, gelet op alle relevante gegevens van het bij hem aanhangige geding en de in dit verband door het Hof verstrekte uitleggingsgegevens, moet worden aangemerkt als staatssteun in de zin van die bepaling. Kosten Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de verwijzende rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. De door anderen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakte kosten komen niet voor vergoeding in aanmerking. Het Hof (Zevende kamer) verklaart voor recht: Artikel 107, lid 1, VWEU moet aldus worden uitgelegd dat sprake kan zijn van door die bepaling verboden staatssteun wanneer een aan de staat toebehorend terrein dat ter beschikking is gesteld van een onderneming die volledig in handen is van de staat en die op dat terrein goederen vervaardigt en diensten levert die tussen de lidstaten kunnen worden verhandeld op markten die openstaan voor concurrentie, wordt vrijgesteld van onroerendezaakbelasting. Het staat evenwel aan de verwijzende rechter om na te gaan of die vrijstelling, gelet op alle relevante gegevens van het bij hem aanhangige geding en de in dit verband door het Hof van Justitie van de Europese Unie verstrekte uitleggingsgegevens, moet worden aangemerkt als staatssteun in de zin van die bepaling. ondertekeningen ( *1 ) Procestaal: Spaans.

62008CJ0340

mt

It-talba għal deċiżjoni preliminari tirrigwarda l-interpretazzjoni tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002, tas-27 ta’ Mejju 2002, li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 467/2001 li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerta merkanzija u servizzi lejn l-Afghanistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi l-friża fuq fondi u riżorsi finanzjarji oħra rigward it-Taliban tal-Afganistan (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 18, Vol. 1, p. 294), kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 561/2003, tas-27 ta’ Marzu 2003 (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 18, Vol. 2, p. 91, iktar ’il quddiem ir-“Regolament Nru 881/2002”). Din it-talba ġiet ippreżentata fil-kuntest ta’ kawżi bejn M et u Her Majesty’s Treasury (Teżor Pubbliku, iktar ’il quddiem it-“Treasury”) rigward deċiżjonijiet li permezz tagħhom din l-awtorità kkunsidrat li l-għoti ta’ benefiċċji ta’ sigurtà soċjali u ta’ assistenza lir-rikorrenti fil-kawża prinċipali, konjuġi ta’ persuni nominati mill-kumitat maħluq skont il-paragrafu 6 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1267 (1999) u mniżżla fl-Anness I tar-Regolament Nru 881/2002 [iktar ’il quddiem, rispettivament, il-“persuna/i nominat(i)”, il-“Kumitat tas-Sanzjonijiet” u l-“Kunsill tas-Sigurtà”], huwa pprojbit permezz tal-miżura restrittiva stabbilita fl-Artikolu 2(2) ta’ dan ir-regolament. Il-kuntest ġuridiku Ir-Riżoluzzjonijiet tal-Kunsill tas-Sigurtà Fis-16 ta’ Jannar 2002, il-Kunsill tas-Sigurtà adotta r-Riżoluzzjoni 1390 (2002), li tistabbilixxi l-miżuri applikabbli mill-Istati fil-konfront ta’ Usama bin Laden, ta’ membri tal-organizzazzjoni Al-Qaida u tat-Talibani u ta’ persuni, gruppi, impriżi u entitajiet assoċjati magħhom oħrajn, li jirriżultaw inklużi fil-lista maħluqa f’konformità mar-Riżoluzzjonijiet 1267(1999) u 1333 (2000) tal-istess Kunsill. Skont il-paragrafu 2 tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002): Il-Kunsill tas-Sigurtà “ [j]iddeċiedi li l-Istati għandhom jadottaw il-miżuri li ġejjin iktar ’il quddiem fil-konfront ta’ Usama bin Laden, tal-membri tal-organizzazzjoni Al-Qaida kif ukoll tat-Taliban u persuni, gruppi, impriżi u entitajiet oħrajn assoċjati magħhom, li jirriżultaw inklużi fil-lista maħluqa skont ir-Riżoluzzjonijiet 1267 (1999) u 1333 (2000), li għandha tkun aġġornata regolarment mill-[Kumitat tas-Sanzjonijiet]: a)      Jiffriżaw mingħajr dewmien il-fondi u l-assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi oħrajn ta’ dawn il-persuni, gruppi, impriżi u entitajiet, inklużi l-fondi ġejjin minn proprjetà fil-pussess jew kontrollata, b’mod dirett jew indirett, minnhom stess jew minn persuni li jaġixxu għalihom jew fuq ordnijiet tagħhom, u jiġi żgurat li la dawk il-fondi u lanqas fondi, assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi oħrajn ma jsiru disponibbli, direttament jew indirettament, għall-benefiċċju ta’ dawn il-persuni, miċ-ċittadini tagħhom jew minn kull persuna oħra li tkun tinsab fit-territorju tagħhom” […]” [traduzzjoni mhux uffiċjali] Fl-20 ta’ Diċembru 2002, il-Kunsill tas-Sigurtà adotta r-Riżoluzzjoni 1452 (2002) intiża li tiffaċilita l-osservanza tal-obbligi fil-qasam tal-ġlieda kontra t-terroriżmu. Il-paragrafu 2 tar-Riżoluzzjoni 1452 (2002) jiddisponi li: “[Il-Kunsill tas-Sigurtà] [ j]iddeċiedi li d-dispożizzjonijiet tas-subparagrafu (a) tal-paragrafu 2 ta’ [...] tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002) ma japplikawx għall-fondi u assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi oħrajn li ġew individwati mill-Istat jew mill-Istati kompetenti li huma: a)      Neċessarji biex ikunu koperti spejjeż bażiċi, inkluż il-ħlas ta’ oġġetti tal-ikel, kera jew ħlas lura ta’ self ipotekarju, mediċini u trattament mediku, taxxi, primjums tal-assigurazzjoni, u l-ispejjeż għas-servizzi pubbliċi; [...], bla ħsara li l-Istat jew l-Istati kompetenti jkunu nnotifikaw minn qabel lill-[Kumitat tas-Sanzjonijiet] li huma għandhom l-intenzjoni li jagħtu aċċess skont il-bżonn għal dawn il-fondi, assi jew riżorsi, skont il-bżonn, u bil-kundizzjoni li l-[Kumitat tas-Sanzjonijiet] ma jiħux deċiżjoni li tmur kontra terminu ta’ tmienja u erbgħin siegħa mill-mument tan-notifika; […]” [traduzzjoni mhux uffiċjali] Il-leġiżlazzjoni tal-Unjoni Sabiex tiġi implementata r-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà 1390 (2002), fis-27 ta’ Mejju 2002, il-Kunsill adotta l-Pożizzjoni Komuni 2 002/402/PESK dwar miżuri restrittivi fil-konfront ta’ Usama bin Laden, membri tal-organizzazzjoni Al-Qaida u t-Talibani u individwi oħrajn, gruppi, impriżi u entitajiet assoċjati magħhom u jħassar il-Posizzjonijiet Komuni 96/746/PESK, 1999/727/PESK, 2001/154/PESK u 2001/771/PESK (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 18, Vol. 1, p. 292). Hekk kif jirriżulta b’mod partikolari mill-premessa 4 tiegħu, ir-Regolament Nru 881/2002 ġie adottat sabiex b’mod partikolari tiġi implementata r-Riżoluzzjoni 1390 (2002). L-Artikolu 881/2002 jipprovdi: “Għall-iskop ta’ dan ir-Regolament, għandhom japplikaw d-definizzjonijiet li ġejjin 1)      ‘fondi’ tfisser assi finanzjarji u benefiċċji ekonomiċi ta’ kull tip […] ; 2)      ‘riżorsi ekonomiċi’ tfisser assi ta’ kull tip, tanġibbli jew intanġibbli, mobbli jew immobbli, li mhumiex fondi imma li jistgħu jintużaw biex jinkisbu fondi, merkanzija jew servizzi; […]” Skont l-Artikolu 2 tar-Regolament Nru 881/2002: “1.      Il-fondi u r-riżorsi ekonomiċi kollha li huma ta’, jew fil-pusses ta’, persuna naturali jew ġuridika, [grupp] jew entità nominata mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u mniżżla fl-Anness I għandhom jiġu ffriżati. .2.      L-ebda fond m’għandu jkun disponibbli, direttament jew indirettament, lil, jew għall-benefiċċju ta’, persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità nominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u mniżżla fl-Anness I. 3.      L-ebda riżors ekonomiku m’għandu jkun disponibbli, direttament jew indirettament, lil, jew għall-benefiċċju ta’, persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità nominati mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet u mniżżla fl-Anness I, biex dik il-persuna, dak il-grupp jew dik l-entità tkun tista’ tikseb fondi, merkanzija jew servizzi.” Peress li qies li azzjoni tal-Komunità sabiex timplementa r-Riżoluzzjoni 1452 (2002) kienet neċessarja, il-Kunsill adotta, fis-27 ta’ Frar 2003, il-Pożizzjoni Komuni 2003/140/PESK, li tikkonċerna l-eċċezzjonijiet għall-miżuri restrittivi mposti mill-Posizzjoni Komuni 2002/402/PESK (ĠU Edizzjoni Speċjali bil-Malti, Kapitolu 18, Vol. 2, p. 80). Il-premessa 4 tar-Regolament Nru 561/2003 tippreċiża li, b’kunsiderazzjoni tar-Riżoluzzjoni 1452 (2002) hemm bżonn li jkunu aġġustati l-miżuri imposti mill-Komunità, L-Artikolu 2a tar-Regolament Nru 881/2002, li hija dispożizzjoni mdaħħla permezz tar-Regolament Nru 561/2003, jinkludi l-paragrafu 4 li jipprovdi: “1.      L-Artikolu 2 mhux se japplika għal fondi jew riżorsi ekonomiċi fejn: a)      xi awtorità kompetenti ta’ l-Istati Membri, kif imniżżla fl-Anness II, iddeterminat, fuq talba magħmula minn persuna naturali jew legali konċernata, li dawn il-fondi jew riżorsi ekonomiċi huma: i)      neċessarji biex ikunu koperti spejjeż bażiċi, inkluż il-ħlas ta' oġġetti ta' l-ikel, kera jew ipoteka, mediċini u trattament mediku, taxxi, primjums ta’ l-assigurazzjoni, u l-ispejjeż għas-servizzi pubbliċi; […] u b)      determinazzjoni bħal din ġiet innotifikata lill-Kumitat tas-Sanzjonijiet; u (ċ)      i)     fil-każ ta' determinazzjoni taħt punt (a)(i), […], il-Kumitat tas-Sanzjonijiet ma oġġezzjonax għad-determinazzjoni fi żmien 48 siegħa min-notifikazzjoni; jew […] 2.      Kull persuna li tixtieq tibbenefika mid-disposizzjonijiet imsemmija fil-paragrafu 1 għandha tindirizza t-talba tagħha lill-awtorità kompetenti rilevanti ta’ l-Istat Membru kif imniżżel fl-Anness II. L-awtorità kompetenti elenkata fl-Anness II għandha tinnotifika mill-ewwel bil-miktub kemm lill-persuna li għamlet it-talba, kif ukoll lil kull persuna, korp jew entita' magħrufa li huma direttament konċernati, jekk it-talba intlaqgħetx. L-awtorità kompetenti għandha tinforma wkoll lil Stati Membri oħra jekk it-talba għal eċċezzjoni bħal din intlaqgħetx. […]” L-Artikolu 10 tar-Regolament Nru 881/2002 jipprovdi: “1.      Kull Stat Membru għandu jistabbilixxi s-sanzjonijiet li għandhom jiġu imposti meta jinkisru d-disposizzjonijiet ta’ dan ir-Regolament. Sanzjonijiet bħal dawn għandhom ikunu effettivi, proprozjonati u dissważivi. […] 3.      Kull Stat Membru għandu jkun responsabbli milli jibda proċeduri kontra kull persuna naturali jew ġuridika, grupp jew entità fil-ġurisdizzjoni tagħha, f’każijiet ta’ vjolazzjoni ta’ xi projbizzjonijiet stabbiliti f’dan ir-Regolament minn kull persuna, grupp jew entità bħal din.” It-Treasury huwa elenkat bħala awtorità kompetenti tar-Renju Unit tal-Gran Brittanja u l-Irlanda ta’ Fuq fl-Anness II tar-Regolament Nru 881/2002. Il-leġiżlazzjoni nazzjonali Id-digriet dwar Al-Qaida u t-Taliban (miżuri tan-Nazzjonijiet Uniti) tal-2002 [The Al-Qa’ ida and Taliban (United Nations Measures) Order 2002, iktar ’il quddiem id-“digriet tal-2002”] huwa intiż, skont il-preambolu tiegħu, li jagħti effett, b’mod partikolari, għar-Riżoluzzjonijiet 1390 (2002) u 1452 (2002) tal-Kunsill tas-Sigurtà. L-Artikolu 7 tad-digriet tal-2002, bl-isem “Fondi għad-dispożizzjoni ta’ Usama bin Laden u l-assoċjati tiegħu”, jgħid hekk: “Kull min, ikun poġġa fondi għad-dispożizzjoni ta’ persuna mniżżla fil-lista jew ta’ persuna li taġixxi f’isem persuna mniżżla fil-lista, ħlief f’każ ta’ awtorizzazzjoni mogħtija mit-Treasury skont dan l-artikolu, ikun ħati ta’ reat taħt dan id-digriet.” L-Artikolu 20 tad-digriet tal-2002, intitolat “Pieni u proċeduri”, jipprovdi fil-paragrafu 1 tiegħu: “Kull persuna ħatja ta’ reat skont l-Artikoli [...] 7 [...] tkun punibbli: (a)      wara kundanna, wara li tkun ġiet akkużata, b’piena ta’ priġunerija li ma tistax taqbeż seba’ snin u/jew b’multa; jew (b)      wara kundanna sommarja, b’piena ta’ priġunerija li ma tistax taqbeż sitt xhur u/jew b’multa li ma tistax taqbeż il-massimu previst bil-liġi.” Mis-16 ta’ Novembru 2006, id-digriet tal-2002 ġie emendat bid-digriet fuq Al-Qaida u t-Taliban (miżuri tan-Nazzjonijiet Uniti) tal-2006 [The Al-Qa’ida and Taliban (United Nations Measures) Order 2006, iktar ’il quddiem id-“digriet tal-2006”]. Skont l-Artikolu 7 tad-digriet tal-2006, intitolat “Iffriżar ta’ fondi u ta’ riżorsi ekonomiċi ta’ persuni nominati”: “(1)      La l-persuna nnominata u lanqas persuna oħra ma tista’ timmanipola fondi jew riżorsi ekonomiċi li huma ta’, fil-pussess ta’ jew miżmuma minn persuna indikata fil-paragrafu 2, ħlief f’każ ta’ awtorizzazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 11. (2)      Il-projbizzjoni tal-paragrafu 1 tapplika: a)      għal kull persuna nominata, b)      għal kull persuna li tappartjeni jew li hija kkontrollata, direttament jew indirettament, minn persuna nominata u c)      għal kull persuna li taġixxi f’isem jew skont l-ordnijiet ta’ persuna nominata. (3)      Kull min jikser il-projbizzjoni fil-paragrafu (1) jikkommetti reat.” L-Artikolu 8 tad-digriet tal-2006, intitolat “Dispożizzjoni ta’ fondi jew ta’ riżorsi ekonomiċi lil persuni nominati” jipprovdi: “1      Persuni ma jistgħux ipoġġu, direttament jew indirettament, fondi jew riżorsi ekonomiċi għad-dispożizzjoni ta’, jew għall-benefiċċju ta’ persuna indikata fl-Artikolu 7(2) mingħajr ma jiksbu awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 11. (2)      Kull min jikser il-projbizzjoni fil-paragrafu (1) jikkommetti reat. […]” L-Artikolu 11 tad-digriet tal-2006, bl-isem “Awtorizzazzjonijiet” jipprovdi “(1)      It-Treasury jista’ jagħti awtorizzazzjoni biex jiġu eżentati l-atti speċifikati fiha mill-projbizzjonijiet fl-Artikolu 7(1) jew fl-Artikolu 8(1). (2)      Awtorizzazzjoni tista’ tkun (a)      ġenerali jew mogħtija lil kategorija ta’ persuni jew lil persuna partikolari; (b)      suġġetta għal kundizzjonijiet; (c)      għal perijodu determinat jew indeterminat. (3)      It-Treasury jista’ jimmodifika jew jirrevoka l-awtorizzazzjoni fi kwalunkwe mument. […] (6)      Kull min jaġixxi abbażi ta’ awtorizzazzjoni mingħajr ma jkun osserva l-kundizzjonijiet stabbilita fiha jikkommetti reat.” Il-kawżi prinċipali u d-domanda preliminari Mid-deċiżjoni tar-rinviju jirriżulta li l-kawżi prinċipali jikkonċernaw diversi benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza, bħal sussidji addizzjonali, allowances ta’ sussistenza għad-diżabbiltà, allowances tal-familja, allowances għal akkomodazzjoni u tnaqqis mit-taxxa lokali mogħtija lil M et , rikorrenti fil-kawża prinċipali, li huma konjuġi ta’ persuni nominati u li jirrisjedu ma’ dawn il-persuni u mat-tfal tagħhom fir-Renju Unit. Permezz tad-deċiżjonijiet, meħuda fix-xahar ta’ Lulju 2006 u validi għal perijodu indeterminat, it-Treasury kkunsidra li dawn il-ħlasijiet jaqgħu taħt il-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002. Peress li s-somom inkwistjoni jistgħu jkunu ddestinati sabiex ikopru spejjeż bażi ta’ ħtiġiet tal-ħajja tad-dar li jagħmlu parti minnha l-persuni nominati, bħax-xiri ta’ ikel għall-ikliet flimkien, dawn huma, skont it-Treasury, indirettament disponibbli għall-benefiċċju ta’ dawn il-persuni fis-sens ta’ din id-dispożizzjoni. It-Treasury ddeċieda li dawn il-ħlasijiet ma jistgħux, konsegwentement, iseħħu ħlief jekk jaqgħu taħt deroga skont l-Artikolu 2a tar-Regolament Nru 881/002 taħt il-forma ta’ awtorizzazzjoni skont l-Artikolu 7 tad-Digriet tal-2002. It-Treasury ta awtorizzazzjonijiet, flimkien ma’ diversi kundizzjonijiet, lil diversi awtoritajiet pubbliċi, li jippermettulhom li jkomplu jħallsu l-benefiċċji soċjali lil kull waħda mill-konjuġi inkwistjoni fil-kawża prinċipali. M et ikkontestaw dawn id-deċiżjonijiet, fejn sostnew li dawn il-ħlasijiet ma jaqgħux taħt il-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002. Wara li ressqu l-każ tagħhom fl-ewwel istanza u fl-appell, M et ressqu l-kawżi prinċipali quddiem il-House of Lords. Il-qorti tar-rinviju tirrileva li l-obbligi li ġejjin huma imposti fil-kuntest ta’ awtorizzazzjoni mogħtija skont l-Artikolu 7 tad-digriet tal-2002. –        il-benefiċċji inkwistjoni għandhom jitħallsu f’kont bankarju, li minnu l-konjuġi kkonċernata tista’ tiġbed biss GBP 10 fi flus għal kull membru li jagħmel parti mill-ħajja tad-dar, u l-ħlasijiet l-oħra li jsiru minn dan il-kont għandhom isiru permezz ta’ karta ta’ debitu; –        il-konjuġi kkonċernata għandha l-obbligu li titrażmetti kull xahar dikjarazzjoni lit-Treasury, li fiha l-ispejjeż kollha tagħha tax-xahar preċedenti jitniżżlu, flimkien mal-irċevuti relatati mal-oġġetti mixtrija u kopja tad-dikjarazzjonijiet bankarji stabbiliti kull xahar. Dawn l-irċevuti jistgħu jiġu kkontrollati mit-Treasury sabiex jiġi vverifikat li dan ix-xiri ma jeċċedix l-ispejjeż bażiċi, u –        l-awtorizzazzjoni tirriżulta minn avviż li jwissi l-konjuġi kkonċernata fuq il-fatt li d-dispożizzjoni għall-benefiċċju lill-konjuġi tagħha, persuna nominata, ta’ flus, assi finanzjarji jew ta’ riżorsi ekonomiċi jikkostitwixxi reat. Din il-qorti tqis li l-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002 ma jirrikjedix mekkaniżmu daqshekk intrużiv u tressaq l-argumenti li ġejjin f’dan ir-rigward: –        dan il-mekkaniżmu ma huwiex meħtieġ sabiex jintlaħaq l-għan tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002) li jikkonsisti li jiġi prekluż li fondi ma jintużawx għal għanijiet terroristiċi. Huwa diffiċli li wieħed jifhem kif l-infiq ta’ ammonti għal spejjeż domestiċi kurrenti, bħax-xiri ta’ oġġetti tal-ikel, li minnhom persuna nominata tieħu vantaġġ permezz ta’ oġġetti, jista’ joħloq riskju kwalunkwe ta’ abbuż ta’ dawn l-ammonti għal għanijiet terroristiċi, meta l-ammonti tal-benefiċċji soċjali inkwistjoni kienu barra minn hekk ikkalkolati bir-reqqa sabiex ma jaqbżux il-bżonnijiet tal-ħajja tal-benefiċjarji; –        interpretazzjoni wiesgħa tal-kliem “għall-benefiċċju ta’” kif tinsab fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002, ma hijiex koerenti mal-Artikolu 2(3) ta’ dan ir-regolament li jipprojbixxi d-disponibbiltà ta’ riżorsi ekonomiċi unikament meta din tippermetti lill-persuni nominati “[jiksbu] fondi, merkanzija jew servizzi”; –        it-Treasury jinterpreta t-termini li jinsabu fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/002 bħala li jifissru “assenjati jew mogħtija għall-benefiċċju ta’”. Issa, fid-dawl tal-għan segwit minn dan ir-regolament, huwa iktar probabbli li l-awtur ta’ dan ir-regolament kien xtaq jagħti lil dawn it-termini s-sens ta’ fondi mogħtija għad-dispożizzjoni jew użati għall-benefiċċju ta’ persuna nominata bħala dik li tista’ tużahom għal għanijiet terroristiċi, u –        l-interpretazzjoni mogħtija mit-Treasury tipproduċi riżultat disproporzjonat u abbużiv. Hija timplika li kull persuna li tagħti flus lil konjuġi ta’ persuna nominata, bħal min iħaddimha jew il-bank tagħha, għandha titlob awtorizzazzjoni għar-raġuni biss li din il-konjuġi tgħix ma’ persuna nominata u li xi parti mill-infiq tagħha tista’ tintuża għall-benefiċċju ta’ tali persuna. Minbarra dan, il-kundizzjonijiet stipulati fl-awtorizzazzjoni huma tali li l-konjuġi ma hijiex fil-pożizzjoni li tuża l-flus tagħha stess, indipendentement mill-ammont tad-dħul tagħha, mingħajr ma tagħti akkont lit-Treasury ta’ kull element tal-infiq tagħha. Dan jikkostitwixxi intrużjoni mhux normali fil-ħajja privata ta’ persuna li ma hijiex imniżżla fil-lista inkwistjoni. F’dawn iċ-ċirkustanzi, il-House of Lords iddeċidiet li tissospendi l-proċeduri u li tagħmel lill-Qorti tal-Ġustizzja d-domanda preliminari li ġejja:: “L-Artikolu 2(2) tar-Regolament [...] Nru 881/2002 japplika għall-għoti mill-Istat ta’ benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza soċjali lill-konjuġi ta’ persuna nnominata [...] fuq il-bażi biss li l-konjuġi toqgħod mal-persuna nnominata u ser tuża jew tista’ tuża parti minn dawn il-flus sabiex tħallas għal oġġetti jew servizzi li din ta’ l-aħħar sejra tikkonsma jew tibbenefika minnhom?” Fuq id-domanda preliminari Fil-kawżi prinċipali, il-Treasury sostna li japplika l-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002 għall-ħlas ta’ benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza inkwistjoni għall-konjuġi ta’ persuni nominati billi bbaża fuq it-test ta’ din id-dispożizzjoni fil-verżjoni tagħha fil-lingwa Ingliża, peress li din kienet ukoll il-lingwa ta’ proċedura ta’ din il-kawża. Għalhekk għandu jiġi eżaminat jekk id-domanda preliminari tistax tkun risposta billi ssir interpretazzjoni letterali tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002, li jeħtieġ paragun mal-verżjonijiet lingwistiċi differenti ta’ din id-dispożizzjoni. Skont il-verżjoni Ingliża ta’ din id-dispożizzjoni, “[l]-ebda fond m’għandu jkun disponibbli, direttament jew indirettament, lil, jew għall-benefiċċju” (“[n]o funds shall be made available, directly or indirectly, to, or for the benefit of”) ta’ persuna nominata. It-Treasury, bħall-qrati kollha li quddiemhom tressqu l-kawżi prinċipali fl-ewwel istanza u fl-appell kif ukoll il-Gvern tar-Renju Unit, minn dan jiddeduċu li l-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/002 tkopri d-disponibbiltà indiretta ta’ fondi għall-benefiċċju ta’ persuna nominata. Minn dan jirriżulta li din id-dispożizzjoni tapplika wkoll meta l-fondi huma mogħtija għad-dispożizzjoni ta’ persuna li ma hijiex persuna nominata, iżda din tal-aħħar tieħu benefiċċju indirettament minnhom. Issa, dan huwa l-każ fil-kawżi prinċipali peress li l-benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza inkwistjoni huma kkalkolati u mogħtija għall-benefiċċju tal-ħtiġiet tal-ħajja tad-dar, inkluża l-persuna nominata li tagħmel parti minn din id-dar. F’dan ir-rigward, jekk id-delimitazzjoni tal-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002 ikkunsidrata mit-Treasury tidher ukoll li tista’ tkun fondata fuq ċerti verżjonijiet lingwistiċi oħra, bħall-veżjonijiet fil-lingwa Ungeriża, Olandiża, Finlandiża u Svediża, madankollu għandu jiġi kkonstatat li t-test ta’ din id-dispożizzjoni f’verżjonijiet lingwistiċi oħra, b’mod partikolari l-verżjonijiet fil-lingwa Spanjola, Franċiża, Portugiża u Rumena, huwa differenti. Fil-fatt, minn dawn l-aħħar verżjonijiet lingwistiċi jidher li, minbarra d-disponibbiltà, direttament jew indirettament, ta’ fondi, huwa pprojbit ukoll li fondi jkunu “użati għall-benefiċċju ta’” persuna nominata. F’dawn il-verżjonijet lingwistiċi, il-benefiċċju allegatament meħud minn persuna nominata huwa marbut mhux mad-disponibbiltà, iżda mal-użu ta’ fondi. Minbarra dan, f’dawn l-istess verżjonijiet lingwistiċi, il-kliem “direttament jew indirettament” jirrigwardaw id-disponibbiltà u mhux l-użu tal-fondi. L-eżami b’mod iżolat, fir-rigward ta’ dawn l-aħħar verżjonijiet lingwistiċi, ma jippermettix li jiġi sostnut li, billi taw għad-dispożzzjoni benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza lill-konjuġi ta’ persuni nominati, l-awtoritajiet inkwistjoni kienu minħabba dan il-fatt użaw dawn il-fondi “għall-benefiċċju” ta’ persuna nominata. Fil-fatt mhumiex dawn l-awtoritajiet, iżda l-konjuġi tal-persuni nominati li għalihom il-fondi inkwistjoni huma disponibbli li jużawhom sussegwentement sabiex jixtru oġġetti jew servizzi li huma jipprovdu bħala għajnuna f’oġġetti lill-persuni nominati sabiex ikopru l-ispejjeż bażiċi tal-ħtiġiet tal-ħajja tad-dar li tagħha dawn il-persuni jagħmlu parti. Minbarra dan, verżjonijiet lingwistiċi oħrajn ukoll, bħall-verżjonijiet fil-lingwa Ġermaniża u Taljana, ma jaqgħux taħt wieħed miż-żewġ grupppi fil-verżjonijiet lingwistiċi deskritti preċedentement, iżda jużaw terminoloġija li hija unikament tagħhom. Għalhekk, dawn il-verżjonijiet jipprojbixxu, minbarra d-disponibbiltà, direttament jew indirettament, ta’ fondi lil persuna nominata, li fondi jistgħu “jibbenefikaw” (“zugute kommen”) lil tali persuna, jew li fondi jiġu “allokati għall-benefiċċju” (“stanziar[e] a […] vantaggio”) ta’ tali persuna. F’dan ir-rigward, għandu jitfakkar li, skont ġurisprudenza stabbilita, il-verżjonijiet lingwistiċi differenti ta’ test tal-Unjoni Ewropea għandhom jiġu interpretati b’mod uniformi u, għalhekk, f’każ ta’ diverġenzi bejn dawn il-verżjonijiet, id-dispożizzjoni inkwistjoni għandha tiġi interpretata abbażi tal-istruttura ġenerali u tal-għan tal-leġiżlazzjoni li tifforma element minnha (ara b’mod partikolari, is-sentenza tad-29 ta’ April 2004, Plato Plastik Robert Frank, C-341/01, Ġabra p. I-4883, punt 64 u l-ġurisprudenza ċċitata). Minbarra dan, għall-finijiet tal-interpretazzjoni tar-Regolament Nru 881/2002, għandu jittieħed ukoll inkunsiderazzjoni t-test u l-għan tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002) li dan ir-regolament, skont il-premessa 4 tiegħu, huwa intiż sabiex jimplementa (ara, b’mod partikolari, is-sentenza tat-3 ta’ Settembru 2008, Kadi u Al Barakaat International Foundation vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, C-402/05 P u C-415/05 P, Ġabra p. I-6351, punt 297 u l-ġurisprudenza ċċitata). Skont il-paragrafu 2(a) tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002), l-Istati għandhom “jiżguraw li la dawn il-fondi u lanqas fondi [li jappartjenu lil persuni, lil gruppi jew lil impriżi jew lil entitajiet assoċjanti mniżżla fil-lista sabbilita skont Riżoluzzjonijiet 1267 (1999) u 1333 (2000)], assi finanzjarji jew riżorsi ekonomiċi ma jsiru disponibbli, direttament jew indirettament, għall-benefiċċju ta’ dawn il-persuni, miċ-ċittadini tagħhom jew minn kull persuna oħra li tkun tinsab fit-territorju tagħhom. Għalkemm l-espressjoni “għal benefiċċju ta’” li tinsab fil-verżjoni fil-lingwa Franċiża ta’ dan il-paragrafu 2(a) tidher li tindika li d-disponibbiltà ta’ assi finanzjarji jew ta’ riżorsi ekonomiċi hija pprojbita biss jekk dawn jistgħu jintużaw mill-persuni nominati għall-attivitajiet li huma relatati mat-terroriżmu, għandu madankollu jiġi kkonstatat li verżjonijiet lingwistiċi uffiċjali oħrajn ta’ din id-dispożizzjoni ma jwasslux li ssir interpretazzjoni mhux ekwivoka f’dan is-sens fuq il-bażi ta’ dan it-test biss. Fil-fatt, fil-verżjoni fil-lingwa Spanjola, din l-espressjoni ma tidhirx, peress li din il-verżjoni tindika biss li għandu jiġi pprojbit li assi jingħatw għad-dispożizzjoni “ta’ dawn il-persuni” (“de esas personas”). Il-verżjoni fil-lingwa Ingliża hija differenti wkoll peress li hija tipprovdi li huwa pprojbit li assi jkunu disponibbli “għall-benefiċċju ta’ tali persuni”) (“for such persons’ benefit”). Fid-dawl tad-diverġenzi bejn il-verżjonijiet lingwistiċi kemm tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002 kif ukoll tal-paragrafu 2(a) tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002) hekk ikkonstatati, fid-dawl ta’ dak li ntqal fil-punti 44 u 45 ta’ din is-sentenza, l-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002 għandu jiġi interpretat skont l-istruttura ġenerali u l-għan tal-leġiżlazzjoni li tagħha din id-dispożizzjoni tikkostitwixxi element u li jittieħed inkunsiderazzjoni, f’dan il-kuntest, l-għan tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002). F’dan ir-rigward, fir-rigward tal-obbligi msemmija fil-paragrafu 2(a) tar-Riżoluzzjoni 1390 (2002), il-paragrafu 4 tar-Riżoluzzjoni 1822 (2008), adottata mill-Kunsill tas-Sigurtà fit-30 ta’ Ġunju 2008, jipprovdi li dawn “japplikaw għar-riżorsi ekonomiċi u finanzjarji ta’ kwalunkwe tip […] użati insostenn tan-netwerk ta’ Al-Qaida, Usama bin Laden u t-Taliban, kif ukoll il-persuni, il-gruppi, l-impriżi u l-impriżi li huma assoċjati magħhom”. [traduzzjoni mhux uffiċjali] Barra minn hekk, f’dokument ta’ informazzjoni tal-11 ta’ Settembru 2009, intitolat “Spjegazzjoni tat-termini li jikkonċernaw l-iffriżar tal-assi” disponibbli fuq is-sit tal-Internet mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet, dan il-kumitat indika li “[l]-għan tal-iffriżar tal-assi huwa li jċaħħad lil persuni, gruppi, impriżi u entitajiet li isimhom huwa mniżżel fil-[lista stabbilita mill-Kumitat tas-Sanzjonijiet]” minn mezzi sabiex isostnu t-terroriżmu” [traduzzjoni mhux uffiċjali]. F’dak li jikkonċerna r-Regolament Nru 881/2002, il-Qorti tal-Ġustizzja kkunsidrat li l-għan tiegħu huwa li jipprekludi lill-persuni nominati li jkollhom kwalunkwe riżors finanzjarju u ekonomiku, sabiex ikun prekluż il-finanzjament ta’ attivitajiet terroristiċi (sentenza tal-11 ta’ Ottubru 2007, Möllendorf u Möllendorf-Niehuus, C-117/06, Ġabra p. I-8361, punt 63). Bl-istess mod, il-Qorti tal-Ġustizzja indikat li l-għan essenzjali u s-suġġett ta’ dan ir-regolament huwa li jiġi miġġieled it-terroriżmu internazzjonali, b’mod partikolari li jkunu maqtugħa r-riżorsi finanzjarji tiegħu billi jiġu ffriżati l-fondi u r-riżorsi ekonomiċi tal-persuni jew entitajiet issuspettati li huma involuti f’attivitajiet li huma assoċjati miegħu (sentenza Kadi u Al Barakaat International Foundation vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, iċċitata iktar ’il fuq, punt 169). Minn dan jirriżulta li l-għan tas-sistema ta’ ffriżar tal-assi tal-persuni nominati, li tagħha tagħmel parti l-projbizzjoni ta’ disponibbiltà ta’ fondi stabbilita fl-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002, huwa li jipprekludi li dawn il-persuni jkollhom aċċess għal riżorsi ekonomiċi jew finanzjarji, indipendentement min-natura tagħhom, li huma jistgħu jużaw sabiex isostnu attivitajiet terroristiċi. Dan l-għan huwa barra minn hekk rifless fil-kwalifika li tinkludi d-definizzjoni li tinsab fil-punt 2 tal-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 881/2002 tal-kunċett ta’ “riżorsi ekonomiċi” bħala “assi ta’ kull tip, [...] li mhumiex fondi imma li jistgħu jintużaw biex jinkisbu fondi, merkanzija jew servizzi” kif ukoll il-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 2(3) ta’ dan ir-regolament li jingħataw għad-dispożizzjoni ta’ persuni nominati riżorsi ekonomiċi “biex dik il-persuna, dak il-grupp jew dik l-entità tkun tista’ tikseb fondi, merkanzija jew servizzi”. Fid-dawl tal-għan tar-Regolament Nru 881/2002, din il-kwalifika għandha tinftiehem fis-sens li l-miżura ta’ ffriżar tar-riżorsi ekonomiċi tapplika biss għal assi li jistgħu jinbidlu f’fondi, oġġetti jew servizzi li jistgħu jintużaw sabiex ikunu sostnuti attivitajiet terroristiċi. Huwa veru li la d-definizzjoni tal-fondi li tinsab fil-punt 1 tal-Artikolu 1 tar-Regolament Nru 881/2002 u lanqas il-miżura ta’ projbizzjoni ta’ disponibbiltà ta’ fondi prevista fl-Artikolu 2(2) ta’ dan ir-regolament ma jinkludu tali kwalifika. Madankollu, dan in-nuqqas huwa spjegat miċ-ċirkustanza li dawn id-dispożizzjonijiet huma intiżi speċifikament għal fondi, li, jekk ikunu, direttament jew indiretament, mogħtija għad-dispożizzjoni ta’ persuna nominata, iwasslu, minnhom infushom, għal riskju ta’ abbuż sabiex ikunu sostnuti tali attivitajiet terroristiċi. Issa, fil-kawżi prinċipali, l-interpretazzjoni mogħtija mit-Treasury lill-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002 ma hijiex fondata fuq xi riskju li l-fondi inkwistjoni jistgħu jiġu abbużati sabiex ikunu sostnuti attivitajiet terroristiċi. Ma kienx ġie sostnut li l-konjuġi kkonċernati jitrażmettu mill-ġdid dawn il-fondi lil persuna nominata minflok ma jużawhom għall-ispejjeż bażiċi tal-ħtiġiet tal-ħajja tad-dar tagħhom. Tali abbuż ta’ fondi huwa barra minn hekk kopert mill-projbizzjoni prevista fl-Artikolu 2(2) ta’ dan ir-regolament u jikkostitwixxi skont id-dritt nazzjonali applikabbli reat li jiġi punit b’pieni kriminali. Ma huwiex ikkontestat li, fil-kawżi prinċipali, il-fondi inkwistjoni huma effettivament użati mill-konjuġi kkonċernati sabiex jissodisfaw il-bżonnijiet essenzjali tal-ħtiġiet tal-ħajja tad-dar li tagħha jagħmlu parti l-persuni nominati. Issa, hekk kif irrilevat il-qorti tar-rinviju mingħajr ma ġiet ikkontestata fuq dan il-punt quddiem il-Qorti tal-Ġustizzja, il-konvertibbiltà ta’ dawn il-fondi f’mezzi li jistgħu jservu sabiex ikunu sostnuti attivitajiet terroristiċi tidher diffiċilment plawsibbli, speċjalment peress li l-benefiċċji inkwisjtoni fil-kawża prinċipali huma ffissati f’livell intiż sabiex ikopri biss il-bżonnijiet strettament tal-għajxien tal-persuni kkonċernati. Għaldaqstant, f’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-benefiċċju f’oġġetti li persuna nominata jista’ jieħu indirettament minn allowances soċjali mħallsa lill-konjuġi tiegħu ma jistax jikkomprometti l-għan tar-Regolament Nru 881/2002 li, kif intqal fil-punt 54 ta’ din is-sentenza, huwa li jipprekludi li l-persuni nominati jistgħu jkollhom aċċess għal riżorsi ekonomiċi jew finanzjarji ta’ kwalunkwe tip li huma jistgħu jużaw sabiex isostnu attivitajiet terroristiċi. Konsegwentement, fid-dawl tad-diverġenzi kkonstatati fil-verżjonijiet lingwistiċi tal-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002, din id-dispożizjzoni għandha, fid-dawl tal-għan tagħha, tiġi interpretata fis-sens li hija ma tapplikax għall-ħlas ta’ benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza f’ċirkustanzi bħal dawn inkwistjoni fil-kawża prinċipali. Minbarra dan, għandu jitfakkar li test tad-dritt sekondarju tal-Unjoni għandu jiġi interpretat, sa fejn huwa possibbli, fis-sens tal-konformità tiegħu, b’mod partikolari, mal-prinċipji ġenerali tad-dritt tal-Unjoni u, iktar partikolarment, mal-prinċipju taċ-ċertezza legali (ara, b’mod partikolari, is-sentenza tal-1 ta’ April 2004, Borgmann, C-1/02, Ġabra p. I-3219, punt 30 u l-ġurisprudenza ċċitata). Issa, dan il-prinċipju jeħtieġ li leġiżlazzjoni bħar-Regolament Nru 881/2002 li timponi miżuri restrittivi li għandhom importanza effettiva fuq id-drittijiet u l-libertajiet tal-persuni nominati (sentenza Kadi u Al Barakaat International Foundation vs Il-Kunsill u Il-Kummissjoni, iċċitata iktar ’il fuq, punt 375) u li, hekk kif jistabbilixxi l-Artikolu 10 ta’ dan ir-regolament, tinkludi, fid-dritt nazzjonali, sanzjonijiet, f’dan il-każ ta’ natura penali, f’każ ta’ ksur ta’ dawn il-miżuri, għandha tkun ċara u preċiża, sabiex il-persuni kkonċernati, inkużi terzi bħal korpi ta’ sigurtà soċjali inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ikunu jistgħu jsiru jafu mingħajr ambigwità d-drittijiet u l-obbligi tagħhom u jieħdu l-miżuri tagħhom bħala konsegwenza. F’dan il-kuntest, interpretazzjoni li tmur kontra dik li tinsab fil-punt 63 ta’ din is-sentenza tirriskja li tati lok għal inċertezzi legali marbuta b’mod partikolari mas-sitwazzjonijiet trijangulari li fihom fondi jingħataw għad-dispożizzjoni, direttament jew indiretttament, mhux lil persuna nominata, iżda lil persuna oħra li magħha l-persuna nominata għandha rabtiet bejn wieħed u ieħor stretti u fejn din tal-aħħar tieħu indirettament benefiċċju minn dawn il-fondi. Tali inċertezzi legali jidhru għaldaqstant inqas permessi peress li, f’tali sitwazzjonijiet tqum f’kull każ l-kwistjoni jekk il-benefiċċju speċifiku mogħti lil persuna nominata mill-persuna li lilha l-fondi ngħataw għad-dispoiżizzjoni jistax jaqa’ taħt miżuri restrittivi previsti fl-Artikolu 2(2) u (3) tar-Regolament Nru 881/2002. F’dan ir-rigward, jista’ jingħad ukoll li, f’ċirkustanzi bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, il-benefiċċju li tieħu persuna nominata, fil-forma ta’ għajnuna f’oġġetti, ta’ fondi mogħtija għad-dispożizzjoni tal-konjuġi tiegħu, ma jistax jiġi kkwalifikat bħala riżorsa ekonomika għall-finijiet tal-punt 2 tal-Artikolu 1 u l-Artikolu 2(3) tar-Regolament Nru 881/2002, perss li tali benefiċċju ma jistax jiġu użat mill-persuna nominata “biex jinkisbu fondi, merkanzija jew servizzi” fis-sens ta’ dawn id-dispożizzjonijiet. Fil-fatt, hekk kif intqal fil-punt 61 ta’ din is-sentenza, f’sitwazzjonijiet bħal dawk inkwistjoni fil-kawża prinċipali, ma jistax raġonevolament jiġi sostnut li dan il-benefiċċju jista’ jinbidel f’riżorsa ekonomika jew finanzjarja li l-persuna nominata tista’ tuża sabiex issostni attivitajiet terroristiċi. Lanqas ma jista’ jiġi sostnut li, jekk l-interpretazzjoni kienet saret li l-ħlas tal-allowances soċjali inkwistjoni fil-kawża prinċipali ma jaqax taħt l-Artikolu 2(2) u (3) tar-Regolament Nru 881/2002, id-deroga prevista fl-Artikolu 2a ta’ dan ir-regolament, f’dan il-każ dik dwar l-ispejjeż bażiċi, issir superfluwa. Hekk kif irrileva l-Avukat Ġenerali fil-punt 102 tal-konklużjonijiet tiegħu, din id-deroga għandha titħalla fil-każijiet kollha fejn fondi huma direttament jew indirettament mogħtija għad-dispożizzjoni ta’ persuna nominata u lil terz peress li, f’tali sitwazzjoni, il-persuna nominata tista’ tiddeċiedi d-destinazzjoni ta’ dawn il-fondi, li jimplika riskju tal-abbuż tagħhom għall-finjiet ta’ terroriżmu. Fl-aħħar nett, ma jistax jiġi kkontestat li, jekk l-interpretazzjoni kienet saret li l-ħlas tal-allowances soċjali inkwistjoni fil-kawża prinċipali ma jaqax taħt l-Artikolu 2(2) u (3) tar-Regolament Nru 881/2002, il-persuna nominata inkwistjoni hija ħielsa mill-obbligu li tieħu ħsieb hija stess tal-ispejjeż bażiċi tagħha, li jippermettilha għalhekk li tassenja għal għanijiet ta’ terroriżimu l-assi li hija tikseb permezz ta’ mezzi oħra. Fil-fatt, hekk kif l-Avukat Ġenerali rrileva fil-punt 105 tal-konklużjonijiet tagħha, jekk t-teħid dirett minn terz tal-ispejjeż bażiċi ta’ persuna nominata ma jaqax taħt il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Artikolu 2 tar-Regolament Nru 881/2002, xorta jibqa’ l-fatt li l-iffriżar kif ukoll il-projbizzjonijiet previsti minn din id-dispożizzjoni jibqgħu għal kollox applikabbli fir-rigward ta’ tali persuna bla ħsara, skont il-każ, ta’ deroga skont l-Artikolu 2a ta’ dan ir-regolament. Fid-dawl ta’ dak li ntqal, id-domanda magħmula għandha tiġi risposta li l-Artikolu 2(2) tar-Regolament Nru 881/2002 għandu jiġi interpretat fis-sens li ma japplikax għal benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza mħallsa mill-Istat lill-konjuġi ta’ persuna nominata għar-raġuni biss li din il-konjuġi tgħix ma’ din il-persuna nominata u li hija ser tuża jew tista’ tagħmel użu minn parti dawn il-benefiċċji għax-xiri ta’ oġġetti jew servizzi li din il-persuna nominata tikkonsma jew li minnhom hija wkoll tieħu benefiċċju. Fuq l-ispejjeż Peress li l-proċedura għandha, fir-rigward tal-partijiet fil-kawża prinċipali, in-natura ta’ kwistjoni mqajma quddiem il-qorti tar-rinviju, hija din il-qorti li tiddeċiedi fuq l-ispejjeż. L-ispejjeż sostnuti għas-sottomissjoni tal-osservazzjonijiet lill-Qorti, barra dawk tal-imsemmija partijiet, ma jistgħux jitħallsu lura. Għal dawn il-motivi, Il-Qorti tal-Ġustizzja (Ir-Raba’ Awla) taqta’ u tiddeċiedi: L-Artikolu 2(2) tar-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 881/2002, tas-27 ta’ Mejju 2002, li jimponi ċerti miżuri speċifiċi restrittivi diretti kontra ċerti persuni u entitajiet assoċjati ma’ Usama bin Laden, in-network ta’ Al-Qaida u t-Taliban, u li jipprojbixxi l-esportazzjoni ta’ ċerta merkanzija u servizzi lejn l-Afganistan, waqt li jsaħħaħ il-projbizzjoni ta’ titjiriet u jestendi il-friża fuq fondi u riżorsi finanzjarji oħra rigward it-Taliban tal-Afganistan, kif emendat bir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 561/2003, tas-27 ta’ Marzu 2003, għandu jiġi interpretat fis-sens li ma japplikax għal benefiċċji ta’ sigurtà soċjali jew ta’ assistenza mħallsa mill-Istat lill-konjuġi ta’ persuna nominata mill-kumitat maħluq skont il-paragrafu 6 tar-Riżoluzzjoni tal-Kunsill tas-Sigurtà tan-Nazzjonijiet Uniti 1267 (1999) u mniżżla fl-Anness I tar-Regolament, kif emendat, għar-raġuni biss li din il-konjuġi tgħix ma’ din il-persuna nominata u li hija ser tuża jew tista’ tagħmel użu minn dawn il-benefiċċji għax-xiri ta’ oġġetti jew servizzi li din il-persuna nominata tikkonsma jew li minnhom hija wkoll tieħu benefiċċju. Firem * Lingwa tal-kawża: l-Ingliż.

61987CJ0081

nl

Overwegingen van het arrest 1 Bij beschikking van 6 februari 1987, ingekomen ten Hove op 19 maart daaraanvolgend, heeft de High Court of Justice, Queen' s Bench Division, krachtens artikel 177 EEG-Verdrag vier prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag en van richtlijn 73/148 van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten ( PB 1973, L 172, blz . 14 ). 2 Deze vragen zijn gerezen in een geding tussen de vennootschap Daily Mail and General Trust PLC, verzoekster in het hoofdgeding ( hierna : verzoekster ), en het Britse Ministerie van Financiën, onder meer ter verkrijging van een verklaring voor recht, dat verzoekster geen toestemming krachtens de Britse fiscale wetgeving nodig heeft om haar vestiging in het Verenigd Koninkrijk op te geven en naar Nederland te verplaatsen . 3 Uit de processtukken blijkt, dat volgens het Britse vennootschapsrecht een vennootschap zoals verweerster, die overeenkomstig die wetgeving is opgericht en haar statutaire zetel in het Verenigd Koninkrijk heeft, haar centrale bestuurszetel buiten het Verenigd Koninkrijk kan vestigen zonder haar rechtspersoonlijkheid of haar hoedanigheid van vennootschap naar Brits recht te verliezen . 4 Volgens de Britse fiscale wetgeving zijn alleen vennootschappen die hun fiscale vestiging in het Verenigd Koninkrijk hebben, onderworpen aan de Britse vennootschapsbelasting . Als fiscale vestiging van een vennootschap geldt de plaats waar de centrale bestuurszetel is gevestigd . 5 Section 482(1)(a ) van de Income and Corporation Taxes Act 1970 verbiedt vennootschappen met fiscale vestiging in het Verenigd Koninkrijk die vestiging zonder toestemming van het Ministerie van Financiën op te geven . 6 In 1984 vroeg verzoekster, een houdster - en beleggingsmaatschappij, om toestemming in de zin van genoemde nationale bepaling om haar bestuurszetel te verplaatsen naar Nederland, waar de wetgeving er niet aan in de weg staat, dat buitenlandse vennootschappen aldaar hun bestuurszetel vestigen . Zij was met name van plan, in Nederland de vergaderingen van de raad van bestuur te houden en er kantoren te huren voor haar administratie . Zonder op die toestemming te wachten, besloot zij vervolgens in Nederland een kantoor te openen voor het beheer van beleggingen met het oog op dienstverrichtingen ten behoeve van derden . 7 Tussen partijen staat vast, dat verzoekster met de voorgenomen verplaatsing van haar bestuurszetel voornamelijk voor zich de mogelijkheid wilde scheppen om, na de overbrenging van haar fiscale vestiging naar Nederland, een belangrijk deel van de aandelen waaruit haar niet-vaste activa bestaan, te verkopen en met de opbrengst ervan haar eigen aandelen op te kopen, zonder de belastingen te moeten betalen die zij ingevolge de Britse fiscale wetgeving over die transacties verschuldigd zou zijn, met name wegens de aanzienlijke vermogenswinst op de aandelen die zij voornemens was te verkopen . Na de verplaatsing van haar bestuurszetel naar Nederland zou verzoekster onder de Nederlandse vennootschapsbelasting vallen, maar de voorgenomen transacties zouden enkel worden belast voor zover na de overbrenging van de fiscale vestiging nog vermogenswinst zou ontstaan . 8 Na langdurige onderhandelingen met het Ministerie van Financiën, dat verzoekster voorstelde, althans een deel van de aandelen vóór haar vertrek uit het Verenigd Koninkrijk te verkopen, heeft verzoekster de zaak in 1986 voor de High Court of Justice, Queen' s Bench Division, gebracht . Daar voerde zij aan, dat de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag haar het recht verlenen, haar bestuurszetel zonder voorafgaande toestemming naar een andere Lid-Staat over te brengen, dan wel het recht om die toestemming te verkrijgen zonder dat er voorwaarden aan worden verbonden . 9 Ten einde dit geschil te kunnen oplossen, heeft de nationale rechterlijke instantie de behandeling van de zaak geschorst en het Hof verzocht om een prejudiciële beslissing over de volgende vragen : "1 ) Staan de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag eraan in de weg, dat een Lid-Staat een rechtspersoon met centrale bestuurszetel in die staat verbiedt, die bestuurszetel zonder voorafgaande toestemming naar een andere Lid-Staat te verplaatsen, indien a ) de betaling van belasting over reeds gemaakte winst kan worden ontweken, en/of b ) door die verplaatsing belasting kan worden ontweken die verschuldigd zou kunnen worden indien de vennootschap haar bestuurszetel in die Lid-Staat behield? 2 ) Geeft richtlijn 73/148 een rechtspersoon die haar bestuurszetel in een bepaalde Lid-Staat heeft, het recht die bestuurszetel onder de in vraag 1 vermelde omstandigheden zonder voorafgaande toestemming of goedkeuring naar een andere Lid-Staat te verplaatsen, en zo ja, zijn de relevante bepalingen in dit geval rechtstreeks toepasselijk? 3 ) Zo wel voorafgaande toestemming of goedkeuring mag worden verlangd, mag een Lid-Staat deze dan op de in de vraag 1 genoemde gronden weigeren? 4 ) Maakt het enig verschil, dat volgens de toepasselijke wetgeving van die Lid-Staat een natuurlijke persoon of een personenvennootschap geen toestemming nodig heeft voor de verplaatsing van zijn/haar vestiging naar een andere Lid-Staat?" 10 Voor een nadere uiteenzetting van de feiten van het hoofdgeding, de toepasselijke nationale wetgeving en de bij het Hof ingediende opmerkingen wordt verwezen naar het rapport ter terechtzitting . Deze elementen van het dossier worden hieronder slechts weergegeven voor zover dat noodzakelijk is voor de redenering van het Hof . De eerste vraag 11 Met de eerste vraag wil de verwijzende rechter in wezen vernemen, of de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag aan een overeenkomstig de wetgeving van een Lid-Staat opgerichte vennootschap die aldaar haar statutaire zetel heeft, het recht verlenen haar bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen, en, zo ja, of de Lid-Staat van oorsprong dit recht dan afhankelijk kan stellen van de toestemming van de nationale instanties, welke toestemming afhangt van de fiscale situatie van de vennootschap . 12 Met betrekking tot het eerste onderdeel van deze vraag betoogt verzoekster in wezen, dat artikel 58 EEG-Verdrag aan vennootschappen waarop het van toepassing is, uitdrukkelijk hetzelfde recht verleent om hun hoofdvestiging in een andere Lid-Staat te hebben, als bij artikel 52 aan natuurlijke personen is toegekend . Verplaatsing van de centrale bestuurszetel van een vennootschap naar een andere Lid-Staat zou hetzelfde zijn als vestiging van die vennootschap in die Lid-Staat, aangezien zij aldaar haar besluitvormingscentrum lokaliseert, wat neerkomt op reële en daadwerkelijke economische activiteit . 13 Het Verenigd Koninkrijk voert in wezen aan, dat het EEG-Verdrag vennootschappen geen algemeen recht toekent om hun centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen . Het feit dat de bestuurszetel van een vennootschap zich in een bepaalde Lid-Staat bevindt, zou niet noodzakelijkerwijs betekenen, dat die vennootschap een reële en daadwerkelijke economische activiteit in die staat uitoefent, en zou dus niet zijn te beschouwen als vestiging in de zin van artikel 52 EEG-Verdrag . 14 De Commissie beklemtoont in de eerste plaats, dat bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht de voorwaarden waaronder een vennootschap haar bestuurszetel naar een andere Lid-Staat kan verplaatsen, nog steeds afhangen van het nationale recht van de staat waar zij is opgericht, en van die waar zij zich gaat vestigen . In dit verband wijst de Commissie op de verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen inzake het vennootschapsrecht . Sommige regelingen laten de verplaatsing van de bestuurszetel toe, in bepaalde gevallen zelfs zonder daaraan rechtsgevolgen te verbinden, ook niet op fiscaal gebied . Volgens andere regelingen verliest een vennootschap haar rechtspersoonlijkheid wanneer zij haar administratie of besluitvormingscentrum verplaatst uit de Lid-Staat waar zij is opgericht . Alle regelingen kennen evenwel de mogelijkheid, een vennootschap in de ene Lid-Staat te ontbinden en in een andere opnieuw op te richten . De Commissie is van mening, dat wanneer verplaatsing van de centrale bestuurszetel naar nationaal recht mogelijk is, het recht om die zetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen, een door artikel 52 EEG-Verdrag beschermd recht is . 15 Gezien deze uiteenlopende opvattingen, wijst het Hof er in de eerste plaats op, zoals het al vele malen heeft gedaan, dat de vrijheid van vestiging een van de fundamentele beginselen van de Gemeenschap is en dat de verdragsbepalingen die deze vrijheid waarborgen, sedert het einde van de overgangsperiode rechtstreekse werking hebben . Het recht om zich in een andere Lid-Staat te vestigen, wordt door die bepalingen niet enkel toegekend aan gemeenschapsonderdanen, doch ook aan de in artikel 58 bedoelde vennootschappen . 16 Hoewel die bepalingen met name beogen te verzekeren dat buitenlandse onderdanen en vennootschappen in de Lid-Staat van ontvangst op dezelfde wijze worden behandeld als de onderdanen van die Lid-Staat, verbieden zij de Lid-Staat van oorsprong ook, de vestiging in een andere Lid-Staat te bemoeilijken van een van zijn onderdanen of van een naar zijn nationaal recht opgerichte en onder de definitie van artikel 58 vallende vennootschap . Zoals de Commissie terecht heeft opgemerkt, zouden de door de artikelen 52 en volgende gewaarborgde rechten hun betekenis verliezen indien de Lid-Staat van oorsprong ondernemingen kon beletten het land te verlaten ten einde zich in een andere Lid-Staat te vestigen . Voor natuurlijke personen is het recht om hun land met dat doel te verlaten, uitdrukkelijk voorzien in richtlijn 73/148, waarop de tweede prejudiciële vraag betrekking heeft . 17 In het geval van vennootschappen wordt het recht van vestiging normaliter uitgeoefend door de oprichting van agentschappen, filialen of dochterondernemingen, zoals uitdrukkelijk voorzien in de tweede zin van artikel 52, lid 1 . Het is trouwens deze vorm van vestiging waarvoor verzoekster in casu heeft gekozen door in Nederland een kantoor voor het beheer van beleggingen te openen . Een vennootschap kan haar recht van vestiging ook uitoefenen door deel te nemen in de oprichting van een vennootschap in een andere Lid-Staat; artikel 221 EEG-Verdrag waarborgt dan, dat haar ten aanzien van haar deelneming in het kapitaal van de nieuwe vennootschap nationale behandeling ten deel valt . 18 De Britse wettelijke bepaling waarom het in het hoofdgeding gaat, stelt geen enkele beperking aan verrichtingen zoals hierboven omschreven . Evenmin belet zij de gedeeltelijke of gehele overdracht van de activiteiten van een naar Brits recht opgerichte vennootschap aan een in een andere Lid-Staat nieuw opgerichte vennootschap, zo nodig na ontbinding van de Britse vennootschap en vereffening van haar belastingschuld in het Verenigd Koninkrijk . De toestemming van het Ministerie van Financiën is enkel vereist wanneer de vennootschap haar centrale bestuurszetel uit het Verenigd Koninkrijk wenst te verplaatsen met behoud van haar rechtspersoonlijkheid en haar hoedanigheid van vennootschap naar Brits recht . 19 In dit verband zij erop gewezen, dat, anders dan natuurlijke personen, vennootschappen hun bestaan ontlenen aan de wet en wel, bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht, aan de nationale wet . Zij bestaan enkel krachtens de verschillende nationale wetgevingen, die de oprichtings - en werkingsvoorwaarden ervan bepalen . 20 Zoals de Commissie heeft beklemtoond, vertonen de wettelijke regelingen van de Lid-Staten aanzienlijke verschillen, zowel met betrekking tot de aanknoping met het nationale grondgebied, die vereist is voor de oprichting van een vennootschap, als met betrekking tot de mogelijkheid dat een naar het recht van een Lid-Staat opgerichte vennootschap die aanknoping later wijzigt . Bepaalde Lid-Staten verlangen, dat niet enkel de statutaire zetel, maar ook het feitelijke hoofdkantoor, dat wil zeggen het hoofdbestuur van de vennootschap, zich op hun grondgebied bevindt, zodat verplaatsing van het hoofdbestuur naar een ander land onderstelt dat de vennootschap eerst wordt ontbonden, met alle fiscaal - en vennootschapsrechtelijke gevolgen van dien . Volgens de wetgeving van andere Lid-Staten kunnen vennootschappen hun hoofdbestuur naar het buitenland verplaatsen, maar in sommige landen zoals het Verenigd Koninkrijk is dat recht aan bepaalde beperkingen onderworpen, terwijl de rechtsgevolgen van een verplaatsing, met name op fiscaal gebied, van Lid-Staat tot Lid-Staat verschillen . 21 In het EEG-Verdrag is rekening gehouden met deze verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen . Bij de omschrijving, in artikel 58 van het Verdrag, van de vennootschappen waarvoor het recht van vestiging geldt, worden statutaire zetel, hoofdbestuur en hoofdvestiging van een vennootschap op gelijke voet geplaatst als element van aanknoping . Verder bepaalt artikel 220, dat de Lid-Staten, voor zover nodig, overeenkomsten sluiten ter verzekering van, onder meer, de handhaving van de rechtspersoonlijkheid in geval van verplaatsing van de zetel van vennootschappen van het ene land naar het andere . Met betrekking tot deze materie is echter nog geen enkele overeenkomst van kracht geworden . 22 Hieraan moet worden toegevoegd, dat geen van de krachtens artikel 54, lid 3, sub g, EEG-Verdrag vastgestelde richtlijnen inzake de cooerdinatie van het vennootschapsrecht betrekking heeft op de verschillen waarom het hier gaat . 23 Bijgevolg moet worden vastgesteld, dat het Verdrag de verschillen tussen de nationale wettelijke regelingen met betrekking tot de vereiste aanknoping en de vraag of, en zo ja hoe, de statutaire zetel of het feitelijke hoofdkantoor van een naar nationaal recht opgerichte vennootschap naar een andere Lid-Staat kan worden verplaatst, beschouwt als vraagstukken waarvoor de regels inzake het recht van vestiging geen oplossing bieden, doch die in toekomstige wetgeving of overeenkomsten moeten worden geregeld . 24 Onder deze omstandigheden kunnen de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag niet aldus worden uitgelegd, dat zij naar het recht van een Lid-Staat opgerichte vennootschappen het recht geven, hun centrale bestuurszetel en hun hoofdbestuur naar een andere Lid-Staat te verplaatsen met behoud van hun hoedanigheid van vennootschap naar het recht van de eerste Lid-Staat . 25 Op het eerste onderdeel van de eerste vraag moet mitsdien worden beantwoord, dat de artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag aldus moeten worden uitgelegd, dat zij bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht aan een vennootschap die is opgericht overeenkomstig het recht van een Lid-Staat en in die Lid-Staat haar statutaire zetel heeft, niet het recht geven haar centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen . 26 Gezien dit antwoord, behoeft het tweede onderdeel van de eerste vraag niet te worden beantwoord . De tweede vraag 27 Met zijn tweede vraag wenst de verwijzende rechter te vernemen, of de bepalingen van richtlijn 73/148 van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten, een vennootschap het recht geven haar centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen . 28 Dienaangaande kan worden volstaan met erop te wijzen, dat die richtlijn, naar uit het intitulé en de bepalingen ervan blijkt, enkel betrekking heeft op de verplaatsing en het verblijf van natuurlijke personen, en dat die bepalingen zich naar hun aard niet lenen voor overeenkomstige toepassing op rechtspersonen . 29 Mitsdien moet op de tweede vraag worden geantwoord, dat richtlijn 73/148 aldus moet worden uitgelegd, dat de bepalingen ervan een vennootschap niet het recht geven haar centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen . De derde en de vierde vraag 30 Gezien de antwoorden op de eerste twee vragen van de nationale rechter, zijn de derde en de vierde vraag niet meer van belang . Beslissing inzake de kosten Kosten 31 De kosten door de regering van het Verenigd Koninkrijk en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening hunner opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen . Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen . Dictum HET HOF VAN JUSTITIE, uitspraak doende op de door de High Court of Justice, Queen' s Bench Division, bij beschikking van 6 februari 1987 gestelde vragen, verklaart voor recht : 1 ) De artikelen 52 en 58 EEG-Verdrag moeten aldus worden uitgelegd, dat zij bij de huidige stand van het gemeenschapsrecht aan een vennootschap die is opgericht overeenkomstig het recht van een Lid-Staat en in die Lid-Staat haar statutaire zetel heeft, niet het recht geven haar centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen . 2 ) Richtlijn 73/148 van de Raad van 21 mei 1973 inzake de opheffing van de beperkingen van de verplaatsing en het verblijf van onderdanen van de Lid-Staten binnen de Gemeenschap ter zake van vestiging en verrichten van diensten, moet aldus worden uitgelegd, dat de bepalingen ervan een vennootschap niet het recht geven haar centrale bestuurszetel naar een andere Lid-Staat te verplaatsen .

62017CJ0324

fr

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1 er , paragraphe 4, de l’article 6, paragraphe 1, sous a), et de l’article 14 de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale ( JO 2014, L 130, p. 1 ). Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Ivan Gavanozov, accusé de diriger une organisation criminelle et d’avoir commis des infractions fiscales. Le cadre juridique Les considérants 21, 22 et 38 de la directive 2014/41 sont ainsi rédigés : « (21) Des limitations dans le temps sont nécessaires pour garantir une coopération rapide, efficace et cohérente entre les États membres en matière pénale. La prise de décision relative à la reconnaissance ou à l’exécution, ainsi qu’à l’exécution concrète de la mesure d’enquête, devraient se faire avec la même célérité et priorité que dans le cadre d’une procédure nationale similaire. Il y a lieu de fixer des délais pour veiller à ce qu’une décision soit prise ou qu’une exécution ait lieu dans un délai raisonnable, ou pour répondre aux contraintes procédurales de l’État d’émission. (22) Les voies de recours permettant de contester une décision d’enquête européenne devraient être au moins égales à celles qui sont prévues dans le cadre d’une procédure nationale à l’encontre de la mesure d’enquête concernée. Conformément à leur droit national, les États membres devraient veiller à ce que ces voies de recours soient applicables, notamment en informant en temps utile toute partie intéressée des possibilités de recours. [...] [...] (38) Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir la reconnaissance mutuelle des décisions prises aux fins de l’obtention de preuves, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres [...] » L’article 1 er , paragraphe 4, de cette directive énonce : « La présente directive n’a pas pour effet de modifier l’obligation de respecter les droits fondamentaux et les principes juridiques inscrits à l’article 6 du traité sur l’Union européenne, y compris les droits de la défense des personnes faisant l’objet d’une procédure pénale, et il n’est porté atteinte à aucune des obligations qui incombent aux autorités judiciaires à cet égard. » L’article 5, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive prévoit : « La décision d’enquête européenne prévue dans le formulaire figurant à l’annexe A est complétée, signée, et son contenu est certifié comme étant exact et correct par l’autorité d’émission. » L’article 6, paragraphe 1, de la même directive dispose : « L’autorité d’émission ne peut émettre une décision d’enquête européenne que si les conditions suivantes sont réunies : a) l’émission de la décision d’enquête européenne est nécessaire et proportionnée aux finalités des procédures visées à l’article 4, compte tenu des droits du suspect ou de la personne poursuivie ; et [...] » L’article 14 de la directive 2014/41 est libellé comme suit : « 1.   Les États membres veillent à ce que des voies de recours équivalentes à celles ouvertes dans le cadre d’une procédure nationale similaire soient applicables aux mesures d’enquête indiquées dans la décision d’enquête européenne. 2.   Les motifs de fond qui sont à l’origine de l’émission de la décision d’enquête européenne ne peuvent être contestés que par une action intentée dans l’État d’émission, sans préjudice des garanties des droits fondamentaux dans l’État d’exécution. 3.   Lorsque cela ne nuit pas à la confidentialité d’une enquête au titre de l’article 19, paragraphe 1, l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution prennent les mesures appropriées pour veiller à ce que des informations soient fournies sur les possibilités de recours prévues par le droit national lorsque celles-ci deviennent applicables et en temps utile afin de garantir leur exercice effectif. 4.   Les États membres veillent à ce que les délais de recours soient identiques à ceux qui sont prévus dans le cadre de procédures nationales similaires et qu’ils s’appliquent de manière à garantir aux personnes concernées la possibilité d’exercer un recours effectif. 5.   L’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’informent mutuellement des recours formés contre l’émission, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne. 6.   Un recours ne suspend pas l’exécution de la mesure d’enquête, à moins que cela ne soit prévu dans le cadre de procédures nationales similaires. 7.   L’État d’émission tient compte du fait que la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne ait été contestée avec succès conformément à son droit national. Sans préjudice des règles de procédure nationales, les États membres veillent à ce que, dans une procédure pénale dans l’État d’émission, les droits de la défense et l’équité de la procédure soient respectés dans le cadre de l’évaluation des éléments de preuve obtenus au moyen de la décision d’enquête européenne. » L’article 36, paragraphe 1, de cette directive prévoit : « Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 22 mai 2017. » La section J du formulaire figurant à l’annexe A de ladite directive, intitulée « Voies de recours », est ainsi rédigée : « 1. Veuillez indiquer si un recours a déjà été formé contre l’émission d’une décision d’enquête européenne et, dans l’affirmative, veuillez préciser (description des voies de recours, y compris des démarches qu’il est nécessaire d’effectuer, et délais) : [...] 2. Autorité dans l’État d’émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours dans l’État d’émission et indiquer s’il est possible de disposer d’une assistance juridique ou de services d’interprétation et de traduction : Nom : [...] Personne à contacter (le cas échéant) : [...] Adresse : [...] N o de téléphone : (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) [...] N o de télécopieur : (indicatif de pays) (indicatif de zone ou urbain) [...] Adresse électronique : [...] » Le litige au principal et les questions préjudicielles M. Gavanozov fait l’objet, en Bulgarie, de poursuites pour participation à une organisation criminelle constituée en vue de commettre des infractions fiscales. En particulier, il est soupçonné d’avoir importé en Bulgarie, par l’intermédiaire de sociétés écrans, du sucre en provenance d’autres États membres, en se fournissant notamment auprès d’une société établie en République tchèque et représentée par M. Y, ainsi que d’avoir par la suite vendu ce sucre sur le marché bulgare sans payer ni liquider la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), en présentant des documents inexacts selon lesquels ledit sucre aurait été exporté vers la Roumanie. Dans ce contexte, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé, Bulgarie) a décidé, le 11 mai 2017, d’émettre une décision d’enquête européenne visant à ce que les autorités tchèques effectuent des perquisitions et des saisies tant dans les locaux de ladite société établie en République tchèque qu’au domicile de M. Y, et procèdent à une audition par vidéoconférence de ce dernier en qualité de témoin. À la suite de l’adoption de cette décision, cette juridiction soutient avoir rencontré des difficultés pour remplir la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41, consacrée aux voies de recours. Ladite juridiction relève, à cet égard, que le droit bulgare ne prévoit aucune voie de recours contre les décisions ordonnant des perquisitions, des saisies ou des auditions de témoins. Néanmoins, la même juridiction considère que l’article 14 de cette directive impose aux États membres de prévoir de telles voies de recours. La juridiction de renvoi précise également que, en droit bulgare, les décisions juridictionnelles ordonnant de telles mesures ne figurent pas parmi les cas dans lesquels la responsabilité de l’État peut être engagée en cas de dommage, lorsqu’elles ne visent pas directement le prévenu. Dans ces conditions, le Spetsializiran nakazatelen sad (tribunal pénal spécialisé) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes : « 1) L’article 14 de la directive [2014/41] s’oppose-t-il à une loi et à une jurisprudence nationales qui ne permettent, ni au moyen d’un recours direct contre la décision juridictionnelle ni au moyen d’une demande séparée en condamnation à des dommages et intérêts, de contester les motifs de fond de la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne qui a pour objet la réalisation d’une perquisition dans un bien immeuble résidentiel et dans un bien immeuble d’entreprise et d’une saisie d’objets déterminés, ainsi que l’organisation d’une audition de témoin ? 2) L’article 14, paragraphe 2, de la directive 2014/41 accorde-t-il, de manière directe et immédiate, à la personne concernée le droit de contester la décision juridictionnelle portant émission d’une décision d’enquête européenne, bien que le droit national ne prévoie pas de voie procédurale en ce sens ? 3) La personne visée par une accusation pénale est-elle, à la lumière de l’article 14, paragraphe 2, lu en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1, sous a), et avec l’article 1 er , paragraphe 4, de la directive 2014/41, une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, de la même directive, lorsque la mesure de collecte de preuves vise un tiers ? 4) La personne qui habite ou qui utilise un bien immeuble dans lequel sont effectuées la perquisition et la saisie ou la personne qui sera entendue en tant que témoin est-elle une personne concernée au sens de l’article 14, paragraphe 4, lu en combinaison avec le paragraphe 2, de la directive 2014/41 ? » Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle Le gouvernement tchèque soutient, à titre liminaire, que la demande de décision préjudicielle est irrecevable au motif que la décision d’enquête européenne en cause au principal a été émise avant que le délai de transposition de la directive 2014/41 n’ait expiré et alors que cette directive n’avait pas été transposée par l’État membre d’émission. À cet égard, il convient de relever, tout d’abord, que le délai de transposition de la directive 2014/41, prévu à l’article 36 de celle-ci, était expiré lorsque la juridiction de renvoi a saisi la Cour de la présente demande préjudicielle. Ensuite, comme l’a relevé M. l’avocat général au point 46 de ses conclusions, cette directive a été transposée tant en Bulgarie qu’en République tchèque au cours de la procédure devant la Cour. Enfin, il ressort du dossier dont dispose la Cour que, si la juridiction de renvoi a décidé d’émettre une décision d’enquête européenne en vue de faire effectuer les mesures d’enquête en cause au principal en République tchèque, cette juridiction n’a pas encore procédé à l’émission de cette décision d’enquête européenne en raison des difficultés qu’elle rencontre pour remplir la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41. La juridiction de renvoi est donc appelée, dans l’affaire au principal, à émettre, le cas échéant, une décision d’enquête européenne régie par cette directive. Il s’ensuit que la demande de décision préjudicielle est recevable. Sur le fond Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, dans le cadre de la procédure de coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 12 septembre 2019, A e.a., C‑347/17 , EU:C:2019:720 , point ). Ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, la juridiction de renvoi s’interroge, dans le contexte de l’émission d’une décision d’enquête européenne, sur la manière dont elle doit remplir la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, par ses questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec la section J du formulaire visé à l’annexe A de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre doit, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, faire figurer dans cette section une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision. Il importe d’emblée de relever qu’il ressort du libellé de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41 que l’émission d’une décision d’enquête européenne suppose de compléter et de signer le formulaire visé à l’annexe A de cette directive ainsi que de certifier son contenu comme étant exact et correct. Le point 1 de la section J de ce formulaire prévoit que l’autorité d’émission indique « si un recours a déjà été formé contre l’émission d’une décision d’enquête européenne et, dans l’affirmative, [qu’elle précise] (description des voies de recours, y compris des démarches qu’il est nécessaire d’effectuer, et délais) ». Il découle du libellé même du point 1 de la section J dudit formulaire, en particulier de l’emploi des termes « dans l’affirmative », qu’une description des voies de recours ne doit figurer dans ce point que dans l’hypothèse où un recours a été formé contre une décision d’enquête européenne. En outre, l’utilisation des termes « veuillez préciser », en relation avec la description des voies de recours qui doit, dans une telle hypothèse, figurer dans ledit point, met en évidence que le législateur de l’Union a voulu faire en sorte que l’autorité d’exécution soit informée des recours introduits contre une décision d’enquête européenne qui lui a été transmise et non pas, plus généralement, sur les voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne. De même, le point 2 de la section J du formulaire visé à l’annexe A de la directive 2014/41 a pour objet de veiller à ce que l’autorité d’exécution soit informée des recours formés contre des décisions d’enquête européenne et non pas de lui fournir une description des voies de recours qui existent, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne. En effet, il ressort du texte de cette disposition que l’autorité d’émission est uniquement tenue d’indiquer à ce point de la section J de la décision d’enquête européenne qu’elle émet le nom et les coordonnées de l’autorité compétente de l’État membre d’émission pouvant fournir des informations complémentaires sur les voies de recours, l’assistance juridique et les services d’interprétation et de traduction dans cet État membre. De telles indications n’auraient d’ailleurs pas d’utilité si la décision d’enquête européenne comprenait déjà une description abstraite des voies de recours qui existent, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne. Il résulte de ces considérations que, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, l’autorité d’émission ne doit pas faire figurer, à la section J du formulaire figurant à l’annexe A de la directive 2014/41, une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision. Cette interprétation est corroborée par l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2014/41, lequel prévoit que l’autorité d’émission et l’autorité d’exécution s’informent mutuellement des recours formés contre l’émission, la reconnaissance ou l’exécution d’une décision d’enquête européenne. Une telle interprétation est, en outre, de nature à assurer la pleine réalisation de l’objectif poursuivi par cette directive, tel qu’il ressort des considérants 21 et 38 de celle-ci, consistant à faciliter et à accélérer la coopération judiciaire entre les États membres sur la base des principes de confiance et de reconnaissance mutuelles. En effet, la mise en place d’un formulaire tel que celui prévu à l’annexe A de la directive 2014/41, que l’autorité judiciaire d’un État membre souhaitant émettre une décision d’enquête européenne doit remplir en indiquant les informations spécifiquement requises, vise à porter à la connaissance de l’autorité d’exécution les renseignements formels minimaux nécessaires pour permettre à cette dernière d’adopter la décision relative à la reconnaissance ou à l’exécution de la décision d’enquête européenne concernée et, le cas échéant, de réaliser la mesure d’enquête demandée dans les délais prévus à l’article 12 de cette directive [voir, par analogie, arrêt du 6 décembre 2018, IK (Exécution d’une peine complémentaire), C‑551/18 PPU , EU:C:2018:991 , points et ainsi que jurisprudence citée]. Dès lors qu’une description des voies de recours qui existent, le cas échéant, dans l’État membre d’émission, contre l’émission d’une décision d’enquête européenne, ne doit pas figurer à la section J du formulaire visé à l’annexe A de la directive 2014/41, il n’y a pas lieu, dans la présente affaire, d’interpréter l’article 14 de cette directive afin notamment de déterminer si cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui ne prévoit aucune voie de recours permettant de contester les motifs de fond qui sont à l’origine de l’émission d’une décision d’enquête européenne ayant pour objet la réalisation d’une perquisition, la saisie de certains objets et l’organisation d’une audition de témoin. Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41, lu en combinaison avec la section J du formulaire visé à l’annexe A de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre ne doit pas, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, faire figurer dans cette section une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision. Sur les dépens La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : L’article 5, paragraphe 1, de la directive 2014/41/UE du Parlement européen et du Conseil, du 3 avril 2014, concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale, lu en combinaison avec la section J du formulaire visé à l’annexe A de cette directive, doit être interprété en ce sens que l’autorité judiciaire d’un État membre ne doit pas, lors de l’émission d’une décision d’enquête européenne, faire figurer dans cette section une description des voies de recours qui sont prévues, le cas échéant, dans son État membre, contre l’émission d’une telle décision. Signatures ( *1 ) Langue de procédure : le bulgare.

62006TJ0116

et

Vaidluse taust Hageja Oakley, Inc. esitas 7. veebruaril 2001 Siseturu Ühtlustamise Ametile (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) (edaspidi „ühtlustamisamet”) nõukogu . aasta määruse (EÜ) nr 40/94 ühenduse kaubamärgi kohta ( EÜT 1994, L 11, lk 1 ; ELT eriväljaanne 17/01, lk 146) (muudetud kujul) alusel ühenduse kaubamärgi taotluse. Kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on sõnamärk O STORE. Teenused, mille jaoks registreerimist taotleti, kuuluvad 15. juuni 1957. aasta märkide registreerimisel kasutatava kaupade või teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni Nizza kokkuleppe (uuesti läbi vaadatud ja parandatud kujul) klassi 35 ning vastavad järgmisele kirjeldusele: „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük; prillide, päikeseprillide, optikatoodete ja -aksessuaaride, rõivaste, peakatete, jalanõude, kellade, uuride, ehete, vesipiltide, postrite, spordikottide, seljakottide ja rahataskute jae- ja hulgimüük”. Registreerimistaotlus avaldati 3. septembri 2001. aasta väljaandes Bulletin des marques communautaires (Ühenduse Kaubamärgibülletään) nr 77/01. Ühenduse kaubamärk O STORE registreeriti hageja taotlusel 11. veebruaril 2002 numbri 2 074 599 all. Menetlusse astuja Venticinque Ltd esitas 14. oktoobril 2002 vastavalt määruse nr 40/94 artikli 52 lõike 1 punktile a ja artikli 8 lõike 1 punktile b ühenduse kaubamärgiregistreeringu kehtetuks tunnistamise taotluse kõigi selle kaubamärgiga kaitstud teenuste suhtes. Nimetatud taotlus põhines ühelt poolt ühenduse kõnealuse kaubamärgi ning teiselt poolt selle varasema sõnamärgi THE O STORE segiajamise tõenäosusel, mis on Prantsusmaal registreeritud numbri 3 073 591 all järgmiste Nizza kokkuleppe klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks: — klass 18: „nahk, tehisnahk ja nendest valmistatud tooted, mis ei kuulu teistesse klassidesse, eelkõige reisikohvrid, tühjad kosmeetikakohvrikesed, õhtukotid, käekotid, poekotid, seljakotid, mitme kasutusalaga spordikotid, nöörkotid, tõmbelukuga suletavad kotid, viltkotid, diplomaadikohvrid, portfellid, rahataskud ja rahakotid; loomanahad; reisikastid ja -kotid; päikese- ja vihmavarjud, jalutuskepid; piitsad; hobuseriistad ja sadulsepatooted”; — klass 25: „rõivad, eelkõige ülikonnad ja kostüümid, õhtusärgid, püksid, jakid, spordijakid, pulloverid, seelikud, särgid, linased jakid, kampsunid, poolmantlid, mantlid, keebid, spordisärgid, tuulepluusid, vihmamantlid, õhtukleidid, sabakuued, sallid, suurrätid, kaelarätikud, lipsud, kindad, nahkjakid ja -mantlid, nahast sallid, ujumispüksid, T-särgid, polosärgid, kleit-särgid, rannaseelikud, pidžaamad, öösärgid, hommikumantlid, supelmantlid, sukad, sokid, kombineed, ujumisriided, aluspüksid, rinnahoidjad ja alussärgid; peakatted ja jalanõud”. Tühistamisosakond rahuldas 18. juuni 2004. aasta otsusega kehtetuks tunnistamise taotluse esiteks teenuste osas „rõivaste, peakatete, jalanõude, spordikottide, seljakottide ja rahataskute jae- ja hulgimüük” põhjusel, et kuigi nimetatud teenused oma olemuselt, otstarbelt ning kasutusviisilt erinevad varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade olemusest, otstarbest ning kasutusviisist, võivad nende turustuskanalid olla samad, ning teiseks teenuste osas „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük”, põhjusel, et nimetatud teenuste üldise sõnastuse tõttu hõlmavad need igasuguste, sh ka varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade müüki. Seevastu jättis tühistamisosakond kehtetuks tunnistamise taotluse rahuldamata osas, mis puudutab teenuseid „prillide, päikeseprillide, optikatoodete ja -aksessuaaride, kellade, uuride, ehete, vesipiltide ning postrite jae- ja hulgimüük”, kuna tühistamisosakonna arvates ei ole nende kaupade jaekaubanduse teenuste ning varasema kaubamärgiga kaitstud nahktoodete ja rõivaste turustuskanalid samad. Hageja ning menetlusse astuja esitasid vastavalt 5. augustil 2004 ja tühistamisosakonna otsuse peale kaebuse. Esimese apellatsioonikoja 17. jaanuari 2006. aasta otsusega (edaspidi „vaidlustatud otsus”) jäeti tühistamisosakonna otsus jõusse ning kaht kõnealust kaebust ei rahuldatud. Apellatsioonikoda märkis sisuliselt: — teenused „rõivaste, peakatete, jalanõude, spordikottide, seljakottide ja rahataskute jae- ja hulgimüük”, mida asjaomane ühenduse kaubamärk tähistab, on oma olemuselt ning otstarbelt väga sarnased ning kasutusviisi ja turustamiskanalite poolest identsed varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega, mis kuuluvad klassidesse 18 ja 25. Lisaks täiendavad need kaubad ja teenused üksteist. Seega on kõnealused jaekaubanduses müüdavad kaubad ilmselgelt identsed või sarnased varasema kaubamärgi all müüdavate kaupadega. Lõpuks tuleb märkida, et ka tähised on väga sarnased, kuna ainus erinevus on see, et kahest märgist ühes puudub eristusvõimetu artikkel „the”, mistõttu segiajamine on tõenäoline; — teenuste „prillide, päikeseprillide, optikatoodete ja aksessuaaride, kellade, uuride, ehete, vesipiltide ning postrite jae- ja hulgimüük” segiajamine ei ole tõenäoline, kuna hoolimata asjaomaste kaubamärkide sarnasusest erinevad need teenused klassidesse 18 ja 25 kuuluvatest varasema kaubamärgiga kaitstud kaupadest; — mis puutub teenustesse „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük”, siis ei ole ühenduse kaubamärgi omanik kõnealuseid teenuseid konkreetsete kaupadega piiranud, mistõttu hõlmab see üldine sõnastus varasema kaubamärgiga tähistatud kaupu. Kuna nimetatud teenused ning varasema kaubamärgiga kaitstud kaubad on sarnased, siis on segiajamine tõenäoline. Poolte nõuded Hageja palub Esimese Astme Kohtul: — tühistada vaidlustatud otsus; — mõista kohtukulud välja ühtlustamisametilt. Ühtlustamisamet palub Esimese Astme Kohtul: — jätta hagi rahuldamata; — mõista kohtukulud välja hagejalt. Menetlusse astuja palub Esimese Astme Kohtul: — jätta hagi rahuldamata; — muuta vaidlustatud otsust osas, milles see eitas segiajamise tõenäosust kaubamärgiga THE O STORE kaitstud kaupade ning teenuste „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük; prillide, päikeseprillide, optikatoodete ja aksessuaaride, kellade, uuride, ehete, vesipiltide, postrite” vahel, mille jaoks kaubamärk O STORE on registreeritud; — muuta vaidlustatud otsust osas, milles sellega ei tunnistata 11. veebruaril 2002. aastal registreeritud kaubamärki O STORE, arvestades . aastal registreeritud Prantsuse kaubamärki, täielikult kehtetuks. Kohtuistungil märkis ühtlustamisamet, et ta loobub vastuvõetamatuse vastuväitest, mille ta oli esitanud oma vastuses ka hageja taotlusele tühistada vaidlustatud otsus niivõrd, kuivõrd apellatsioonikoda jättis jõusse tühistamisosakonna otsuse, millega jäeti teenuste „prillide, päikeseprillide, optikatoodete ja aksessuaaride, kellade, uuride, ehete, vesipiltide ning postrite jae- ja hulgimüük” jaoks registreeritud ühenduse kaubamärgi O STORE kehtetuks tunnistamise taotlus rahuldamata, ning sellest vastuväitest loobumise kohta tehti märge kohtuistungi protokolli. Õiguslik käsitlus Oma hagi toetuseks esitab hageja üheainsa väite määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise kohta. Menetlusse astuja on esitanud nõude Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134 lõike 3 alusel. Väide määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b rikkumise kohta Poolte argumendid Esiteks väidab hageja, et asjaomased kaubad ja teenused ei ole sarnased, mistõttu apellatsioonikoja järeldus nimetatud sarnasuse olemasolu kohta on ekslik. Kõigepealt tõlgendas apellatsioonikoda vääralt jaekaubandusteenuste olemust. Lisaks kohaldas apellatsioonikoda vääralt Euroopa Kohtu 29. septembri 1998. aasta otsust kohtuasjas C-39/97: Canon (EKL 1998, lk I-5507) . Lõpuks lükkas apellatsioonikoda vääralt tagasi hageja argumendi selle kohta, et asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasust tuleb eitada, vältimaks jaekaubandusteenuste jaoks üldiselt registreeritud kaubamärkide liiga laia kaitset. Esiteks väidab hageja seoses jaekaubandusteenuste olemusega, et apellatsioonikoda näeb selles üksnes kaubamüügitoimingut, võrdsustades seeläbi teenused jaekaubanduses müüdavate kaupadega. See on vastuolus Euroopa Kohtu 7. juuli 2005. aasta otsusega kohtuasjas C-418/02: Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (EKL 2005, lk I-5873) . Hageja märgib ühelt poolt, et umbes kümne viimase aasta jooksul on arusaam, et jaekaubandusteenus on iseseisev teenus, ning teiselt poolt, et jaekaubandusteenused võivad seisneda teenustes, mis on teatava kauba müümise toimingust kui sellisest lahus, üha valdavamaks muutunud. Teiseks väidab hageja, et apellatsioonikoda kohaldas vääralt kõnealuste kaupade ja teenuste sarnasuse kriteeriume. Seega eksis apellatsioonikoda, kui ta märkis vaidlustatud otsuse punktis 20, et asjaomaste kaupade ja teenuste olemuse vaatenurgast on need väga sarnased oma ühise eesmärgi tõttu – pakkuda lõpptarbijale asjaomast kaupa –, kuna kaubad ja teenused on erineva olemusega, kuivõrd esimesed on materiaalsed ning teised mitte. Asjaomased teenused ja kaubad on oma koostisosade, toimimisviisi ja füüsiliste omaduste poolest täiesti erinevad, mistõttu sarnasust ei esine. Samuti on asjaomastel kaupadel ja teenustel eri otstarve. Kaubamärgiga THE O STORE hõlmatud kaupade otstarve on kaitsta ilmastikuolude eest ning need on ka moeesemeteks, samas kui kaubamärgiga O STORE kaitstavad jaekaubandusteenused seisnevad selles, et aidata tarbijatel kaupu mugavalt vaadata, valida ja osta. Vaidlustatud otsuse punktis 19 apellatsioonikoja poolt tehtud järeldus, mille kohaselt „jaemüügi ja selle käigus müüdavate kaupade otstarve on väga sarnane, s.o pakkuda lõpptarbijale kaupa”, on väär ning ajab segi sellised eri liigid nagu „jaekaubandusteenused” ja „kaubad kui sellised”. Hageja täpsustab, et kauba kasutusala määrab kindlaks vastava kauba kasutusviisi, mis võimaldab täita kaubal oma otstarvet, ning asjaomast kasutusala võib üldiselt tuletada ka kaupade toimimisviisist või ülesandest, mida vastavad kaubad või teenused turul täidavad, s.o nende otstarbest. Hageja märgib, et varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade peamine ülesanne on kaitsta ilmastikuolude eest ning olla moeesemed, seevastu jaekaubandusteenused täidavad tarbijate vajadust saada nõuandeid erinevate kaubaartiklite kohta ning suuta teha valikut ning osta erinevaid kaupu. Seega märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 21 vääralt, et tarbijad ei kasuta asjaomaseid jaekaubandusteenuseid ning kaupu erineval viisil. Seoses asjaomaste kaupade ja teenuste võistlevusega märgib hageja, et need konkureerivad omavahel juhul, kui tarbija peab neid vastastikku vahetatavateks, mis ei ole aga käesoleval juhul nii. Kaupade ja teenuste täiendavusega seoses leiab hageja, et see võib esineda juhul, kui üks on teise kasutamiseks möödapääsmatult vajalik või oluline ega oma kõigest toetavat või täiendavat rolli nagu käesoleval juhul. Hageja järeldab sellest, et asjaomased kaubad ja teenused on oma olemuselt, otstarbelt ning kasutusviisilt erinevad. Peale selle ei täienda need üksteist ega konkureeri üksteisega. Ainus sarnasus seisneb selles, et kaupu müüakse ja teenuseid pakutakse samades müügikohtades. Siiski ei muuda see ainus asjaolu kõnealuseid kaupu ja teenuseid sarnaseks eespool punktis 16 viidatud Euroopa Kohtu otsuses Canon nimetatud kriteeriumide tähenduses, kuna Euroopa Kohus ei maininud selles otsuses kaupade ja/või teenuste sarnasuse hindamise kriteeriumina „sarnaseid turustamiskanaleid”. Kuna hageja sõnul müüakse enamik kaupadest kaubanduskeskustes, ei omista tarbijad selle uurimisel, kas kaupadel on ühine päritolu, enam tähtsust müügikohale. Seoses määruse nr 40/94 põhjendusega 7 ning asjaomase kohtupraktikaga märgib hageja, et kitsas piir sarnaste kaupade ja teenuste ning erinevate kaupade ja teenuste vahel tuleb tõmmata nende sarnasusele antud hinnangu põhjal, kusjuures see sarnasus ei piirdu kõigest abstraktsete ning kunstlike kriteeriumidega, vaid esmatähtis on kaubanduslik vaatenurk. Seega ei pea avalikkus kaupu ja teenuseid sarnaseks põhjusel, et neid müüakse samas kohas: kaubad ja teenused on sarnased üksnes juhul, kui identsete tähiste kasutamise korral võib avalikkus arvata, et need pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Samas teab avalikkus, et need kaks ettevõtjat ei tegutse jaekaubanduses nagu Marks & Spencer või Galeries Lafayette, kes toodavad oma kauplustes müüdavaid kaupu. Seetõttu isegi juhul, kui teatavaid kaupu pakutakse samas kohas, kus osutatakse teatavaid jaekaubandusteenuseid, teab lõpptarbija, et nende olemus on fundamentaalselt erinev ning need ei pärine samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Kolmandaks leiab hageja, et apellatsioonikoda lükkas vääralt tagasi tema argumendi selle kohta, et varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade ning asjaomaste jaekaubandusteenuste sarnasust tuleb eitada, vältimaks jaekaubandusteenuste jaoks üldiselt registreeritud kaubamärkide liiga laia kaitset. Vastasel korral võib jaekaubandusteenustele registreeritud kaubamärgi omanik taotleda kaitset kõikide kaupade suhtes, mida saab jaekaubanduses müüa. Risk, et kaitse osutub liiga laiaks, ei ole Euroopa Kohtu eespool punktis 17 viidatud otsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte nimetatud kriteeriumide põhjal, mille kohaselt tuleb esitada asjaomaste teenustega seotud kaupu või kaubaliike täpsustada, käesoleval juhul välistatud. Endiselt on võimalik taotleda sellise kaubamärgi registreerimist, mis kaitseb kõigi klassidesse 1–34 kuuluvate kaupadega seotud jaekaubandusteenuseid. Teiseks heidab hageja apellatsioonikojale ette seda, et viimane ei ole arvestanud varasema kaubamärgi vähese eristusvõimega. Koostisosa „store” on kõigile Euroopa tarbijatele, sh prantslastele tuntud, mistõttu see osa on kirjeldav. Koostisosad „the” ja „o” on minimaalse või lausa olematu eristusvõimega. Sellest tuleneb, et varasemat sõnamärki THE O STORE tuleb pidada vähese eristusvõimega kaubamärgiks, seda enam, et menetlusse astuja ei ole tõendanud, et nimetatud kaubamärk on Prantsuse turul levinud. Hageja tuletab tähiste võrdluse osas kolmandaks meelde kohtupraktikat, mille kohaselt kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse seisukohalt peab nende võrdlus põhinema asjaomastest kaubamärkidest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osi. Selles osas märgib hageja, et kuigi asjaomastel kaubamärkidel on teatavaid sarnasusi, on apellatsioonikoda jätnud tähelepanuta erinevused, mis tulenevad nende erinevatest osadest. Arvestades seda, et koostisosa „store” on üksnes kirjeldav, ei pööra asjaomane avalikkus tekkinud üldmuljes sellele tähelepanu, mistõttu võrreldavad koostisosad on „the o” ja „o”. Visuaalselt on need kaks koostisosa märkimisväärselt erinevad (tähtede arv ja hääldus). Isegi kui eeldada, et avalikkus ei jäta nendest kaubamärkidest jäävas tervikmuljes koostisosa „store” täielikult tähelepanuta, muudab artikkel „the” varasemat kaubamärki piisavalt ning eristab seda vaidlustatud kaubamärgist. Nii on kahe asjaomase kaubamärgi vahel ühenduse kaubamärgis puuduva artikli „the” tõttu ning varasema kaubamärgi teiste koostisosade, nagu täht „o” ja sõna „store” vähese või lausa olematu eristusvõime tõttu tajutavaid erinevusi. Neljandaks täpsustab hageja pärast segiajamise tõenäosust käsitleva kohtupraktika meeldetuletamist, et käesolevas vaidluses on jaekaubandusteenused vastandatud kaupadega. Tuleb vältida kaubamärkide liiga laia kaitset juhul, kui need kaitsevad jaekaubandusteenuseid. Seevastu tuleb viimaseid kaitsta teatavate, käesoleval juhul klassidesse 18 ja 25 kuuluvate kaupade jaoks registreeritud kaubamärkide omanike põhjendamatute vastuväidete suhtes. Hageja sõnul on Euroopa Kohus eespool punktis 17 viidatud kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte sõnaselgelt sedastanud, et segiajamise tõenäosuse hindamisel tuleb võtta arvesse jaekaubandusteenuseid tähistavate kaubamärkide eriomadusi, mis nõuab segiajamise tõenäosuse mõiste kitsast tõlgendamist. Hageja tuletab lõpetuseks meelde, et ühtlustamisameti esimehe teatisest nr 3/01 tuleneb, et „[j]aekaubandusteenuste ja teatavate kaupade segiajamine on tõenäoline üksnes väga erilistel juhtudel, eelkõige siis, kui kõnealused kaubamärgid on täiesti või peaaegu identsed ning kui need on turul levinud”. Ühtlustamisamet palub selle ainsa väite tagasi lükata ning täpsustab vaidlustatud otsuse punktidele 19 ja 23 osutades, et kuna jaekaubandusteenused on igal juhul seotud asjaomaste kaupadega või sõltuvad nendest, on need nimetatud kaupade vastavast olemusest, otstarbest ning kasutusviisist sõltuvad kui mitte objektiivselt, siis vähemalt selle põhjal, kuidas tarbijad neid subjektiivselt tajuvad. Menetlusse astuja palub samuti, et nimetatud väide lükataks tagasi. Esimese Astme Kohtu hinnang Määruse nr 40/94 artikkel 52 sätestab: „1.   Ühenduse kaubamärk tunnistatakse kehtetuks ametile esitatud taotluse või rikkumise suhtes algatatud menetluses esitatud vastuhagi põhjal, kui: a) on olemas varasem kaubamärk artikli 8 lõike 2 tähenduses ja kui nimetatud artikli lõikes 1 või lõikes 5 osutatud tingimused on täidetud; […]”. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b kohaselt ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku vastuseisu korral taotletavat kaubamärki, „kui identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või sarnasuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et territooriumil, kus varasem kaubamärk on kaitstud, võib avalikkus need omavahel segi ajada; segiajamise tõenäosus hõlmab ka tõenäosust, et kaubamärk seostatakse varasema kaubamärgiga”. Peale selle tähendab määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 2 punkti a alapunktide i ja ii kohaselt varasem kaubamärk ühenduse kaubamärke ning liikmesriikides registreeritud kaubamärke, mille registreerimise taotluse kuupäev on varasem ühenduse kaubamärgi registreerimise taotluse kuupäevast. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt on segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt (eespool punktis 16 viidatud Euroopa Kohtu otsus Canon, punkt 29, ja 20. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-193/06 P: Nestlé vs . Siseturu Ühtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 32; Esimese Astme Kohtu . aasta otsus kohtuasjas T-104/01: Oberhauser vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Petit Liberto (Fifties), EKL 2002, lk II-4359 , punkt 25, ja . aasta otsus kohtuasjas T-150/04: Mülhens vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Minoronzoni (TOSCA BLU), EKL 2007, lk II-2353 , punkt 25). Peale selle tuleb väljakujunenud kohtupraktika kohaselt avalikkuse poolt segiajamise tõenäosust hinnata igast küljest, arvestades kõiki konkreetses asjas tähtsust omavaid tegureid (Euroopa Kohtu 11. novembri 1997. aasta otsus kohtuasjas C-251/95: SABEL, EKL 1997, lk I-6191 , punkt 22, ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Nestlé vs . Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 33; eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 26, ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus TOSCA BLU, punkt 26). Segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine eeldab arvestamist asjaomaste tegurite teatava vastastikuse sõltuvusega, eriti asjaomaste kaubamärkide vastastikuse sõltuvusega ja nendega tähistatavate kaupade ja teenuste vastastikuse sõltuvusega. Nii võib tähistatavate kaupade või teenuste vähese sarnasuse kompenseerida kaubamärkide suur sarnasus ning vastupidi (eespool punktis 16 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 17, ja 22. juuni 2000. aasta otsus kohtuasjas C-425/98: Marca Mode, EKL 2000, lk I-4861 , punkt 40; Esimese Astme Kohtu . aasta otsus kohtuasjas T-6/01: Matratzen Concord vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Hukla Germany (MATRATZEN), EKL 2002, lk II-4335 , punkt 25, mis jäeti apellatsioonimenetluses jõusse Euroopa Kohtu . aasta määrusega kohtuasjas C-3/03 P: Matratzen Concord vs . Siseturu Ühtlustamise Amet EKL 2004, lk I-3657) . Nimetatud tegurite omavaheline sõltuvus ilmneb määruse nr 40/94 preambuli põhjendusest 7, mille kohaselt tuleks määratleda sarnasuse põhimõte seoses segiajamise tõenäosusega, mille hindamine sõltub mitmest tegurist ja eelkõige kaubamärgi tuntusest turul, seostest, mis võivad tekkida kasutatava või registreeritud tähisega, ning kaubamärgi ja tähise ning nendega tähistatud kaupade või teenuste sarnasuse ulatusest (vt Esimese Astme Kohtu . aasta otsus kohtuasjas T-186/02: BMI Bertollo vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Diesel (DIESELIT), EKL 2004, lk II-1887 , punkt 36 ja viidatud kohtupraktika). Lisaks peab segiajamise tõenäosuse hindamine vastandatud tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse osas rajanema neist jääval tervikmuljel, võttes eelkõige arvesse nende eristavaid ja domineerivaid osi. Määruse nr 40/94 artikli 8 lõike 1 punkti b sõnastusest „[…] võib avalikkus need omavahel segi ajada […]” tuleneb, et segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile (vt selle kohta eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Nestlé vs . Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 34; eespool punktis 36 viidatud kohtuotsus DIESELIT, punkt 38). Segiajamise tõenäosuse igakülgse hindamise puhul eeldatakse, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Peale selle on keskmisel tarbijal harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda, vaid ta peab usaldama neist jäänud ebatäiuslikku mälupilti. Samuti tuleb silmas pidada, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste võib eri liiki kaupade ja teenuste puhul olla erinev (Euroopa Kohtu 22. juuni 1999. aasta otsus kohtuasjas C-342/97: Lloyd Schuhfabrik Meyer, EKL 1999, lk I-3819 , punkt 26; eespool punktis 34 viidatud kohtuotsus Fifties, punkt 28, ja eespool punktis 36 viidatud kohtuotsus DIESELIT, punkt 38). Kuna käesoleval juhul on varasem kaubamärk, millel ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus põhineb, Prantsusmaal registreeritud siseriiklik kaubamärk, peab kontrollimisel piirduma Prantsuse territooriumiga. Nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 18 märkis, koosneb asjaomane avalikkus kõnealuseid kaupu ja teenuseid arvestades keskmistest tarbijatest, kes eeldatavasti on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikud ja arukad. Apellatsioonikoja hinnangut vastandatud tähiste segiajamise tõenäosuse kohta tuleb kontrollida eelnimetatud kaalutlusi arvesse võttes. – Kaupade ja teenuste sarnasus Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt tuleb kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel arvesse võtta kõiki nendevahelist suhet iseloomustavaid olulisi tegureid. Nendeks teguriteks on eriti kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning samuti see, kas kaubad ja teenused on konkureerivad või teineteist täiendavad (eespool punktis 16 viidatud kohtuotsus Canon, punkt 23, ja 11. mai 2006. aasta otsus kohtuasjas C-416/04 P: Sunrider vs. Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-4237 , punkt 85; vt Esimese Astme Kohtu . aasta otsus kohtuasjas T-99/01: Mystery Drinks vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), EKL 2003, lk II-43 , punkt 39 ja viidatud kohtupraktika, ning . aasta otsus kohtuasjas T-31/04: Eurodrive Services and Distribution vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Gómez Frías (euroMASTER), kohtulahendite kogumikus ei avaldata, punkt 31). Seoses eelkõige jaekaubandusteenuste jaoks registreeritud kaubamärkidega on Euroopa Kohus eespool punktis 17 viidatud otsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte punktis 34 sedastanud, et jaekaubanduse eesmärk on kaupade müümine tarbijatele, kusjuures asjaomane kaubandus seisneb lisaks õiguslikule müügitehingule kõikides ettevõtjapoolsetes tegevustes, mille eesmärk on aidata kaasa sellise tehingu sõlmimisele, ning nimetatud tegevus seisneb eelkõige müügiks pakutava kaubavaliku väljavalimises ja erinevate teenuste pakkumises, mille eesmärk on suunata tarbijat tehingu sõlmimisele pigem kõnealuse jaemüüjaga kui konkurendiga. Euroopa Kohus täpsustas kõnealuse kohtuotsuse punktis 35, et nõukogu 21. detsembri 1988. aasta esimesest direktiivist kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta ( EÜT 1989, L 40, lk 1 ; ELT eriväljaanne 17/01, lk 92) ega ühenduse õiguse üldpõhimõtetest ei tulene ühtegi mõjuvat põhjust, mis välistaks selliste teenuste liigitamise mõiste „teenused” alla direktiivi tähenduses või jaemüüja õiguse omandada tema kaubamärgi registreerimise kaudu kaubamärgi kui tema poolt osutatavate teenuste päritolu tähise kaitset. Peale selle täpsustas Euroopa Kohus eespool punktis 17 viidatud kohtuotsuses Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (punktid 49 ja 50), et kaubamärgi registreerimisel jaekaubandusteenuste jaoks ei ole vaja konkreetselt määratleda teenust või teenuseid, mille jaoks kaubamärgi registreerimist taotletakse. Siiski tuleb nõuda, et taotleja täpsustaks kaubad või kaupade liigid, mis on nende teenustega seotud. Esiteks seoses ühelt poolt vaidlustatud ühenduse kaubamärgiga tähistatud teenuste „rõivaste, peakatete, jalanõude, spordikottide, seljakottide ja rahataskute jae- ja hulgimüük” ning teiselt poolt varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupade „rõivad, peakatted, jalanõud, seljakotid, mitme kasutusalaga spordikotid, reisikotid ja rahataskud”, sarnasuse hindamise osas märkis apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktides 18–23, et nimetatud teenused ja kaubad on väga sarnased oma olemuse, otstarbe, kasutusviisi, turustamiskanalite ning selle tõttu, et need teenused ja kaubad täiendavad teineteist. Mis puutub esiteks sellistesse teguritesse nagu asjaomaste kaupade ja teenuste olemus, otstarve ja kasutusviis, siis ei ole kõnealused teenused ja kaubad sarnased. Nagu märkis ka tühistamisosakond oma 18. juuni 2004. aasta otsuse punktides 21 ja 22, erinevad asjaomased kaubad ja teenused üksteisest oma olemuse tõttu – esimesed on materiaalsed ja teised mitte. Samuti on nende otstarve erinev, kuna jaekaubandusteenus eelneb eesmärgile, mida täidab asjaomane kaup, ning puudutab ettevõtja tegevust, mis on suunatud vastava kauba müügitehingu sõlmimisele kaasa aitamisele. Nii on näiteks riideeseme eesmärk eelkõige rõivastada selle ostjat, samas kui rõivaste müügiga seotud teenuse eesmärk on muu seas pakkuda rõivaeseme ostust huvitatud isikule abi. Sama kehtib ka nende kasutamise kohta, kuna rõivaeseme kasutamine seisneb selle kandmises, samas kui rõivaste müügiga seotud teenuse kasutamine seisneb eelkõige rõivaste ostmiseks nende kohta teabe saamises. Mis puudutab teiseks asjaomaste teenuste ja kaupade turustamiskanaleid, siis on õige vaidlustatud otsuse punktis 22 apellatsioonikoja poolt väljendatud arvamus, et jaekaubandusteenuseid võib pakkuda samades kohtades, kus müüakse asjaomaseid kaupu, mida tunnistas ka hageja. Seega tuleb kiita heaks apellatsioonikoja järeldus, mille kohaselt jaekaubandusteenuseid pakutakse harva kohtades, mis erinevad jaekaupade müügikohtadest ning tarbijad ei pea jaekaubandusteenuse kasutamiseks ning asjaomase kauba ostmiseks pöörduma erinevatesse kohtadesse. Vastupidi hageja väidetele on see, et jaekaubandusteenuseid osutatakse samades kohtades, kus müüakse asjaomaseid kaupu, asjaomaste teenuste ja kaupade sarnasuse hindamisel asjakohane kriteerium. Selles osas tuleb märkida, et Euroopa Kohus on eespool punktis 16 viidatud kohtuotsuse Canon punktis 23 sedastanud, et asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nendevahelist suhet iseloomustavaid olulisi tegureid. Euroopa Kohus täpsustas, et nendeks teguriteks on eriti kaupade ja teenuste olemus, otstarve, kasutusviis ning samuti see, kas kaubad ja teenused on konkureerivad või teineteist täiendavad, mistõttu Euroopa Kohus ei leidnud, et nimetatud tegurid on ainsad, mida saab arvesse võtta, kuna toodud loetelu on üksnes näitlik. Seega järeldas Esimese Astme Kohus, et samuti võib arvesse võtta muid asjaomaste kaupade ja teenuste vahelist suhet iseloomustavaid olulisi tegureid, näiteks asjaomaste kaupade turustuskanaleid (Esimese Astme Kohtu 11. juuli 2007. aasta otsus kohtuasjas T-443/05: El Corte Inglés vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), EKL 2007, lk II-2579 , punkt 37; vt selle kohta ka Esimese Astme Kohtu . aasta otsus kohtuasjas T-169/03, Sergio Rossi vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Sissi Rossi (SISSI ROSSI), EKL 2005, lk II-685 , punkt 65, mis jäeti apellatsioonimenetluses jõusse Euroopa Kohtu . aasta otsusega kohtuasjas C-214/05 P: Rossi vs . Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2006, lk I-7057 , ja . aasta otsus kohtuasjas T-364/05: Saint-Gobain Pam vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Propamsa (PAM PLUVIAL), EKL 2007, lk II-757 , punkt 95). Vastupidi hageja väitele, mida pealegi ei ole põhistatud ning mille kohaselt seetõttu, et enamik kaupadest müüakse kaubanduskeskustes, ei omista tarbijad selle uurimisel, kas kaupadel on ühine päritolu, enam tähtsust müügikohale, tuleb märkida, nagu väitis ka ühtlustamisamet, et asjaomaste kaupade tootjatel on tavaliselt kauba väljapanekuks oma müügikohad või on nad sõlminud turustuskokkulepped, mis lubavad asjaomasel jaekaubandusteenuste pakkujal kasutada sama kaubamärki, mis on paigutatud müüdavatele kaupadele. Seega ei tehtud vaidlustatud otsuses viga, kui selle punktis 22 võeti vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste võrdluse raames arvesse seda, et neid kaupu ja teenuseid turustati tavaliselt samades müügikohtades (vt selle kohta eespool punktis 49 viidatud kohtuotsus SISSI ROSSI, punkt 68, ja eespool punktis 49 viidatud kohtuotsus PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, punkt 37). Kolmandaks tuleb seoses asjaomaste teenuste ja kaupade täiendavusega, mille apellatsioonikoda tuvastas vaidlustatud otsuse punktis 23, meenutada, et väljakujunenud kohtupraktika kohaselt võib kaupade täiendavus esineda juhul, kui need on omavahel vahetult seotud, nii et üks on teise kasutamiseks möödapääsmatult vajalik või oluline, mistõttu tarbijad võivad mõelda, et mõlemaid kaupu valmistab üks ja seesama ettevõtja (vt selle kohta eespool punktis 49 viidatud kohtuotsus SISSI ROSSI, punkt 60; eespool punktis 49 viidatud kohtuotsus PAM PLUVIAL, punkt 94, ja eespool punktis 49 viidatud kohtuotsus PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, punkt 48). Selles osas tuleb märkida, et varasema kaubamärgiga hõlmatud kaubad, s.o rõivad, peakatted, jalanõud, mitme kasutusalaga spordikotid, seljakotid ja rahataskud, on identsed nendega, mida puudutavad hageja osutatavad teenused. Seega tuleb märkida, et käesoleval juhul on jaekaubandusteenuste ja varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade vaheline seos vahetu, kuna asjaomased kaubad on kõnealuste teenuste kasutamiseks möödapääsmatult vajalikud või vähemalt olulised, sest nimetatud teenuseid osutatakse just asjaomaste kaupade müümise käigus. Nagu Euroopa Kohus eespool punktis 17 viidatud otsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte punktis 34 sedastas, on jaekaubanduse eesmärk kaupade müümine tarbijatele, märkides samas, et selline kaubandus seisneb lisaks õiguslikule müügitehingule kõikides ettevõtjapoolsetes tegevustes, mille eesmärk on aidata kaasa sellise tehingu sõlmimisele. Nimetatud teenustel, mida osutatakse teatavate kaupade müümise eesmärgil, ei oleks asjaomaste kaupade puudumise korral mõtet. Teiselt poolt iseloomustab ka varasema kaubamärgiga tähistatud kaupade ning varasema kaubamärgiga tähistatud kaupadega identsete kaupade jaekaubandusteenuste vahelist seost asjaolu, et nimetatud teenused täidavad pakutavate kaupade ostmisel asjaomase tarbija silmis olulist rolli. Sellest tuleneb, et jaekaubandusteenused, mis nagu käesoleval juhul puudutavad varasema kaubamärgiga tähistatud kaupadega identseid kaupu, on nende kaupadega vahetult seotud, kuna nende teenuste ja kaupade vaheline suhe on selline, et need täiendavad teineteist eespool punktis 54 ja 55 märgitud tähendusega seotud viisil. Niisiis ei saa kõnealuseid teenuseid, nagu väidab hageja, pidada asjaomaseid kaupu toetavateks või täiendavateks. Seega hoolimata apellatsioonikoja ebatäpsest järeldusest, et asjaomastel teenustel ja kaupadel on sama olemus, otstarve ning kasutusviis, on kõnealused teenused ja kaubad vaieldamatult sarnased, arvestades asjaolu, et need täiendavad teineteist, ning seda, et esimesi pakutakse tavaliselt samades kohtades, kus müüakse teisi. Kõigest eeltoodust tulenevalt annavad asjaomased kaubad ja teenused tunnistust nende teatava sarnasuse kohta, mistõttu vaidlustatud otsuse punktis 24 esitatud järeldus sellise sarnasuse kohta tuleb heaks kiita. Teiseks tuleb seoses teenuste „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük” ning asjaomaste kaupade võrdlusega meenutada, et Euroopa Kohus sedastas eespool punktis 17 viidatud kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte punktis 50, et tuleb nõuda, et ühenduse kaubamärgi taotleja täpsustaks kaubad või kaupade liigid, mis on nende teenustega seotud. Selles osas tuleb märkida, nagu apellatsioonikoda vaidlustatud otsuse punktis 32 õigesti sedastas, et hageja ei ole täpsustanud kaupu ega kaupade liike, mis on seotud teenustega „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük”. Seetõttu peab lisama, et teenused „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük” võivad väga üldise sõnastuse tõttu hõlmata kõiki kaupu, sh varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupu. Niisiis tuleb leida, et teenused „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük” on asjaomaste kaupadega sarnased. Kõigest eeltoodust tuleneb, et apellatsioonikojal oli õigus, kui ta sedastas, et teenused „rõivaste, peakatete, jalanõude, spordikottide, seljakottide ning rahataskute jae- ja hulgimüük” ning teenused „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük” on varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega sarnased. – Tähiste sarnasus Nagu juba eespool punktis 37 mainitud, peab kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse seisukohalt nende võrdlus põhinema asjaomastest kaubamärkidest jääval tervikmuljel, arvestades eelkõige nende eristavaid ja domineerivaid osi (eespool punktis 35 viidatud kohtuotsus SABEL, punkt 23, ja 13. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas C-234/06 P: Il Ponte Finanziaria vs . Siseturu Ühtlustamise Amet, EKL 2007, lk I-7333 , punkt 33; Esimese Astme Kohtu . aasta otsus kohtuasjas T-292/01: Phillips-Van Heusen vs. Siseturu Ühtlustamise Amet – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), EKL 2003, lk II-4335 , punkt 47, ja . aasta otsus kohtuasjas T-256/04: Mundipharma vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Altana Pharma (RESPICUR), EKL 2007, lk II-449 , punkt 52). Üldiselt on kaks kaubamärki sarnased, kui need on asjaomase avalikkuse silmis ühest või mitmest olulisest aspektist vähemalt osaliselt samased (eespool punktis 36 viidatud kohtuotsus MATRATZEN, punkt 30, ja 12. septembri 2007. aasta otsus kohtuasjas T-363/04: Koipe vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Aceites del Sur (La Española), EKL 2007, lk II-3355 , punkt 98). Võrreldavad tähised on järgmised: Varasem siseriiklik kaubamärk Vaidlustatud ühenduse kaubamärk THE O STORE O STORE Visuaalse võrdluse osas tuleb märkida, et apellatsioonikoda sedastas vaidlustatud otsuse punktis 25 õigesti, et vastandatud tähised on väga sarnased, kuna mõlemad sisaldavad nime O STORE ning ainus erinevus nende vahel on see, et kahest märgist ühes puudub määrav artikkel „the”. Tähis O STORE sisaldub täielikult varasemas siseriiklikus kaubamärgis THE O STORE. Eespool toodust tuleneb, et vaidlustatud ühenduse kaubamärgi ja varasema kaubamärgi visuaalne sarnasus on suur. Mis puutub asjaomaste tähiste foneetilisse võrdlusesse, siis on tähis O STORE neil ühine. Kuigi varasem siseriiklik kaubamärk sisaldab ka eristusvõimeta artiklit „the”, on nende kahe tähise hääldus praktiliselt identne ega anna igal juhul alust arvata, et need on foneetiliselt erinevad. Seega on vastandatud tähised ka foneetiliselt sarnased. Kontseptuaalse võrdluse osas tuleb märkida, et mõlemad kaks kõnealust tähist viitavad inglise keeles kaupluse mõistele ning selles osas ei ole nende vahel erinevusi. Seega leidis apellatsioonikoda õigesti, et vastandatud tähised on eriti sarnased, kuna vastandatud tähised sisaldavad identset osa „o store” ning ainus erinevus nende vahel on see, et vaidlustatud ühenduse kaubamärgis puudub eristusvõimetu artikkel „the”. – Segiajamise tõenäosus Nagu sedastatud eespool punktides 42–62, sarnanevad asjaomased teenused varasema kaubamärgiga hõlmatud kaupadega. Võttes arvesse vastandatud tähiste suurt sarnasust, põhjustab nendest jääv tervikmulje tarbija tajus segiajamise tõenäosuse. Siinkohal tuletas Euroopa Kohus eespool punktis 17 viidatud kohtuotsuse Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte punktis 48 meelde, et vastavalt kohtupraktikale tuleb segiajamise tõenäosust hinnata igast küljest, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, ning täpsustas, et igakülgse hindamise raames on vajaduse korral võimalik arvesse võtta mõiste „jaekaubandusteenused” konkreetseid tunnuseid, mis seonduvad selle laia kohaldamisalaga, arvestades nõuetekohaselt kõikide huvitatud isikute õigustatud huve. Käesolevas asjas ei saa välistada, et asjaomaseid kaupu müüakse samades müügikohtades, kus pakutakse kõnealuseid jaekaubandusteenuseid, mis võib leida aset eelkõige juhul, kui kaubamärki THE O STORE kandvaid kaupu müüakse vaidlustatud ühenduse kaubamärgiga tähistatud teenuste O STORE abil, muutes kaubamärkide segiajamise tarbijate poolt seeläbi tõenäoliseks. Isegi kui eeldada, et käesoleval juhul ei müüda kaubamärki THE O STORE kandvaid kaupu vaidlustatud ühenduse kaubamärgiga tähistatud teenuste O STORE abil, tuleb siiski märkida, et asjaomane avalikkus, kes puutub kaubamärki O STORE kandvate eelkõige rõivaste või jalanõude jaemüügi teenustega kokku, võib arvata, et neid teenuseid pakub sama ettevõtja, kes müüb vastavaid kaupu kaubamärgi THE O STORE all, või selle ettevõtjaga seotud ettevõtja. Selle tõttu on oluline meenutada, et segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel tuleb vastandatud kaubamärkide turustamise võrdluspunktina lähtuda vastandatud märkidega tähistatud kaupade ja teenuste „tavalistest” turustusviisidest, s.o sellistest, mida võib tavapäraselt oodata kõnealuste märkidega tähistatud kaupade puhul (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 12. jaanuari 2006. aasta otsus kohtuasjas T-147/03: Devinlec vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – TIME ART (QUANTUM), EKL 2006, lk II-11 , punkt 103, mis jäeti apellatsioonimenetluses jõusse Euroopa Kohtu . aasta otsusega kohtuasjas C-171/06 P: T.I.M.E. ART vs . Devinlec ja Siseturu Ühtlustamise Amet, kohtulahendite kogumikus ei avaldata). Vastandatud kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste turustamise objektiivsete tingimuste arvessevõtmine on igati õigustatud. Tegelikult tuleb märkida, et segiajamise tõenäosuse hindamine, mida ühtlustamisameti üksused peavad läbi viima, on seotud tulevikku suunatud kontrolliga. Kuna kaubamärkidega tähistatud kaupade ja teenuste konkreetsed turustusviisid võivad erineda ajas ning vastavalt nende kaubamärkide omanike tahtele, ei tohiks kahe kaubamärgi segiajamise tõenäosuse tulevikku suunatud analüüs, mis teenib üldist huvi – s.o huvi vältida, et asjaomast avalikkust ei juhitaks eksiarvamusele kõnealuste kaupade kaubandusliku päritolu osas –, sõltuda kaubamärgiomanike kaubanduslikest kavatsustest, mis, olgu need siis ellu viidud või mitte, on juba iseenesest subjektiivsed (eespool punktis 75 viidatud kohtuotsus QUANTUM, punkt 104, ja eespool punktis 75 viidatud kohtuotsus T.I.M.E. ART vs. Devinlec ja Siseturu Ühtlustamise Amet, punkt 59). Lõpuks, mis puutub hageja argumenti, mille kohaselt segiajamine ei ole tõenäoline varasema kaubamärgi THE O STORE koostisosade „the” ja „o” minimaalse või lausa olematu eristusvõime tõttu, seda enam, et menetlusse astuja ei ole tõendanud, et nimetatud kaubamärk on Prantsuse turul levinud, siis tuleb ühtlustamisameti arvamusega ühinedes märkida, et kuigi need koostisosad on eraldi võttes vähese eristusvõimega, on ühend, mis koosneb mitmest koostisosast, millest kaks on võetud inglise keelest, Prantsuse tarbijate jaoks asjaomaseid kaupu tavapäraselt eristav. Kuna varasem kaubamärk on tavapäraselt eristav, tuleb hageja argument tagasi lükata, sest see on faktiliselt vale. Kõige eeltoodu põhjal leidis apellatsioonikoda, et segiajamine on käesoleval juhul tõenäoline, ning tegi õigesti, kui jättis teenuste „rõivaste, peakatete, jalanõude, spordikottide, seljakottide ning rahataskute jae- ja hulgimüük” ning teenuste „jae- ja hulgimüük, sh interneti jaekaubandusmüük” jaoks registreeritud ühenduse kaubamärgi O STORE kehtetuks tunnistamise otsuse jõusse. Neil asjaoludel tuleb hageja poolt oma hagi toetuseks esitatud ainus väide tagasi lükata. Menetlusse astuja Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 134 lõike 3 alusel esitatud nõue Poolte argumendid Menetlusse astuja palub vaidlustatud otsuse muutmist niivõrd, kuivõrd apellatsioonikoda on märkinud, et ühelt poolt kaubamärki THE O STORE kandvad rõivad ja muud kaubad ning teiselt poolt tähisega O STORE hõlmatud jaekaubandusteenused, mis on seotud optika ja muude kaupadega, ei ole sarnased. Tegelikult tuleb kooskõlas eespool punktis 16 viidatud kohtuotsusega Canon viia asjaomaste kaupade ja teenuste sarnasuse osas läbi konkreetne analüüs. Prillid, ehted ning kellad võivad sarnaneda rõivaesemetega või neid täiendada. Moesektori ettevõtjad paigutavad oma kaubamärke mitte üksnes rõivastele, vaid ka kottidele, prillidele ning kelladele, kusjuures see kehtib kõigi moeettevõtjate kohta. Seega sarnanevad prillisektor ning rõivasektor teineteisele. Esimese Astme Kohtu hinnang Paludes Esimese Astme Kohtul muuta vaidlustatud otsust osas, milles apellatsioonikoda jättis jõusse tühistamisosakonna otsuse, millega jäeti rahuldamata ühenduse kaubamärgi kehtetuks tunnistamise taotlus osas, mis puudutab teenuseid „prillide, päikeseprillide, optikatoodete ja aksessuaaride, kellade, uuride, ehete, vesipiltide ning postrite jae- ja hulgimüük”, kasutab menetlusse astuja talle kodukorra artikli 134 lõikes 3 antud võimalust esitada oma vastuses nõue muuta vaidlustatud otsust punktis, mida hagiavalduses ei ole käsitletud (vt selle kohta Esimese Astme Kohtu 21. veebruari 2006. aasta otsus kohtuasjas T-214/04: Royal County of Berkshire Polo Club vs . Siseturu Ühtlustamise Amet – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), EKL 2006, lk II-239 , punkt 50). Sellisel juhul võivad teised pooled kodukorra artikli 135 lõike 3 kohaselt kahe kuu jooksul pärast neile vastuse kättetoimetamist esitada avalduse, mis piirdub vastusega menetlusse astuja esimese vastuse nõuetele (vt selle kohta eespool punktis 81 viidatud kohtuotsus ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB, punkt 51). Hageja ega ühtlustamisamet ei kasutanud seda võimalust, samas aga on viimane oma vastuses selle nõude osas oma seisukohta väljendanud ning palunud, et vaidlustatud otsus jäetaks tervikuna jõusse. Seevastu võtsid nii hageja kui ka ühtlustamisamet kohtuistungil seisukoha menetlusse astuja nõude suhtes ning palusid Esimese Astme Kohtul jätta see nõue põhjendamatuse tõttu rahuldamata. Apellatsioonikoda märkis vaidlustatud otsuse punktis 26, et segiajamise tõenäosus ei ole teenuste „prillide, päikeseprillide, optikatoodete ja aksessuaaride, kellade, uuride, ehete, vesipiltide ning postrite jae- ja hulgimüük” osas tõenäoline. Kuna nende kaupade ning rõiva- ja nahktoodete jaemüügil on erinev olemus, sest müük ei vasta samadele vajadustele, ei täienda need teineteist ning nende turustamiskanalid on erinevad (vaidlustatud otsuse punktid 28–30). Selle järeldusega tuleb nõustuda. Hoolimata eespool punktides 63–70 tuvastatud asjaomaste tähiste sarnasusest ei sarnane ühelt poolt prillide jaekaubandusteenused ning teiselt poolt rõiva- ja nahktooted teineteisega. Varasem kaubamärk ei hõlma ei otseselt ega kaudselt kaupu, mis oleksid sarnased kaupadega „prillid, päikeseprillide, optikatooted ja aksessuaarid, kellad, uurid, ehted, vesipildid ning postrid”. Menetlusse astuja argument, mille kohaselt prillid, ehted ning kellad võivad sarnaneda rõivaartiklitega või neid täiendada, tuleb jätta tähelepanuta, kuna nagu ühtlustamisamet on õigesti märkinud, on nende kaupade vaheline suhe liiga kaudne, et pidada seda määravaks. Esiteks tuleb meenutada, et esteetiliselt harmoonilise rõivastuse taotlus iseloomustab kogu moe- ja rõivatööstust üldiselt ning on seega liiga üldine kriteerium, põhjendamaks üksi järeldust, et kõik asjaomased kaubad on üksteist täiendavad ja järelikult sarnased (eespool punktis 49 viidatud kohtuotsus SISSI ROSSI, punkt 62). Nii ei ole eespool punktis 85 viidatud kaubad, mida asjaomased jaekaubandusteenused puudutavad, ning varasema kaubamärgiga tähistatud kaubad eespool punktis 16 viidatud Euroopa Kohtu otsuses nimetatud kriteeriumide põhjal sarnased. Selles osas tuleb märkida, et prillide kohta antud nõuanne ei täienda rõivaid. Lisaks on asjaomaste jaekaubandusteenuste ja kaupade turustamiskanalid erinevad, ning nagu ühtlustamisamet on õigesti märkinud, ei arva tarbija seda, et rõivaste või nahkesemete tootja juhib otseselt või kaudselt prillide, päikeseprillide või optikakaupade müügikohti või vastupidi, et prillide, päikeseprillide või optikakaupade tootja juhib rõivaste või nahkesemete müügikohti, mis ei vasta nende põhitegevusele. Sellest tuleneb, et menetlusse astuja poolt kodukorra artikli 134 lõike 3 alusel esitatud nõue tuleb jätta rahuldamata. Kohtukulud Kodukorra artikli 87 lõike 2 alusel on kohtuvaidluse kaotanud pool kohustatud hüvitama kohtukulud, kui vastaspool on seda nõudnud. Kuna kohtuotsus on tehtud hageja kahjuks, jäetakse kohtukulud vastavalt ühtlustamisameti nõudele hageja kanda. Kuna menetlusse astuja ei ole nõudnud kohtukulude hüvitamist hageja poolt, kannab ta oma kohtukulud ise. Esitatud põhjendustest lähtudes ESIMESE ASTME KOHUS (kaheksas koda) otsustab: 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Mõista kohtukulud, välja arvatud menetlusse astuja kohtukulud, välja hagejalt Oakley, Inc. 3. Jätta Venticinque Ltd kohtukulud tema enda kanda. Martins Ribeiro Papasavvas Wahl Kuulutatud avalikul kohtuistungil 24. septembril 2008 Luxembourgis. Kohtusekretär E. Coulon Koja esimees M. E. Martins Ribeiro ( *1 ) Kohtumenetluse keel: inglise.

62019CJ0689

hr

Svojom žalbom društvo VodafoneZiggo Group BV (u daljnjem tekstu: VodafoneZiggo) zahtijeva poništenje rješenja Općeg suda Europske unije od 9. srpnja 2019., VodafoneZiggo Group/Komisija (T‑660/18, u daljnjem tekstu: pobijano rješenje, EU:T:2019:546 ), kojim je taj sud odbacio kao nedopuštenu njegovu tužbu za poništenje odluke koja je navodno sadržana u dopisu Europske komisije od 30. kolovoza 2018., upućenom Autoriteit Consument en Markt (Tijelo za potrošače i tržište, Nizozemska) (u daljnjem tekstu: ACM) koji je sadržavao njezine primjedbe na prijedlog dviju mjera koje je ACM stavio na raspolaganje koje se odnose na tržište pružanja veleprodajnih usluga na fiksnoj lokaciji u Nizozemskoj (predmeti NL/2018/2099 i NL/2018/2100) (C(2018) 5848 final ; u daljnjem tekstu: sporni akt). Pravni okvir Uvodna izjava 15. Direktive 2002/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. ožujka 2002. o zajedničkom regulatornom okviru za elektroničke komunikacijske mreže i usluge (Okvirna direktiva) ( SL 2002., L 108, str. 33 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 49., str. 25.), kako je izmijenjena Direktivom 2009/140/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. ( SL 2013., L 241, str. 8 . i ispravak SL 2013., L 241, str. 8 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 50., str. 68.) (u daljnjem tekstu: Okvirna direktiva), glasi: „Važno je da se državna regulatorna tijela konzultiraju sa svim zainteresiranim stranama o predloženoj odluci i da uzmu u obzir njihove primjedbe prije donošenja konačne odluke. Kako bi se osiguralo da odluke na nacionalnoj razini nemaju negativan učinak na jedinstveno tržište ili druge ciljeve iz [UFEU‑a], državna regulatorna tijela također trebaju dostaviti nacrte odluka Komisiji i drugim državnim regulatornim tijelima dajući im mogućnost za primjedbe. […] Slučajevi kod kojih se primjenjuju postupci iz članaka 6. i 7. definirani su u ovoj Direktivi […] Komisija bi morala imati mogućnost […] zahtijevati od državnog regulatornog tijela povlačenje nacrta mjere u dijelu koji se tiče definicije relevantnih tržišta ili određivanja odnosno neodređivanja poduzeća sa značajnom tržišnom moći ako takve odluke mogu zapriječiti pristup jedinstvenom tržištu ili nisu u skladu s pravom Zajednice […]” Uvodnom izjavom 19. Direktive 2009/140, kojom su, među ostalim, izmijenjeni članci 6. i 7. prvotne verzije Direktive 2002/21, pojašnjava se: „Mehanizam Zajednice, kojim se omogućava Komisiji da zatraži od državnih regulatornih tijela da odustanu od planiranih mjera koje se odnose na utvrđivanje tržišta i imenovanje operatora koji imaju značajnu tržišnu snagu, značajno je pridonio jedinstvenom pristupu pri određivanju okolnosti pod kojima se može primijeniti prethodna ( ex‑ante ) regulacija i onih pod kojima operatori podliježu takvoj regulaciji. Praćenjem tržišta koje je provela Komisija te posebno iskustvom s postupkom iz članka 7. Direktive [2002/21], pokazalo se da bi nedosljednosti u primjeni pravnih sredstava državnih regulatornih tijela, čak pod sličnim tržišnim uvjetima, mogle dovesti u pitanje unutarnje tržište elektroničkih komunikacija. Stoga Komisija smije sudjelovati u osiguranju više razine dosljednosti pri primjeni pravnih sredstava tako što donosi [preporuke] o prijedlozima mjera koje predlažu državna regulatorna tijela. Kako bi iskoristila stručno znanje državnih regulatornih tijela o analizi tržišta, prije donošenja svojih odluka i/ili [preporuka], Komisija se treba posavjetovati s [Tijelom europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC)].” U članku 2. točki (g) te okvirne direktive „državno regulatorno tijelo” (u daljnjem tekstu: DRT) definirano je kao „tijelo ili tijela koja su od države članice dobila neku od regulatornih zadaća utvrđenih ovom Direktivom […]”. Člankom 4. navedene direktive, naslovljenim „Pravo žalbe”, u stavcima 1. i 2. određuje se: „1.   Države članice osiguravaju učinkoviti mehanizam na nacionalnoj razini na temelju kojeg bilo koji korisnik ili poduzeće, koji daju na korištenje elektroničke komunikacijske mreže i/ili pružaju elektroničke komunikacijske usluge, a na koje utječe odluka [DRT‑a], ima pravo uložiti žalbu protiv te odluke žalbenom tijelu koje je neovisno od umiješanih stranaka. Ovo tijelo, koje može biti sud, mora [raspolagati potrebnom stručnošću koja] mu omogućuje da učinkovito obavi svoje zadaće. Države članice osiguravaju da se osnovanost zahtjeva valjano uzme u obzir te da postoji učinkoviti žalbeni mehanizam. Do ishoda žalbe na snazi ostaje odluka [DRT‑a], osim ako se ne donesu privremene mjere u skladu s nacionalnim pravom. 2.   Ako nije pravosudno tijelo, žalbeno tijelo iz stavka 1. uvijek daje pisano obrazloženje svoje odluke. Isto tako, u takvim slučajevima njegova je odluka podložna reviziji suda u smislu članka [267. UFEU‑a].” Članak 5. iste okvirne direktive odnosi se na pružanje informacija. U njegovu stavku 2. propisuje se: „Države članice osiguravaju dostavljanje informacija Komisiji od strane [DRT‑ova], na njezin obrazložen zahtjev, koje su joj potrebne za izvršavanje zadaća iz [UFEU‑a]. […] Države članice osiguravaju […] da informacije koje su date jednom [DRT‑u] budu, nakon obrazloženog zahtjeva, dostupne i drugom takvom tijelu, u istoj ili u drugoj državi članici, kad je to potrebno radi omogućavanja bilo kojemu od tih tijela izvršavanja obveza prema pravu Zajednice.” Članak 6. Okvirne direktive odnosi se na „Mehanizam za javnu raspravu i transparentnost”. U skladu s prvim i drugim stavkom tog članka: „Osim u slučajevima koji potpadaju pod članak 7. stavak 9., […] države članice osiguravaju da [DRT‑ovi], kada namjeravaju poduzeti mjere u skladu s ovom Direktivom […], ili kada namjeravaju propisati ograničenja […], a koja imaju značajan utjecaj na mjerodavno tržište, pruže zainteresiranim strankama mogućnost davanja primjedbi na prijedlog mjera u razumnom roku. [DRT‑ovi] objavljuju svoje nacionalne postupke rasprave.” Člankom 7. te okvirne direktive naslovljenim „Jačanje unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija” propisuje se: „1.   Pri obavljanju svojih zadaća slijedom ove Direktive […], [DRT‑ovi] u najvećoj mjeri vode računa o ciljevima utvrđenim u članku 8., [uključujući one koji se] odnose na djelovanje unutarnjeg tržišta. 2.   [DRT‑ovi] doprinose razvoju unutarnjeg tržišta međusobno djelujući i radeći s Komisijom i BEREC‑om na transparentan način, kako bi se u svim državama članicama osigurala dosljedna primjena odredaba ove Direktive […] 3.   Kada [DRT], ako nije drukčije predviđeno u preporukama ili smjernicama donesenim sukladno članku 7.b., nakon završetka javne rasprave iz članka 6., kani poduzeti mjere: (a) koje potpadaju pod članke 15. ili 16. ove Direktive […]; i (b) koje bi utjecale na trgovinu između država članica; [DRT] stavlja, istodobno, prijedlog mjera na raspolaganje Komisiji, BEREC‑u i [DRT‑ovima] u drugim državama članicama, zajedno s obrazloženjem na kojem se mjere temelje […] te o tome obavješćuje Komisiju, BEREC i [druge DRT‑ove]. [DRT‑ovi], BEREC i Komisija mogu dostaviti primjedbe dotičnom [DRT‑u] samo u roku od mjesec dana. Jednomjesečni rok ne može se produljiti. 4.   Kada je cilj predviđenih mjera iz stavka 3.: (a) određivanje mjerodavnog tržišta koje se razlikuje od onih navedenih u Preporuci u skladu s člankom 15. stavkom 1.; ili (b) donošenje odluke o mogućem određivanju nekog poduzeća koje bi, samostalno ili zajedno s drugima, imalo značajnu tržišnu snagu na temelju članka 16. stavaka 3., 4. ili 5.; i koje bi utjecale na trgovinu između država članica, a Komisija je [DRT] obavijestila da smatra da bi prijedlog tih mjera stvorio prepreku jedinstvenom tržištu, ili ozbiljno sumnja u usklađenost tih mjera s pravom Zajednice, a posebno s ciljevima iz članka 8., prijedlog mjera se ne usvaja daljnja dva mjeseca. Ovaj se rok ne može produljiti. Komisija [druge DRT‑ove] obavješćuje o svojim rezervama u takvom slučaju. 5.   U roku od dva mjeseca iz stavka 4. Komisija može: (a) donijeti odluku kojom od dotičnog [DRT‑a] traži da povuče prijedlog mjere; i/ili (b) donijeti odluku da ukine svoje rezerve u vezi prijedloga mjera iz stavka 4. Prije objavljivanja odluke, Komisija u najvećoj mjeri uzima u obzir mišljenje BEREC‑a. Uz tu odluku dostavlja se detaljna i nepristrana analiza razloga zbog kojih Komisija smatra da prijedlog mjera ne bi trebalo usvojiti, zajedno s određenim prijedlozima za izmjenu predloženih mjera. 6.   Kada je Komisija donijela odluku u skladu sa stavkom 5., kojom od [DRT‑a] traži da povuče prijedlog mjera, [DRT] izmjenjuje ili povlači prijedlog mjera u roku od šest mjeseci od datuma odluke Komisije. Kada se prijedlog mjera izmjenjuje, [DRT] provodi javnu raspravu u skladu s postupcima navedenim u članku 6., te Komisiju, u skladu s odredbama stavka 3., ponovno obavješćuje o izmijenjenom prijedlogu mjera. 7.   [Dotični DRT] u najvećoj mjeri uzima u obzir primjedbe drugih [DRT‑ova], BEREC‑a i Komisije te može, osim u slučajevima obuhvaćenim stavkom 4. i stavkom 5. točkom (a), donijeti pripremljeni prijedlog mjera i, kada to učini, dostaviti ga Komisiji. 8.   [DRT] dostavlja Komisiji i BEREC‑u sve donijete konačne mjere koje potpadaju pod članak 7. stavak 3. točke (a) i (b). 9.   U iznimnim okolnostima, kada [DRT] smatra da, iznimno od postupaka navedenih u stavcima 3. i 4., postoji potreba za žurnim djelovanjem kako bi se zaštitilo tržišno natjecanje i interesi korisnika, [taj DRT] može odmah donijeti razmjerne i privremene mjere. [DRT] te mjere bez odgode, s potpunim obrazloženjem, dostavlja Komisiji, drugom [DRT‑u] i BEREC‑u. Odluka [DRT‑a] da takve mjere učini trajnima ili da produlji rok njihove valjanosti podložna je odredbama stavaka 3. i 4.” Člankom 15. navedene okvirne direktive utvrđuju se postupci utvrđivanja i određivanja tržišta, dok se njezin članak 16. odnosi na postupak analize tržišta. Člankom 19. iste okvirne direktive, naslovljenim „Postupci usklađivanja”, propisuje se u njegovim stavcima 1. i 2.: „1.   […] kada Komisija utvrdi da odstupanja između [DRT‑ova] u provedbi regulatornih zadaća utvrđenih u ovoj Direktivi […] mogu stvoriti zapreku unutarnjem tržištu, Komisija može, u najvećoj mjeri uzimajući u obzir mišljenje BEREC‑a, dati preporuku ili donijeti odluku u vezi s usklađenom primjenom odredaba ove Direktive […] 2.   […] Države članice osiguravaju da [DRT‑ovi] u najvećoj mjeri poštuju te preporuke pri obavljanju svojih zadaća. Kada [DRT] odluči ne pridržavati se preporuke, o tome obavješćuje Komisiju obrazlažući svoje stajalište.” Okolnosti spora Okolnosti spora, kako su izložene u točkama 1. i 10. do 18. pobijanog rješenja, mogu se sažeti kako slijedi. VodafoneZiggo društvo je osnovano u skladu s nizozemskim pravom koje posluje u sektoru elektroničkih komunikacija u Nizozemskoj i pruža usluge fiksnog interneta, televizije i telefona preko kabelske mreže. ACM, nizozemski DRT u smislu članka 2. točke (g) Okvirne direktive, 27. veljače 2018. objavio je, u skladu s njezinim člankom 6., prijedlog mjera u svrhu javne rasprave. Taj se prijedlog osobito odnosio na analizu tržišta pružanja veleprodajnih usluga na fiksnoj lokaciji u Nizozemskoj. U njemu je ACM smatrao da određeni operatori, među kojima i društvo VodafoneZiggo, zajednički imaju značajnu tržišnu snagu na tom tržištu te je predložio da im se odrede posebne regulatorne obveze u skladu s člankom 16. Okvirne direktive. Zainteresirane stranke bile su pozvane da do 10. travnja 2018. daju primjedbe na taj prijedlog. Društvo VodafoneZiggo podnijelo je svoje primjedbe u za to određenom roku. ACM je 31. srpnja 2018. prijedlog mjera stavio na raspolaganje Komisiji, BEREC‑u i DRT‑ovima drugih država članica u skladu s člankom 7. stavkom 3. Okvirne direktive. Komisija je 6. i 9. kolovoza 2018., na temelju članka 5. stavka 2. Okvirne direktive, zatražila dodatne informacije od ACM‑a, koji joj ih je priopćio. Društvo VodafoneZiggo podnijelo je 8. kolovoza 2018. Komisiji primjedbe na prijedlog mjera. Komisija je 30. kolovoza 2018. na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive ACM‑u uputila sporni akt sa svojim primjedbama na taj prijedlog mjera. ACM je 27. rujna 2018. donio odluku kojom se za određene operatore, među kojima i za društvo VodafoneZiggo, utvrđuje da zajednički imaju značajnu tržišnu snagu na tržištu pružanja veleprodajnih usluga na fiksnoj lokaciji u Nizozemskoj te im se određuju posebne regulatorne obveze. U Prilogu I. toj odluci ACM objašnjava na koji je način uzeo u obzir Komisijine primjedbe. Postupak pred Općim sudom i pobijano rješenje Tužbom podnesenom tajništvu Općeg suda 8. studenoga 2018. društvo VodafoneZiggo pokrenulo je postupak za poništenje spornog akta. Zasebnim aktom podnesenim tajništvu Općeg suda 23. siječnja 2019. Komisija je istaknula nedopuštenost te tužbe, ističući, kao prvo, da sporni akt nije akt koji se može pobijati, u smislu članka 263. UFEU‑a, s obzirom na to da on ne proizvodi obvezujuće pravne učinke i da u najboljem slučaju predstavlja pripremni akt kojim se ne utvrđuje konačno stajalište te institucije i, kao drugo, da društvo VodafoneZiggo nema aktivnu procesnu legitimaciju u smislu članka 263. četvrtog stavka UFEU‑a s obzirom na to da se sporni akt ne odnosi izravno na njega. Intervenciju u potporu Komisijinim zahtjevima zatražili su, s jedne strane, Kraljevina Nizozemska, aktom podnesenim tajništvu Općeg suda 1. veljače 2019., i, s druge strane, T‑Mobile Netherlands Holding BV, T‑Mobile Netherlands BV, T‑Mobile Thuis BV i Tele2 Nederland BV, aktom podnesenim tajništvu Općeg suda 27. veljače 2019. Pobijanim rješenjem Opći sud je utvrdio da sporni akt ne proizvodi obvezujuće pravne učinke i da je pripremne naravi, tako da se protiv njega ne može podnijeti tužba na temelju članka 263. UFEU‑a. U tom pogledu Opći sud najprije je ispitao kontekst u kojem je taj akt donesen. Utvrdio je, kao prvo, da zahtjev prema kojem dotični DRT „u najvećoj mjeri uzima u obzir” Komisijine primjedbe na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive ne znači da sporni akt ima obvezujuće pravne učinke, kao drugo, da navedeni akt ne predstavlja ovlaštenje koje omogućuje ACM‑u da donese prijedlog mjera i zbog toga proizvodi takve učinke i, kao treće, da isti akt nije utjecao ni na postupovna prava društva VodafoneZiggo. Opći sud zatim je ispitao sadržaj spornog akta i smatrao da ni njegov tekst ni predmet primjedbi koje su u njemu iznesene ne dovode do zaključka da je Komisija time što ga je donijela nastojala odrediti pravno obvezujuće obveze. Konačno, smatrao je da je taj akt pripremne naravi i da argumenti društva VodafoneZiggo koji se temelje na pravu na djelotvornu sudsku zaštitu ne mogu isključiti pretpostavke dopuštenosti predviđene u članku 263. UFEU‑a. Opći sud stoga je odbacio tužbu društva VodafoneZiggo kao nedopuštenu, smatrajući da nije potrebno ispitati aktivnu procesnu legitimaciju društva VodafoneZiggo ni odlučiti o zahtjevima za intervenciju. Zahtjevi stranaka pred Sudom Svojom žalbom društvo VodafoneZiggo od Suda zahtijeva da ukine pobijano rješenje, vrati predmet Općem sudu i o troškovima žalbenog postupka odluči naknadno. Komisija od Suda zahtijeva da odbije žalbu i naloži društvu VodafoneZiggo snošenje troškova. O žalbi U prilog svojoj žalbi društvo VodafoneZiggo iznosi tri žalbena razloga. Prvi žalbeni razlog Svojim prvim žalbenim razlogom društvo VodafoneZiggo tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je zaključio da sporni akt ne proizvodi obvezujuće pravne učinke. Taj je žalbeni razlog podijeljen na pet dijelova. Prvi dio prvog žalbenog razloga – Argumentacija stranaka Prvim dijelom svojeg prvog žalbenog razloga društvo VodafoneZiggo tvrdi da nužnost da DRT‑ovi „u najvećoj mjeri uzimaju u obzir” Komisijine primjedbe, predviđena u članku 7. stavku 7. Okvirne direktive, tim DRT‑ovima nalaže obvezujuću pravnu obvezu, za razliku od onog što je Opći sud zaključio u točki 54. pobijanog rješenja. Kao prvo, Opći je sud, u točkama 41. do 44. tog rješenja, netočno predstavio doseg presude od 15. rujna 2016., Koninklijke KPN i dr. ( C‑28/15 , EU:C:2016:692 ), u čijim se točkama 37. i 38. zapravo utvrđuje da izraz „u najvećoj mjeri uzima u obzir” podrazumijeva da DRT‑ovi u načelu moraju slijediti ono što u najvećoj mjeri treba uzeti u obzir. Usto, način na koji DRT mora „u najvećoj mjeri uzeti u obzir” Komisijine odluke donesene u skladu s člankom 7. stavkom 3. Okvirne direktive pogrešno je iznesen jer se ta obveza odnosi na sve upotrijebljene izraze kao i na akt u cijelosti. Komisija je u ovom slučaju, time što je ACM‑u dala uputu da poboljša svoju analizu kako bi poštovao zahtjev funkcionalne istovrijednosti, odredila provođenje precizne radnje, nastojeći tako ograničiti njegove mogućnosti i tako spornom aktu dati obvezujući pravni učinak. Kao drugo, iz točke 41. presude od 11. rujna 2003., Altair Chimica ( C‑207/01 , EU:C:2003:451 ), i točke 59. presude od 20. studenoga 2018., Komisija/Vijeće (AMP Antarctique) ( C‑626/15 i C‑659/16 , EU:C:2018:925 ), proizlazi da se mjeri također može priznati pravni učinak čak i ako njezin cilj nije stvaranje takvog učinka i da je svaka vrsta pravnog učinka dovoljna da bi tužba postala dopuštena. Točke 45. do 50. pobijanog rješenja su stoga pravno pogrešne. Naime, sporni akt proizvodi materijalni pravni učinak, koji se sastoji u tome da DRT‑ovi moraju „u najvećoj mjeri uzeti u obzir” Komisijine primjedbe. Međutim, Opći sud je u točki 47. pobijanog rješenja tvrdio da takav učinak treba razlikovati od obvezujućih pravnih učinaka, u smislu sudske prakse koja se odnosi na dopuštenost tužbi za poništenje, s obzirom na to da se tim izrazom nalaže samo obveza obrazlaganja, a u točki 50. tog rješenja je pak utvrdio da takva obveza ne može utjecati na interese društva VodafoneZiggo. To je proturječno s obzirom na to da obveza obrazlaganja ima pravni učinak. Postojanje materijalnog pravnog učinka dodatno potvrđuje činjenica da je Komisija, u skladu s člankom 19. Okvirne direktive, donijela preporuku, odnosno Preporuku Komisije 2008/850/EZ od 15. listopada 2008. o obavijestima, rokovima i raspravama predviđenima člankom 7. Direktive 2002/21 ( SL 2008., L 301, str. 23 .), kojom se zahtijeva da DRT‑ovi navedu na koji su način u najvećoj mjeri uzeli u obzir Komisijine primjedbe na temelju članka 7. Okvirne direktive. Kao treće, Opći sud je u točki 52. pobijanog rješenja pogrešno tvrdio da je zakonodavac Europske unije izričito odredio pravne učinke koje je imao namjeru pridati primjedbama koje se daju na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive. Ta odredba ne sadržava nikakvo izričito navođenje u pogledu pravnih učinaka i, pod pretpostavkom da se Opći sud želio pozvati na stavak 7. tog članka, njegovo obrazloženje je cirkularno. Osim toga, u presudi od 16. travnja 2015., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Telefonia Dialog ( C‑3/14 , EU:C:2015:232 ), kao i u uvodnoj izjavi 15. Okvirne direktive utvrđuje se da DRT‑ovi ne mogu odstupiti od Komisijinih primjedbi jer su one namijenjene očuvanju ciljeva Unije. Takve primjedbe stoga proizvode obvezujuće pravne učinke. Kao četvrto, za razliku od onog što je Opći sud utvrdio u točki 53. pobijanog rješenja, nacionalna presuda na koju se poziva društvo VodafoneZiggo upućuje na to da je učinak obveze uzimanja u obzir Komisijinih primjedbi predodređivanje margine prosudbe kojom bi DRT raspolagao da nema tih primjedbi. U toj su presudi tako navedeni stvarni učinci Komisijina akta donesenog na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive. Komisija tvrdi da je taj prvi dio prvog žalbenog razloga djelomično nedopušten i djelomično neosnovan. – Ocjena Suda Kad je, kao prvo, riječ o prigovoru usmjerenom protiv točaka 41. do 44. pobijanog rješenja, valja istaknuti da je, u presudi od 15. rujna 2016., Koninklijke KPN i dr. ( C‑28/15 , EU:C:2016:692 ), Sudu u biti postavljeno pitanje o mogućnosti da nacionalni sud pred kojim se vodi spor koji se odnosi na zakonitost tarifne obveze koju je naložio DRT odstupi od Komisijine preporuke, u smislu članka 288. UFEU‑a, kojom se kao prikladna mjera reguliranja cijena na tržištu završavanja poziva predviđa korištenje određenog modela izračuna troškova. U tom okviru, nakon što je u točki 37. te presude istaknuo da članak 19. stavak 2. Okvirne direktive zahtijeva da DRT‑ovi pri obavljanju svojih zadaća „u najvećoj mjeri uzimaju u obzir” preporuke Komisije, Sud je u točki 38. navedene presude zaključio da je „[s]toga […] na DRT‑u, kada nameće obveze [u skladu s primjenjivim regulatornim okvirom] da u načelu slijedi navode iz [te] [p]reporuke” i da „[s]amo ako u okviru svoje ocjene dane situacije smatra da model [izračuna troškova] koji ta preporuka predviđa ne odgovara okolnostima, može odstupiti od njegove primjene uz obrazloženje svojega stava”. U točki 34. navedene presude Sud je u biti podsjetio da, u skladu s člankom 288. UFEU‑a, preporuka „u načelu nema obvezujuću snagu” i da „[n]adalje, članak 19. stavak 2. drugi podstavak Okvirne direktive izričito ovlašćuje DRT‑ove da odstupe od preporuka donesenih temeljem članka 19. stavka 1. Okvirne direktive, pod uvjetom da o tome obavijeste Komisiju obrazlažući svoje stajalište”. Iz toga je u točki 35. iste presude zaključio da „DRT, prilikom donošenja odluke kojom nameće tarifne obveze operatorima […] nije vezan preporukom [o kojoj je riječ]”. Međutim, kao prvo, kao što to proizlazi iz prethodne točke ove presude, iz presude od 15. rujna 2016., Koninklijke KPN i dr. ( C‑28/15 , EU:C:2016:692 ), uopće ne proizlazi da je, kao što to tvrdi društvo VodafoneZiggo, Sud u njoj presudio da dužnost „u najvećoj mjeri uzeti u obzir” Komisijin akt za DRT podrazumijeva obvezu postupanja u skladu sa sadržajem tog akta s obzirom na to da se u njezinoj točki 38. izričito utvrđuje suprotno, niti iz nje proizlazi da su primjedbe koje Komisija priopći DRT‑u na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive za njega obvezujuće. Kao drugo, upravo je na te elemente spomenute u točki 37. ove presude Opći sud podsjetio u spornim točkama pobijanog rješenja, a osobito u njegovim točkama 41. i 42., koje stoga odražava upravo doseg presude od 15. rujna 2016., Koninklijke KPN i dr. ( C‑28/15 , EU:C:2016:692 ). Kao treće, Opći sud je u točki 43. pobijanog rješenja također podsjetio na tumačenje koje proizlazi iz točke 26. presude od 20. veljače 2018., Belgija/Komisija ( C‑16/16 P , EU:C:2018:79 ), prema kojem se „uvođenjem preporuka kao posebne kategorije akata Unije te izričito predviđajući da one ‚nemaju obvezujuću snagu’, člankom 288. UFEU‑a željela […] institucijama ovlaštenima za njihovo donošenje povjeriti ovlast poticanja i uvjeravanja, što se razlikuje od ovlasti donošenja akata s obvezujućom snagom” i smatrao je da to utvrđenje „po analogiji vrijedi i za primjedbe koje Komisija daje […] na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive, kao što su primjedbe iznesene u [spornom] aktu”. Međutim, društvo VodafoneZiggo ne osporava da se na sporni akt po analogiji primjenjuje ta sudska praksa koja se odnosi na preporuku u smislu članka 288. UFEU‑a. U tim okolnostima ne može se prihvatiti argumentacija koja se temelji na tome da je Opći sud povrijedio doseg presude od 15. rujna 2016., Koninklijke KPN i dr. ( C‑28/15 , EU:C:2016:692 ). Osim toga, u dijelu u kojem društvo VodafoneZiggo tim prvim prigovorom kritizira točke 41. do 44. pobijanog rješenja zbog toga što je Opći sud u njima trebao utvrditi da sporni akt sadržava precizne upute za ACM, što bi dokazivalo to da mu je Komisija željela dati obvezujući pravni učinak, valja istaknuti da u tim točkama Opći sud nije analizirao sadržaj tog akta, s obzirom na to da se ta analiza nalazi u točkama 88. do 96. pobijanog rješenja, nego se ograničio na to da izloži, apstraktno i bez upućivanja na njegov sadržaj, zašto izraz „u najvećoj mjeri uzima u obzir” iz članka 7. stavka 7. Okvirne direktive ukazuje na neobvezujuću narav primjedbi koje Komisija daje na temelju njezina članka 7. stavka 3. Međutim, društvo VodafoneZiggo ne poziva se ni na kakvu pogrešku koja se tiče prava koju je u tom pogledu počinio Opći sud, osim one koja je već odbijena u točkama 36. do 41. ove presude. Tu argumentaciju stoga treba svakako odbiti iz istih razloga kao što su oni izneseni u tim točkama, pri čemu nije potrebno odlučiti o njezinoj dopuštenosti, koju osporava Komisija. Stoga je prvi prigovor ovog dijela prvog žalbenog razloga neosnovan. Kao drugo, što se tiče prigovora usmjerenog protiv točaka 45. do 50. pobijanog rješenja, valja utvrditi da je Opći sud u točki 46. pobijanog rješenja istaknuo da „učinke predviđene u [presudi od 11. rujna 2003., Altair Chimica ( C‑207/01 , EU:C:2003:451 )] valja razlikovati od obvezujućih pravnih učinaka, koje navodi [društvo VodafoneZiggo], a koji bi mogli utjecati na njegove interese tako da na bitan način promijene njegov pravni položaj”. U točki 47. tog rješenja dodao je da „zahtjev da se primjedbe uzimaju u obzir ‚u najvećoj mjeri’ ima drukčiji pravni učinak od učinaka koje navodi [društvo VodafoneZiggo] jer se navedenim zahtjevom nalaže obveza obrazlaganja”, a u njegovoj točki 50. da „[u] svakom slučaju, obveza obrazlaganja koju imaju [DRT‑ovi] ne može utjecati na […] interese [društva VodafoneZiggo] tako da na bitan način promijeni njegov pravni položaj”. Budući da društvo VodafoneZiggo u biti tvrdi da je Opći sud, time što je tako odlučio, pogrešno ocijenio kriterij pravnog učinka koji omogućava pokretanje postupka iz članka 263. UFEU‑a, valja podsjetiti da iz ustaljene sudske prakse razvijene u okviru tužbe za poništenje koju podnose države članice ili institucije proizlazi da se aktima koji se mogu pobijati u smislu članka 263. UFEU‑a smatraju sve odredbe koje su donijele institucije čiji je cilj proizvoditi obvezujuće pravne učinke, bez obzira na njihov oblik (presude od 13. listopada 2011., Deutsche Post i Njemačka/Komisija, C‑463/10 P i C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , t. 36. i navedena sudska praksa; od 20. veljače 2018., Belgija/Komisija, C‑16/16 P , EU:C:2018:79 , t. 31. i od 9. srpnja 2020., Češka Republika/Komisija, C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , t. 46. ). Te obvezujuće pravne učinke treba ocijeniti s obzirom na objektivne kriterije poput sadržaja akta o kojem je riječ, uzimajući u obzir, prema potrebi, kontekst njegova donošenja kao i ovlasti institucije koja ga je donijela (presude od 13. veljače 2014., Mađarska/Komisija, C‑31/13 P , EU:C:2014:70 , t. 55. i navedena sudska praksa; od 20. veljače 2018., Belgija/Komisija, C‑16/16 P , EU:C:2018:79 , t. 32. i od 9. srpnja 2020., Češka Republika/Komisija, C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , t. 47. ). Međutim, tužba za poništenje protiv akta koji je donijela institucija, koju podnosi fizička ili pravna osoba, moguća je samo ako obvezujući pravni učinci tog akta utječu na interese tužitelja, mijenjajući na bitan način njegov pravni položaj (vidjeti, među ostalim, presude od 11. studenoga 1981., IBM/Komisija, 60/81 , EU:C:1981:264 , t. 9. i od 18. studenoga 2010., NDSHT/Komisija, C‑322/09 P , EU:C:2010:701 , t. 45. i navedenu sudsku praksu). U ovom slučaju Opći sud je, kao što to osobito proizlazi iz točaka 120. i 121. pobijanog rješenja, prihvatio prigovor nedopuštenosti koji je istaknula Komisija prihvativši prvi argument o postojanju zapreke vođenju postupka na koji se pozvala, prema kojem sporni akt nije akt koji se može pobijati te je pripremne naravi u smislu članka 263. UFEU‑a, s obzirom na to da ne proizvodi obvezujuće pravne učinke. Međutim, čak i pod pretpostavkom da je Opći sud, kao što to tvrdi VodafoneZiggo, u spornim točkama pobijanog rješenja trebao samo ocijeniti proizvodi li sporni akt obvezujuće pravne učinke, bez potrebe da se osvrne na pitanje utječu li takvi učinci na njegove interese mijenjajući pritom na bitan način njegov pravni položaj, dovoljno je istaknuti da je Opći sud taj zaključak, u svakom slučaju, temeljio upravo na sudskoj praksi navedenoj u točki 47. ove presude, a na koju se, usto, podsjeća u točki 29. pobijanog rješenja. U tom pogledu valja utvrditi da se na temelju argumentacije društva VodafoneZiggo ne može utvrditi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava ili da je sam sebi proturječio zaključivši u točki 54. pobijanog rješenja da zahtjev prema kojem dotični DRT treba „u najvećoj mjeri [uzimati] u obzir” primjedbe koje Komisija daje na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive ne podrazumijeva da sporni akt ima obvezujuće pravne učinke. Točno je da je Sud u točki 41. presude od 11. rujna 2003., Altair Chimica ( C‑207/01 , EU:C:2003:451 ), podsjetio na svoju ustaljenu sudsku praksu proizašlu iz presude od 13. prosinca 1989., Grimaldi ( C‑322/88 , EU:C:1989:646 ), prema kojoj preporuke, iako im nije cilj proizvesti obvezujuće učinke te one ne mogu stvoriti prava na koja se pojedinci mogu pozivati pred nacionalnim sudom, ipak nisu lišene svih pravnih učinaka, s obzirom na to da nacionalni sudovi moraju uzeti u obzir preporuke radi rješavanja sporova koji se pred njima vode, osobito kada te preporuke pomažu u tumačenju nacionalnih odredbi donesenih radi osiguravanja njihove provedbe ili kada im je svrha nadopunjavanje obvezujućih odredbi prava Unije. Štoviše, kao što to također ističe društvo VodafoneZiggo, u točki 59. presude od 20. studenoga 2018., Komisija/Vijeće (AMP Antarctique) ( C‑626/15 i C‑659/16 , EU:C:2018:925 ), Sud je naveo da je „akt koji se može pobijati u smislu članka 263. UFEU‑a […] svaka odluka koju je donijela institucija, ured, tijelo i agencija Unije, neovisno o njihovoj prirodi ili obliku, kojom se žele proizvesti pravni učinci”. Međutim, iz tih se presuda ne može zaključiti da je, kao što to tvrdi društvo VodafoneZiggo, svaki pravni učinak koji proizvodi akt Unije, čak i ako taj akt nema za cilj proizvesti pravni učinak te čak i ako učinak koji proizvodi nije obvezujući, dovoljan da bi se moglo smatrati da je riječ o aktu koji se može pobijati, u smislu članka 263. UFEU‑a, i da je Opći sud stoga počinio pogrešku koja se tiče prava time što to nije priznao u spornim točkama pobijanog rješenja. S jedne strane, iako nacionalni sudovi, u skladu sa sudskom praksom na koju se podsjeća u točki 51. ove presude, preporuke u smislu članka 288. UFEU‑a moraju uzeti u obzir radi rješavanja sporova koji se pred njima vode, iz te sudske prakse ne proizlazi da je, kao što je to Opći sud u biti istaknuo u točki 46. pobijanog rješenja, Sud presudio da su takvi učinci oni na temelju kojih se akt može okvalificirati kao akt „koji se može pobijati” u smislu članka 263. UFEU‑a. Naprotiv, kao što je to već istaknuto u točki 37. ove presude, iz navedene ustaljene sudske prakse Suda proizlazi da ta vrsta akta u načelu nije obvezujuća. Stoga se iz te sudske prakse ne može izvesti nijedan koristan argument u potporu stajalištu društva VodafoneZiggo u pogledu pravnih učinaka koje sporni akt navodno proizvodi. Osim toga, valja istaknuti da obveza DRT‑ova da obrazlože svoje stajalište s obzirom na primjedbe koje im je Komisija priopćila na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive, koju je Opći sud, među ostalim, utvrdio u točki 47. pobijanog rješenja i koju društvo VodafoneZiggo u ovoj žalbi ne osporava, pokazuje, za razliku od onog što ono tvrdi, nepostojanje obvezujućeg pravnog učinka, u smislu članka 263. UFEU‑a, koji bi proizvodile takve primjedbe. S druge strane, kad je riječ o presudi od 20. studenoga 2018., Komisija/Vijeće (AMP Antarctique) ( C‑626/15 i C‑659/16 , EU:C:2018:925 ), ne može se smatrati da je Sud u njezinoj točki 59. presudio da se obveza, za određeni akt, da proizvede „pravni učinak” kako bi mogao biti predmet tužbe na temelju članka 263. UFEU‑a, odnosi na svaki pravni učinak neovisno o njegovoj prirodi i da je tako proturječio svojoj ustaljenoj sudskoj praksi o pojmu „akt koji se može pobijati” u smislu članka 263. UFEU‑a, na koju se podsjeća u točkama 46. i 47. ove presude. Naime, Sud je u točki 63. te presude utvrdio da je „Odluk[a] iz 2015. [o kojoj je bila riječ u predmetu u kojem je donesena ta presuda] […] donesena kako bi se [Komisiju za očuvanje antarktičkih morskih živih resursa (Komisija CAMLR)] uvjerilo da uspostavi [zaštićeno morsko područje] u Weddellovom moru”, a u njezinoj točki 64. da je „time što je odlučio podnijeti [Komisiji CAMLR] dokument za razmatranje u ime Unije i njezinih država članica, [Odbor stalnih predstavnika (Coreper)] obvezao Komisiju da se ne udalji od tog stajališta prilikom izvršavanja svoje ovlasti vanjskog zastupanja Unije” te u točki 65. navedene presude da „iz zapisnika sastanka Corepera […] proizlazi da je cilj [te] [o]dluke bio da se konačno utvrdi stajalište Vijeća i potom Unije u pogledu podnošenja dokumenta za razmatranje […] u ime Unije i njezinih država članica, a ne u ime Unije same”. Na temelju tih elemenata Sud je u točki 66. navedene presude zaključio da su se „[navedenom] odlukom […] doista […] nastojali proizvesti pravni učinci i ona stoga jest akt koji se može pobijati”. Međutim, valja utvrditi da ti učinci, koji su povezani s kontekstom u kojem je akt o kojem je riječ u predmetu C‑626/15 donesen, s njegovim sadržajem i namjerom njezina donositelja ukazuju na obvezujuću narav učinaka odluke, čije je poništenje zatraženo, na suštinsko stajalište koje je Komisija morala zauzeti. S obzirom na te elemente, prigovor društva VodafoneZiggo iznesen u točkama 31. i 32. ove presude treba odbiti. Kao treće, što se tiče prigovora usmjerenog protiv točke 52. pobijanog rješenja, valja istaknuti da je, kao što to navodi društvo VodafoneZiggo, Opći sud u toj točki tvrdio da, „budući da je zakonodavac Unije izričito odredio pravne učinke koje je imao namjeru pridati primjedbama koje se daju na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive, obveza lojalne suradnje ne može imati širi doseg, tako da pridaje pravne učinke koje zakonodavac nije predvidio”. Međutim, ta rečenica započinje izrazom „osim toga” i u toj je istoj točki Opći sud ponajprije utvrdio da obveza lojalne suradnje ne može dovesti do toga da Komisijine primjedbe na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive imaju obvezujuće pravne učinke, upućujući u tom pogledu na točku 40. presude od 20. veljače 2018., Belgija/Komisija ( C‑16/16 P , EU:C:2018:79 ). Međutim, Sud je u toj točki 40. navedene presude doista presudio da načelo lojalne suradnje ne može imati za posljedicu isključivanje uvjeta dopuštenosti izričito predviđenih člankom 263. UFEU‑a. Valja utvrditi da je podsjećanje na tu sudsku praksu kao takvo bilo dovoljno kako bi Opći sud na njoj temeljio odbijanje argumentacije koju mu je iznijelo društvo VodafoneZiggo i prema kojoj, u biti, spornom aktu treba priznati obvezujuću pravnu narav jer, prema mišljenju tog društva, DRT‑ovi ne mogu, uzimajući u obzir presudu od 16. travnja 2015., Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej i Telefonia Dialog ( C‑3/14 , EU:C:2015:232 ), i uvodnu izjavu 15. Okvirne direktive, zanemariti primjedbe koje je Komisija dala na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive a da se pritom ne dovedu u opasnost da povrijede načelo lojalne suradnje predviđeno u članku 4. stavku 3. UEU‑a. Stoga prigovor društva VodafoneZiggo naveden u točki 33. ove presude treba odbiti jer prigovori protiv sporednih obrazloženja sadržanih u odluci Općeg suda ne mogu dovesti do njezina ukidanja te su, slijedom toga, bespredmetni (presude od 28. lipnja 2005., Dansk Rørindustri i dr./Komisija, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P do C‑208/02 P i C‑213/02 P , EU:C:2005:408 , t. 148. i od 13. prosinca 2018., Europska unija/Gascogne Sack Deutschland i Gascogne, C‑138/17 P i C‑146/17 P , EU:C:2018:1013 , t. 45. ). Što se tiče, kao četvrto, prigovora prema kojem je nacionalna sudska praksa na koju se poziva društvo VodafoneZiggo pred Općim sudom trebala taj sud navesti na to da utvrdi da akt poput spornog akta proizvodi obvezujuće pravne učinke, dovoljno je podsjetiti na to, kao što je to Opći sud pravilno istaknuo u točki 53. pobijanog rješenja, da iz zahtjevâ za ujednačenu primjenu prava Unije kao i načela jednakosti proizlazi da pojmovi iz odredbe prava Unije koja ne sadržava nikakvo izričito upućivanje na pravo država članica radi utvrđivanja svojeg smisla i dosega trebaju u cijeloj Uniji imati autonomno i ujednačeno tumačenje, koje treba dati uzimajući u obzir ne samo njezin tekst, nego i kontekst odredbe i cilj koji se želi postići propisom čiji je ona dio (presude od 8. rujna 2020., Recorded Artists Actors Performers, C‑265/19 , EU:C:2020:677 , t. 46. i navedena sudska praksa i od 8. listopada 2020., Crown Van Gelder, C‑360/19 , EU:C:2020:805 , t. 21. ). Međutim, društvo VodafoneZiggo ne osporava tu sudsku praksu, nego samo kritizira ocjenu koju je Opći sud podredno proveo u točki 53. pobijanog rješenja, prema kojoj se „[u] svakom slučaju, na temelju ulomka na koji upućuje [društvo VodafoneZiggo] ne može […] zaključiti da je Bundesverwaltungsgericht (Savezni upravni sud [,Njemačka]) smatrao da Komisijine primjedbe proizvode obvezujuće pravne učinke u smislu članka 263. prvog stavka UFEU‑a”. Stoga, čak i pod pretpostavkom da je dopušten, taj četvrti prigovor u svakom slučaju treba odbiti kao bespredmetan, u skladu sa sudskom praksom na koju se podsjeća u točki 62. ove presude. Iz prethodno navedenog proizlazi da prvi dio prvog žalbenog razloga treba odbiti u cijelosti. Drugi dio prvog žalbenog razloga – Argumentacija stranaka U drugom dijelu svojeg prvog žalbenog razloga društvo VodafoneZiggo tvrdi da je sporni akt jednak Komisijinu ovlaštenju i da stoga proizvodi obvezujuće pravne učinke. Budući da se akti iz članka 7. stavka 3. odnosno članka 7. stavka 4. Okvirne direktive međusobno isključuju i da je Komisija na taj način suočena s izborom između dviju mogućnosti, to jest ili da, na temelju tog stavka 4., izda odluku o ulaganju veta ili da, na temelju tog stavka 3. ili navedenog stavka 4., izda odluku o neulaganju veta na dostavljeni prijedlog mjera, činjenica da je dala primjedbe u skladu s tim stavkom 3. u bitnom bi bila izjednačena s donošenjem odluke o neulaganju veta. Stoga se zbog tog binarnog izbora odluka donesena na temelju tog stavka 3., kao što je sporni akt, može tumačiti samo kao odluka kojom se odobrava prijedlog mjere. U točkama 57., 58. i 63. pobijanog rješenja Opći sud je pogriješio u tom pogledu. Kao prvo, nije sporno, s jedne strane, da DRT ne može donijeti mjeru bez Komisijine odluke, donesene u skladu s navedenim stavkom 3. ili s istim stavkom 4., kojom Komisija završava postupak na razini Unije bez ulaganja veta i, s druge strane, da Komisija nakon donošenja takve odluke više ne može izmijeniti svoje stajalište. Stoga, davanjem primjedbi na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive, Komisija u svakom slučaju uklanja svaku priliku da uloži veto na prijedlog mjere koji je dostavio DRT, na način da se na nju više ne primjenjuje pravna zabrana donošenja priopćene mjere. Stoga je taj DRT ovlašten donijeti mjeru. Iako tijekom postupka pokrenutog na temelju članka 7. Okvirne direktive na razini Unije postoje dva trenutka u kojima Komisija može odlučiti hoće li iskoristiti svoje pravo veta ili ne, trenutak u kojem je taj izbor izvršen nevažan je jer je rezultat u oba slučaja isti, odnosno da Komisija odobrava dotičnu mjeru. Opći sud nije utvrdio nijednu drugu mogućnost. Društvo VodafoneZiggo u svojoj replici dodaje da je pogrešan Komisijin argument prema kojem ona nije dužna reagirati na prijedloge mjera koji su joj dostavljeni u skladu s člankom 7. Okvirne direktive i da ona dobrovoljno sudjeluje u postupku javne rasprave koji je tim člankom predviđen. U skladu s uvodnom izjavom 15. Okvirne direktive, njezin članak 7. daje toj instituciji posebnu odgovornost kako bi se osiguralo da odluke na nacionalnoj razini nemaju negativan učinak na jedinstveno tržište ili druge ciljeve iz UFEU‑a, što je uloga koju ističe i uvodna izjava 19. Direktive 2009/140. Taj argument stoga nije u skladu sa sustavom predviđenim Okvirnom direktivom i, slijedom toga, s obvezom lojalne suradnje koju navedena institucija ima na temelju članka 4. stavka 3. UEU‑a. U svakom slučaju, svako hipotetično nedjelovanje Komisije podrazumijeva da je donijela odluku da neće koristiti pravo veta koje joj je dodijeljeno Okvirnom direktivom, koja se može pobijati. Usto, s obzirom na to da je praksa čekanja isteka jednomjesečnog roka predviđenog člankom 7. stavkom 3. Okvirne direktive drugi način za ukidanje obveze primjene pravila o mirovanju ( standstill ) koju DRT‑ovi imaju, takva praksa također ima narav i učinak odobrenja. Usto, pogrešno je tvrditi da DRT‑ovi raspolažu „punim ovlastima” za donošenje svojih prijedloga mjera. Oni su u najmanju ruku dužni čekati protek tog roka. Samo postojanje tog članka 7. i ovlasti koje su njime predviđene za Komisiju već predstavlja ograničenje ovlasti DRT‑ova. Kao drugo, sa stajališta DRT‑a, očito je da Komisija mora odobriti mjere, s obzirom na to da se člankom 7. Okvirne direktive predviđa da DRT‑ovi nemaju pravo donijeti svoje mjere a da ih prethodno ne dostave Komisiji i da se te mjere ne mogu donijeti sve dok ih ta institucija ispituje. Postoje samo dva slučaja u kojima DRT‑ovi mogu donijeti dostavljenu mjeru, i svaki od njih u potpunosti pretpostavlja da je Komisija odlučila ne iskoristiti svoje pravo veta, neovisno o tome je li ta odluka donesena na temelju stavka 3. ili na temelju stavka 4. tog članka 7. Praksa usto potvrđuje da su sve odluke koje su DRT‑ovi konačno donijeli dostavljene Komisiji i da na njih nije uložen veto, dok su DRT‑ovi sve dostavljene odluke na koje je uložen veto izmijenili ili su odustali od njihova donošenja. To dokazuje da je, sa stajališta DRT‑a, potrebno Komisijino odobrenje. Komisija tvrdi da ovaj dio žalbenog razloga nije osnovan. – Ocjena Suda Što se tiče, kao prvo, prvog prigovora ovog dijela, valja istaknuti da je Opći sud u točki 57. pobijanog rješenja naveo da „iako je točno da dostavljanje primjedbi i otvaranje druge faze europskog postupka rasprave predstavljaju alternativu, nije riječ, suprotno onomu što tvrdi [društvo VodafoneZiggo], o izboru između neulaganja i ulaganja veta na prijedlog mjera koji je dostavilo državno regulatorno tijelo”. U njegovoj točki 58. dodao je da je „činjenica da Komisija ne ostvaruje svoje pravo veta zapravo […] jednaka nedonošenju odluke, tako da to stajalište ne stvara nikakav obvezujući pravni učinak”. U točki 63. tog rješenja zaključio je da „[sporni] akt ne čini ovlaštenje na temelju kojeg je ACM mogao donijeti prijedlog mjera i koji stoga proizvodi obvezujuće pravne učinke”. U tom pogledu također valja istaknuti da je Opći sud taj zaključak temeljio i na utvrđenju iz točke 59. pobijanog rješenja da „ovlasti dotičnog državnog regulatornog tijela izravno proizlaze iz […] odredbi Okvirne direktive” i da „se za njihovu provedbu ne zahtijeva nikakvo odobrenje Komisije”, kao i na onom iz točke 62. tog rješenja, prema kojem je „točno da je europski postupak rasprave obvezna faza u postupku donošenja mjera na koje se primjenjuje[, među ostalim,] članak 15. ili 16. Okvirne direktive […] i koje utječu na trgovinu među državama članicama”, ali da „to utvrđenje nije dostatno da se priznaju obvezujući pravni učinci primjedbi danih na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive[,] [s obzirom na to da bi] eventualno nepoštovanje te obvezne faze imalo […] različite učinke[, poput] […] tužbe zbog povrede obveze pred sudom Unije ili žalbe protiv mjera koje je donijelo državno regulatorno tijelo pred nacionalnim sudom”. Tim prvim prigovorom društvo VodafoneZiggo u biti tvrdi da je Opći sud u tim točkama pobijanog rješenja počinio pogrešku koja se tiče prava time što nije priznao da je Komisijino priopćavanje DRT‑u primjedbi na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive izjednačeno s nedonošenjem odluke o vetu na dostavljen prijedlog mjere kako je predviđeno u tom članku stavku 5. točki (a) i stoga izjednačeno s odlukom o odobrenju prijedloga mjere, koja ima obvezujuće pravne učinke, dok Komisija ipak nužno mora donijeti akt na temelju tog članka 7. stavka 3. ili stavka 5. točke (a) kako bi okončala postupak koji se pred njom vodi i tako omogućila DRT‑u da donese mjeru o kojoj je riječ. Stoga, kako bi se ocijenila osnovanost tog prigovora, valja započeti s provjerom je li pretpostavka na kojoj se temelji, odnosno ona prema kojoj DRT ne može donijeti prijedlog mjera koje je stavio na raspolaganje Komisiji, BEREC‑u i DRT‑ovima drugih država članica u skladu s postupkom predviđenim u članku 7. Okvirne direktive ako Komisija nije dala odobrenje u tom smislu, točna. U tom pogledu valja utvrditi da to tumačenje Okvirne direktive, koje zagovara društvo VodafoneZiggo, podrazumijeva da Komisija nužno mora djelovati kada primi obavijest podnesenu na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive. Stoga valja uzeti u obzir ono što je predviđeno tim člankom, čiji je cilj jačanje unutarnjeg tržišta elektroničkih komunikacija. U tom pogledu valja istaknuti da iz odredbi članka 7. Okvirne direktive proizlazi da se, s jedne strane, postupak utvrđen u tom članku ne sastoji, kao što to tvrdi društvo VodafoneZiggo, od kombinacije dvaju različitih postupaka, od kojih se jedan odvija na nacionalnoj razini, a drugi na razini Unije, nego se sastoji od samo jednog postupka rasprave i suradnje, koji se, usto, ne odvija između samog DRT‑a koji je dostavio prijedlog mjere i Komisije, nego između DRT‑a, Komisije te DRT‑ova drugih država članica i BEREC‑a. Osim toga, iz toga proizlazi da se taj postupak pokreće kada DRT stavi na raspolaganje prijedlog mjere koji ispunjava kriterije predviđene u stavku 3. točkama (a) i (b) tog članka i da se okončava ili donošenjem prijedloga mjere koji je prvotno dostavljen ili donošenjem izmijenjenog prijedloga mjere, koji bi prije toga ponovno bio predmet nacionalnog mehanizma za javnu raspravu i transparentnost iz članka 6. Okvirne direktive, potom obavijesti iz tog članka 7. stavka 3., ili povlačenjem prijedloga, pri čemu svaka od tih odluka ulazi u isključivu nadležnost dotičnog DRT‑a. Iz toga također i prije svega proizlazi da, iako, kao što je to Opći sud pravilno utvrdio u točki 62. pobijanog rješenja, DRT mora, kada namjerava donijeti mjeru koja ispunjava kriterije navedene u članku 7. stavku 3. točkama (a) i (b) Okvirne direktive, provesti postupak utvrđen u tom članku 7., zajedničkim tumačenjem tog stavka 3. i stavka 7. navedenog članka 7. jednoznačno se utvrđuje da Komisija nije dužna dostaviti primjedbe na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive u svim slučajevima i da ako Komisija ne dostavi primjedbe po isteku jednomjesečnog roka predviđenog tim stavkom 3. dotični DRT može donijeti prijedlog mjere o kojem je riječ. Stoga, za razliku od onog što tvrdi društvo VodafoneZiggo, Okvirnom direktivom nije utvrđeno da DRT‑ovi nisu ovlašteni donijeti dostavljeni prijedlog mjere sve dok se Komisija nije izjasnila na temelju te potonje odredbe i da je, slijedom toga, Komisija dužna djelovati kako bi reagirala na obavijest koju je u skladu s tom odredbom dao DRT. Osim toga, najprije valja istaknuti da se ni na temelju uvodne izjave 15. Okvirne direktive ni iz uvodne izjave 19. Direktive 2009/140 ne može zaključiti da, bez obzira na to što u Okvirnoj direktivi ne postoji odredba u tom smislu, Komisija mora djelovati na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive. Iz toga slijedi da se ne može utvrditi nikakva proturječnost s načelom lojalne suradnje. Nadalje, što se tiče tvrdnje da je sama činjenica da Komisija čeka istek roka predviđenog u članku 7. stavku 3. Okvirne direktive bez dostavljanja primjedbi izjednačena s odobrenjem za DRT da donese prijedlog mjere o kojem je riječ, dovoljno je navesti da se ona također temelji na pretpostavci da je Komisijino odobrenje potrebno kako bi DRT mogao donijeti prijedlog mjere o kojem je riječ, koja nije potkrijepljena Okvirnom direktivom. Konačno, što se tiče argumenta prema kojem samo postojanje postupka utvrđenog u članku 7. Okvirne direktive ograničava ovlasti DRT‑ova, dovoljno je utvrditi da se njime ni u kojem slučaju ne može dokazati da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava u ocjeni uloga i nadležnosti dodijeljenih tom odredbom DRT‑ovima i Komisiji i, slijedom toga, u zaključku prema kojem dopis s primjedbama koji je Komisija dostavila DRT‑u na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive nije odobrenje prijedloga mjere o kojem je riječ. Budući da se stoga prvi prigovor drugog dijela prvog žalbenog razloga temelji na pogrešnoj pretpostavci, treba ga odbiti kao neosnovan. Kao drugo, u dijelu u kojem svojim prigovorom iznesenim u točki 70. ove presude društvo VodafoneZiggo tvrdi da je, u svakom slučaju, s gledišta DRT‑ova, očito da Komisija treba odobriti prijedloge mjera, tako da u stvarnosti primjedbe dostavljene na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive proizvode obvezujuće pravne učinke odluke o odobrenju, valja istaknuti da je taj prigovor, poput prvog, u suprotnosti s naravi postupka utvrđenog u tom članku 7., koji, kako proizlazi iz analize prvog prigovora ovog dijela, ne predstavlja postupak odobrenja. Usto, praksa na koju se poziva društvo VodafoneZiggo odgovara samo primjeni rokova i pravila predviđenih u članku 7. Okvirne direktive od strane DRT‑ova i stoga se njome ne utvrđuje nikakva Komisijina obveza da djeluje na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive ili da odobri dostavljeni prijedlog mjere. Slijedom toga je taj drugi prigovor također neosnovan i drugi dio prvog žalbenog razloga stoga treba odbiti. Treći dio prvog žalbenog razloga – Argumentacija stranaka Trećim dijelom svojeg prvog žalbenog razloga društvo VodafoneZiggo tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je sporni akt okvalificirao kao „pripremni akt”. Najprije, za razliku od onog što je presuđeno u točkama 107. i 108. pobijanog rješenja, postoje dva različita upravna postupka, odnosno jedan na razini Unije, koji započinje obaviješću u skladu s člankom 7. stavkom 3. Okvirne direktive i okončava se donošenjem Komisijine odluke u skladu s tim stavkom 3. ili stavkom 4. istog članka, i jedan na nacionalnoj razini, koji je uređen nacionalnim pravom. Iako je okončanje upravnog postupka na razini Unije, prema mišljenju društva VodafoneZiggo, pravno nužno za nastavak nacionalnog postupka, taj postupak na razini Unije predstavlja postupak različit od onog koji se provodi na nacionalnoj razini. Naime, ta dva postupka uređena su različitim pravima, glavni sudionici su različiti i akt kojim se okončava postupak na razini Unije predstavlja konačno stajalište Komisije kao glavnog sudionika postupka na razini Unije. Stoga je kriterij koji proizlazi iz presuda od 11. studenoga 1981., IBM/Komisija ( 60/81 , EU:C:1981:264 ), i od 22. lipnja 2000., Nizozemska/Komisija ( C‑147/96 , EU:C:2000:335 ), ispunjen, s obzirom na to da je Komisija, time što je odbila pokrenuti istragu druge faze u skladu s tim stavkom 4., zauzela konačno stajalište kojim se okončava postupak na razini Unije i dopušta ACM‑u da nastavi postupak donošenja mjere. Nadalje, točke 109. i 111. pobijanog rješenja pravno su pogrešne jer je Opći sud u njima tvrdio da cilj primjenjivog regulatornog okvira nije uspostava podjele dviju nadležnosti, nego se njime DRT‑ovima jamči isključiva ovlast donošenja odluka koja je ograničena samo Komisijinim pravom veta. To pravo veta jamči da Komisija može provoditi nadzor nad svakim definiranjem tržišta i nad svakim postupkom analize tržišta iz članaka 15. i 16. Okvirne direktive. Stoga DRT‑ovi imaju ograničenu ovlast donošenja odluka jer moraju sastaviti svoje mjere tako da se na njih ne uloži takav veto. Pitanje je li Komisija iskoristila svoju ovlast veta u ovom slučaju nije relevantno s obzirom na to da samo postojanje te ovlasti dovodi do podjele dviju nadležnosti i razdvajanja dvaju upravnih postupaka. Naposljetku, u točki 112. pobijanog rješenja Opći sud pogrešno je smatrao da učinkovitost donošenja odluka predviđenog Okvirnom direktivom nužno pretpostavlja jedinstven sudski nadzor koji se provodi tek nakon što dotični DRT donese predviđene mjere. Posljedica nedopuštenosti tužbe za poništenje podnesene protiv dopisa s primjedbama na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive je sprečavanje svakog sudskog nadzora. Naime, kao što je to dokazano u okviru trećeg žalbenog razloga, ako Komisijinu odluku da ne uloži veto koji ima izuzmemo od sudskog nadzora, može doći do toga da se ta odluka jednostavno ne ispita, što bi ugrozilo cilj koji Opći sud nastoji postići jer tako postupak odlučivanja postaje manje učinkovit. Komisija tvrdi da taj dio žalbenog razloga nije osnovan. – Ocjena Suda Što se tiče prvog i drugog prigovora ovog dijela, usmjerenih protiv točaka 107. do 109. i 111. pobijanog rješenja, valja utvrditi da ih društvo VodafoneZiggo temelji na pretpostavci prema kojoj se postupak utvrđen u članku 7. Okvirne direktive sastoji od dvaju različitih upravnih postupaka, od kojih je jedan postupak odobravanja dostavljenog prijedloga mjere, koji se odvija na razini Unije, a Komisija ga nadzire. Međutim, iz analize drugog dijela ovog žalbenog razloga proizlazi da je ta pretpostavka pogrešna. Što se tiče trećeg prigovora ovog dijela, kojim društvo VodafoneZiggo kritizira točku 112. pobijanog rješenja, valja utvrditi da društvo VodafoneZiggo u prilog toj točki upućuje na argumentaciju koju je iznio u trećem žalbenom razlogu. S obzirom na prethodno navedeno, prva dva prigovora ovog dijela žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovane, a što se tiče trećeg prigovora, treba uputiti na analizu iz točaka 136. do 154. ove presude. Četvrti dio prvog žalbenog razloga – Argumentacija stranaka Četvrtim dijelom svojeg prvog žalbenog razloga društvo VodafoneZiggo tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava jer je u točki 88. pobijanog rješenja odstupio od Komisijine kvalifikacije spornog akta ističući da je uporaba izraza „odluka” u naslovu predmeta spornog akta neprikladna. Taj je akt zamišljen, predstavljen i oblikovan kao odluka i da, posljedično, proizvodi pravne učinke, kao što to proizlazi iz njegova naslova i koda dokumenta „C”. Izmjenom kvalifikacije koju je sama institucija dala stajalištu koje donosi, Opći sud prekoračio je svoju nadležnost u području sudskog nadzora. Usto, javni registar dokumenata koji se odnose na članke 7. i 7.a Okvirne direktive, koji vodi Komisija, otkriva da je Komisija dopise poslane na temelju njezina članka 7. stavka 3. stalno kvalificirala kao „odluke”. U svakom slučaju, s obzirom na to da ništa ne upućuje na to da je Komisija smatrala da je upotreba izraza „odluka” neprikladna, samo taj element treba biti relevantan za ocjenu njezinih namjera u pogledu pravnih učinaka spornog akta. Komisija tvrdi da taj dio žalbenog razloga treba odbiti kao neosnovan. – Ocjena Suda U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, kako bi se utvrdilo predstavlja li određeni akt „akt koji se može pobijati” u smislu članka 263. UFEU‑a, valja razmotriti samu bit tog akta, pri čemu je njegov oblik u načelu nevažan u tom pogledu. Stoga, u načelu, nema utjecaja na kvalifikaciju dotičnog akta ispunjava li on određene formalne zahtjeve niti je li određen kao „odluka” (vidjeti u tom smislu presude od 17. srpnja 2008., Athinaïki Techniki/Komisija, C‑521/06 P , EU:C:2008:422 , t. 43. i 44. i navedenu sudsku praksu i od 18. studenoga 2010., NDSHT/Komisija, C‑322/09 P , EU:C:2010:701 , t. 47. ). Nasuprot tomu, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točkama 46. i 47. ove presude, aktima koji se mogu pobijati u smislu članka 263. UFEU‑a smatraju se svi akti koje su donijele institucije Unije čiji je cilj proizvoditi obvezujuće pravne učinke, bez obzira na to u kojem su obliku, pri čemu se ti učinci moraju ocijeniti s obzirom na objektivne kriterije, poput sadržaja dotičnog akta, uzimajući u obzir, prema potrebi, kontekst njegova donošenja i ovlasti institucije autora. U ovom slučaju u točki 88. pobijanog rješenja Opći sud je, kao što to navodi društvo VodafoneZiggo, doista istaknuo da se izraz „odluka” rabio „u naslovu predmeta spornog akta”, pri čemu je ipak smatrao da se radi o „neprimjerenoj uporabi tog izraza”. Međutim, iz sudske prakse na koju se podsjeća u prethodnoj točki ove presude proizlazi da taj naslov – koji se uostalom nalazi, kao što je to Opći sud istaknuo u istoj točki, samo u predmetu spornog akta, u kojem se usto pojašnjava da je riječ o „[p]rimjedbama na temelju članka 7. stavka 3. [Okvirne direktive]” – nije presudan za ocjenu može li se sporni akt okvalificirati kao „akt koji se može pobijati” u smislu članka 263. UFEU‑a. Stoga Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava kada je u svojoj analizi sadržaja spornog akta, provedenoj u točkama 86. do 105. pobijanog rješenja, u biti odstupio od izraza upotrijebljenog u naslovu predmeta tog akta te je dao prednost njegovoj biti kako bi potkrijepio svoj zaključak prema kojem navedeni akt ne proizvodi obvezujuće pravne učinke. Stoga četvrti dio prvog žalbenog razloga treba odbiti. Peti dio prvog žalbenog razloga – Argumentacija stranaka Petim dijelom svojeg prvog žalbenog razloga društvo VodafoneZiggo tvrdi da Opći sud u točki 104. pobijanog rješenja nije opravdao svoju tvrdnju prema kojoj predmet spornog akta „ni[je] relevant[an] kad je riječ o pravnim učincima”. Kako bi se utvrdilo proizvodi li akt pravne učinke, potrebno je, među ostalim, ispitati njegovu bit i njegov sadržaj. Međutim, odobrenje mjere, koja je nesporno protivna primjenjivom pravnom okviru, kao što je mjera koju je u ovom slučaju predvidio ACM, ima jasnije pravne učinke od mjere čiji je sadržaj manje bitan, poput one o kojoj je bila riječ u predmetu u kojem je doneseno rješenje Općeg suda od 12. prosinca 2007., Vodafone España i Vodafone Group/Komisija ( T‑109/06 , EU:T:2007:384 ). Komisija tvrdi da ovaj dio žalbenog razloga nije osnovan. – Ocjena Suda U točki 104. pobijanog rješenja Opći sud naveo je da „[k]ao treće, i u svakom slučaju, valja napomenuti da razlike u predmetu Komisijinih komentara i postojanje odstupanja u odnosu na dokumente sa smjernicama, koje ističe [društvo VodafoneZiggo], nisu relevantni kad je riječ o pravnim učincima primjedbi koje su državnom regulatornom tijelu dostavljene u skladu s člankom 7. stavkom 3. Okvirne direktive”. Ta se točka nalazi u dijelu pobijanog rješenja, razrađenom u točkama 97. do 105. tog rješenja, u kojem se Opći sud izjasnio o argumentima koje je iznijelo društvo VodafoneZiggo kako bi u ovom slučaju postiglo isključenje primjene zaključaka iz rješenja od 12. prosinca 2007., Vodafone España i Vodafone Group/Komisija ( T‑109/06 , EU:T:2007:384 ). Tim je rješenjem Opći sud odbacio kao nedopuštenu tužbu za poništenje odluke navodno sadržane u dopisu Komisije upućenom DRT‑u na temelju članka 7. stavka 3. Direktive 2002/21, odredbe koja je u biti preuzeta u članku 7. stavku 3. Okvirne direktive. Kao što to proizlazi iz točke 98. pobijanog rješenja, društvo VodafoneZiggo je u tom kontekstu, među ostalim, tvrdilo da su primjedbe sadržane u tom dopisu, koje su se odnosile na ekonomsku analizu značajne tržišne snage, predstavljale manje presudne rezerve u pogledu prijedloga mjere koji je dostavio dotični DRT u tom predmetu nego primjedbe dostavljene u ovom slučaju, o definiciji tržišta i korektivnim mjerama koje je predvidio ACM. Prema mišljenju društva VodafoneZiggo, te razlike u pogledu predmeta primjedbi koje je Komisija iznijela u tim aktima opravdavaju razlikovanje ovog predmeta od onog u kojem je doneseno to rješenje od 12. prosinca 2007., Vodafone España i Vodafone Group/Komisija ( T‑109/06 , EU:T:2007:384 ). Stoga iz tumačenja cijelog pobijanog rješenja proizlazi da Opći sud u njegovoj točki 104. nije tvrdio da se bit ili sadržaj spornog akta može zanemariti kada se radi o ocjeni mogućih obvezujućih pravnih učinaka, nego je samo utvrdio da činjenica da se primjedbe koje su u njemu iznesene odnose na predmet različit od onog na koji su se odnosile primjedbe sadržane u dopisu o kojem je riječ u predmetu u kojem je doneseno rješenje od 12. prosinca 2007., Vodafone España i Vodafone Group/Komisija ( T‑109/06 , EU:T:2007:384 ), nije relevantna u tu svrhu s obzirom na to da su, usto, sadržaj i bit spornog akta ispitani u točkama 88. do 105. pobijanog rješenja. Budući da se taj peti dio ovog žalbenog razloga stoga temelji na pogrešnom tumačenju pobijanog rješenja, treba ga odbiti kao neosnovan. Stoga prvi žalbeni razlog valja odbiti u cijelosti. Drugi žalbeni razlog Argumentacija stranaka Društvo VodafoneZiggo svojim drugim žalbenim razlogom, koji dijeli na dva dijela, tvrdi da je Opći sud počinio postupovnu pogrešku propustivši odgovoriti na argumente koji su odlučujući za ishod spora jer oni, prema njegovu mišljenju, dokazuju mogućnost pobijanja spornog akta u smislu članka 263. UFEU‑a. Kao prvo, Opći sud nije odgovorio na njegov argument prema kojem je tim aktom društvo VodafoneZiggo lišeno mogućnosti da BEREC iznese primjedbe tijekom istrage iz članka 7. stavka 4. Okvirne direktive, u kojoj to tijelo ima važnu, dodatnu i drukčiju ulogu od one koju ima u okviru stavka 3. tog članka, što podrazumijeva uživanje postupovnih prava koja treba zaštititi. U točki 75. pobijanog rješenja Opći sud je samo tvrdio da takva istraga nije potrebna da bi se BEREC‑u omogućilo da iznese svoje stajalište. Međutim, argument koji je pred njim istaknut bio je taj da, čak i ako BEREC nije dužan podnijeti primjedbe na temelju tog članka 7. stavka 4., ta okolnost nije relevantna jer na postupovno pravo u pitanju već utječe to da je BEREC ab initio lišen svake mogućnosti podnošenja primjedbi na temelju te odredbe, što je slučaj kada Komisija donese akt na temelju stavka 3. navedenog članka. Kao drugo, Opći sud propustio je odgovoriti na argument prema kojem činjenica da je bio saslušan na nacionalnoj razini ili tijekom prve faze postupka na razini Unije ne može ispraviti činjenicu da sporni akt okončava priliku za saslušanje tijekom istrage provedene u skladu s člankom 7. stavkom 4. Okvirne direktive. U točki 68. pobijanog rješenja Opći sud je istaknuo da se odvijao nacionalni postupak rasprave i da se onaj na razini Unije odnosi isključivo na odnose između, s jedne strane, dotičnog državnog regulatornog tijela i, s druge strane, Komisije, drugih državnih regulatornih tijela i BEREC‑a. U točki 69. pobijanog rješenja ipak je priznao ustaljenu praksu Komisije koja se sastoji u pozivanju zainteresiranih strana da podnesu svoje primjedbe, iako je Okvirna direktiva na to ne obvezuje. Usto, svaka od tih mogućnosti može dovesti do drukčijeg ishoda postupka rasprave na razini Unije. Pobijano rješenje ništa ne govori u tom pogledu. Saslušavanje u kasnijim fazama, kao što je to slučaj u kontekstu žalbe podnesene na temelju članka 4. Okvirne direktive ili u okviru novog postupka rasprave, kao što to navodi Opći sud u točkama 70. i 71. pobijanog rješenja, može biti zakašnjelo za omogućavanje zaštite prava zainteresiranih strana. Komisija tvrdi da taj drugi žalbeni razlog nije osnovan. Ocjena Suda Budući da društvo VodafoneZiggo kritizira Opći sud jer nije odgovorio na dva argumenta koji su mu podneseni, valja utvrditi da tim drugim žalbenim razlogom društvo VodafoneZiggo prigovara Općem sudu da je povrijedio svoju obvezu obrazlaganja pobijanog rješenja. U skladu s ustaljenom sudskom praksom Suda, iz obrazloženja presude ili rješenja mora jasno i nedvosmisleno proizlaziti ocjena Općeg suda, tako da zainteresirane osobe mogu utvrditi razloge za donesenu odluku i da Sud može izvršavati sudski nadzor (presude od 8. svibnja 2013., Eni/Komisija, C‑508/11 P , EU:C:2013:289 , t. 74. i navedena sudska praksa i od 13. prosinca 2018., Europska unija/Kendrion, C‑150/17 P , EU:C:2018:1014 , t. 80. ). Obveza obrazlaganja koju ima Opći sud ipak ga ne obvezuje da cjelovito, stavku po stavku, obrazlaže svaki stav koji su iznijele stranke u postupku i to obrazloženje stoga može biti implicitno pod uvjetom da omogućava zainteresiranim strankama da saznaju razloge zbog kojih Opći sud nije prihvatio njihove argumente a Sudu da raspolaže s dovoljno elemenata za obavljanje sudskog nadzora (presude od 7. siječnja 2004., Aalborg Portland i dr./Komisija, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P i C‑219/00 P , EU:C:2004:6 , t. 372. i od 11. rujna 2014., MasterCard i dr./Komisija, C‑382/12 P , EU:C:2014:2201 , t. 189. ). U ovom slučaju, što se tiče, kao prvo, argumentacije iznesene u točki 109. ove presude, Opći sud je u točki 75. pobijanog rješenja naveo da „[p]rvo, […] otvaranje druge faze europskog postupka rasprave nije potrebno da bi se BEREC‑u omogućilo da iznese stajalište u pogledu prijedloga mjera, s obzirom na to da BEREC može, na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive, od prve faze dostaviti primjedbe dotičnom državnom regulatornom tijelu u jednakom roku od mjesec dana koji se bez razlike primjenjuje na državna regulatorna tijela i Komisiju”. Međutim, nije riječ o jedinoj točki pobijanog rješenja koja se odnosi na argumentaciju koju je društvo VodafoneZiggo iznijelo Općem sudu u vezi s navodnom relevantnosti uloge BEREC‑a u okviru članka 7. Okvirne direktive u svrhu ocjene dopuštenosti njegove tužbe, na što ukazuje upotreba riječi „prvo” na njezinu početku. Naime, tu je argumentaciju Opći sud ispitao u točkama 74. do 79. pobijanog rješenja. Tako je u točki 74. pobijanog rješenja Opći sud smatrao da je „točno da BEREC […] može sudjelovati u drugoj fazi europskog postupka rasprave, na temelju članka 7. stavka 5. […] Okvirne direktive[; m]eđutim, ta okolnost ne podrazumijeva postojanje […] postupovnih prava [društva VodafoneZiggo] koja, na temelju članka 263. UFEU‑a, treba zaštititi u okviru postupka”. U prilog tom razmatranju, osim utvrđenja iz točke 75. tog rješenja, Opći sud je u njegovoj točki 76. istaknuo da „[d]rugo, razlika za koju [društvo VodafoneZiggo] navodi da postoji između primjedbi koje BEREC može dati na prijedlog mjera u okviru prve faze europskog postupka rasprave i mišljenja koje to tijelo može iznijeti u okviru druge faze europskog postupka rasprave, na temelju članka 7. stavka 5. Okvirne direktive, bespredmetna je”. U tom je pogledu Opći sud u točki 77. navedenog rješenja pojasnio da je „točno […] da se BEREC‑ovo mišljenje u drugoj fazi europskog postupka rasprave odnosi na Komisijin akt kojim se otvara druga faza europskog postupka rasprave i rezerve izražene u njemu, a ne na sam prijedlog mjera, kao što je to slučaj u prvoj fazi[; m]eđutim, te dvije razmjene gledišta odnose se, in fine , na prijedlog mjera koje je stavilo na raspolaganje dotično državno regulatorno tijelo”. U točki 78. tog rješenja dodao je da „[z]bog istog razloga nije važno to što Komisija na temelju članka 7. stavka 5. Okvirne direktive treba ‚u najvećoj mjeri’ uzimati u obzir BEREC‑ovo mišljenje” i da „[o]sim toga, taj zahtjev nije relevantan, s obzirom na to da Komisija općenito treba ‚posebno vod[iti] računa o mišljenjima, preporukama, smjernicama, savjetima i najboljim regulatornim praksama koje usvoji BEREC’, u skladu s člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EZ) br. 1211/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) i Ureda ( SL 2009., L 337, str. 1 .) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 13., svezak 41., str. 210.)”. Iz toga je u toj istoj točki 78. zaključio da bi „[s]toga, kad bi BEREC Komisiji dao primjedbe u okviru prve faze europskog postupka rasprave, ona […] u svakom slučaju trebala posebno voditi o njima računa”. Opći sud je naposljetku u točki 79. pobijanog rješenja istaknuo da „[t]reće, sudjelovanje BEREC‑a, koji je institucionalno tijelo odvojeno od zainteresiranih strana, u okviru druge faze europskog postupka rasprave nije relevantno u pogledu zaštite navodnih tužiteljevih postupovnih prava”. Međutim, time je, a osobito razmatranjima iznesenima u točkama 76. do 78. pobijanog rješenja, Opći sud implicitno, ali nužno odbio argumentaciju društva VodafoneZiggo prema kojoj je zbog činjenice da je bilo lišeno mogućnosti da BEREC podnese primjedbe na temelju članka 7. stavka 4. Okvirne direktive moguće utvrditi zadiranje u postupovna prava koja sud Unije treba zaštititi. Naime, budući da to eventualno sudjelovanje BEREC‑a u fazi postupka iz članka 7. stavka 4. Okvirne direktive ne predstavlja, u skladu s tim točkama pobijanog rješenja, suštinsku razliku u odnosu na eventualno sudjelovanje tog tijela koje je predviđeno u stavku 3. tog članka, iz toga nužno proizlazi da je ta argumentacija odbijena jer se, prema mišljenju Općeg suda, nikakva „dodatna prednost” ne može pružiti zainteresiranoj strani sudjelovanjem BEREC‑a u eventualnoj drugoj fazi s obzirom na to da se, u svakom slučaju, to sudjelovanje ne razlikuje, po svojoj biti ni po svojim učincima, od sudjelovanja predviđenog u članku 7. stavku 3. Okvirne direktive. Slijedom toga, navodna povreda obveze obrazlaganja, navedena u točki 109. ove presude, nije utvrđena. Što se tiče, kao drugo, argumentacije iznesene u točki 110. ove presude, valja utvrditi da je Opći sud u točki 68. pobijanog rješenja istaknuo da se „europski postupak rasprave, kako je osmišljen Okvirnom direktivom, neovisno o tome je li riječ o prvoj ili drugoj fazi, odnosi isključivo na odnose između, s jedne strane, dotičnog državnog regulatornog tijela i, s druge strane, Komisije, drugih državnih regulatornih tijela i BEREC‑a s obzirom na to da se Okvirnom direktivom ne predviđa ništa u pogledu eventualnog sudjelovanja zainteresiranih strana na razini Unije”. Međutim, u točki 69. tog rješenja Opći sud nije, kao što to tvrdi društvo VodafoneZiggo, priznao ustaljenu praksu Komisije koja se sastoji u pozivanju zainteresiranih strana da podnesu svoje primjedbe, nego je naveo da, „iako [je] Komisija obično […] poziva[la] zainteresirane strane da podnesu svoje primjedbe, nijedna je odredba Okvirne direktive ne obvezuje da provede raspravu za zainteresirane strane na razini Unije te [Komisija] može dobiti uvid u primjedbe zainteresiranih strana prikupljene na nacionalnoj razini tijekom javne rasprave koja se provodi prije europskog postupka rasprave”. U tom je pogledu u točki 70. navedenog rješenja pojasnio da se „[k]ada se Okvirnom direktivom predviđa dodatno sudjelovanje zainteresiranih strana, zapravo […] u njezinu članku 7. stavku 6. […] predviđa da upravo dotično državno regulatorno tijelo provodi novu javnu raspravu na nacionalnoj razini, u skladu s člankom 6. Okvirne direktive”. Osim toga, u njegovim točkama 71. i 72. istaknuo je da „[u] pravnom okviru uspostavljenom Okvirnom direktivom mjere koje utječu na interese poduzetnika koji posluju u sektoru elektroničkih komunikacija donose državna regulatorna tijela na nacionalnoj razini, a ne Komisija, te se […] protiv njih mora moći podnijeti djelotvorno pravno sredstvo na nacionalnoj razini”, s obzirom na to da se postupovna prava zainteresiranih strana mogu tako zaštititi pred nacionalnim sudovima. S obzirom na prethodne elemente, ne može se smatrati da je Opći sud povrijedio svoju obvezu obrazlaganja odbijanja argumenta koji je iznijelo društvo VodafoneZiggo, prema kojem činjenica da je saslušano u okviru članka 6., članka 7. stavka 3. ili članka 4. Okvirne direktive ne može ispraviti nepostojanje mogućnosti saslušanja u okviru njezina članka 7. stavka 4. Naime, budući da Opći sud nije priznao da je praksa na koju se poziva društvo VodafoneZiggo dokazana jer je ona samo hipotetski navedena, te je osim toga utvrdio da se Okvirnom direktivom ne predviđa mogućnost da zainteresirane strane budu saslušane u okviru postupka rasprave i suradnje između DRT‑ova, Komisije i BEREC‑a iz njezina članka 7., iz toga nužno proizlazi da taj argument treba odbiti jer, zbog nepostojanja u tom smislu ikakvog prava predviđenog u tom članku 7., ne može biti riječ o njegovoj povredi donošenjem spornog akta. Slijedom toga, Opći sud o njemu nije trebao izričito odlučiti. Slijedom toga, navodna povreda obveze obrazlaganja, navedena u točki 110. ove presude, nije utvrđena i, s obzirom na to da nijedan od dvaju dijelova ovog žalbenog razloga nije osnovan, treba ga odbiti. Treći žalbeni razlog Argumentacija stranaka Svojim trećim žalbenim razlogom društvo VodafoneZiggo tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je presudio da njegovo temeljno pravo na djelotvornu sudsku zaštitu nije povrijeđeno činjenicom da je njegova tužba proglašena nedopuštenom, iako tumačenje Okvirne direktive koje je Opći sud dao u pobijanom rješenju stvara sukob između te direktive i članka 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima (u daljnjem tekstu: Povelja). Kao prvo, pretpostavke dopuštenosti predviđene UFEU‑om treba, prema sudskoj praksi Suda, tumačiti s obzirom na temeljno pravo na djelotvornu sudsku zaštitu. Međutim, Opći sud se u točki 114. pobijanog rješenja ograničio na tvrdnju da pravo na djelotvoran pravni lijek ne može isključiti pretpostavke dopuštenosti iz članka 263. UFEU‑a a da pritom nije objasnio kako je uskladio svoje utvrđenje nedopuštenosti s tom sudskom praksom. Kao drugo, za razliku od onog što je Opći sud presudio u točkama 115. i 116. pobijanog rješenja, mogućnost društva VodafoneZiggo da pokrene postupak pred nacionalnim sudom koji pak može podnijeti zahtjev za prethodnu odluku Sudu u ovom slučaju ne može otkloniti nepostojanje djelotvorne sudske zaštite na razini Unije. Takav sud nije nadležan za odlučivanje o spornom aktu, a također nije očito ni to da će pitati Sud o valjanosti takvog akta niti da je takvo pitanje dopušteno. Kao treće, mogućnost, koju je Opći sud istaknuo u točki 117. pobijanog rješenja, podnošenja tužbe protiv Komisijine odluke kojom ona ulaže veto na nacionalnu mjeru, ne odgovara na pitanje jesu li temeljna prava društva VodafoneZiggo povrijeđena kada se akt Komisije donesen na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive ne može pobijati na temelju članka 263. UFEU‑a. Kao četvrto, podnošenjem tužbe nacionalnom sudu protiv odluke ACM‑a ne omogućuje se ispravljanje nezakonitosti spornog akta. Nasuprot tomu, prepuštanje tog spora nacionalnim sudovima pogoršalo bi povredu prava društva VodafoneZiggo na djelotvoran pravni lijek. Opći sud nije, kada je u točkama 118. i 119. pobijanog rješenja tvrdio da takav sud može uputiti Sudu zahtjev za prethodnu odluku, uzeo u obzir argument društva VodafoneZiggo prema kojem velika važnost Komisijina akta u okviru nacionalnih postupaka može utjecati na rješenje nacionalnog spora, kao i na odluku tog suda o tome hoće li uputiti Sudu zahtjev za prethodnu odluku. Štoviše Opći sud je, tvrdeći u toj istoj točki 118. da ocjena koju provode nacionalni sudovi ne može dovesti do toga da se aktu koji je donijela institucija Unije pridaju obvezujući pravni učinci koji mu nisu priznati pravom Unije, ponovno zanemario to da uvjet koji se odnosi na postojanje obvezujućih pravnih učinaka treba tumačiti s obzirom na temeljna prava društva VodafoneZiggo. Komisija tvrdi ovaj žalbeni razlog nije osnovan. Ocjena Suda Budući da u tom trećem žalbenom razlogu kao i, u biti, u trećem prigovoru iz trećeg dijela svojeg prvog žalbenog razloga društvo VodafoneZiggo navodi, kao prvo, da Opći sud nije protumačio Okvirnu direktivu i, slijedom toga, nije ocijenio dopuštenost njegove tužbe s obzirom na njegovo temeljno pravo na djelotvornu sudsku zaštitu zajamčeno člankom 47. Povelje, čime je povrijedio taj članak, valja podsjetiti da taj članak 47. nema za cilj izmijeniti sustav sudskog nadzora predviđenog Ugovorima, a osobito ne pravila o dopuštenosti tužbi izravno podnesenih sudu Unije, kao što to također proizlazi iz objašnjenjâ uz taj članak 47., koja u skladu s člankom 6. stavkom 1. trećim podstavkom UEU‑a i člankom 52. stavkom 7. Povelje moraju biti uzeta u obzir prilikom njegova tumačenja (presude od 28. travnja 2015., T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisija, C‑456/13 P , EU:C:2015:284 , t. 43. i navedena sudska praksa i od 25. listopada 2017., Rumunjska/Komisija, C‑599/15 P , EU:C:2017:801 , t. 68. i navedena sudska praksa). Stoga, kao što je na to pravilno podsjetio Opći sud u točki 114. pobijanog rješenja, iako pretpostavke za dopuštenost iz članka 263. UFEU‑a treba tumačiti s obzirom na temeljno pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, ne smiju se pritom zanemariti pretpostavke izričito predviđene UFEU‑om (vidjeti u tom smislu presude od 28. travnja 2015., T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisija, C‑456/13 P , EU:C:2015:284 , t. 44. i navedenu sudsku praksu i od 13. ožujka 2018., Industrias Químicas del Vallés/Komisija, C‑244/16 P , EU:C:2018:177 , t. 101. ). Stoga tumačenje pojma „akt koji se može pobijati” u smislu članka 263. UFEU‑a, s obzirom na članak 47. Povelje ne može dovesti do uklanjanja tog uvjeta bez prekoračenja nadležnosti koje UFEU dodjeljuje sudovima Unije (vidjeti u tom smislu presude od 25. listopada 2017., Rumunjska/Komisija, C‑599/15 P , EU:C:2017:801 , t. 68. i navedenu sudsku praksu i od 9. srpnja 2020., Češka Republika/Komisija, C‑575/18 P , EU:C:2020:530 , t. 52. ). Međutim, upravo bi to bio slučaj kad bi se tužitelju poput društva VodafoneZiggo omogućilo podnošenje tužbe za poništenje akta koji nije akt koji se može pobijati, u smislu članka 263. UFEU‑a, jer on, s obzirom na kontekst u kojem je donesen, svoj sadržaj i pripremnu narav, ne proizvodi obvezujuće pravne učinke, kao što je to Opći sud u biti presudio u točkama 28. do 112. pobijanog rješenja, čiju pravnu osnovanost u okviru ovog žalbenog postupka društvo VodafoneZiggo ili nije osporilo ili nije uspjelo dokazati da je ona pravno pogrešna. Usto, iz pobijanog rješenja proizlazi da je Opći sud, za razliku od onog što tvrdi društvo VodafoneZiggo, dobro objasnio po čemu je njegovo utvrđenje prema kojem tužbu tog društva treba odbaciti kao nedopuštenu bilo spojivo s pravom na djelotvornu sudsku zaštitu zajamčenim člankom 47. Povelje. Naime, u točki 115. tog rješenja Opći sud istaknuo je da se člankom 4. Okvirne direktive države članice obvezuje da uspostave žalbeni mehanizam protiv odluka DRT‑ova, čime bi uredile cjelokupni sustav sudske zaštite, što je Sud, osim toga, već utvrdio (vidjeti u tom smislu presudu od 22. siječnja 2015., T‑Mobile Austria, C‑282/13 , EU:C:2015:24 , t. 33. i 34. i navedenu sudsku praksu). U tom je pogledu, s jedne strane, u točki 116. navedenog rješenja pojasnio da, kad je Komisijina uloga, kao u ovom slučaju, ograničena na dostavljanje primjedbi, u skladu s člankom 7. stavkom 3. Okvirne direktive, što u pravilu dovodi do donošenja odluke dotičnog državnog regulatornog tijela, postoji pravo na podnošenje žalbe protiv te odluke pred predmetnim nacionalnim sudom, koji onda može, u skladu s člankom 267. UFEU‑a, uputiti Sudu prethodna pitanja o regulatornom okviru Unije koji se primjenjuje na određenu situaciju, i, s druge strane, u točki 117. istog rješenja da, ako Komisija ostvaruje pravo veta na temelju članka 7. stavka 5. točke (a) Okvirne direktive, postupak, prema njegovu mišljenju, dovodi do donošenja akta Unije koji ima obvezujuće pravne učinke i stoga se u tom slučaju može pobijati pred sudom Unije na temelju članka 263. UFEU‑a. Stoga prvi prigovor ovog žalbenog razloga treba odbiti. Budući da društvo VodafoneZiggo navodi, kao drugo, da mu, za razliku od onog što je Opći sud presudio u točkama 115. i 116. pobijanog rješenja, mogućnost da nacionalni sud uputi zahtjev za prethodnu odluku Sudu ne jamči djelotvornu sudsku zaštitu na razini Unije, valja podsjetiti na to da sudski nadzor poštovanja pravnog poretka Unije, kao što to proizlazi iz članka 19. stavka 1. UEU‑a, ne osiguravaju samo Sud, nego i sudovi država članica. UFEU je u svojim člancima 263. i 277., s jedne strane, te u članku 267., s druge strane, ustanovio cjelovit sustav pravnih lijekova i postupaka kojima je cilj osigurati nadzor zakonitosti akata Unije povjeravajući ga sudu Unije (presude od 28. travnja 2015., T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisija, C‑456/13 P , EU:C:2015:284 , t. 45. i navedena sudska praksa i od 13. ožujka 2018., Industrias Químicas del Vallés/Komisija, C‑244/16 P , EU:C:2018:177 , t. 102. ). Štoviše, prethodni postupak za ocjenu valjanosti, kao i tužba za poništenje, predstavlja vrstu nadzora zakonitosti akata Unije (presude od 28. travnja 2015., T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisija, C‑456/13 P , EU:C:2015:284 , t. 47. i navedena sudska praksa i od 13. ožujka 2018., Industrias Químicas del Vallés/Komisija, C‑244/16 P , EU:C:2018:177 , t. 104. ). U tom pogledu važno je podsjetiti na to da, kad nacionalni sud smatra da su jedan ili više razloga nevaljanosti akta Unije na koje se pozovu stranke ili, ako je primjenjivo, na koje sud pazi po službenoj dužnosti, utemeljeni, taj sud mora prekinuti postupak i obratiti se Sudu putem postupka povodom prethodnog pitanja koje se tiče valjanosti, s obzirom na to da je Sud jedini nadležan za utvrđivanje nevaljanosti akta Unije (presude od 28. travnja 2015., T & L Sugars i Sidul Açúcares/Komisija, C‑456/13 P , EU:C:2015:284 , t. 48. i navedena sudska praksa i od 13. ožujka 2018., Industrias Químicas del Vallés/Komisija, C‑244/16 P , EU:C:2018:177 , t. 105. ), i da članak 267. UFEU‑a Sudu daje nadležnost za odlučivanje u prethodnom postupku o valjanosti i tumačenju akata institucija Unije, bez ikakve iznimke (presude od 13. prosinca 1989., Grimaldi, C‑322/88 , EU:C:1989:646 , t. 8. i od 20. veljače 2018., Belgija/Komisija, C‑16/16 P , EU:C:2018:79 , t. 44. ), pri čemu je Opći sud, usto, u točki 116. pobijanog rješenja podsjetio na tu potonju sudsku praksu. Društvo VodafoneZiggo ne može valjano utemeljiti svoje stajalište na okolnosti koju je iznijelo da nije sigurno da će nacionalni sud kojem je podnesena tužba protiv odluke DRT‑a donesene po okončanju postupka predviđenog člankom 7. Okvirne direktive Sudu uputiti prethodno pitanje. Točno je da nije dostatno da stranka smatra da se u postupku postavlja pitanje valjanosti prava Unije pa da dotični sud bude dužan smatrati da se pojavilo takvo pitanje u smislu članka 267. UFEU‑a. Konkretno, što se tiče sudova protiv čijih odluka prema nacionalnom pravu postoji pravni lijek, Sud je presudio da oni mogu ispitati valjanost pobijanog akta Unije i, ako ne ocijene da su razlozi nevaljanosti koje stranke pred njima ističu osnovani, odbiti te razloge zaključivši da je akt u potpunosti valjan. Naime, postupajući na taj način, oni ne dovode u pitanje postojanje akta Unije (vidjeti u tom smislu presudu od 10. siječnja 2006., IATA i ELFAA, C‑344/04 , EU:C:2006:10 , t. 28. i 29. i navedenu sudsku praksu). Nasuprot tomu, kao što to također proizlazi iz sudske prakse navedene u točki 144. ove presude, svaka stranka ima pravo u postupku pred nacionalnim sudom isticati nevaljanost akta Unije i zahtijevati od tog suda, koji sam po sebi nije nadležan utvrditi takvu nevaljanost, da s tim u vezi uputi Sudu prethodno pitanje (presuda od 27. studenoga 2012., Pringle, C‑370/12 , EU:C:2012:756 , t. 39. i navedena sudska praksa). Štoviše, okolnost da nacionalni sud ima ovlast odrediti pitanja koja postavlja Sudu neodvojivo je povezana sa sustavom pravnih sredstava koji se želi postići UFEU‑om i ne predstavlja argument koji može opravdati široko tumačenje pretpostavki dopuštenosti predviđenih člankom 263. UFEU‑a (vidjeti u tom smislu presudu od 21. svibnja 1987., Union Deutsche Lebensmittelwerke i dr./Komisija, 97/85 , EU:C:1987:243 , t. 12. ). Valja još istaknuti da se argumentacija koju je iznijelo društvo VodafoneZiggo svodi na nijekanje sposobnosti nacionalnih sudova da doprinesu poštovanju pravnog poretka Unije, iako je nesporno da sudski nadzor poštovanja tog pravnog poretka Unije, kao što proizlazi iz članka 19. stavka 1. UEU‑a i kao što se na to već podsjetilo u točki 143. ove presude, osiguravaju ne samo Sud nego i sudovi država članica, i da potonji, uz suradnju sa Sudom, obavljaju funkciju, koja im je svima dodijeljena, da osiguravaju poštovanje prava u tumačenju i primjeni Ugovorâ (vidjeti u tom smislu mišljenje 1/09 (Sporazum o stvaranju ujednačenog sustava rješavanja sporova koji se odnose na patente), od 8. ožujka 2011., EU:C:2011:123 , t. 66. i 69. i presudu od 3. listopada 2013., Inuit Tapiriit Kanatami i dr./Parlament i Vijeće, C‑583/11 P , EU:C:2013:625 , t. 90. i 99. ). Ta se argumentacija stoga ne može prihvatiti. S obzirom na te elemente, Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava kada je, u navedenim točkama 115. i 116., u biti utvrdio da mogućnost da društvo VodafoneZiggo pred nacionalnim sudom podnese tužbu protiv odluke DRT‑a koja je donesena nakon što je Komisija dostavila primjedbe na temelju članka 7. stavka 3. Okvirne direktive jamči da se njegovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu, u smislu članka 47. Povelje, poštuje, iako je njegova tužba za poništenje spornog akta podnesena pred Općim sudom bila nedopuštena. Kao treće, što se tiče prigovora izloženog u točki 133. ove presude, dovoljno je istaknuti da je, za razliku od onog što tvrdi društvo VodafoneZiggo, Opći sud odlučio o tome je li njegovo pravo na djelotvornu sudsku zaštitu povrijeđeno zbog nedopuštenosti njegove tužbe podnesene Općem sudu i da je, kao što to proizlazi iz točaka 136. do 150. ove presude, pravilno presudio da to nije tako, što, među ostalim, dokazuje točka 117. pobijanog rješenja koja se pobija u okviru tog trećeg prigovora s obzirom na to da ta točka, čiji je sadržaj iznesen u točki 141. ove presude, dopunjuje predstavljanje cjelovitog sustava sudske zaštite koji organizira Okvirna direktiva. Taj prigovor stoga nije osnovan. Kao četvrto, što se tiče prigovora navedenog u točki 134. ove presude, valja istaknuti da društvo VodafoneZiggo, u dijelu u kojem kritizira točku 118. pobijanog rješenja, ponovno, u biti, tvrdi da je Opći sud počinio pogrešku koja se tiče prava time što je smatrao da zahtjev za prethodnu odluku predviđen člankom 267. UFEU‑a doprinosi jamstvu njegova prava na djelotvornu sudsku zaštitu, iako nije zajamčeno aktiviranje takvog zahtjeva. Međutim, kao što to također proizlazi iz točaka 136. do 150. ove presude, Opći sud nije počinio pogrešku koja se tiče prava u tom pogledu. Osim toga, u dijelu u kojem se društvo VodafoneZiggo tim prigovorom poziva na točku 119. pobijanog rješenja, dovoljno je istaknuti da je ta točka podredno navedena i da je stoga taj prigovor u tom dijelu u svakom slučaju bespredmetan, u skladu sa sudskom praksom navedenom u točki 62. ove presude. Stoga treći žalbeni razlog treba u cijelosti odbiti, kao i treći prigovor trećeg dijela prvog žalbenog razloga. Budući da nijedan žalbeni razlog na koji se društvo VodafoneZiggo pozvalo u prilog svojoj žalbi nije prihvaćen, žalbu valja odbiti u cijelosti. Troškovi U skladu s člankom 184. stavkom 2. Poslovnika Suda, kada žalba nije osnovana, Sud odlučuje o troškovima. U skladu s člankom 138. stavkom 1. te uredbe, koji se na temelju njezina članka 184. stavka 1. primjenjuje na žalbeni postupak, stranka koja ne uspije u postupku dužna je, na zahtjev protivne stranke, snositi troškove. Budući da je Komisija postavila zahtjev da se društvu VodafoneZiggo naloži snošenje troškova i da ono nije uspjelo u postupku, valja mu naložiti snošenje troškova. Slijedom navedenoga, Sud (deseto vijeće) proglašava i presuđuje: 1. Žalba se odbija. 2. Društvu VodafoneZiggo Group BV se nalaže snošenje troškova. Potpisi ( *1 ) Jezik postupka: engleski

62007TJ0050

nl

Verzoek tot gedeeltelijke nietigverklaring van beschikking 2006/932/EG van de Commissie van 14 december 2006 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie‑ en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht (PB L 355, blz. 96), voor zover daarbij bepaalde uitgaven van de Portugese Republiek in de sector akkerbouwgewassen (durumtarwe) van communautaire financiering worden uitgesloten Dictum 1) Beschikking 2006/932/EG van de Commissie van 14 december 2006 houdende onttrekking aan communautaire financiering van bepaalde uitgaven die de lidstaten voor het Europees Oriëntatie‑ en Garantiefonds voor de Landbouw (EOGFL), afdeling Garantie, hebben verricht, wordt nietig verklaard voor zover daarbij bepaalde uitgaven die de Portugese Republiek tijdens het verkoopseizoen 2003 in de sector akkerbouwgewassen (durumtarwe) heeft gedaan, worden uitgesloten. 2) Het beroep wordt voor het overige verworpen. 3) Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

62020CJ0405

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 157 TEUF, protokol (nr. 33) ad artikel 157 TEUF, der er knyttet som bilag til EUF-traktaten (herefter »protokol nr. 33«), artikel 5 og 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv ( EUT 2006, L 204, s. 23 ). Denne anmodning er blevet indgivet i forbindelse med tre tvister mellem henholdsvis EB, JS og DP, på den ene side, og Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB) (sygekasse for tjenestemænd og andre offentligt ansatte, jernbaner og minedrift, Østrig), på den anden side, vedrørende den årlige tilpasning af deres alderspensioner. Retsforskrifter EU-retten Protokol nr. 33 bestemmer: »Med henblik på anvendelsen af artikel 157 [TEUF] skal ydelser i medfør af en erhvervstilknyttet social sikringsordning ikke anses for løn, hvis og i det omfang de kan henføres til beskæftigelsesperioder, der ligger forud for den 17. maj 1990, undtagen for arbejdstagere eller deres ydelsesberettigede pårørende, der inden denne dato har anlagt søgsmål eller indbragt en dertil svarende klage i overensstemmelse med den relevante nationale ret.« Artikel 1 i direktiv 2006/54 har følgende ordlyd: »Dette direktiv har til formål at sikre gennemførelsen af princippet om lige muligheder for og lige behandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv. I det øjemed indeholder det bestemmelser til gennemførelse af princippet om ligebehandling for så vidt angår: […] c) erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. […]« Direktivets artikel 2, stk. 1, bestemmer: »I dette direktiv forstås ved: a) »direkte forskelsbehandling«: at en person behandles ringere på grund af køn, end en anden bliver, er blevet eller ville blive behandlet i en tilsvarende situation b) »indirekte forskelsbehandling«: at en tilsyneladende neutral bestemmelse, betingelse eller praksis stiller personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, medmindre den pågældende bestemmelse, betingelse eller praksis er objektivt begrundet i et legitimt mål, og midlerne til at opfylde det er hensigtsmæssige og nødvendige […] f) »erhvervstilknyttede sikringsordninger«: ordninger, der ikke er omfattet af Rådets direktiv 79/7/EØF af 19. december 1978 om gradvis gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til social sikring [( EFT 1979, L 6, s. 24 )], og som har til formål at sikre arbejdere, uanset om de er lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende, inden for en virksomhed eller en gruppe af virksomheder, inden for en erhvervsgren eller inden for en faglig eller tværfaglig branche, ydelser, som skal supplere ydelserne fra de lovbestemte sociale sikringsordninger eller træde i stedet for disse, uanset om medlemskab af disse ordninger er obligatorisk.« Direktivets artikel 3 med overskriften »Positive foranstaltninger« bestemmer: »Medlemsstaterne kan opretholde eller vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med […] artikel 157, stk. 4, [TEUF] for i praksis at sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder på arbejdsmarkedet.« Kapitel 2 med overskriften »Ligebehandling i forbindelse med de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger« i afsnit II i samme direktiv indeholder bl.a. direktivets artikel 5 og 12. Artikel 5 i direktiv 2006/54 med overskriften »Forbud mod forskelsbehandling« har følgende ordlyd: »Uden at artikel 4 tilsidesættes, må der ikke finde nogen direkte eller indirekte forskelsbehandling sted på grundlag af køn i forbindelse med de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, især for så vidt angår: a) anvendelsesområdet for sådanne ordninger samt betingelserne for adgang til disse b) bidragspligten og beregningen af bidrag c) beregningen af ydelserne, herunder ægtefælle- eller forsørgertillæg, og betingelserne for varigheden og bevarelsen af retten til ydelserne.« Direktivets artikel 12 med overskriften »Tilbagevirkende kraft« bestemmer: »1.   Enhver gennemførelsesforanstaltning til dette kapitel, for så vidt angår arbejdstagere, skal dække alle ydelser i medfør af erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, der kan henregnes til beskæftigelsesperioder efter den 17. maj 1990 og har tilbagevirkende kraft til denne dato, medmindre arbejdstagerne eller deres ydelsesberettigede pårørende inden denne dato har anlagt søgsmål eller indgivet en dertil svarende administrativ klage i overensstemmelse med national lovgivning. I så fald har gennemførelsesforanstaltningerne tilbagevirkende kraft til den 8. april 1976 og dækker alle ydelser, der kan henregnes til beskæftigelsesperioder efter denne dato. For de medlemsstater, der har tiltrådt [Unionen] efter den 8. april 1976, men før den 17. maj 1990, erstattes denne dato af den dato, på hvilken traktatens artikel [157 TEUF] blev gældende på deres område. 2.   Andet punktum i stk. 1 er ikke til hinder for, at de nationale regler om søgsmålsfrister i nationale retsforhold kan gøres gældende over for arbejdstagere eller deres ydelsesberettigede pårørende, som havde anlagt søgsmål eller indgivet en dertil svarende administrativ klage i overensstemmelse med national lovgivning inden den 17. maj 1990, forudsat at disse regler ikke er mindre gunstige for søgsmål af denne art end for tilsvarende nationale søgsmål, og at de ikke i praksis gør det umuligt at udøve rettigheder tillagt i henhold til [EU-]retten. 3.   For de medlemsstater, der har tiltrådt [Unionen] efter den 17. maj 1990, og som den 1. januar 1994 var kontraherende parter i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, ændres datoen den 17. maj 1990 i stk. 1, første punktum, til den 1. januar 1994. 4.   For de øvrige medlemsstater, hvis tiltrædelse [af Unionen] fandt sted efter den 17. maj 1990, ændres datoen den 17. maj 1990 i stk. 1 og 2 til den dato, på hvilken [artikel 157 TEUF] blev gældende på deres område.« Østrigsk ret § 41 i Bundesgesetz über die Pensionsansprüche der Bundesbeamten, ihrer Hinterbliebenen und Angehörigen (Pensionsgesetz 1965) (forbundslov om pensionsrettigheder for føderale tjenestemænd, deres efterkommere og familiemedlemmer (lov om pension af 1965)) af 18. november 1965 (BGBl., nr. 340/1965) i den affattelse, der var gældende på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen (herefter »PG 1965«), bestemmer: »[…] (2)   Alderspensioner og efterladtepensioner, der skal udbetales i henhold til denne lov […], skal tilpasses på samme tid og i samme omfang som pensionerne i medfør af den lovbestemte pensionsforsikring. 1. når pensionsretten allerede bestod inden den 1. januar i det pågældende år […] (4)   Den metode til tilpasning af pensioner, der er fastsat i § 711 [i Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (lov om social sikring, herefter »ASVG«)] for kalenderåret 2018, finder analog anvendelse […]. I tilfælde af en stigning i henhold til ASVG’s § 711, stk. 1, nr. 2, tilskrives det samlede beløb alderspensionen eller efterladtepensionen.« ASVG’s § 108f i den affattelse, der fandt anvendelse på tidspunktet for de faktiske omstændigheder i hovedsagen, bestemmer følgende: »(1)   Forbundsministeren for social sikring, generationsspørgsmål og forbrugerbeskyttelse fastsætter reguleringsfaktoren for hvert kalenderår under hensyn til referenceværdien. (2)   Referenceværdien er fastsat således, at den forhøjelse af pensionerne, der følger af tilpasningen med referenceværdien, skal svare til stigningen i forbrugerpriserne i overensstemmelse med stk. 3. Den rundes op til tre decimaler. (3)   Stigningen i forbrugerpriserne fastlægges på grundlag af den gennemsnitlige stigning i 12 kalendermåneder indtil juli måned i det år, der går forud for reguleringsåret, idet der tages udgangspunkt i forbrugerprisindekset for 2000 eller ethvert andet indeks, der måtte have erstattet det. Med henblik herpå skal der beregnes et aritmetisk gennemsnit af de inflationssatser, som Statistik Austria [det østrigske statistiske kontor] offentliggør for beregningsperioden.« ASVG’s § 108h har følgende ordlyd: »(1)   Med virkning pr. 1. januar hvert år a) skal alle pensioner fra pensionsforsikringen, for hvilke skæringsdagen (§ 223, stk. 2) ligger før den 1. januar det pågældende år […] multipliceres med reguleringsfaktoren. […] (2)   Den i stk. 1 omhandlede regulering sker på grundlag af den pension, der er erhvervet i henhold til de bestemmelser, der var gældende pr. 31. december det foregående år […]« ASVG’s § 711 bestemmer følgende: »(1)   Uanset § 108h, stk. 1, første punktum, og § 108h, stk. 2, skal pensionsforhøjelsen for kalenderåret 2018 ikke ske med reguleringsfaktoren, men som følger: Den samlede pensionsindkomst (stk. 2) skal forhøjes, 1. hvis den ikke overstiger 1500 EUR pr. måned, med 2,2% 2. hvis den ikke overstiger 2000 EUR pr. måned, med 33 EUR 3. hvis den ligger mellem 2000 EUR og 3355 EUR pr. måned, med 1,6% 4. hvis den ligger mellem 3355 EUR og 4980 EUR pr. måned, med en procentsats, der i det nævnte interval falder lineært fra 1,6% til 0%. Overstiger den samlede pensionsindkomst 4980 EUR, forhøjes denne ikke. […]« Tvisten i hovedsagen og de præjudicielle spørgsmål Sagsøgerne i hovedsagen, EB, JS og DP, er tre mandlige personer født før 1955, som har arbejdet som føderale tjenestemænd i Østrig. De gik på pension i henholdsvis 2000, 2013 og 2006. I 2017 var deres månedlige alderspension 6872,43 EUR brutto for førstnævntes vedkommende, 4676,48 EUR for den andens vedkommende og 5713,22 EUR for den tredjes vedkommende. Sagsøgerne i hovedsagen anmodede hver især BVAEB om en regulering af deres alderspension med virkning fra den 1. januar 2018. BVAEB fastslog, at EB’s og DP’s pensioner ikke skulle tilpasses, da de lå over loftet på 4980 EUR om måneden som fastsat i ASVG’s § 711, stk. 1. JS’ alderspensions blev tilpasset med en forhøjelse på 0,2989%. Sagsøgerne i hovedsagen anlagde hver især sag ved Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager, Østrig), og gjorde gældende, at § 41, stk. 4, i PG 1965, sammenholdt med ASVG’s § 711, stk. 1, nr. 4, sidste punktum, der for to af deres vedkommende fuldstændig, og for den tredjes vedkommende næsten fuldstændig – på grund af deres alderspensionsbeløb – berøver dem retten til en regulering af pensionen, medfører en indirekte forskelsbehandling på grund af køn af dem, som er i strid med EU-retten. Til støtte for deres søgsmål gjorde sagsøgerne i hovedsagen gældende, at den nationale lovgivning om tilpasning af pensioner, der fandt anvendelse på dem, siden 1995 ikke var ophørt med at være til skade for deres situation, og at de højere pensioner i perioden 2001-2017 kun var blevet tilpasset i ringe omfang. De gjorde endvidere gældende, at den omhandlede lovgivning udgjorde en indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn, og fremlagde i denne forbindelse en statistisk analyse, hvoraf det fremgik, at ud af modtagerne af alderspension i henhold til PG 1965 med et månedligt beløb på over 4980 EUR udgjorde 8417 mænd og 1040 kvinder, mens antallet af modtagere af en føderal tjenestemandspension udgjorde 79491 mænd og 22470 kvinder. Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager) forkastede sagsøgerne i hovedsagens søgsmål, idet den fandt, at der forelå begrundelser, der gjorde det muligt at forkaste argumentet om forskelsbehandling på grundlag af køn. Hvad alene angik EB og DP fastslog Bundesverwaltungsgericht ligeledes, at det var ubestridt, at langt flere mænd end kvinder var omfattet af § 41, stk. 4, i PG 1965, sammenholdt med ASVG’s 711, stk. 1, sidste punktum. Sagsøgerne i hovedsagen iværksatte revisionsappel til prøvelse af disse afgørelser ved Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstol, Østrig). Den forelæggende ret er af den opfattelse, at de alderspensioner, som sagsøgerne i hovedsagen modtager i henhold til PG 1965, er omfattet af anvendelsesområdet for artikel 157 TEUF, protokol nr. 33 og artikel 12 i direktiv 2006/54, eftersom de er født før 1955. Den forelæggende ret ønsker således for det første oplyst, om sagsøgerne i hovedsagens søgsmål påvirkes af den tidsmæssig begrænsning af kravet om ligebehandling af mænd og kvinder i henhold til denne protokol og den nævnte artikel i direktiv 2006/54, der for Republikken Østrig vedrører perioden før den 1. januar 1994. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at selv om denne begrænsning måtte anses for at finde anvendelse på ydelseselementer såsom den af sagsøgerne i hovedsagen anfægtede årlige tilpasning af alderspensionerne, selv om der alene er tale om en delvis tilpasning i forhold til de arbejdsperioder, som de har udført efter den 1. januar 1994, taler Domstolens praksis, der bl.a. følger af dom af 6. oktober 1993, Ten Oever ( C-109/91 , EU:C:1993:833 ), for en fortolkning, hvorefter den nævnte begrænsning ikke finder anvendelse på en sådan tilpasning og ikke kan forhindre sagsøgerne i hovedsagen i at påberåbe sig kravet om ligebehandling af mænd og kvinder. Den forelæggende ret har i denne henseende for det andet anført, at den omhandlede nationale lovgivning indebærer, at føderale tjenestemænd, der i henhold til PG 1965 oppebærer en månedlig bruttopension over et vist beløb, i modsætning til personer, der modtager en lavere pension, ikke eller næsten ikke har fået tilpasset deres pension for 2018. Et sådant ufordelagtigt forhold kan udgøre en forskelsbehandling på grundlag af køn, hvis det påvirker langt flere mænd end kvinder. Den forelæggende ret har præciseret, at den årlige tilpasning af pensionerne siden 1997 ikke har fulgt udviklingen i lønnen for tjenestemænd i aktiv tjeneste, men derimod som følge af henvisningen i § 41 i PG 1965 til ASVG inflationsraten, der har til formål at opretholde modtagernes købekraft. Selv om denne ordning er blevet udformet således, at den finder generel og langsigtet anvendelse, har den østrigske lovgiver regelmæssigt benyttet sig af muligheden for i visse år at vedtage regler, der fraviger den almindelige indeksering af alderspensionerne i forhold til inflationssatsen. Hvad angår tilpasningen af pensionerne for 2018 har den forelæggende ret anført, at den østrigske regering har begrundet denne undtagelse med henvisning til et socialt element. BVAEB har ligeledes påberåbt sig dette sociale element som begrundelse for en eventuel indirekte forskelsbehandling, idet BVAEB har gjort gældende, dels at anvendelsen af en fast procentsats meget hurtigt vil resultere i en »uberettiget kløft« mellem pensionsniveauerne, dels at de højere pensioner kan tåle en ringere tilpasning, uden at det går ud over pensionernes værdi eller levefoden for modtagerne heraf, og at en sådan tilpasning af hensyn til statens finansiering af justeringerne i deres helhed derfor ikke er uacceptabel, men påkrævet af hensyn til solidariteten. Den forelæggende ret er imidlertid i tvivl om, hvorvidt disse hensyn kan begrunde en eventuel indirekte forskelsbehandling, og om de krav, der følger af proportionalitetsprincippet, er opfyldt. Den forelæggende ret er navnlig i tvivl om, hvorvidt den nationale lovgivning om tilpasning af de omhandlede pensioner er nødvendig, hensigtsmæssig og sammenhængende. Den i lovgivningen omhandlede foranstaltning er begrænset til pensionsmodtagere og desuden til visse kategorier af pensionsmodtagere, selv om der findes andre passendende socialpolitiske redskaber, såsom progressiv indkomstbeskatning, overførselsindkomster og andre skattefinansierede bistandsydelse. I henhold til national ret befinder de føderale tjenestemænd, der er omfattet af § 41 i PG 1965, sig i en særlig situation, som adskiller dem fra modtagerne af pensioner, der er omfattet af reglerne om social sikring, såsom ASVG. Disse tjenestemænds alderspensioner skal nemlig ifølge Verfassungsgerichtshofs (forfatningsdomstol, Østrig) anses for en offentligretlig aflønning i et livslang ansættelsesforhold, der skal betragtes som kompensation for tro og aktiv tjeneste. De pensioner, der udbetales i henhold til de sociale sikringsordninger, er baseret på princippet om finansiering via bidrag, og de udbetales af et forsikringsorgan, mens de bidrag, der betales af tjenestemænd i aktiv tjeneste, betales til statens budget, og grundlaget for PG 1965 er ikke det samme som grundlaget for førstnævnte ordning. Den forelæggende ret har endvidere bemærket, at den nationale lovgiver ikke har truffet en lignende foranstaltning om »social kompensation« til fordel for tjenestemænd i aktiv tjeneste, eftersom disse i 2018 med henblik på at drage fordel af den økonomiske vækst fik en lønstigning, der var højere end inflationen uden degressiv regulering. Lovgiver har heller ikke ladet de alderspensioner, der udbetales i henhold til andre erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger, f.eks. private, være omfattet af samme ordning om tilpasning, med undtagelse af en begrænset kategori af pensioner, der udbetales af virksomheder med tilknytning til staten. Denne ret ønsker ligeledes oplyst, om der ved undersøgelsen af forholdsmæssigheden og sammenhængen af den påståede diskriminerende foranstaltning skal tages hensyn til den omstændighed, at den ikke var enkeltstående, eftersom sagsøgerne i hovedsagen har påberåbt sig de kumulative virkninger af de forskellige pensionstilpasningsforanstaltninger, som er vedtaget, efter at de gik på pension. Endelig har den forelæggende ret påpeget, at Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager) har anført, at den ugunstige behandling, som pensionister, der modtager den højere pension, og som for størstedelens vedkommende er mænd, udsættes for, skal undersøges i lyset af den omstændighed, at kvinder historisk set er blevet ringere stillet, dvs. har været underrepræsenteret i stillinger, der er bedre lønnede. Den forelæggende ret er ligeledes i tvivl om, hvilke konsekvenser der skal drages af en sådan konstatering for så vidt angår hovedsagerne. På denne baggrund har Verwaltungsgerichtshof (forvaltningsdomstol) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Skal begrænsningen af det tidsmæssige anvendelsesområde for kravet om ligebehandling af mænd og kvinder i henhold til [dom af 17. maj 1990, Barber, C-262/88 , EU:C:1990:209 ] og i henhold til protokol nr. 33 […] og artikel 12 i [direktiv 2006/54] fortolkes således, at en (østrigsk) pensionsmodtager ikke retmæssigt eller kun (delvist) for så vidt angår den del af kravet, der vedrører ansættelsesperioder, som ligger efter den 1. januar 1994, kan påberåbe sig kravet om ligebehandling for at gøre gældende, at lovgivning som den i hovedsagen anvendte om en regulering af tjenestemandspensioner, som blev fastsat for året 2018, har medført en forskelsbehandling af vedkommende? 2) Skal kravet om ligebehandling af mænd og kvinder (i henhold til artikel 157 TEUF, sammenholdt med artikel 5 i direktiv 2006/54) fortolkes således, at en indirekte forskelsbehandling som den, der – muligvis – følger af den lovgivning om pensionsreguleringen af 2018, som finder anvendelse i hovedsagen, også under hensyntagen til allerede tidligere fastsatte lignende foranstaltninger og det betydelige tab, som er forårsaget af den kumulative virkning af disse foranstaltninger, i forhold til en inflationsbetinget regulering af pensionernes realværdi (i det foreliggende tilfælde på 25%), er begrundet, navnlig – for at forhindre en »kløft« mellem højere og lavere pensioner (som vil opstå i tilfælde af en regelmæssig regulering med en enhedssats), selv om denne vil være rent nominel og ikke ændre forholdet mellem beløbene – for at gennemføre et generelt »socialt element« i form af en styrkelse af købekraften for modtagere af lavere pensioner, selv om a) dette formål også vil kunne opfyldes uden at begrænse reguleringen af højere pensioner, og b) lovgiver ikke på samme måde har fastsat en sådan foranstaltning med henblik på også at styrke købekraften ved inflationsreguleringen af lavere tjenestemandslønninger (til ugunst for reguleringen af højere tjenestemandslønninger) og heller ikke har vedtaget lovgivning om et sammenligneligt indgreb i reguleringen af værdien af pensioner i medfør af andre erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger (uden statslig deltagelse) for at opnå en styrkelse af købekraften for lavere pensioner (til ugunst for reguleringen af højere pensioner) – for at bevare og finansiere »ordningen«, selv om tjenestemandspensionerne ikke skyldes af et forsikringsselskab i henhold til en forsikringsmæssigt organiseret og bidragsfinansieret ordning, men derimod af forbundsstaten som de pensionerede tjenestemænds arbejdsgiver som løn for udført arbejde, og det afgørende dermed ikke er bevarelsen eller finansieringen af en ordning, men i sidste ende kun budgetmæssige overvejelser – fordi det udgør en selvstændig begrundelse, eller fordi det (forud herfor) på forhånd kan udelukkes, at der er tale om indirekte forskelsbehandling på grund af køn som omhandlet i direktiv 2006/54 til skade for mænd, hvis det forhold, at mænd statistisk er berørt i væsentligt højere grad inden for gruppen af modtagere af højere pensioner, kan tilskrives, at kvinder især i fortiden typisk ikke havde lige muligheder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv, eller – fordi lovgivningen er lovlig som en positiv foranstaltning som omhandlet i artikel 157, stk. 4, TEUF?« Om de præjudicielle spørgsmål Det første spørgsmål Med sit første spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om protokol nr. 33 og artikel 12 i direktiv 2006/54 skal fortolkes således, at den tidsmæssige begrænsning af virkningerne af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i disse bestemmelser finder anvendelse på en national lovgivning om en årlig tilpasning af alderspensioner, der udbetales i henhold til en erhvervstilknyttet social sikringsordning, og som finder anvendelse efter den i disse bestemmelser omhandlede dato. Det skal indledningsvis bemærkes, at artikel 157 TEUF fastsætter princippet om lige løn til mænd og kvinder for samme arbejde eller arbejde af samme værdi. Hvad angår direktiv 2006/54 indeholder dette, som det fremgår af dets artikel 1, bestemmelser til gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, bl.a. for så vidt angår erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger. Som det fremgår af anmodningen om præjudiciel afgørelse, og som Domstolen allerede har fastslået, er en alderspension som den, der udbetales til østrigske føderale tjenestemænd i henhold til PG 1965, for det første omfattet af begrebet »løn« som omhandlet i artikel 157 TEUF, for så vidt som dens størrelse afhænger af tjenesteperioder, sammenlignelige perioder og den løn, som tjenestemanden oppebar, og for så vidt som denne pension udgør en fremtidig udbetaling i penge, der udbetales af arbejdsgiveren til dennes ansatte, som en direkte følge af sidstnævntes ansættelsesforhold. Denne pension anses i national ret nemlig for en løn, der fortsat udbetales i forbindelse med et tjenesteforhold, som fortsætter, efter at tjenestemanden er gået på pension (jf. i denne retning dom af 21.1.2015, Felber, C-529/13 , EU:C:2015:20 , præmis ). For det andet udbetales en sådan pension fra en »erhvervstilknyttet social sikringsordning« som omhandlet i artikel 2, stk. 1, litra f), i direktiv 2006/54, som skal sikre arbejdstagerne inden for en given faglig branche ydelser, der skal træde i stedet for ydelser fra en lovbestemt social sikringsordning. De føderale tjenestemænd i Østrig er således som følge af deres tjenestemandsansættelse ved forbundsstaten udelukket fra den pensionsforsikringsordning, som blev indført ved ASVG, for så vidt som deres ansættelsesforhold giver dem en ret til tilsvarende ydelser ved alderdom som denne pensionsforsikringsordning (jf. i denne retning dom af 16.6.2016, Lesar, C-159/15 , EU:C:2016:451 , præmis ). Det skal for det første bemærkes, at det fremgår af ordlyden af protokol nr. 33, at med henblik på anvendelsen af artikel 157 TEUF skal ydelser i medfør af en »erhvervstilknyttet social sikringsordning« ikke anses for løn, hvis og i det omfang de kan henføres til beskæftigelsesperioder, der ligger »forud for« den 17. maj 1990. Det samme gælder for ordlyden af artikel 12, stk. 1, i direktiv 2006/54, som bestemmer, at »alle« ydelser i medfør af sådanne ordninger, der kan henregnes til beskæftigelsesperioder »efter« denne dato, er omfattet af gennemførelsesforanstaltningerne til bestemmelserne i dette direktivs afsnit II, kapitel 2, vedrørende ligebehandling i de nævnte ordninger. Da den begrænsning af de tidsmæssige virkninger af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, der er fastsat i disse bestemmelser, udgør en undtagelse til den almindelige regel i EUF-traktaten, skal der anlægges en streng fortolkning heraf. Det skal for det andet bemærkes, at ordlyden af protokol nr. 33 er identisk med ordlyden af protokol (nr. 17) om artikel 141 EF, der er knyttet som bilag til EF-traktaten, og som har en klar sammenhæng med dom af 17. maj 1990, Barber ( C-262/88 , EU:C:1990:209 ), eftersom de navnlig henviser til datoen for afsigelsen af denne dom. Som Domstolen har udtalt i dom af 6. oktober 1993, Ten Oever ( C-109/91 , EU:C:1993:833 ), kan den direkte virkning af EØF-traktatens artikel 119 (efter ændring artikel 141, nu artikel 157 TEUF) i kraft af dom af 17. maj 1990, Barber ( C-262/88 EU:C:1990:209 ), kun påberåbes til støtte for krav om ligebehandling med hensyn til erhvervstilknyttede pensioner for så vidt angår ydelser, der vedrører beskæftigelsesperioder efter den 17. maj 1990, som er datoen for afsigelsen af den nævnte dom, medmindre arbejdstagerne eller disses ydelsesberettigede pårørende forinden har anlagt sag eller rejst en tilsvarende administrativ klage i henhold til den nationale lovgivning, der finder anvendelse (dom af 23.10.2003, Schönheit og Becker, C-4/02 og C-5/02 , EU:C:2003:583 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Bydende retssikkerhedshensyn er nemlig til hinder for, at der rejses tvivl om retsforhold, hvis virkninger allerede er udtømt, når dette kan bevirke, at ligevægten i en række af disse pensionsordninger forstyrres med tilbagevirkende kraft (jf. i denne retning dom af 23.10.2003, Schönheit og Becker, C-4/02 og C-5/02 , EU:C:2003:583 , præmis ). Denne begrænsning er gentaget i protokol nr. 33 og fremgår ligeledes af artikel 12, stk. 1, i direktiv 2006/54. For så vidt angår Republikken Østrig er den skæringsdato, der er omhandlet i dom af 17. maj 1990, Barber ( C-262/88 , EU:C:1990:209 ), i henhold til dette direktivs artikel 12, stk. 3, blevet erstattet af datoen den 1. januar 1994. Det skal for det tredje bemærkes, at princippet om lige løn til mænd og kvinder som omhandlet i artikel 157 TEUF er et af Unionens grundlæggende principper. I øvrigt bemærkes, at Unionen i henhold til artikel 3, stk. 3, andet afsnit, TEU bl.a. fremmer ligestilling mellem mænd og kvinder, og at det i artikel 23 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder bestemmes, at der skal sikres ligestilling mellem kvinder og mænd på alle områder, herunder i forbindelse med beskæftigelse, arbejde og løn (jf. i denne retning dom af 3.6.2021, Tesco Stores, C-624/19 , EU:C:2021:429 , præmis og og den deri nævnte retspraksis). I det foreliggende tilfælde fremgår det af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at den årlige tilpasning af alderspensioner, der er fastsat i den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning for 2018, beregnes på grundlag af størrelsen af den alderspension, som modtageren oppebar i det foregående år, og som der allerede var optjent ret til, således at tilpasningen sker degressivt for helt at ophøre over et vist beløb. Den nævnte tilpasning beror desuden ikke på tidspunktet for den pågældende modtagers beskæftigelsesperioder eller vedkommendes medlemskab. Sagsøgerne i hovedsagen har for den forelæggende ret alene påberåbt sig en tilsidesættelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i forhold til denne nationale lovgivning, der ikke har tilbagevirkende kraft. Sidstnævnte gik i øvrigt på pension efter den 1. januar 1994 og modtager en pension, med hensyn til hvilken de hverken bestrider begyndelsesdatoen eller det oprindeligt fastsatte beløb. De rejser heller ikke tvivl om størrelsen af deres pension i tilknytning til de tidligere foretagne udbetalinger eller i tilknytning til beskæftigelsesperioder, der er tilbagelagt før den 1. januar 1994. Henset til de betragtninger, der i det væsentlige er anført i denne doms præmis 39-32, skal protokol nr. 33 og artikel 12 i direktiv 2006/54 imidlertid ikke fortolkes således, at den begrænsning af de tidsmæssige virkninger af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder, der er fastsat i disse bestemmelser, finder anvendelse på en årlig tilpasning af alderspensioner, eftersom en sådan ordning ikke indebærer, at erhvervede rettigheder eller udbetalinger, der er foretaget før den i disse bestemmelser fastsatte skæringsdato, drages i tvivl. Det følger heraf, at denne begrænsning i det foreliggende tilfælde ikke kan gøres gældende over for sagsøgerne i hovedsagen for så vidt angår en årlig tilpasning af alderspensioner som den, der i den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning alene er fastsat for 2018. Henset til det ovenstående skal det første spørgsmål besvares med, at protokol nr. 33 og artikel 12 i direktiv 2006/54 skal fortolkes således, at den tidsmæssige begrænsning af virkningerne af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i disse bestemmelser ikke finder anvendelse på en national lovgivning om en årlig tilpasning af alderspensioner, der udbetales i henhold til en erhvervstilknyttet social sikringsordning, og som finder anvendelse efter den i disse bestemmelser omhandlede dato. Det andet spørgsmål Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 157 TEUF og artikel 5 i direktiv 2006/54 skal fortolkes således, at bestemmelserne er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter en årlig degressiv tilpasning af nationale tjenestemænds alderspension i forhold til størrelsen af pensionsbeløbet med en fuldstændig mangel på tilpasning ud over et vist pensionsbeløb. Dette direktivs artikel 5, litra c), forbyder enhver form for direkte eller indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn i forbindelse med de erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger for så vidt angår beregningen af ydelserne. Det skal indledningsvis fastslås, at en national lovgivning som den i hovedsagen omhandlede ikke indebærer direkte forskelsbehandling, da den finder anvendelse uden forskel på mandlige og kvindelige arbejdstagere. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt en sådan lovgivning medfører en indirekte forskelsbehandling som defineret i dette direktivs artikel 2, stk. 1, litra b), fremgår det af anmodningen om præjudiciel afgørelse, at i henhold til § 41, stk. 4, i PG 1965, sammenholdt med § 711, stk. 1, i ASVG, stilles østrigske føderale tjenestemænd, som modtager en månedlig alderspension over et vist beløb, ringere end tjenestemænd med en lavere alderspension, eftersom de førstnævntes pension ikke, eller kun i begrænset omfang, er blevet forhøjet. Den omhandlede lovgivning indfører således en forskelsbehandling mellem østrigske føderale tjenestemænd efter et tilsyneladende neutralt kriterium, nemlig størrelsen af deres pension. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt denne forskelsbehandling stiller personer af det ene køn særlig ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn, har den forelæggende ret anført, at det på grundlag af de oplysninger, som sagsøgerne i hovedsagen har fremlagt, og de af Bundesverwaltungsgericht (forbundsdomstol i forvaltningsretlige sager) fastslåede forhold ikke kan udelukkes, at betingelserne for indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn ud fra et statistisk synspunkt er opfyldt. Hvad nærmere bestemt angår to af sagsøgerne i hovedsagen er det ubestridt, at langt flere mænd end kvinder er omfattet af § 41, stk. 4, i PG 1965, sammenholdt med ASVG’s § 711, stk. 1, sidste punktum, for så vidt det overvejende er mænd, der er repræsenteret i kategorien af personer, der modtager pensioner, som overstiger det i den omhandlede lovgivning fastsatte maksimum. Domstolen har i denne forbindelse fastslået, at en sådan særlig ufordelagtig situation navnlig foreligger, såfremt det kan påvises, at en national lovgivning stiller en betydelig større andel af personer af det ene køn ufordelagtigt i forhold til personer af det andet køn (jf. i denne retning dom af 24.9.2020, YS (Arbejdsmarkedspension for ledende personale), C-223/19 , EU:C:2020:753 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Det tilkommer den nationale instans at vurdere de faktiske omstændigheder, der giver anledning til at formode, at der er sket indirekte forskelsbehandling, i overensstemmelse med national lovgivning eller praksis, som navnlig kan give mulighed for på grundlag af statistisk materiale eller på enhver anden måde at fastslå, hvorvidt der foreligger indirekte forskelsbehandling. Det tilkommer således denne retsinstans at vurdere, om det statistiske materiale, som er fremlagt for den vedrørende arbejdstagernes situation, kan tillægges gyldighed og tages i betragtning, det vil navnlig sige, om det er udtryk for tilfældige eller kortvarige omstændigheder, og om det viser sig at være væsentligt (dom af 24.9.2020, YS (Arbejdsmarkedspension for ledende personale), C-223/19 , EU:C:2020:753 , præmis og og den deri nævnte retspraksis). Hvis de statistiske oplysninger, som den forelæggende ret kan tage hensyn til, faktisk skulle vise, at procentdelen af arbejdstagere af det ene køn påvirkes væsentligt hårdere af den pågældende nationale lovgivning end arbejdstagere af det andet køn, der ligeledes er omfattet af denne lovgivnings anvendelsesområde, må det antages, at en sådan situation indebærer en indirekte forskelsbehandling på grundlag af køn, som er i strid med artikel 5, litra c), i direktiv 2006/54, medmindre den nævnte lovgivning er begrundet i objektive forhold, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn (jf. i denne retning dom af 6.12.2007, Voß, C-300/06 , EU:C:2007:757 , præmis og den deri nævnte retspraksis, og af 24.9.2020, YS (Arbejdsmarkedspension for ledende personale), C-223/19 , EU:C:2020:753 , præmis ). I dette tilfælde vil det dernæst tilkomme den nævnte ret at undersøge, i hvilket omfang en sådan forskelsbehandling ikke desto mindre kan begrundes i forhold, der intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn, således som det følger af artikel 2, stk. 1, litra b), i direktiv 2006/54. Det skal i denne forbindelse bemærkes, at det fremgår af Domstolens praksis, at dette navnlig er tilfældet, hvis de valgte midler tjener til at opfylde et lovligt socialpolitisk mål, er egnede til at nå det med den pågældende lovgivning forfulgte mål og er nødvendige hertil, når sådanne midler kun kan anses for at være egnede til at sikre det angivne mål, såfremt de reelt opfylder hensynet om at nå målet på en sammenhængende og systematisk måde (jf. i denne retning dom af 17.7.2014, Leone, C-173/13 , EU:C:2014:2090 , præmis og , og af 24.9.2020, YS (Arbejdsmarkedspension for ledende personale), C-223/19 , EU:C:2020:753 , præmis ). Domstolen har endvidere udtalt, at medlemsstaterne ved valget af de foranstaltninger, hvormed målene for deres social- og beskæftigelsespolitik kan realiseres, råder over et vidt skøn (dom af 24.9.2020, YS (Arbejdsmarkedspension for ledende personale), C-223/19 , EU:C:2020:753 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Det fremgår ligeledes af Domstolens praksis, at selv om det i sidste instans tilkommer den nationale ret, som er enekompetent til at vurdere de faktiske omstændigheder og til at fortolke den nationale lovgivning, at afgøre, om og i hvilket omfang den omtvistede lovbestemmelse er berettiget af et sådant objektivt forhold, er Domstolen, der har til opgave at give den nationale ret et hensigtsmæssigt svar, kompetent til at vejlede denne ret på en sådan måde, at denne kan træffe afgørelse (jf. i denne retning dom af 24.9.2020, YS (Arbejdsmarkedspension for ledende personale), C-223/19 , EU:C:2020:753 , præmis ). I det foreliggende tilfælde fremgår det af de sagsakter, der er fremlagt for Domstolen, at den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning har til formål at bevare pensionsmodtagernes købekraft ved i kraft af en »social kompensation« at styrke de lavere pensioner i forhold til de højeste pensioner, undgå en udbredt forskel mellem de pågældende pensioner og sikre deres bæredygtige finansiering. Det følger af Domstolens praksis, at selv om budgetmæssige hensyn ikke kan begrunde en forskelsbehandling, der forfordeler et af kønnene, kan formålene om at sikre en bæredygtig finansiering af alderspensioner og mindske forskellene i den pension, der finansieres af staten, derimod anses for lovlige socialpolitiske formål, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grund af køn (jf. i denne retning dom af 24.9.2020, YS (Arbejdsmarkedspension for ledende personale), C-223/19 , EU:C:2020:753 , præmis , og af 21.1.2021, INSS, C-843/19 , EU:C:2021:55 , præmis ). Det følger heraf, at den i hovedsagen omhandlede lovgivning forfølger lovlige socialpolitiske formål, som intet har at gøre med forskelsbehandling på grundlag af køn. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt denne lovgivning opfylder de krav om proportionalitet, der er nævnt i denne doms præmis 53, og navnlig for så vidt angår dens hensigtsmæssighed, fremgår det af de oplysninger, som Domstolen råder over, at den alene gør det muligt at forhøje gennemsnitlige eller lave alderspensioner, samtidig med at det bl.a. sikres, at de laveste pensioner forhøjes mere end inflationen, at finansieringen af pensionerne er bæredygtig, og at forskellene mellem pensionerne mindskes. Som påpeget af den forelæggende ret ændrer en indeksering af alderspensionerne i forhold til inflationssatsen ikke i sig selv niveauforskellene mellem de forskellige pensioner, og forskellen mellem disse består fortsat ud fra matematisk synspunkt. Prisstigninger påvirker imidlertid i højere grad levefoden for modtagere af en lav alderspension. For så vidt som den i hovedsagen omhandlede lovgivning kun rammer pensioner over et vist beløb, er den desuden medvirkende til, at sådanne pensioner tilnærmes de lavere pensioner. Hvad angår spørgsmålet om, hvorvidt denne lovgivning er gennemført på en sammenhængende og systematisk måde, skal det bemærkes, således som det fremgår af anmodningen om præjudiciel afgørelse og af den østrigske regerings skriftlige indlæg, at den ikke kun finder anvendelse på alle alderspensioner for tjenestemænd, men også på modtagere af alderspensioner, der udbetales i henhold til såvel erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger i virksomheder, der er underlagt statslig kontrol, som den lovbestemte pensionsforsikring, der er fastsat i ASVG. Den årlige tilpasning af de i hovedsagen omhandlede pensioner finder således anvendelse på samtlige modtagere af statslige pensioner, hvilket det imidlertid tilkommer den forelæggende ret at efterprøve. Henset til det vide skøn, som medlemsstaterne råder over ved valget af de foranstaltninger, der kan opfylde deres social- og beskæftigelsespolitiske mål, og som der er henvist til i denne doms præmis 54, påvirkes sammenhængen i gennemførelsen af tilpasningsforanstaltningen ikke af den omstændighed alene, at der allerede er etableret andre specifikke socialpolitiske redskaber, som tilsigter at nå målet om at støtte beskedne indtægter. Det samme gælder den omstændighed, at hverken pensioner under de private erhvervstilknyttede sociale sikringsordninger eller lønnen til tjenestemænd i aktiv tjeneste er blevet tilpasset. Hvad for det første angår disse private ordninger afhænger de – med forbehold af den forelæggende rets efterprøvelse – ikke af staten. Hvad for det andet angår tjenestemænd i aktiv tjeneste fremgår det ligeledes af anmodningen om præjudiciel afgørelse og af den østrigske regerings skriftlige indlæg, at selv om deres udnævnelse i henhold til national ret skaber en livslang beskæftigelse, og at deres alderspension svarer til løn, som udbetales af staten som kompensation for aktiv tjeneste, fremgår det ligeledes af anmodningen om præjudiciel afgørelse og af den østrigske regerings skriftlige indlæg, at pensionsordningen for tjenestemænd i de seneste ca. 20 år har været genstand for forskellige ændringer med henblik på en tilpasning til ASVG’s ordning. Navnlig er tilpasningen af deres pensioner ikke længere en følge af udviklingen i de aktive tjenestemænds løn, men i princippet af inflationsraten, således som det er tilfældet med de pensioner, der udbetales i henhold til sidstnævnte ordning. Henset til de formål, der forfølges med den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning, synes pensionerede tjenestemænd og tjenestemænd i aktiv tjeneste i øvrigt ikke at befinde sig i en sammenlignelig situation, idet formålet bl.a. er at reducere forskellen mellem alderspensionerne for at undgå, at der i tidens løb skabes en kløft mellem disse pensioners størrelse, som gør det nødvendigt at sondre mellem forvaltningen af de pågældende pensioner og lønnen. Den omstændighed, at tjenestemænds alderspensioner ikke udbetales af et forsikringsselskab, som de har betalt bidrag til, men direkte af staten, synes heller ikke at være afgørende med hensyn til det mål om en bæredygtig finansiering af alderspensionerne og nedbringelse af forskellene mellem pensionsniveauerne, som blev forfulgt af den østrigske lovgiver med vedtagelsen af den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning. Endvidere udgør en tilpasning af pensionerne ikke en ydelse, der udgør en modydelse for indbetalte bidrag (jf. i denne retning dom af 20.10.2011, Brachner, C-123/10 , EU:C:2011:675 , præmis ). Denne lovgivning er således gennemført på en systematisk og sammenhængende måde med forbehold for den efterprøvelse, som det tilkommer den forelæggende ret at foretage i denne henseende. Den går heller ikke videre end, hvad der er nødvendigt for at nå de tilstræbte mål. Sagsøgerne i hovedsagen har ganske vist påberåbt sig et betydelige tab af deres pensioner i forhold til, hvis deres pensioner hvert år, siden de blev pensioneret, i henhold til national ret var blevet tilpasset med inflationsraten. Det skal imidlertid påpeges, at den i hovedsagen omhandlede nationale lovgivning tager hensyn til de berørte personers bidragsevne. De begrænsninger i forhøjelsen af pensionerne, der er fastsat i ASVG’s § 711, som § 41, stk. 4, i PG 1965 henviser til, afhænger nemlig af størrelsen af de tilkendte ydelser, og en sådan forhøjelse er kun udelukket for så vidt angår de højeste pensioner. Under disse omstændigheder er det ikke nødvendigt at prøve, om disse begrænsninger kan begrundes i henhold til artikel 157, stk. 4, TEUF eller artikel 3 i direktiv 2006/54. Det skal under alle omstændigheder bemærkes, at i henhold til Domstolens praksis finder disse bestemmelser ikke anvendelse på en national lovgivning, hvis det omhandlede pensionstillæg begrænser sig til at tildele kvinder en højere pension uden at afhjælpe de problemer, kvinderne kan møde i løbet af deres karriere, og når dette tillæg ikke efter sin art ses at kunne kompensere for de ulemper, som kvinder er udsat for, ved at støtte dem i denne karriere og således sikre fuld ligestilling mellem mænd og kvinder i praksis på arbejdsmarkedet (jf. i denne retning dom af 12.12.2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Pensionstillæg til mødre), C-450/18 , EU:C:2019:1075 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Henset til samtlige disse forhold skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 157 TEUF og artikel 5, litra c), i direktiv 2006/54 skal fortolkes således, at bestemmelserne ikke er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter en årlig degressiv tilpasning af nationale tjenestemænds alderspension i forhold til størrelsen af pensionsbeløbet med en fuldstændig mangel på tilpasning ud over et vist pensionsbeløb, for det tilfælde, at denne nationale lovgivning stiller en betydelig større andel af mandlige pensionsmodtagere ufordelagtigt i forhold til kvindelige pensionsmodtagere, forudsat at denne lovgivning på en sammenhængende og systematisk måde forfølger formålene om at sikre en bæredygtig finansiering af alderspensioner og mindske forskellene i den pension, der finansieres af staten, og at den ikke er mere vidtgående end nødvendigt for at nå disse mål. Sagsomkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagernes parter udgør et led i de sager, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Første Afdeling) for ret: 1) Protokol (nr. 33) ad artikel 157 TEUF, der er knyttet som bilag til EUF-traktaten, og artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 om gennemførelse af princippet om lige muligheder for og ligebehandling af mænd og kvinder i forbindelse med beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at den tidsmæssige begrænsning af virkningerne af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder i disse bestemmelser ikke finder anvendelse på en national lovgivning om en årlig tilpasning af alderspensioner, der udbetales i henhold til en erhvervstilknyttet social sikringsordning, og som finder anvendelse efter den i disse bestemmelser omhandlede dato. 2) Artikel 157 TEUF og artikel 5, litra c), i direktiv 2006/54 skal fortolkes således, at bestemmelserne ikke er til hinder for en national lovgivning, der fastsætter en årlig degressiv tilpasning af nationale tjenestemænds alderspension i forhold til størrelsen af pensionsbeløbet med en fuldstændig mangel på tilpasning ud over et vist pensionsbeløb, for det tilfælde, at denne nationale lovgivning stiller en betydelig større andel af mandlige pensionsmodtagere ufordelagtigt i forhold til kvindelige pensionsmodtagere, forudsat at denne lovgivning på en sammenhængende og systematisk måde forfølger formålene om at sikre en bæredygtig finansiering af alderspensioner og mindske forskellene i den pension, der finansieres af staten, og at den ikke er mere vidtgående end nødvendigt for at nå disse mål. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: tysk.

62015CJ0499

de

Das Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Auslegung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 ( ABl. 2003, L 338, S. 1 ). Es ergeht im Rahmen eines Rechtsstreits zwischen W und V (im Folgenden: Kind V) auf der einen und X auf der anderen Seite betreffend die elterliche Verantwortung und die Unterhaltspflichten. Rechtlicher Rahmen Verordnung Nr. 2201/2003 Der zwölfte Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 2201/2003 lautet: „Die in dieser Verordnung für die elterliche Verantwortung festgelegten Zuständigkeitsvorschriften wurden dem Wohle des Kindes entsprechend und insbesondere nach dem Kriterium der räumlichen Nähe ausgestaltet. Die Zuständigkeit sollte vorzugsweise dem Mitgliedstaat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes vorbehalten sein außer in bestimmten Fällen, in denen sich der Aufenthaltsort des Kindes geändert hat oder in denen die Träger der elterlichen Verantwortung etwas anderes vereinbart haben.“ Art. 2 („Begriffsbestimmungen“) der Verordnung sieht vor: „Für die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck … 7. ‚elterliche Verantwortung‘ die gesamten Rechte und Pflichten, die einer natürlichen oder juristischen Person durch Entscheidung oder kraft Gesetzes oder durch eine rechtlich verbindliche Vereinbarung betreffend die Person oder das Vermögen eines Kindes übertragen wurden. Elterliche Verantwortung umfasst insbesondere das Sorge- und das Umgangsrecht; …“ Art. 8 („Allgemeine Zuständigkeit“) der Verordnung bestimmt: „(1)   Für Entscheidungen, die die elterliche Verantwortung betreffen, sind die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Kind zum Zeitpunkt der Antragstellung seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. (2)   Absatz 1 findet vorbehaltlich der Artikel 9, 10 und 12 Anwendung.“ Art. 12 („Vereinbarung über die Zuständigkeit“) der Verordnung bestimmt in den Abs. 1 und 2: „(1)   Die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem nach Artikel 3 über einen Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe zu entscheiden ist, sind für alle Entscheidungen zuständig, die die mit diesem Antrag verbundene elterliche Verantwortung betreffen, wenn … b) die Zuständigkeit der betreffenden Gerichte von den Ehegatten oder von den Trägern der elterlichen Verantwortung zum Zeitpunkt der Anrufung des Gerichts ausdrücklich oder auf andere eindeutige Weise anerkannt wurde und im Einklang mit dem Wohl des Kindes steht. (2)   Die Zuständigkeit gemäß Absatz 1 endet, a) sobald die stattgebende oder abweisende Entscheidung über den Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe rechtskräftig geworden ist, b) oder in den Fällen, in denen zu dem unter Buchstabe a) genannten Zeitpunkt noch ein Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung anhängig ist, sobald die Entscheidung in diesem Verfahren rechtskräftig geworden ist, c) oder sobald die unter den Buchstaben a) und b) genannten Verfahren aus einem anderen Grund beendet worden sind.“ Art. 14 („Restzuständigkeit“) der Verordnung Nr. 2201/2003 bestimmt: „Soweit sich aus den Artikeln 8 bis 13 keine Zuständigkeit eines Gerichts eines Mitgliedstaats ergibt, bestimmt sich die Zuständigkeit in jedem Mitgliedstaat nach dem Recht dieses Staates.“ Verordnung (EG) Nr. 4/2009 Art. 3 („Allgemeine Bestimmungen“) der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen ( ABl. 2009, L 7, S. 1 ) sieht vor: „Zuständig für Entscheidungen in Unterhaltssachen in den Mitgliedstaaten ist a) das Gericht des Ortes, an dem der Beklagte seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder b) das Gericht des Ortes, an dem die berechtigte Person ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat, oder c) das Gericht, das nach seinem Recht für ein Verfahren in Bezug auf den Personenstand zuständig ist, wenn in der Nebensache zu diesem Verfahren über eine Unterhaltssache zu entscheiden ist, es sei denn, diese Zuständigkeit begründet sich einzig auf der Staatsangehörigkeit einer der Parteien, oder d) das Gericht, das nach seinem Recht für ein Verfahren in Bezug auf die elterliche Verantwortung zuständig ist, wenn in der Nebensache zu diesem Verfahren über eine Unterhaltssache zu entscheiden ist, es sei denn, diese Zuständigkeit beruht einzig auf der Staatsangehörigkeit einer der Parteien.“ Sachverhalt des Ausgangsverfahrens und Vorlagefrage W, litauischer Staatsangehöriger, und X, niederländische und argentinische Staatsangehörige, schlossen am 9. Dezember 2003 in den Vereinigten Staaten die Ehe. Es handelt sich hierbei um den Vater und die Mutter des Kindes V, das am 20. April 2006 in den Niederlanden geboren wurde. Das Kind V besitzt die litauische und die italienische Staatsbürgerschaft. Es hat nie in Litauen gelebt und Litauen auch nie besucht. W, X und das Kind V lebten von 2004 bis 2006 in den Niederlanden. Nach einem kurzen Aufenthalt in Italien zogen sie im Jahr 2007 nach Kanada. W und X leben seit Dezember 2010 getrennt. Im Juli 2011 verzog X mit dem Kind V nach Italien. Im November 2011 reiste sie mit dem Kind in die Niederlande, wo die beiden ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. W dagegen hat seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Litauen. X reichte bei einem kanadischen Gericht die Scheidung ein. Das kanadische Gericht erließ ab Mai 2011 mehrere Beschlüsse, darunter einen Beschluss vom 17. April 2012, mit dem die Ehe zwischen W und X geschieden und X das alleinige Sorgerecht für das Kind V zugesprochen wurde. Die Beschlüsse des kanadischen Gerichts wurden allerdings weder von den litauischen noch von den in weiterer Folge angerufenen niederländischen Gerichten anerkannt. Die Entscheidungen der litauischen Gerichte vor dem Ausgangsverfahren Am 18. April 2011 erhob W beim Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Gericht des 1. Bezirks der Stadt Vilnius, Litauen) gegen X Klage, mit der er die Scheidung wegen Verschuldens von X begehrte und beantragte, zu bestimmen, dass das Kind V seinen Aufenthaltsort bei ihm haben solle. Am 28. April 2011 gab das Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas (Gericht des 1. Bezirks der Stadt Vilnius) dem Antrag von W auf Erlass einer einstweiligen Anordnung statt und bestimmte, dass das Kind V für die Dauer der Prüfung der Rechtssache bei W leben solle. Unter Berufung auf diese Anordnung beantragte W am 3. Juli 2012 beim Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht der Stadt Vilnius) im Rahmen einer Klage wegen Kindesentführung, die Rückgabe des Kindes V anzuordnen. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Die einstweilige Anordnung vom 28. April 2011 wurde in weiterer Folge durch eine sofort durchführbare Entscheidung des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht der Stadt Vilnius) aufgehoben. Diese Entscheidung wurde in der Berufungsinstanz bestätigt. Daraufhin legte W Kassationsbeschwerde ein, die aber für unzulässig erklärt wurde. Mit Urteil des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht der Stadt Vilnius) vom 8. Oktober 2013 wurde die Ehe zwischen W und X geschieden. Zudem wurde entschieden, dass das Kind V seinen Aufenthaltsort bei X haben solle, sowie die Umgangsregelung für W und die Höhe des Unterhalts festgelegt, den W für das Kind V zu zahlen habe. Dieses Urteil wurde mit Entscheidung des Vilniaus apygardos teismas (Regionalgericht Vilnius, Litauen) vom 30. Mai 2014 bestätigt. Mit Beschluss vom 8. September 2014 entschied der Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof von Litauen), die von W eingelegte Kassationsbeschwerde nicht zuzulassen. Die Entscheidungen der niederländischen Gerichte vor dem Ausgangsverfahren Mit Entscheidung vom 29. Januar 2014 verurteilte die Rechtbank Overijssel (Gericht Overijssel, Niederlande) W zur Zahlung von Unterhalt an X in Höhe von 4323 Euro monatlich ab dem 18. Mai 2012 und an das Kind V in Höhe von 567 Euro monatlich für die Zeit vom 27. Juni 2011 bis zum 1. November 2011, danach – für die Zeit ab dem 2. November 2011 – in Höhe von 790 Euro, wobei diese Beträge jährlich – beginnend ab dem 1. Januar 2013 – überprüft wurden. Mit Entscheidung vom 22. August 2014 sprach dieses Gericht X das alleinige Sorgerecht für das Kind V zu. Es merkte an, dass nach niederländischem Recht einem Elternteil das alleinige Sorgerecht übertragen werden könne, wenn ein unvertretbares Risiko bestehe, dass das Kind aufgrund von Meinungsverschiedenheiten der Eltern leiden könnte und in naher Zukunft keine Aussicht auf ausreichende Verbesserungen bestehe, oder wenn eine Änderung der Sorgerechtsregelung aus sonstigen Gründen im Hinblick auf das Wohl des Kindes erforderlich sei. Anerkennung und Vollstreckung der erlassenen Entscheidungen Mit Entscheidung vom 31. Oktober 2014 lehnte es die Rechtbank Overijssel (Gericht Overijssel) ab, das Urteil des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht der Stadt Vilnius) vom 8. Oktober 2013 in den Niederlanden anzuerkennen und für vollstreckbar zu erklären, soweit darin die Scheidung der beiden Eheleute aus gemeinsamem Verschulden ausgesprochen wurde, bestimmt wurde, dass das Kind V bei seiner Mutter leben solle, die Unterhaltspflichten von W zugunsten des Kindes V festgelegt und die Kosten auferlegt wurden. Anerkannt und für vollstreckbar erklärt wurden mit dieser Entscheidung in den Niederlanden die Verfügungen dieses Urteils, durch die das Umgangsrecht des Vaters festgelegt wurde. Mit Entscheidung vom 2. Februar 2015 lehnte es das von W angerufene Lietuvos apeliacinis teismas (Litauisches Appellationsgericht) ab, die Entscheidung der Rechtbank Overijssel (Gericht Overijssel) vom 29. Januar 2014, mit der die Unterhaltspflichten von W zugunsten der X und des Kindes V festgelegt wurden, für vollstreckbar zu erklären, lehnte es ab, die Entscheidung dieses Gerichts vom 22. August 2014, mit der X das alleinige Sorgerecht für das Kind V zugesprochen worden war, anzuerkennen und für vollstreckbar zu erklären, und stellte das Verfahren ein, soweit es die Nichtanerkennung der Entscheidung des genannten Gerichts vom 31. Oktober 2014 in Litauen betrifft. Verfahren vor dem vorlegenden Gericht und Vorlagefrage Am 28. August 2014 befasste W das Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht der Stadt Vilnius) mit Anträgen auf Änderung der Festlegungen, die dieses Gericht in seinem Urteil vom 8. Oktober 2013 hinsichtlich des Aufenthaltsorts des Kindes V, der Höhe des Kindesunterhalts und der Regelung zum Umgang mit dem Kind getroffen hatte. Mit Beschluss vom 25. September 2014 wies das Gericht die Anträge mit der Begründung zurück, W habe keine seit dem Erlass des Urteils vom 8. Oktober 2013 eingetretenen Änderungen der Umstände belegt. In seiner Entscheidung vom 16. Dezember 2014 prüfte das Vilniaus apygardos teismas (Regionalgericht Vilnius) das von W gegen die Entscheidung des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) vom 25. September 2014 eingelegte Rechtsmittel, hob diese Entscheidung teilweise auf und verwies die Sache zur erneuten Entscheidung an das Untergericht zurück. Mit Beschluss vom 23. Dezember 2014 erklärte sich das Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) für unzuständig, über die Anträge von W zu entscheiden, weil die Zuständigkeitsvorschriften in der Verordnung Nr. 2201/2003 Vorrang vor der litauischen Zivilprozessordnung hätten. Diesem Gericht zufolge ist es, außer in bestimmten Fällen betreffend den Wechsel des Aufenthaltsorts des Kindes oder in Fällen, in denen die Träger der elterlichen Verantwortung etwas anderes vereinbart haben, Sache der Gerichte des Mitgliedstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat – das ist im vorliegenden Fall das Königreich der Niederlande –, über diese Anträge zu entscheiden. Das genannte Gericht wies W darauf hin, dass er die Sache bei einem zuständigen Gericht in den Niederlanden anhängig machen könne. In seiner Entscheidung vom 31. März 2015 prüfte das Vilniaus apygardos teismas (Regionalgericht Vilnius) das von W gegen den Beschluss des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) vom 23. Dezember 2014 eingelegte Rechtsmittel, hob diesen Beschluss auf und verwies die Rechtssache an das erstinstanzliche Gericht zurück, damit dieses erneut über die Zulässigkeit der Anträge von W entscheidet. Das Vilniaus apygardos teismas (Regionalgericht Vilnius) vertrat die Auffassung, das Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) habe sich zu Unrecht für unzuständig erklärt, über diese Anträge zu entscheiden. Denn sie seien auf die Änderung des rechtskräftigen Urteils des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) vom 8. Oktober 2013 gerichtet gewesen, das insbesondere den Aufenthaltsort des Kindes V, die Umgangsregelung und den Kindesunterhalt betreffe. Eine derartige Änderung könnte sich nur aus einer neuen rechtskräftigen Gerichtsentscheidung ergeben. Insofern als die niederländischen Gerichte die Anerkennung des Urteils vom 8. Oktober 2013 ablehnten, sei es aber im vorliegenden Fall W unmöglich, die niederländischen Gerichte mit seinem Antrag auf Änderung der im Urteil enthaltenen Rechte und Pflichten zu befassen. Unter diesen Umständen hat das Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) beschlossen, das Verfahren auszusetzen und dem Gerichtshof folgende Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen: Welcher Mitgliedstaat – die Republik Litauen oder das Königreich der Niederlande – ist nach den Art. 8 bis 14 der Verordnung Nr. 2201/2003 für die Entscheidung über einen Rechtsstreit betreffend einen Antrag auf Änderung des Aufenthaltsorts, der Höhe des Kindesunterhalts und der geltenden Umgangsregelung im Hinblick auf das minderjährige Kind V, das seinen gewöhnlichen Aufenthalt in den Niederlanden hat, zuständig? Zum Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens Mit am 20. Dezember 2016 eingegangenem Schriftsatz hat W nach Art. 83 der Verfahrensordnung des Gerichtshofs beantragt, das mündliche Verfahren wiederzueröffnen und dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte eine Frage zur Vorabentscheidung vorzulegen. Was als Erstes den Antrag, den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte anzurufen, betrifft, ist darauf hinzuweisen, dass der Gerichtshof in keiner Weise – weder nach Art. 83 noch nach einer anderen Bestimmung seiner Verfahrensordnung – dazu befugt ist. Was als Zweites den Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens betrifft, macht W eine Tatsache geltend, die er für neu hält und die vor dem Gerichtshof nicht verhandelt wurde, nämlich dass die Rechtbank Overijssel (Gericht Overijssel) mit einer Entscheidung vom 20. Mai 2016 entschieden habe, dass die niederländischen Gerichte nicht über die Änderung des Urteils des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) vom 8. Oktober 2013 entscheiden könnten und die Teile dieser Entscheidung betreffend das Umgangsrecht weder anerkannt noch für vollstreckbar erklärt würden. W vertritt zudem die Auffassung, dass die Sachverhaltsdarstellung in den Schlussanträgen des Generalanwalts nicht der Wirklichkeit entspreche. Dazu ergibt sich aus ständiger Rechtsprechung, dass der Gerichtshof gemäß Art. 83 seiner Verfahrensordnung von Amts wegen, auf Vorschlag des Generalanwalts oder auf Antrag der Parteien die Wiedereröffnung der mündlichen Verhandlung anordnen kann, wenn er sich für unzureichend unterrichtet hält oder ein zwischen den Parteien nicht erörtertes Vorbringen als entscheidungserheblich ansieht (Urteil vom 15. September 2011, Accor, C‑310/09 , EU:C:2011:581 , Rn. und die dort angeführte Rechtsprechung). Dagegen sehen die Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union und die Verfahrensordnung keine Möglichkeit für die Parteien vor, zu den Schlussanträgen des Generalanwalts Stellung zu nehmen (Urteil vom 16. Dezember 2010, Stichting Natuur en Milieu u. a., C‑266/09 , EU:C:2010:779 , Rn. sowie die dort angeführte Rechtsprechung). Was die Neuheit der von W vorgebrachten Tatsache anbelangt, genügt der Hinweis, dass die Entscheidung der Rechtbank Overijssel (Gericht Overijssel) vom 20. Mai 2016 keine neue Tatsache darstellt, da mit dieser Entscheidung wie mit der Entscheidung vom 31. Oktober 2014 desselben Gerichts im Wesentlichen die Anerkennung des Urteils vom 8. Oktober 2013 abgelehnt wird. Mit seinen Anmerkungen zu den Ausführungen in den Schlussanträgen des Generalanwalts in der vorliegenden Rechtssache möchte W die Schlussanträge kritisieren. Aus der in Rn. 35 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung geht aber hervor, dass die das Verfahren vor dem Gerichtshof regelnden Vorschriften keine solche Stellungnahme vorsehen. Unter diesen Umständen ist der Gerichtshof nach Anhörung des Generalanwalts der Ansicht, dass er im vorliegenden Fall über alle erforderlichen Angaben verfügt, um die Vorlagefrage beantworten zu können, und dass zwischen den in Art. 23 der Satzung des Gerichtshofs der Europäischen Union bezeichneten Beteiligten alle Argumente erörtert worden sind, die für die Entscheidung der Rechtssache erforderlich sind. Der Antrag auf Wiedereröffnung des mündlichen Verfahrens ist daher zurückzuweisen. Zur Vorlagefrage Vorab ist als Erstes das Vorbringen von W und der Europäischen Kommission zurückzuweisen, mit dem die Zuständigkeit des Gerichtshofs in Frage gestellt wird. W und die Kommission machen in ihren schriftlichen Erklärungen geltend, das vorlegende Gericht ersuche den Gerichtshof, den Mitgliedstaat namentlich zu bestimmen, dessen Gerichte für die Entscheidung des Ausgangsrechtsstreits zuständig seien. Diese Aufgabe obliege aber insofern dem vorlegenden Gericht, als der Gerichtshof lediglich dafür zuständig sei, die Vorschriften des Unionsrechts auszulegen, und nicht dafür, inhaltlich über die Fragen zu entscheiden, mit denen die nationalen Gerichte befasst seien. In einem Verfahren nach Art. 267 AEUV ist der Gerichtshof zwar nur befugt, sich zur Auslegung oder zur Gültigkeit einer Unionsvorschrift zu äußern (Urteil vom 10. November 2011, X und X BV, C‑319/10 und C‑320/10 , nicht veröffentlicht, EU:C:2011:720 , Rn. ). Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, den bei ihm anhängigen Rechtsstreit unter Berücksichtigung der Antwort des Gerichtshofs zu entscheiden (Urteil vom 4. Februar 2010, Genc, C‑14/09 , EU:C:2010:57 , Rn. ). Im vorliegenden Fall geht jedoch klar aus der Vorlageentscheidung hervor, dass das vorlegende Gericht wissen möchte, wie die Verordnung Nr. 2201/2003 auszulegen ist, um das zuständige Gericht zu bestimmen. Daher kann die bloße Erwähnung – darüber hinaus nur in Klammern – der Mitgliedstaaten, deren Gerichte zuständig sein könnten, in der Vorlagefrage dem Gerichtshof nicht die Zuständigkeit nehmen, auf die Vorlagefrage zu antworten. Als Zweites ist festzustellen, dass das vorlegende Gericht seine Frage nur im Hinblick auf die Verordnung Nr. 2201/2003 stellt, obwohl aus der Vorlagefrage wie auch aus der Vorlageentscheidung hervorgeht, dass das Ausgangsverfahren nicht nur die elterliche Verantwortung, sondern auch die – von der Verordnung nicht umfassten – Unterhaltspflichten betrifft. Insoweit hindert der Umstand, dass ein einzelstaatliches Gericht sein Vorabentscheidungsersuchen seiner Form nach unter Bezugnahme auf bestimmte Vorschriften des Unionsrechts formuliert hat, den Gerichtshof nicht daran, diesem Gericht unabhängig davon, worauf es in seinen Fragen Bezug genommen hat, alle Hinweise zur Auslegung des Unionsrechts zu geben, die ihm bei der Entscheidung des bei ihm anhängigen Verfahrens von Nutzen sein können (vgl. u. a. Urteil vom 29. September 2016, Essent Belgium, C‑492/14 , EU:C:2016:732 , Rn. ). Daher ist die Vorlagefrage so umzuformulieren, dass sie die maßgeblichen Bestimmungen der Verordnung Nr. 4/2009 erfasst. So ist davon auszugehen, dass das vorlegende Gericht mit seiner Vorlagefrage letztlich wissen möchte, ob Art. 8 der Verordnung Nr. 2201/2003 und Art. 3 der Verordnung Nr. 4/2009 dahin auszulegen sind, dass die Gerichte des Mitgliedstaats, die eine rechtskräftige Entscheidung betreffend die elterliche Verantwortung und die Unterhaltspflichten für ein minderjähriges Kind erlassen haben, weiterhin dafür zuständig sind, über einen Antrag auf Änderung der in dieser Entscheidung getroffenen Verfügungen zu entscheiden, obwohl das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats hat. Um diese Frage beantworten zu können, ist zunächst darauf hinzuweisen, dass nach Art. 3 Buchst. d der Verordnung Nr. 4/2009 für Entscheidungen in Unterhaltssachen in den Mitgliedstaaten das Gericht zuständig ist, das nach der Verordnung Nr. 2201/2003 für ein Verfahren in Bezug auf die elterliche Verantwortung zuständig ist, wenn in der Nebensache zu diesem Verfahren über eine Unterhaltssache zu entscheiden ist. Sodann ist auf den durch die Verordnung Nr. 2201/2003 eingeführten Mechanismus und die von ihr verfolgten Ziele hinzuweisen. Die Verordnung Nr. 2201/2003 beruht auf der Zusammenarbeit und dem gegenseitigen Vertrauen zwischen den Gerichten (Urteil vom 9. November 2010, Purrucker, C‑296/10 , EU:C:2010:665 , Rn. ), weshalb gerichtliche Entscheidungen gegenseitig anzuerkennen sind, was für die Schaffung eines echten europäischen Rechtsraums unabdingbar ist (Urteil vom 15. Juli 2010, Purrucker, C‑256/09 , EU:C:2010:437 , Rn. ). Wie aus dem zwölften Erwägungsgrund der Verordnung Nr. 2201/2003 hervorgeht, wurde diese mit dem Ziel erlassen, dem Wohl des Kindes zu entsprechen, weshalb sie dem Kriterium der räumlichen Nähe den Vorzug gibt. Der Gesetzgeber war nämlich der Auffassung, dass das in geografischer Nähe zum gewöhnlichem Aufenthalt des Kindes gelegene Gericht die im Interesse des Kindes anzuordnenden Maßnahmen am besten beurteilen kann (Urteil vom 15. Juli 2010, Purrucker, C‑256/09 , EU:C:2010:437 , Rn. ). Nach diesem Erwägungsgrund sollte die Zuständigkeit vorzugsweise dem Mitgliedstaat des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes vorbehalten sein, außer in bestimmten Fällen, in denen sich der Aufenthaltsort des Kindes geändert hat oder in denen die Träger der elterlichen Verantwortung etwas anderes vereinbart haben. Art. 8 der Verordnung Nr. 2201/2003 setzt dieses Ziel um, indem er für die Gerichte des Mitgliedstaats, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, eine allgemeine Zuständigkeit vorsieht. Nach Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2201/2003 ist die Zuständigkeit eines Gerichts „zum Zeitpunkt der Antragstellung“ festzustellen, d. h. gemäß Art. 16 dieser Verordnung zu dem Zeitpunkt, zu dem das verfahrenseinleitende Schriftstück bei diesem Gericht eingereicht wurde (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 1. Oktober 2014, E., C‑436/13 , EU:C:2014:2246 , Rn. ). Wie der Generalanwalt in Nr. 45 seiner Schlussanträge unter Bezugnahme auf Rn. 40 des Urteils vom 1. Oktober 2014, E. ( C‑436/13 , EU:C:2014:2246 ), festgestellt hat, ist diese Zuständigkeit zudem in jedem Einzelfall, wenn bei einem Gericht ein Verfahren anhängig gemacht wird, zu prüfen und zu bestimmen. Das bedeutet, dass die Zuständigkeit nicht über den Abschluss des Verfahrens hinaus bestehen bleibt. Abweichend von Art. 8 bestimmt Art. 9 der Verordnung Nr. 2201/2003, dass beim Umzug des Kindes die Zuständigkeit der Gerichte des Mitgliedstaats des früheren gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes unter bestimmten Voraussetzungen aufrechterhalten wird, während Art. 12 Abs. 1 dieser Verordnung vorsieht, dass im Fall einer Einigung zwischen den Trägern der elterlichen Verantwortung unter bestimmten Voraussetzungen die Zuständigkeit des Gerichts vereinbart wird, das für die Entscheidung über einen Antrag auf Ehescheidung, Trennung ohne Auflösung des Ehebandes oder Ungültigerklärung einer Ehe zuständig ist und nicht das Gericht des Mitgliedstaats des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes ist. Nach der Verordnung Nr. 2201/2003 gelten zudem besondere Vorschriften für Fälle von Kindesentführung oder für widerrechtliches Zurückhalten eines Kindes (Art. 10 und 11) sowie wenn der gewöhnliche Aufenthalt des Kindes, das sich in einem Mitgliedstaat befindet, nicht festgestellt werden kann und die Zuständigkeit nicht gemäß Art. 12 bestimmt werden kann (Art. 13), soweit sich aus den Art. 8 bis 13 keine Zuständigkeit eines Gerichts eines Mitgliedstaats ergibt (Art. 14), und in Ausnahmefällen und unter bestimmten Voraussetzungen, wenn das zuständige Gericht den Fall an ein Gericht eines anderen Mitgliedstaats verweist, das seines Erachtens den Fall besser beurteilen kann (Art. 15). Die Vorlagefrage ist im Licht dieser Erwägungen zu prüfen. Ausweislich der Vorlageentscheidung begehrt Herr W mit seiner Klage die Änderung der Verfügungen des rechtskräftigen Urteils des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) vom 8. Oktober 2013 betreffend die elterliche Verantwortung und die Unterhaltspflichten für das Kind V. Das vorlegende Gericht führt hierzu näher aus, dass dieses Urteil durch eine Entscheidung des Vilniaus apygardos teismas (Regionalgericht Vilnius) vom 30. Mai 2014 bestätigt worden sei und das von W dagegen eingelegte Rechtsmittel mit Entscheidung des Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Oberster Gerichtshof von Litauen) vom 8. September 2014 zurückgewiesen worden sei. Unter diesen Voraussetzungen ist der am 28. August 2014 eingebrachte Antrag auf Änderung der Verfügungen des Urteils vom 8. Oktober 2013 als Beginn eines neuen Verfahrens anzusehen. Folglich hat das angerufene Gericht, im vorliegenden Fall das Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius), das zuständige Gericht zu bestimmen, indem es gemäß Art. 8 Abs. 1 der Verordnung Nr. 2201/2003 vorzugsweise den gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes V zum Zeitpunkt der Antragstellung berücksichtigt. In seinem Urteil vom 22. Dezember 2010, Mercredi ( C‑497/10 PPU , EU:C:2010:829 , Rn. ), das in ständiger Rechtsprechung bestätigt wurde (vgl. u. a. Urteil vom 9. Oktober 2014, C, C‑376/14 PPU , EU:C:2014:2268 , Rn. ), hat der Gerichtshof entschieden, dass die Bedeutung und die Tragweite des Begriffs „gewöhnlicher Aufenthalt“ dem Wohl des Kindes entsprechend und insbesondere nach dem Kriterium der räumlichen Nähe zu bestimmen sind. Unter diesem Begriff ist der Ort zu verstehen, an dem eine gewisse Integration des Kindes in ein soziales und familiäres Umfeld zu erkennen ist. Dieser Ort ist vom nationalen Gericht unter Berücksichtigung der besonderen tatsächlichen Umstände jedes Einzelfalls festzustellen. Relevant sind insbesondere die Umstände und Gründe des Aufenthalts des Kindes im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats sowie dessen Staatsangehörigkeit. Neben der körperlichen Anwesenheit des Kindes in einem Mitgliedstaat muss aus anderen Faktoren hervorgehen, dass es sich nicht nur um eine vorübergehende oder gelegentliche Anwesenheit handelt (vgl. in diesem Sinne Urteil vom 22. Dezember 2010, Mercredi, C‑497/10 PPU , EU:C:2010:829 , Rn. bis ). Demnach erfordert es die Bestimmung des gewöhnlichen Aufenthalts eines Kindes in einem bestimmten Mitgliedstaat zumindest, dass das Kind in diesem Mitgliedstaat körperlich anwesend war. Im Ausgangsverfahren ist aber unstrittig, dass das Kind V Litauen nie besucht hat. Vor diesem Hintergrund reicht der Umstand, dass das Kind V u. a. die litauische Staatsangehörigkeit hat, nicht aus, um im Sinne der Verordnung Nr. 2201/2003 davon auszugehen, dass es in Litauen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Dass das Kind V ausweislich einer rechtskräftigen Entscheidung, im vorliegenden Fall des Urteils des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) vom 8. Oktober 2013, in einem anderen Mitgliedstaat, im vorliegenden Fall dem Königreich der Niederlande, bei einem Elternteil über mehrere Jahre hinweg körperlich anwesend war, eignet sich dagegen als Nachweis, dass das Kind V dort seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, und zur Begründung der Zuständigkeit der Gerichte dieses Mitgliedstaats für die Entscheidung über Klagen betreffend die elterliche Verantwortung und die Unterhaltspflichten für dieses Kind. Etwas anderes könnte nur dann gelten, wenn Tatsachen vorlägen, die zu einer Ausnahme von der Regel der allgemeinen Zuständigkeit des Ortes des gewöhnlichen Aufenthalts führten. Solche Tatsachen gehen aber in keiner Weise aus den dem Gerichtshof übermittelten Akten hervor. Im Einzelnen ist weder ersichtlich, dass das Kind V vor der Anrufung des Vilniaus miesto apylinkės teismas (Bezirksgericht Vilnius) von Litauen in die Niederlande umgezogen ist, noch, dass eine Vereinbarung zwischen den Trägern der elterlichen Verantwortung hinsichtlich der Zuständigkeit der litauischen Gerichte bestanden hat. Im Übrigen erwähnt das vorlegende Gericht in keiner Weise eine Entführung oder ein widerrechtliches Zurückhalten des Kindes V und ist auch nicht ersichtlich, dass die niederländischen Gerichte die litauischen Gerichte als am besten für die Beurteilung des Ausgangsrechtsstreits geeignete Gerichte bestimmt haben. Somit sind in einer Rechtssache wie der des Ausgangsverfahrens auf dem Gebiet der elterlichen Verantwortung die Gerichte des Mitgliedstaats zuständig, in dem das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. Die vom vorlegenden Gericht derart bestimmten Gerichte sind im vorliegenden Fall die niederländischen Gerichte. Folglich ist es Sache der niederländischen Gerichte, über Anträge wie die von W auf Änderung des Aufenthaltsorts des Kindes, der Höhe des Kindesunterhalts und der Regelung des Umgangsrechts des betreffenden Elternteils zu entscheiden. Es ist darauf hinzuweisen, dass – wie der Generalanwalt in den Nrn. 43 bis 49 seiner Schlussanträge festgestellt hat – den Gerichten, die über die Ehescheidung entschieden haben – im vorliegenden Fall den litauischen Gerichten –, in einer Rechtssache wie der des Ausgangsverfahrens keine Vereinbarung über die Zuständigkeit zugutekommt. Selbst wenn die Zuständigkeit dieser Gerichte von X gemäß Art. 12 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 2201/2003 ausdrücklich oder auf andere eindeutige Weise anerkannt worden wäre, hat diese Zuständigkeit gemäß Art. 12 Abs. 2 Buchst. a und b dieser Verordnung jedenfalls geendet, als die Entscheidung, mit der die Ehe geschieden und über die elterliche Verantwortung entschieden wurde, rechtskräftig geworden ist. Der Umstand, dass die rechtskräftige Entscheidung, auf die der betreffende Elternteil seinen Änderungsantrag stützt, von den Gerichten des Mitgliedstaats des gewöhnlichen Aufenthalts des Kindes insgesamt oder zum Teil – ganz gleich, ob begründeterweise – nicht anerkannt worden ist, steht nicht dem entgegen, dass diese Gerichte für die Entscheidung über diesen Antrag zuständig sind, da durch diesen Antrag ein neues Verfahren eingeleitet wird. Nach alledem ist auf die Vorlagefrage zu antworten, dass Art. 8 der Verordnung Nr. 2201/2003 und Art. 3 der Verordnung Nr. 4/2009 dahin auszulegen sind, dass in einer Rechtssache wie der des Ausgangsverfahrens die Gerichte des Mitgliedstaats, die eine rechtskräftige Entscheidung betreffend die elterliche Verantwortung und die Unterhaltspflichten für ein minderjähriges Kind erlassen haben, nicht mehr dafür zuständig sind, über einen Antrag auf Änderung der in dieser Entscheidung getroffenen Verfügungen zu entscheiden, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats hat. Für die Entscheidung über den Antrag sind die Gerichte dieses anderen Mitgliedstaats zuständig. Kosten Für die Parteien des Ausgangsverfahrens ist das Verfahren ein Zwischenstreit in dem beim vorlegenden Gericht anhängigen Rechtsstreit; die Kostenentscheidung ist daher Sache dieses Gerichts. Die Auslagen anderer Beteiligter für die Abgabe von Erklärungen vor dem Gerichtshof sind nicht erstattungsfähig. Aus diesen Gründen hat der Gerichtshof (Erste Kammer) für Recht erkannt: Art. 8 der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1347/2000 und Art. 3 der Verordnung (EG) Nr. 4/2009 des Rates vom 18. Dezember 2008 über die Zuständigkeit, das anwendbare Recht, die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen und die Zusammenarbeit in Unterhaltssachen sind dahin auszulegen, dass in einer Rechtssache wie der des Ausgangsverfahrens die Gerichte des Mitgliedstaats, die eine rechtskräftige Entscheidung betreffend die elterliche Verantwortung und die Unterhaltspflichten für ein minderjähriges Kind erlassen haben, nicht mehr dafür zuständig sind, über einen Antrag auf Änderung der in dieser Entscheidung getroffenen Verfügungen zu entscheiden, wenn das Kind seinen gewöhnlichen Aufenthalt im Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaats hat. Für die Entscheidung über den Antrag sind die Gerichte dieses anderen Mitgliedstaats zuständig. Unterschriften ( ) Verfahrenssprache: Litauisch.

62018CJ0485

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 26, 38 og 39 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 ( EUT 2011, L 304, s. 18 ). Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem selskabet Groupe Lactalis (herefter »Lactalis«) og Premier Ministre (premierministeren), Garde des Sceaux, ministre de la Justice (justitsministeren), Ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation (landbrugs- og fødevareministeren) og ministre de l’Économie et des Finances (økonomi- og finansministeren) vedrørende lovligheden af dekret 2016-1137 af 19.8.2016 om oprindelsesangivelse for mælk samt mælk og kød anvendt som ingrediens (JORF af 21.8.2016, tekst nr. 18, herefter »det omhandlede dekret«). Retsforskrifter EU-retten 1.-4. og 29. betragtning til forordning nr. 1169/2011 har følgende ordlyd: »(1) Ifølge artikel 169 [TEUF] skal [Den Europæiske Union] bidrage til virkeliggørelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som den vedtager til virkeliggørelsen af et højt forbrugerbeskyttelsesniveau ved foranstaltninger, som den vedtager i henhold til artikel 114 [TEUF]. (2) Den frie bevægelighed for sikre og sunde fødevarer er et afgørende aspekt af det indre marked og bidrager i høj grad til beskyttelsen af borgernes sundhed og velvære og af deres sociale og økonomiske interesser. (3) For at opnå et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sundhed og garantere deres ret til information bør der sikres hensigtsmæssig forbrugeroplysning om de fødevarer, de indtager. Forbrugernes valg kan bl.a. påvirkes af sundhedsmæssige, økonomiske, miljømæssige, sociale og etiske betragtninger. (4) I henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed [( EFT 2002, L 31, s. 1 )] er det et generelt princip for fødevarelovgivningen, at den skal give forbrugerne grundlag for at træffe informerede valg med hensyn til de fødevarer, de indtager, og hindre enhver praksis, som kan vildlede forbrugeren. […] (29) Angivelse af en fødevares oprindelsesland eller herkomststed bør angives i de tilfælde, hvor undladelse heraf ville kunne vildlede forbrugerne med hensyn til fødevarens virkelige oprindelsesland eller herkomststed. Angivelse af oprindelsesland eller herkomststed bør altid ske på en sådan måde, at forbrugeren ikke vildledes, og på grundlag af klare kriterier, der sikrer lige vilkår for erhvervslivet og gør det lettere for forbrugerne at forstå oplysningerne om en fødevares oprindelsesland eller herkomststed. […]« Forordningens artikel 1 med overskriften »Formål og anvendelsesområde« fastsætter i stk. 1 følgende: »Denne forordning har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelsen af forbrugerne i relation til fødevareinformation, idet der tages hensyn til forskellene i forbrugernes opfattelse og deres informationsbehov, samtidig med at det sikres, at det indre marked fungerer tilfredsstillende.« Forordningens artikel 3, der har overskriften »Generelle målsætninger«, bestemmer i stk. 1 og 2: »1.   Fødevareinformation har til formål at sikre et højt niveau for beskyttelse af forbrugernes sundhed og interesser ved at give endelige forbrugere grundlag for at træffe informerede valg og anvende fødevarer på sikker vis, navnlig ud fra sundhedsmæssige, økonomiske, miljømæssige, sociale og etiske betragtninger. 2.   Fødevareinformationslovgivningen har til formål at opnå fri bevægelighed i Unionen for fødevarer, der er lovligt produceret og markedsført, idet der, når det er relevant, tages hensyn til behovet for at beskytte producenternes legitime interesser og at fremme produktionen af kvalitetsprodukter.« Samme forordnings artikel 7 med overskriften »Fair oplysningspraksis« indeholder et stk. 1, som bestemmer følgende: »Fødevareinformation må ikke være af en sådan art, at den vildleder, især: a) med hensyn til fødevarens beskaffenhed […] b) ved at tillægge den pågældende fødevare virkninger eller egenskaber, som den ikke har c) ved at give indtryk af, at den pågældende fødevare har særlige egenskaber, når alle lignende fødevarer har samme egenskaber […]. […]« Kapitel IV i forordning nr. 1169/2011 med overskriften »Obligatorisk fødevareinformation« omfatter bl.a. artikel 9 og 26. Forordningens artikel 9 med overskriften »Liste over obligatoriske angivelser« omfatter et stk. 1 med følgende ordlyd: »På de betingelser, der er fastsat i artikel 10-35, og med forbehold af de undtagelser, der er fastsat i dette kapitel, er det obligatorisk at angive følgende oplysninger: […] i) oprindelsesland eller herkomstland, hvor dette er fastsat i artikel 26 […]« Forordningens artikel 26, der har overskriften »Oprindelsesland eller herkomststed«, foreskriver: »[…] 2.   Angivelse af oprindelsesland eller herkomststed er obligatorisk: a) i de tilfælde, hvor undladelse af at give denne oplysning ville kunne vildlede forbrugeren med hensyn til fødevarens egentlige oprindelsesland eller herkomststed, navnlig hvis de oplysninger, der ledsager fødevaren, eller etiketten som helhed ellers ville antyde, at fødevaren har et andet oprindelsesland eller herkomststed b) for kød, der omfattes af den kombinerede nomenklatur (KN) under de koder, som er nævnt i bilag XI. […] […] 5.   Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet senest 13. december 2014 vedrørende obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for følgende typer fødevarer: […] b) mælk c) mælk anvendt som ingrediens i mejeriprodukter […] 7.   De i stk. 5 og 6 omhandlede rapporter skal tage hensyn til forbrugerens behov for at blive informeret, gennemførligheden af en obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed og en analyse af omkostninger og fordele ved at indføre sådanne foranstaltninger, herunder den retlige påvirkning af det indre marked, og hvordan den internationale handel påvirkes. Kommissionen kan lade disse rapporter ledsage af forslag om ændring af de relevante EU-bestemmelser. […]« Kapitel VI i samme forordning med overskriften »Nationale foranstaltninger« indeholder bl.a. artikel 38 og 39. Artikel 38 i forordning nr. 1169/2011, der har overskriften »Nationale foranstaltninger«, bestemmer: »1.   For så vidt angår spørgsmål, der specifikt harmoniseres i denne forordning, må medlemsstaterne ikke vedtage eller opretholde nationale foranstaltninger, medmindre dette tillades i EU-retten. Disse nationale foranstaltninger må ikke medføre hindringer for varernes frie bevægelighed som f.eks. diskrimination i forhold til fødevarer fra andre medlemsstater. 2.   Med forbehold af artikel 39 kan medlemsstaterne vedtage nationale foranstaltninger vedrørende spørgsmål, der ikke specifikt harmoniseres i denne forordning, forudsat at de ikke forbyder, hindrer eller begrænser den frie bevægelighed for varer, som er i overensstemmelse med denne forordning.« Forordningens artikel 39 med overskriften »Nationale foranstaltninger vedrørende supplerende obligatoriske oplysninger« bestemmer: »1.   Som supplement til de obligatoriske oplysninger, jf. artikel 9, stk. 1, […] kan medlemsstaterne efter proceduren i artikel 45 vedtage foranstaltninger indeholdende krav om supplerende obligatoriske oplysninger om specifikke typer eller kategorier af fødevarer, der er begrundet i mindst et af følgende: a) beskyttelse af folkesundheden b) beskyttelse af forbrugerne c) bekæmpelse af svig d) beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret samt angivelser af herkomststed, kontrollerede oprindelsesbetegnelser og bekæmpelse af illoyal konkurrence. 2.   Medlemsstaterne kan kun indføre obligatorisk angivelse af fødevarers oprindelsesland eller herkomststed i henhold til stk. 1, hvis forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst er dokumenteret. Når medlemsstaterne meddeler Kommissionen sådanne foranstaltninger, fremlægger de dokumentation for, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi.« Fransk ret Det anfægtede dekret trådte i kraft den 17. januar 2017 og fandt anvendelse indtil den 31. december 2018. Dekretets artikel 1, punkt I, har følgende ordlyd: »Mærkningen af færdigpakkede levnedsmidler i henhold til artikel 2 i [forordning nr. 1169/2011] skal være i overensstemmelse med bestemmelserne i dette dekret, når levnedsmidlerne indeholder: 1° mælk 2° mælk anvendt som ingrediens i de mejeriprodukter, der nævnes i listen i bilaget […] Mærkningen af færdigpakkede levnedsmidler skal angive oprindelsen for de ingredienser, der er nævnt i nr. 1 til 3. Hvis ingredienserne udgør en procentdel angivet som totalvægt for ingredienserne i de færdigpakkede levnedsmidler, der er under en tærskelværdi, skal mærkningen af disse levnedsmidler dog ikke være omfattet af dekretets bestemmelser.« Det nævnte dekrets artikel 3 fastsætter: »I. Oprindelsesangivelsen for mælk eller mælk anvendt som ingrediens i de mejeriprodukter, der henvises til i artikel 1, skal indeholde følgende angivelser: 1° »indsamlingsland: (navn på det land, hvor mælken blev indsamlet)« 2° »paknings- eller forarbejdningsland: (navn på det land, hvor mælken blev pakket eller forarbejdet).« II. Som undtagelse fra I kan oprindelsesangivelsen, når mælken eller den mælk, der er anvendt som ingrediens i mejeriprodukter, er blevet indsamlet, pakket eller forarbejdet i samme land, angives som: »oprindelse: (landets navn)«. III. Som undtagelse fra I og II kan oprindelsesangivelsen, når mælken eller den mælk, der er anvendt som ingrediens i mejeriprodukter, er blevet indsamlet, pakket eller forarbejdet i en enkelt eller flere af Den Europæiske Unions medlemsstater, angives som: »oprindelse: EU«. IV. Som undtagelse fra I og II kan oprindelsesangivelsen, når mælken eller den mælk, der er anvendt som ingrediens i mejeriprodukter, er blevet indsamlet, pakket eller forarbejdet i en enkelt eller flere stater, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, angives som: »oprindelse: uden for EU«.« Samme dekrets artikel 6 bestemmer, at »[p]rodukter, der er lovligt fremstillet eller markedsført i en anden medlemsstat i Den Europæiske Union eller i et tredjeland, er ikke omfattet af dekretets bestemmelser«. Ved dekret 2018-1239 af 24. december 2018 om oprindelsesangivelse for mælk samt mælk og kød anvendt som ingrediens (JORF af 2.12.2018, tekst nr. 70) blev anvendelsen af det omhandlede dekret forlænget. Tvisten i hovedsagen, de præjudicielle spørgsmål og retsforhandlingerne for Domstolen Ved stævning registreret den 24. oktober 2016 har Lactalis anlagt sag ved Conseil d’État (øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Frankrig) med påstand om annullation af det pågældende dekret. Til støtte for denne påstand har selskabet navnlig fremsat to anbringender om, at dekretet er i strid med artikel 26, 38 og 39 i forordning nr. 1169/2011. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at de spørgsmål, der rejses med undersøgelsen af disse to anbringender, er afgørende for afgørelsen af den sag, der verserer for den, og at de udgør et alvorligt fortolkningsproblem. Under disse omstændigheder har Conseil d’État (øverste domstol i forvaltningsretlige sager, Frankrig) besluttet at udsætte sagen og at forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »1) Skal artikel 26 i […] forordning nr. 1169/2011 […], der bl.a. bestemmer, at Kommissionen aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet vedrørende obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for så vidt angår mælk og mælk anvendt som ingrediens i mejeriprodukter, anses for specifikt at have harmoniseret dette spørgsmål som omhandlet i forordningens artikel 38, stk. 1, og er den til hinder for medlemsstaternes beføjelse til at vedtage foranstaltninger indeholdende krav om supplerende obligatoriske oplysninger på grundlag af denne forordnings artikel 39? 2) I tilfælde af, at de nationale foranstaltninger er begrundet i hensynet til beskyttelse af forbrugerne i henhold til artikel 39, stk. 1, [i forordning nr. 1169/2011,] skal de to kriterier, der er fastsat i denne artikels stk. 2, og som vedrører dels kravet om en dokumenteret forbindelse mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst, dels dokumentation for, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi, da sammenholdes, og forholder det sig navnlig således, at vurderingen af, om forbindelsen er dokumenteret, kan baseres på rent subjektive forhold vedrørende den værdi, som de fleste forbrugere knytter til forbindelsen mellem en fødevares kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst? 3) For så vidt som fødevarens kvaliteter synes at kunne udstrækkes til samtlige de forhold, der bidrager til fødevarens kvalitet, skal der da tages hensyn til de omstændigheder, der vedrører fødevarens modstandsdygtighed over for transport og risikoen for forringelse af fødevaren under transporten, når det skal vurderes, om der foreligger en dokumenteret forbindelse mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst i forbindelse med anvendelsen af artikel 39, stk. 2 [i forordning nr. 1169/2011]? 4) Forudsætter vurderingen af de betingelser, der er fastsat i artikel 39 [i forordning nr. 1169/2011], at en fødevares kvaliteter skal anses for at være særegne på grund af dens oprindelse eller herkomst eller for at være garanteret som følge af denne oprindelse eller denne herkomst, og kan angivelsen af oprindelse eller herkomst i sidstnævnte tilfælde, uanset harmoniseringen af de sundheds- og miljønormer, der gælder inden for Den Europæiske Union, angives mere præcist end en angivelse i form af »EU« eller »uden for EU«?« Ved afgørelse truffet af Domstolens præsident den 27. februar 2019 blev sagen udsat, indtil der var afsagt dom i sag C-363/18 vedrørende en anmodning om præjudiciel afgørelse, der blev indgivet den 4. juni 2018 af den forelæggende ret, og som ligeledes vedrørte fortolkningen af forordning nr. 1169/2011. Efter afsigelsen af dom af 12. november 2019, Organisation juive européenne og Vignoble Psagot ( C-363/18 , EU:C:2019:954 ), blev nærværende sag genoptaget ved afgørelse truffet af Domstolens præsident den 13. november 2019. Om de præjudicielle spørgsmål Det første spørgsmål Den forelæggende ret ønsker med det første spørgsmål nærmere bestemt oplyst, om artikel 26 i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at den obligatoriske angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for så vidt angår mælk og mælk anvendt som ingrediens skal anses for et »spørgsmål, der er specifikt harmoniseret« ved forordningen som omhandlet i forordningens artikel 38, stk. 1, og i bekræftende fald, om den er til hinder for, at medlemsstaterne vedtager foranstaltninger, der foreskriver supplerende obligatoriske oplysninger på grundlag af forordningens artikel 39. Det bemærkes indledningsvis, at artikel 38 i forordning nr. 1169/2011, som har overskriften »Nationale foranstaltninger«, klart adskiller kategorien »spørgsmål, der specifikt harmoniseres« i denne forordning fra kategorien af spørgsmål, der ikke harmoniseres specifikt. For så vidt angår de førstnævnte spørgsmål bestemmer artikel 38, stk. 1, at medlemsstaterne hverken må vedtage eller opretholde nationale foranstaltninger, medmindre dette tillades i EU-retten. Hvad angår de sidstnævnte spørgsmål bestemmer artikel 38, stk. 2, derimod, at medlemsstaterne med forbehold af samme forordnings artikel 39 kan vedtage nationale foranstaltninger, forudsat at de ikke forbyder, hindrer eller begrænser den frie bevægelighed for varer. Endvidere bestemmer artikel 39 i forordning nr. 1169/2011, der har overskriften »Nationale foranstaltninger vedrørende supplerende obligatoriske oplysninger«, i stk. 1, at medlemsstaterne kan vedtage foranstaltninger indeholdende krav om supplerende obligatoriske oplysninger om specifikke typer eller kategorier af fødevarer, forudsat at de er begrundet i en eller flere grunde vedrørende beskyttelse af folkesundheden, beskyttelse af forbrugerne, bekæmpelse af svig, beskyttelse af industriel og kommerciel ejendomsret, angivelser af herkomststed, kontrollerede oprindelsesbetegnelser samt bekæmpelse af illoyal konkurrence. Endvidere præciserer denne artikel i stk. 2, at medlemsstaterne kun kan indføre obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed, hvis forbindelsen mellem visse af fødevarernes kvaliteter og deres oprindelse eller herkomst er dokumenteret, inden det tilføjes, at medlemsstaterne, når de meddeler Kommissionen sådanne foranstaltninger, fremlægger dokumentation for, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi. Hvad for det første angår spørgsmålet, om artikel 26 i forordning nr. 1169/2011, der har overskriften »Oprindelsesland eller herkomststed«, for så vidt som den foreskriver obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for mælk og mælk anvendt som ingrediens, skal anses for et »spørgsmål, der specifikt harmoniseres« i forordningen, skal det konstateres, at ingen bestemmelse i forordningen omhandler disse spørgsmål. Når dette er sagt, skal identifikationen af de pågældende spørgsmål med hensyn til dette udtryk ske i streng overensstemmelse med ordlyden af forordning nr. 1169/2011. I denne forbindelse indeholder artikel 9 i forordning nr. 1169/2011, som det følger af dens overskrift, en liste over de angivelser, der skal påføres fødevarer. I henhold til artikel 9, stk. 1, litra i), er angivelse af en fødevares oprindelsesland eller herkomstland obligatorisk, hvor dette er fastsat i forordningens artikel 26. Artikel 26 bestemmer for sin del i stk. 2, litra a) og b), at angivelse af oprindelsesland eller herkomststed er obligatorisk for det første i de tilfælde, hvor undladelse af at give denne oplysning ville kunne vildlede forbrugerne med hensyn til fødevarens egentlige oprindelsesland eller herkomststed, og for det andet for kød, der omfattes af den kombinerede nomenklatur under visse koder, som er nævnt i bilag XI til forordningen. Det følger af denne bestemmelse, at forordning nr. 1169/2011 specifikt harmoniserer spørgsmålet om obligatorisk angivelse af fødevarers oprindelsesland eller herkomststed som omhandlet i artikel 38, stk. 1, i de tilfælde, hvor undladelse af at give denne oplysning ville kunne vildlede forbrugerne, og at den derimod ikke foretager en specifik harmonisering af andre tilfælde eller situationer. Det følger endvidere af artikel 26, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011, at med den eneste undtagelse af kød, der omfattes af visse koder i den kombinerede nomenklatur, er alle fødevarer undergivet denne specifikke harmonisering, herunder mælk og mælk anvendt som ingrediens. Hvad for det andet angår spørgsmålet, om den pågældende specifikke harmonisering er til hinder for, at der vedtages eventuelle supplerende nationale foranstaltninger, fremgår det af denne doms præmis 24, at medlemsstaterne kan vedtage sådanne foranstaltninger, såfremt de krav, der er fastsat i artikel 39 i forordning nr. 1169/2011, overholdes. I denne forbindelse følger det af artikel 39, stk. 1, i forordning nr. 1169/2011 for det første, at de oplysninger, der kan kræves af medlemsstaterne, skal være »supplerende« i forhold til oplysningerne i henhold til selve forordning nr. 1169/2011, herunder, som anført i denne doms præmis 27, angivelse af fødevarers oprindelsesland eller herkomststed i de tilfælde, hvor undladelse af denne oplysning ville kunne vildlede forbrugerne. Det følger heraf, at sådanne angivelser ikke kun skal være forenelige med det formål, der forfølges af EU-lovgiver gennem den specifikke harmonisering af spørgsmålet om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet og herkomststedet, men ligeledes skal udgøre et samlet hele med denne angivelse For det andet kan disse supplerende obligatoriske oplysninger kun omfatte »specifikke typer eller kategorier af fødevarer« og ikke disse fødevarer uden nogen sondring. Følgelig kan de navnlig vedrøre oprindelseslandet eller herkomststedet for en specifik type eller kategori af fødevarer såsom mælk og mælk anvendt som ingrediens, for så vidt som de vedrører andre tilfælde eller situationer end det tilfælde, hvor undladelse af at angive dette oprindelsesland eller herkomststed ville kunne vildlede forbrugerne. På baggrund af samtlige ovenstående betragtninger skal det første spørgsmål besvares med, at artikel 26 i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at en obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for så vidt angår mælk og mælk anvendt som ingrediens skal anses for »et spørgsmål, der specifikt harmoniseres« i forordningen som omhandlet i forordningens artikel 38, stk. 1, i de tilfælde, hvor undladelse af angivelsen ville kunne vildlede forbrugerne, og at den ikke er til hinder for, at medlemsstaterne vedtager foranstaltninger om supplerende obligatoriske oplysninger på grundlag af forordningens artikel 39, forudsat at disse er forenelige med det formål, der forfølges af EU-lovgiver gennem den specifikke harmonisering af spørgsmålet om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet eller herkomststedet, og at de udgør et samlet hele med denne angivelse. Det andet spørgsmål Med det andet spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 39 i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at i tilfælde af, at der foreligger nationale foranstaltninger, der er begrundet i hensynet til beskyttelse af forbrugerne i henhold til artiklens stk. 1, skal de to krav, der er fastsat i artiklens stk. 2, nemlig for det første, at »forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst er dokumenteret«, og for det andet, at der fremlægges »dokumentation for, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi«, sammenholdes, således at vurderingen af, om forbindelsen er dokumenteret, kun kan baseres på subjektive forhold vedrørende den værdi, som de fleste forbrugere knytter til forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst. I denne forbindelse skal det fremhæves, at artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011 er kendetegnet ved en præcis opbygning og ordlyd. Artiklen bestemmer nemlig i første punktum, at medlemsstaterne kun kan indføre supplerende foranstaltninger indeholdende krav om obligatorisk angivelse af fødevarers oprindelsesland eller herkomststed, hvis forbindelsen mellem visse af disse fødevareres kvaliteter og deres oprindelse eller herkomst er dokumenteret, inden det i andet punktum tilføjes, at når medlemsstaterne meddeler Europa-Kommissionen sådanne foranstaltninger, fremlægger de dokumentation for, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi. Det følger heraf, at EU-lovgiver ønskede klart at adskille de to krav, som den stillede til vedtagelsen af supplerende nationale foranstaltninger, ved at give hvert enkelt af disse et særskilt formål samt en forskellig rolle ved gennemførelsen af artikel 39, stk. 2, i forordning nr.1169/2011. Kravet om en »dokumenteret forbindelse« mellem visse af de omhandlede fødevarers kvaliteter og deres oprindelse eller herkomststed tilsigter at godtgøre, at der på forhånd foreligger en sådan forbindelse i hvert enkelt tilfælde. Hvad angår kravet om de fleste forbrugeres fælles forståelse pålægger dette krav den pågældende medlemsstat at fremlægge dokumentation for, at en sådan oplysning i de fleste forbrugeres øjne tillægges en stor værdi. Dette andet krav opstilles således efterfølgende og er accessorisk og supplerende i forhold til det første krav. Følgelig skal der foretages en successiv undersøgelse af disse to krav, idet det først og under alle omstændigheder skal efterprøves, om der foreligger en dokumenteret forbindelse mellem visse af de pågældende fødevarers kvaliteter i et givent tilfælde og deres oprindelse eller herkomst, og dernæst og kun, såfremt en sådan forbindelse er fastslået, om det er dokumenteret, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi. En sådan fortolkning understøttes både af den sammenhæng, som artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011 indgår i, og af de formål, der forfølges med forordningen. Hvad angår bestemmelsens sammenhæng følger det nemlig af artikel 7, stk. 1, i forordning nr. 1169/2011, at fødevareinformation ikke må give indtryk af, at fødevarer har særlige egenskaber, når andre lignende fødevarer har de samme egenskaber. En national foranstaltning, som gør det obligatorisk at angive en fødevares oprindelsesland eller herkomststed ved kun at støtte sig på en subjektiv forbindelse, som de fleste forbruger knytter til forbindelsen mellem denne oprindelse eller denne herkomst og visse af den omhandlede fødevares kvaliteter, kan imidlertid antyde, at denne sidstnævnte besidder særlige kvaliteter, som er knyttet til dens oprindelse eller herkomst, selv om en dokumenteret forbindelse mellem disse ikke er blevet objektivt fastslået. Hvad angår formålene med forordning nr. 1169/2011 omfatter de, som det følger af forordningens artikel 1, stk. 1, og artikel 3, stk. 1, sammenholdt med første, tredje og fjerde betragtning til forordningen, det formål, der består i at sikre et højt niveau for beskyttelsen af forbrugerne i relation til fødevareinformation, idet der tages hensyn til forskellene i forbrugernes opfattelse (jf. i denne retning dom af 12.11.2019, Organisation juive européenne og Vignoble Psagot, C-363/18 , EU:C:2019:954 , præmis og ). Et sådant formål kræver, som allerede fastslået af Domstolen, at fødevareinformation er korrekt, neutral og objektiv (jf. i denne retning dom af 22.9.2016, Breitsamer und Ulrich, C-113/15 , EU:C:2016:718 , præmis ). Dette er imidlertid ikke tilfældet, såfremt den obligatoriske angivelse af fødevarers oprindelsesland eller herkomststed kunne kræves alene på grundlag af en subjektiv værdi, som de fleste forbrugere knytter til forbindelsen mellem disse fødevarers oprindelse eller herkomst og visse af deres kvaliteter, selv om det ikke er blevet objektivt fastslået, at der foreligger en dokumenteret forbindelse mellem disse. På baggrund af samtlige disse betragtninger skal det andet spørgsmål besvares med, at artikel 39 i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at i tilfælde af, at der foreligger omstændigheder, der er begrundet i hensynet til beskyttelse af forbrugerne i henhold til artiklens stk. 1, skal de to krav, der er fastsat i artiklens stk. 2, nemlig for det første, at »forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst er dokumenteret«, og for det andet, at der fremlægges »dokumentation for, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi«, ikke sammenholdes, således at vurderingen af, om forbindelsen er dokumenteret, ikke kun kan baseres på subjektive forhold vedrørende den værdi, som de fleste forbrugere knytter til forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst. Om det tredje og det fjerde spørgsmål Med det tredje og det fjerde spørgsmål, der skal behandles samlet, ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at begrebet »fødevarens kvaliteter« omfatter fødevarens modstandsdygtighed over for transport og risikoen for forringelse under transporten, således at der skal tages hensyn til denne egenskab ved bedømmelsen af, om »forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst [eventuelt] er dokumenteret« som omhandlet i den pågældende bestemmelse. I denne forbindelse følger det af selve ordlyden af artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011, at begrebet »kvaliteter«, som efterfølger adjektivet »visse«, ikke kan udstrækkes til fødevarernes samlede beskaffenhed som omhandlet i forordningens artikel 7, stk. 1, litra a)-c). I modsætning til denne beskaffenhed, som afspejler fødevarernes forskellige kvaliteter, herunder dem, der følger af deres fremstilling eller behandling, er de »kvaliteter«, som artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011 henviser til, nemlig udelukkende dem, der har en »dokumenteret forbindelse« med oprindelsen eller herkomsten af de fødevarer, som besidder dem. Det følger deraf, at begrebet »kvaliteter«, som bestemmelsen refererer til, udelukkende henviser til kvaliteter, som adskiller fødevarer, der besidder disse, fra tilsvarende fødevarer, der, idet de har en anden oprindelse eller herkomst, ikke besidder dem. Modstandsdygtigheden for en fødevare såsom mælk eller mælk anvendt som ingrediens under transport og risikoen for forringelse under transporten kan ikke kvalificeres som en »kvalitet« som omhandlet i artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011, for så vidt som en sådan egenskab ikke i dokumenteret form er knyttet til en præcis oprindelse eller herkomst og således kan besiddes af fødevarer, der ikke er af denne oprindelse eller herkomst, og følgelig er garanteret uafhængigt af den pågældende oprindelse eller herkomst. På baggrund af ovenstående betragtninger skal det tredje og det fjerde spørgsmål besvares med, at artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at begrebet »fødevarens kvaliteter« ikke omfatter fødevarens modstandsdygtighed over for transport og risikoen for forringelse under transporten, således at der ikke skal tages hensyn til denne egenskab ved bedømmelsen af, om »forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst [eventuelt] er dokumenteret« som omhandlet i den pågældende bestemmelse. Sagsomkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tredje Afdeling) for ret: 1) Artikel 26 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 og (EF) nr. 1925/2006 og om ophævelse af Kommissionens direktiv 87/250/EØF, Rådets direktiv 90/496/EØF, Kommissionens direktiv 1999/10/EF, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/13/EF, Kommissionens direktiv 2002/67/EF og 2008/5/EF og Kommissionens forordning (EF) nr. 608/2004 skal fortolkes således, at en obligatorisk angivelse af oprindelsesland eller herkomststed for så vidt angår mælk og mælk anvendt som ingrediens skal anses for »et spørgsmål, der specifikt harmoniseres« i forordningen som omhandlet i forordningens artikel 38, stk. 1, i de tilfælde, hvor undladelse af angivelsen ville kunne vildlede forbrugerne, og at den ikke er til hinder for, at medlemsstaterne vedtager foranstaltninger om supplerende obligatoriske oplysninger på grundlag af forordningens artikel 39, forudsat at disse er forenelige med det formål, der forfølges af EU-lovgiver gennem den specifikke harmonisering af spørgsmålet om obligatorisk angivelse af oprindelseslandet eller herkomststedet, og at de udgør et samlet hele med denne angivelse. 2) Artikel 39 i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at i tilfælde af, at der foreligger omstændigheder, der er begrundet i hensynet til beskyttelse af forbrugerne i henhold til artiklens stk. 1, skal de to krav, der er fastsat i artiklens stk. 2, nemlig for det første, at »forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst er dokumenteret«, og for det andet, at der fremlægges »dokumentation for, at de fleste forbrugere tillægger en sådan oplysning stor værdi«, ikke sammenholdes, således at vurderingen af, om forbindelsen er dokumenteret, ikke kun kan baseres på subjektive forhold vedrørende den værdi, som de fleste forbrugere knytter til forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst. 3) Artikel 39, stk. 2, i forordning nr. 1169/2011 skal fortolkes således, at begrebet »fødevarens kvaliteter« ikke omfatter fødevarens modstandsdygtighed over for transport og risikoen for forringelse under transporten, således at der ikke skal tages hensyn til denne egenskab ved bedømmelsen af, om »forbindelsen mellem visse af fødevarens kvaliteter og dens oprindelse eller herkomst [eventuelt] er dokumenteret« som omhandlet i den pågældende bestemmelse. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: fransk.

62020CJ0428

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 1, stk. 2, i Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer ( EFT 1984, L 8, s. 17 ), som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005 ( EUT 2005, L 149, s. 14 ) (herefter »andet direktiv 84/5«). Anmodningen er blevet indgivet i forbindelse med en tvist mellem A.K. og Skarb Państwa (statskassen, Polen) vedrørende et krav om erstatning for det tab, som angiveligt er blevet forårsaget af en ukorrekt gennemførelse af direktiv 2005/14 i den polske retsorden. Retsforskrifter EU-retten Andet direktiv 84/5 Artikel 1, stk. 1 og 2, i andet direktiv 84/5 bestemte: »1.   Den forsikring, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, i [Rådets direktiv 72/166/EØF af 24. april 1972 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse (den danske specialudgave: serie I bind 1972(II), s. 345-347)], skal dække tingsskade såvel som personskade. 2.   Medlemsstaterne skal med forbehold af eventuelle bestemmelser om mere omfattende forsikringsdækning, der måtte gælde i medlemsstaterne, kræve lovpligtig forsikring for mindst følgende beløb: a) ved personskade en mindstedækning på 1000000 EUR pr. skadelidt eller 5000000 EUR for hvert uheld, uanset antallet af skadelidte b) ved tingsskade 1000000 EUR for hvert uheld, uanset antallet af skadelidte. Om nødvendigt kan medlemsstaterne indføre en overgangsperiode på op til fem år fra datoen for gennemførelsen af [direktiv 2005/14] til at tilpasse deres mindstebeløb for dækning til de beløb, der er fastsat i dette stykke. Medlemsstater, der indfører en sådan overgangsperiode, underretter Kommissionen herom med angivelse af overgangsperiodens varighed. Inden 30 måneder efter datoen for gennemførelsen af direktiv [2005/14] forhøjer medlemsstaterne forsikringsdækningen til mindst halvdelen af de niveauer, der er fastsat i dette stykke.« Direktiv 2005/14 Første og tiende betragtning til direktiv 2005/14 havde følgende ordlyd: »(1) Ansvarsforsikring for motorkøretøjer (motorkøretøjsforsikring) er af særlig betydning for Europas borgere, uanset om de er forsikringstagere eller ofre for en ulykke. Den har ligeledes en væsentlig betydning for forsikringsselskaberne, da den udgør den største del af skadesforsikringsmarkedet i Fællesskabet. Motorkøretøjsforsikring har også indflydelse på fri bevægelighed for personer og køretøjer. Det bør derfor være en væsentlig prioritet for Fællesskabet på området for finansielle tjenesteydelser at styrke og konsolidere det indre marked for motorkøretøjsforsikring. […] (10) Medlemsstaternes forpligtelse til at garantere forsikringsdækning for visse mindstebeløb udgør et væsentligt element til sikring af beskyttelsen af skadelidte. De mindstebeløb, der er fastsat i direktiv 84/5/EØF, bør ikke kun pristalsreguleres, men reelt forøges for at styrke beskyttelsen af skadelidte. Mindstebeløbet for dækning ved personskade bør være af en sådan størrelse, at alle ofre for ulykker med meget alvorlige kvæstelser til følge er beskyttede i dækkende og rimeligt omfang, dog således at der tages højde for, at der kun sjældent sker ulykker, hvor flere personer kommer til skade, eller hvor flere personer pådrager sig meget alvorlige kvæstelser ved samme ulykke. Et mindstebeløb for dækning på 1000000 EUR pr. skadelidt eller 5000000 EUR for hvert uheld, uanset antallet af skadelidte, forekommer rimeligt og tilstrækkeligt. For at lette indførelsen af disse mindstebeløb bør der indføres en overgangsperiode på fem år fra datoen for gennemførelsen af dette direktiv. Medlemsstaterne bør forhøje beløbene til mindst halvdelen af de fastsatte niveauer inden tredive måneder fra datoen for gennemførelsen.« Artikel 6 i direktiv 2005/14 med overskriften »Gennemførelse« fastsatte følgende i stk. 1: »Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest den 11. juni 2007. De underretter straks Kommissionen herom. […]« Direktiv 2009/103 De tidligere direktiver om lovpligtig ansvarsforsikring for motorkøretøjer (herefter »motorkøretøjsforsikringen«), herunder andet direktiv 84/5, blev kodificeret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse ( EUT 2009, L 263, s. 11 ) og blev følgelig herved ophævet med virkning fra den 27. oktober 2009. Ifølge den sammenligningstabel, der er indeholdt i bilag II til direktiv 2009/103, svarer artikel 1, stk. 1 og 2, i andet direktiv 84/5 til henholdsvis artikel 3, stk. 4, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103. Polsk ret Artikel 5 i Ustawa z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej (lov af 24.5.2007 om ændring af lov om obligatorisk ansvarsforsikring, om garantifonden for forsikringsgivere og om det polske kontor for forsikringsgivere, der dækker færdsel med køretøjer, samt lov om forsikringsvirksomhed, Dz. U. nr. 102, pos. 691, herefter »lov af 24. maj 2007«) bestemmer: »For aftaler om [motorkøretøjsforsikringer] og forsikringsaftaler om landbrugeres civilretlige ansvar skal mindstebeløbet for dækning i polske zlotys (PLN) svare til følgende beløb: 1) for så vidt angår aftaler indgået til og med den 10. december 2009: a) ved personskade 1500000 EUR for hvert uheld, der medfører skader, som er dækket af forsikringen, uanset antallet af skadelidte b) ved tingsskade 300000 EUR for hvert uheld, der medfører skader, som er dækket af forsikringen, uanset antallet af skadelidte – som beregnes på baggrund af den gennemsnitlige valutakurs, der offentliggøres af Narodowy Bank Polski [(den polske nationalbank)], og som var gældende på tidspunktet for skaden 2) for så vidt angår aftaler indgået i perioden fra den 11. december 2009 til den 10. juni 2012: a) ved personskade 2500000 EUR for hvert uheld, der medfører skader, som er dækket af forsikringen, uanset antallet af skadelidte b) ved tingsskade 500000 EUR for hvert uheld, der medfører skader, som er dækket af forsikringen, uanset antallet af skadelidte – som beregnes på baggrund af den gennemsnitlige valutakurs, der offentliggøres af Narodowy Bank Polski [(den polske nationalbank)], og som var gældende på tidspunktet for skaden.« Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål Den 12. oktober 2010 skete der et færdselsuheld i Polen, i forbindelse med hvilket 16 personer døde, herunder G.M. og den fører, som var ansvarlig for uheldet. Sidstnævnte havde tegnet en motorkøretøjsforsikring i henhold til en aftale, der dækkede perioden fra den 8. december 2009 til den 7. december 2010. Som følge af G.M.’s død indgav hendes datter, A.K., den 2. marts 2011 et erstatningskrav til den for uheldet ansvarlige førers forsikringsselskab, idet hun af dette selskab krævede erstatning for den ikke-økonomiske og økonomiske skade, som hun mente at have lidt på grund af sin mors død. Inden for rammerne af skadebehandlingen tildelte det nævnte selskab A.K. et endeligt beløb på 47000 polske zlotys (PLN) (ca. 10175 EUR) i erstatning for den ikke-økonomiske skade og 5000 PLN (ca. 1000 EUR) i erstatning for en betydelig forringelse af hendes situation. Forsikringsselskabet meddelte A.K., at den maksimale dækning, der var fastsat i motorkøretøjsforsikringspolicen, som den for uheldet ansvarlige fører havde tegnet, var nået. A.K. anlagde sag mod Skarb Państwa (statskassen) ved Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa, Polen) med påstand om betaling af 78000 PLN (ca. 17000 EUR), med tillæg af morarenter, i erstatning for den skade, der var lidt som følge af en ufuldstændig gennemførelse af direktiv 2005/14 i den polske retsorden. Hun gjorde gældende, at såfremt det nævnte direktiv var blevet gennemført korrekt i den polske retsorden, ville forsikringsselskabet skulle have forhøjet størrelsen på den mindstedækning, som var fastsat i den pågældende motorkøretøjsforsikringsaftale, og dermed have tildelt hende en yderligere erstatning på 78000 PLN for den skade, der var blevet lidt som følge af G.M.’s død. Denne ukorrekte gennemførelse fra Republikken Polens side fratog hende dermed muligheden for at blive tildelt dette beløb, således at hun har lidt en økonomisk skade i denne størrelsesorden, som statskassen skal betale hende. Ifølge A.K. var Republikken Polen forpligtet til at gennemføre direktiv 2005/14 på en sådan måde, at dækningsbeløbet fra og med den 11. december 2009 i samtlige motorkøretøjsforsikringsaftaler udgjorde mindst 2500000 EUR for hvert uheld i tilfælde af personskader. Inden for rammerne af lov af 24. maj 2007 lod den nationale lovgiver imidlertid omfanget af beskyttelsen af ofre for færdselsuheld, der fandt sted mellem den 11. december 2009 og december 2010, variere i forhold til den dato, hvor forsikringsaftalen var blevet indgået. I denne periode fandtes der således både aftaler indgået før den 11. december 2009 og aftaler indgået efter denne dato, idet de sidstnævnte aftaler fastsatte et mindstebeløb for dækning på 2500000 EUR, mens dette mindstebeløb for så vidt angår de førstnævnte aftaler kun var på 1500000 EUR. Statskassen gjorde gældende, at direktiv 2005/14 var blevet korrekt gennemført i den polske retsorden, og at denne forskelsbehandling var uløseligt forbundet med princippet om forbud mod loves tilbagevirkende kraft. Statskassen understregede ligeledes, at Europa-Kommissionen havde indledt en traktatbrudsprocedure mod Republikken Polen med hensyn til gennemførelsen af direktiv 2005/14, men at den nævnte institution den 28. april 2016 besluttede at afslutte denne procedure. Kommissionen var således af den opfattelse, at EU-retten ikke var blevet tilsidesat. Ved dom af 20. marts 2019 frifandt Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa) statskassen i det af A.K. anlagte søgsmål, idet domstolen fastslog, at den nationale lovgiver havde gennemført andet direktiv 84/5 korrekt ved at fastsætte overgangsperioder, der var tilladt i henhold til dette direktiv, med henblik på gradvist at forhøje mindstebeløbene for dækning, således at de først udgjorde halvdelen af de i direktivets artikel 1, stk. 2, omhandlede beløb, og dernæst de fulde beløb. Denne domstol fastslog desuden, at medlemsstaternes forpligtelse til at forhøje mindstebeløbene på den i direktiv 2005/14 fastsatte dækning kun fandt anvendelse på de aftaler, der var blevet indgået efter udløbet af disse overgangsperioder, og at EU-retten ikke fastsatte et krav om at forhøje mindstebeløbet for dækning i de motorkøretøjsforsikringsaftaler, der var blevet indgået før udløbet af disse perioder, heller ikke for så vidt angår de aftaler, hvis udløbsdato lå efter udløbet af disse overgangsperioder. Dette standpunkt er i overensstemmelse med retssikkerhedsprincippet, princippet om forbud mod loves tilbagevirkende kraft og princippet om aftalefrihed. A.K. har iværksat appel til prøvelse af denne dom ved den forelæggende ret, Sąd Apelacyjny w Warszawie (appeldomstolen i Warszawa, Polen), idet hun bl.a. har gjort gældende, at det var med urette, at Sąd Okręgowy w Warszawie (den regionale domstol i Warszawa) fastslog, at Republikken Polen havde gennemført direktiv 2005/14 korrekt i sin retsorden. Ifølge den forelæggende ret følger det af dom af 24. oktober 2013, Haasová ( C-22/12 , EU:C:2013:692 ), at motorkøretøjsforsikringen skal dække erstatning for ikke-økonomisk skade lidt af nærtstående til ofre, der er omkommet i et færdselsuheld, i det omfang en sådan erstatning er foreskrevet i medfør af den forsikredes erstatningsansvar i henhold til gældende national ret. Polsk ret foreskriver en sådan erstatning, og denne er omfattet af motorkøretøjsforsikringen. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at den omstændighed, at forsikringsselskabet ikke har tildelt A.K. fuld erstatning for hendes tab, fordi det i aftalen fastsatte dækningsloft var nået, har påført hende et tab svarende til forskellen mellem det udbetalte beløb og det beløb, som hun i princippet kunne have gjort krav på, såfremt dette loft var blevet forhøjet i forhold til de garanterede mindstebeløb for dækning, der er blevet indført i andet direktiv 84/5 ved direktiv 2005/14. I henhold til polsk ret er statskassen derfor forpligtet til at erstatte dette tab, hvis det viser sig, at Republikken Polen har gennemført direktiv 2005/14 ukorrekt i sin retsorden. I denne henseende fremgår det af tiende betragtning til sidstnævnte direktiv, at direktivet har til formål at sikre beskyttelsen af ofre for færdselsuheld. Direktivet indeholder ingen bestemmelser, der begrænser forpligtelsen til at forhøje mindstebeløbet for dækning til kun at gælde forsikringsaftaler indgået fra og med den 11. december 2009, og som herved udelukker, at der fra og med denne dato kunne ske en tilsvarende tilpasning for så vidt angår de motorkøretøjsforsikringsaftaler, der var blevet indgået inden denne dato, men som fortsat var i kraft efter denne. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at denne på grundlag af datoen for indgåelsen af forsikringsaftalen foretagne forskelsbehandling mellem disse to kategorier af personer, der i samme periode har lidt en skade som følge af et færdselsuheld, ikke er begrundet. Princippet om forbud mod loves tilbagevirkende kraft er nemlig ikke til hinder for, at kontraktforhold, der var gældende den 11. december 2009, blev ændret fra og med denne dato. Desuden er overholdelsen af retssikkerhedsprincippet blevet sikret ved den lange periode for gennemførelse af direktiv 2005/14, som medlemsstaterne blev indrømmet, og ved medlemsstaternes mulighed for at fastsætte overgangsperioder. Forsikringsselskaberne var således i stand til at tilpasse størrelsen på forsikringspræmien til mindstebeløbene for dækning. Den forelæggende ret er af den opfattelse, at såfremt det viser sig, at Republikken Polen har foretaget en ufuldstændig og dermed ukorrekt gennemførelse af direktiv 2005/14, vil den i dom af 19. november 1991, Francovich m.fl. ( C-6/90 og C-9/90 , EU:C:1991:428 ), fastsatte første betingelse for, at denne medlemsstat ifalder ansvar, være opfyldt. I det tilfælde vil den nævnte ret dernæst skulle undersøge, om A.K. har lidt en skade, der har en årsagsforbindelse med tilsidesættelsen af den forpligtelse, som påhvilede Republikken Polen, og i givet fald med hvilket beløb. På denne baggrund har Sąd Apelacyjny w Warszawie (appeldomstolen i Warszawa) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »Var en medlemsstat, som havde indført en overgangsperiode til at tilpasse mindstebeløbet for forsikringsdækning, forpligtet til at forhøje forsikringsdækningen til mindst halvdelen af de niveauer, som fremgår af artikel 1, stk. 2, i [andet direktiv 84/5], inden 30 måneder efter datoen for gennemførelsen af [direktiv 2005/14], i henhold til [sidstnævnte direktivs] artikel 2: – for så vidt angår alle motorkøretøjsforsikringsaftaler, som var i kraft efter udløbet af de angivne 30 måneder, herunder også aftaler, som blev indgået før den 11. december 2009, men som fortsat var i kraft efter denne dato – for så vidt angår uheld, der er opstået efter den 11. december 2009 – eller kun for så vidt angår nye motorkøretøjsforsikringsaftaler, som blev indgået efter den 11. december 2009?« Om det præjudicielle spørgsmål Med sit spørgsmål ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 1, stk. 2, i andet direktiv 84/5 skal fortolkes således, at de medlemsstater, der gjorde brug af den i denne bestemmelse foreskrevne mulighed for at fastsætte en overgangsperiode, var forpligtede til at kræve, at de mindsteforsikringsdækninger, der var fastsat i motorkøretøjsforsikringsaftaler, der var blevet indgået før den 11. december 2009, men som stadig var i kraft på denne dato, fra og med denne dato skulle være i overensstemmelse med den regel, der er fastsat i fjerde afsnit i nævnte artikel 1, stk. 2. Som led i den samarbejdsprocedure mellem de nationale retter og Domstolen, der er indført ved artikel 267 TEUF, tilkommer det Domstolen at give den nationale ret et hensigtsmæssigt svar, som sætter den forelæggende ret i stand til at afgøre den tvist, der verserer for den. Det påhviler nemlig Domstolen at fortolke alle de bestemmelser i EU-retten, som de nationale retter skal anvende for at træffe afgørelse i de for dem verserende tvister, også selv om disse bestemmelser ikke udtrykkeligt er omtalt i de spørgsmål, der forelægges Domstolen (jf. i denne retning dom af 12.12.2019, Instituto Nacional de la Seguridad Social (Pensionstillæg til mødre), C-450/18 , EU:C:2019:1075 , præmis ). I denne henseende følger det af artikel 1, stk. 2, andet afsnit, i andet direktiv 84/5, at medlemsstaterne kunne indføre en overgangsperiode på op til fem år fra datoen for gennemførelsen af direktiv 2005/14 i deres interne retsorden – dvs. den 11. juni 2007, således som det fremgår af sidstnævnte direktivs artikel 6, stk. 1 – til at tilpasse deres mindstebeløb for motorkøretøjsforsikringens dækning til de beløb, der er fastsat i artikel stk. 2, første afsnit, i andet direktiv 84/5. I overensstemmelse med det nævnte direktivs artikel 1, stk. 2, fjerde afsnit, skulle medlemsstaterne dog inden 30 måneder efter denne dato – dvs. senest den 11. december 2009 – forhøje disse mindstebeløb til mindst halvdelen af de niveauer, der er fastsat i direktivets artikel 1, stk. 2, første afsnit. Andet direktiv 84/5 blev imidlertid kodificeret og ophævet ved direktiv 2009/103 med virkning fra den 27. oktober 2009, dvs. inden den 11. december 2009, og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103 svarer, således som det fremgår af sammenligningstabellen i bilag II til dette direktiv, til artikel 1, stk. 2, i andet direktiv 84/5. Under disse omstændigheder skal den forelæggende ret gives en fortolkning af såvel artikel 1, stk. 2, i andet direktiv 84/5 som artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103. Det fremgår af de oplysninger, som den forelæggende ret har fremlagt, at Republikken Polen gjorde brug af den mulighed for at fastsætte en overgangsperiode, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, andet afsnit, i andet direktiv 84/5 og i artikel 9, stk. 1, andet afsnit, i direktiv 2009/103. I denne sammenhæng bestemmer lov af 24. maj 2007, at forpligtelsen til at foretage den forhøjelse, der er omhandlet i nærværende doms præmis 26, vedrører de motorkøretøjsforsikringsaftaler, der blev indgået mellem den 11. december 2009 og den 10. juni 2012, hvorved de aftaler, der er blevet indgået inden den 11. december 2009, og som stadig var i kraft efter denne dato, dermed var udelukket. Det skal i denne henseende bemærkes, at hverken artikel 1, stk. 2, i andet direktiv 84/5 eller artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103 udtrykkeligt præciserer, om den forpligtelse, der er nævnt i nærværende doms præmis 26, vedrører fremtidige virkninger af aftaler, der er blevet indgået inden den 11. december 2009, og som stadig var i kraft på denne dato. På denne baggrund skal det bemærkes, at en ny retsregel principielt finder anvendelse fra det tidspunkt, hvor den retsakt, hvori den er indeholdt, træder i kraft. Selv om den ikke finder anvendelse på retlige situationer, som er opstået og endeligt fastlagt, mens den tidligere lov var gældende, skal den anvendes på de fremtidige virkninger af en situation, der er opstået, mens den gamle regel var gældende, og på nye retlige situationer. Noget andet gælder kun – og med forbehold af princippet om forbud mod retsakters tilbagevirkende kraft – såfremt den nye retsregel er ledsaget af særbestemmelser, som specielt regulerer dens tidsmæssige anvendelse (jf. i denne retning dom af 7.11.2013, Gemeinde Altrip m.fl., C-72/12 , EU:C:2013:712 , præmis og den deri nævnte retspraksis, af 17.10.2018, Klohn, C-167/17 , EU:C:2018:833 , præmis og , og af 15.1.2019, E.B, C-258/17 , EU:C:2019:17 , præmis ). Retsakter, der er vedtaget til gennemførelse af et direktiv, skal således finde anvendelse på endnu ikke indtrådte virkninger af situationer, der er opstået, mens den gamle lov var gældende, fra datoen for udløbet af gennemførelsesfristen, medmindre dette direktiv bestemmer noget andet (dom af 17.10.2018, Klohn, C-167/17 , EU:C:2018:833 , præmis ). For at sikre overholdelsen af retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning skal EU-rettens materielle regler desuden fortolkes således, at de kun omfatter forhold, som ligger forud for ikrafttrædelsen, såfremt det af reglernes ordlyd, formål eller opbygning klart fremgår, at de skal have en sådan virkning (dom af 6.10.2015, Kommissionen mod Andersen, C-303/13 P , EU:C:2015:647 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Det følger af den praksis fra Domstolen, hvortil der er blevet henvist i nærværende doms præmis 31-33, at det med henblik på efterprøvelsen af en ny EU-retlig regels tidsmæssige anvendelse på en situation, der er opstået, mens den gamle regel, som den har erstattet, var gældende, skal afgøres, om denne situation har udtømt sine virkninger før ikrafttrædelsen af den nye regel, i hvilket tilfælde den skal kvalificeres som en situation, der er fastlagt før denne ikrafttrædelse, eller om den nævnte situation fortsat har virkninger efter denne. Det skal derfor afgøres, om den situation, hvor en motorkøretøjsforsikringsaftale blev indgået inden den 11. december 2009, men fortsat var gældende på denne dato, udgør en situation, der var fastlagt før den nævnte dato, og hvorpå den i nærværende doms præmis 26 omhandlede forpligtelse derfor kun kan finde anvendelse med tilbagevirkende kraft på den betingelse, at andet direktiv 84/5 og direktiv 2009/103 for det første klart har fastsat, at dette skulle være tilfældet, og at retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning for det andet faktisk er blevet iagttaget (jf. analogt dom af 9.3.2006, Beemsterboer Coldstore Services, C-293/04 , EU:C:2006:162 , præmis ), eller om der tværtimod er tale om en situation, der er opstået inden denne dato, men hvis fremtidige virkninger – i overensstemmelse med princippet om, at nye regler finder øjeblikkelig anvendelse på eksisterende situationer – reguleres af artikel 1, stk. 2, fjerde afsnit, i andet direktiv 84/5 og af artikel 9, stk. 1, fjerde afsnit, i direktiv 2009/103 fra og med den 11. december 2009. I denne henseende har Domstolen allerede fastslået, at indgåelsen af en tidsbegrænset arbejdskontrakt ikke udtømmer sine retsvirkninger på tidspunktet for dennes undertegnelse, men tværtimod fortsætter med løbende at have virkninger under hele kontraktens varighed, og at anvendelsen af en ny regel fra aftalens ikrafttræden på en arbejdskontrakt, der er indgået forud for denne ikrafttræden, derfor ikke kan anses for at påvirke en situation, der er fastlagt forud for aftalens ikrafttræden (jf. i denne retning dom af 29.1.2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00 , EU:C:2002:57 , præmis ). Det samme gælder så meget desto mere for de situationer, hvor en motorkøretøjsforsikringsaftale blev indgået inden den 11. december 2009 og fortsat var gældende på dette tidspunkt. Da forsikringsaftaler nemlig frem for alt er risikoaftaler, der er kendetegnet ved, at en af parternes ydelser afhænger af en usikker begivenhed, som kan indtræde eller ej i aftalens løbetid, består deres retsvirkninger indtil udløbet af denne periode. De retsforhold, der er skabt ved sådanne aftaler, udtømmes således ikke på tidspunktet for deres indgåelse. Dette tidspunkt markerer blot påbegyndelsen af opfyldelsen af aftalen, der for så vidt angår den forsikredes ydelse ofte sker i rater over tid, og som for så vidt angår forsikringsgiveren heller ikke er umiddelbar, eftersom opfyldelsen består i at yde erstatning til de personer, der har lidt et tab, såfremt en skade indtræder i løbet af aftaleperioden. Artikel 1, stk. 2, fjerde afsnit, i andet direktiv 84/5 og artikel 9, stk. 1, fjerde afsnit, i direktiv 2009/103 har imidlertid til formål at regulere fremtidige virkninger af aftaler, der er blevet indgået inden den 11. december 2009, og som fortsat var i kraft på denne dato. Når disse bestemmelser pålægger medlemsstaterne at forhøje motorkøretøjsforsikringens mindstedækning, udelukker de nemlig ikke de forsikringsdækninger, der er fastsat i disse aftaler, fra denne forhøjelse. Datoen for indgåelse af forsikringsaftalen udgør således ikke et afgørende forhold i denne henseende. Det fremgår derfor ikke af ordlyden af de nævnte bestemmelser, at EU-lovgiver skulle have haft til hensigt at fravige princippet om, at nye regler finder øjeblikkelig anvendelse på eksisterende situationer. Endvidere skal det bemærkes, således som A.K. og den tyske regering i det væsentlige har anført i deres skriftlige indlæg, at det med EU-lovgivningen om ansvarsforsikring for motorkøretøjer forfulgte formål om beskyttelse af ofrene for færdselsuheld – hvorved det bl.a. tilsigtes at sikre ofre for ulykker forvoldt af motorkøretøjer en ensartet behandling, uanset hvor i Unionen ulykken finder sted, og som konstant er blevet forfulgt og forstærket af EU-lovgiver (jf. i denne retning dom af 28.11.2017, Rodrigues de Andrade, C-514/16 , EU:C:2017:908 , præmis og ) – og det almindelige ligebehandlingsprincip kræver, at ofre for ulykker, der har fundet sted efter den 11. december 2009, ikke tildeles en begrænset erstatning med den begrundelse alene, at forsikringsaftalen blev indgået inden denne dato. Således som det fremgår af tiende betragtning til direktiv 2005/14, udgør medlemsstaternes forpligtelse til at garantere forsikringsdækning for visse mindstebeløb nemlig et væsentligt element til sikring af beskyttelsen af skadelidte. I modsætning til, hvad statskassen og den polske regering har gjort gældende i deres skriftlige indlæg, er retssikkerhedsprincippet og princippet om beskyttelse af den berettigede forventning ikke til hinder for en sådan fortolkning. I denne henseende skal det bemærkes, at det førstnævnte princip navnlig kræver, at retsreglerne skal være klare, præcise og forudsigelige i deres retsvirkninger, især når de kan have bebyrdende virkninger for personer og virksomheder (dom af 30.4.2019, Italien mod Rådet (Kvote for sværdfisk i Middelhavet), C-611/17 , EU:C:2019:332 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Sammenhængende med retssikkerhedsprincippet omfatter retten til at påberåbe sig princippet om beskyttelse af den berettigede forventning enhver borger, hos hvem EU’s administration har givet anledning til begrundede forhåbninger (dom af 30.4.2019, Italien mod Rådet (Kvote for sværdfisk i Middelhavet), C-611/17 , EU:C:2019:332 , præmis og den deri nævnte retspraksis). I det foreliggende tilfælde kan det for det første ikke gøres gældende, at den regel, der er fastsat i artikel 1, stk. 2, i andet direktiv 84/5 og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103, manglede klarhed, præcision eller forudsigelighed med hensyn til sine virkninger. Det skal for det andet bemærkes, at anvendelsesområdet for princippet om beskyttelse af den berettigede forventning ikke må udvides i en sådan grad, at princippet generelt forhindrer, at en ny ordning kan finde anvendelse på de fremtidige virkninger af situationer, som er opstået under en tidligere ordning (dom af 29.1.2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00 , EU:C:2002:57 , præmis og den deri nævnte retspraksis). Som den forelæggende ret i det væsentlige har anført, og således som den tyske regering ligeledes har anført i sit skriftlige indlæg, er princippet om forbud mod loves tilbagevirkende kraft i øvrigt ikke til hinder for, at nye mindstebeløb for dækning anvendes på motorkøretøjsforsikringsaftaler, der er blevet indgået inden den 11. december 2009, og som fortsat var i kraft på denne dato, for så vidt som disse beløb og de eventuelle nye præmier, der svarer hertil, i overensstemmelse med princippet om øjeblikkelig anvendelse kun finder anvendelse for perioden efter den 11. december 2009. Henset til ovenstående betragtninger skal det forelagte spørgsmål besvares med, at artikel 1, stk. 2, i andet direktiv 84/5 og artikel 9, stk. 1, i direktiv 2009/103 skal fortolkes således, at de medlemsstater, der gjorde brug af den i disse bestemmelser foreskrevne mulighed for at fastsætte en overgangsperiode, var forpligtede til at kræve, at de mindstebeløb for dækning, der var fastsat i motorkøretøjsforsikringsaftaler, der var blevet indgået før den 11. december 2009, men som stadig var i kraft på denne dato, fra og med denne dato skulle være i overensstemmelse med den regel, der er fastsat i nævnte bestemmelsers fjerde afsnit. Sagsomkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra de nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Anden Afdeling) for ret: Artikel 1, stk. 2, i Rådets andet direktiv 84/5/EØF af 30. december 1983 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om ansvarsforsikring for motorkøretøjer, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/14/EF af 11. maj 2005, og artikel 9, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/103/EF af 16. september 2009 om ansvarsforsikring for motorkøretøjer og kontrollen med forsikringspligtens overholdelse skal fortolkes således, at de medlemsstater, der gjorde brug af den i disse bestemmelser foreskrevne mulighed for at fastsætte en overgangsperiode, var forpligtede til at kræve, at de mindstebeløb for dækning, der var fastsat i motorkøretøjsforsikringsaftaler, der var blevet indgået før den 11. december 2009, men som stadig var i kraft på denne dato, fra og med denne dato skulle være i overensstemmelse med den regel, der er fastsat i nævnte bestemmelsers fjerde afsnit. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: polsk.

62015TJ0462

el

( ) Ιστορικό της διαφοράς Με τον κανονισμό (ΕΟΚ) 2474/93, της 8ης Σεπτεμβρίου 1993, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές στην Κοινότητα ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και για την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού αντιντάμπινγκ ( ΕΕ 1993, L 228, σ. 1 ), το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επέβαλε οριστικό δασμό αντιντάμπινγκ ύψους 30,6 % στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Κίνας. Κατόπιν επανεξετάσεως ενόψει λήξεως της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) 384/96 του Συμβουλίου, της 22ας Δεκεμβρίου 1995, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ΕΕ 1996, L 56, σ. 1 ) [ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΚ) 1225/2009, της 30ής Νοεμβρίου 2009, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ( ΕΕ 2009, L 343, σ. 51 , διορθωτικό στην ΕΕ 2010, L 7, σ. 22 , στο εξής: βασικός κανονισμός), ο οποίος με τη σειρά του αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/1036 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 8ης Ιουνίου 2016, για την άμυνα κατά των εισαγωγών που αποτελούν αντικείμενο ντάμπινγκ εκ μέρους χωρών μη μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ( ΕΕ 2016, L 176, σ. 21 )], ειδικότερα δε σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, του κανονισμού 384/96 (νυν άρθρο 11, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού), το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) 1524/2000, της 10ης Ιουλίου 2000, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας ( ΕΕ 2000, L 175, σ. 39 ), αποφάσισε να διατηρήσει τον προαναφερθέντα δασμό αντιντάμπινγκ. Κατόπιν ενδιάμεσης επανεξετάσεως δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 3, του κανονισμού 384/96 (νυν άρθρο 11, παράγραφος 3, του βασικού κανονισμού), το Συμβούλιο, με τον κανονισμό (ΕΚ) 1095/2005, της 12ης Ιουλίου 2005, για την επιβολή οριστικού δασμού στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Βιετνάμ και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1524/2000 ( ΕΕ 2005, L 183, σ. 1 ), αύξησε τον δασμό αντιντάμπινγκ επί των εισαγωγών ποδηλάτων καταγωγής Κίνας σε 48,5 %. Κατόπιν επανεξετάσεως ενόψει λήξεως της ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11, παράγραφος 2, του κανονισμού 384/96, το Συμβούλιο, με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 990/2011, της 3ης Οκτωβρίου 2011, για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Κίνας ( ΕΕ 2011, L 261, σ. 2 ), αποφάσισε να διατηρήσει τον ισχύοντα δασμό αντιντάμπινγκ ύψους 48,5 %. Τον Μάιο του 2013, κατόπιν ενδιάμεσης επανεξετάσεως δυνάμει του άρθρου 11, παράγραφος 3, του βασικού κανονισμού (νυν άρθρο 11, παράγραφος 3, του κανονισμού 2016/1036), το Συμβούλιο εξέδωσε τον κανονισμό (ΕΕ) 502/2013, της 29ης Μαΐου 2013, για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 990/2011 ( ΕΕ 2013, L 153, σ. 17 ), και αποφάσισε να διατηρήσει τον ισχύοντα δασμό αντιντάμπινγκ ύψους 48,5 %, εξαιρουμένων των ποδηλάτων που εξήγαν τρεις επιχειρήσεις, για τις οποίες ορίστηκαν ατομικοί δασμολογικοί συντελεστές. Κατόπιν έρευνας για πιθανή καταστρατήγηση βάσει του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού (νυν άρθρο 13 του κανονισμού 2016/1036), το Συμβούλιο εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 501/2013, της 29ης Μαΐου 2013, για την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον εκτελεστικό κανονισμό 990/2011 στις εισαγωγές ποδηλάτων που αποστέλλονται από την Ινδονησία, τη Μαλαισία, τη Σρι Λάνκα και την Τυνησία, είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Ινδονησίας, Μαλαισίας, Σρι Λάνκα και Τυνησίας ή όχι ( ΕΕ 2013, L 153, σ. 1 ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κατόπιν υποβολής νέας καταγγελίας το 2014, η οποία αφορούσε αυτή τη φορά ενδεχόμενη καταστρατήγηση των δασμών αντιντάμπινγκ στην οποία εμπλέκονταν παραγωγοί-εξαγωγείς ποδηλάτων εγκατεστημένοι στην Καμπότζη, στο Πακιστάν και στις Φιλιππίνες, εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 938/2014, της 2ας Σεπτεμβρίου 2014, για την έναρξη έρευνας όσον αφορά την πιθανή καταστρατήγηση των μέτρων αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 502/2013 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας μέσω εισαγωγών ποδηλάτων που αποστέλλονται από την Καμπότζη, το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καμπότζης, Πακιστάν και Φιλιππινών είτε όχι, και για την υπαγωγή των εν λόγω εισαγωγών σε καταγραφή ( ΕΕ 2014, L 263, σ. 5 , διορθωτικό στην ΕΕ 2014, L 341, σ. 31 ). Κατά την πορεία της έρευνας αυτής, η οποία αφορούσε την περίοδο από 1ης Ιανουαρίου 2011 έως τις 31 Αυγούστου 2014, η προσφεύγουσα, Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd, έλαβε από την Επιτροπή ένα «[έ]ντυπο για τις εταιρίες που ζητούν απαλλαγή από ενδεχόμενη επέκταση των δασμών» (στο εξής: έντυπο), το οποίο συμπλήρωσε και απέστειλε στις 10 Οκτωβρίου 2014. Από τη δικογραφία προκύπτει ότι η προσφεύγουσα είναι μονοπρόσωπη εταιρία περιορισμένης ευθύνης που ιδρύθηκε κατά το δίκαιο της Καμπότζης τον Μάιο του 2013 και ανήκει εξ ολοκλήρου στην Cronus International Co. Ltd, εταιρία εδρεύουσα στο Χονγκ Κονγκ η οποία ανήκει κατά 100 % σε κινέζικη εταιρία κατασκευής ποδηλάτων, την Guangzhou Cronus Bicycle Fashion Sports Co. Ltd. Η εν λόγω εταιρία Cronus International Co. Ltd ανήκει επίσης κατά 100 % στην κινέζικη εταιρία Guangzhou Cronus Bicycles Co. Ltd, κατασκευάστρια ποδηλάτων, πλαισίων και βαμμένων πλαισίων συνδεδεμένη με άλλη κινέζικη εταιρία κατασκευής ποδηλάτων, τη Shine Wheel Bicycle Co. Ltd που έπαυσε να λειτουργεί την 1η Ιουνίου 2014. Καθόσον η προσφεύγουσα δεν είχε διευκρινίσει, στους πίνακες D 5 και D 6 που επισύναψε στο έντυπο, ότι ήταν συνδεδεμένη κα με τη Shine Wheel Bicycle, υπέβαλε στοιχεία σχετικά με τον συγκεκριμένο προμηθευτή για πρώτη φορά στις 27 Οκτωβρίου 2014, δηλαδή απαντώντας σε αίτημα της Επιτροπής, της 16ης Οκτωβρίου 2014, για την παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών. Η προσφεύγουσα διευκρινίζει ότι, σε σχέση με την ημερομηνία ιδρύσεώς της και ενάρξεως των δραστηριοτήτων της τον Ιανουάριο του 2014, τα στοιχεία που παρέσχε στο έντυπο και στους συνημμένους σ’ αυτό πίνακες αφορούσαν περισσότερο την περίοδο από 1ης Σεπτεμβρίου 2013 έως 31 Αυγούστου 2014 (στο εξής: περίοδος αναφοράς) παρά την περίοδο έρευνας (βλ. σκέψη 7 ανωτέρω). Από το έντυπο προκύπτει ότι η προσφεύγουσα όρισε τη δραστηριότητά της ως παραγωγή και πώληση ποδηλάτων και πλαισίων ποδηλάτων, ειδικότερα για μικρές παραγγελίες με το σήμα Cronus. Στον πίνακα F 2, ο οποίος επισυνάπτεται στο έντυπο και απαριθμεί όλες τις αγορές ημιτελών προϊόντων που έχει πραγματοποιήσει ο αιτών την απαλλαγή, η προσφεύγουσα δήλωσε ως σχεδόν αποκλειστικό προμηθευτή την εταιρία «Shine Wheel Bicycle Co. Ltd (Guangzhou)», παράλληλα με μια βιετναμέζικη εταιρία για τη βαφή των πλαισίων και μια άλλη κινέζικη εταιρία. Στο πλαίσιο της απαντήσεώς της με ημερομηνία 27 Οκτωβρίου 2014, η προσφεύγουσα υπέβαλε έναν αναθεωρημένο πίνακα F 2. Η Shine Wheel Bicycle εμφανίζεται στον πίνακα αυτό ως συνδεδεμένη με την προσφεύγουσα εταιρία, της οποίας οι πωλήσεις προς την προσφεύγουσα κατά την περίοδο αναφοράς αντιπροσώπευαν την πλειονότητα των αγορών της προσφεύγουσας κατά την περίοδο αυτή. Η Guangzhou Cronus Bicycles εμφανίζεται, επίσης, στον εν λόγω πίνακα ως συνδεδεμένη με την προσφεύγουσα εταιρία για ορισμένες συναλλαγές κατά την περίοδο αναφοράς. Η έρευνα παρέσχε στην Επιτροπή τη δυνατότητα να προσδιορίσει έξι εταιρίες που εξήγαγαν ποδήλατα από την Καμπότζη. Μία εξ αυτών εγκατέλειψε το κράτος αυτό και εγκαταστάθηκε στο Πακιστάν στα τέλη του έτους 2013, ενώ οι άλλες πέντε κατασκευάστριες ποδηλάτων που αντιπροσώπευαν το 94 % των εισαγωγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το κράτος αυτό για τον συγκεκριμένο τύπο προϊόντος συνεργάστηκαν και υπέβαλαν αίτηση απαλλαγής. Η Επιτροπή εξέτασε τα στοιχεία που είχαν υποβάλει οι ως άνω πέντε εταιρίες στις οποίες συγκαταλέγεται και η προσφεύγουσα. Στις 11 Νοεμβρίου 2014 η Επιτροπή ενημέρωσε την προσφεύγουσα για την πρόθεσή της να πραγματοποιήσει επιτόπιο έλεγχο. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε στις 8 και 9 Δεκεμβρίου 2014, στις εγκαταστάσεις της προσφεύγουσας στο Tai Seng (Καμπότζη). Μετά τον εν λόγω επιτόπιο έλεγχο και ελέγχους με αντικείμενο τις τέσσερις άλλες συνεργαζόμενες κατασκευάστριες εταιρίες, η Επιτροπή έκρινε ότι τρεις εταιρίες δικαιούνταν απαλλαγής κατ’ εφαρμογήν του άρθρου 13, παράγραφος 4, του βασικού κανονισμού (νυν άρθρο 13, παράγραφος 4, του κανονισμού 2016/1036), ενώ αντιθέτως δύο, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα, δεν είχαν το δικαίωμα αυτό. Κατά τον έλεγχο αυτό, η Επιτροπή επισήμανε διάφορες ανωμαλίες, άκουσε τις συμπληρωματικές εξηγήσεις που παρέσχε συναφώς η προσφεύγουσα και εξέτασε τα προσκομισθέντα από αυτή στοιχεία. Καταρχάς, παρατήρησε ότι η προσφεύγουσα δεν διέθετε λογισμικό για την τήρηση λογιστικών βιβλίων, τα οποία τηρούσε σε αρχεία τύπου Excel. Είχε δε αρχίσει να συντάσσει λεπτομερείς εκθέσεις παραγωγής μόλις από τον Οκτώβριο του 2014. Περαιτέρω, κατά την Επιτροπή, από το έντυπο και τους συνημμένους σ’ αυτό πίνακες προέκυπτε ότι η προσφεύγουσα άρχισε να κατασκευάζει ποδήλατα μόλις από την 1η Ιανουαρίου 2014, στα εργαστήριά της συγκολλήσεως και βαφής, και ότι, στην αρχή της περιόδου αυτής, δεν κατασκεύαζε πλαίσια. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή διερωτάται σχετικά με την προέλευση των 1099 ποδηλάτων που εξήχθησαν στην Ένωση (εν προκειμένω στην Ελλάδα) στις 27 Ιανουαρίου 2014, τα οποία περιγράφονταν στο τιμολόγιο CI‑15295‑PM που εξέδωσε η προσφεύγουσα ως εξής: 380 ποδήλατα με πλαίσιο αλουμινίου 26 ιντσών, 240 ποδήλατα με χαλύβδινο πλαίσιο 26 ιντσών επίσης, 120 ποδήλατα με χαλύβδινο πλαίσιο 24 ιντσών, 119 ποδήλατα με χαλύβδινο πλαίσιο το επονομαζόμενο «hi‑ten 700C», 130 ποδήλατα με πτυσσόμενο χαλύβδινο πλαίσιο 20 ιντσών και 120 ποδήλατα με χαλύβδινο πλαίσιο 20 ιντσών. Ερωτηθείσα για τις περιστάσεις σχετικά με την εξαγωγή αυτή, η προσφεύγουσα προσκόμισε το τιμολόγιο KYD‑CN‑F01, με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2014, από το οποίο προέκυπτε ότι είχε αγοράσει 1098 χαλύβδινα πλαίσια ποδηλάτου 26 ιντσών από τη βιετναμέζικη εταιρία Kim Y Dinh Trading Service One Member Co. Ltd. Επισημαίνοντας ότι η εταιρία αυτή δεν ήταν η ίδια κατασκευάστρια ποδηλάτων και πλαισίων ποδηλάτων, αλλά απλώς και μόνον έμπορος, η Επιτροπή εξέφρασε επίσης την έκπληξή της για το γεγονός ότι είχαν αγορασθεί μόνο χαλύβδινα πλαίσια ποδηλάτου, ενώ το τιμολόγιο CI‑15295‑PM αφορούσε την πώληση 380 ποδηλάτων αλουμινίου και ότι το μέγεθος των εν λόγω πλαισίων (26 ιντσών) αντιστοιχούσε μόνον εν μέρει στο μέγεθος των ποδηλάτων που εξήχθησαν στην Ένωση. Η προσφεύγουσα κλήθηκε να εξηγήσει τις αντιφάσεις αυτές και προσκόμισε, κατά τον επιτόπιο ελέγχο, ένα πιστοποιητικό καταγωγής «τύπου Α» το οποίο είχε εκδοθεί από το Υπουργείο Εμπορίου του Βιετνάμ στο όνομα του εν λόγω εμπόρου για τα πλαίσια ποδηλάτου που αναγράφονταν στο τιμολόγιο KYD‑CN‑F01. Η Επιτροπή διαπίστωσε, εντούτοις, ότι και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό καταγωγής ανέφερε μόνο χαλύβδινα πλαίσια, ενώ η εκτιθέμενη στη σκέψη 17 ανωτέρω εξαγωγή προς την Ένωση αφορούσε και πλαίσια αλουμινίου, κάτι το οποίο ακολούθως παραδέχθηκε η προσφεύγουσα επισημαίνοντας ότι εσφαλμένως το εν λόγω πιστοποιητικό ανέφερε μόνο χαλύβδινα πλαίσια. Περαιτέρω, η προσφεύγουσα δεν μπόρεσε να προσκομίσει κανένα πιστοποιητικό καταγωγής «τύπου Α» στο όνομά της για τα ποδήλατα που εξήχθησαν στην Ένωση, για τα οποία είχε εκδοθεί το τιμολόγιο CI‑15295‑PM. Η Επιτροπή έκρινε, συνεπώς, ότι, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα δεν είχε η ίδια κατασκευάσει πλαίσια ποδηλάτου κατά την έναρξη των δραστηριοτήτων της, η μόνη δυνατή εξήγηση ήταν ότι τα επίμαχα ποδήλατα δεν είχαν συναρμολογηθεί από την προσφεύγουσα, αλλά είχαν απλώς μεταφορτωθεί προερχόμενα από κινέζικες συνδεδεμένες με αυτήν εταιρίες. Επιπροσθέτως, η Επιτροπή επισήμανε, κατά τον επιτόπιο έλεγχο, υποτιθέμενες ανακολουθίες και την αναξιοπιστία ορισμένων στοιχείων που περιέχονταν στο έντυπο. Κατά το όργανο αυτό, ορισμένες δηλωθείσες κατασκευαστικές δαπάνες δεν αντιστοιχούσαν σε προστιθέμενη αξία των μερών που τοποθετούνταν κατά τη συναρμολόγηση ή την ολοκλήρωση της κατασκευής και είχαν προστεθεί τεχνητώς με σκοπό την πλήρωση των δύο ορίων που προβλέπονταν στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του βασικού κανονισμού [νυν άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 2016/1036]. Επομένως, ορισμένες αποδιδόμενες στην κατασκευή των πλαισίων ποδηλάτων δαπάνες (αποσβέσεις, μισθώματα, κόστος ηλεκτρικής ενέργειας) δεν αντιστοιχούσαν στην ποσότητα των κατασκευασμένων ποδηλάτων, η δε κατανάλωση των χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή αυτή ήταν υπερεκτιμημένη σε σχέση με τα στοιχεία των πραγματικών κατασκευαστών ποδηλάτων και οι εργασιακές δαπάνες ήταν επίσης πολύ υψηλές σε σχέση με την ποσότητα των κατασκευασμένων πλαισίων ποδηλάτων και των συναρμολογημένων ποδηλάτων, πάντα σε σύγκριση με τους μισθούς που κατέβαλλαν οι πραγματικοί κατασκευαστές. Η Επιτροπή αναπροσάρμοσε, συνεπώς, σ’ αυτή τη βάση τις δαπάνες κατασκευής της προσφεύγουσας και συνήγαγε το συμπέρασμα ότι, αφενός, τα προερχόμενα από την Κίνα μέρη ποδηλάτου αντιπροσώπευαν άνω του 60 % της συνολικής αξίας των μερών του συναρμολογούμενου προϊόντος (77 %) και ότι, αφετέρου, η προστιθέμενη αξία των μερών που τοποθετούνταν κατά την εργασία της συναρμολογήσεως ήταν κατώτερη του 25 % (2 %). Στις 13 Μαρτίου 2015 η Επιτροπή κοινοποίησε στην προσφεύγουσα τα πορίσματά της σχετικά, πρώτον, με την ύπαρξη πρακτικών καταστρατηγήσεως στην Καμπότζη (γενικά πορίσματα) και, δεύτερον, με τον ρόλο που διαδραμάτισε η προσφεύγουσα στις πρακτικές αυτές (ειδικά πορίσματα). Απαντώντας στην κοινοποίηση αυτή, η προσφεύγουσα προέβαλε, στις 31 Μαρτίου 2015, ορισμένες αντιρρήσεις εγγράφως και κατά τη διάρκεια ακροάσεως. Πρώτον, αμφισβήτησε μεταξύ άλλων το πόρισμα ότι εμπλεκόταν σε πρακτικές μεταφορτώσεως. Συναφώς, υποστήριξε ότι, όπως προέκυπτε από τα στοιχεία που είχαν συλλεχθεί κατά τον επιτόπιο έλεγχο, η πιο εύλογη εξήγηση ήταν ότι τα επίμαχα πλαίσια ποδηλάτων ήταν καταγωγής Βιετνάμ. Προσκόμισε δε ένα συμπληρωματικό δικαιολογητικό έγγραφο σε σχέση με το τιμολόγιο CI‑15295‑PM προκειμένου να αποδείξει τη βιετναμέζικη καταγωγή των πλαισίων ποδηλάτων. Η προσφεύγουσα επισημαίνει ότι συνεπώς έχει προσκομίσει, μεταξύ άλλων, το τιμολόγιο αγοράς του χάλυβα και του αλουμινίου που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή των πλαισίων ποδηλάτου, το τιμολόγιο της βιετναμέζικης εταιρίας που μετέτρεψε τον χάλυβα σε πλαίσια, το τιμολόγιο των προμηθευτών των πλαισίων ποδηλάτων με κωδικό αναφοράς KYD‑CN‑F01, της 17ης Ιανουαρίου 2014, τον κατάλογο συσκευασίας των εν λόγω πλαισίων με την ίδια ημερομηνία και απόδειξη διακανονισμού του τιμολογίου αυτού καθώς και αναγραφή της συνολικής ποσότητας των παραδοθέντων πλαισίων ποδηλάτων (περίπου τρεις τόνοι) που αντιστοιχούσε στα στοιχεία του πίνακα F 2. Η προσφεύγουσα εξήγησε την αναγραφή ενός λιγότερου πλαισίου ποδηλάτου σε σχέση με τον αριθμό των εξαχθέντων ποδηλάτων (1098 έναντι 1099) για τον λόγο ότι είχε λάβει ένα πλαίσιο ποδηλάτου ως δείγμα από τον προμηθευτή της. Δεύτερον, αμφισβήτησε τις εκ μέρους της Επιτροπής αναπροσαρμογές των κατασκευαστικών δαπανών της για τον υπολογισμό του ορίου του 25 % της προστιθέμενης αξίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του βασικού κανονισμού. Στις 18 Μαΐου 2015 η Επιτροπή εξέδωσε τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/776, με τον οποίο ο οριστικός δασμός αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκε με τον κανονισμό (ΕΕ) 502/2013 του Συμβουλίου στις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας επεκτείνεται στις εισαγωγές ποδηλάτων που αποστέλλονται από την Καμπότζη, το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες είτε έχουν δηλωθεί ως καταγωγής Καμπότζης, Πακιστάν και Φιλιππινών είτε όχι ( ΕΕ 2015, L 122, σ. 4 , στο εξής: προσβαλλόμενος κανονισμός). Η Επιτροπή διαπίστωσε, μεταξύ άλλων, στις αιτιολογικές σκέψεις 69, 71, 73 και 74 του προσβαλλόμενου κανονισμού τα εξής: «69 Μία από τις πέντε συνεργαζόμενες εταιρείες δεν μπόρεσε να αντιστοιχίσει τα στοιχεία σχετικά με το είδος των πλαισίων που αγοράστηκαν από την Κίνα με τα στοιχεία για το είδος ποδηλάτων που πωλήθηκαν στην Ένωση, ενώ η εταιρεία δεν κατασκεύαζε πλαίσια κατά την εν λόγω περίοδο. Ως εκ τούτου, συνήχθη το συμπέρασμα ότι τα ποδήλατα είχαν μεταφορτωθεί. […] Υπενθυμίζεται ότι, κατά την επιτόπια επαλήθευση, οι πληροφορίες που παρασχέθηκαν από την εταιρεία δεν επέτρεψαν στην Επιτροπή να συμβιβάσει το είδος των πλαισίων που αγοράστηκαν με τους τύπους ποδηλάτων που εξάγονται στην Ένωση, καθώς η εταιρεία έδειξε αγορές πλαισίων από χάλυβα, ενώ εξήγαγε ποδήλατα με σκελετό από χάλυβα και αλουμίνιο διαφόρων μεγεθών. Αυτό θα σήμαινε ότι τα εξαγόμενα ποδήλατα δεν συναρμολογούνται στην Καμπότζη. Επιπλέον, τα μόνα στοιχεία που υποβλήθηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση από την εταιρεία προκειμένου να αποδείξει την καταγωγή των εν λόγω πλαισίων ήταν το έντυπο Α/πιστοποιητικό καταγωγής που εξέδωσαν οι βιετναμέζικες αρχές στο όνομα ενός βιετναμέζου εμπόρου. Μετά την κοινοποίηση, η εταιρεία ισχυρίστηκε ότι το έντυπο τύπου Α/πιστοποιητικό καταγωγής κακώς αναφέρει ότι όλα τα πλαίσια ήταν από χάλυβα, ενώ στην πραγματικότητα ήταν και από αλουμίνιο. Τα νέα έγγραφα που υπέβαλε η εταιρεία μετά την κοινοποίηση, στα βιετναμέζικα και στα κινεζικά με περιορισμένη μετάφραση στα αγγλικά, περιέχουν αρκετές ανακολουθίες (η ποσότητα των πλαισίων που αγοράστηκε δεν μπορούσε να συμβιβαστεί με τον αριθμό ποδηλάτων που εξάγονται όπως καθορίστηκαν κατά την επιτόπια επαλήθευση· ένα έγγραφο υποβλήθηκε ως τιμολόγιο, αλλά δεν περιλαμβάνει καμία τιμή· δεν υποβλήθηκαν αποδεικτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα στάδια κατασκευής των πλαισίων, όπως η κοπή, μορφοποίηση, διάτρηση και βαφή). Τα νέα αυτά έγγραφα ήταν, συνεπώς, ελλιπή και ανεπαρκή προκειμένου να αποδειχθεί ότι τα εν λόγω πλαίσια παρήχθησαν στο Βιετνάμ. […] Επιπλέον, η εταιρεία δεν ήταν σε θέση να παράσχει το έντυπο Α/πιστοποιητικό καταγωγής από το Υπουργείο Εμπορίου στην Καμπότζη για τα εν λόγω ποδήλατα. Ως εκ τούτου, και ελλείψει άλλων διαθέσιμων πληροφοριών, συνάγεται το συμπέρασμα ότι τα εν λόγω μέρη κατάγονται από την Κίνα. […] Ως εκ τούτου, βάσει των αποδεικτικών στοιχείων που απαριθμούνται ανωτέρω, η ύπαρξη πρακτικών μεταφόρτωσης στην Καμπότζη κατά την έννοια του άρθρου 13 παράγραφος 1 του βασικού κανονισμού επιβεβαιώνεται.» Η Επιτροπή απέρριψε επίσης, στις αιτιολογικές σκέψεις 80 επ. του προσβαλλόμενου κανονισμού, τις αντιρρήσεις της προσφεύγουσας όσον αφορά τις αναπροσαρμογές των κατασκευαστικών δαπανών για τον υπολογισμό του ορίου του 25 % της προστιθέμενης αξίας, το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 13, παράγραφος 2, στοιχείο βʹ, του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή απέρριψε, ως εκ τούτου, την αίτηση απαλλαγής που είχε υποβάλει η προσφεύγουσα (αιτιολογική σκέψη 161 του προσβαλλόμενου κανονισμού). Αποφάσισε δε, στο άρθρο 1 του προσβαλλόμενου κανονισμού, την επέκταση του οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ ύψους 48,5 % που ίσχυε για τις εισαγωγές ποδηλάτων καταγωγής Κίνας και διαλαμβάνεται στη σκέψη 3 ανωτέρω, στις εισαγωγές ποδηλάτων που αποστέλλονται μεταξύ άλλων από την Καμπότζη, χωρίς να συμπεριλάβει την προσφεύγουσα μεταξύ των απαλλασσόμενων του δασμού εταιριών. Κατά την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου, «[ο] δασμός που επεκτείνεται με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου εισπράττεται για τις εισαγωγές που αποστέλλονται από την Καμπότζη, το Πακιστάν και τις Φιλιππίνες, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Καμπότζης, Πακιστάν και Φιλιππινών είτε όχι, οι οποίες καταγράφονται σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 938/2014, με το άρθρο 13 παράγραφος 3 και με το άρθρο 14 παράγραφος 5 του [βασικού κανονισμού], με εξαίρεση τα προϊόντα που παράγονται από τις εταιρείες οι οποίες αναφέρονται στην παράγραφο 1». Διαδικασία και αιτήματα των διαδίκων Με δικόγραφο που κατέθεσε στη Γραμματεία του Γενικού Δικαστηρίου στις 11 Αυγούστου 2015, η προσφεύγουσα άσκησε την υπό κρίση προσφυγή. [ παραλειπόμενα ] Οι διάδικοι αγόρευσαν και απάντησαν στις ερωτήσεις του Γενικού Δικαστηρίου κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση της 9ης Νοεμβρίου 2017. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση η προσφεύγουσα και η Επιτροπή υπέβαλαν ορισμένες παρατηρήσεις επί της εκθέσεως ακροατηρίου, οι οποίες περιελήφθησαν στα πρακτικά της συνεδριάσεως. Σκεπτικό [ παραλειπόμενα ] Επί του πρώτου λόγου ακυρώσεως που στηρίζεται σε παράβαση του άρθρου 13, παράγραφος 1, του βασικού κανονισμού λόγω «πρόδηλης νομικής και πραγματικής πλάνης εκτιμήσεως», στην οποία υπέπεσε η Επιτροπή όσον αφορά τη διαπίστωση καταστρατηγήσεως και τη φύση των διαθέσιμων στοιχείων Στο πλαίσιο του πρώτου λόγου ακυρώσεως, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι η διαπίστωση πρακτικής μεταφορτώσεως είναι εσφαλμένη, καθώς και οι έννομες συνέπειες που επάγεται η εν λόγω διαπίστωση. Κατά την άποψή της, τα συγκεκριμένα ποδήλατα κατασκευάστηκαν από πλαίσια και υλικά βιετναμέζικης καταγωγής, καθόσον η Επιτροπή δεν διέθετε κανένα αποδεικτικό στοιχείο περί του αντιθέτου. Ούτε ο βασικός κανονισμός ούτε η νομολογία της παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης συναγωγής του συμπεράσματος ότι υπάρχει πρακτική μεταφορτώσεως. Η προσφεύγουσα εκτιμά ότι απέδειξε επαρκώς κατά νόμον τη βιετναμέζικη καταγωγή των μερών, με τη βοήθεια αποδεικτικών στοιχείων τα οποία δεν είχε τη δυνατότητα να μη λάβει υπόψη η Επιτροπή, όπως έπραξε. Διευκρινίζει ότι επί του τιμολογίου CI‑15295‑PM αναγράφονται οι ειδικοί κωδικοί αναφοράς κάθε μοντέλου και ότι τούτο καθιστά δυνατό τον προσδιορισμό του υλικού που συνθέτει το πλαίσιο. Προσθέτει δε ότι έχει προσκομίσει τα συμπληρωματικά έγγραφα που αναφέρονται στη σκέψη 22 ανωτέρω. Επισημαίνει ότι αμφισβητεί, επίσης, τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή αξιολόγησε το πιστοποιητικό καταγωγής «τύπου Α» που εξέδωσαν οι βιετναμέζικες αρχές, διότι σ’ αυτό αναγράφονται ο αριθμός τιμολογίου του προμηθευτή, η ημερομηνία του τιμολογίου αυτού, ο αριθμός των σχετικών μονάδων, η μικτή ποσότητα του φορτίου και ότι το φορτίο αυτό ελέγχθηκε κατά τη διέλευση των συνόρων που χωρίζουν το Βιετνάμ από την Καμπότζη. Εσφαλμένη ήταν, συνεπώς, μόνον η περιεχόμενη στο εν λόγω πιστοποιητικό αναφορά σε «χαλύβδινα πλαίσια ποδηλάτου» η οποία, όπως έχει ήδη εξηγήσει η προσφεύγουσα, συνιστούσε εκ παραδρομής λάθος του προμηθευτή. Η προσφεύγουσα προσθέτει ότι η μόνη ανακολουθία που υπήρχε στα προσκομισθέντα εκ μέρους της αποδεικτικά στοιχεία αφορούσε τη διαφορετική περιγραφή των ποδηλάτων στο τιμολόγιο CI‑15295‑PM, των πλαισίων που αποτελούσαν αντικείμενο του τιμολογίου αγοράς KYD‑CN‑F01 και του πιστοποιητικού καταγωγής «τύπου Α», ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχεία καταδείκνυαν ότι είχε αγοράσει τα πλαίσια ποδηλάτου από το Βιετνάμ. Η ανάλυση της Επιτροπής απέδιδε, συνεπώς, ευθύνη για πρακτικές μεταφορτώσεως σε κάθε μη Κινέζο κατασκευαστή που είχε σχέσεις με Κινέζους κατασκευαστές ποδηλάτων, ανεξαρτήτως των πραγματικών περιστάσεων της συγκεκριμένης περιπτώσεως. Η Επιτροπή υπέπεσε, συνεπώς, σε «νομική και πραγματική» πλάνη εκτιμήσεως, κατά την εφαρμογή του άρθρου 13, παράγραφος 1, του βασικού κανονισμού. Η Επιτροπή ζητεί την απόρριψη του πρώτου λόγου ακυρώσεως. Εισαγωγικές παρατηρήσεις [ παραλειπόμενα ] Κατά το άρθρο 13, παράγραφος 1, του βασικού κανονισμού, η ύπαρξη καταστρατηγήσεως των μέτρων αντιντάμπινγκ διαπιστώνεται όταν πληρούνται τέσσερις προϋποθέσεις. Πρώτον, πρέπει να υπάρχει μεταβολή του τρόπου διεξαγωγής των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ τρίτης χώρας και της Ένωσης ή μεταξύ των εταιριών της χώρας που υπόκειται στα μέτρα και της Ένωσης. Δεύτερον, η μεταβολή αυτή πρέπει να απορρέει από μια πρακτική, διαδικασία ή εργασία, για την οποία δεν υφίσταται ικανός αποχρών λόγος ή άλλη οικονομική δικαιολογία, πλην της επιβολής του δασμού. Τρίτον, πρέπει να υφίστανται στοιχεία περί του ότι ζημιώνεται η βιομηχανία της Ένωσης ή ότι εξουδετερώνονται οι επανορθωτικές συνέπειες του δασμού αντιντάμπινγκ. Τέταρτον, πρέπει να υφίστανται αποδεικτικά στοιχεία της υπάρξεως ντάμπινγκ (αποφάσεις της 26ης Ιανουαρίου 2017, Maxcom κατά Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P και C‑259/15 P , EU:C:2017:61 , σκέψη , και της 26ης Ιανουαρίου 2017, Maxcom κατά City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P και C‑260/15 P , EU:C:2017:62 , σκέψη ). Από το γράμμα και την οικονομία του άρθρου 13 του βασικού κανονισμού προκύπτει ότι, προκειμένου να αποδειχθεί η ύπαρξη καταστρατηγήσεως, τα οικεία θεσμικά όργανα οφείλουν να προβαίνουν σε σφαιρική ανάλυση ως προς την τρίτη χώρα την οποία αφορά η έρευνα σχετικά με καταστρατήγηση στο σύνολό της. Αντιθέτως, δεν απόκειται σε αυτά, προκειμένου να αποδείξουν την εν λόγω καταστρατήγηση, να προβαίνουν σε ανάλυση της καταστάσεως κάθε μεμονωμένου παραγωγού-εξαγωγέα, καθώς η ανάλυση αυτή βαρύνει τους εν λόγω μεμονωμένους παραγωγούς-εξαγωγείς στο πλαίσιο των αιτήσεων που υποβάλλονται βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 4, του κανονισμού αυτού (αποφάσεις της 26ης Ιανουαρίου 2017, Maxcom κατά Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P και C‑259/15 P , EU:C:2017:61 , σκέψη , και της 26ης Ιανουαρίου 2017, Maxcom κατά City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P και C‑260/15 P , EU:C:2017:62 , σκέψη ). Ειδικότερα, βάσει του άρθρου 13, παράγραφος 1, του βασικού κανονισμού, η ύπαρξη καταστρατηγήσεως των μέτρων αντιντάμπινγκ διαπιστώνεται από τα θεσμικά όργανα της Ένωσης συνολικά για την εν λόγω τρίτη χώρα, ενώ σε κάθε μεμονωμένο παραγωγό-εξαγωγέα απόκειται να αποδείξει ότι η ειδική κατάσταση υπό την οποία τελεί δικαιολογεί να του χορηγηθεί απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 4, του κανονισμού αυτού (αποφάσεις της 26ης Ιανουαρίου 2017, Maxcom κατά Chin Haur Indonesia, C‑247/15 P, C‑253/15 P και C‑259/15 P , EU:C:2017:61 , σκέψη , και της 26ης Ιανουαρίου 2017, Maxcom κατά City Cycle Industries, C‑248/15 P, C‑254/15 P και C‑260/15 P , EU:C:2017:62 , σκέψη ). Εξάλλου, όπως υπενθύμισε ο γενικός εισαγγελέας P. Mengozzi με τις προτάσεις του στις συνεκδικασθείσες υποθέσεις Maxcom κ.λπ. κατά Chin Haur Indonesia ( C‑247/15 P, C‑253/15 P και C‑259/15 P , EU:C:2016:712 , σημεία και ), το άρθρο 13, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, του βασικού κανονισμού (νυν άρθρο 13, παράγραφος 1, τέταρτο εδάφιο, του κανονισμού 2016/1036) απαριθμεί ενδεικτικά τις πρακτικές, διαδικασίες ή εργασίες για τις οποίες γίνεται λόγος στο πρώτο εδάφιο και οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, «την αποστολή του προϊόντος που υπόκειται στα μέτρα μέσω τρίτων χωρών» και, «υπό τις περιστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2, τη συναρμολόγηση μερών από δράση συναρμολόγησης στην [Ένωση] ή σε τρίτη χώρα». Όπως ορθώς επισήμανε η Επιτροπή στην απάντηση που έδωσε στις 13 Οκτωβρίου 2017 σε μέτρο οργανώσεως της διαδικασίας της 22ας Σεπτεμβρίου 2017 (βλ. σκέψεις 38 και 39 ανωτέρω), οι διάφορες πρακτικές καταστρατηγήσεως που περιλαμβάνονται στο εν λόγω άρθρο 13, παράγραφος 1, δεύτερο εδάφιο, απαριθμούνται ενδεικτικώς, όπως καταδεικνύεται από τη χρήση της φράσεως «μεταξύ άλλων». Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι αρκεί να αποδειχθεί ένα μόνον είδος πρακτικής καταστρατηγήσεως προκειμένου να συντρέχει η δεύτερη προϋπόθεση που εκτίθεται στη σκέψη 53 ανωτέρω, τούτο όμως δεν εμποδίζει τα οικεία θεσμικά όργανα να διαπιστώσουν και άλλου είδους πρακτικές καταστρατηγήσεως, εφόσον εκτιμούν ότι συντρέχει τέτοια περίπτωση. Εφαρμογή στην υπό κρίση υπόθεση Από τον προσβαλλόμενο κανονισμό προκύπτει ότι η Επιτροπή εξέτασε τις τέσσερις προϋποθέσεις που εκτίθενται στη σκέψη 53 ανωτέρω ως προς την Καμπότζη, αφενός, πριν δεχθεί την ατομική αίτηση απαλλαγής που υπέβαλαν οι τρεις από τις πέντε συνεργαζόμενες εταιρίες της Καμπότζης και, αφετέρου, πριν απορρίψει την αίτηση απαλλαγής των άλλων δύο εταιριών στις οποίες συγκαταλέγεται και η προσφεύγουσα. Καταρχάς, όσον αφορά την πρώτη, την τρίτη και την τέταρτη προϋπόθεση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνταν οι προϋποθέσεις αυτές, κάτι το οποίο δεν αμφισβητεί η προσφεύγουσα. Στη συνέχεια, όσον αφορά τη δεύτερη προϋπόθεση, δηλαδή την ύπαρξη πρακτικών καταστρατηγήσεως στην Καμπότζη, δηλαδή πρακτικών, διαδικασιών ή εργασιών για τις οποίες δεν υφίσταται ικανός αποχρών λόγος ή άλλη οικονομική δικαιολογία, πλην της επιβολής του δασμού, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι υπήρχαν τόσο πρακτικές μεταφορτώσεως όσο και διαδικασίες συσκευασίας που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού. Βεβαίως, από τις αιτιολογικές σκέψεις 69 έως 74 του προσβαλλόμενου κανονισμού προκύπτει ότι η διαπίστωση της υπάρξεως πρακτικών μεταφορτώσεως στην Καμπότζη στηρίζεται μόνο στην ατομική κατάσταση της προσφεύγουσας. Εντούτοις πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η Επιτροπή επισήμανε, επίσης, ότι υπήρχαν στην Καμπότζη πρακτικές συναρμολογήσεως οι οποίες δεν πληρούσαν τα κριτήρια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού όσον αφορά δύο εταιρίες της Καμπότζης, μεταξύ των οποίων και η προσφεύγουσα, όπως προκύπτει από τις αιτιολογικές σκέψεις 75 έως 88 του προσβαλλόμενου κανονισμού. Συνεπώς, ακόμη κι αν υποτεθεί ότι η προσφεύγουσα δεν εμπλέκεται σε πρακτικές μεταφορτώσεως, πράγμα το οποίο θα απέκλειε την ύπαρξη τέτοιων πρακτικών στην Καμπότζη, η διαπίστωση πρακτικών καταστρατηγήσεως εντός του κράτους αυτού θα εξακολουθούσε να ισχύει βάσει των λόγων που εκτίθενται στον προσβαλλόμενο κανονισμό σχετικά με τις διαδικασίες συναρμολογήσεως που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού, τουλάχιστον όσον αφορά την άλλη εταιρία της Καμπότζης, ως προς την οποία όμως οι σχετικές διαπιστώσεις που περιλαμβάνονται στον προσβαλλόμενο κανονισμό δεν αποτελούν αντικείμενο της παρούσας διαφοράς. Ο πρώτος λόγος ακυρώσεως δεν μπορεί, συνεπώς, να αναιρέσει τη διαπίστωση που περιλαμβάνεται στον προσβαλλόμενο κανονισμό περί υπάρξεως πρακτικών καταστρατηγήσεως στην Καμπότζη κατά την έννοια του άρθρου 13, παράγραφος 1, του βασικού κανονισμού. Πρέπει τώρα να εξεταστεί εάν ο πρώτος λόγος ακυρώσεως είναι βάσιμος στο μέτρο που έχει ως σκοπό να αποδείξει ότι η προσφεύγουσα δεν ενεπλάκη σε πρακτικές μεταφορτώσεως. Συναφώς, από τον προσβαλλόμενο κανονισμό προκύπτει ότι η Επιτροπή απέρριψε την αίτηση απαλλαγής της προσφεύγουσας λόγω των υφιστάμενων πρακτικών μεταφορτώσεως αλλά και των διαδικασιών συναρμολογήσεως που δεν πληρούσαν τα κριτήρια του άρθρου 13, παράγραφος 2, του βασικού κανονισμού. Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι, όπως προκύπτει από τη νομολογία που παρατίθεται στη σκέψη 55 ανωτέρω, σε κάθε μεμονωμένο παραγωγό-εξαγωγέα απόκειται να αποδείξει ότι η ειδική κατάσταση υπό την οποία τελεί δικαιολογεί να του χορηγηθεί απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 4, του βασικού κανονισμού. Κατά το γράμμα της διατάξεως αυτής, οι αιτήσεις απαλλαγής πρέπει να είναι «δεόντως τεκμηριωμένες με αποδεικτικά στοιχεία» και, όταν οι πρακτικές, διαδικασίες ή εργασίες που συνιστούν καταστρατήγηση λαμβάνουν χώρα εκτός της Ένωσης, να παρέχουν στους ενδιαφερόμενους τη δυνατότητα να «αποδείξουν ότι δεν είναι συνδεδεμένοι με παραγωγούς οι οποίοι υπόκεινται στα μέτρα» και ότι «δεν εφαρμόζουν πρακτικές καταστρατήγησης όπως ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του [εν λόγω] άρθρου». Συνεπώς, εάν ο αιτών απαλλαγή αδυνατεί να αποδείξει ότι η ειδική κατάσταση υπό την οποία τελεί δικαιολογεί τη χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής, για παράδειγμα λόγω της υπάρξεως στοιχείων που αποδεικνύουν πρακτικές μεταφορτώσεως, ορθώς η Επιτροπή αρνείται να χορηγήσει την απαλλαγή αυτή. Εν προκειμένω, πρώτον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι τον Ιανουάριο του 2014 η προσφεύγουσα μόλις είχε αρχίσει να ασκεί τις κατασκευαστικές δραστηριότητές της και ότι η ίδια δεν είχε κατασκευάσει τα πλαίσια των ποδηλάτων που εξήγαγε στην Ένωση στις 27 Ιανουαρίου 2014, τα οποία αποτελούν αντικείμενο του τιμολογίου CI‑15295‑PM, πράγμα το οποίο δεν αμφισβητεί η προσφεύγουσα. Δεύτερον, η Επιτροπή διαπίστωσε δύο ειδών ανακολουθίες βάσει συγκρίσεως του τιμολογίου CI‑15295‑PM, το οποίο περιείχε τον αριθμό και τον τύπο των ποδηλάτων που εξήχθησαν στην Ένωση στις 27 Ιανουαρίου 2014, με το τιμολόγιο αγοράς των πλαισίων ποδηλάτου που φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των ποδηλάτων που εξήχθησαν στην Ένωση με κωδικό αναφοράς KYD‑CN‑F01. Αφενός, κατά το τιμολόγιο KYD‑CN‑F01, τα πλαίσια που αγοράσθηκαν από Βιετναμέζο έμπορο ήταν χαλύβδινα ενώ, κατά το τιμολόγιο CI‑15295‑PM, ορισμένα από τα ποδήλατα που εξήχθησαν στην Ένωση είχαν χαλύβδινα πλαίσια ενώ άλλα εξ αυτών έφεραν πλαίσια αλουμινίου. Αφετέρου, ενώ το τιμολόγιο KYD‑CN‑F01 αναγράφει ότι πρόκειται για πλαίσια ποδηλάτου 26 ιντσών, τα ποδήλατα που πωλήθηκαν στην Ένωση και αποτελούν αντικείμενο του τιμολογίου CI‑15295‑PM είχαν τρία διαφορετικά μεγέθη, δηλαδή ήταν 26, 24 και 20 ιντσών. Η προσφεύγουσα δεν αμφισβητεί την ύπαρξη αυτών των ανακολουθιών. Τρίτον, η πρώτη ανακολουθία παρατηρείται και στο πιστοποιητικό καταγωγής «τύπου A» που εξέδωσαν οι βιετναμέζικες αρχές για τα εν λόγω πλαίσια ποδηλάτου, στο μέτρο που και το εν λόγω πιστοποιητικό αφορά μόνο χαλύβδινα πλαίσια. Επιβάλλεται, συνεπώς, η διαπίστωση ότι τα στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα δεν είναι ικανά να καταδείξουν ότι αυτή είχε τη δυνατότητα να κατασκευάσει τα ποδήλατα που εξήχθησαν στην Ένωση και αποτελούν αντικείμενο του τιμολογίου CI‑15295‑PM από πλαίσια ποδηλάτου τα οποία, όπως υποστηρίζει, αγόρασε στο Βιετνάμ. Η προσφεύγουσα επιχειρεί να εξηγήσει τις ως άνω διαπιστωθείσες ανακολουθίες ως εκ παραδρομής «λάθος» του Βιετναμέζου προμηθευτή. Το επιχείρημα αυτό δεν μπορεί όμως να γίνει δεκτό. Πράγματι πρέπει να επισημανθεί ότι οι εν λόγω ανακολουθίες αφορούν τόσο το υλικό όσο και το μέγεθος των πλαισίων που αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε ποδηλάτου, τα οποία καθορίζουν τον τύπο και την ποιότητα του ποδηλάτου καθώς και την τιμή του. Δεν δύναται, συνεπώς, να γίνει δεκτό ότι τόσο σημαντικές αποκλίσεις μπορούν να δικαιολογηθούν από εκ παραδρομής «λάθος» του προμηθευτή, κατά μείζονα δε λόγο διότι το υποτιθέμενο «λάθος» είναι πολλαπλό, καθόσον δεν αφορά μόνον το υλικό (χάλυβα ή αλουμίνιο) αλλά και τρία διαφορετικά μεγέθη πλαισίου. Περαιτέρω, ορισμένα έγγραφα και στοιχεία που προσκόμισε η προσφεύγουσα μετά την κοινοποίηση των πορισμάτων της Επιτροπής και κατά τη διάρκεια της παρούσας διαδικασίας εγείρουν επίσης αμφιβολίες σχετικά με τις περιστάσεις που αφορούν την εξαγωγή προς την Ένωση των αναγραφόμενων στο τιμολόγιο CI‑15295‑PM ποδηλάτων. Συγκεκριμένα, πρώτον, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει, όπως και η Επιτροπή, ότι το τιμολόγιο CI‑15295‑PM, το οποίο προσκομίστηκε, εξετάστηκε και φωτοτυπήθηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο και το οποίο περιλαμβάνεται στο παράρτημα B 5, δεν συνάδει με το τιμολόγιο που προσκόμισε η προσφεύγουσα στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας στο παράρτημα A 11 (σ. 200). Το ίδιο ισχύει και για τον κατάλογο συσκευασίας που περιλαμβάνεται στο ίδιο παράρτημα A 11 (σ. 201), ο οποίος δεν είναι ακριβές αντίγραφο του καταλόγου που προσκομίστηκε κατά τον επιτόπιο έλεγχο. Δεύτερον, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι οι τελωνειακές αρχές έλεγξαν το επίμαχο φορτίο πλαισίων ποδηλάτου κατά τη διέλευσή του από τα σύνορα μεταξύ Βιετνάμ και Καμπότζης. Δεν μπορεί όμως να γίνει δεκτό ότι οι εν λόγω αρχές δεν αντιλήφθηκαν ότι το συγκεκριμένο φορτίο δεν αντιστοιχούσε στην αναγραφόμενη επί του πιστοποιητικού καταγωγής «τύπου Α» αλλά και επί του τιμολογίου KYD‑CN‑F01 περιγραφή των επίμαχων προϊόντων, κατά μείζονα δε λόγο διότι οι επίμαχες ανακολουθίες αφορούν βασικά χαρακτηριστικά των μερών αυτών και συγκεκριμένα το υλικό των πλαισίων και το μέγεθός τους. Τρίτον, πρέπει να γίνει δεκτό, όπως επισήμανε η Επιτροπή, ότι το δελτίο παραγγελίας που προσκόμισε η προσφεύγουσα απαντώντας στην κοινοποίηση των πορισμάτων (βλ. παράρτημα A 12, σ. 231) δεν αναγράφει τιμή, πράγμα το οποίο γεννά αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία του. Η προσφεύγουσα εξηγεί, συναφώς, ότι η έλλειψη τιμής οφείλεται στο γεγονός ότι, κατά τον χρόνο εκδόσεως του εν λόγω δελτίου παραγγελίας, τελούσε ακόμη σε διαπραγματεύσεις με τον Βιετναμέζο προμηθευτή της σχετικά με την τελική τιμή (σημείο 43 του υπομνήματος απαντήσεως). Εντούτοις, η προσφεύγουσα δηλώνει παράλληλα ότι επέλεξε τον συγκεκριμένο προμηθευτή ακριβώς λόγω του ότι της πρότεινε «τη χαμηλότερη τιμή» (σημείο 45 του υπομνήματος απαντήσεως). Οι εξηγήσεις αυτές φαίνεται ότι είναι αντιφατικές. Τέταρτον, η Επιτροπή διαπίστωσε, στην αιτιολογική σκέψη 71 του προσβαλλόμενου κανονισμού, ότι «δεν [είχαν υποβληθεί] αποδεικτικά στοιχεία για τα υπόλοιπα στάδια κατασκευής των πλαισίων, όπως η κοπή, μορφοποίηση, διάτρηση και βαφή)». Μολονότι, στο δικόγραφο της προσφυγής, η προσφεύγουσα υποστηρίζει ότι τα αγορασθέντα πλαίσια μετατράπηκαν στο εργοστάσιό της σε ολοκληρωμένα ποδήλατα έτοιμα προς εξαγωγή, εντούτοις δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο σχετικά με τα διάφορα στάδια κατασκευής των επίμαχων πλαισίων. Ερωτηθείσα σχετικώς κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, η προσφεύγουσα επιβεβαίωσε ότι δεν έχει προσκομίσει τέτοιου είδους αποδείξεις, όπως επισήμανε η Επιτροπή στην αιτιολογική σκέψη 71 του προσβαλλόμενου κανονισμού. Πέμπτον, δεν αμφισβητείται ότι η προσφεύγουσα δεν προσκόμισε κανένα πιστοποιητικό καταγωγής «τύπου Α» για τα ποδήλατα που εξήγαγε στην Ένωση και αποτελούν αντικείμενο του τιμολογίου CI‑15295‑PM. Υπό τις περιστάσεις αυτές πρέπει να γίνει δεκτό ότι η Επιτροπή μπορούσε να συμπεράνει, χωρίς να υποπέσει σε πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως, ότι, λαμβανομένης υπόψη της καταστάσεως του εργοστασίου της προσφεύγουσας τον Ιανουάριο του 2014, της ελλείψεως οιουδήποτε αποδεικτικού στοιχείου σχετικά με τα άλλα στάδια κατασκευής των πλαισίων ποδηλάτου και ελλείψει οιασδήποτε άλλης εύλογης εξηγήσεως, τα 1099 ποδήλατα που εξήχθησαν στην Ελλάδα αποτέλεσαν αντικείμενο μεταφορτώσεως από την Κίνα, καθόσον δεν ήταν δυνατό να συναρμολογηθούν από πλαίσια ποδηλάτου τα οποία δεν αντιστοιχούσαν στα βασικά χαρακτηριστικά τους. Συναφώς, η προσφεύγουσα δεν μπορεί να προσάψει στην Επιτροπή ότι συμπέρανε «αυτομάτως» ότι τα ποδήλατα που εξήχθησαν στην Ένωση και αφορούν το τιμολόγιο CI‑15295‑PM αποτέλεσαν αντικείμενο μεταφορτώσεως από την Κίνα. Πράγματι, κατά τη νομολογία που παρατίθεται στη σκέψη 55 ανωτέρω, σε κάθε μεμονωμένο παραγωγό-εξαγωγέα απόκειται να αποδείξει ότι η ειδική κατάσταση υπό την οποία τελεί δικαιολογεί να του χορηγηθεί απαλλαγή δυνάμει του άρθρου 13, παράγραφος 4, του βασικού κανονισμού. Κατόπιν των προεκτεθέντων στις σκέψεις 68 έως 80 ανωτέρω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι η προσφεύγουσα δεν απέδειξε ότι κατασκεύασε τα εν λόγω ποδήλατα από πλαίσια καταγωγής Βιετνάμ. Επιπροσθέτως, από την αιτιολογική σκέψη 72 του προσβαλλόμενου κανονισμού και από τα στοιχεία που περιέλαβε η προσφεύγουσα στον πίνακα F 2 προκύπτει ότι αυτή εισήγαγε, κατά την περίοδο αναφοράς, την πλειονότητα των μερών ποδηλάτου από Κινέζους κατασκευαστές ποδηλάτων και μερών ποδηλάτων με τους οποίους είχε κεφαλαιακούς δεσμούς (βλ. σκέψη 11 ανωτέρω). Υπό τις περιστάσεις αυτές και ελλείψει οιασδήποτε άλλης εύλογης εξηγήσεως που να στηρίζεται σε αξιόπιστα αποδεικτικά στοιχεία, η Επιτροπή μπορούσε να συμπεράνει, χωρίς να υποπέσει σε πλάνη περί το δίκαιο, ότι τα ποδήλατα που εξήχθησαν στην Ένωση και αποτελούν αντικείμενο του τιμολογίου CI‑15295‑PM είχαν μεταφορτωθεί από την Κίνα. Η διαπίστωση αυτή αρκεί για να αποδειχθεί ότι η προσφεύγουσα δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 13, παράγραφος 4, του βασικού κανονισμού και ότι, συνεπώς, η Επιτροπή ορθώς απέρριψε την αίτηση απαλλαγής. Πράγματι, αφενός, όπως προκύπτει από τη σκέψη 57 ανωτέρω, ένα μόνον είδος πρακτικής καταστρατηγήσεως αρκεί για να αποδειχθεί ότι ο αιτών απαλλαγή εφαρμόζει τέτοιες πρακτικές κατά την έννοια της διατάξεως αυτής. Αφετέρου, το Γενικό Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η επίμαχη μεταφόρτωση αφορά μόνον την εξαγωγή στην Ένωση των 1099 ποδηλάτων που αποτελούν αντικείμενο του τιμολογίου CI‑15295‑PM, όπως επιβεβαίωσαν οι διάδικοι με τις απαντήσεις τους στο πλαίσιο των μέτρων οργανώσεων της διαδικασίας. Εντούτοις, το άρθρο 13, παράγραφος 4, του βασικού κανονισμού επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο παραγωγό την υποχρέωση να αποδείξει ότι «δεν εφαρμόζει πρακτικές καταστρατήγησης». Η διάταξη αυτή δεν θέτει ούτε ποσοτικούς όρους ούτε ποιοτικές απαιτήσεις όσον αφορά τις πρακτικές αυτές. Δεν απαιτεί, μεταξύ άλλων, τη διαπίστωση των εν λόγω πρακτικών σε σχέση με κάθε εξαγωγή προς την Ένωση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Περαιτέρω, επιβάλλεται η διαπίστωση ότι, εν προκειμένω, η εξαγωγή αυτή, η οποία δεν ήταν διόλου αμελητέα, αντιπροσωπεύει, όπως επισήμανε η Επιτροπή, το 18 % του συνολικού όγκου των εξαγωγών της προσφεύγουσας προς την Ένωση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Συνεπώς, καθόσον η Επιτροπή ορθώς διαπίστωσε ότι η προσφεύγουσα εφάρμοσε την εν λόγω πρακτική μεταφορτώσεως, έστω και όσον αφορά μόνον την εξαγωγή που διαλαμβάνεται στη σκέψη 86 ανωτέρω, μπορούσε να απορρίψει την αίτηση απαλλαγής χωρίς να υποπέσει σε πλάνη περί το δίκαιο. Ως εκ τούτου, ο πρώτος λόγος ακυρώσεως πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος. [ παραλειπόμενα ] Εκ του συνόλου των προεκτεθέντων προκύπτει ότι η προσφυγή πρέπει να απορριφθεί στο σύνολό της. Επί των δικαστικών εξόδων Κατά το άρθρο 134, παράγραφος 1, του Κανονισμού Διαδικασίας του Γενικού Δικαστηρίου, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπάρχει σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι η προσφεύγουσα ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα σύμφωνα με σχετικό αίτημα της Επιτροπής. Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έβδομο τμήμα) αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την προσφυγή. 2) Καταδικάζει την Asia Leader International (Cambodia) Co. Ltd στα δικαστικά έξοδα. Tomljenović Μαρκουλλή Kornezov Δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο στις 19 Απριλίου 2018. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η αγγλική. ( ) Παρατίθενται μόνον οι σκέψεις των οποίων η δημοσίευση κρίνεται σκόπιμη από το Γενικό Δικαστήριο.

62013CJ0260

es

La petición de decisión prejudicial versa sobre la interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 2, de la Directiva 2006/126/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción ( DO L 403, p. 18 ). Dicha petición se ha presentado en el marco de un litigio entre la Sra. Aykul, nacional austriaca titular de un permiso de conducción expedido por la República de Austria, y el Land Baden-Württemberg, en relación con una resolución por la que se le deniega el derecho a usar su permiso de conducción en el territorio alemán. Marco jurídico Derecho de la Unión Directiva 2006/126 A tenor del considerando 2 de la Directiva 2006/126: «Las normativas sobre el permiso de conducción son un elemento indispensable de la política común de transportes, contribuyen a aumentar la seguridad de la circulación vial, y facilitan la libre circulación de las personas que se establecen en un Estado miembro distinto del que expide el permiso. Debido a la importancia de los medios de transporte individuales, la posesión de un permiso de conducción debidamente reconocido por el Estado de acogida favorece la libre circulación y la libertad de establecimiento de las personas. [...]» En virtud del considerando 8 de la citada Directiva, para cumplir ciertos imperativos de seguridad vial es necesario fijar las condiciones mínimas de expedición de los permisos de conducción. Según el considerando 15 de esta misma Directiva: «Por razones de seguridad vial es conveniente que los Estados miembros puedan aplicar sus disposiciones nacionales en materia de retirada, suspensión, renovación y anulación del permiso de conducción a los titulares del mismo que hayan fijado su residencia normal en su territorio.» A tenor del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126, «los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán reconocidos recíprocamente». El artículo 7 de la citada Directiva dispone lo siguiente: «1.   La expedición del permiso de conducción estará subordinada a las condiciones siguientes: a) haber aprobado una prueba de control de aptitud y comportamiento, una prueba de control de conocimientos, así como cumplir determinadas normas médicas, con arreglo a lo dispuesto en los Anexos II y III; [...] e) tener la residencia normal o demostrar la calidad de estudiante durante un período mínimo de 6 meses en el territorio del Estado miembro que expida el permiso de conducción. [...] 5.   [...] Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 2, los Estados miembros que expidan un permiso actuarán con la debida diligencia para comprobar que una persona cumple los requisitos establecidos en el apartado 1 del presente artículo y aplicarán sus disposiciones nacionales en cuanto a cancelación o retirada del derecho a conducir en caso de que se haya expedido sin cumplir los requisitos exigidos.» El artículo 11 de la Directiva 2006/126/CE está redactado como sigue: «[...] 2.   Sin perjuicio del respeto del principio de territorialidad de las leyes penales y de policía, el Estado miembro de residencia normal podrá aplicar al titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro sus disposiciones nacionales relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir y, si fuera necesario, proceder a tal efecto al canje de dicho permiso. [...] 4.   Los Estados miembros se negarán a expedir un permiso de conducción a los solicitantes cuyo permiso de conducción esté restringido, suspendido o retirado en otro Estado miembro. Los Estados miembros denegarán el reconocimiento de la validez de cualquier permiso de conducción expedido por otro Estado miembro a una persona cuyo permiso de conducción esté restringido, suspendido o retirado en su territorio. Un Estado miembro podrá también negarse a expedir un permiso de conducción a un solicitante cuyo permiso esté anulado en otro Estado miembro. [...]» Según el artículo 12, párrafo primero, de la citada Directiva: «A efectos de aplicación de la presente Directiva, se entenderá por “residencia normal” el lugar en el que permanezca una persona habitualmente, es decir, durante al menos 185 días por cada año natural, debido a vínculos personales y profesionales, o, en el caso de una persona sin vínculos profesionales, debido a vínculos personales que indiquen una relación estrecha entre dicha persona y el lugar en el que habite.» El artículo 16, apartados 1 y 2, de esta misma Directiva establece lo siguiente: «1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 19 de enero de 2011, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento al artículo 1, apartado 1, al artículo 3, al artículo 4, apartado 4, los apartados 1, 2 y 3 y las letras b) a k), al artículo 6, apartado 1 y apartado 2, letras a) c), d) y e), al artículo 7, apartado 1, letras b), c) y d) y apartados 2, 3 y 5, al artículo 8, al artículo 10, al artículo 13, al artículo 14, al artículo 15 y al anexo I, punto 2, al anexo II, punto 5.2, relativo a las categorías A1, A2 y A, y a los anexos IV, V y VI. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de esas disposiciones. 2.   Aplicarán dichas disposiciones a partir del 19 de enero de 2013.» El artículo 17, párrafo primero, de la Directiva 2006/126 dispone cuanto sigue: «Queda derogada la Directiva 91/439/CEE [del Consejo, de 29 de julio de 1991, sobre el permiso de conducción ( DO L 237, p. 1 )], con efectos a partir de 19 de enero de 2013, sin perjuicio de las obligaciones de los Estados miembros en lo que se refiere a los plazos de incorporación al Derecho nacional de dicha Directiva indicados en la parte B del anexo VII.» El artículo 18 de la citada Directiva 2006/126 tiene el siguiente tenor: «La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea . El artículo 2, apartado 1, el artículo 5, el artículo 6, apartado 2, letra b), el artículo 7, apartado 1, letra a), el artículo 9, el artículo 11, apartados 1, 3, 4, 5 y 6, el artículo 12 y los anexos I, II y III serán aplicables a partir del 19 de enero de 2009.» Directiva 91/439 A tenor del artículo 1, apartado 2, de la Directiva 91/439, «los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros serán reconocidos recíprocamente». El artículo 8 de dicha Directiva establece lo siguiente: «[...] 2.   Sin perjuicio del respeto del principio de territorialidad de las leyes penales y de policía, el Estado miembro de residencia normal podrá aplicar al titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro sus disposiciones nacionales relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir y, si fuera necesario, proceder a tal efecto al canje de dicho permiso. [...] 4.   Un Estado miembro podrá denegar el reconocimiento de la validez de cualquier permiso de conducción elaborado por otro Estado miembro a una persona que, en su territorio, sea objeto de una de las medidas indicadas en el apartado 2. Igualmente, un Estado miembro podrá negarse a expedir un permiso de conducción a un candidato que sea objeto de tal medida en otro Estado miembro. [...]» Derecho alemán El artículo 2 de la Ley sobre tráfico y circulación vial (Straßenverkehrsgesetz; en lo sucesivo, «StVG»), en la versión que cita el tribunal remitente, dispone lo siguiente: «1.   Todo aquel que conduzca un vehículo de motor en la vía pública deberá estar autorizado para ello (autorización para conducir) por la Administración competente (Administración encargada de los permisos de conducción). [...] [...] 4.   Será apta para conducir vehículos de motor cualquier persona que cumpla las condiciones físicas y mentales exigidas al efecto y que no haya cometido infracciones graves o reiteradas de las normas sobre circulación vial o de las disposiciones penales. [...] [...] 11.   En virtud de disposiciones más detalladas establecidas en un reglamento [...], los permisos de conducción extranjeros también darán derecho a conducir vehículos de motor en el territorio nacional. [...]» El artículo 3 de la StVG, en la versión que cita el tribunal remitente, titulado «Retirada del permiso de conducción», está redactado como sigue: «1.   Cuando se demuestre que una persona carece de aptitud o capacidad para la conducción de vehículos de motor, la Administración encargada de los permisos de conducción estará obligada a retirarle el permiso. En el caso de un permiso de conducción extranjero, su retirada, aunque se produzca en virtud de otras disposiciones, surtirá el efecto de una negativa al reconocimiento del derecho a utilizar el permiso de conducción en territorio nacional. [...] 2.   La retirada pone fin a la autorización para conducir. En el caso de un permiso de conducción extranjero, pone fin al derecho a conducir vehículos de motor en el territorio nacional. [...] [...]» El artículo 29 de la StVG, en la versión que cita el Gobierno alemán en su respuesta por escrito a una pregunta planteada por el Tribunal de Justicia, titulado «Plazos de cancelación», dispone lo siguiente: «1.   Las inscripciones en el registro se cancelarán transcurridos los plazos establecidos en la segunda frase. Los plazos de cancelación serán [...] 2.   [de] cinco años a) cuando se trate de decisiones en materia de infracción penal (“Straftat”), sin perjuicio del punto 3, letra a), b) cuando se trate de decisiones en materia de infracción administrativa que [...] lleve aparejada la pérdida de dos puntos, como infracción administrativa que afecte a la seguridad en el tráfico o como infracción administrativa asimilada, c) cuando se trate de prohibiciones o limitaciones de la conducción de un vehículo sin permiso pronunciadas por las autoridades competentes en virtud de la legislación del Land, d) cuando se trate de comunicaciones relativas a la participación en un seminario de aptitud para conducir, en un seminario de perfeccionamiento, en un seminario especial de perfeccionamiento o en una consulta de psicología de la conducción, […]» El artículo 11 del Reglamento relativo al acceso de las personas a la circulación vial (Verordnung über die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr), en la versión que cita el tribunal remitente (en lo sucesivo, «FeV»), que lleva por título «Aptitud», establece lo siguiente: «1.   Los solicitantes de un permiso de conducción deberán reunir las condiciones físicas y mentales necesarias a tal fin. No se satisfarán dichas condiciones, en particular, cuando exista una enfermedad o deficiencia referidas en el anexo 4 o en el anexo 5 que excluya la aptitud total o parcial para conducir vehículos de motor. [...]» El anexo 4 del artículo 11 del FeV está redactado como sigue: «Observación preliminar 1.   La siguiente lista contiene enfermedades y deficiencias frecuentes que pueden afectar o excluir durante un largo período de tiempo la aptitud para conducir vehículos de motor. [...] 3.   Las apreciaciones siguientes se aplican al caso normal. Será posible realizar correcciones en función de una predisposición humana específica, la costumbre, una percepción específica o modos específicos de control y de adaptación del comportamiento. [...] N o Enfermedades, deficiencias Aptitud o aptitud limitada categorías [...] B [...] [...] [...] [...] 9.2 Consumo de cannabis 9.2.1. Consumo regular de cannabis No 9.2.2 Consumo ocasional de cannabis Sí Si se disocia el consumo de la conducción y no existe un uso añadido de alcohol u otras sustancias psicoactivas, no existen trastornos de la personalidad ni pérdida de control, […]» El artículo 29 del FeV, que lleva por título «Permisos de conducción extranjeros», establece lo siguiente: «1.   Los titulares de un permiso de conducción extranjero podrán, dentro de los límites autorizados por su permiso, conducir vehículos de motor en el territorio nacional cuando no tengan en él su residencia normal en el sentido del artículo 7. [...] 3.   La autorización prevista en el apartado 1 no se aplicará a los titulares de un permiso de conducción extranjero, […] 3. a quienes les haya sido retirada la autorización para conducir en el territorio nacional de manera provisional o definitiva en virtud de una medida judicial, o por una autoridad administrativa mediante resolución ejecutiva o permanente, [...] 4.   Tras la adopción de alguna de las resoluciones a que se refiere el apartado 3, puntos 3 y 4, el derecho a utilizar un permiso de conducción extranjero en el territorio nacional se concederá, previa solicitud, cuando hayan dejado de existir las causas que motivaron su retirada.» El artículo 46 del FeV, que lleva por título «Retirada, limitación, condiciones», establece lo siguiente: «1.   Si se comprueba que el titular de un permiso de conducción no es apto para la conducción de vehículos de motor, la Administración encargada de los permisos de conducción deberá retirarle dicho permiso. Esto se aplicará, especialmente, cuando exista una enfermedad o deficiencia de las referidas en los anexos 4, 5 y 6 o cuando infrinjan de manera grave o reiterada disposiciones en materia de tráfico o leyes penales y ello excluya la aptitud para conducir vehículos de motor. [...] 5.   En caso de permisos de conducción extranjeros, la retirada surte el efecto de una negativa al reconocimiento del derecho a utilizar ese permiso de conducción en el territorio nacional. 6.   La retirada pone fin a la autorización para conducir. En caso de permisos de conducción extranjeros, pone fin al derecho a conducir vehículos de motor en el territorio nacional.» Litigio principal y cuestiones prejudiciales La Sra. Aykul, de nacionalidad austriaca, nacida el 17 de noviembre de 1980, siempre ha tenido en Austria su residencia normal, en el sentido del artículo 12, párrafo primero, de la Directiva 2006/126. El 19 de octubre de 2007, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz (autoridad administrativa del distrito de Bregenz, Austria) le expidió un permiso de conducción. El 11 de mayo de 2012, la Sra. Aykul fue objeto de un control policial en Leutkirch (Alemania). Como ciertos signos hacían sospechar que la interesada había consumido estupefacientes, fue sometida a una prueba de orina, que reveló la existencia de un consumo de cannabis. Se le tomó entonces una muestra de sangre ese mismo 11 de mayo de 2012 y el análisis de esta muestra confirmó la presencia de derivados del cannabis en la sangre de la Sra. Aykul. El 4 de julio de 2012, la fiscalía de Ravensburg (Alemania) archivó las diligencias penales de instrucción que se habían practicado contra la Sra. Aykul. Mediante resolución sancionadora de 18 de julio de 2012, el Ayuntamiento de Leutkirch impuso a la Sra. Aykul una multa de 590,80 euros por conducción de un vehículo bajo la influencia de estupefacientes y le prohibió conducir durante un mes. Mediante resolución de 17 de septiembre de 2012, el Landratsamt Ravensburg (servicios administrativos de la circunscripción de Ravensburg, Alemania) retiró a la Sra. Aykul su permiso de conducción austriaco para el territorio alemán. Según el Landratsamt Ravensburg, la Sra. Aykul había demostrado que no era apta para conducir vehículos de motor, puesto que el análisis de la toma de sangre practicada el 11 de mayo de 2012 había mostrado que la interesada consumía cannabis, al menos de forma ocasional, y que había conducido un vehículo de motor bajo la influencia de dicho estupefaciente. Por lo tanto, la Sra. Aykul no podía disociar la conducción de su consumo de estupefacientes. No obstante, en el anexo de su resolución de 17 de septiembre de 2012, el Landratsamt Ravensburg informó a la Sra. Aykul de que podría solicitar en el futuro la autorización para conducir de nuevo en Alemania, presentando un informe médico-psicológico realizado por un centro de control de la aptitud para la conducción oficialmente acreditado en Alemania y demostrando su aptitud para conducir vehículos de motor. El Landratsamt Ravensburg precisó también que la elaboración de un informe de tal naturaleza estaba supeditado, en general, a la prueba de que la persona interesada se había abstenido de todo consumo de estupefacientes durante un año. El 19 de octubre de 2012, la Sra. Aykul presentó una reclamación contra la resolución del Landratsamt Ravensburg de 17 de septiembre de 2012. Manifestó, en esencia, que las autoridades alemanas habían agotado su competencia al adoptar la resolución sancionadora de 18 de julio de 2012 y que, en virtud del Derecho de la Unión, no les correspondía comprobar su aptitud para conducir vehículos de motor, puesto que esta función, de conformidad con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, era competencia exclusiva del Estado miembro de expedición de su permiso de conducción, a saber, la República de Austria. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz, informada del asunto por el Landratsamt Ravensburg, declaró que no se cumplían los requisitos establecidos en la ley austriaca para que las autoridades pudieran intervenir contra la Sra. Aykul, puesto que el médico que practicó la toma de sangre el 11 de mayo de 2012 había indicado en su informe que aquélla no presentaba ningún signo notable de estar bajo la influencia de estupefacientes. Mediante resolución de 20 de diciembre de 2012, el Regierungspräsidium Tübingen (Consejo de Gobierno de Tubinga, Alemania) desestimó la reclamación formulada por la Sra. Aykul contra la resolución del Landratsamt Ravensburg de 17 de septiembre de 2012. En particular, señaló que la no intervención de las autoridades alemanas en los casos de conducción bajo la influencia de estupefacientes era incompatible con el objetivo perseguido por la Directiva 91/439, consistente en garantizar la seguridad vial. El Regierungspräsidium Tübingen añadió que, contrariamente a lo que sostenía la Sra. Aykul, el artículo 8, apartado 2, de dicha Directiva no impedía que se retirase el permiso de conducción de la interesada y precisó que tal medida figuraba entre aquellas que puede adoptar un Estado miembro sobre la base del artículo 8, apartado 4, párrafo primero, de la citada Directiva. El 25 de enero de 2013, la Sra. Aykul interpuso ante el Verwaltungsgericht Sigmaringen (Tribunal de lo contencioso-administrativo de Sigmaringen, Alemania) un recurso en cuanto al fondo contra la resolución del Landratsamt Ravensburg de 17 de septiembre de 2012, reiterando las alegaciones que había formulado hasta entonces. Además, alegaba que el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 no autorizaba a la República Federal de Alemania a negarse a reconocer la validez de su permiso de conducción, puesto que éste había sido expedido por la República de Austria y ella seguía teniendo su residencia normal en el territorio de este último Estado. Por lo tanto, según la Sra. Aykul, las autoridades austriacas eran las únicas competentes para determinar si aún era apta para conducir vehículos de motor. El Land Baden-Württemberg desestimó el recurso interpuesto por la Sra. Aykul. En particular, consideró preciso tener en cuenta que el motivo de la negativa a reconocer el permiso de conducción de la Sra. Aykul se generó únicamente con posterioridad a la expedición de dicho permiso. Pues bien, hechos acaecidos con posterioridad a la expedición de un permiso de conducción autorizarían a los Estados miembros de la Unión Europea interesados a negarse a reconocer el derecho a conducir en su territorio nacional. Según el Land Baden-Württemberg, tal posibilidad está amparada en el artículo 8, apartado 4, de la Directiva 91/439. A diferencia del tenor del artículo 8, apartado 2, de esta Directiva, el tenor de su artículo 8, apartado 4, autoriza no sólo al Estado miembro de residencia normal, sino también a cualquier otro Estado miembro a denegar el reconocimiento del derecho a conducir en su territorio nacional. La prohibición de conducir pronunciada con arreglo a la legislación penal o a la correspondiente a las infracciones administrativas es una medida de «restricción» del permiso de conducción amparada por la exención de las medidas penales o administrativas, sin perjuicio del principio de territorialidad, en virtud del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439. La negativa a reconocer el derecho a utilizar el permiso de conducción en el territorio alemán en virtud del artículo 46, apartado 5, del FeV sólo constituye el no reconocimiento, en el Estado miembro afectado, de la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, en el sentido del artículo 8, apartado 4, de esta misma Directiva 91/439. En respuesta a una pregunta del tribunal remitente de 13 de marzo de 2013, la Bezirkshauptmannschaft Bregenz señaló que las autoridades austriacas sólo intervenían con arreglo a la legislación austriaca sobre permisos de conducción si existía una declaración médica de la incapacidad para conducir vehículos de motor debido al consumo de estupefacientes o si existían indicios que hacían sospechar una dependencia a dichas sustancias. La Bezirkshauptmannschaft Bregenz confirmó que, en el asunto de que se trata en el litigio principal, las autoridades austriacas seguían considerando a la Sra. Aykul apta para conducir vehículos de motor y que, por lo tanto, conservaba su permiso de conducción. El tribunal remitente señala que el recurso interpuesto por la Sra. Aykul debería desestimarse si se aplicase el Derecho alemán. En su opinión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, apartado 1, de la StVG en relación con el artículo 46, apartado 1, del FeV, la Administración competente en materia de permisos de conducción debe retirar un permiso de conducción si su titular no es apto para conducir vehículos de motor. En virtud del artículo 46, apartado 5, del FeV, dicha retirada surte el efecto, por lo que respecta a un permiso de conducción expedido en el extranjero, de una negativa a reconocer el derecho a utilizar ese permiso de conducción en el territorio alemán. En el presente caso, la falta de aptitud para la conducción de vehículos de motor de la Sra. Aykul resulta de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 11, apartado 1, segunda frase, del FeV en relación con lo dispuesto en el punto 9.2.2 del anexo 4 del artículo 11 de dicho FeV. En virtud de estas disposiciones, no es, en general, apto para conducir vehículos de motor todo aquel que, consumiendo ocasionalmente cannabis, es incapaz de disociar la conducción de dicho consumo. Pues bien, en el asunto de que se trata en el litigio principal, existen suficientes indicios de dicha incapacidad en la Sra. Aykul. El tribunal remitente puntualiza, además, que las reacciones a las infracciones de tráfico y a los indicios de falta de aptitud para conducir establecidos en el Derecho nacional intervienen a tres niveles diferentes, a saber, desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la legislación en materia de infracciones administrativas y desde el punto de vista de la legislación en materia de permisos de conducción. El presente caso correspondería a la práctica en materia de legislación sobre el permiso de conducción. Las Administraciones competentes en materia de permisos de conducción y los servicios de policía parten del principio de que las autoridades alemanas están facultadas para retirar un permiso de conducción expedido en el extranjero cuando una infracción de tráfico cometida en Alemania pone de manifiesto indicios de falta de aptitud para conducir. Al albergar dudas en cuanto a la conformidad de la normativa y la práctica administrativa alemana con la obligación de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros, el Verwaltungsgericht Sigmaringen decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las cuestiones prejudiciales siguientes: «1) ¿Se opone la obligación de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros en virtud del artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126 a una normativa nacional de la República Federal de Alemania conforme a la cual debe dejar de reconocerse a posteriori el derecho a utilizar un permiso de conducción extranjero en Alemania, por vía administrativa, si, provisto de un permiso de conducción extranjero, el titular de éste conduce un vehículo en Alemania bajo los efectos de drogas ilegales y, por consiguiente, con arreglo a la normativa alemana, ya no es apto para conducir? 2) En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿resulta ello asimismo de aplicación cuando el Estado de expedición, conocedor de la conducción bajo los efectos de drogas, no actúa, de modo que, por lo tanto, persiste el peligro que emana del titular del permiso de conducción extranjero? 3) En caso de respuesta negativa a la primera cuestión prejudicial: ¿puede la República Federal de Alemania supeditar la recuperación del derecho a usar el permiso de conducción extranjero en Alemania al cumplimiento de los requisitos nacionales en materia de recuperación de permisos de conducción? 4) a) ¿Puede justificar la reserva relativa a la observancia del principio de territorialidad de las leyes penales y de policía contenida en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2006/126 la actuación de un Estado miembro en virtud de su normativa en materia de permisos de conducción, en lugar del Estado de expedición? ¿Permite dicha reserva, por ejemplo, que mediante una medida de seguridad de naturaleza penal se deniegue a posteriori el reconocimiento del derecho a utilizar un permiso de conducción extranjero en Alemania? b) En caso de respuesta afirmativa a la cuarta cuestión, letra a), y considerando el deber de reconocimiento, ¿es competente para restablecer el derecho a usar el permiso de conducción extranjero en Alemania el Estado miembro que impuso la medida de seguridad, o el Estado de expedición?» Sobre las cuestiones prejudiciales Observaciones preliminares Dado que las cuestiones prejudiciales planteadas por el tribunal remitente versan sobre la interpretación de los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 2, de la Directiva 2006/126, que derogó y sustituyó a la Directiva 91/439, es preciso determinar previamente qué disposiciones del Derecho de la Unión son aplicables ratione temporis a los hechos de que se trata en el litigio principal. De la resolución de remisión se desprende que las autoridades austriacas expidieron el permiso de conducción de la Sra. Aykul el 19 de octubre de 2007 y que el Landratsamt Ravensburg se negó, mediante su resolución de 17 de septiembre de 2012, a reconocer la validez de dicho permiso de conducción en el territorio alemán en relación con unos hechos acaecidos el 11 de mayo de 2012. A este respecto, procede recordar que si bien, con arreglo al artículo 17, párrafo primero, de la Directiva 2006/126, la Directiva 91/439 quedó derogada con efectos a partir del 19 de enero de 2013, varias disposiciones de la Directiva 2006/126, como sus artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, fueron aplicables desde el 19 de enero de 2009 en virtud del artículo 18, párrafo segundo, de esta última Directiva (véase, en este sentido, la sentencia Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112 , apartado 31). Sin embargo, no es éste el caso del artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2006/126, que no figura entre las disposiciones mencionadas en el artículo 18, párrafo segundo, de esta Directiva. De lo anterior se deduce que, por un lado, los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, de la Directiva 2006/126 y, por otro, el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439, cuyo contenido se reproduce en términos idénticos en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2006/126, son aplicables ratione temporis a los hechos de que se trata en el litigio principal. Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda, así como sobre la cuarta cuestión prejudicial, letra a) Procede recordar que, en el marco del procedimiento de cooperación entre los órganos jurisdiccionales nacionales y el Tribunal de Justicia establecido en el artículo 267 TFUE, corresponde a este Tribunal proporcionar al órgano jurisdiccional nacional una respuesta útil que le permita dirimir el litigio que se le ha sometido. Desde este punto de vista, incumbe, en su caso, al Tribunal de Justicia reformular las cuestiones que se le han planteado (véase la sentencia Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185 , apartado 25, y jurisprudencia citada). Para ello, el Tribunal de Justicia puede extraer del conjunto de elementos aportados por el órgano jurisdiccional nacional y, especialmente, de la motivación de la resolución de remisión, las normas y los principios del Derecho de la Unión que requieren una interpretación, teniendo en cuenta el objeto del litigio principal (véase la sentencia Le Rayon d’Or, C‑151/13, EU:C:2014:185 , apartado 26, y jurisprudencia citada). En el presente caso, de la resolución de remisión se desprende que, mediante sus cuestiones prejudiciales primera y segunda, así como mediante su cuarta cuestión prejudicial, letra a), que procede examinar conjuntamente, el tribunal remitente desea saber, en esencia, si los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126, así como el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439 deben interpretarse en el sentido de que se oponen a que un Estado miembro, en cuyo territorio se encuentra temporalmente el titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, se niegue a reconocer la validez de dicho permiso de conducción debido a una conducta infractora de su titular producida en dicho territorio con posterioridad a la expedición del citado permiso de conducción y que, conforme a la legislación nacional del primer Estado miembro, puede implicar la falta de aptitud para conducir vehículos de motor. Es preciso recordar que, según reiterada jurisprudencia, el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126 prevé el reconocimiento recíproco, sin ninguna formalidad, de los permisos de conducción expedidos por los Estados miembros. Esta disposición impone a estos últimos una obligación clara y precisa que no deja ningún margen de apreciación en lo relativo a las medidas que deben adoptar para dar cumplimiento a la misma (véanse, en este sentido, las sentencias Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112 , apartado 40, y Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240 , apartados 43 y 44). Por otra parte, de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia resulta que incumbe al Estado miembro de expedición comprobar si se cumplen los requisitos mínimos impuestos por el Derecho de la Unión, en particular los relativos a la residencia y a la aptitud para la conducción, establecidos en el artículo 7, apartado 1, de la Directiva 91/439, y, por lo tanto, si la expedición de un permiso de conducción está justificada (véase, en este sentido, la sentencia Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240 , apartados 45 y 47). Cuando las autoridades de un Estado miembro han expedido un permiso de conducción con arreglo al artículo 1, apartado 1, de la Directiva 2006/126, los demás Estados miembros no están facultados para verificar el cumplimiento de los requisitos de expedición establecidos en dicha Directiva. En efecto, debe considerarse que estar en posesión de un permiso de conducción expedido por un Estado miembro constituye la prueba de que en el titular del citado permiso concurrían dichos requisitos en el momento en el que se le expidió (véase, en este sentido, la sentencia Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240 , apartados 46 y 47). En el presente caso, es necesario señalar que las autoridades alemanas no cuestionaron los requisitos de posesión del permiso de conducción de la Sra. Aykul en el momento en el que se le expidió, sino a raíz de una conducta infractora de ésta producida en territorio alemán con posterioridad a la expedición de dicho permiso. En efecto, la Sra. Aykul, cuya residencia normal radica en Austria, no obtuvo su permiso de conducción austriaco con posterioridad a una restricción, suspensión o retirada del permiso de conducción en Alemania. Por haber conducido un vehículo en Alemania bajo la influencia de estupefacientes, fue objeto, por parte de las autoridades alemanas, de una retirada de su permiso de conducción austriaco, en el territorio alemán, y ello aun cuando su residencia normal no estaba situada en Alemania. De la resolución de remisión se desprende que el efecto de tal medida, tratándose de un permiso de conducción expedido por un Estado miembro distinto de la República Federal de Alemania, fue la negativa a reconocer a la Sra. Aykul el derecho a utilizar su permiso de conducción en el territorio alemán. Es preciso determinar si tal negativa, por un Estado miembro, a reconocer la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro puede estar comprendida entre las limitaciones que se admiten al principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción contemplado en el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2006/126. A este respecto, como señaló el Abogado General en el punto 65 de sus conclusiones, la limitación a dicho principio, prevista en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439, no es de aplicación al asunto principal. En efecto, del propio tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439, en relación con los considerandos primero y décimo de ésta, resulta que dicha limitación se refiere a la situación en la que el titular de un permiso de conducción tiene su residencia normal en un Estado miembro distinto del Estado miembro de expedición del dicho permiso. En tal situación, sin perjuicio del respeto del principio de territorialidad de las leyes penales y de policía, el Estado miembro de residencia normal podrá aplicar al titular de dicho permiso de conducción sus disposiciones nacionales relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir y, si fuera necesario, proceder a tal efecto al canje de dicho permiso. Pues bien, en el presente caso, la residencia normal de la Sra. Aykul estaba situada, en el momento en que ocurrieron los hechos del litigio principal, en el territorio del Estado miembro que le expidió su permiso de conducción, a saber, la República de Austria, y no en el territorio alemán. La Sra. Aykul se encontraba sólo temporalmente en Alemania cuando, el 11 de mayo de 2012, cometió la infracción de conducción bajo la influencia de estupefacientes. En cambio, una situación como la del asunto principal está comprendida en el ámbito de aplicación del artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126. Esta disposición, que, como se desprende de los apartados 40 y 41 de la presente sentencia, se aplica ratione temporis a los hechos del litigio principal, establece que los Estados miembros denegarán el reconocimiento de la validez de cualquier permiso de conducción expedido por otro Estado miembro a una persona cuyo permiso de conducción esté restringido, suspendido o retirado en su territorio y ello con independencia de que dicho permiso haya sido expedido antes de la fecha en la que la referida disposición pasó a ser aplicable (véase, en este sentido, la sentencia Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112 , apartado 32). Mientras que, según el tenor del artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439, el Estado miembro de residencia normal del titular de un permiso de conducción es el único competente para aplicarle a éste sus disposiciones nacionales relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir, el tenor del artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 autoriza a cualquier Estado miembro, y no sólo al Estado miembro de residencia normal, a denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro. Es cierto que la Comisión defendió, en la vista, una interpretación del artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 según la cual, la posibilidad de denegar el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción debía reservarse sólo al Estado miembro donde radique la residencia normal del titular de dicho permiso. Según la Comisión, el artículo 8, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 91/439, cuyo tenor se reproduce en el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126, se refiere al artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439, que menciona al «Estado miembro de residencia normal». Por lo tanto, el Estado miembro mencionado en el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 únicamente puede ser el Estado miembro donde radica la residencia normal del titular del permiso de conducción en cuestión. Sin embargo, tal interpretación no puede admitirse. Tanto el párrafo primero como el segundo del artículo 11, apartado 4, de dicha Directiva se refieren a la restricción, la suspensión y la retirada de un permiso de conducción, sin limitarse por ello a las decisiones adoptadas al respecto por el Estado miembro de la residencia normal. El tercer párrafo de dicha disposición, que se refiere a la anulación de un permiso de conducción, tampoco se vincula a tal decisión adoptada por ese mismo Estado miembro. En estas circunstancias, como señaló el Abogado General en los puntos 79 a 82 de sus conclusiones, el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 es aplicable de manera autónoma, tanto en relación con el apartado 2 de ese mismo artículo como en relación con el apartado 2 del artículo 8 de la Directiva 91/439. Además, si bien el Tribunal de Justicia ha interpretado principalmente el artículo 8, apartado 4, párrafo primero, de la Directiva 91/439 y el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126, que reproduce su tenor, en el contexto de asuntos en los que se cuestionaba que una persona cuyo permiso de conducción había sido objeto de una medida de restricción, suspensión o retirada en el territorio de un Estado miembro, pudiera conseguir que ese Estado le reconociera la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro con posterioridad a la adopción de dicha medida (véanse, en particular, las sentencias Wiedemann y Funk, C‑329/06 y C‑343/06, EU:C:2008:366; Zerche y otros, C‑334/06 a C‑336/06, EU:C:2008:367 , y Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240 ), la redacción de las referidas disposiciones comprende también una situación como la del litigio principal, en la que el primer Estado miembro se niega a reconocer la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro con anterioridad a la decisión de restricción, suspensión o retirada de dicho permiso. Por último, es preciso observar que el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439 autoriza al Estado miembro de residencia normal del titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro a proceder, si fuera necesario, al canje de dicho permiso, a fin de que ese primer Estado miembro pueda aplicar a dicho titular sus disposiciones nacionales relativas a la restricción, la suspensión, la retirada o la anulación del derecho a conducir. De esta disposición resulta que el Estado miembro de residencia normal está facultado para adoptar medidas de restricción, suspensión, retirada o anulación de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, que despliegan sus efectos en todos los Estados miembros. En cambio, es preciso considerar que el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126, que no prevé tal posibilidad de canje del permiso de conducción, sólo permite a un Estado miembro —cuando no es el Estado miembro de residencia normal— adoptar, en virtud de su legislación nacional y debido a la conducta infractora, en su territorio, del titular de un permiso de conducción obtenido con anterioridad en otro Estado miembro, medidas cuyo alcance se restringe a dicho territorio y cuyo efecto se limita a la negativa a reconocer, en éste, la validez de tal permiso. Como señaló el Abogado General en el punto 83 de sus conclusiones, el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 constituye una ilustración del principio de territorialidad de las leyes penales y de policía, que se menciona expresamente en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439 y en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2006/126. En efecto, el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 se refiere a medidas que se adoptan con arreglo a las leyes penales y de policía de un Estado miembro y que afectan a la validez, en el territorio de dicho Estado miembro, de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro. Sobre este particular, procede destacar que el Tribunal de Justicia ya ha declarado que un Estado miembro en cuyo territorio se comete una infracción es el único competente para sancionarla, adoptando, en su caso, una medida de retirada del permiso de conducción o de retirada de la autorización de conducir, acompañada o no de un período de prohibición de solicitar un nuevo permiso (véase la sentencia Weber, C‑1/07, EU:C:2008:640 , apartado 38). En el asunto principal, es preciso señalar que el hecho de que la Sra. Aykul hubiera conducido, el 11 de mayo de 2012, un vehículo de motor bajo la influencia de estupefacientes tuvo como consecuencia, en primer lugar, la práctica por la fiscalía de Ravensburg de diligencias de instrucción contra la interesada, que al final archivó definitivamente. En segundo lugar, de la resolución de remisión se desprende que el Ayuntamiento de Leutkirch impuso a la Sra. Aykul una multa por conducción de un vehículo bajo la influencia de estupefacientes y le prohibió conducir durante un mes. Por último, el Landratsamt Ravensburg, autoridad administrativa competente en materia de permisos de conducción, procedió a retirarle su permiso de conducción sobre la base de la legislación alemana en materia de permisos de conducción. Conforme a esta legislación, cuando surgen dudas sobre la aptitud para conducir del titular de un permiso de conducción, está prevista una comprobación de dicha aptitud y, si se demuestra que ésta no existe, la Administración competente tiene la obligación de retirar el permiso de conducción en cuestión. Según la práctica relativa a esta legislación, las autoridades alemanas se consideran competentes para retirar un permiso de conducción expedido en el extranjero cuando una infracción de tráfico cometida en Alemania pone de manifiesto indicios de falta de aptitud para conducir. Por lo que se refiere a la reserva relativa al respeto del principio de territorialidad de las leyes penales y de policía que figura en el artículo 8, apartado 2, de la Directiva 91/439 y en el artículo 11, apartado 2, de la Directiva 2006/126, la Comisión estima que la retirada del permiso de conducción por falta de aptitud del titular de un permiso de conducción para conducir vehículos de motor no puede considerarse que constituya una medida cautelar de carácter penal y, por consiguiente, que esté comprendida en el ámbito del Derecho penal al que alcanza dicha reserva. Sobre este particular, baste señalar que las disposiciones a las que se refiere la Comisión no mencionan sólo las leyes penales, sino también las leyes de policía. Además, la posibilidad, señalada en los apartados 60 y 61 de la presente sentencia, que confiere el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 a un Estado miembro de negarse a reconocer la validez de un permiso de conducción obtenido con anterioridad en otro Estado miembro, debido a la conducta infractora del titular de dicho permiso en su territorio, tampoco se limita a las medidas adoptadas con arreglo al Derecho penal del primer Estado miembro. En efecto, la sanción de una infracción cometida en el territorio de un Estado miembro puede adoptar diversas formas, según su naturaleza y su gravedad y según la organización jurisdiccional de dicho Estado, que puede contemplar o no una distinción entre actos administrativos y actos judiciales. Como señaló el Abogado General en el punto 104 de sus conclusiones, siendo así que la infracción cometida por la Sra. Aykul podía sancionarse tanto en vía penal como en vía administrativa, la autoridad judicial que instruía las diligencias penales practicadas inicialmente contra la interesada decidió su archivo. En cambio, esa misma infracción condujo a la autoridad administrativa competente en materia de permisos de conducción —a saber, el Landratsamt Ravensburg— a retirarle su permiso de conducción. De lo anterior se deduce que una resolución como la del Landratsamt Ravensburg de 17 de septiembre de 2012, por la que se retira a la Sra. Aykul su permiso de conducción, figura entre las medidas que un Estado miembro puede adoptar sobre la base del artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126. Por otra parte, es necesario señalar que obligar a un Estado miembro a reconocer de manera incondicional la validez de un permiso de conducción en una situación como la del litigio principal iría en contra del objetivo de interés general de la Unión que constituye la mejora de la seguridad vial y que persigue precisamente la Directiva 2006/126 (véase, en este sentido, la sentencia Glatzel, C‑356/12, EU:C:2014:350 , apartado 51, y jurisprudencia citada). En efecto, es cierto que la posibilidad concedida a un Estado miembro de retirar al titular de un permiso de conducción la autorización para conducir en su territorio debido a una infracción cometida en éste constituye una limitación al principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción. Sin embargo, esta limitación, que permite reducir el riesgo de que se produzcan accidentes de circulación, puede reforzar la seguridad vial, lo que redunda en interés de todos los ciudadanos. Habida cuenta de las anteriores consideraciones, procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda, así como a la cuarta, letra a), que los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro, en cuyo territorio se encuentra temporalmente el titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, se niegue a reconocer la validez de dicho permiso de conducción debido a una conducta infractora de su titular producida en dicho territorio con posterioridad a la expedición del citado permiso de conducción y que, conforme a la legislación nacional del primer Estado miembro, puede implicar la falta de aptitud para conducir vehículos de motor. Sobre las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, letra b) Mediante sus cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, letra b), que es preciso examinar conjuntamente, el tribunal remitente pregunta, en esencia, si el Estado miembro que se niega a reconocer la validez de un permiso de conducción, en una situación como la del litigio principal, es competente para establecer las condiciones a las que debe someterse el titular de dicho permiso para recuperar el derecho a conducir en su territorio. A este respecto, si bien el Tribunal de Justicia ha considerado reiteradamente que incumbe sólo al Estado miembro de expedición comprobar si se cumplen los requisitos mínimos exigidos por el Derecho de la Unión, en particular los relativos a la aptitud para conducir (véase, en este sentido, la sentencia Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240 , apartado 45), es preciso recordar que, en el asunto principal, dicha aptitud no se ha cuestionado en la fase de expedición del permiso de conducción, sino a raíz de una conducta infractora cometida por el titular de dicho permiso con posterioridad a la expedición de éste y cuya sanción sólo desplegó sus efectos en el territorio del Estado miembro en el que se cometió tal infracción. Por consiguiente, es preciso considerar que corresponde a las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio se cometió la infracción determinar si el titular del permiso de conducción expedido por otro Estado miembro es de nuevo apto para conducir en su territorio. En efecto, como alega esencialmente el Gobierno polaco, desde el momento en que la negativa, por un Estado miembro, a reconocer la validez del permiso de conducción expedido por otro Estado miembro se basa en normas nacionales que no existen necesariamente en la legislación del Estado miembro de expedición, resulta difícilmente concebible que la propia legislación de este último Estado establezca las condiciones a las que el titular de un permiso de conducción debe someterse para recuperar el derecho a conducir en el territorio de otro Estado miembro. No obstante, es necesario subrayar que de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que el artículo 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126 no puede ser invocado por un Estado miembro para denegar indefinidamente el reconocimiento de la validez de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro cuando el titular de dicho permiso ha sido objeto de una medida restrictiva en el territorio del primer Estado miembro (véase, en este sentido, la sentencia Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240 , apartado 50, y jurisprudencia citada). En efecto, admitir que un Estado miembro pueda basarse en sus disposiciones nacionales para denegar de manera indefinida el reconocimiento de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro constituiría la negación misma del principio de reconocimiento recíproco de los permisos de conducción, que constituye la piedra angular del sistema establecido por la Directiva 2006/126 (véase, en este sentido, la sentencia Kapper, C‑476/01, EU:C:2004:261 , apartado 77; el auto Kremer, C‑340/05, EU:C:2006:620 , apartado 30, y las sentencias Akyüz, C‑467/10, EU:C:2012:112 , apartado 57, y Hofmann, C‑419/10, EU:C:2012:240 , apartado 78). Corresponde en definitiva al tribunal remitente, que es el único competente para apreciar los hechos del litigio principal e interpretar la legislación nacional, examinar si, en el presente caso, mediante la aplicación de sus propias normas, la República Federal de Alemania deniega, en realidad, de manera indefinida el reconocimiento del permiso de conducción de la Sra. Aykul. Desde esta perspectiva, le corresponde asimismo comprobar si las condiciones establecidas en la legislación alemana para que una persona en una situación como la de la Sra. Aykul pueda recuperar el derecho a conducir en el territorio alemán respetan el principio de proporcionalidad y, en particular, no exceden los límites de lo que resulta apropiado y necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 2006/126, consistente en mejorar la seguridad vial. Sin embargo, el Tribunal de Justicia, que ha de facilitar una respuesta útil al tribunal remitente, es competente para proporcionarle indicaciones, basadas en los autos del asunto principal y en las observaciones escritas y orales que le han sido presentadas, que permitan a ese tribunal pronunciarse (véase, en este sentido, la sentencia Wiering C‑347/12, EU:C:2014:300 , apartado 63, y jurisprudencia citada). En el presente caso, de la resolución de remisión se desprende que la Sra. Aykul, a quien se le retiró el permiso de conducción austriaco en el territorio alemán, tiene la posibilidad de solicitar que se le autorice de nuevo a conducir vehículos de motor en Alemania provista de su permiso de conducción austriaco. En efecto, en el anexo de su resolución de 17 de septiembre de 2012, el Landratsamt Ravensburg informó a la interesada de que podría reconocerse su aptitud para conducir vehículos de motor sobre la base de un informe médico-psicológico realizado por un centro de control de la aptitud para la conducción oficialmente acreditado en Alemania y precisó que la elaboración de un informe de tal naturaleza estaba supeditado, en general, a la prueba de que la persona interesada se había abstenido de todo consumo de estupefacientes durante un año. Por otra parte, de la respuesta por escrito del Gobierno alemán a una pregunta planteada por el Tribunal de Justicia se deprende que, aun cuando no exista tal informe médico-psicológico, el derecho a utilizar en Alemania un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro se recupera de pleno derecho cuando, al término de un plazo determinado, se cancela la inscripción de falta de aptitud del registro de conductores mencionado en el artículo 29, apartado 1, de la StVG. En el caso de la Sra. Aykul, de la información proporcionada por el Gobierno alemán resulta que, conforme a dicha disposición, el plazo de cancelación debería ser de cinco años habida cuenta de la naturaleza de la infracción cometida. Por lo tanto, cuando expire dicho plazo, la interesada podrá utilizar de nuevo en Alemania su permiso de conducción sin tener que presentar informe médico-psicológico alguno. A la vista de estas indicaciones, que corresponde al tribunal remitente comprobar, es necesario señalar que las disposiciones alemanas no parecen denegar de manera indefinida el reconocimiento del permiso de conducción de la Sra. Aykul. Además, el hecho de supeditar la recuperación, por la Sra. Aykul, de su derecho a conducir un vehículo de motor en Alemania, bien a la presentación de un informe médico-psicológico cuya elaboración implica la prueba de que se ha abstenido de todo consumo de estupefacientes durante un año, bien al transcurso de un período de cinco años, parece un medio de prevención eficaz y proporcionado al objetivo consistente en mejorar la seguridad vial. Habida cuenta de todo lo anterior, procede responder a las cuestiones prejudiciales tercera y cuarta, letra b), que el Estado miembro que se niega a reconocer la validez de un permiso de conducción, en una situación como la del litigio principal, es competente para establecer las condiciones a las que debe someterse el titular de dicho permiso para recuperar el derecho a conducir en su territorio. Corresponde al tribunal remitente examinar si, mediante la aplicación de sus propias normas, el Estado miembro de que se trata deniega, en realidad, de manera indefinida el reconocimiento del permiso de conducción expedido por otro Estado miembro. Desde esta perspectiva, le corresponde comprobar si las condiciones establecidas en la legislación del primer Estado miembro, conforme al principio de proporcionalidad, no exceden los límites de lo que resulta apropiado y necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 2006/126, consistente en mejorar la seguridad vial. Costas Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso. En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 1) Los artículos 2, apartado 1, y 11, apartado 4, párrafo segundo, de la Directiva 2006/126/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de diciembre de 2006, sobre el permiso de conducción, deben interpretarse en el sentido de que no se oponen a que un Estado miembro, en cuyo territorio se encuentra temporalmente el titular de un permiso de conducción expedido por otro Estado miembro, se niegue a reconocer la validez de dicho permiso de conducción debido a una conducta infractora de su titular producida en dicho territorio con posterioridad a la expedición del citado permiso de conducción y que, conforme a la legislación nacional del primer Estado miembro, puede implicar la falta de aptitud para conducir vehículos de motor. 2) El Estado miembro que se niega a reconocer la validez de un permiso de conducción, en una situación como la del litigio principal, es competente para establecer las condiciones a las que debe someterse el titular de dicho permiso para recuperar el derecho a conducir en su territorio. Corresponde al tribunal remitente examinar si, mediante la aplicación de sus propias normas, el Estado miembro de que se trata deniega, en realidad, de manera indefinida el reconocimiento del permiso de conducción expedido por otro Estado miembro. Desde esta perspectiva, le corresponde comprobar si las condiciones establecidas en la legislación del primer Estado miembro, conforme al principio de proporcionalidad, no exceden los límites de lo que resulta apropiado y necesario para alcanzar el objetivo perseguido por la Directiva 2006/126, consistente en mejorar la seguridad vial. Firmas ( *1 ) Lengua de procedimiento: alemán.

62004CJ0379

pt

1       O pedido de decisão prejudicial diz respeito à interpretação do artigo 21.° do Regulamento (CE) n.° 753/2002 da Comissão, de 29 de Abril de 2002, que fixa certas normas de execução do Regulamento (CE) n.° 1493/1999 do Conselho no que diz respeito à designação, denominação, apresentação e protecção de determinados produtos vitivinícolas (JO L 118, p. 1). 2       Este pedido foi apresentado no âmbito de um litígio entre a Richard Dahms GmbH (a seguir «Dahms») e a Fränkischer Weinbauverband eV (a seguir «Weinbauverband») a propósito do montante da taxa de participação num concurso vinícola. Quadro jurídico comunitário 3       O artigo 47.° do Regulamento (CE) n.° 1493/1999 do Conselho, de 17 de Maio de 1999, que estabelece a organização comum do mercado vitivinícola (JO L 179, p. 1), prevê, designadamente, regras relativas à rotulagem de determinados produtos que têm por finalidade a protecção do legítimo interesse dos consumidores e dos produtores, o correcto funcionamento do mercado interno e a promoção da produção de produtos de qualidade. O referido artigo estabelece uma distinção entre as menções que devem figurar obrigatoriamente nos rótulos e as que são facultativas. 4       O anexo VII, B, n.° 1, alínea b), terceiro travessão, do referido regulamento prevê a possibilidade de constar do rótulo, ao lado da indicação geográfica, a menção relativa a «uma distinção, medalha ou concurso» nas condições a determinar pela Comissão. 5       O Regulamento n.° 753/2002 foi adoptado tendo em vista fixar as normas de execução das regras relativas, designadamente, à apresentação de certos produtos vitivinícolas. O seu título IV diz respeito às normas aplicáveis aos vinhos de mesa com indicação geográfica e aos vinhos de qualidade produzidos em determinadas regiões (a seguir «v.q.p.r.d.»). 6       O artigo 21.° do referido regulamento, que consta no título IV deste, intitulado «distinções, medalhas», prevê: «Para efeitos do ponto 1, terceiro travessão da alínea b), da parte B do anexo VII do Regulamento (CE) n.° 1493/1999, podem constar, da rotulagem dos vinhos de mesa com indicação geográfica ou dos v.q.p.r.d., distinções ou medalhas, desde que tenham sido concedidas ao lote de vinhos premiados em questão no âmbito de concursos permitidos pelos Estados‑Membros ou países terceiros, na sequência de processos objectivos que garantam a ausência de qualquer tipo de discriminação. Os Estados‑Membros e países terceiros comunicarão à Comissão a lista dos concursos permitidos. A Comissão assegurará, por todos os meios adequados, a publicidade dessas listas.» O litígio no processo principal e as questões prejudiciais 7       A Dahms, recorrente no processo principal, explora uma sociedade de viticultura e de comércio vinícola. A Weinbauverband, recorrida no processo principal, organiza, na Alemanha, o concurso de vinhos e de espumantes da Francónia. As taxas de inscrição nesse concurso variam consoante os candidatos tenham ou não a qualidade de membro da Weinbauverband. Assim, essas taxas são fixadas em 46 euros por cada lote de vinho apresentado pelos membros deste organismo e em 92 euros por cada lote apresentado por outros candidatos, e em relação a cada lote de espumante, em 76,50 euros e 153 euros, respectivamente. 8       A Dahms foi membro da Weinbauverband até 2001, tendo apresentado os seus vinhos em vários concursos. Já não fazendo parte deste organismo, a Dahms contesta, no Landgericht, por um lado, as condições que lhe são impostas em matéria de taxas de inscrição pela Weinbauverband, as quais, segundo a Dahms, constituem uma discriminação na acepção do artigo 21.° do Regulamento n.° 753/2002 e, por outro, o abuso que representa a posição de monopólio da Weinbauverband na organização desses concursos. 9       A Dahms pretende ser admitida nos concursos nas mesmas condições que os membros da Weinbauverband. A título subsidiário, pede para participar no concurso como não membro daquele organismo, mediante o pagamento de taxas de inscrição cujo montante será determinado pelo Landgericht. 10     A Weinbauverband alega, no órgão jurisdicional de reenvio, que o facto de instituir taxas de inscrição diferentes consoante os candidatos tenham ou não a qualidade de membros faz parte da autonomia que lhe é reconhecida pela regulamentação relativa às associações. Contesta a existência, no processo principal, de uma discriminação na acepção do artigo 21.° do Regulamento n.° 753/2002. Com efeito, segundo a Weinbauverband, por um lado, essa disposição destina‑se aos Estados‑Membros e não confere aos particulares qualquer direito subjectivo e, por outro, apenas proíbe discriminações arbitrárias. 11     É nestas condições que o Landgericht Würzburg decidiu suspender a instância e colocar ao Tribunal de Justiça as seguintes questões prejudiciais: «1)      O artigo 21.° do Regulamento (CE) n.° 753/2002 confere à recorrente o direito subjectivo a não ser discriminada pela recorrida no concurso de vinhos e de espumantes da Francónia? 2)      Em caso de resposta afirmativa à questão anterior: O facto de a recorrida exigir à recorrente, enquanto não membro da recorrida, para participar no concurso de vinhos e espumantes da Francónia, uma taxa de inscrição cujo montante é o dobro do montante que pagam os seus membros constitui uma discriminação na acepção do artigo 21.° do Regulamento (CE) n.° 753/2002?» Quanto às questões prejudiciais Quanto à primeira questão 12     Na sua primeira questão, o órgão jurisdicional de reenvio pergunta ao Tribunal de Justiça se o artigo 21.° do Regulamento n.° 753/2002 confere à Dahms um direito subjectivo no qual se possa fundamentar para contestar o tratamento discriminatório que alega ter sofrido devido ao facto de ter que pagar, para participar no concurso de vinhos e espumantes da Francónia, taxas de inscrição mais elevadas do que as exigidas aos membros da Weinbauverband. 13     Liminarmente, há que recordar que, por força do artigo 249.°, segundo parágrafo, CE, o regulamento tem alcance geral e é directamente aplicável em todos os Estados‑Membros. Segundo jurisprudência constante, devido à sua própria natureza e à sua função no sistema das fontes do direito comunitário, o regulamento confere aos particulares direitos que os órgãos jurisdicionais nacionais têm obrigação de proteger (v., designadamente, acórdãos de 10 de Outubro de 1973, Variola, 34/73, Recueil, p. 981, n.° 8; Colect., p. 365, e de 17 de Setembro de 2002, Muñoz e Superior Fruiticola, C‑253/00, Colect., p. I‑7289, n.° 27). 14     Cabe aos tribunais nacionais encarregados de aplicar, no quadro das suas competências, as disposições do direito comunitário garantir a sua plena eficácia (v., designadamente, acórdãos de 9 de Março de 1978, Simmenthal, 106/77, Recueil, p. 629, n.° 16; Colect., p. 243; de 19 de Junho de 1990, Factortame e o., C‑213/89, Colect., p. I‑2433, n.° 19; de 20 de Setembro de 2001, Courage e Crehan, C‑453/99, Colect., p. I‑6297, n.° 25, e Muñoz e Superior Fruiticola, já referido, n.° 28). 15     O artigo 21.° do Regulamento n.° 753/2002 precisa as normas de execução do Anexo VII do Regulamento n.° 1493/1999. O artigo 43.° deste último prevê, designadamente, que os objectivos das menções obrigatórias e facultativas relativas à rotulagem de certos produtos vitivinícolas são múltiplos. Esses objectivos constam igualmente do quarto considerando do Regulamento n.° 753/2002 que dispõe que a protecção dos legítimos interesses dos consumidores e dos produtores, do correcto funcionamento do mercado interno e da promoção da produção de produtos de qualidade, constituem objectivos a ser observados. 16     Como observa, com razão, a Comissão, o artigo 21.° do Regulamento n.° 753/2002 garante a faculdade de mencionar no rótulo dos vinhos de mesa com indicação geográfica ou dos v.q.p.r.d., distinções ou medalhas. Esta faculdade está sujeita à condição de estas últimas terem sido concedidas, por um lado, no âmbito de concursos autorizados pelos Estados‑Membros ou países terceiros e, por outro, na sequência de processos objectivos que garantam a inexistência de qualquer tipo de discriminação. 17     Resulta do exposto, como decorre claramente do seu texto, que o artigo 21.° diz respeito à rotulagem dos vinhos em causa mas não tem por objectivo estabelecer regras de procedimento aplicáveis à organização de concursos vinícolas. Porque, de facto, embora esta disposição preveja que a atribuição dessas distinções e medalhas deve respeitar determinadas exigências imperativas, não regulamenta, todavia, nenhum dos outros aspectos do procedimento aplicável à organização dos concursos vinícolas, ainda que estes constituam o contexto em que essas distinções e medalhas são atribuídas. 18     Por conseguinte, deve considerar‑se que o artigo 21.° do Regulamento n.° 753/2002 diz respeito às menções facultativas relativas às distinções e às medalhas que podem figurar no rótulo com o fim de proteger os legítimos interesses dos consumidores e sobretudo dos produtores de vinho. O procedimento ou as modalidades de atribuição destas distinções ou medalhas, bem como as regras aplicáveis ao procedimento de organização de concursos vinícolas, são da exclusiva competência dos Estados‑Membros, sem prejuízo, quando as distinções e as medalhas forem atribuídas nesse contexto, de o concurso em questão ser autorizado pelas autoridades nacionais competentes e de o processo de atribuição ser objectivo e garantir a inexistência de discriminação. 19     Assim, um participante ou um potencial participante num concurso vinícola não se pode basear no conteúdo do referido artigo 21.° para contestar as regras de organização desse concurso em geral, e a determinação das taxas de inscrição no concurso em particular. 20     Em contrapartida, há que reconhecer que, no caso das distinções ou medalhas serem mencionadas no rótulo, os produtores de vinho concorrentes podem opor‑se à autorização da utilização dessas menções quando a sua atribuição tenha ocorrido num concurso não autorizado pelas autoridades nacionais competentes, ou no seguimento de um procedimento não objectivo ou discriminatório. 21     Importa, por conseguinte, responder à questão submetida que o artigo 21.° do Regulamento n.° 753/2002 deve ser interpretado no sentido de que os participantes ou os potenciais participantes num concurso vinícola não podem contestar, como fundamento nesta disposição, as condições de organização desse concurso e, nomeadamente, as regras de determinação das taxas de inscrição. Quanto à segunda questão 22     Tendo em conta a resposta à primeira questão, a segunda questão ficou sem objecto e não há que lhe responder. Quanto às despesas 23     Revestindo o processo, quanto às partes na causa principal, a natureza de incidente suscitado perante o órgão jurisdicional nacional, compete a este decidir quanto às despesas. As despesas efectuadas pelas outras partes para a apresentação de observações ao Tribunal de Justiça não são reembolsáveis. Pelos fundamentos expostos, o Tribunal de Justiça (Terceira Secção) declara: O artigo 21.° do Regulamento (CE) n.° 753/2002 da Comissão, de 29 de Abril de 2002, que fixa certas normas de execução do Regulamento (CE) n.° 1493/1999 do Conselho no que diz respeito à designação, denominação, apresentação e protecção de determinados produtos vitivinícolas, deve ser interpretado no sentido de que os participantes ou potenciais os participantes num concurso vinícola não podem contestar, com fundamento nesta disposição, as condições de organização do concurso e, nomeadamente, as regras de determinação das taxas de inscrição. Assinaturas * Língua do processo: alemão.

61985CJ0390

fr

1 PAR REQUETE DEPOSEE AU GREFFE DE LA COUR LE 2 DECEMBRE 1985, LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES A INTRODUIT, EN VERTU DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE, UN RECOURS VISANT A FAIRE RECONNAITRE QUE LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE EN N' ASSURANT PAS LA TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DE LA DIRECTIVE 79/279 DU CONSEIL, DU 5 MARS 1979, PORTANT COORDINATION DES CONDITIONS D' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE D' UNE BOURSE DE VALEURS ( JO L*66, P.*21 ), DE LA DIRECTIVE 80/390 DU CONSEIL, DU 17 MARS 1980, PORTANT COORDINATION DES CONDITIONS D' ETABLISSEMENT, DE CONTROLE ET DE DIFFUSION DU PROSPECTUS A PUBLIER POUR L' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE D' UNE BOURSE DE VALEURS ( JO L*100, P.*1 ), ET DE LA DIRECTIVE 82/121 DU CONSEIL, DU 15 FEVRIER 1982, RELATIVE A L' INFORMATION PERIODIQUE A PUBLIER PAR LES SOCIETES, DONT LES ACTIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D' UNE BOURSE DE VALEURS ( JO L*48, P.*26 ). 2 EN CE QUI CONCERNE LES ANTECEDENTS DU LITIGE ET LES MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES, IL EST RENVOYE AU RAPPORT D' AUDIENCE . CES ELEMENTS DU DOSSIER NE SONT REPRIS CI-DESSOUS QUE DANS LA MESURE NECESSAIRE AU RAISONNEMENT DE LA COUR . 3 LA COMMISSION, FAUTE D' AVOIR ETE INFORMEE PAR LE GOUVERNEMENT BELGE DES DISPOSITIONS QU' IL AURAIT PRISES POUR SE CONFORMER AUX DISPOSITIONS DES TROIS DIRECTIVES EN QUESTION DANS LES DELAIS QU' ELLES PREVOYAIENT ET QUI AVAIENT ETE, PAR LA DIRECTIVE 82/148 DU CONSEIL, DU 3 MARS 1982 ( JO L*62, P.*22 ), PROROGES JUSQU' AU 30 JUIN 1983 POUR LES ETATS MEMBRES QUI TRANSPOSERAIENT SIMULTANEMENT LES TROIS DIRECTIVES, A CONSIDERE QUE LES MESURES DE TRANSPOSITION N' AVAIENT PAS ETE ADOPTEES ET A ENTAME LA PROCEDURE DE L' ARTICLE 169 DU TRAITE CEE . APRES AVOIR MIS LE GOUVERNEMENT BELGE EN DEMEURE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS, CE QUI A ETE FAIT PAR LETTRE DU 28 MARS 1984, LA COMMISSION A EMIS, LE 16 AVRIL 1985, UN AVIS MOTIVE . C' EST EN L' ABSENCE D' ADOPTION DES MESURES DE TRANSPOSITION ANNONCEES PAR LE GOUVERNEMENT BELGE DANS SA REPONSE DU 24 MAI 1985 A L' AVIS MOTIVE QUE LE PRESENT RECOURS A ETE INTRODUIT . 4 LE GOUVERNEMENT BELGE, DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE, N' A PAS CONTESTE L' ABSENCE DE TRANSPOSITION EN DROIT INTERNE DES TROIS DIRECTIVES . IL A INVOQUE LES DIFFICULTES RENCONTREES POUR EFFECTUER CETTE TRANSPOSITION EN RAISON DE LA BRIEVETE DES DELAIS IMPARTIS A CET EFFET, DE LA MULTIPLICITE DES POINTS A REGLER PAR LA LEGISLATION NATIONALE, DE L' ABSENCE DE PRECISION DES DIRECTIVES QUI AVAIT POUR RESULTAT DE CONTRAINDRE LES ETATS MEMBRES A ETABLIR DES REGLES PRECISES, DE LA NECESSITE DE TENIR COMPTE DE LA CREATION, EN COURS, D' UN MARCHE EUROPEEN DES CAPITAUX ET, ENFIN, DE LA COMPLEXITE DES PROCEDURES A SUIVRE DANS LE CADRE NATIONAL ET DES DIFFICULTES, DUES A L' IMPRECISION DES DIRECTIVES, CONCERNANT LES POUVOIRS A CONFERER AUX AUTORITES NATIONALES COMPETENTES . ENFIN, LE GOUVERNEMENT BELGE A INDIQUE QUE, LE 7 MARS 1984, IL AVAIT SAISI, POUR AVIS, LE CONSEIL D' ETAT D' UN PROJET DE LOI, DONT L' ADOPTION ASSURERAIT LA TRANSPOSITION DES TROIS DIRECTIVES PAR VOIE LEGISLATIVE, ET SUR LA BASE DUQUEL TROIS ARRETES ROYAUX D' EXECUTION AURAIENT ETE ELABORES DANS L' INTENTION DE LES METTRE EN VIGUEUR SIMULTANEMENT AVEC CE TEXTE LEGISLATIF . 5 LA COMMISSION A ESTIME QUE L' INFRACTION ETAIT SUFFISAMMENT ETABLIE PAR LES DECLARATIONS MEMES DU GOUVERNEMENT BELGE DANS SON MEMOIRE EN DEFENSE ET ELLE A RENONCE A LA REPLIQUE . 6 AU COURS DE LA PROCEDURE ORALE, LE GOUVERNEMENT BELGE A EXPLIQUE QUE LE CONSEIL D' ETAT AVAIT RENDU SON AVIS, LE 11 FEVRIER 1986, SUR LE PROJET DE LOI QUI LUI AVAIT ETE SOUMIS LE 7 MARS 1984 ET QUE, APRES UN REEXAMEN, LE PROJET SERA DEPOSE AU BUREAU DES CHAMBRES LEGISLATIVES AU DEBUT DU MOIS D' AVRIL 1987 . EXAMINE EN PRIORITE PAR ELLES, IL POURRAIT ETRE VOTE ET ENTRER EN VIGUEUR A LA FIN DE L' ANNEE . LES ARRETES D' EXECUTION ENTRERAIENT EN VIGUEUR SIMULTANEMENT AVEC CETTE LOI . 7 IL CONVIENT DE CONSTATER QUE CES CIRCONSTANCES NE SAURAIENT FAIRE DISPARAITRE LE MANQUEMENT REPROCHE AU ROYAUME DE BELGIQUE . EN EFFET, SELON UNE JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR, UN ETAT MEMBRE NE SAURAIT EXCIPER DE DISPOSITIONS, PRATIQUES OU SITUATIONS DE SON ORDRE JURIDIQUE INTERNE POUR JUSTIFIER LE NON-RESPECT DES OBLIGATIONS RESULTANT DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES . 8 IL Y A LIEU PAR CONSEQUENT DE RECONNAITRE QUE, EN N' ADOPTANT PAS DANS LE DELAI PRESCRIT LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER AUX DIRECTIVES DU CONSEIL 79/279, 80/390 ET 82/121, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE . Décisions sur les dépenses SUR LES DEPENS 9 AUX TERMES DE L' ARTICLE 69, PARAGRAPHE 2, DU REGLEMENT DE PROCEDURE, TOUTE PARTIE QUI SUCCOMBE EST CONDAMNEE AUX DEPENS . LA PARTIE DEFENDERESSE AYANT SUCCOMBE EN SES MOYENS, IL Y A LIEU DE LA CONDAMNER AUX DEPENS . Dispositif PAR CES MOTIFS, LA COUR DECLARE ET ARRETE : 1 ) EN N' ADOPTANT PAS, DANS LE DELAI PRESCRIT, LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA DIRECTIVE 79/279 DU CONSEIL, DU 5 MARS 1979, PORTANT COORDINATION DES CONDITIONS D' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE D' UNE BOURSE DE VALEURS, A LA DIRECTIVE 80/390 DU CONSEIL, DU 17 MARS 1980, PORTANT COORDINATION DES CONDITIONS D' ETABLISSEMENT, DE CONTROLE ET DE DIFFUSION DU PROSPECTUS A PUBLIER POUR L' ADMISSION DE VALEURS MOBILIERES A LA COTE OFFICIELLE D' UNE BOURSE DE VALEURS ET A LA DIRECTIVE 82/121 DU CONSEIL, DU 15 FEVRIER 1982, RELATIVE A L' INFORMATION PERIODIQUE A PUBLIER PAR LES SOCIETES DONT LES ACTIONS SONT ADMISES A LA COTE OFFICIELLE D' UNE BOURSE DE VALEURS, LE ROYAUME DE BELGIQUE A MANQUE AUX OBLIGATIONS QUI LUI INCOMBENT EN VERTU DU TRAITE CEE . 2 ) LE ROYAUME DE BELGIQUE EST CONDAMNE AUX DEPENS .

62000CJ0279

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 42 Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, εφόσον υπήρχε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Δεδομένου ότι η Επιτροπή ζήτησε να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα η Ιταλική Δημοκρατία, η οποία ηττήθηκε, η Ιταλική Δημοκρατία πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (έκτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Η Ιταλική Δημοκρατία, υποχρεώνοντας τις επιχειρήσεις διαθέσεως εργατικού δυναμικού για προσωρινή απασχόληση που είναι εγκατεστημένες σε άλλα κράτη μέλη να εδρεύουν ή να έχουν υποκατάστημα στην ημεδαπή και να καταθέτουν εγγύηση ύψους 700 εκατομμυρίων ITL σε πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει ή έχει υποκατάστημα στην ημεδαπή, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από τα άρθρα 49 ΕΚ και 56 ΕΚ. 2) Καταδικάζει την Ιταλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

61990CJ0255

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 26 Κατά το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα, αν υπάρχει σχετικό αίτημα. Στην παρούσα υπόθεση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε από το Δικαστήριο να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Διαδικασίας. Το αίτημα αυτό δεν μπορεί να θεωρηθεί ως αποβλέπον στο να καταδικαστεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα. Επομένως, κάθε διάδικος πρέπει να φέρει τα δικαστικά του έξοδα. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (τέταρτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Απορρίπτει την αίτηση αναιρέσεως. 2) Κάθε διάδικος φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

61985CJ0198

nl

1 BIJ BESCHIKKING VAN 14 JUNI 1985 , INGEKOMEN TEN HOVE OP 26 JUNI DAARAANVOLGEND , HEEFT HET BELGISCHE HOF VAN CASSATIE KRACHTENS HET PROTOCOL VAN 3 JUNI 1971 BETREFFENDE DE UITLEGGING DOOR HET HOF VAN JUSTITIE VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN ( HIERNA : EXECUTIEVERDRAG ), DRIE PREJUDICIELE VRAGEN GESTELD OVER DE UITLEGGING VAN ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , VAN VOORNOEMD VERDRAG . 2 DEZE VRAGEN ZIJN GEREZEN IN HET KADER VAN HET CASSATIEBEROEP VAN F . CARRON TEGEN EEN VONNIS VAN 14 JUNI 1983 , WAARBIJ DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN CARRONS VERZET TEGEN HAAR BESLISSING VAN 27 JULI 1982 HAD AFGEWEZEN . 3 BIJ LAATSTBEDOELDE BESLISSING , GEGEVEN TEN VERZOEKE VAN DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , HEEFT DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN VERLOF VERLEEND TOT TENUITVOERLEGGING IN BELGIE VAN EEN VONNIS VAN HET LANDGERICHT DUISBURG , WAARBIJ CARRON IS VEROORDEELD OM DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND EEN SCHADEVERGOEDING VAN 5 240 000 DM TE BETALEN . 4 TOT STAVING VAN ZIJN VERZET TEGEN DE EXEQUATURBESLISSING BERIEP CARRON ZICH OP NIETIGHEID VAN DE PROCEDURE , OP GROND DAT DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND HAD NAGELATEN IN HET INLEIDEND VERZOEKSCHRIFT WOONPLAATS TE KIEZEN . BIJ VONNIS VAN 14 MAART 1983 WEES DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE ANTWERPEN DIT VERZET AF , OP GROND DAT AAN HET VEREISTE VAN ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , WAS VOLDAAN DOOR DE WOONPLAATSKEUZE IN DE AKTE VAN BETEKENING VAN DE BESLISSING HOUDENDE VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING . 5 HET BELGISCHE HOF VAN CASSATIE HEEFT BESLOTEN HET HOF DE VOLGENDE PREJUDICIELE VRAGEN VOOR TE LEGGEN : ' ' 1 ) HANGT HET VAN HET RECHT VAN DE AANGEZOCHTE STAAT AF , WANNEER EN HOE DE WOONPLAATSKEUZE , BEDOELD IN ARTIKEL 33 , TWEEDE LID , VAN HET EEG-EXECUTIEVERDRAG , MOET GESCHIEDEN ? 2 ) INDIEN HET ANTWOORD BEVESTIGEND IS , WORDT DAN OOK DE SANCTIEREGELING BEHEERST DOOR HET RECHT VAN DE AANGEZOCHTE STAAT ? 3 ) INGEVAL OP DE EERSTE VRAAG ONTKENNEND WORDT GEANTWOORD , WANNEER EN HOE MOET DE BEDOELDE WOONPLAATSKEUZE GESCHIEDEN EN WELK IS DE EVENTUELE SANCTIE ? ' ' DE EERSTE VRAAG 6 CARRON EN DE COMMISSIE BEKLEMTONEN , DAT HET EXECUTIEVERDRAG TOT DOEL HEEFT EEN VOOR ALLE VERDRAGSLUITENDE STATEN EENVORMIGE EXEQUATURPROCEDURE IN TE VOEREN ; DE RECHTER VAN DE AANGEZOCHTE STAAT ZOU DAN OOK SLECHTS NATIONALE PROCEDUREREGELS MOGEN TOEPASSEN WANNEER HET EXECUTIEVERDRAG HEM DAARTOE UITDRUKKELIJK UITNODIGT . WAAR ARTIKEL 33 EXECUTIEVERDRAG MET BETREKKING TOT HET TIJDSTIP VAN DE WOONPLAATSKEUZE NIETS DERGELIJKS BEPAALT , ZOU DE EERSTE PREJUDICIELE VRAAG OVEREENKOMSTIG HET DOEL VAN DE BEPALING MOETEN WORDEN BEANTWOORD . DEZE BEPALING NU ZOU BEOGEN , DE VERWEERDER IN STAAT TE STELLEN ZO SNEL MOGELIJK VERZET TE DOEN TEGEN DE EXEQUATURBESLISSING ; ZIJ ZOU DERHALVE VERLANGEN DAT DE WOONPLAATSKEUZE IN ELK GEVAL VOOR DIE BESLISSING GESCHIEDT . 7 DE DUITSE EN DE BRITSE REGERING ZIJN DAARENTEGEN VAN MENING , DAT OP GROND VAN DE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 33 EXECUTIEVERDRAG HET RECHT VAN DE AANGEZOCHTE STAAT BEPALEND IS VOOR HET TIJDSTIP EN DE WIJZE VAN DE WOONPLAATSKEUZE . GEZIEN DE ONNAUWKEURIGHEID VAN DIE BEPALING TEN AANZIEN VAN HET TIJDSTIP VAN DE WOONPLAATSKEUZE , MOET VOLGENS BEIDE REGERINGEN REKENING WORDEN GEHOUDEN MET HET FEIT DAT DEZE KEUZE VOOR DE PARTIJ TEGEN WIE DE TENUITVOERLEGGING WORDT GEVRAAGD , EERST VAN BELANG WORDT WANNEER DE IN ARTIKEL 36 EXECUTIEVERDRAG BEDOELDE TERMIJN VOOR VERZET TEGEN DE BESLISSING HOUDENDE VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING INGAAT , DAT WIL ZEGGEN WANNEER DEZE BESLISSING HAAR WORDT BETEKEND . 8 ER ZIJ OP GEWEZEN , DAT HET EXECUTIEVERDRAG BIJ DE ARTIKELEN 31 TOT EN MET 49 EEN VOOR ALLE VERDRAGSLUITENDE STATEN GELIJKE EXEQUATURPROCEDURE HEEFT INGEVOERD . IN EEN EERSTE FASE , DIE GEEN CONTRADICTOIR KARAKTER HEEFT , BIEDT DEZE PROCEDURE DE VERZOEKER DIE EEN VONNIS IN EEN ANDERE VERDRAGSLUITENDE STAAT TEN UITVOER WENST TE LEGGEN , DE MOGELIJKHEID OM SNEL VERLOF DAARTOE TE VERKRIJGEN . IN EEN TWEEDE , CONTRADICTOIRE FASE WORDEN DE RECHTEN VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE TENUITVOERLEGGING WORDT GEVRAAGD , GEWAARBORGD DOOR DE MOGELIJKHEID OM VERZET TE DOEN TEGEN DIE BESLISSING . IN DIT STELSEL MOET DE VERPLICHTING VOOR DE VERZOEKER OM WOONPLAATS TE KIEZEN OF EEN PROCESGEMACHTIGDE AAN TE WIJZEN , DE PARTIJ TEGEN WIE DE TENUITVOERLEGGING IS BEVOLEN , IN STAAT STELLEN DE IN HET EXECUTIEVERDRAG VOORZIENE VERZETPROCEDURE IN TE LEIDEN ZONDER FORMALITEITEN TE MOETEN VERVULLEN BUITEN HET RESSORT VAN HET GERECHT VAN HAAR WOONPLAATS . BIJ DE VASTSTELLING VAN DEZE DOELEINDEN , WAARVAN DE VERWEZENLIJKING IN ALLE VERDRAGSLUITENDE STATEN VERZEKERD DIENT TE ZIJN , REGELT HET EXECUTIEVERDRAG ECHTER NIET DE TOEPASSINGSMODALITEITEN VAN DIE PROCEDURE EN VERWIJST HET OP EEN AANTAL PUNTEN UITDRUKKELIJK NAAR HET RECHT VAN DE AANGEZOCHTE STAAT . 9 ZO BEPAALT ARTIKEL 33 , EERSTE EN TWEEDE ALINEA , EXECUTIEVERDRAG : ' ' DE VEREISTEN WAARAAN HET VERZOEK MOET VOLDOEN , WORDEN VASTGESTELD DOOR DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT . DE VERZOEKER MOET , BINNEN HET RECHTSGEBIED VAN HET GERECHT DAT VAN HET VERZOEK KENNIS NEEMT , WOONPLAATS KIEZEN . KENT ECHTER DE WETGEVING VAN DE AANGEZOCHTE STAAT GEEN WOONPLAATSKEUZE , DAN KAN DE VERZOEKER EEN PROCESGEMACHTIGDE AANWIJZEN . ' ' 10 BLIJKENS DEZE BEPALINGEN IS HET DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT DIE BEPALEND IS VOOR ALLE VEREISTEN WAARAAN HET VERZOEK MOET VOLDOEN , WAARTOE OOK DE WOONPLAATSKEUZE DOOR DE VERZOEKER BEHOORT . WANNEER HET RECHT VAN DE AANGEZOCHTE STAAT HET TIJDSTIP WAAROP DE WOONPLAATSKEUZE DIENT TE GESCHIEDEN , NIET NAUWKEURIG BEPAALT , ZAL HET , GELET OP DE DOOR HET EXECUTIEVERDRAG BEOOGDE DOELEINDEN , ERVOOR MOETEN WORDEN GEHOUDEN DAT DIE FORMALITEIT MOET WORDEN VERVULD OP EEN ZODANIG TIJDSTIP , DAT DE PROCEDURE NIET ONNODIG WORDT VERTRAAGD EN DE RECHTEN VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE TENUITVOERLEGGING IS GEVRAAGD , WORDEN GEVRIJWAARD , DAT WIL ZEGGEN UITERLIJK BIJ DE BETEKENING VAN DE BESLISSING HOUDENDE VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING . 11 MITSDIEN MOET OP DE EERSTE PREJUDICIELE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN , ALDUS MOET WORDEN UITGELEGD , DAT DE ALDAAR VOORGESCHREVEN WOONPLAATSKEUZE DIENT TE GESCHIEDEN OVEREENKOMSTIG DE VEREISTEN VAN DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT EN , INDIEN DEZE WET ZWIJGT OVER HET TIJDSTIP WAAROP DIE FORMALITEIT MOET WORDEN VERVULD , UITERLIJK BIJ DE BETEKENING VAN DE BESLISSING HOUDENDE VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING . DE TWEEDE VRAAG 12 CARRON MEENT DAT , AANGEZIEN DE VERPLICHTING OM VOOR DE EXEQUATURBESLISSING WOONPLAATS TE KIEZEN , UIT HET GEMEENSCHAPSRECHT VOORTVLOEIT , HETZELFDE GELDT VOOR DE SANCTIE OP HET NIET NAKOMEN VAN DIE VERPLICHTING . GELET OP DE DWINGENDE BEWOORDINGEN VAN ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , EN DE VERPLICHTING VAN HET AANGEZOCHTE GERECHT OM , OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 35 EXECUTIEVERDRAG , DE GEGEVEN BESLISSING ' ' ONVERWIJLD ' ' TER KENNIS VAN DE VERZOEKER TE BRENGEN , ZOU DEZE SANCTIE NIETS ANDERS KUNNEN ZIJN DAN DE NIETIGHEID VAN HET VERZOEK . 13 MET DE DUITSE EN DE BRITSE REGERING MOET WORDEN ERKEND , DAT WAAR HET EXECUTIEVERDRAG AAN DE SCHENDING VAN ARTIKEL 33 GEEN ENKELE SANCTIE VERBINDT , DE SANCTIEREGELING EVENALS DE ANDERE IN DAT ARTIKEL BEDOELDE PROCEDUREVEREISTEN WORDT BEHEERST DOOR DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT . 14 DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT DIENT DAARBIJ ECHTER REKENING TE HOUDEN MET DE DOELSTELLINGEN VAN HET EXECUTIEVERDRAG : DE VOORZIENE SANCTIE MAG DUS NIET LEIDEN TOT AANTASTING VAN DE GELDIGHEID VAN DE EXEQUATURBESLISSING OF VAN DE RECHTEN VAN DE PARTIJ TEGEN WIE DE TENUITVOERLEGGING WORDT GEVRAAGD . 15 MITSDIEN MOET OP DE TWEEDE PREJUDICIELE VRAAG WORDEN GEANTWOORD , DAT WANNEER NIET IS VOLDAAN AAN DE VEREISTEN INZAKE DE WOONPLAATSKEUZE , DE GEVOLGEN DAARVAN KRACHTENS ARTIKEL 33 EXECUTIEVERDRAG WORDEN BEHEERST DOOR DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT , WAARBIJ ECHTER REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE DOELSTELLINGEN VAN GENOEMD VERDRAG . DE DERDE VRAAG 16 GEZIEN DE ANTWOORDEN OP DE EERSTE TWEE PREJUDICIELE VRAGEN , BEHOEFT DE DERDE VRAAG NIET TE WORDEN BEANTWOORD . Beslissing inzake de kosten KOSTEN 17 DE KOSTEN DOOR DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND , HET VERENIGD KONINKRIJK EN DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN WEGENS INDIENING HUNNER OPMERKINGEN BIJ HET HOF GEMAAKT , KUNNEN NIET VOOR VERGOEDING IN AANMERKING KOMEN . TEN AANZIEN VAN DE PARTIJEN IN HET HOOFDGEDING IS DE PROCEDURE ALS EEN ALDAAR GEREZEN INCIDENT TE BESCHOUWEN , ZODAT DE NATIONALE RECHTERLIJKE INSTANTIE OVER DE KOSTEN HEEFT TE BESLISSEN . Dictum HET HOF VAN JUSTITIE ( VIJFDE KAMER ), UITSPRAAK DOENDE OP DE DOOR HET BELGISCHE HOF VAN CASSATIE BIJ BESCHIKKING VAN 14 JUNI 1985 GESTELDE VRAGEN , VERKLAART VOOR RECHT : 1 ) ARTIKEL 33 , TWEEDE ALINEA , VAN HET VERDRAG VAN 27 SEPTEMBER 1968 BETREFFENDE DE RECHTERLIJKE BEVOEGDHEID EN DE TENUITVOERLEGGING VAN BESLISSINGEN IN BURGERLIJKE EN HANDELSZAKEN , MOET ALDUS WORDEN UITGELEGD , DAT DE ALDAAR VOORGESCHREVEN WOONPLAATSKEUZE DIENT TE GESCHIEDEN OVEREENKOMSTIG DE VEREISTEN VAN DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT EN , INDIEN DEZE WET ZWIJGT OVER HET TIJDSTIP WAAROP DIE FORMALITEIT MOET WORDEN VERVULD , UITERLIJK BIJ DE BETEKENING VAN DE BESLISSING HOUDENDE VERLOF TOT TENUITVOERLEGGING . 2 ) WANNEER NIET IS VOLDAAN AAN DE VEREISTEN INZAKE DE WOONPLAATSKEUZE , WORDEN DE GEVOLGEN DAARVAN KRACHTENS ARTIKEL 33 EXECUTIEVERDRAG BEHEERST DOOR DE WET VAN DE AANGEZOCHTE STAAT , WAARBIJ ECHTER REKENING MOET WORDEN GEHOUDEN MET DE DOELSTELLINGEN VAN GENOEMD VERDRAG .

62009TJ0499

et

Hagi Siseturu Ühtlustamise Ameti (kaubamärgid ja tööstusdisainilahendused) neljanda apellatsioonikoja 2. oktoobri 2009. aasta (asi R 491/2009‑4) selle otsuse peale, mis puudutab ümardatud küljega purpurpunase ristküliku registreerimist ühenduse kujutismärgina. Resolutsioon 1. Jätta hagi rahuldamata. 2. Mõista kohtukulud välja Evonik Industries AG‑lt.

62014CJ0489

sl

Predlog za sprejetje predhodne odločbe se nanaša na razlago člena 19(1) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 6, str. 243). Ta predlog je bil vložen v okviru spora med gospo A in gospodom B glede razveze njune zakonske zveze. Pravni okvir Pravo Unije Uredba št. 2201/2003 Člen 3 Uredbe št. 2201/2003, naslovljen „Splošna pristojnost“, v odstavku 1 določa pravila o sodni pristojnosti, katerih uporaba je odvisna od kraja prebivališča enega ali obeh zakoncev, njunega državljanstva in v primeru Združenega kraljestva od skupnega „domicile“. Člen 16 te uredbe, naslovljen „Začetek postopka“, določa: „Šteje se, da je sodišče začelo postopek: (a) v trenutku, ko je pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje vloženo na sodišču, pod pogojem, da vlagatelj kasneje ni opustil dejanj, ki bi jih moral opraviti v zvezi z vročitvijo pisanja nasprotni stranki; ali (b) če je treba pisanje vročiti še pred vložitvijo na sodišče, v trenutku, ko ga prejme organ, ki je odgovoren za vročitev, pod pogojem da tožeča stranka pozneje ni opustila dejanj, ki bi jih morala opraviti v zvezi z vložitvijo pisanja na sodišče.“ Člen 19 iste uredbe, naslovljen „Litispendenca in sorodne pravde“, določa: „1.   Če pred sodišči različnih držav članic tečejo postopki v zvezi z razvezo, prenehanjem življenjske skupnosti ali razveljavitvijo zakonske zveze med istima strankama, sodišče, ki je drugo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekine svoj postopek, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek. 2.   Če pred sodišči različnih držav članic tečejo postopki z istim zahtevkom v zvezi s starševsko odgovornostjo do istega otroka, sodišče, ki je drugo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekine svoj postopek, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek. 3.   Ko se ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, se sodišče, ki je drugo začelo postopek, izreče za nepristojno v korist prvega sodišča. V tem primeru lahko stranka, ki je začela postopek pred sodiščem, ki je drugo začelo postopek, začne ta postopek pred sodiščem, ki je prvo začelo postopek.“ Uredba (ES) št. 44/2001 Uredba Sveta (ES) št. 44/2001 z dne 22. decembra 2000 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 19, zvezek 4, str. 42) je bila razveljavljena z Uredbo (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ( UL L 351, str. 1 ). Člen 27 Uredbe št. 44/2001 v oddelku 9, naslovljenem „Litispendenca in sorodne pravde“, njenega poglavja II je določal: „1.   Če pred sodišči različnih držav članic tečejo postopki z istim zahtevkom med istima strankama, vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekinejo postopke, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek. 2.   Ko se ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, se vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, izrečejo za nepristojna v korist tega sodišča.“ Bruseljska konvencija Uredba št. 44/2001 je v odnosih med državami članicami nadomestila Konvencijo z dne 27. septembra 1968 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ( UL 1972, L 299, str. 32 ), kakor je bila spremenjena z zaporednimi konvencijami o pristopu novih držav članic k tej konvenciji (v nadaljevanju: Bruseljska konvencija). Člen 21 Bruseljske konvencije, ki je bil v oddelku 8, naslovljenem „Litispendenca in sorodne pravde“, naslova II, je določal: „Če pred sodišči različnih držav pogodbenic tečejo postopki z istim zahtevkom med istima strankama, vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekinejo postopke, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek. Ko se ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, se vsa sodišča razen tistega, ki je prvo začelo postopek, izrečejo za nepristojna v korist tega sodišča.“ Francosko pravo Člen 1111 zakonika o civilnem postopku določa: „Kadar sodišče po zaslišanju obeh zakoncev o razlogih za prenehanje zakonske zveze ugotovi, da vlagatelj vztraja pri zahtevku, izda sklep, s katerim lahko stranki napoti na ponovni poskus sprave v skladu s členom 252‑2 civilnega zakonika ali pa zakoncema takoj dovoli, da začneta postopek za razvezo zakonske zveze. V obeh primerih lahko odredi začasne ukrepe iz členov od 254 do 257 civilnega zakonika. Kadar sodišče dovoli začetek postopka, navede v sklepu roke, določene v členu 1113 tega zakonika.“ Člen 1113 zakonika o civilnem postopku določa: „Le zakonec, ki je vložil začetno vlogo, lahko v treh mesecih po izdaji sklepa vloži predlog za razvezo zakonske zveze. Če zakonca dosežeta spravo ali če se postopek ni začel v 30 mesecih od izdaje sklepa, prenehajo veljati vse njegove določbe, vključno z dovoljenjem za začetek postopka.“ Člen 1129 istega zakonika določa, da se „za postopek za prenehanje življenjske skupnosti […] smiselno uporabljajo določbe o postopku za razvezo zakonske zveze.“ Spor o glavni stvari in vprašanji za predhodno odločanje Gospa A in gospod B, francoska državljana, sta se poročila v Franciji 27. februarja 1997, potem ko sta po francoskem pravu sklenila predporočno pogodbo o režimu ločenega premoženja zakoncev. Leta 2000 sta se nastanila v Združenem kraljestvu. Leta 1999 sta se jima rodila dvojčka, tretji otrok pa leta 2001. Družina je prebivala v Združenem kraljestvu do junija 2010, nato pa sta zakonca po tem, ko je gospod B zapustil skupno bivališče, živela ločeno. Gospod B je 30. marca 2011 pri oddelku za družinske zadeve tribunal de grande instance de Nanterre (Francija) vložil tožbo za prenehanje življenjske skupnosti. Gospa A je 19. maja 2011 v odgovor na postopek, ki ga je začel njen mož, pri agenciji za pomoč otrokom (Child Support Agency) vložila zahtevek za preživnino za otroke, ki jih vzdržuje, nato pa je 24. maja 2011 na sodišču Združenega kraljestva vložila tudi zahtevek za razvezo zakonske zveze in ločen zahtevek za preživnino. Vendar se je High Court of Justice (England & Wales), Family Division, (višje sodišče (Anglija in Wales), družinski oddelek) 7. novembra 2012 s soglasjem gospe A na podlagi člena 19 Uredbe št. 2201/2003 izreklo za nepristojno za obravnavanje zahtevka za razvezo zakonske zveze. Oddelek za družinske zadeve tribunal de grande instance de Nanterre je 15. decembra 2011 izdal sklep o neuspelem poskusu sprave in odločil, da je treba vprašanja v zvezi z otroki, vključno z zahtevki glede obveznosti preživnine zanje, obravnavati v Združenem kraljestvu, da pa so francoska sodišča pristojna za sprejetje nekaterih začasnih ukrepov. Gospodu B je odredil, naj gospe A plača 5000 EUR preživnine na mesec. Pritožbeno sodišče v Versaillesu (Francija) je 22. novembra 2012 v pritožbenem postopku ta sklep potrdilo. Predložitveno sodišče poudarja, da so določbe sklepa o neuspelem poskusu sprave, ki ga je izdalo francosko sodišče, prenehale veljati 16. junija 2014 ob polnoči, ker v 30 mesecih od sprejetja navedenega sklepa ni bila vložena tožba. Gospod B je 17. decembra 2012 vložil tožbo za razvezo zakonske zveze na francoskem sodišču. Vendar je bilo 11. julija 2013 ugotovljeno, da ta zahtevek ni veljaven, ker z njim ni mogoče uspeti, saj je že potekal postopek za prenehanje življenjske skupnosti. Gospa A je 13. junija 2014 pri sodišču Združenega kraljestva vložila nov zahtevek za razvezo zakonske zveze. Predložitveno sodišče poudarja, da je gospa A neuspešno poskušala doseči, da bi ta zahtevek začel učinkovati 17. junija 2014 minuto po polnoči. Gospod B je 17. junija 2014 ob 8.20 po francoskem času pri francoskem sodišču vložil drugi zahtevek za razvezo zakonske zveze. Predložitveno sodišče navaja, da je bila takrat v Združenem kraljestvu ura 7.20 in da ob tej uri ni bilo mogoče vložiti tožbe pri sodiščih Združenega kraljestva. Gospod B je 9. oktobra 2014 predložitveno sodišče pozval, naj se zadeva izbriše ali pa zahtevek za razvezo zakonske zveze, ki ga je vložila gospa A, zavrže, ker je brez dvoma in brez možnosti ugovarjanja ugotovljena pristojnost francoskega sodišča v smislu člena 19(3) Uredbe št. 2201/2003. Predložitveno sodišče meni, da je gospod B s tem, da je pri francoskem sodišču vložil zahtevke za razvezo zakonske zveze, želel gospe A onemogočiti, da bi sprožila postopek za razvezo zakonske zveze v Združenem kraljestvu. Tako se pred vložitvijo zahtevka za razvezo zakonske zveze ni odrekel zahtevku za prenehanje življenjske skupnosti, da bi se izognil položaju, ko bi v vmesnem času med postopkoma glede teh zahtevkov gospa A lahko veljavno vložila zahtevek za razvezo zakonske zveze v Združenem kraljestvu in pridobila odločbo sodišča te države članice, ki bi se nanašala na vsa vprašanja v zvezi z razvezo zakonske zveze, zlasti na premoženjskem področju. Po mnenju predložitvenega sodišča je gospod B v nasprotju z namenom zakonodajalca Evropske unije z izbiro postopka zlorabil pravice, ki jih ima na podlagi člena 19 Uredbe št. 2201/2003. Predložitveno sodišče ugotavlja, da gospod B v postopku za prenehanje življenjske skupnosti ni podal nobenega predloga, in se v teh okoliščinah sprašuje, ali je treba šteti, da je bila pristojnost francoskega sodišča „ugotovljena“ v smislu člena 19(1) in (3) navedene uredbe. V teh okoliščinah je High Court of Justice (England & Wales) (višje sodišče (Anglija in Wales), družinski oddelek) prekinilo odločanje in Sodišču v predhodno odločanje predložilo ti vprašanji: „1. Kaj pomeni v smislu člena 19(1) in (3) Uredbe št. 2201/2003 izraz ‚ugotovljena‘ v okoliščinah, v katerih: a) je tožeča stranka v postopku pred sodiščem, ki je prvo začelo postopek (v nadaljevanju: prvi postopek), po prvem naroku praktično popolnoma nedejavna, razen da izbere prvo sodišče, ter zlasti ne vloži predloga ( assignation ) v okviru roka za vložitev tožbe ( requête ), zaradi česar se prvi postopek v skladu z lokalnim (francoskim) pravom, ki velja za prvi postopek, ustavi s potekom časa, namreč 30 mesecev po prvem spravnem naroku; b) je prvi postopek, kot je navedeno zgoraj, ustavljen zelo hitro (tri dni) po tem, ko se začne postopek pred drugim sodiščem v Združenem kraljestvu (v nadaljevanju: drugi postopek), zaradi česar v Franciji ni izdana sodba in ni nevarnosti za nezdružljivi sodbi v prvem in drugem postopku; ter c) bi zaradi časovnega pasu Združenega kraljestva tožeča stranka iz prvega postopka po ustavitvi prvega postopka lahko kadar koli sprožila postopek za razvezo zakonske zveze v Franciji, preden bi lahko tožeča stranka [v drugem postopku] sprožila postopek za razvezo zakonske zveze v Združenem kraljestvu? 2. Natančneje, ali izraz ‚ugotovljena‘ pomeni, da mora biti tožeča stranka iz prvega postopka dejavna, tako da se ta postopek nadaljuje s potrebno skrbnostjo in dovolj hitro za rešitev spora (bodisi na sodišču bodisi sporazumno), ali pa, ko je bila enkrat zagotovljena pristojnost na podlagi členov 3 in 19(1) [Uredbe št. 2201/2003], ni več potrebna nikakršna dejavnost tožeče stranke iz prvega postopka za dokončanje prvega postopka in si ta tako svobodno zagotovi ustavitev drugega postopka in zastoj v celotnem sporu?“ Vprašanji za predhodno odločanje Predložitveno sodišče z vprašanjema, ki ju je treba obravnavati skupaj, v bistvu sprašuje, ali je treba v zvezi s postopkom za prenehanje življenjske skupnosti in postopkom za razvezo zakonske zveze, ki potekata glede istih oseb pred sodišči dveh držav članic, člen 19(1) in (3) Uredbe št. 2201/2003 razlagati tako, da je treba v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem se je postopek pred sodiščem, ki je prvo začelo postopek v prvi državi članici, ustavil po tem, ko je drugo sodišče v drugi državi članici začelo postopek, šteti, da pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, ni ugotovljena. Predložitveno sodišče zlasti sprašuje, ali so za odgovor na to vprašanje upoštevni okoliščina, da je do navedene ustavitve postopka prišlo tik pred začetkom tretjega postopka pred sodiščem prve države članice, ravnanje tožeče stranke v prvem postopku, to je zlasti pomanjkanje skrbnosti, in obstoj časovne razlike med zadevnima državama članicama, ki omogoča sprožitev postopka pred sodiščem v prvi državi članici pred sprožitvijo postopka pred sodiščem v drugi državi članici. Najprej je treba ugotoviti, da je besedilo člena 19 Uredbe št. 2201/2003 oblikovano tako, da vsebuje izraze, ki so podobni izrazom v besedilu člena 27 Uredbe št. 44/2001, ki je nadomestil člen 21 Bruseljske konvencije, in da je z njim uveden mehanizem, ki je podoben tistemu, ki je določen v zadnjenavedenih členih za primere litispendence. Zato je treba upoštevati ugotovitve Sodišča glede zadnjenavedenih členov. V zvezi s tem je treba navesti, da je treba tako kot pri členu 27 Uredbe št. 44/2001 in členu 21 Bruseljske konvencije pojem „ugotovljena pristojnost“ iz člena 19 Uredbe št. 2201/2003 razlagati samostojno, pri tem pa upoštevati strukturo in cilj akta, v katerem je uporabljen (glej v tem smislu sodbi Shearson Lehman Hutton, C‑89/91 , EU:C:1993:15 , točka , in Cartier parfums-lunettes in Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13 , EU:C:2014:109 , točka ). Glede cilja pravil o litispendenci, ki so določena v členu 19 Uredbe št. 2201/2003, je treba navesti, da je namen teh pravil izognitev obstoju vzporednih postopkov pred sodišči različnih držav članic in nezdružljivih odločb, ki bi bile v teh postopkih lahko sprejete (glej sodbo Purrucker, C‑296/10 , EU:C:2010:665 , točka ). Zakonodajalec Unije je zato želel uvesti jasen in učinkovit mehanizem za reševanje primerov litispendence (glej po analogiji v zvezi z Uredbo št. 44/2001 sodbo Cartier parfums-lunettes in Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13 , EU:C:2014:109 , točka ). Kot izhaja iz besednih zvez „sodišče, ki je prvo začelo postopek“ in „sodišče, ki je drugo začelo postopek“ iz člena 19(1) in (3) Uredbe št. 2201/2003, ta mehanizem temelji na kronološkem zaporedju, v katerem sta sodišči začeli postopek. Za določitev trenutka, ko se šteje, da je sodišče začelo postopek, in s tem za ugotovitev, katero sodišče je prvo začelo postopek, je treba uporabiti člen 16 navedene uredbe, ki je naslovljen „Začetek postopka“. V skladu z navedenim členom 16 se šteje, da je sodišče začelo postopek, – glede na možnost, ki je bila izbrana v nacionalnem pravu, ki se uporabi – v trenutku, ko je pisanje o začetku postopka ali enakovredno pisanje vloženo na sodišču, ali, če je treba vročiti pisanje še pred vložitvijo na sodišče, v trenutku, ko ga prejme pristojni organ. Vendar se šteje, da je sodišče začelo postopek le pod pogojem, da vlagatelj kasneje ni opustil dejanj, ki bi jih moral opraviti – v prvi možnosti – v zvezi z vročitvijo pisanja nasprotni stranki ali – v drugi možnosti – v zvezi z vložitvijo pisanja na sodišče. Da bi se lahko v nadaljevanju ugotovilo, ali je podan položaj litispendence, iz besedila člena 19(1) Uredbe št. 2201/2003 izhaja, da se v nasprotju s pravili iz člena 27(1) Uredbe št. 44/2001, ki se uporablja za civilne in gospodarske zadeve, v zadevah, ki se nanašajo na zakonske spore, ne zahteva istovetnosti vzroka in predmeta zahtevkov, ki so vloženi pri sodiščih različnih držav članic. Kot je navedel generalni pravobranilec v točki 76 sklepnih predlogov, čeprav je pomembno, da se zahtevka nanašata na isto osebo, pa imata lahko različen predmet, če se le nanašata na prenehanje življenjske skupnosti, razvezo zakonske zveze ali na razveljavitev zakonske zveze. To razlago potrjuje primerjava med odstavkoma 1 in 2 člena 19 Uredbe št. 2201/2003, na podlagi katere je razvidno, da le odstavek 2, ki se nanaša na tožbe v zvezi s starševsko odgovornostjo, pogojuje uporabo tega odstavka z istovetnostjo predmeta in vzroka vloženih tožb. Zato je položaj litispendence lahko podan, če sodišči različnih držav članic začneta postopek, kakršen je ta v postopku v glavni stvari, in sicer prvo sodišče postopek za prenehanje življenjske skupnosti, drugo pa postopek za razvezo zakonske zveze, ali pa če je pri obeh sodiščih vložena tožba za razvezo zakonske zveze. V skladu s členom 19(1) navedene uredbe v takih okoliščinah in v primeru istovetnosti strank sodišče, ki je drugo začelo postopek, po uradni dolžnosti prekine svoj postopek, vse dokler se ne ugotovi pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek. V zvezi s tem je treba šteti, da razlaga člena 27 Uredbe št. 44/2001, ki jo je podalo Sodišče, velja tudi za člen 19(1) Uredbe št. 2201/2003. Da bi bila pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, ugotovljena v smislu člena 19(1) te uredbe, tako zadostuje, da se sodišče, ki je prvo začelo postopek, ni po uradni dolžnosti izreklo za nepristojno in da nobena od strank ni izpodbijala pristojnosti pred trenutkom ali ob trenutku, ko je bilo predloženo stališče, za katerega se v skladu z nacionalnim pravom šteje, da gre za prvi odgovor na tožbo v zvezi z utemeljenostjo zahtevka, ki je bil predložen v odločanje temu sodišču (glej po analogiji sodbo Cartier parfums-lunettes in Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13 , EU:C:2014:109 , točka ). Če se šteje, da je ta pristojnost ugotovljena glede na pravila iz člena 3 Uredbe št. 2201/2003, se sodišče, ki je drugo začelo postopek, v skladu s členom 19(3) te uredbe izreče za nepristojno v korist prvega sodišča. V obravnavanem primeru iz sklepa o neuspelem poskusu sprave, ki ga je oddelek za družinske zadeve tribunal de grande instance de Nanterre sprejel 15. decembra 2011 v okviru prvega postopka, to je postopka za prenehanje življenjske skupnosti, ki ga je vložil gospod B 30. marca 2011, izhaja, da pristojnost tega sodišča in pravilnost sprožitve postopka nista bili izpodbijani. Vendar je za obstoj položaja litispendence potrebno, da postopka, ki potekata med istima strankama in ki se nanašata na razvezo zakonske zveze, prenehanje življenjske skupnosti ali na razveljavitev zakonske zveze, vzporedno potekata pred sodišči različnih držav članic. Če sta bila postopka sprožena pred sodišči različnih držav članic, je v primeru ustavitve enega od teh postopkov nevarnost sprejetja nasprotujočih si odločb in s tem položaja litispendence v smislu člena 19 Uredbe št. 2201/2003 odpravljena. Iz tega izhaja, da tudi če je bila pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, ugotovljena med prvim postopkom, položaj litispendence ni več podan in zato ta pristojnost ni ugotovljena. Tak je položaj po ustavitvi postopka pred sodiščem, ki je prvo začelo postopek. V tem primeru sodišče, ki je drugo začelo postopek, postane z dnem navedene ustavitve postopka sodišče, ki je prvo začelo postopek. Zdi se, da se zadeva iz postopka v glavni stvari nanaša na tak položaj. Zahtevek za prenehanje življenjske skupnosti je že bil vložen pri oddelku za družinske zadeve tribunal de grande instance de Nanterre, ko je sodišče v Združenem kraljestvu 13. junija 2014 začelo postopek za razvezo zakonske zveze, zaradi česar je nastal položaj litispendence do 16. junija 2014 ob polnoči. Po preteku tega datuma, to je 17. junija 2014 ob 0 uri, ker se je postopek pred francoskim sodiščem, ki je prvo začelo postopek, ustavil, ker so določbe iz sklepa o neuspelem poskusu sprave, ki ga je to sodišče sprejelo, prenehale veljati, je le sodišče Združenega kraljestva, ki je začelo postopek 13. junija 2014, nadaljevalo z vodenjem postopka glede spora, ki spada na eno od področij iz člena 19(1) Uredbe št. 2201/2003. Uvedba postopka za razvezo zakonske zveze pred francoskim sodiščem 17. junija 2014 je kasnejša kot uvedba postopka pred sodiščem Združenega kraljestva. Ob upoštevanju kronoloških pravil, določenih v tej uredbi, je treba ugotoviti, da je to zaporedje dogodkov povzročilo, da je navedeno sodišče Združenega kraljestva – ob upoštevanju pravilnosti sprožitve postopka glede na pravila iz člena 16 navedene uredbe – postalo sodišče, ki je prvo začelo postopek. Pojasniti je treba, da okoliščina, da je na dan, ko je sodišče Združenega kraljestva začelo postopek, to je 13. junija 2014, že obstajal drug postopek pred francoskim sodiščem, nikakor ne preprečuje tega, da je sodišče Združenega kraljestva lahko veljavno začelo postopek glede na pravila iz člena 16 iste uredbe. Zato v položaju, kakršen je opisani v točki 40 te sodbe, v katerem se je postopek za prenehanje življenjske skupnosti pred francoskim sodiščem ustavil zaradi izteka zakonskih rokov, merila za litispendenco niso več izpolnjena od trenutka te ustavitve, zato je treba šteti, da pristojnost tega sodišča ni ugotovljena. Iz zgoraj navedenega je razvidno, da ravnanje vlagatelja zahtevka v prvem postopku, zlasti njegovo pomanjkanje skrbnosti, ni upoštevno pri ugotovitvi, ali je pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, ugotovljena. V zvezi s časovno razliko med zadevnima državama članicama, ki naj bi omogočala vložitev zahtevka v Franciji, preden bi ga bilo mogoče vložiti v Združenem kraljestvu, in zaradi katere bi lahko bile nekatere tožeče stranke, kot je gospa A, v manj ugodnem položaju, je treba ugotoviti, da ne le, da se zdi, da ta časovna razlika ne ovira take tožeče stranke v zadevi, kakršna je ta v postopku v glavni stvari, ampak tudi da nikakor ne preprečuje uporabe pravil o litispendenci, ki so navedena v členu 19 Uredbe št. 2201/2003, ki v povezavi s pravili iz člena 16 te uredbe temeljijo na kronološki prednosti. Iz vseh zgoraj navedenih ugotovitev je razvidno, da je treba na postavljeni vprašanji odgovoriti, da je treba v zvezi s postopkom za prenehanje življenjske skupnosti in postopkom za razvezo zakonske zveze, ki sta se začela med istima strankama pred sodišči dveh držav članic, člen 19(1) in (3) Uredbe št. 2201/2003 razlagati tako, da v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem se je postopek pred sodiščem, ki je prvo začelo postopek v prvi državi članici, ustavil po tem, ko je drugo sodišče v drugi državi članici začelo postopek, merila za litispendenco niso več izpolnjena in da je zato treba šteti, da pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, ni ugotovljena. Okoliščina, da je do navedene ustavitve postopka prišlo tik pred začetkom tretjega postopka pred sodiščem prve države članice, ni upoštevna. Ravnanje tožeče stranke v prvem postopku, zlasti njeno pomanjkanje skrbnosti, in obstoj časovne razlike med zadevnima državama članicama, ki naj bi omogočala, da se sproži postopek pri sodišču prve države pred sprožitvijo postopka pri sodiščih druge države članice, prav tako nista upoštevna. Stroški Ker je ta postopek za stranki v postopkih v glavni stvari ena od stopenj v postopkih pred predložitvenim sodiščem, to odloči o stroških. Stroški, priglašeni za predložitev stališč Sodišču, ki niso stroški omenjenih strank, se ne povrnejo. Iz teh razlogov je Sodišče (tretji senat) razsodilo: V zvezi s postopkom za prenehanje življenjske skupnosti in postopkom za razvezo zakonske zveze, ki sta se začela med istima strankama pred sodišči dveh držav članic, je treba člen 19(1) in (3) Uredbe Sveta (ES) št. 2201/2003 z dne 27. novembra 2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1347/2000 razlagati tako, da v položaju, kakršen je ta iz postopka v glavni stvari, v katerem se je postopek pred sodiščem, ki je prvo začelo postopek v prvi državi članici, ustavil po tem, ko je drugo sodišče v drugi državi članici začelo postopek, merila za litispendenco niso več izpolnjena in da je zato treba šteti, da pristojnost sodišča, ki je prvo začelo postopek, ni ugotovljena. Podpisi ( * )   Jezik postopka: angleščina.

62007TJ0449

it

Fatti In data 17 marzo 2005, il ricorrente, sig. Thomas Rotter, ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) una domanda di registrazione di marchio comunitario, in forza del regolamento (CE) del Consiglio , n. 40/94, sul marchio comunitario ( GU 1994 L 11, pag. 1 ), come modificato. Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione consiste nella forma tridimensionale riprodotta qui di seguito: I prodotti e i servizi per i quali è stata inizialmente richiesta la registrazione rientrano nelle classi 29, 30 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono, per ciascuna di tali classi, alla seguente descrizione: — classe 29: «Carne, pollame e selvaggina; estratti di carne; ortaggi conservati, essiccati e cotti; composte; prodotti derivati dal latte; salumi, prodotti a base di patate»; — classe 30: «Zucchero, riso, preparati fatti di cereali»; — classe 43: «Ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei». Con decisione 28 agosto 2006, l’esaminatore, da una parte, ha accolto la domanda di registrazione del marchio richiesto per i servizi ricompresi nella classe 43 e, dall’altra, ha respinto la domanda di registrazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b) e c), del regolamento n. 40/94, per i prodotti ricompresi nelle classi 29 e 30, in base al rilievo che il marchio richiesto era privo di carattere distintivo. Avverso la decisione dell’esaminatore il ricorrente ha proposto, in data 30 ottobre 2006, ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94. Con decisione 27 settembre 2007 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la quarta commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto detto ricorso. La commissione di ricorso ha ritenuto che, con riguardo, in particolare, ai salumi, la forma per la quale è stata domandata la registrazione del marchio corrisponde alla disposizione di cinque salsicce distinte le cui estremità sono tutte legate le une alle altre. Orbene, la commissione di ricorso ha precisato che legare le salsicce le une alle altre alle loro estremità perché costituiscano una serie ininterrotta era una prassi corrente e imposta dalla produzione. Essa ha peraltro rilevato che il consumatore medio non avrebbe percepito una siffatta presentazione del prodotto come un’indicazione dell’origine commerciale, ma unicamente come una maniera, tra le tante, di legare più salsicce per immagazzinarle e venderle insieme. Essa ne ha tratto la conclusione che ciò non fosse sufficiente per conferire alla forma richiesta un carattere distintivo. Con lettera indirizzata all’UAMI in data 3 dicembre 2007, vale a dire il giorno stesso dell’introduzione del presente ricorso, il ricorrente ha chiesto, in forza dell’art. 44 del regolamento n. 40/94, di limitare l’elenco dei prodotti o servizi contenuti nella domanda di marchio ai «salumi» e ai servizi «ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei», che ricadono, rispettivamente, nelle classi 29 e 43 ai sensi dell’Accordo di Nizza. Con lettera , indirizzata al ricorrente, l’UAMI ha fatto presente che l’elenco dei prodotti e dei servizi per i quali era stata chiesta la registrazione del marchio menzionava ormai unicamente i «salumi» e i «servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei», ricompresi in dette classi. Conclusioni delle parti La ricorrente chiede che il Tribunale voglia: — annullare la decisione impugnata; — condannare l’UAMI alle spese, ivi comprese quelle sostenute nell’ambito del procedimento di ricorso. All’udienza, in risposta a un quesito del Tribunale, il ricorrente ha dichiarato, da una parte, che con il presente ricorso si limitava a chiedere unicamente l’annullamento della decisione impugnata nella parte in cui essa respinge la registrazione del marchio richiesto per i «salumi» ricompresi nella classe 29 ai sensi dell’Accordo di Nizza e, dall’altra, che rinunciava a contestare la decisione impugnata quanto al resto. L’UAMI chiede che il Tribunale voglia: — respingere il ricorso; — condannare il ricorrente alle spese. In diritto A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce un motivo unico, attinente alla violazione dell’art. 7, n. 1, lett. b) del regolamento n. 40/94. Argomenti delle parti Il ricorrente sostiene che il segno richiesto è dotato di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, in quanto è idoneo a fungere da indicazione dell’origine commerciale dei salumi. Al riguardo, il ricorrente deduce che la forma richiesta diverge in modo significativo dalla forma di presentazione dei prodotti in oggetto con la quale il consumatore si confronta abitualmente. In primo luogo, il ricorrente afferma che, nel commercio, i salumi sono abitualmente proposti separatamente e con una forma caratteristica, vale a dire una forma oblunga e arrotondata. Orbene, la forma richiesta divergerebbe sotto due profili rispetto agli usi del settore in materia di forme di presentazione dei prodotti in oggetto. Da una parte, le salsicce da cuocere nell’acqua bollente e quelle da cucinare alla griglia, che sarebbero composte da più elementi, non sarebbero, nel caso di specie, separate le une dalle altre, ma unite tra loro. D’altra parte, così assemblato, il salume non conserverebbe la sua forma consueta oblunga e arrotondata. Il ricorrente precisa che tale assemblaggio costituisce, con riguardo ai salumi, una forma originale e nuova che ricorda la forma di un bretzel senza tuttavia adottarla completamente, poiché, a differenza del bretzel, è composta, in modo percettibile, da più elementi. In secondo luogo, il ricorrente sostiene che l’assemblaggio in oggetto non corrisponde alla forma consueta di una salsiccia. Né, in particolare, il fatto di presentare dei salumi nella forma di un insieme composito, il quale, a sua volta, induce un’associazione con una forma nota, vale a dire quella di un bretzel, che ricade in un’altra categoria di prodotti, costituirebbe per il consumatore una presentazione consueta dei prodotti di cui trattasi. È proprio in ragione di tale presentazione inconsueta nel commercio dei salumi che il consumatore noterebbe, anzitutto, il prodotto, prima di ricordare, poi, la forma del salume. Secondo il ricorrente, la forma di presentazione di tale salume ne diverrà l’elemento caratteristico, che consentirà al consumatore di distinguerlo da quello di altri produttori. In tal senso, per il consumatore, la forma richiesta per la registrazione conferirebbe alla presentazione del salume, rispetto alla forma tipica di una salsiccia, l’elemento di fantasia necessario al suo carattere distintivo. In terzo luogo, il ricorrente fa valere che la forma richiesta per la registrazione diverge in modo tanto più significativo dalla forma di presentazione dei prodotti in oggetto con la quale il consumatore si confronta abitualmente, dal momento che l’uso di una forma di presentazione di fantasia dei salumi destinata a promuoverne la vendita rappresenta già, in quanto tale, un fenomeno commerciale nuovo. L’UAMI contesta tutti gli argomenti dedotti dal ricorrente. Giudizio del Tribunale Occorre ricordare, anzitutto, che ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono esclusi dalla registrazione i marchi privi di carattere distintivo. Secondo costante giurisprudenza, i segni di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94 sono considerati inidonei a svolgere la funzione sostanziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire così al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di fare un’altra scelta, qualora essa risulti negativa [v. sentenza del Tribunale 15 dicembre 2005, causa T-262/04, Bic/UAMI (Forma di un accendino a pietrina), Racc. pag. II-5959, punto 20, e giurisprudenza ivi citata]. Il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per cui è chiesta la registrazione e, dall’altro, della percezione del pubblico interessato, costituito dai consumatori medi dei detti prodotti o servizi [v., in tal senso, sentenza della Corte 29 aprile 2004, cause riunite C-473/01 P e C-474/01 P, Procter & Gamble/UAMI, Racc. pag. I-5173, punto 33; sentenza del Tribunale , causa T-358/04, Neumann/UAMI (Forma di testa di microfono), Racc. pag. II-3329, punto 32, e giurisprudenza ivi citata]. Al riguardo, si deve ricordare che i criteri di valutazione del carattere distintivo dei marchi tridimensionali costituiti dalla forma di un prodotto non sono diversi da quelli applicabili alle altre categorie di marchi [v., in tal senso, sentenza della Corte 25 ottobre 2007, causa C-238/06 P, Develey/UAMI, Racc. pag. I-9375, punto 80; sentenza Forma di testa di microfono, citata supra al punto 19, punto 41]. Tuttavia, in sede di applicazione di tali criteri, la percezione del pubblico destinatario non è necessariamente la stessa nel caso di un marchio tridimensionale, costituito dalla forma del prodotto stesso, e nel caso di un marchio denominativo o figurativo, rappresentato da un segno indipendente dall’aspetto dei prodotti che contraddistingue. Non è, infatti, abitudine del consumatore medio presumere l’origine dei prodotti sulla base della loro forma o confezione in assenza di qualsivoglia elemento grafico o testuale, sicché potrebbe risultare più difficile stabilire il carattere distintivo nel caso di un marchio tridimensionale siffatto che in quello di un marchio denominativo o figurativo (v., in tal senso, sentenza Develey/UAMI, citata supra al punto 20, punto 80, e Forma di testa di microfono, citata supra al punto 19, punto 42). Inoltre, il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi (sentenza della Corte 22 giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819, punto 26) . Con riguardo a prodotti di consumo quotidiano, che si vendono a un prezzo relativamente basso, il livello di attenzione del consumatore medio quanto al loro aspetto esteriore è, conseguentemente, ridotto. Infine, per valutare se una forma composta di più elementi possa essere percepita dal pubblico interessato come un’indicazione di origine, occorre analizzare l’impressione complessiva prodotta da tale combinazione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 19 settembre 2001, causa T-129/00, Procter & Gamble/UAMI (Pasticca rettangolare con incrostazione), Racc. pag. II-2793, punto 54]. È alla luce di tali rilievi che occorre esaminare se la commissione di ricorso abbia potuto correttamente ritenere che la forma per la quale è stata chiesta la registrazione del marchio fosse priva di carattere distintivo. Nel caso di specie, si deve rilevare che i prodotti di cui è causa, vale a dire i salumi (Wurstwaren), non sono venduti solo nelle macellerie-salumerie, ma anche nei supermercati, in spazi appositi, nonché nel reparto dei prodotti da frigo. Si tratta, pertanto, di prodotti di consumo corrente destinati al consumatore medio dell’Unione europea. Quanto alla forma della quale si chiede la registrazione, vale a dire un assemblaggio di più salsicce, occorre rilevare che essa differisce dalla forma classica e maggiormente diffusa dei prodotti di cui è causa, vale a dire quella di una salsiccia. Del resto, occorre rilevare che tale osservazione non è contestata dal ricorrente. Infatti, lo stesso ricorrente afferma che la forma richiesta è composta da più salsicce unite tra loro in modo percettibile che, pur essendo simile alla forma di un bretzel, non ne adotta completamente la forma. Pertanto, correttamente la commissione di ricorso ha ritenuto che il marchio tridimensionale di cui è stata chiesta la registrazione fosse costituito da un insieme di cinque salsicce distinte, unite tra loro alle estremità. Pertanto, quel che occorre esaminare nella specie è la valutazione, da parte della commissione di ricorso, del carattere distintivo della forma di un assemblaggio di salsicce, e ciò alla luce dell’impressione d’insieme prodotta da tale assemblaggio. Con riguardo, in primo luogo, all’argomento del ricorrente secondo cui la forma richiesta possiederebbe carattere distintivo in quanto, nel suo ambito, le salsicce non sono presentate separatamente, ma sono unite tra loro, è sufficiente sottolineare che, come correttamente rilevato dalla commissione di ricorso, il fatto di unire delle salsicce le une alle altre alle loro estremità per immagazzinarle e venderle insieme costituisce una pratica corrente nel commercio. Con riguardo, in secondo luogo, all’argomento del ricorrente secondo cui il carattere distintivo della forma richiesta discenderebbe parimenti dal fatto che, con tale assemblaggio, le salsicce non conservano la loro forma tradizionale oblunga e arrotondata, si deve rilevare che il ricorrente si limita a comparare la forma richiesta, consistente in un assemblaggio di più salsicce, con la forma, che egli ritiene tipica, di una sola salsiccia. Considerato che, come riconosce lo stesso ricorrente, l’assemblaggio in causa è percepibile, un tale confronto è manifestamente inconferente, sicché tale argomento è privo di fondamento di fatto. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, dall’esame, ai precedenti punti 28 e 29, dei due argomenti dedotti emerge che questi non dimostra sotto qual profilo la forma richiesta divergerebbe in modo significativo dalla forma abituale di presentazione delle salsicce nel commercio. Alla luce delle suesposte considerazioni risulta che, essendo i prodotti di cui è causa, vale a dire i salumi, prodotti di consumo corrente, il consumatore medio non percepirà la forma della quale si chiede la registrazione quale indicazione dell’origine commerciale di tali prodotti. Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento del ricorrente secondo cui nemmeno il fatto di presentare delle salsicce nella forma di un assemblaggio che, a sua volta, induce un’associazione con una forma nota, e cioè quella di un bretzel, che ricade in un’altra categoria di prodotti alimentari, consisterebbe in una presentazione abituale del prodotto per il consumatore. Infatti, come riconosce il ricorrente stesso, la forma della quale si chiede la registrazione, pur essendo simile alla forma di un bretzel, non la riprende completamente. Pertanto, anche se, come già rilevato al precedente punto 30, la forma richiesta costituisce una presentazione originale, se non insolita, dei salumi, tuttavia il consumatore medio non l’assocerà a quella di un bretzel e si limiterà a percepire un assemblaggio di cinque salsicce unite tra loro. Tale conclusione non può essere rimessa in causa nemmeno dall’argomento del ricorrente secondo cui la forma richiesta divergerebbe in modo tanto più significativo dalla forma consueta di presentazione dei prodotti in causa dal momento che l’uso di una forma di presentazione di fantasia dei salumi destinata a promuoverne la vendita sarebbe già, di per sé, un fenomeno nuovo. Infatti, secondo costante giurisprudenza, un certo modello di commercializzazione che il richiedente di un marchio metta in pratica o intenda mettere in pratica, che dipende pertanto dalla scelta dell’impresa interessata e può essere modificato in seguito alla registrazione, è un fattore che non può avere alcuna incidenza sulla valutazione della possibilità di registrare il marchio [sentenze del Tribunale 20 marzo 2002, causa T-355/00, DaimlerChrysler/UAMI (TELE AID), Racc. pag. II-1939, punto 42; , cause riunite T-324/01 e T-110/02, Axions e Belce/UAMI (Forma di sigaro di colore scuro e forma di lingotto d’oro), Racc. pag. II-1897 , punto 36 ]. Dall’insieme delle suesposte considerazioni discende che la commissione di ricorso ha correttamente ritenuto che la forma di cui si chiede la registrazione sia priva di carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94. Occorre pertanto respingere il motivo unico dedotto dal ricorrente in quanto infondato e, conseguentemente, il ricorso in toto. Sulle spese Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l’UAMI ne ha fatto domanda, la ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. Thomas Rotter è condannato alle spese. Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 5 maggio 2009. Firme ( *1 ) Lingua processuale: il tedesco.

61993CJ0038

nl

Overwegingen van het arrest 1 Bij beschikking van 22 december 1992, ingekomen bij het Hof op 8 februari 1993, heeft het Finanzgericht Hamburg krachtens artikel 177 EEG-Verdrag drie prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 11 A, lid 1, sub a, en lid 3, sub b, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting ° Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag (PB 1977, L 145, blz. 1; hierna: de "Zesde richtlijn"). 2 Deze vragen zijn gerezen in een geschil tussen H. J. Glawe Spiel- und Unterhaltungsgeraete Aufstellungsgesellschaft mbH & Co. KG (hierna: "Glawe") en het Finanzamt Hamburg-Barmbek-Uhlenhorst (hierna: het "Finanzamt") over een belastingaanslag waarbij de door Glawe voor 1991 verschuldigde omzetbelasting werd vastgesteld. 3 Glawe is een onderneming die in horecabedrijven kansspelautomaten (speelautomaten waarmee geld kan worden gewonnen) installeert en exploiteert. De werking van die automaten is bij wet dwingend voorgeschreven. Voordat zij voor het eerst in gebruik worden gesteld, moet de exploitant de voor de uitkering van de prijzen bestemde munthouder helemaal vullen. Wanneer een speler een muntstuk in de automaat inwerpt, komt dit muntstuk, indien de munthouder helemaal vol is, in het geldbakje van de automaat terecht. Is de munthouder na uitkering van de prijzen niet meer helemaal vol, dan vallen de door de spelers ingeworpen munten niet in het geldbakje, maar in de munthouder. Bij het openen van de automaat kan de exploitant enkel de inhoud van het geldbakje legen; is de munthouder niet meer helemaal vol, dan moet hij hem weer aanvullen alvorens de automaat weer in gebruik te stellen. De automaten moeten aldus ontworpen zijn, dat ten minste 60 % van de door de spelers ingeworpen munten (de inzetten), verminderd met de omzetbelasting, als prijs wordt uitgekeerd; het restant, bijna 40 %, blijft in het geldbakje. 4 Bij de bepaling van het bedrag dat Glawe voor 1991 aan BTW verschuldigd was, nam het Finanzamt, overeenkomstig de Duitse wettelijke regeling ter uitvoering van artikel 11 van de Zesde richtlijn, als maatstaf van heffing het totale bedrag dat in dat jaar in de automaten was ingeworpen, verminderd met de BTW. Daar de automaten niet verplicht zijn uitgerust met een teller die de inzet registreert, raamde het Finanzamt dit totale bedrag volgens een methode die in het hoofdgeding niet wordt betwist. 5 Van mening, dat het Finanzamt voor de maatstaf van heffing slechts rekening had mogen houden met de inzet die effectief in de geldbakjes van de automaten bleef, dat wil zeggen, met de ingeworpen bedragen, niet alleen verminderd met de BTW maar ook met de aan de spelers uitgekeerde prijzen, diende Glawe bezwaar in tegen de belastingaanslag van het Finanzamt. Nadat dit bezwaar was verworpen, bracht Glawe de zaak voor het Finanzgericht Hamburg, dat het Hof de volgende prejudiciële vragen heeft gesteld: "1) Is bij speelautomaten waarmee geld kan worden gewonnen (kansspelautomaten), de maatstaf van heffing in de zin van artikel 11 A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn de totale waarde van de inzetten, zonder aftrek van de automatisch aan de spelers uitgekeerde prijzen? 2) Indien de uitgekeerde prijzen moeten worden afgetrokken: Gebiedt het beginsel van de individuele belasting, dat de prijzen slechts tot het bedrag van de inzet voor een spel respectievelijk een spelreeks mogen worden afgetrokken? 3) Indien de eerste vraag ontkennend wordt beantwoord: Zijn de automatisch uitgekeerde prijzen geheel of gedeeltelijk ° tot het bedrag van de inzet voor het spel respectievelijk de spelreeks ° een prijskorting in de zin van artikel 11 A, lid 3, sub b, van de Zesde richtlijn?" 6 Artikel 11 A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn bepaalt, dat voor andere goederenleveringen en diensten dan bedoeld sub b, c en d, de maatstaf van heffing alles is "wat de leverancier of dienstverrichter voor deze handelingen als tegenprestatie verkrijgt of moet verkrijgen van de zijde van de koper, van de ontvanger of van een derde (...)". 7 Verder worden volgens artikel 11 A, lid 3, sub b, van de Zesde richtlijn, prijskortingen en -rabatten die aan de koper of de ontvanger worden toegekend en die zijn verkregen op het tijdstip waarop de handeling wordt verricht, niet in de maatstaf van heffing opgenomen. 8 In het arrest van 27 maart 1990 (zaak C-126/88, Boots Company, Jurispr. 1990, blz. I-1235, r.o. 19) overwoog het Hof, dat die bepaling niet meer is dan een toepassing van de regel ° neergelegd in artikel 11 A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn, zoals dit met name is uitgelegd in het arrest van 23 november 1988 (zaak 230/87, Naturally Yours Cosmetics, Jurispr. 1988, blz. 6365, r.o. 16) °, dat de maatstaf van heffing wordt gevormd door de daadwerkelijk ontvangen tegenprestatie. 9 Bij kansspelautomaten die, zoals in het onderhavige geval, krachtens bij wet dwingend voorgeschreven verplichtingen aldus zijn ontworpen, dat gemiddeld ten minste 60 % van de door de spelers ingezette bedragen hun weer als prijs wordt uitgekeerd, bestaat de daadwerkelijk door de exploitant ontvangen tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling van de automaten slechts uit het percentage van de inzetten waarover hij daadwerkelijk voor eigen rekening kan beschikken. 10 Enkel de muntstukken die, na in de automaat te zijn ingeworpen, automatisch naar het geldbakje worden geleid, komen immers in het bezit van de exploitant, daar de munten die in de munthouder terechtkomen, de inhoud daarvan moeten aanvullen tot het bedrag dat de exploitant aanvankelijk heeft verstrekt om de ingebruikneming van de automaten mogelijk te maken. 11 Deze uitlegging wordt bevestigd door de bestemming die de inzetten van degenen te wier behoeve de diensten worden verricht, dat wil zeggen de spelers, in de automaat hebben. Deze inzetten bestaan in feite immers uit twee componenten: een deel is bestemd om de inhoud van de munthouder aan te vullen en dus om de prijzen uit te keren, het restant belandt in het geldbakje. 12 Daar het percentage van de inzetten van de spelers dat weer als prijs wordt uitgekeerd, verplicht vooraf wordt bepaald, kan het niet worden beschouwd als een deel van de tegenprestatie voor de terbeschikkingstelling van de kansspelautomaten aan de spelers, noch als de vergoeding van een andere aan de spelers verleende dienst, zoals het bieden van de mogelijkheid een prijs te winnen of de uitkering van de prijs zelf. 13 Mitsdien moet op de eerste prejudiciële vraag worden geantwoord, dat artikel 11 A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn aldus moet worden uitgelegd, dat bij speelautomaten waarmee geld kan worden gewonnen (kansspelautomaten), de maatstaf van heffing niet het bij wet dwingend voorgeschreven percentage van de totale waarde van de inzetten omvat, dat overeenkomt met de aan de spelers uitgekeerde prijzen. 14 Daaruit volgt, dat geen antwoord behoeft te worden gegeven op de tweede en de derde prejudiciële vraag, die uitgaan van de veronderstelling, dat het percentage van de inzet dat overeenkomt met de uitgekeerde prijzen, deel uitmaakt van de tegenprestatie voor de dienst en in de maatstaf van heffing moet worden opgenomen. Beslissing inzake de kosten Kosten 15 De kosten door de Duitse en de Britse regering en de Commissie van de Europese Gemeenschappen wegens indiening van hun opmerkingen bij het Hof gemaakt, kunnen niet voor vergoeding in aanmerking komen. Ten aanzien van de partijen in het hoofdgeding is de procedure als een aldaar gerezen incident te beschouwen, zodat de nationale rechterlijke instantie over de kosten heeft te beslissen. Dictum HET HOF VAN JUSTITIE (Zesde kamer), uitspraak doende op de door het Finanzgericht Hamburg bij beschikking van 22 december 1992 gestelde vragen, verklaart voor recht: Artikel 11 A, lid 1, sub a, van de Zesde richtlijn (77/388/EEG) van de Raad van 17 mei 1977 betreffende de harmonisatie van de wetgevingen der Lid-Staten inzake omzetbelasting ° Gemeenschappelijk stelsel van belasting over de toegevoegde waarde: uniforme grondslag, moet aldus worden uitgelegd, dat bij speelautomaten waarmee geld kan worden gewonnen (kansspelautomaten), de maatstaf van heffing niet het bij wet dwingend voorgeschreven percentage van de totale waarde van de inzetten omvat, dat overeenkomt met de aan de spelers uitgekeerde prijzen.

62021CJ0251

el

Η αίτηση προδικαστικής αποφάσεως αφορά την ερμηνεία, αφενός, του άρθρου 30 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου ( ΕΕ 2013, L 347, σ. 487 , και διορθωτικό ΕΕ 2016, L 130, σ. 1 ), και, αφετέρου, του κανονισμού (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 [ΣΛΕΕ] ( ΕΕ 2014, L 193, σ. 1 ). Η αίτηση αυτή υποβλήθηκε στο πλαίσιο ένδικης διαφοράς μεταξύ της «Piltenes meži» SIA και της Lauku atbalsta dienests (υπηρεσίας στήριξης της αγροτικής οικονομίας, Λεττονία) σχετικά με απόφαση με την οποία η υπηρεσία αρνήθηκε να χορηγήσει στην πρώτη ενίσχυση για την κάλυψη των δαπανών και της απώλειας εσόδων που προέκυψαν από την ύπαρξη, σε δάσος ιδιοκτησίας της, μικροβιότοπου ο οποίος δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στην προστασία ενός είδους άγριου πτηνού. Το νομικό πλαίσιο Το δίκαιο της Ένωσης Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ Η οδηγία 92/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 1992, για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας ( ΕΕ 1992, L 206, σ. 7 ), τέθηκε σε ισχύ στις 10 Ιουνίου 1992. Το άρθρο 3, παράγραφοι 1 και 3, της οδηγίας αυτής ορίζει τα εξής: «1.   Συνίσταται ένα συνεκτικό ευρωπαϊκό οικολογικό δίκτυο ειδικών ζωνών, επονομαζόμενο “Natura 2000”. Το δίκτυο αυτό, που αποτελείται από τους τόπους όπου ευρίσκονται τύποι φυσικών οικοτόπων που εμφαίνονται στο παράρτημα I και τους οικότοπους των ειδών που εμφαίνονται στο παράρτημα II, πρέπει να διασφαλίζει την διατήρηση ή, ενδεχομένως, την αποκατάσταση σε ικανοποιητική κατάσταση διατήρησης, των τύπων φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων των οικείων ειδών στην περιοχή της φυσικής κατανομής των ειδών αυτών. Το δίκτυο “Natura 2000” περιλαμβάνει και τις ζώνες ειδικής προστασίας που έχουν ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις διατάξεις της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ [του Συμβουλίου, της 2ας Απριλίου 1979, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (ΕΕ ειδ. έκδ. 15/001, σ. 202)]. […] 3.   Τα κράτη μέλη, στις περιπτώσεις που κρίνουν ότι τούτο απαιτείται, καταβάλλουν προσπάθειες να βελτιώσουν την οικολογική συνοχή του Natura 2000 χάρη στη διατήρηση και, ενδεχομένως, στην ανάπτυξη στοιχείων του τοπίου, πρωταρχικής σημασίας για την άγρια πανίδα και χλωρίδα, τα οποία αναφέρει το άρθρο 10.» Το άρθρο 10 της οδηγίας 92/43 προβλέπει τα ακόλουθα: «Τα κράτη μέλη, όταν το κρίνουν αναγκαίο, στα πλαίσια των εθνικών πολιτικών διευθέτησης και ανάπτυξης του εδάφους, και ειδικότερα για να καταστήσουν το δίκτυο Natura 2000 συνεκτικότερο οικολογικά, αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη διαχείριση στοιχείων του τοπίου στα οποία αποδίδεται πρωταρχική σημασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Πρόκειται για εκείνα τα στοιχεία τα οποία, λόγω της γραμμικής και συνεχούς δομής τους (όπως είναι τα υδάτινα ρεύματα και οι όχθες τους ή τα παραδοσιακά συστήματα προσδιορισμού των ορίων των αγρών) ή του συνδετικού ρόλου τους (όπως είναι τα τενάγη ή τα άλση), είναι απαραίτητα για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή αγρίων ειδών.» Η οδηγία 2009/147/ΕΚ Η οδηγία 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών ( ΕΕ 2010, L 20, σ. 7 ), η οποία κατήργησε και αντικατέστησε την οδηγία 79/409, τέθηκε σε ισχύ στις 15 Φεβρουαρίου 2010. Το άρθρο 2 της οδηγίας 2009/147 ορίζει ότι «[τ]α κράτη μέλη υιοθετούν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διατηρηθεί ή να προσαρμοσθεί ο πληθυσμός όλων των ειδών πτηνών [στα οποία εφαρμόζεται η παρούσα οδηγία] σε επίπεδο που να ανταποκρίνεται ιδίως στις οικολογικές, επιστημονικές και μορφωτικές απαιτήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και ψυχαγωγικές απαιτήσεις». Το άρθρο 3 της εν λόγω οδηγίας προβλέπει τα εξής: «1.   Λαμβάνοντας υπόψη τις κατά το άρθρο 2 απαιτήσεις, τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να διαφυλαχθεί, διατηρηθεί ή αποκατασταθεί για όλα τα [συγκεκριμένα] είδη πτηνών επαρκής ποικιλία και επιφάνεια οικοτόπων. 2.   Η διαφύλαξη, η συντήρηση και η αποκατάσταση των βιοτόπων και των οικοτόπων περιλαμβάνουν προπάντων τα ακόλουθα μέτρα: α) δημιουργία ζωνών προστασίας· β) συντήρηση και διευθέτηση σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των οικοτόπων που βρίσκονται στο εσωτερικό και στο εξωτερικό των ζωνών προστασίας· […]». Ο κανονισμός 1305/2013 Ο κανονισμός 1305/2013 εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2014. Οι αιτιολογικές σκέψεις του 24 και 56 έχουν ως εξής: «(24) Η στήριξη θα πρέπει να εξακολουθήσει να παρέχεται στους γεωργούς και στους δασοκαλλιεργητές ώστε να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση ειδικών μειονεκτημάτων στις σχετικές περιοχές που απορρέουν από την εφαρμογή της [οδηγίας 2009/147] και της [οδηγίας 92/43], ώστε να συμβάλλουν στην αποτελεσματική διαχείριση των περιοχών του δικτύου Natura 2000, ενώ θα πρέπει επίσης να δοθεί στήριξη στους γεωργούς ώστε να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση των μειονεκτημάτων σε περιοχές λεκάνης απορροής ποταμού, τα οποία απορρέουν από την εφαρμογή της [οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 2000, για τη θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα της πολιτικής των υδάτων ( ΕΕ 2000, L 327, σ. 1 )]. […] […] (56) Τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ εφαρμόζονται στη στήριξη που αφορά τα μέτρα αγροτικής ανάπτυξης στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού. Ωστόσο, θα πρέπει να προβλεφθεί ότι, δεδομένων των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του τομέα της γεωργίας, τα άρθρα αυτά δεν θα πρέπει να εφαρμόζονται σε μέτρα αγροτικής ανάπτυξης που αφορούν πράξεις που εμπίπτουν στο άρθρο 42 ΣΛΕΕ, οι οποίες διεξάγονται δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με αυτόν, καθώς και στις ενισχύσεις που καταβάλλονται από τα κράτη μέλη με σκοπό τη χορήγηση πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης στις πράξεις αγροτικής ανάπτυξης στις οποίες παρέχεται στήριξη από την [Ευρωπαϊκή] Ένωση και οι οποίες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ.» Ο τίτλος I του κανονισμού 1305/2013, ο οποίος επιγράφεται «Στόχοι και στρατηγική», περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το άρθρο 1, με τίτλο «Πεδίο εφαρμογής», το οποίο ορίζει στην παράγραφο 1 τα εξής: «Ο παρών κανονισμός θεσπίζει τους γενικούς κανόνες που διέπουν τη στήριξη της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (“το ΕΓΤΑΑ”) […]. Καθορίζει τους στόχους στους οποίους πρέπει να συμβάλλει η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης και τις σχετικές προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Περιγράφει το στρατηγικό πλαίσιο της πολιτικής αγροτικής ανάπτυξης· ορίζει τα μέτρα που θα ληφθούν για την εκτέλεση της πολιτικής αυτής. Επιπροσθέτως, θεσπίζει κανόνες για τον προγραμματισμό, τη δικτύωση, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση με βάση τον καταμερισμό αρμοδιοτήτων μεταξύ κρατών μελών και Επιτροπής και θεσπίζει κανόνες για τον συντονισμό του ΕΓΤΑΑ με άλλα εργαλεία της Ένωσης.» Ο τίτλος II του κανονισμού αυτού, ο οποίος επιγράφεται «Προγραμματισμός», περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το άρθρο 6, με τίτλο «Προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης», το οποίο προβλέπει τα εξής: «1.   Το ΕΓΤΑΑ ενεργεί στα κράτη μέλη μέσω προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης. Τα εν λόγω προγράμματα υλοποιούν μια στρατηγική ώστε να επιτευχθούν οι προτεραιότητες της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη, μέσω δέσμης μέτρων οριζομένων στον τίτλο ΙΙΙ. Για την επίτευξη των στόχων αγροτικής ανάπτυξης δυνάμει των ενωσιακών προτεραιοτήτων, επιδιώκεται η λήψη ενίσχυσης από το ΕΓΤΑΑ. 2.   Κάθε κράτος μέλος μπορεί να υποβάλει είτε ενιαίο πρόγραμμα για ολόκληρη την επικράτειά του είτε δέσμη περιφερειακών προγραμμάτων. Εναλλακτικώς, σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις, μπορεί να υποβάλει εθνικό πρόγραμμα και δέσμη περιφερειακών προγραμμάτων. […] 3.   Τα κράτη μέλη με περιφερειακά προγράμματα μπορούν επίσης […] να υποβάλουν, προς έγκριση, εθνικό πλαίσιο που θα περιλαμβάνει κοινά στοιχεία των εν λόγω προγραμμάτων, χωρίς ξεχωριστή πίστωση στον προϋπολογισμό. Τα εθνικά πλαίσια των κρατών μελών με περιφερειακά προγράμματα μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν πίνακα στον οποίο να συνοψίζονται, ανά περιοχή και έτος, η συνολική συμβολή ΕΓΤΑΑ προς το οικείο κράτος μέλος για όλη την περίοδο προγραμματισμού.» Ο τίτλος III του εν λόγω κανονισμού, ο οποίος επιγράφεται «Στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης», απαριθμεί, στο κεφάλαιό του I, ένα σύνολο μέτρων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το άρθρο 30 του ίδιου κανονισμού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της [οδηγίας 2000/60]», του οποίου οι παράγραφοι 1, 2 και 6 έχουν ως εξής: «1.   Η στήριξη βάσει του παρόντος μέτρου παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανά εκτάριο δάσους, προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που απορρέουν από τα μειονεκτήματα των σχετικών περιοχών, τα οποία σχετίζονται με την εφαρμογή της οδηγίας [92/43], της οδηγίας [2009/147] και της [οδηγίας 2000/60]. […] 2.   Η στήριξη χορηγείται σε γεωργούς και σε ιδιώτες δασοκαλλιεργητές και σε ενώσεις ιδιωτών δασοκαλλιεργητών. Σε δεόντως αιτιολογημένες περιπτώσεις μπορεί επίσης να χορηγείται και σε άλλους διαχειριστές γης. […] 6.   Είναι επιλέξιμες για ενισχύσεις οι ακόλουθες περιοχές: α) οι γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000, σύμφωνα με τις οδηγίες [92/43] και [2009/147]· β) άλλες οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία ή τα δάση που συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας [92/43]. Οι περιοχές αυτές δεν πρέπει, για κάθε πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης, να υπερβαίνουν το 5 % των χαρακτηρισμένων περιοχών Natura 2000 οι οποίες καλύπτονται από το εδαφικό πεδίο εφαρμογής του· […]». Ο τίτλος VIII του κανονισμού 1305/2013, ο οποίος επιγράφεται «Διατάξεις περί ανταγωνισμού», περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα άρθρα 81 και 82. Κατά το άρθρο 81 του κανονισμού αυτού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Κρατικές ενισχύσεις»: «1.   Εκτός αντίθετων διατάξεων του παρόντος Τίτλου, τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ εφαρμόζονται όσον αφορά τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από τα κράτη μέλη. 2.   Τα άρθρα 107, 108 και 109 ΣΛΕΕ δεν εφαρμόζονται στις πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη δυνάμει του παρόντος κανονισμού και σύμφωνα με αυτόν, ή σε πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση που αναφέρεται στο άρθρο 82 εντός του πεδίου εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ.» Το άρθρο 82 του εν λόγω κανονισμού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Συμπληρωματική εθνική χρηματοδότηση», ορίζει τα εξής: «Οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από τα κράτη μέλη σε σχέση με πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ και αποσκοπούν στην παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης για την αγροτική ανάπτυξη στην οποία παρέχεται στήριξη από την Ένωση ανά πάσα στιγμή κατά την περίοδο προγραμματισμού, συμπεριλαμβάνονται από τα κράτη μέλη στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης […] και, εφόσον συμμορφώνονται με τα κριτήρια δυνάμει του παρόντος κανονισμού, εγκρίνονται από την Επιτροπή.» Ο κανονισμός 702/2014 Ο κανονισμός 702/2014 τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουλίου 2014. Οι αιτιολογικές σκέψεις 16 και 60 του κανονισμού αυτού έχουν ως εξής: «(16) Ενισχύσεις χορηγούμενες σε προβληματικές επιχειρήσεις θα πρέπει να εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, εφόσον οι εν λόγω ενισχύσεις θα πρέπει να αξιολογούνται βάσει των κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις διάσωσης και αναδιάρθρωσης προβληματικών επιχειρήσεων […], με στόχο να αποτρέπεται η καταστρατήγησή τους, […] […] (60) Η δασοκομία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αγροτικής ανάπτυξης. Η Επιτροπή έχει εφαρμόσει τα άρθρα 107 και 108 [ΣΛΕΕ] σε πολυάριθμες αποφάσεις για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δασοκομίας, και ιδίως στο πλαίσιο των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα της γεωργίας και δασοκομίας 2007-2013. […] Με βάση τη σημαντική πείρα που έχει αποκτήσει η Επιτροπή κατά την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών σε επιχειρήσεις του τομέα της δασοκομίας, είναι επίσης σκόπιμο, για την απλούστευση των διαδικασιών, αλλά και για να εξασφαλιστεί παράλληλα επαρκής εποπτεία και παρακολούθηση από την Επιτροπή, να κάνει χρήση η Επιτροπή των εξουσιών που της ανέθεσε ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 994/98 [του Συμβουλίου, της 7ης Μαΐου 1998, για την εφαρμογή των άρθρων [107 και 108 ΣΛΕΕ] σε ορισμένες κατηγορίες οριζόντιων κρατικών ενισχύσεων ( ΕΕ 1998, L 142, σ. 1 ),] για τις ενισχύσεις στον δασικό τομέα. Σύμφωνα με την εμπειρία της Επιτροπής, ενισχύσεις που χορηγούνται στον τομέα της δασοκομίας για μέτρα που αποτελούν μέρος των εθνικών προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης και τα οποία είτε συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ είτε χορηγούνται υπό μορφή πρόσθετης εθνικής χρηματοδότησης των εν λόγω συγχρηματοδοτούμενων μέτρων δεν προκαλούν σημαντική στρέβλωση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. […] Ο παρών κανονισμός θα πρέπει να καθορίσει σαφείς προϋποθέσεις συμβατότητας αυτών των μέτρων με την εσωτερική αγορά. Οι εν λόγω προϋποθέσεις θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συνεπείς με τους κανόνες που θεσπίστηκαν με τον κανονισμό [1305/2013] και τις κατ’ εξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις που εκδίδονται βάσει του εν λόγω κανονισμού.» Το άρθρο 1 του κανονισμού 702/2014, το οποίο περιλαμβάνεται στο κεφάλαιό του Ι, ορίζει τα εξής: 1.   Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ακόλουθες κατηγορίες ενισχύσεων: […] ε) ενισχύσεις υπέρ της δασοκομίας. […] 3.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις υπέρ: α) της δασοκομίας που δεν συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ ή χορηγούνται ως πρόσθετη εθνική χρηματοδότηση για τέτοια συγχρηματοδοτούμενα μέτρα, […] […] 6.   Ο παρών κανονισμός δεν εφαρμόζεται σε ενισχύσεις για προβληματικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση: α) ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών που προκαλούνται από θεομηνίες […], ενισχύσεις για τις δαπάνες εξάλειψης ασθενειών των ζώων […], και ενισχύσεις για την απομάκρυνση και την καταστροφή νεκρών ζώων […]· β) ενισχύσεις για τα ακόλουθα συμβάντα υπό τον όρο ότι η επιχείρηση κατέστη προβληματική λόγω ζημιών ή φθορών που προκλήθηκαν από το εν λόγω συμβάν: i) ενισχύσεις για την αντιστάθμιση ζημιών που προκλήθηκαν από δυσμενές κλιματικό φαινόμενο το οποίο μπορεί να εξομοιωθεί με θεομηνία […]· ii) ενισχύσεις για τις δαπάνες εξάλειψης επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών και αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από ασθένειες των ζώων και επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, […]· iii) ενισχύσεις για την αποκατάσταση ζημιών στα δάση από πυρκαγιές, θεομηνίες, δυσμενή κλιματικά φαινόμενα τα οποία μπορούν να εξομοιωθούν με θεομηνίες, άλλα δυσμενή κλιματικά φαινόμενα, επιβλαβείς για τα φυτά οργανισμούς, καταστροφικά συμβάντα και συμβάντα που σχετίζονται με την αλλαγή του κλίματος, […]». Το άρθρο 2, σημείο 14, του κανονισμού αυτού, το οποίο επίσης περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο I, ορίζει την έννοια της «προβληματικής επιχείρησης» ως εξής: «“προβληματική επιχείρηση”: η επιχείρηση για την οποία συντρέχει τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις: α) στην περίπτωση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (άλλης από [μικρή ή μεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ)] που υφίσταται για διάστημα μικρότερο των τριών ετών), όταν έχει απολεσθεί περισσότερο από το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου της λόγω συσσωρευμένων ζημιών. Αυτό ισχύει όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά (και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας) προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου. […] […]» Το λεττονικό δίκαιο Ο νόμος περί διατηρήσεως των ειδών και των οικοτόπων Ο Sugu un biotopu aizsardzības likums (νόμος περί προστασίας των ειδών και των οικοτόπων), της 16ης Μαρτίου 2000 ( Latvijas Vēstnesis , 2000, αριθ. 121/122), περιλαμβάνει το άρθρο 10, με τίτλο «Δικαίωμα αποζημίωσης των κυρίων και χρηστών γης», του οποίου η παράγραφος 2 ορίζει ότι «[ο]ι κύριοι γης μπορούν να αξιώσουν την αποζημίωση που προβλέπεται από τη νομοθεσία λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται επί της οικονομικής δραστηριότητας στους μικροβιότοπους». Ο νόμος για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη Ο Lauksaimniecības un lauku attīstības likums (νόμος για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη), της 7ης Απριλίου 2004 ( Latvijas Vēstnesis , 2004, αριθ. 64), περιλαμβάνει το άρθρο 5, του οποίου οι παράγραφοι 4, 7 και 8 έχουν ως εξής: «4.   Οι λεπτομέρειες χορήγησης των κρατικών και [ενωσιακών] ενισχύσεων για τη γεωργία και οι λεπτομέρειες χορήγησης των κρατικών και [ενωσιακών] ενισχύσεων για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία καθορίζονται από το υπουργικό συμβούλιο. […] […] 7.   Το υπουργικό συμβούλιο θεσπίζει τις λεπτομέρειες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενισχύσεων που χορηγούν το κράτος και η [Ένωση] για τη γεωργία καθώς και τις λεπτομέρειες για τη διαχείριση και τον έλεγχο των ενισχύσεων που χορηγούν το κράτος και η [Ένωση] για την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία. 8.   Το υπουργικό συμβούλιο καθορίζει τις λεπτομέρειες διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του [ΕΓΤΑΑ] και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλιείας, καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα των αρχών που παρεμβαίνουν στη διαχείριση των ταμείων αυτών.» Ο νόμος περί αποζημιώσεως για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις οικονομικές δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές Ο Likums «Par kompensāciju par saimnieciskās darbības ierobežojumiem aizsargājās teritorijās» (νόμος περί αποζημιώσεως για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις οικονομικές δραστηριότητες στις προστατευόμενες περιοχές), της 4ης Απριλίου 2013 ( Latvijas Vēstnesis , 2013, αριθ. 74), ορίζει, στο άρθρο 2, παράγραφος 3, ότι «[μπορεί] να καταβληθεί ετήσια ενίσχυση για τους περιορισμούς που επιβάλλονται στις οικονομικές δραστηριότητες στους μικροβιότοπους, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στη νομοθεσία για τη χορήγηση ενισχύσεων για τη γεωργική ανάπτυξη οι οποίες χρηματοδοτούνται από τα αντίστοιχα κονδύλια της [Ένωσης]». Ο νόμος αυτός προβλέπει επίσης, στο άρθρο 4, παράγραφος 2, ότι «[η] διαχείριση των αποζημιώσεων που καταβάλλονται με χρήση κονδυλίων της [Ένωσης] γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες για τη χορήγηση ενισχύσεων από την [Ένωση]». Το διάταγμα 171/2015 Το Ministru kabineta noteikumi Nr. 171 «par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešanu, administration trēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzévišanai 2014.–2020. gada plānošanas periodā» (διάταγμα 171 του υπουργικού συμβουλίου σχετικά με τη χορήγηση, τη διαχείριση και τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων και των ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, του κλίματος και του αγροτικού περιβάλλοντος κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014‑2020), της 7ης Απριλίου 2015 ( Latvijas Vēstnesis , 2015, αριθ. 76, στο εξής: διάταγμα 171/2015), το οποίο εκδόθηκε βάσει του άρθρου 5, παράγραφοι 4 και 7, του νόμου για τη γεωργική και αγροτική ανάπτυξη, προβλέπει, στο σημείο του 1, τα εξής: «Το παρόν διάταγμα θεσπίζει τους κανόνες χορήγησης, διαχείρισης και ελέγχου των ενισχύσεων από το κράτος και από την [Ένωση] για την αγροτική ανάπτυξη, ιδίως για τη στήριξη των μέτρων βελτίωσης του περιβάλλοντος και του φυσικού χώρου τα οποία τίθενται σε εφαρμογή σύμφωνα: 1.1. [μ]ε τον κανονισμό [1305/2013]· […] 1.8. [μ]ε τον κανονισμό [702/2014]. […]» Το σημείο 2 του διατάγματος 171/2015 ορίζει τα ακόλουθα: «Η στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης για τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος, του κλίματος και του αγροτικού περιβάλλοντος χορηγείται για τα ακόλουθα μέτρα […]: […] 2.3. “Ενισχύσεις στο πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας [2000/60]” για τη δραστηριότητα “Καταβολή αποζημίωσης για τις δασικές περιοχές Natura 2000” […] […] 2.6. “Χορήγηση ενίσχυσης στο πλαίσιο της δραστηριότητας ‘Καταβολή αποζημίωσης για τις δασικές περιοχές Natura 2000’”. […]» Κατά το σημείο 56 του διατάγματος 171/2015: «Η επιλέξιμη για ενίσχυση έκταση στο πλαίσιο του μέτρου αυτού είναι η δασική γη (εκτός από τους τυρφώνες) η οποία: 56.1. περιλαμβάνεται στον κατάλογο των περιοχών [Natura 2000] σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 6, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 1305/2013 […], 56.2. που βρίσκεται σε προστατευόμενο μικροβιότοπο εκτός των περιοχών που υπάγονται στο Natura 2000, σύμφωνα με το άρθρο 30, παράγραφος 6, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 1305/2013 ή –εάν το καθεστώς προστασίας Natura 2000 δεν εγγυάται τη διατήρηση ενός είδους ή ενός βιότοπου– σε περιοχή που υπάγεται στο Natura 2000, εφόσον ο προστατευόμενος μικροβιότοπος έχει καθοριστεί σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις λεπτομέρειες δημιουργίας και διαχείρισης των μικροβιότοπων, τη διατήρησή τους και τον καθορισμό των μικροβιότοπων και των ζωνών ασφαλείας. […]» Το σημείο 61 του εν λόγω διατάγματος προβλέπει τα εξής: «Για τη χορήγηση της ενίσχυσης ο αιτών πρέπει να πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: […] 61.6. σύμφωνα με το άρθρο 2, σημείο 14, του κανονισμού 702/2014, από την κατάσταση έως τις 15 Ιουνίου του τρέχοντος έτους δεν προέκυψε κανένα από τα χαρακτηριστικά προβληματικής επιχείρησης που προβλέπονται από τη νομοθεσία για τον καθορισμό των λεπτομερών κανόνων διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων, του ΕΓΤΑΑ και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και των ενισχύσεων που χορηγήθηκαν από το κράτος και την [Ένωση] για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη και την αλιεία κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020.» Το διάταγμα 599, της 30ής Σεπτεμβρίου 2014 Το Ministru kabineta noteikumi Nr. 599 «par Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda, Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai, Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecība fonda, kā arī par valsts un Eiropas Savienības atbalsta lauksaimniecībai un lauku un zivsaimniecības attīstībai finansējuma administrēšanu 2014.–2020. gada plānošanas periodā» (διάταγμα 599 του υπουργικού συμβουλίου, σχετικά με τη διαχείριση της χρηματοδότησης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, καθώς και με τη διαχείριση της χρηματοδότησης των ενισχύσεων από τα κράτη και την Ευρωπαϊκή Ένωση που προορίζονται για τη γεωργία, την αγροτική ανάπτυξη και την ανάπτυξη της αλιείας κατά την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020), της 30ής Σεπτεμβρίου 2014 ( Latvijas Vēstnesis , 2014, αριθ. 200), το οποίο εκδόθηκε βάσει του άρθρου 5, παράγραφοι 7 έως 9, του νόμου περί γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης, ορίζει, στο σημείο 53, τα εξής: «Σύμφωνα με το άρθρο 2, σημείο 14, του κανονισμού 702/2014, η υπηρεσία στήριξης της αγροτικής οικονομίας δεν χορηγεί καμία ενίσχυση εάν, κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης για μέτρα που συνεπάγονται την εξέταση του κατά πόσον ο αιτών μπορεί να χαρακτηριστεί ως προβληματική επιχείρηση, στο πρόσωπο του αιτούντος την ενίσχυση συντρέχει τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 53.1. έχει απολεσθεί περισσότερο από το ήμισυ των ιδίων κεφαλαίων εταιρίας περιορισμένης ευθύνης (εκτός από τις μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις που υφίστανται για διάστημα μικρότερο των τριών ετών) λόγω συσσωρευμένων ζημιών, όταν από την αφαίρεση των συσσωρευμένων ζημιών από τα αποθεματικά και όλα τα άλλα στοιχεία που θεωρούνται εν γένει ως μέρος των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας προκύπτει αρνητικό σωρευτικό ποσό που υπερβαίνει το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εκδόσεων μετοχών υπέρ το άρτιο […] […]». Η διαφορά της κύριας δίκης και τα προδικαστικά ερωτήματα Η Piltenes meži έχει στην κυριότητά της δάσος έκτασης περίπου 500 εκταρίων, εντός του οποίου βρίσκεται περιοχή αναγνωρισμένη ως μικροβιότοπος, κατά την έννοια της λεττονικής νομοθεσίας με την οποία μεταφέρθηκε στην εσωτερική έννομη τάξη η οδηγία 2009/147. Ο εν λόγω μικροβιότοπος δημιουργήθηκε από την αρμόδια λεττονική αρχή προκειμένου να συμβάλει στη διασφάλιση της προστασίας του αγριόκουρκου (Tetrao urogallus), το οποίο είναι είδος άγριου πτηνού. Σε μη προσδιοριζόμενη ημερομηνία, η Piltenes meži υπέβαλε αίτηση ενίσχυσης για το 2015 στην υπηρεσία στήριξης της αγροτικής οικονομίας, με την οποία ζήτησε να της καταβληθεί αποζημίωση για τα έξοδα και την απώλεια εσόδων που προέκυψαν από την ύπαρξη του εν λόγω μικροβιότοπου. Με απόφαση της 1ης Ιουνίου 2016, η οποία επικυρώθηκε με απόφαση της 25ης Ιουλίου του ίδιου έτους, η υπηρεσία στήριξης της αγροτικής οικονομίας απέρριψε την εν λόγω αίτηση ενίσχυσης με την αιτιολογία ότι η εφαρμοστέα λεττονική νομοθεσία απέκλειε τη δυνατότητα χορήγησης τέτοιας ενίσχυσης σε προβληματική επιχείρηση και ότι, εν προκειμένω, η Piltenes meži έπρεπε να χαρακτηριστεί ως προβληματική, στο μέτρο που από την εξέταση της ετήσιας έκθεσής της για το έτος 2014 προέκυπτε ότι οι ζημίες της αντιστοιχούσαν σε ποσοστό άνω του 50 % του εταιρικού κεφαλαίου της. Με απόφαση της 24ης Μαρτίου 2017, το administratīvā rajona tiesa (διοικητικό πρωτοδικείο, Λεττονία) δέχθηκε την προσφυγή που άσκησε η Piltenes meži κατά των δύο αυτών αποφάσεων. Με απόφαση της 30ής Νοεμβρίου 2017, το administratīvā apgabaltiesa (περιφερειακό διοικητικό δικαστήριο, Λεττονία), επιληφθέν κατ’ έφεση, απέρριψε την αίτηση ενίσχυσης που είχε υποβάλει η Piltenes meži, στηριζόμενο, κατ’ ουσίαν, στην ακόλουθη συλλογιστική. Κατ’ αρχάς, διαπίστωσε ότι η ζητηθείσα ενίσχυση δεν θα χρηματοδοτούνταν από τον κρατικό προϋπολογισμό ή από οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά από πόρους προερχόμενους από ταμείο της Ένωσης, ήτοι από το ΕΓΤΑΑ. Εν συνεχεία, επισήμανε ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ένωσης για το ΕΓΤΑΑ και με τη λεττονική νομοθεσία που τη θέτει σε εφαρμογή, η διαχείριση και η κατανομή στις επιχειρήσεις των κονδυλίων αυτών πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της Ένωσης για τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων. Τέλος, παρατήρησε ότι οι κανόνες αυτοί προβλέπουν ότι η χορήγηση ενίσχυσης όπως η επίμαχη εν προκειμένω αποκλείεται στην περίπτωση που ο αιτών είναι προβληματική επιχείρηση. Η Piltenes meži άσκησε αναίρεση κατά της απόφασης αυτής, αμφισβητώντας, μεταξύ άλλων, τις εκτιμήσεις, αφενός, ότι η ενίσχυση της οποίας ζήτησε τη χορήγηση έπρεπε να θεωρηθεί κρατική ενίσχυση και, αφετέρου, ότι μια τέτοια κρατική ενίσχυση δεν μπορούσε να χορηγηθεί σε προβληματική επιχείρηση. Με την απόφασή του περί παραπομπής, το Augstākā tiesa (Senāts) (Ανώτατο Δικαστήριο, Λεττονία) ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί το πεδίο εφαρμογής και η διάρθρωση των διατάξεων του δικαίου της Ένωσης, την εφαρμογή των οποίων αποσκοπούν να διασφαλίσουν οι διάφορες λεττονικές ρυθμίσεις που ισχύουν στη διαφορά της οποίας έχει επιληφθεί, επισημαίνοντας ότι τα δύο δικαστήρια που επιλήφθηκαν της διαφοράς αυτής πρωτοδίκως και κατ’ έφεση διατύπωσαν αποκλίνουσες απόψεις επί του ζητήματος αυτού. Το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί ειδικότερα, πρώτον, αν οι ενισχύσεις για την αποζημίωση ή για την αντιστάθμιση των εξόδων και της απώλειας εσόδων λόγω της ύπαρξης, σε δασικές περιοχές που δεν ανήκουν στο δίκτυο Natura 2000, μικροβιότοπων που δημιουργήθηκαν με σκοπό να συμβάλουν στη διασφάλιση της προστασίας των ειδών αγρίων πτηνών τα οποία αφορά η οδηγία 2009/147 μπορούν να θεωρηθούν ως ενισχύσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 30 του κανονισμού 1305/2013. Το αιτούν δικαστήριο διευκρινίζει, μεταξύ άλλων, ότι οι ενισχύσεις αυτές θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως αποζημίωση ή αντιστάθμιση για τον περιορισμό του δικαιώματος ιδιοκτησίας και του δικαιώματος άσκησης οικονομικής δραστηριότητας των ενδιαφερομένων, με σκοπό τη διασφάλιση της τήρησης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, και όχι ως ενισχύσεις της Ένωσης ή ως κρατικές ενισχύσεις. Εξάλλου, το Latvijas Republikas Satversmes tiesa (Συνταγματικό Δικαστήριο, Λεττονία) έχει αποφανθεί υπέρ της προσέγγισης αυτής με απόφαση της 19ης Μαρτίου 2014. Εάν οι ενισχύσεις αυτές, οι οποίες δεν θα χρηματοδοτηθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό, αλλά από πόρους προερχόμενους από ταμείο της Ένωσης, εμπίπτουν στο άρθρο 30 του κανονισμού 1305/2013, το αιτούν δικαστήριο ζητεί να διευκρινιστεί, δεύτερον, αν η χορήγησή τους μπορεί να εξαρτάται από την προϋπόθεση ότι τα πρόσωπα που ζητούν τη χορήγησή τους δεν είναι προβληματικές επιχειρήσεις, όπως επιτάσσει η Επιτροπή στα άρθρα 1 και 2 του κανονισμού 702/2014. Το αιτούν δικαστήριο εκτιμά συναφώς ότι, μολονότι είναι θεμιτό να επιδιώκει η Επιτροπή να διαφυλάξει τους πόρους της Ένωσης και να διασφαλίσει τη βέλτιστη χρήση τους επιβάλλοντας μια τέτοια προϋπόθεση, εντούτοις ο κανονισμός 702/2014 πάσχει από ουσιώδη πλημμέλεια καθόσον το θεσμικό αυτό όργανο δεν στάθμισε ή, τουλάχιστον, δεν διασφάλισε δίκαιη ισορροπία μεταξύ, αφενός, των σκοπών που επιδιώκει η Επιτροπή και, αφετέρου, του δικαιώματος ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (στο εξής: Χάρτης) και των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας. Συγκεκριμένα, σε αντίθεση με όλα τα άλλα πρόσωπα στα οποία επιβάλλεται νομική και οικονομική υποχρέωση με περιβαλλοντικό στόχο, οι προβληματικές επιχειρήσεις στερούνται αδικαιολόγητα, για λόγους που αφορούν την οικονομική και χρηματοπιστωτική τους κατάσταση, την αποζημίωση ή την αντιστάθμιση που μπορούν να αξιώσουν. Υπό τις συνθήκες αυτές, το Augstākā tiesa (Senāts) (Ανώτατο Δικαστήριο) αποφάσισε να αναστείλει την ενώπιόν του διαδικασία και να υποβάλει στο Δικαστήριο τα ακόλουθα προδικαστικά ερωτήματα: «1) Εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 30, παράγραφος 6, του κανονισμού [1305/2013] οι ενισχύσεις για τους προστατευόμενους μικροβιότοπους που δημιουργούνται σε δασική περιοχή προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας [2009/147]; 2) Υπόκειται η χορήγηση αποζημίωσης για τους προστατευόμενους μικροβιότοπους που δημιουργούνται προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας [2009/147] στους περιορισμούς που προβλέπονται σχετικά με τις ενισχύσεις σε προβληματικές επιχειρήσεις στον κανονισμό [702/2014];» Επί των προδικαστικών ερωτημάτων Επί του πρώτου ερωτήματος Με το πρώτο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν το άρθρο 30 του κανονισμού 1305/2013 έχει την έννοια, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της παραγράφου του 6, ότι η ενίσχυση που ζητείται για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος, προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Συναφώς, το άρθρο 30, παράγραφος 1, του κανονισμού 1305/2013 προβλέπει ότι η στήριξη παρέχεται ετησίως και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης ή ανά εκτάριο δάσους, προκειμένου να αποζημιωθούν οι δικαιούχοι για τις πρόσθετες δαπάνες και για την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν λόγω των μειονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των οδηγιών 92/43, 2000/60 και 2009/147. Επιπλέον, η παράγραφος 6 του εν λόγω άρθρου 30 ορίζει, αντιστοίχως στα στοιχεία αʹ και βʹ, ότι στις περιοχές που είναι επιλέξιμες για τη χορήγηση μιας τέτοιας ενίσχυσης περιλαμβάνονται, αφενός, οι γεωργικές και δασικές περιοχές που υπάγονται στο δίκτυο Natura 2000 δυνάμει των οδηγιών 92/43 και 2009/147 και, αφετέρου, οι λοιπές οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία ή τα δάση, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της πρώτης από τις δύο αυτές οδηγίες. Εν προκειμένω, από το πρώτο ερώτημα που υπέβαλε το αιτούν δικαστήριο καθώς και από τα εκτιθέμενα στην απόφαση περί παραπομπής, τα οποία συνοψίζονται στις σκέψεις 30, 31 και 37 της παρούσας απόφασης, προκύπτει ότι η περιοχή την οποία αφορά η επίμαχη στην κύρια δίκη αίτηση ενίσχυσης είναι μικροβιότοπος που δημιουργήθηκε με σκοπό να συμβάλει στη διασφάλιση της προστασίας ενός είδους άγριου πτηνού, αλλά σε δάσος που δεν ανήκει στο δίκτυο Natura 2000. Είναι προφανές ότι μια τέτοια περιοχή δεν είναι επιλέξιμη, δυνάμει του άρθρου 30, παράγραφος 6, στοιχείο αʹ, του κανονισμού 1305/2013, για χορήγηση της ενίσχυσης που προβλέπεται στο εν λόγω άρθρο 30. Το άρθρο 30, παράγραφος 6, στοιχείο αʹ, προβλέπει την επιλεξιμότητα μόνο για γεωργικές και δασικές περιοχές, κατά την έννοια του εν λόγω κανονισμού ή, ενδεχομένως, της εθνικής νομοθεσίας που θεσπίζεται κατ’ εφαρμογή του, οι οποίες βρίσκονται σε περιοχές Natura 2000 που έχουν οριοθετηθεί δυνάμει των οδηγιών 92/43 και 2009/147 (πρβλ. απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2022, Sātiņi-S, C‑234/20 , EU:C:2022:56 , σκέψεις , , και ). Επομένως, περιοχή που δεν αποτελεί μέρος του δικτύου Natura 2000, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης περιοχή, μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να είναι επιλέξιμη για μια τέτοια ενίσχυση μόνο δυνάμει του άρθρου 30, παράγραφος 6, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 1305/2013. Εντούτοις, το γράμμα της διάταξης αυτής δεν παρέχει, αυτό καθαυτό, τη δυνατότητα να καθοριστεί αν, και, ενδεχομένως, υπό ποιες προϋποθέσεις, μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Επομένως, κατά πάγια νομολογία του Δικαστηρίου, η εν λόγω διάταξη πρέπει να ερμηνεύεται λαμβανομένων υπόψη, συμπληρωματικώς προς το γράμμα της, του πλαισίου στο οποίο εντάσσεται και των σκοπών που επιδιώκονται με τη ρύθμιση της οποίας αποτελεί μέρος (αποφάσεις της 7ης Ιουνίου 2005, VEMW κ.λπ., C‑17/03 , EU:C:2005:362 , σκέψη , και της 21ης Ιανουαρίου 2021, Γερμανία κατά Esso Raffinage, C‑471/18 P , EU:C:2021:48 , σκέψη ). Συναφώς, πρέπει να υπομνησθεί, πρώτον, ότι οι περιοχές που είναι επιλέξιμες, δυνάμει του άρθρου 30, παράγραφος 6, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 1305/2013, για την καταβολή της ενίσχυσης που προβλέπεται στο άρθρο 30 είναι οι οριοθετημένες περιοχές προστασίας της φύσης, πλην εκείνων που αποτελούν μέρος του δικτύου Natura 2000, με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία ή τα δάση, οι οποίες συμβάλλουν στην εφαρμογή του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43. Συνεπώς, η επιλεξιμότητα των περιοχών αυτών για ενίσχυση εξαρτάται, αφενός, από την προϋπόθεση ότι η οικεία περιοχή είναι οριοθετημένη περιοχή προστασίας της φύσης με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τη γεωργία ή τα δάση. Εν προκειμένω, από τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί παραπομπής, όπως εκτίθενται στη σκέψη 45 της παρούσας απόφασης, προκύπτει ότι, υπό την επιφύλαξη των εξακριβώσεων στις οποίες οφείλει να προβεί το αιτούν δικαστήριο, η επίμαχη στην κύρια δίκη περιοχή πληροί την προϋπόθεση αυτή, καθόσον αποτελεί φυσική περιοχή με περιβαλλοντικούς περιορισμούς όσον αφορά τα δάση. Ειδικότερα, από τα στοιχεία αυτά προκύπτει ότι η εν λόγω περιοχή αποτελεί μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε από την αρμόδια εθνική αρχή, με σκοπό να συμβάλει στη διασφάλιση της προστασίας ενός είδους άγριου πτηνού, σε δάσος μη ανήκον στο δίκτυο Natura 2000, του οποίου η ύπαρξη συνεπάγεται δαπάνες καθώς και απώλεια εσόδων για το πρόσωπο που είναι ο κύριος του δάσους αυτού. Αφετέρου, από το άρθρο 30, παράγραφος 6, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 1305/2013 προκύπτει ότι η περιοχή για την οποία ζητείται ενίσχυση και οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί που την συνοδεύουν πρέπει να συμβάλλουν στην εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43. Εν προκειμένω, το αιτούν δικαστήριο διερωτάται, μεταξύ άλλων στοιχείων, ως προς το περιεχόμενο της προϋπόθεσης αυτής, όπως προκύπτει από τη διατύπωση του πρώτου ερωτήματος που υπέβαλε και από τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί παραπομπής που συνοψίζονται στη σκέψη 37 της παρούσας απόφασης. Δεύτερον, το άρθρο 10 της οδηγίας 92/43, στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 30, παράγραφος 6, στοιχείο βʹ, του κανονισμού 1305/2013, προβλέπει, στο πρώτο εδάφιό του, ότι, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να βελτιωθεί η οικολογική συνοχή του δικτύου Natura 2000, τα κράτη μέλη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προωθήσουν τη διαχείριση στοιχείων του τοπίου στα οποία αποδίδεται πρωταρχική σημασία για την άγρια πανίδα και χλωρίδα. Στο δεύτερο εδάφιό του διευκρινίζεται επίσης ότι τα στοιχεία αυτά είναι εκείνα τα οποία, λόγω της γραμμικής και συνεχούς δομής τους ή του συνδετικού ρόλου τους, είναι ουσιώδη για τη μετανάστευση, τη γεωγραφική κατανομή και τη γενετική ανταλλαγή αγρίων ειδών. Το εν λόγω άρθρο 10 εξουσιοδοτεί, επομένως, τα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000, όπως ορίζει και το άρθρο 3, παράγραφος 3, της οδηγίας 92/43. Από το ως άνω άρθρο 3, παράγραφος 1, προκύπτει ότι το δίκτυο αυτό προορίζεται να περιλάβει όχι μόνον «ειδικές ζώνες» των φυσικών οικοτόπων και των οικοτόπων ζωικών ή φυτικών ειδών που απαριθμούνται, αντιστοίχως, στο παράρτημα I και στο παράρτημα II της οδηγίας αυτής, αλλά και «ζώνες ειδικής προστασίας» που έχουν ταξινομηθεί από τα κράτη μέλη προκειμένου να συμβάλουν στη διατήρηση ειδών αγρίων πτηνών δυνάμει της οδηγίας 79/409, η οποία έχει πλέον αντικατασταθεί από την οδηγία 2009/147. Επομένως, τα μέτρα τα οποία δύνανται να λαμβάνουν τα κράτη μέλη δυνάμει του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43, με σκοπό τη βελτίωση της οικολογικής συνοχής του δικτύου Natura 2000, μπορούν να αφορούν τόσο τους οικοτόπους που εμπίπτουν στην οδηγία 92/43 όσο και τα είδη άγριων πτηνών που εμπίπτουν στην οδηγία 2009/147, με την παρατήρηση ότι, στην τελευταία αυτή περίπτωση, τα μέτρα προορίζονται να συμπληρώσουν εκείνα των άρθρων 2 και 3 της οδηγίας 2009/147. Εν προκειμένω, από τα διαλαμβανόμενα στην απόφαση περί παραπομπής που παρατίθενται στις σκέψεις 45 και 52 της παρούσας απόφασης προκύπτει ότι, με την επιφύλαξη των εξακριβώσεων στις οποίες πρέπει να προβεί το αιτούν δικαστήριο, αυτός είναι ο σκοπός του επίμαχου στην υπόθεση της κύριας δίκης μικροβιότοπου και των περιβαλλοντικών περιορισμών που αφορούν τα δάση οι οποίοι επιβλήθηκαν στον εν λόγω μικροβιότοπο, καθόσον η δημιουργία του εν λόγω μικροβιότοπου και η επιβολή των περιορισμών αποσκοπούν στο να συμβάλουν στη διασφάλιση της προστασίας του αγριόκουρκου (Tetrao urogallus), ενός είδους άγριου πτηνού που προστατεύεται από την οδηγία 2009/147. Τρίτον, το άρθρο 30, παράγραφος 1, του κανονισμού 1305/2013 διευκρινίζει, όπως υπομνήσθηκε στη σκέψη 43 της παρούσας απόφασης, ότι η ενίσχυση στην οποία αναφέρεται η διάταξη αυτή αποσκοπεί στην αποζημίωση του δικαιούχου της, στη συγκεκριμένη περιοχή, για τις πρόσθετες δαπάνες και την απώλεια εσόδων που υπέστη από τα μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή των οδηγιών 92/43, 2000/60 και 2009/147. Από την εν λόγω διάταξη προκύπτει σαφώς ότι η ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που μια περιοχή επιλέξιμη για ενίσχυση δυνάμει του άρθρου 30, παράγραφος 6, του κανονισμού 1305/2013 παρουσιάζει μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή της οδηγίας 2009/147, όπως εξέθεσαν τόσο η Λεττονική Κυβέρνηση όσο και η Επιτροπή στις γραπτές παρατηρήσεις τους. Επομένως, η εν λόγω ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί σε μια τέτοια περιοχή τόσο στην περίπτωση που στην περιοχή αυτή παρουσιάστηκαν μειονεκτήματα που προέκυψαν από εθνικό μέτρο προστασίας ενός άγριου είδους πτηνού το οποίο θεσπίστηκε δυνάμει της οδηγίας 2009/147 όσο και στην περίπτωση κατά την οποία το μέτρο αυτό θεσπίστηκε δυνάμει του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43, όπως επισημάνθηκε στη σκέψη 58 της παρούσας απόφασης. Τέταρτον, ο γενικός σκοπός της στρατηγικής υποστήριξης της αγροτικής ανάπτυξης τον οποίο επιδιώκει ο κανονισμός 1305/2013, όπως ορίζεται στο άρθρο του 1, παράγραφος 1, συγκεκριμενοποιείται ιδίως, όπως προκύπτει από το άρθρο 6, παράγραφος 1, και από τον τίτλο III του κανονισμού αυτού στον οποίο παραπέμπει η τελευταία αυτή διάταξη, με τη δυνατότητα που παρέχεται στα κράτη μέλη να λάβουν ένα σύνολο μέτρων για την αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη. Μεταξύ των μέτρων αυτών περιλαμβάνεται η προβλεπόμενη στο άρθρο 30 του κανονισμού 1305/2013 ενίσχυση, ο ειδικός σκοπός της οποίας συνίσταται, όπως επισημαίνεται στην αιτιολογική σκέψη 24 του κανονισμού, στην παροχή στήριξης στους γεωργούς και στους δασοκαλλιεργητές ώστε να βοηθηθούν στην αντιμετώπιση, στις σχετικές περιοχές, ειδικών μειονεκτημάτων που απορρέουν από την εφαρμογή των οδηγιών της Ένωσης οι οποίες διασφαλίζουν την προστασία των φυσικών οικοτόπων, των οικοτόπων ζωικών και φυτικών ειδών, των ίδιων των ειδών, καθώς και των υδάτων. Από τον σκοπό αυτόν, ο οποίος διατυπώνεται κατά τρόπο που να μην αποκλείεται a priori κανένα είδος μειονεκτήματος που απορρέει από την εφαρμογή μιας από τις οδηγίες αυτές, προκύπτει σαφώς ότι η προβλεπόμενη στο άρθρο 30 ενίσχυση μπορεί να χορηγηθεί, μεταξύ άλλων, στην περίπτωση που τα μειονεκτήματα απορρέουν από την επιβολή, στην περιοχή για την οποία ζητείται η ενίσχυση, περιβαλλοντικών περιορισμών που αφορούν τη γεωργία ή τα δάση και αποσκοπούν στη διασφάλιση της προστασίας ενός είδους άγριου πτηνού που καλύπτεται από την οδηγία 2009/147, ανεξαρτήτως του αν οι περιορισμοί αυτοί απορρέουν από εθνικό μέτρο που θεσπίστηκε δυνάμει της ίδιας αυτής οδηγίας ή δυνάμει του άρθρου 10 της οδηγίας 92/43. Επομένως, ο εν λόγω σκοπός επιβεβαιώνει την ερμηνεία του άρθρου 30, παράγραφος 6, του κανονισμού 1305/2013, η οποία συνάγεται από διάφορα στοιχεία γραμματικής και συστηματικής φύσης που αναλύθηκαν στις σκέψεις 50 έως 62 της παρούσας απόφασης. Εξάλλου, στο μέτρο που το αιτούν δικαστήριο ζήτησε διευκρινίσεις, όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα συνοπτικά στη σκέψη 38 της παρούσας απόφασης, επί των νομικών συνεπειών που θα μπορούσε να έχει ο αποζημιωτικός ή αντισταθμιστικός χαρακτήρας μιας ενίσχυσης όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης, υπό το πρίσμα των σχετικών με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων διατάξεων του πρωτογενούς ή του παραγώγου δικαίου της Ένωσης, υπενθυμίζεται, αφενός, ότι σκοπός του άρθρου 30 του κανονισμού 1305/2013, όπως αναφέρεται στις σκέψεις 43 και 60 της παρούσας απόφασης, είναι να καταστεί δυνατή η χορήγηση ενισχύσεων για την αποζημίωση των γεωργών και των δασοκαλλιεργητών για τις δαπάνες και την απώλεια εισοδήματος που υπέστησαν λόγω των μειονεκτημάτων από την εφαρμογή των οδηγιών 92/43, 2000/60 και 2009/147. Ο αντισταθμιστικός ή αποζημιωτικός χαρακτήρας των ενισχύσεων αυτών απορρέει επομένως από τον ίδιο τον σκοπό τους, όπως τον προσδιόρισε ο νομοθέτης της Ένωσης (πρβλ. αποφάσεις της 30ής Μαρτίου 2017, Lingurár, C‑315/16 , EU:C:2017:244 , σκέψεις και , και της 27ης Ιανουαρίου 2022, Sātiņi-S, C‑234/20 , EU:C:2022:56 , σκέψη ), και, συνεπώς, δεν μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση ο χαρακτηρισμός τους ως ενισχύσεων που μπορούν να χορηγηθούν βάσει της ενωσιακής νομοθεσίας σχετικά με το ΕΓΤΑΑ. Αφετέρου, από τη νομολογία του Δικαστηρίου προκύπτει ότι ο αποζημιωτικός ή αντισταθμιστικός χαρακτήρας ουδόλως αποκλείει, στο μέτρο που χρηματοδοτούνται από κρατικούς πόρους, τον χαρακτηρισμό τέτοιων ενισχύσεων ως «κρατικών ενισχύσεων», κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής (πρβλ. απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2022, Sātiņi-S, C‑238/20 , EU:C:2022:57 , σκέψεις και ). Κατόπιν όλων των ανωτέρω σκέψεων, στο πρώτο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι το άρθρο 30 του κανονισμού 1305/2013 έχει την έννοια, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της παραγράφου του 6, ότι η ενίσχυση που ζητείται για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147 εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. Επί του δευτέρου προδικαστικού ερωτήματος Με το δεύτερο ερώτημά του, το αιτούν δικαστήριο ζητεί, κατ’ ουσίαν, να διευκρινιστεί αν ο κανονισμός 702/2014 έχει την έννοια ότι αποκλείεται να κριθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά ενίσχυση η οποία ζητήθηκε βάσει του κανονισμού 1305/2013, για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, από προβληματική επιχείρηση. Συναφώς, υπενθυμίζεται, προκαταρκτικώς, ότι η ενίσχυση για την οποία το αιτούν δικαστήριο ζητεί από το Δικαστήριο διευκρινίσεις ως προς την ερμηνεία του κανονισμού 702/2014 είναι ενίσχυση η οποία ζητήθηκε βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού 1305/2013. Επομένως, πρόκειται για ενίσχυση η οποία προβλέπεται από νομοθεσία της Ένωσης, δηλαδή από τη νομοθεσία για το ΕΓΤΑΑ. Ωστόσο, η ενίσχυση αυτή μπορεί να χορηγηθεί σε πρόσωπα τα οποία δεν τη ζητούν απευθείας από την Ένωση, αλλά μέσω των κρατών μελών και βάσει προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης που υποβάλλονται από τα κράτη μέλη και εγκρίνονται από την Επιτροπή, όπως προκύπτει από το άρθρο 6, παράγραφοι 1 έως 3, του κανονισμού 1305/2013 και όπως έχει επισημάνει το Δικαστήριο τόσο σε σχέση με τον εν λόγω κανονισμό όσο και σε σχέση με τον κανονισμό που αυτός κατήργησε και αντικατέστησε [πρβλ. αποφάσεις της 30ής Μαρτίου 2017, Lingurár, C‑315/16 , EU:C:2017:244 , σκέψη , και της 6ης Οκτωβρίου 2021, Lauku atbalsta dienests (Ενισχύσεις εκκίνησης γεωργικών επιχειρήσεων), C‑119/20 , EU:C:2021:817 , σκέψεις έως ]. Ο μηχανισμός αυτός αποτελεί έκφραση της κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, η οποία, σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 1, του κανονισμού 1305/2013, διαρθρώνει τη στήριξη της Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη που χρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ [πρβλ. απόφαση της 6ης Οκτωβρίου 2021, Lauku atbalsta dienests (Ενισχύσεις εκκίνησης γεωργικών επιχειρήσεων), C‑119/20 , EU:C:2021:817 , σκέψη ], με τη διευκρίνιση ότι η στήριξη αυτή μπορεί να λάβει τη μορφή όχι μόνο χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, αλλά και πρόσθετης χρηματοδότησης από κρατικούς πόρους. Όπως προκύπτει από τη σκέψη 68 της παρούσας απόφασης, η πρόσθετη αυτή χρηματοδότηση μπορεί να χαρακτηρισθεί, λαμβανομένης υπόψη της κρατικής προέλευσης των πόρων που διατίθενται σε αυτήν, ως κρατική ενίσχυση κατά την έννοια του άρθρου 107, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ, εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης αυτής. Ο χαρακτηρισμός αυτός συνεπάγεται την εφαρμογή του συνόλου των σχετικών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων, εκτός εάν, σε συγκεκριμένη περίπτωση, η εν λόγω χρηματοδότηση αφορά πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ, οπότε δεν υπάγεται στις διατάξεις αυτές, σύμφωνα με το άρθρο 81, παράγραφος 2, του κανονισμού 1305/2013. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση που προέρχεται από τον προϋπολογισμό της Ένωσης, επισημαίνεται ότι, όπως προκύπτει από το άρθρο 81, παράγραφος 1, του κανονισμού 1305/2013 και από την αιτιολογική σκέψη του 56, υπό το πρίσμα της οποίας πρέπει να ερμηνεύεται η εν λόγω διάταξη, ο νομοθέτης της Ένωσης θέλησε επίσης να υπαγάγει τη χρηματοδότηση αυτή στην εφαρμογή των άρθρων 107 έως 109 ΣΛΕΕ, εκτός αν αφορά πράξεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 42 ΣΛΕΕ, όπως ορίζεται στο άρθρο 81, παράγραφος 2, του εν λόγω κανονισμού. Η νομοθετική αυτή επιλογή, η οποία αποσκοπεί, όπως προκύπτει από το άρθρο 1, παράγραφος 1, του ίδιου κανονισμού, στη διασφάλιση του συντονισμού μεταξύ του ΕΓΤΑΑ και των λοιπών θεσμικών οργάνων της Ένωσης, έχει ως συνέπεια την υπαγωγή, στο σύνολό τους, των ενισχύσεων για την αγροτική ανάπτυξη που συγχρηματοδοτούνται μέσω κρατικών πόρων και πόρων προερχόμενων από τον προϋπολογισμό της Ένωσης στο σύνολο των σχετικών διατάξεων του δικαίου της Ένωσης για τις κρατικές ενισχύσεις. Μεταξύ των διατάξεων αυτών περιλαμβάνονται ιδίως εκείνες του κανονισμού 702/2014, την ερμηνεία των οποίων ζητεί το αιτούν δικαστήριο προκειμένου να διευκρινιστεί, κατ’ ουσίαν, αν μια ενίσχυση που ζητήθηκε από προβληματική επιχείρηση βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού 1305/2013, για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, εμπίπτει στο καθεστώς απαλλαγής που θεσπίζει ο κανονισμός αυτός. Συναφώς, διαπιστώνεται, πρώτον, ότι σκοπός του κανονισμού 702/2014, όπως προκύπτει από τον τίτλο του, είναι να κηρύξει συμβατές με την εσωτερική αγορά ορισμένες κατηγορίες μεμονωμένων ενισχύσεων που χορηγούνται στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές, καθώς και, κατά συνέπεια, να τις απαλλάξει από τη γενική υποχρέωση κοινοποίησης που προβλέπει το άρθρο 108, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ, εφόσον οι μεμονωμένες αυτές ενισχύσεις πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων που θέτει ο εν λόγω κανονισμός (πρβλ. απόφαση της 20ής Μαΐου 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, C‑128/19 , EU:C:2021:401 , σκέψη ). Ένας τέτοιος κανονισμός απαλλαγής δεν αποκλείει ωστόσο το να κηρυχθεί μια συγκεκριμένη μεμονωμένη ενίσχυση, η οποία εμπίπτει σε μία από τις κατηγορίες που απαριθμούνται σε αυτόν, χωρίς όμως να πληροί τις προϋποθέσεις για να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά βάσει του εν λόγω κανονισμού απαλλαγής, συμβατή με την εσωτερική αγορά κατόπιν ειδικής εξέτασης, υπό την προϋπόθεση ότι η ενίσχυση έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί στην Επιτροπή (πρβλ. αποφάσεις της 5ης Μαρτίου 2019, Eesti Pagar, C‑349/17 , EU:C:2019:172 , σκέψεις , , και , και της 20ής Μαΐου 2021, Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, C‑128/19 , EU:C:2021:401 , σκέψη ). Ωστόσο, εν προκειμένω, από την απόφαση περί παραπομπής δεν προκύπτει ότι έγινε τέτοια προηγούμενη κοινοποίηση. Δεύτερον, όπως προκύπτει από το άρθρο 1, παράγραφος 1, στοιχείο εʹ, του κανονισμού 702/2014, σε συνδυασμό με την παράγραφο 3, στοιχείο αʹ, του εν λόγω άρθρου 1 και όπως αποσαφηνίζεται με την αιτιολογική σκέψη 60 του κανονισμού αυτού, η απαλλαγή που θεσπίζει ο εν λόγω κανονισμός έχει εφαρμογή στις ενισχύσεις υπέρ της δασοκομίας, συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ. Επομένως, ο κανονισμός 702/2014 έχει εφαρμογή, μεταξύ άλλων, στις ενισχύσεις που αναφέρονται στο άρθρο 30 του κανονισμού 1305/2013 και, ειδικότερα, στις ενισχύσεις που ζητούνται, δυνάμει της διάταξης αυτής, για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, όπως η επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης ενίσχυση. Ως εκ τούτου, για να μπορούν οι ενισχύσεις αυτές να κηρυχθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή του κανονισμού 702/2014 και να τύχουν της απαλλαγής που προβλέπεται στον κανονισμό αυτόν, πρέπει να πληρούν το σύνολο των προϋποθέσεων από τις οποίες ο εν λόγω κανονισμός εξαρτά την κήρυξη της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά. Στις προϋποθέσεις αυτές περιλαμβάνεται, κατά το άρθρο 1, παράγραφος 6, του εν λόγω κανονισμού, ο όρος ότι ο αιτών την ενίσχυση δεν πρέπει να είναι προβληματική επιχείρηση, υπό την επιφύλαξη διαφόρων εξαιρέσεων εκ των οποίων καμία δεν μνημονεύθηκε, στην απόφαση περί παραπομπής, ως κρίσιμη στο πλαίσιο της διαφοράς της κύριας δίκης, γεγονός το οποίο εναπόκειται πάντως στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. Περαιτέρω, από τον ορισμό της έννοιας της «προβληματικής επιχείρησης» που δίδεται στο άρθρο 2, σημείο 14, του ίδιου κανονισμού προκύπτει ότι η έννοια αυτή περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εταιρίες περιορισμένης ευθύνης όταν έχει απολεσθεί περισσότερο από το ήμισυ του εγγεγραμμένου κεφαλαίου τους λόγω συσσωρευμένων ζημιών, κριτήριο βάσει του οποίου η αρμόδια εθνική αρχή αρνήθηκε να χορηγήσει την επίμαχη στην υπόθεση της κύριας δίκης ενίσχυση, όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα στην απόφαση περί παραπομπής που συνοψίζονται στη σκέψη 32 της παρούσας απόφασης. Επομένως, ο κανονισμός 702/2014 έχει την έννοια ότι ενίσχυση υπέρ της δασοκομίας και, ειδικότερα, ενίσχυση η οποία ζητήθηκε βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού 1305/2013, στο πλαίσιο μικροβιότοπου που δημιουργήθηκε σε δάσος προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, από προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του εν λόγω άρθρου 2, σημείο 14, δεν μπορεί να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά βάσει του κανονισμού 702/2014. Τέλος, τέταρτον, στο μέτρο που το αιτούν δικαστήριο διατηρεί αμφιβολίες ως προς το κύρος του εν λόγω αποκλεισμού υπό το πρίσμα του δικαιώματος ιδιοκτησίας και των γενικών αρχών της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας, όπως προκύπτει από τα εκτιθέμενα συνοπτικά στη σκέψη 40 της παρούσας απόφασης, παρατηρείται, κατ’ αρχάς, ότι από την ανάλυση του κανονισμού 702/2014 προκύπτει ότι ο εν λόγω αποκλεισμός δεν στηρίζεται στον σκοπό της διατήρησης των πόρων της Ένωσης, για τον οποίο διερωτάται το αιτούν δικαστήριο αν ευνοήθηκε αδικαιολόγητα εις βάρος του δικαιώματος ιδιοκτησίας και των δύο γενικών αρχών. Πράγματι, όπως προκύπτει από την αιτιολογική σκέψη 16 του κανονισμού αυτού, η οποία διευκρινίζει τον λόγο ύπαρξης του αποκλεισμού των προβληματικών επιχειρήσεων από την απαλλαγή που θεσπίζει ο εν λόγω κανονισμός, υπό την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που μνημονεύονται στη σκέψη 84 της παρούσας απόφασης, σκοπός του αποκλεισμού αυτού είναι να διασφαλιστεί ότι όλες οι ενισχύσεις που ζητούν οι επιχειρήσεις αυτές θα εξετάζονται, κατά τρόπο αποκλειστικό και συνεκτικό, υπό το πρίσμα μιας δέσμης ειδικών διαδικαστικών και ουσιαστικών κανόνων, οι οποίοι θεσπίστηκαν με συγκεκριμένο σκοπό να ληφθεί δεόντως υπόψη η ιδιαίτερη κατάσταση των επιχειρήσεων αυτών. Επομένως, ο εν λόγω αποκλεισμός δεν έχει ως μοναδικό σκοπό και συνέπεια να απαγορεύσει γενικώς σε προβληματικές επιχειρήσεις τη χορήγηση ενισχύσεων υπέρ της δασοκομίας, καθόσον, αντιθέτως, η δυνατότητα αυτή παραμένει ανοικτή για τις επιχειρήσεις, εφόσον τηρούνται οι ως άνω κανόνες, αλλά να αποκλείσει τη δυνατότητα εφαρμογής του κανονισμού 702/2014 στις ενισχύσεις αυτές όταν ζητούνται από προβληματικές επιχειρήσεις. Εν συνεχεία, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω κανόνες έχουν ως σκοπό να διασφαλίσουν ότι οι ενισχύσεις που μπορούν να χορηγηθούν σε προβληματικές επιχειρήσεις πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι ενισχύσεις μπορούν να κηρυχθούν συμβατές με την εσωτερική αγορά, υπενθυμίζεται δε ότι η χορήγηση τέτοιων ενισχύσεων δεν συνιστά δικαίωμα των επιχειρήσεων, καθόσον η χορήγηση κρατικών ενισχύσεων απαγορεύεται, κατ’ αρχήν, από τη Συνθήκη ΛΕΕ, αλλά δυνατότητα που παρέχεται στις δημόσιες αρχές, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι ενισχύσεις αυτές επιδιώκουν έναν από τους σκοπούς κοινού συμφέροντος του άρθρου 107, παράγραφος 3, ΣΛΕΕ και πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από τη Συνθήκη ΛΕΕ. Συνεπώς, ειδικότερα, ενώ τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να χορηγούν ενισχύσεις που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΓΤΑΑ βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού 1305/2013, δεν είναι υποχρεωμένα να το πράξουν, αλλά, αντιθέτως, διαθέτουν προς τούτο περιθώριο διακριτικής ευχέρειας [πρβλ. αποφάσεις της 6ης Οκτωβρίου 2021, Lauku atbalsta dienests (Ενισχύσεις εκκίνησης γεωργικών επιχειρήσεων), C‑119/20 , EU:C:2021:817 , σκέψη , της 27ης Ιανουαρίου 2022, Sātiņi-S, C‑234/20 , EU:C:2022:56 , σκέψεις και , καθώς και της 27ης Ιανουαρίου 2022, Sātiņi-S, C‑238/20 , EU:C:2022:57 , σκέψη ]. Ωστόσο, η διακριτική αυτή ευχέρεια πρέπει να ασκείται εντός των ορίων των διατάξεων του παρόντος κανονισμού (πρβλ. απόφαση της 30ής Μαρτίου 2017, Lingurár, C‑315/16 , EU:C:2017:244 , σκέψη ) σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δικαίου της Ένωσης (βλ. κατ’ αναλογίαν, όσον αφορά χρηματοδότηση που μπορεί να χορηγηθεί βάσει άλλου ταμείου της Ένωσης εκτός του ΕΓΤΑΑ, απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2022, Zinātnes parks, C‑347/20 , EU:C:2022:59 , σκέψη ). Τέλος, συναφώς, η ειδική μεταχείριση από τον κανονισμό 702/2014 στις προβληματικές επιχειρήσεις δεν μπορεί να θεωρηθεί, αυτή καθεαυτήν, ότι μπορεί να προσβάλει το δικαίωμα ιδιοκτησίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 17 του Χάρτη ή να παραβιάσει τις γενικές αρχές της ίσης μεταχείρισης και της αναλογικότητας. Πράγματι, αφενός, το Δικαστήριο έχει κρίνει ότι, εφόσον το δικαίωμα ιδιοκτησίας δεν συνιστά απόλυτο προνόμιο, η άσκησή του μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 52, παράγραφος 1, του Χάρτη, να υπόκειται σε περιορισμό που δικαιολογείται από σκοπό γενικού συμφέροντος αναγνωριζόμενο από την Ένωση, όπως αυτός που απορρέει από εθνικό μέτρο το οποίο έχει ληφθεί με σκοπό την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος δυνάμει των οδηγιών 92/43 ή 2009/147, χωρίς ωστόσο να απαιτείται να αποζημιωθεί σε κάθε περίπτωση το πρόσωπο του οποίου τα δικαιώματα κυριότητας υπόκεινται σε έναν τέτοιο περιορισμό και, ιδίως, να του χορηγηθεί ενίσχυση βάσει του άρθρου 30 του κανονισμού 1305/2013 (πρβλ. αποφάσεις της27ης Ιανουαρίου 2022, Sātiņi-S, C‑234/20 , EU:C:2022:56 , σκέψεις έως , και της 27ης Ιανουαρίου 2022, Sātiņi‑S, C‑238/20 , EU:C:2022:57 , σκέψεις έως ). Ωστόσο, όταν εθνικό μέτρο που θεσπίζεται με σκοπό την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος δυνάμει των οδηγιών 92/43 ή 2009/147 έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια της αξίας του συγκεκριμένου ακινήτου, με αποτέλεσμα να ισοδυναμεί με στέρηση κυριότητας, ο κύριος του ακινήτου αυτού έχει, λαμβανομένης υπόψη της ύπαρξης περίπτωσης εφαρμογής του δικαίου της Ένωσης, δικαίωμα αποζημίωσης σύμφωνα με το άρθρο 17 του Χάρτη (πρβλ. απόφαση της 9ης Ιουνίου 2016, Pesce κ.λπ., C‑78/16 και C‑79/16 , EU:C:2016:428 , σκέψεις και ). Αφετέρου, το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις των οποίων το δικαίωμα κυριότητας περιορίζεται από εθνικό μέτρο που θεσπίστηκε για την προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος δυνάμει των οδηγιών 92/43 ή 2009/147 μπορούν να λαμβάνουν ενισχύσεις των οποίων η συμβατότητα με την εσωτερική αγορά εξαρτάται από προϋποθέσεις οι οποίες διαφέρουν αναλόγως του αν είναι ή όχι προβληματικές δικαιολογείται από τη διαφορετική κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι δύο αυτές κατηγορίες επιχειρήσεων υπό το πρίσμα του δικαίου της Ένωσης περί κρατικών ενισχύσεων. Πράγματι, λαμβανομένων υπόψη των οικονομικών ή χρηματοπιστωτικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις αυτές, είναι δικαιολογημένη η εξάρτηση της εξέτασης της συμβατότητας με την εσωτερική αγορά των ενισχύσεων που μπορούν να τους χορηγηθούν από ειδικές προϋποθέσεις, οι οποίες παρέχουν τη δυνατότητα να συνεκτιμηθούν οι δυσχέρειές τους και οι ενδεχόμενες επιπτώσεις των δυσχερειών (βλ. κατ’ αναλογίαν, όσον αφορά τη μη δυνατότητα εφαρμογής σε προβληματικές επιχειρήσεις άλλου κανονισμού απαλλαγής εκτός από τον κανονισμό 702/2014, απόφαση της 27ης Ιανουαρίου 2022, Zinātnes parks, C‑347/20 , EU:C:2022:59 , σκέψεις έως και ). Επιπλέον, η μη εφαρμογή της απαλλαγής που προβλέπει ο κανονισμός 702/2014 στις προβληματικές επιχειρήσεις δεν προκύπτει ότι αντίκειται στη γενική αρχή της αναλογικότητας. Πράγματι, ανεξαρτήτως του πρόσφορου χαρακτήρα της, ο οποίος συνάγεται από την προηγούμενη σκέψη της παρούσας απόφασης, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι η μη εφαρμογή της απαλλαγής βαίνει πέραν του αναγκαίου μέτρου για την επίτευξη του σκοπού που επιδιώκει, στο μέτρο που, όπως επισημάνθηκε στις σκέψεις 79 και 88 της απόφασης αυτής, δεν εμποδίζει τη χορήγηση στις επιχειρήσεις αυτές ενίσχυσης στη δασοκομία ή ενίσχυσης σε προβληματικές επιχειρήσεις, εφόσον η ενίσχυση αυτή πληροί τις προϋποθέσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις του δικαίου περί κρατικών ενισχύσεων που έχουν εφαρμογή στις εν λόγω επιχειρήσεις. Κατόπιν όλων των ανωτέρω σκέψεων, στο δεύτερο προδικαστικό ερώτημα πρέπει να δοθεί η απάντηση ότι ο κανονισμός 702/2014 έχει την έννοια ότι αποκλείεται να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά, δυνάμει του κανονισμού αυτού, ενίσχυση την οποία ζήτησε βάσει του κανονισμού 1305/2013, για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε εντός δάσους προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, μια προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 14, του κανονισμού 702/2014. Επί των δικαστικών εξόδων Δεδομένου ότι η παρούσα διαδικασία έχει ως προς τους διαδίκους της κύριας δίκης τον χαρακτήρα παρεμπίπτοντος που ανέκυψε ενώπιον του αιτούντος δικαστηρίου, σ’ αυτό εναπόκειται να αποφανθεί επί των δικαστικών εξόδων. Τα έξοδα στα οποία υποβλήθηκαν όσοι υπέβαλαν παρατηρήσεις στο Δικαστήριο, πλην των ως άνω διαδίκων, δεν αποδίδονται. Για τους λόγους αυτούς, το Δικαστήριο (έβδομο τμήμα) αποφαίνεται: 1) Το άρθρο 30 του κανονισμού (ΕΕ) 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου, έχει την έννοια, λαμβανομένης ιδίως υπόψη της παραγράφου του 6, ότι η ενίσχυση που ζητείται για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε σε δάσος προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 2009, περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών, εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης. 2) Ο κανονισμός (ΕΕ) 702/2014 της Επιτροπής, της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας και δασοκομίας και σε αγροτικές περιοχές συμβιβάσιμων με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 [ΣΛΕΕ], έχει την έννοια ότι αποκλείεται να κηρυχθεί συμβατή με την εσωτερική αγορά, δυνάμει του κανονισμού αυτού, ενίσχυση την οποία ζήτησε βάσει του κανονισμού 1305/2013, για μικροβιότοπο που δημιουργήθηκε εντός δάσους προς επίτευξη των σκοπών της οδηγίας 2009/147, μια προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια του άρθρου 2, σημείο 14, του κανονισμού 702/2014. (υπογραφές) ( *1 ) Γλώσσα διαδικασίας: η λεττονική.

62018CJ0634

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje ( OL L 335, 2004, p. 8 ), 4 straipsnio 2 dalies a punkto, siejamo su šio pamatinio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies c punktu, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos (toliau – Chartija) 20, 21 ir 49 straipsnių išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant baudžiamąją bylą prieš JI, iškeltą dėl neteisėto didelio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekio laikymo. Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Pamatinio sprendimo 2004/757 3 ir 4 konstatuojamosios dalys suformuluotos taip: „(3) Reikia priimti būtiniausias taisykles, susijusias su neteisėtos prekybos narkotikais ir prekursoriais nusikaltimų sudėties požymiais, kurios Sąjungos lygiu leis laikytis bendro požiūrio į kovą su tokia prekyba. (4) Pagal subsidiarumo principą Europos Sąjungos veiksmai turėtų būti sutelkti į sunkiausius su narkotikais susijusius nusikaltimus. Su asmeniniu vartojimu susijusio tam tikro elgesio neįtraukimas į šio pamatinio sprendimo taikymo sritį nereiškia, kad [Europos Sąjungos] Taryba valstybėms narėms rekomenduoja taip spręsti šiuos kitus atvejus savo nacionaliniuose teisės aktuose.“ Šio pamatinio sprendimo 2 straipsnyje „Nusikaltimai, susiję su neteisėta prekyba narkotikais ir prekursoriais“ nustatyta: „1.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų baudžiamumą už šią tyčinę veiką, neturint į ją teisės [už šią neteisėtą tyčinę veiką]: a) narkotikų gaminimą, gamybą, gavybą, ruošimą, pasiūlymą, pasiūlymą turint tikslą parduoti, platinimą, pardavimą, pristatymą bet kokiomis sąlygomis, pardavimą tarpininkaujant, siuntimą, siuntimą tranzitu, gabenimą, importavimą ar eksportavimą; <…> c) narkotikų laikymą ar pirkimą, siekiant užsiimti viena iš a punkte nurodytų veiklų; <…> 2.   Šio straipsnio 1 dalyje apibūdinta veika neįtraukiama į šio pamatinio sprendimo taikymo sritį, kai šios veikos kaltininkai [jei šią veiką padarę asmenys] tai darė išimtinai savo pačių asmeniniam vartojimui, kaip apibrėžta nacionalinėje teisėje.“ Minėto pamatinio sprendimo 4 straipsnyje „Bausmės“ numatyta: „1.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių, siekdama užtikrinti, kad už 2 ir 3 straipsniuose apibrėžtus nusikaltimus būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis bausmėmis. Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog už 2 straipsnyje nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama įkalinimo bausmėmis, kurių ilgiausias laikas ne mažiau kaip 1–3 metai. 2.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių, kad užtikrintų, jog už 2 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytus nusikaltimus būtų baudžiama įkalinimo bausmėmis, kurių ilgiausias laikas ne mažiau kaip 5–10 metų, kiekvienos iš šių aplinkybių atveju: a) nusikaltimas susijęs su dideliais narkotikų kiekiais; <…>“ Lenkijos teisė Pagal 2005 m. liepos 29 d. Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (Įstatymas dėl kovos su narkomanija, Dz. U ., 2005, Nr. 179, 1485 pozicija) 62 straipsnio 1 dalį už narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymą baudžiama laisvės atėmimu iki trejų metų. Pagal Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalį, jei laikomas didelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekis, nusikalstamą veiką padaręs asmuo baudžiamas laisvės atėmimu nuo vienų iki dešimties metų. Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai Prokuratura Rejonowa w Słupsku (Slupsko apylinkės prokuratūra, Lenkija) prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme, t. y. Sąd Rejonowy w Słupsku (Slupsko apylinkės teismas, Lenkija) iškėlė JI baudžiamąją bylą dėl, be kita ko, Įstatymo dėl kovos su narkotikais 62 straipsnio 2 dalyje numatytos veikos, t. y. didelio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekio laikymo 2016 m. lapkričio 7 d. Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad JI šias medžiagas laikė asmeniniam naudojimui. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad Pamatiniame sprendime 2004/757 sąvoka „dideli narkotikų kiekiai“, kaip ji suprantama pagal jo 4 straipsnio 2 dalies a punktą, nėra apibrėžta. Jis patikslina, kad Pamatinis sprendimas 2004/757 buvo įgyvendintas Įstatymu dėl kovos su narkomanija, visų pirma jo 62 straipsnio 2 dalimi, kurioje numatyta, kad už didelio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekio laikymą baudžiama laisvės atėmimu nuo vienų iki dešimties metų. Vis dėlto prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad ir šioje nuostatoje nėra apibrėžiama sąvoka „didelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekis“, atitinkanti į nacionalinę teisę perkeltą Pamatinio sprendimo 2004/757 4 straipsnio 2 dalies a punkte pateiktą sąvoką „dideli narkotikų kiekiai“. Jis patikslina, kad nacionalinėje jurisprudencijoje nustatyti tam tikri kriterijai, pagal kuriuos nustatoma, ar Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalyje nurodyta sąvoka apima nusikalstamą veiką padariusio asmens laikomą narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekį. Tačiau ši sąvoka yra neaiški ir kiekvienu konkrečiu atveju ją aiškina nacionaliniai teismai. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo teigimu, iš to išplaukia, kad asmenys, kurie laiko panašius narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekius, gali būti vertinami skirtingai, atsižvelgiant į tai, kaip šią sąvoką aiškintų bylą nagrinėjantis teismas, o taip galėtų būti pažeistas lygybės prieš įstatymą principas. Jis taip pat pažymi: kadangi Pamatiniame sprendime 2004/757 sąvoka „dideli narkotikų kiekiai“, kaip ji suprantama pagal jo 4 straipsnio 2 dalies a punktą, neapibrėžiama, taikydamos šią sąvoką valstybės narės turi didelę diskreciją, o tai gali lemti situaciją, kai Europos Sąjungos piliečiai bus vertinami skirtingai, nelygu kurioje valstybėje narėje jie padaro nusikalstamą veiką. Be to, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla abejonių dėl Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalies atitikties nullum crimen, nulla poena sine lege principui, įtvirtintam 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašytos Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos (toliau – EŽTK) 7 straipsnyje. Šiomis aplinkybėmis Sąd Rejonowy w Słupsku (Slupsko apylinkės teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1. Ar [Pamatinio sprendimo 2004/757] 4 straipsnio 2 dalies a punkte kartu su 2 straipsnio 1 dalies c punktu įtvirtintos ES teisės normos turi būti aiškinamos taip, kad šiomis nuostatomis nedraudžiama aiškinti sąvoką „didelis narkotikų kiekis“ kiekvienu konkrečiu atveju, kai nacionalinis teismas atlieka individualų vertinimą, o atliekant tokį vertinimą nebūtina taikyti jokio objektyvaus kriterijaus ir visų pirma nustatyti, ar nusikalstamą veiką padaręs asmuo laiko narkotikų veiklai, kuriai taikoma minėto Pamatinio sprendimo 4 straipsnio 2 dalies a punkto norma, vykdyti, būtent gaminti, siūlyti, parduoti, platinti, tarpininkauti ir tiekti bet kokiomis sąlygomis? 2. Ar teisminės apsaugos priemonės, būtinos ES teisės normų, nustatytų [Pamatiniame sprendime 2004/757], visų pirma 4 straipsnio 2 dalies a punkte kartu su 2 straipsnio 1 dalies c punktu, veiksmingumui ir efektyvumui užtikrinti, kai [Įstatyme dėl kovos su narkomanija] nėra tikslios „didelio narkotikų kiekio“ sąvokos apibrėžties ir šis klausimas paliktas aiškinti konkrečią bylą nagrinėjančiam teismui vadovaujantis „teismo turima diskrecija“, yra pakankamos siekiant užtikrinti Lenkijos piliečiams veiksmingą apsaugą pagal ES teisės normas, nustatančias minimalias nuostatas, įtvirtinančias nusikalstamos veikos ir bausmių sudėties požymius neteisėtos prekybos narkotikais srityje? 3. Ar nacionalinės teisės norma, numatyta Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalyje, atitinka ES teisę, visų pirma [normą], įtvirtintą [Pamatinio sprendimo 2004/757] 4 straipsnio 2 dalies a punkte, siejamame su 2 straipsnio 1 dalies c punktu, ir, jeigu taip, ar Lenkijos nacionalinių teismų pateiktam „didelio psichotropinių medžiagų ir narkotinių medžiagų kiekio“ sąvokos aiškinimui neprieštarauja ES teisės norma [ar Lenkijos nacionalinių teismų pateiktas „didelio psichotropinių medžiagų ir narkotinių medžiagų kiekio“ sąvokos aiškinimas nedraudžiamas pagal ES teisės normą], pagal kurią asmeniui, įvykdžiusiam nusikaltimą, susijusį su didelio narkotikų kiekio laikymu siekiant vykdyti veiklą, numatytą [Pamatinio sprendimo 2004/757] 2 straipsnio 1 dalies c punkte, taikoma griežtesnė baudžiamoji atsakomybė? 4. Ar [Įstatymo dėl kovos su narkomanija] 62 straipsnio 2 dalis, kurioje numatyta griežtesnė baudžiamoji atsakomybė už didelio psichotropinių medžiagų ir narkotinių medžiagų laikymą, kaip jį aiškina Lenkijos teismai, prieštarauja lygybės ir nediskriminavimo principams ([EŽTK] 14 straipsnis ir [Chartijos] 20 ir 21 straipsniai, siejami su ESS 6 straipsnio 1 dalimi)?“ Dėl Teisingumo Teismo jurisdikcijos Pirma, Slupsko apylinkės prokuratūra ginčija Teisingumo Teismo jurisdikciją nagrinėti šį prašymą priimti prejudicinį sprendimą, motyvuodama tuo, kad prejudiciniais klausimais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia, kad Teisingumo Teismas, pirma, išaiškintų nacionalinės teisės nuostatą, t. y. Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalį, ir, antra, pateiktų savo nuomonę dėl šios nuostatos atitikties Pamatiniam sprendimui 2004/757, o ne to, kad išaiškintų Sąjungos teisę. Šiuo klausimu reikia konstatuoti, kad kai kuriuose savo klausimuose prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas Teisingumo Teismo prašo pateikti nuomonę dėl Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalies atitikties Sąjungos teisei. Vis dėlto, nors pagal SESV 267 straipsnyje numatytą procedūrą Teisingumo Teismas neturi vertinti nacionalinės teisės aktų atitikties Sąjungos teisei ar aiškinti nacionalinių įstatymų ar kitų teisės aktų, jis turi kompetenciją prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui nurodyti visus Sąjungos teisės aiškinimo aspektus, kurie leistų šiam teismui įvertinti tokią atitiktį ir priimti sprendimą nagrinėjamoje byloje (2019 m. rugsėjo 18 d. Sprendimo VIPA, C‑222/18 , EU:C:2019:751 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Taigi šioje byloje Teisingumo Teismas turi ribotai nagrinėti Sąjungos teisės nuostatas, pateikdamas tik tokį šių nuostatų išaiškinimą, kuris būtų naudingas prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui, turinčiam įvertinti nacionalinės teisės nuostatų atitiktį minėtai teisei, kad galėtų priimti sprendimą savo nagrinėjamoje byloje (2017 m. liepos 26 d. Sprendimo Europa Way ir Persidera, C‑560/15 , EU:C:2017:593 , punktas). Atsižvelgiant į pateiktų klausimų formuluotę ir nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą motyvus, šiuos klausimus reikia suprasti kaip susijusius su Pamatinio sprendimo 2004/757 2 straipsnio 1 dalies c punkto, 4 straipsnio 2 dalies a punkto, taip pat Chartijos 20, 21 ir 49 straipsnių išaiškinimu, todėl reikia atmesti Slupsko apylinkės prokuratūros pateiktą prieštaravimą, grindžiamą jurisdikcijos neturėjimu. Antra, Slupsko apylinkės prokuratūra, Lenkijos, Ispanijos, Švedijos vyriausybės ir Europos Komisija mano, kad į pateiktus klausimus atsakyti nereikia, nes JI situacija nepatenka į Pamatinio sprendimo 2004/757 taikymo sritį. Jų nuomone, iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad JI persekiojamas tik už narkotikų laikymą asmeniniam vartojimui, o tai pagal Pamatinio sprendimo 2004/757 2 straipsnio 2 dalį yra į jo taikymo sritį nepatenkantis elgesys. Šiuo klausimu pažymėtina, kad pagal Pamatinio sprendimo 2004/757 2 straipsnio 2 dalį į šio pamatinio sprendimo taikymo sritį nepatenka narkotikų laikymas išimtinai asmeniniam vartojimui, kaip antai apibrėžtas nacionalinės teisės aktuose. Nagrinėjamu atveju iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, pirma, kad JI persekiojamas už didelio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekio laikymą, kuris patenka į Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalyje numatytos nusikalstamos veikos sudėtį, ir, antra, kad šias medžiagas jis laikė asmeniniam vartojimui. Taigi tokia situacija nepatenka į Pamatinio sprendimo 2004/757 taikymo sritį. Šiomis aplinkybėmis reikia priminti, kad Teisingumo Teismas ne kartą yra nurodęs, jog turi jurisdikciją priimti prejudicinį sprendimą dėl klausimų, susijusių su Sąjungos teisės nuostatomis, kai pagrindinėms bylos aplinkybėms ši teisė netaikoma ir dėl to jų atžvilgiu kompetentingos yra tik valstybės narės, tačiau kai pagal nacionalinę teisę minėtas Sąjungos teisės nuostatas galima taikyti dėl nacionalinėje teisėje esančios nuorodos į šių nuostatų turinį (2012 m. liepos 12 d. Sprendimo SC Volksbank România, C‑602/10 , EU:C:2012:443 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Teisingumo Teismas, be kita ko, šiuo klausimu pažymėjo, kad kai reglamentuojant vien vidaus pobūdžio situacijas nacionalinis teisės aktų leidėjas priima tokius pačius sprendimus, kokie priimti Europos Sąjungos teisėje, kad, pavyzdžiui, išvengtų savo piliečių diskriminacijos ir galimo konkurencijos iškraipymo arba užtikrintų vienodą procedūrą panašių situacijų atveju, taip pat siekiant išvengti aiškinimo skirtumų ateityje, egzistuoja tam tikras interesas Sąjungos teisės nuostatas ar sąvokas aiškinti vienodai, neatsižvelgiant į jų taikymo sąlygas (2012 m. liepos 12 d. Sprendimo SC Volksbank România, C‑602/10 , EU:C:2012:443 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Taigi Teisingumo Teismo atliekamas Sąjungos teisės nuostatų aiškinimas, esant į šios teisės taikymo sritį nepatenkančioms situacijoms, pateisinamas, jei šios nuostatos, vadovaujantis nacionaline teise, tiesiogiai ir besąlygiškai taikomos tokioms situacijoms, siekiant užtikrinti vienodą jų ir Sąjungos teisės reglamentuojamų situacijų vertinimą (2012 m. spalio 18 d. Sprendimo Nolan, C‑583/10 , EU:C:2012:638 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Šiuo atveju iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad Lenkijos teisėje Pamatinis sprendimas 2004/757 buvo įgyvendintas Įstatymu dėl kovos su narkomanija. Konkrečiai kalbant, iš prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nurodytos informacijos ir Lenkijos vyriausybės per posėdį Teisingumo Teisme pateiktų paaiškinimų matyti, kad šio įstatymo 62 straipsnio 2 dalimi į vidaus teisę buvo perkeltas minėto pamatinio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies a punktas ir to pamatinio sprendimo 4 straipsnio 2 dalies a punkte pavartota sąvoka „dideli narkotikų kiekiai“. Kaip per posėdį Teisingumo Teisme nurodė Slupsko apylinkės prokuratūra ir Lenkijos vyriausybė, Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalyje yra numatyta atsakomybė už bet kokį didelio narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekio laikymą asmeniniam vartojimui arba kitiems tikslams, t. y. be kita ko, siekiant vykdyti vieną iš Pamatinio sprendimo 2004/757 2 straipsnio 1 dalies a punkte išvardytų veikų. Kadangi su „didelių narkotikų kiekių“ laikymu, kaip jis suprantamas pagal Pamatinio sprendimo 2004/757 4 straipsnio 2 dalies a punktą, susijusi sunkinanti aplinkybė pagal Įstatymą dėl kovos su narkomanija taikoma veiksmams, nepatenkantiems į šio pamatinio sprendimo taikymo sritį, t. y. narkotikų laikymui išimtinai asmeniniam vartojimui, egzistuoja akivaizdus interesas vienodai aiškinti šią Sąjungos teisės nuostatą. Tokiomis aplinkybėmis Teisingumo Teismas turi jurisdikciją atsakyti į prejudicinius klausimus. Dėl prejudicinių klausimų Savo klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar Pamatinio sprendimo 2004/757 4 straipsnio 2 dalies a punktas, siejamas su jo 2 straipsnio 1 dalies c punktu, taip pat Chartijos 20, 21 ir 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos valstybei narei draudžiama kvalifikuoti kaip nusikalstamą veiką didelio narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekio laikymą tiek asmeninio vartojimo, tiek neteisėtos prekybos narkotikais tikslais, paliekant nacionaliniams teismams kiekvienu konkrečiu atveju spręsti dėl sąvokos „didelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekis“ aiškinimo. Šiuo klausimu reikia pažymėti, kad Pamatinis sprendimas 2004/757 buvo priimtas, be kita ko, remiantis ES 31 straipsnio 1 dalies e punktu, kuriame visų pirma numatyta, kad bendrais veiksmais teismų bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityje siekiama laipsniškai imtis priemonių, nustatančių būtiniausias taisykles, susijusias su nusikalstamų veikų sudėties požymiais ir bausmėmis, taikomų neteisėtos prekybos narkotikais srityje. Be to, iš Pamatinio sprendimo 2004/757 3 konstatuojamosios dalies matyti, kad jame nustatomos būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais ir prekursoriais srityje, kurios Sąjungos lygiu leis laikytis bendro požiūrio kovojant su neteisėta prekyba narkotikais. Konkrečiai kalbant, iš Pamatinio sprendimo 2004/757 2 straipsnio 1 dalies a ir c punktų ir jo 4 straipsnio 1 dalies matyti, kad narkotikų laikymas siekiant jų gaminimo, gamybos, gavybos, ruošimo, siūlymo, siūlymo turint tikslą parduoti, platinimo, pardavimo, pristatymo bet kokiomis sąlygomis, pardavimo tarpininkaujant, siuntimo, siuntimo tranzitu, gabenimo, importavimo ar eksportavimo turi būti laikomas nusikalstama veika, už kurią baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausias laikas ne mažiau kaip nuo vienų iki trejų metų. Be to, iš minėto pamatinio sprendimo 4 straipsnio 2 dalies a punkto matyti, kad valstybės narės už šią nusikalstamą veiką, jeigu ji susijusi su „dideliais narkotikų kiekiais“, turi taikyti laisvės atėmimo bausmę, kurios ilgiausias laikas ne mažiau kaip nuo penkerių iki dešimties metų. Šiomis aplinkybėmis, pirma, kaip matyti iš šio sprendimo 22 punkto, pagal Pamatinio sprendimo 2004/757 2 straipsnio 2 dalį į jo taikymo sritį nepatenka, be kita ko, narkotikų laikymas tik asmeniniam vartojimui, kaip antai apibrėžtas nacionalinės teisės aktuose. Antra, Pamatinio sprendimo 2004/757 4 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad su asmeniniu vartojimu susijusio tam tikro elgesio neįtraukimas į šio pamatinio sprendimo taikymo sritį nereiškia, kad Taryba valstybėms narėms rekomenduoja taip spręsti šiuos kitus atvejus savo nacionalinės teisės aktuose. Kaip savo išvados 47 punkte pažymėjo generalinė advokatė, iš to matyti, kad didelio narkotikų kiekio laikymą asmeniniam vartojimui valstybės narės gali vertinti kaip nusikalstamą veiką sunkinančiomis aplinkybėmis. Vis dėlto, kaip matyti iš šio sprendimo 12–14 punktų, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiam teismui kyla klausimas, ar Chartijos 20, 21 ir 49 straipsniuose įtvirtinti lygybės prieš įstatymą, nediskriminavimo ir nullum crimen, nulla poena sine lege principai turi būti aiškinami taip, jog pagal juos draudžiama, kad sąvoka „didelis narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekis“, numatyta Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalyje, kuria į vidaus teisę perkeliama Pamatinio sprendimo 2004/757 4 straipsnio 2 dalies a punkte įtvirtinta sąvoka „dideli narkotikų kiekiai“, būtų kiekvienu konkrečiu atveju aiškinama nacionalinių teismų, užuot buvusi apibrėžta nacionalinės teisės aktų leidėjo. Šiuo klausimu reikia priminti, kad pamatiniai sprendimai yra privalomi valstybėms narėms dėl rezultatų, kuriuos reikia pasiekti, paliekant nacionalinėms institucijoms galimybę pasirinkti jų įgyvendinimo formą ir būdus (šiuo klausimu žr. 2019 m. birželio 24 d. Sprendimo Popławski, C‑573/17 , EU:C:2019:530 , punktą). Reikia pažymėti, kad pagal Pamatinio sprendimo 2004/757 2 straipsnio 1 dalies a ir c punktus ir jo 4 straipsnio 2 dalies a punktą valstybėms narėms nustatytas tik toks įpareigojimas – už su neteisėta prekyba susijusį narkotikų laikymą, kai laikomi „dideli narkotikų kiekiai“, bausti laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausias laikas ne mažiau kaip nuo penkerių iki dešimties metų. Vis dėlto, viena vertus, šiame pamatiniame sprendime neapibrėžiama sąvoka „dideli narkotikų kiekiai“, kaip ji suprantama pagal jo 4 straipsnio 2 dalies a punktą. Kita vertus, kaip matyti iš šio sprendimo 32 ir 33 punktų, minėtas pamatinis sprendimas yra tik būtiniausio suderinimo priemonė. Vadinasi, valstybės narės turi didelę diskreciją, kaip taikyti šią sąvoką savo nacionalinėje teisėje. Įgyvendindamos Sąjungos teisę valstybės narės pagal Chartijos 51 straipsnio 1 dalį privalo paisyti joje užtikrinamų pagrindinių teisių, be kita ko, įtvirtintų Chartijos 20, 21 ir 49 straipsniuose (šiuo klausimu žr. 2013 m. vasario 26 d. Sprendimo Åkerberg Fransson, C‑617/10 , EU:C:2013:105 , ir punktus). Pirmiausia reikia priminti, kad pagal Chartijos 20 ir 21 straipsniuose įtvirtintus lygybės prieš įstatymą ir nediskriminavimo principus reikalaujama, kad panašios situacijos nebūtų vertinamos skirtingai, o skirtingos – vienodai, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas (2007 m. gegužės 3 d. Sprendimo Advocaten voor de Wereld, C‑303/05 , EU:C:2007:261 , punktas). Nagrinėjamu atveju reikia konstatuoti, pirma, kad Įstatymo dėl kovos su narkomanija 62 straipsnio 2 dalyje numatant, jog už didelio narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekio laikymą baudžiama laisvės atėmimu nuo vienų iki dešimties metų, nėra įtvirtinamas skirtingas požiūris į asmenis, tariamai padariusius šią nusikalstamą veiką. Antra, kaip savo išvados 62 punkte pažymėjo generalinė advokatė, tai, kad nacionaliniai teismai, aiškindami ir taikydami nacionalinės teisės nuostatą, naudojasi tam tikra diskreciją, savaime nereiškia, kad pažeidžiami Chartijos 20 ir 21 straipsniai. Galiausiai, trečia, kaip matyti iš šio sprendimo 32 ir 33 punktų, Pamatiniame sprendime 2004/757 nustatytos tik būtiniausios taisyklės dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais ir prekursoriais srityje. Vadinasi, tai, kad įvairiose nacionalinės teisės sistemose šis pamatinis sprendimas įgyvendinamas skirtingomis priemonėmis, negali būti laikoma nediskriminavimo principo pažeidimu (pagal analogiją žr. 2007 m. gegužės 3 d. Teisingumo Teismo sprendimo Advocaten voor de Wereld, C‑303/05 , EU:C:2007:261 , ir punktus). Tada dėl Chartijos 49 straipsnio 1 dalyje numatyto nullum crimen, nulla poena sine lege principo reikia priminti, kad šis principas buvo įtvirtintas, be kita ko, EŽTK 7 straipsnio 1 dalyje (šiuo klausimu žr. 2017 m. gruodžio 5 d. Sprendimo M.A.S. ir M.B., C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punktą). Pagal Chartijos 52 straipsnio 3 dalį jos 49 straipsnyje užtikrinamos teisės esmė ir taikymo sritis yra tokia pati kaip EŽTK užtikrinamos teisės. Pagal šį principą baudžiamosios teisės nuostatos turi atitikti tam tikrus prieinamumo ir numatomumo reikalavimus, kiek tai susiję su nusikalstamos veikos apibrėžtimi ir bausmės nustatymu (2017 m. gruodžio 5 d. Sprendimo M.A.S. ir M.B., C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Iš to matyti, kad įstatyme turi būti aiškiai apibrėžtos nusikalstamos veikos ir už jas skiriamos bausmės. Ši sąlyga laikoma įvykdyta, jei teisės subjektas iš atitinkamos nuostatos teksto ir prireikus iš teismų pateikto išaiškinimo gali žinoti, kurie veiksmai ar neveikimas užtraukia baudžiamąją atsakomybę (šiuo klausimu žr. 2008 m. birželio 3 d. Sprendimo Intertanko ir kt., C‑308/06 , EU:C:2008:312 , punktą ir 2017 m. gruodžio 5 d. Sprendimo M.A.S. ir M.B., C‑42/17 , EU:C:2017:936 , punktą). Be to, nulla poena sine lege certa principas negali būti aiškinamas taip, kad juo draudžiama jurisprudencijoje laipsniškai aiškinti baudžiamosios atsakomybės taisykles, jei tokį aiškinimą galima protingai numatyti (2017 m. kovo 28 d. Sprendimo Rosneft, C‑72/15 , EU:C:2017:236 , punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Taigi nullum crimen, nulla poena sine lege principą reikia aiškinti taip, kad pagal jį valstybei narei nedraudžiama numatyti griežtesnių bausmių už „didelio narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekio“ laikymą, paliekant nacionaliniams teismams kiekvienu konkrečiu atveju spręsti dėl šios sąvokos aiškinimo, jei toks aiškinimas atitinka numatomumo reikalavimus, pavyzdžiui, nurodytus šio sprendimo 48–50 punktuose. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pateiktus klausimus reikia atsakyti, kad Pamatinio sprendimo 2004/757 4 straipsnio 2 dalies a punktas, siejamas su jo 2 straipsnio 1 dalies c punktu, taip pat Chartijos 20, 21 ir 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos valstybei narei nedraudžiama kvalifikuoti kaip nusikalstamos veikos didelio narkotinių medžiagų ar psichotropinių medžiagų kiekio laikymo asmeniniam vartojimui arba neteisėtos prekybos tikslais, paliekant nacionaliniams teismams kiekvienu konkrečiu atveju spręsti dėl sąvokos „didelis narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis“ aiškinimo, jei toks aiškinimas yra pagrįstai numatomas. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (pirmoji kolegija) nusprendžia: 2004 m. spalio 25 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2004/757/TVR, nustatančio būtiniausias nuostatas dėl nusikalstamų veikų sudėties požymių ir bausmių neteisėtos prekybos narkotikais srityje, 4 straipsnio 2 dalies a punktas, siejamas su šio pamatinio sprendimo 2 straipsnio 1 dalies c punktu, taip pat Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 20, 21 ir 49 straipsniai turi būti aiškinami taip, kad pagal juos valstybei narei nedraudžiama kvalifikuoti kaip nusikalstamos veikos didelio narkotinių medžiagų ar psichotropinių medžiagų kiekio laikymo asmeniniam vartojimui arba neteisėtos prekybos tikslais, paliekant nacionaliniams teismams kiekvienu konkrečiu atveju spręsti dėl sąvokos „didelis narkotinių ir psichotropinių medžiagų kiekis“ aiškinimo, jei toks aiškinimas yra pagrįstai numatomas. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: lenkų.

61996CJ0223

el

για τα δικαστικά έξοδα Επί των δικαστικών εξόδων 18 Σύμφωνα με το άρθρο 69, παράγραφος 2, του Κανονισμού Διαδικασίας, ο ηττηθείς διάδικος καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα εφόσον υπήρξε σχετικό αίτημα του νικήσαντος διαδίκου. Εν προκειμένω, η Επιτροπή έχει ζητήσει την καταδίκη της Γαλλικής Δημοκρατίας. Η τελευταία, δεδομένου ότι ηττήθηκε, πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα. Διατακτικό Για τους λόγους αυτούς, ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ (πέμπτο τμήμα) αποφασίζει: 1) Η Γαλλική Δημοκρατία, μη θεσπίζοντας τις νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις που ήσαν αναγκαίες για τη συμμόρφωσή της προς την οδηγία 91/156/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 18ης Μαρτίου 1991, για την τροποποίηση της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ περί των στερεών αποβλήτων, παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 2, παράγραφος 1, της οδηγίας. 2) Καταδικάζει τη Γαλλική Δημοκρατία στα δικαστικά έξοδα.

62016CJ0567

cs

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce se týká výkladu čl. 3 písm. b) a čl. 10 odst. 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky ( Úř. věst. 2009, L 152, s. 1 , dále jen „nařízení o DOO“), jakož i čl. 28 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků ( Úř. věst. 2001, L 311, s. 67 ), která byla změněna, pokud jde o farmakovigilanci, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010 ( Úř. věst. 2010, L 348, p. 74 ) (dále jen „směrnice 2001/83“). Tato žádost byla předložena v rámci sporu mezi společností Merck Sharp & Dohme Corporation (dále jen „MSD“) a Comptroller General of Patents, Designs and Trademarks (Generální kontrolní úřad pro patenty, průmyslové vzory a modely, Spojené království) (dále jen „Kontrolní úřad“) ohledně toho, že Kontrolní úřad zamítl žádost o dodatkové ochranné osvědčení podanou společností MSD z důvodu, že neodpovídala požadavkům obsaženým v čl. 3 písm. b) nařízení o DOO z důvodu chybějícího rozhodnutí o registraci léčivého přípravku „Atozet“ ve Spojeném království, což je nedostatek, jenž nebylo podle Kontrolního úřadu možno odstranit na základě čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO. Právní rámec Unijní právo Směrnice 2001/83 Body 2, 3 a 6 odůvodnění směrnice 2001/83 zní takto: „(2) Hlavním cílem jakýchkoliv pravidel pro výrobu, distribuci a používání léčivých přípravků musí být ochrana veřejného zdraví. (3) Tohoto cíle však musí být dosaženo prostředky, které nebudou bránit rozvoji farmaceutického průmyslu nebo obchodu s léčivými přípravky ve Společenství. […] (6) Aby se zmenšily zbývající rozdíly, měla by být stanovena pravidla pro kontrolu léčivých přípravků a měly by být upřesněny povinnosti kladené na příslušné orgány členských států za účelem zajištění dodržování právních předpisů.“ Podle čl. 6 odst. 1 této směrnice platí, že „[ž]ádný léčivý přípravek nesmí být uveden na trh v členském státě, aniž by příslušný orgán daného členského státu vydal rozhodnutí o registraci v souladu s touto směrnicí […]“. Článek 17 odst. 1 uvedené směrnice stanoví: „Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření pro zajištění toho, aby bylo řízení o registraci léčivých přípravků uzavřeno v maximální lhůtě 210 dnů ode dne podání platné žádosti. Žádosti o registrace téhož léčivého přípravku ve dvou a více členských státech se podávají podle článků 28 až 39.“ Článek 28 téže směrnice stanoví: „1.   K udělení registrace léčivého přípravku ve více než jednom členském státě podá žadatel v těchto členských státech žádost založenou na totožné registrační dokumentaci. Registrační dokumentace obsahuje informace a dokumenty uvedené v článcích 8, 10, 10a, 10b, 10c a 11. Předložené dokumenty obsahují seznam členských států, kterých se žádost týká. Žadatel požádá jeden členský stát, aby jednal jako ‚referenční členský stát‘ a aby připravil zprávu o hodnocení léčivého přípravku podle odstavce 2 nebo 3. 2.   Pokud léčivý přípravek již byl v okamžiku podání žádosti registrován, uzná daný členský stát registraci udělenou referenčním členským státem. Za tímto účelem požádá držitel rozhodnutí o registraci referenční členský stát, aby buď připravil zprávu o hodnocení léčivého přípravku, nebo aby v případě potřeby aktualizoval stávající zprávu o hodnocení. Referenční členský stát připraví nebo aktualizuje zprávu o hodnocení do 90 dnů od obdržení platné žádosti. Zpráva o hodnocení společně se schváleným souhrnem údajů o přípravku, označením na obalech a příbalovou informací se zašle danému členskému státu a žadateli. 3.   V případě, že léčivý přípravek v okamžiku podání žádosti registrován nebyl, požádá žadatel referenční členský stát, aby připravil návrh zprávy o hodnocení, návrh souhrnu údajů o přípravku a návrhy označení na obalech a příbalové informace. Referenční členský stát připraví návrhy těchto dokumentů do 120 dnů od obdržení platné žádosti a zašle je daným členským státům a žadateli. 4.   Do 90 dnů od obdržení dokumentů uvedených v odstavcích 2 a 3 schválí dotyčné členské státy zprávu o hodnocení, souhrn údajů o přípravku, označení na obalech a příbalovou informaci a uvědomí o tom referenční členský stát. Referenční členský stát zaznamená dohodu všech stran, uzavře postup a vyrozumí o tom žadatele. 5.   Každý členský stát, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 1, přijme do 30 dnů od potvrzení shody rozhodnutí v souladu se schválenou zprávou o hodnocení a souhrnem údajů o přípravku, označením na obalech a příbalovou informací v podobě, v jaké byly schváleny.“ Článek 29 odst. 1 směrnice 2001/83 stanoví: „Jestliže v době stanovené v čl. 28 odst. 4 nemůže členský stát schválit zprávu o hodnocení, souhrn údajů o přípravku, označení na obalech a příbalovou informaci z důvodů potenciálního závažného rizika pro veřejné zdraví, předá podrobné odůvodnění svého postoje referenčnímu členskému státu, ostatním dotčeným členským státům a žadateli. Body, na něž je rozdílný názor, se neprodleně předloží koordinační skupině.“ Nařízení o DOO Body 4, 5, 8 a 10 odůvodnění nařízení o DOO zní následovně: „(4) V současné době v důsledku období, které uplyne mezi podáním patentové přihlášky na nový léčivý přípravek a jeho registrací, nepostačuje doba skutečné patentové ochrany k pokrytí investic vložených do výzkumu. (5) Tato situace vede k nedostatku ochrany, který postihuje farmaceutický výzkum. […] (8) Je tedy nezbytné stanovit dodatkové ochranné osvědčení vydávané jednotlivými členskými státy za stejných podmínek na žádost majitele vnitrostátního nebo evropského patentu pro léčivý přípravek, který byl registrován. Nařízení je tedy nejvhodnějším právním nástrojem. […] (10) Měly by tedy být zohledněny všechny zájmy, včetně veřejného zdraví, existující v odvětví tak komplexním a citlivém, jako je farmaceutické odvětví. Za tímto účelem nemůže být osvědčení vydáváno na dobu delší pěti let. Ochrana poskytovaná osvědčením by kromě toho měla být přísně omezena na výrobek, který byl registrován jako léčivý přípravek.“ Článek 1 tohoto nařízení, nadepsaný „Definice“, stanoví: „Pro účely tohoto nařízení se rozumí: a) ‚léčivým přípravkem‘ jakákoliv látka nebo kombinace látek určená k léčení nebo k předcházení nemoci u lidí […]; b) ‚výrobkem‘ účinná látka nebo kombinace účinných látek léčivého přípravku; c) ‚základním patentem‘ patent, který chrání výrobek jako takový, postup získání výrobku nebo způsob použití výrobku a který je svým majitelem určen pro účely řízení o vydání osvědčení; d) ‚osvědčením‘ dodatkové ochranné osvědčení; […]“ Článek 3 uvedeného nařízení, nadepsaný „Podmínky pro získání osvědčení“, stanoví: „Osvědčení se vydá, pokud v členském státě, ve kterém je podána žádost uvedená v článku 7, ke dni předložení žádosti: a) je výrobek chráněn platným základním patentem; b) byl výrobek platně registrován [výrobek získal platné rozhodnutí o registraci] jako léčivý přípravek v souladu se směrnic[i] [2001/83] […]; c) výrobek nebyl dosud předmětem osvědčení; d) je registrace uvedená v písmenu b) první registrací tohoto výrobku jako léčivého přípravku.“ Článek 7 nařízení o DOO, nadepsaný „Žádost o osvědčení“, stanoví: „1.   Žádost o osvědčení musí být podána ve lhůtě šesti měsíců počítané ode dne, ke kterému byl výrobek registrován jako léčivý přípravek ve smyslu čl. 3 písm. b). […] 3.   Žádost o prodloužení doby platnosti je možné podat, pokud se podává žádost o osvědčení a jsou splněny příslušné požadavky čl. 8 odst. 1 písm. d) nebo pokud žádost o osvědčení není dosud vyřízena a jsou splněny příslušné požadavky čl. 8 odst. 2. 4.   Žádost o prodloužení doby platnosti již uděleného osvědčení se podává nejpozději dva roky před uplynutím doby platnosti osvědčení. 5.   Aniž je dotčen odstavec 4, po dobu pěti let ode dne vstupu nařízení [Evropského parlamentu a Rady] (ES) č. 1901/2006 [ze dne 12. prosince 2006 o léčivých přípravcích pro pediatrické použití a o změně nařízení (EHS) č. 1768/92, směrnice 2001/20/ES, směrnice 2001/83/ES a nařízení (ES) č. 726/2004 ( Úř. věst. 2006, L 378, s. 1 )] v platnost se žádost o prodloužení doby platnosti již uděleného osvědčení podává nejpozději šest měsíců před uplynutím doby platnosti osvědčení.“ Článek 8 tohoto nařízení stanoví: „1.   Žádost o osvědčení obsahuje: a) žádost o vydání osvědčení, v níž je zejména uvedeno: […] iv) číslo a datum první registrace podle čl. 3 písm. b), a není-li tato registrace první registrací ve Společenství, číslo a datum takové registrace; b) kopii rozhodnutí o registraci podle čl. 3 písm. b), ve kterém je výrobek identifikován, obsahující zejména číslo a datum registrace a souhrn údajů o výrobku podle článku 11 směrnice 2001/83/ES nebo článku 14 směrnice 2001/82/ES; c) není-li registrace uvedená v písmenu b) první registrací tohoto výrobku ve Společenství jako léčivého přípravku, údaje o identitě takto registrovaného výrobku a právní předpis, na jehož základě proběhlo registrační řízení, společně s kopií oznámení o registraci v příslušném úředním tisku; […]“ Článek 9 odst. 1 uvedeného nařízení zní: „Žádost o osvědčení se podává u příslušného úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, který udělil základní patent nebo pro který byl tento patent udělen a ve kterém byla získána registrace podle čl. 3 písm. b), pokud členský stát neurčil pro tento účel jiný orgán. Žádost o prodloužení doby platnosti osvědčení se podává u příslušného orgánu dotyčného členského státu.“ Článek 10 téhož nařízení uvádí: „[…] 2.   S výhradou odstavce 3 orgán uvedený v čl. 9 odst. 1 žádost o osvědčení zamítne, pokud žádost nebo produkt, který je jejím předmětem, nesplňují podmínky stanovené tímto nařízením. 3.   Nesplňuje-li žádost o osvědčení podmínky stanovené v článku 8, orgán uvedený v čl. 9 odst. 1 vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky, a popřípadě zaplatil poplatek. 4.   Nejsou-li ve stanovené lhůtě odstraněny nedostatky, popřípadě není-li zaplacen poplatek, k čemuž byl žadatel vyzván podle odstavce 3, žádost se zamítne. […]“ Článek 13 nařízení o DOO, nadepsaný „Doba platnosti osvědčení“, v odstavci 1 stanoví: „Osvědčení nabývá účinnosti uplynutím zákonem stanovené doby platnosti základního patentu pro dobu odpovídající době, která uplynula mezi dnem, ke kterému byla podána přihláška základního patentu, a dnem vydání první registrace ve Společenství, zkrácené o pět let.“ Právo Spojeného království Ve Spojeném království Human Medicines Regulations 2012 (nařízení z roku 2012 o humánních léčivých přípravcích), jímž byla provedena směrnice 2001/83, upravuje udělování rozhodnutí o registraci ze strany Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency (Agentura pro regulaci léčivých a zdravotnických přípravků, Spojené království). Spor v původním řízení a předběžné otázky MSD, společnost založená podle práva státu New Jersey (Spojené státy americké), je součástí skupiny farmaceutických společností, jejichž zastřešující společností je Merck & Co. Incorporated. Posledně uvedená společnost je majitelkou evropského patentu (UK) č. EP 0 720599, o nějž byla podána žádost dne 14. září 1994 spolu s uplatněním práva přednosti ode dne 21. září 1993 a patent byl udělen dne 19. května 1999. Tento patent chránil účinnou látku ezetimib, jakož i jeho spojení s některými dalšími účinnými látkami. V září 2006 začala společnost MSD vyvíjet fixní kombinaci dvou účinných látek ve formě tablet. Jelikož se setkala s problémy při nalezení uspokojivého složení, její práce pokračovaly až do roku 2013. V září 2013 společnost MSD podala v několika členských státech žádosti založené na totožné registrační dokumentaci podle decentralizovaného postupu v souladu s článkem 28 směrnice 2001/83 za účelem získání rozhodnutí o registraci v každém z těchto členských států, přičemž vyzvala Spolkovou republiku Německo, aby jednala jako referenční členský stát pro léčivý přípravek Atozet, jenž je určen pro dospělé a směřuje ke snížení celkové hladiny cholesterolu. Jak plyne ze spisu předloženého Soudnímu dvoru, platnost těchto žádostí byla uznána až 13. února 2014. Dne 10. září 2014, tedy 209 dní po předložení platných žádostí o rozhodnutí o registraci, a tedy ve lhůtě určené v článku 17 směrnice 2001/83, vydal Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (Spolkový institut pro léčivé a zdravotnické přípravky, Německo) oznámení o ukončení postupu podle čl. 28 odst. 4 této směrnice. Dne 12. září 2014 vydal francouzský národní příslušný orgán první rozhodnutí o registraci Atozet v Evropské unii. K témuž dni předložila společnost MSD žádost o dodatkové ochranné osvědčení (dále jen „DOO“) ve Spojeném království k United Kingdom Intellectual Property Office (Úřad pro ochranu duševního vlastnictví Spojeného království, dále jen „UKIPO“) na základě patentu uvedeného v bodě 18 tohoto rozsudku. Tato žádost se týkala dvou základních účinných látek, z nichž se skládá Atozet, a to ezetimibu a atorvastatinu, nebo jeho farmaceuticky přijatelných solí. V žádosti o DOO ve Spojeném království společnost MSD informovala o oznámení o ukončení postupu, které dne 10. září 2014 vydal Spolkový institut pro léčivé a zdravotnické přípravky. V průvodním dopise k této žádosti společnost MSD tvrdila, že uvedené oznámení znamenalo souhlas všech daných členských států, včetně souhlasu Spojeného království, s vydáním rozhodnutí o registraci pro Atozet a požádala o povolení uvedenou žádost o DOO doplnit, jakmile bude ve Spojeném království vydáno rozhodnutí o registraci. Dne 13. září 2014 doba platnosti patentu společnosti MSD, jenž byl uveden v bodě 18 tohoto rozsudku, uplynula. Dopisem ze dne 17. září 2014 vznesl průzkumový referent UKIPO výhradu proti žádosti o DOO ve Spojeném království s odůvodněním, že tato žádost nesplňovala podmínky čl. 3 písm. b) nařízení o DOO, jelikož společnost MSD nebyla držitelkou platného rozhodnutí o registraci ve Spojeném království. Dne 10. října 2014 Agentura pro regulaci léčivých a zdravotnických přípravků udělila společnosti Merck Sharp & Dohme Ltd., britské dceřiné společnosti MSD, rozhodnutí o registraci pro Atozet ve Spojeném království. Dne 17. listopadu 2014 společnost MSD zaslala UKIPO dopis, k němuž připojila kopii rozhodnutí o registraci ve Spojeném království společně s kopií rozhodnutí o registraci vydaného ve Francii dne 12. září 2014. V tomto dopise žádala o to, aby tyto dokumenty byly zohledněny za účelem odstranění nedostatků, jimiž by mohla být dotčena žádost o DOO ve Spojeném království. Posledně uvedená žádost byla průzkumovým referentem UKIPO zamítnuta s odůvodněním, že nevydání rozhodnutí o registraci nepředstavovalo nedostatek, jenž by bylo možno odstranit ve smyslu čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO. Po slyšení, které se konalo dne 3. září 2015, byl názor uvedeného referenta potvrzen jménem Kontrolního úřadu úředníkem pro slyšení UKIPO. Společnost MSD podala proti rozhodnutí Kontrolního úřadu žalobu k High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patents Court [Vrchní soud (Anglie a Wales), obchodní oddělení, patentový soud, Spojené království]. Podle předkládajícího soudu je rozhodnutí Kontrolního úřadu opodstatněné. Má totiž za to, že vydání rozhodnutí o registraci po vydání oznámení o ukončení postupu nepředstavuje pouhou administrativní formalitu. Uvedené oznámení není podle jeho názoru rovnocenné rozhodnutí o registraci pro účely čl. 3 písm. b) nařízení o DOO. Kromě toho má předkládající soud za to, že v souladu s čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO nebylo možno odstranit nedostatek, jímž byla dotčena žádost o DOO podaná společností MSD ve Spojeném království. Uvedený soud nicméně podotýká, že žádosti o DOO podané společností MSD v Portugalsku a ve Švédsku byly zamítnuty ze stejného důvodu, jako je důvod, z něhož vycházelo zamítnutí žádosti o DOO ve Spojeném království. Těmto žádostem bylo naopak vyhověno v Dánsku, Řecku, Itálii a v Lucembursku. V Nizozemsku bylo jediným uvedeným důvodem pro zamítnutí nedodržení čl. 3 písm. c) nařízení o DOO, jenž vyžaduje, aby ke dni předložení žádosti o DOO výrobek dosud nebyl předmětem osvědčení v členském státě, v němž byla tato žádost předložena. Za těchto podmínek se High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division, Patents Court [Vrchní soud (Anglie a Wales), obchodní oddělení, patentový soud] rozhodl přerušit řízení a položit Soudnímu dvoru následující předběžné otázky: „1) Je třeba pro účely čl. 3 písm. b) nařízení o [DOO] považovat oznámení o ukončení postupu vydané referenčním členským státem před uplynutím doby platnosti základního patentu podle čl. 28 odst. 4 směrnice [2001/83] za rovnocenné rozhodnutí o registraci, takže na základě tohoto oznámení lze požádat o [DOO] a lze jej v dotčeném členském státě získat? 2) Je-li odpověď na první otázku záporná, představuje za těchto okolností chybějící rozhodnutí o registraci v dotčeném členském státě ke dni předložení žádosti o [DOO] v tomto členském státě nedostatek, jenž lze odstranit podle čl. 10 odst. 3 nařízení o [DOO] po vydání tohoto rozhodnutí o registraci?“ K předběžným otázkám K první otázce Podstatou první otázky předkládacího soudu je, zda je třeba čl. 3 písm. b) nařízení o DOO vykládat v tom smyslu, že oznámení o ukončení postupu vydané referenčním členským státem v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice 2001/83 před uplynutím doby platnosti základního patentu podle čl. 1 písm. c) nařízení o DOO lze považovat za rovnocenné rozhodnutí o registraci ve smyslu prvně uvedeného článku, takže na základě takového oznámení lze získat DOO. Je třeba předeslat, že čl. 3 písm. b) nařízení o DOO vyžaduje, aby pro účely vydání DOO výrobek získal platné rozhodnutí o registraci jako léčivý přípravek v souladu se směrnicí 2001/83. V tomto ohledu je třeba zdůraznit, že podle obvyklého významu slov může výraz „získal“ odkazovat pouze na ukončený děj. Pokud jde mimoto o kontext tohoto ustanovení, je třeba konstatovat, že zákonodárce vytvořil vazbu mezi nařízením o DOO a směrnicí 2001/83 tím, že navázal vydání DOO na vydání rozhodnutí o registraci podle této směrnice. Z toho plyne, že ve smyslu čl. 3 písm. b) nařízení o DOO musí mít „platné rozhodnutí o registraci“ formu dokumentu splňujícího požadavky uložené směrnicí 2001/83 v rámci decentralizovaného postupu, jenž vychází ze zásady vzájemného uznávání a uplatní se tehdy, jestliže dotyčný léčivý přípravek dosud v členském státě nezískal rozhodnutí o registraci, jak tomu bylo ve věci v původním řízení. Decentralizovaný postup, jenž je upraven v článku 28 směrnice 2001/83, zahrnuje několik etap a začíná tím, že žadatel podá ve všech daných členských státech žádost o registraci a požádá jeden členský stát, aby jednal jako referenční členský stát. Odstavec 4 tohoto článku stanoví, že referenční členský stát zaznamená dohodu všech stran, uzavře postup a vyrozumí o tom žadatele. Podle odstavce 5 uvedeného článku každý členský stát přijme rozhodnutí o registraci v souladu se schválenou zprávou o hodnocení a souvisejícími dokumenty do 30 dnů od potvrzení shody všech stran. Z toho vyplývá, že přijetí oznámení o ukončení postupu v rámci čl. 28 odst. 4 směrnice 2001/83 představuje prostřední etapu decentralizovaného postupu a že toto oznámení postrádá právní účinky, které má „platné“ rozhodnutí o registraci, takže toto oznámení neopravňuje žadatele, aby uvedl léčivý přípravek na daný trh. V tomto ohledu, ačkoli MSD na jednání před Soudním dvorem poukázala na skutečnost, že některé funkce rozhodnutí o registraci – zejména záruka bezpečnosti výrobku, identity výrobku, jenž je předmětem DOO, a výpočet doby platnosti DOO – mohou být splněny oznámením o ukončení postupu, nicméně připustila, že takové oznámení neumožňuje uvedení na trh léčivého přípravku dotčeného v původním řízení, což je naopak charakteristické pro rozhodnutí o registraci. Z judikatury Soudního dvora mimoto vyplývá, že není-li patentovaný výrobek registrován jako léčivý přípravek, nemůže pro něj být vydáno DOO (rozsudek ze dne 15. ledna 2015, Forsgren, C‑631/13 , EU:C:2015:13 , bod ). S přihlédnutím ke všem předchozím úvahám je třeba na první otázku odpovědět, že čl. 3 písm. b) nařízení o DOO musí být vykládán v tom smyslu, že oznámení o ukončení postupu vydané referenčním členským státem v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice 2001/83 před uplynutím doby platnosti základního patentu podle čl. 1 písm. c) nařízení o DOO nelze považovat za rovnocenné rozhodnutí o registraci ve smyslu prvně uvedeného článku, takže na základě takového oznámení nelze získat DOO. Ke druhé otázce Podstatou druhé otázky předkládajícího soudu je, zda čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že daný členský stát nevydal rozhodnutí o registraci ke dni podání žádosti o DOO v tomto členském státě, představuje nedostatek, jenž lze podle uvedeného ustanovení odstranit. Podle čl. 3 písm. b) nařízení o DOO, jenž uvádí „podmínky pro získání“ DOO, se DOO vydá, pokud v členském státě, ve kterém je předložena žádost uvedená v článku 7 tohoto nařízení, ke dni předložení žádosti výrobek získal platné rozhodnutí o registraci jako léčivý přípravek v souladu se směrnicí 2001/83. Ze znění tohoto ustanovení, zejména z formulace „pokud výrobek získal platné rozhodnutí o registraci jako léčivý přípravek“, vyplývá, že získání rozhodnutí o registraci v daném členském státě je podmínkou související s výrobkem. V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení o DOO orgán uvedený v čl. 9 odst. 1 tohoto nařízení zamítne žádost o DOO, pokud žádost nebo výrobek, který je předmětem žádosti, nesplňují podmínky stanovené v uvedeném nařízení. Pokud jde o čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO, tento článek stanoví, že nesplňuje-li žádost o DOO podmínky stanovené v článku 8 tohoto nařízení, orgán uvedený v čl. 9 odst. 1 uvedeného nařízení vyzve žadatele, aby ve stanovené lhůtě odstranil zjištěné nedostatky. Ze samotného znění čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO, zejména z formulace „[n]esplňuje-li žádost o [DOO] podmínky“, plyne, že podle tohoto ustanovení lze odstranit jedině nedostatek, jímž je dotčena žádost o DOO. Z toho vyplývá, že chybějící rozhodnutí o registraci nepředstavuje nedostatek, který by žadatel mohl odstranit ex post podle čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO, jelikož představuje nedostatek související s výrobkem jako léčivým přípravkem, a nikoli nedostatek související se žádostí o DOO. Pokud jde mimoto o rozhodnutí o registraci, podmínky stanovené v článku 8 nařízení o DOO, na něž odkazuje čl. 10 odst. 3 tohoto nařízení, se netýkají samotné existence rozhodnutí o registraci, jež je požadována na základě čl. 3 písm. b) uvedeného nařízení, ale výlučně jednotlivých informací a dokumentů, které je třeba předložit za účelem prokázání této existence a určení uvedeného rozhodnutí o registraci při předložení žádosti o DOO. S přihlédnutím k předchozím úvahám je na druhou otázku třeba odpovědět, že čl. 10 odst. 3 nařízení o DOO musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že daný členský stát nevydal rozhodnutí o registraci ke dni podání žádosti o DOO v tomto členském státě, nepředstavuje nedostatek, jenž lze podle uvedeného ustanovení odstranit. K nákladům řízení Vzhledem k tomu, že řízení má, pokud jde o účastníky původního řízení, povahu incidenčního řízení ve vztahu ke sporu probíhajícímu před předkládajícím soudem, je k rozhodnutí o nákladech řízení příslušný uvedený soud. Výdaje vzniklé předložením jiných vyjádření Soudnímu dvoru než vyjádření uvedených účastníků řízení se nenahrazují. Z těchto důvodů Soudní dvůr (sedmý senát) rozhodl takto: 1) Článek 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 469/2009 ze dne 6. května 2009 o dodatkových ochranných osvědčeních pro léčivé přípravky musí být vykládán v tom smyslu, že oznámení o ukončení postupu vydané referenčním členským státem v souladu s čl. 28 odst. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o kodexu Společenství týkajícím se humánních léčivých přípravků, která byla změněna, pokud jde o farmakovigilanci, směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, před uplynutím doby platnosti základního patentu podle čl. 1 písm. c) nařízení č. 469/2009 nelze považovat za rovnocenné rozhodnutí o registraci ve smyslu prvně uvedeného článku, takže na základě takového oznámení nelze získat dodatkové ochranné osvědčení. 2) Článek 10 odst. 3 nařízení č. 469/2009 musí být vykládán v tom smyslu, že skutečnost, že daný členský stát nevydal rozhodnutí o registraci ke dni podání žádosti o dodatkové ochranné osvědčení v tomto členském státě, nepředstavuje nedostatek, jenž lze podle uvedeného ustanovení odstranit. Podpisy. ( *1 ) – Jednací jazyk: angličtina.

62015CJ0414

sk

Spoločnosti Stichting Woonlinie, Woningstichting Volksbelang a Stichting Woonstede svojím odvolaním navrhujú zrušenie uznesenia Všeobecného súdu Európskej únie z 12. mája 2015, Stichting Woonlinie a i./Komisia (T‑202/10 RENV, neuverejnené, ďalej len „napadnuté uznesenie“, EU:T:2015:287 ), ktorým tento súd zamietol ich žalobu o čiastočnú neplatnosť rozhodnutia Komisie K(2009) 9963 v konečnom znení z 15. decembra 2009 týkajúceho sa štátnej pomoci E 2/2005 a N 642/2009 – Holandsko – Existujúca pomoc a osobitná pomoc na projekty určená podnikom bytovej výstavby (ďalej len „sporné rozhodnutie“). Právny rámec Nariadenie (ES) č. 659/1999 Článok 17 nariadenia Rady (ES) č. 659/1999 z 22. marca 1999 ustanovujúceho podrobné pravidlá na uplatňovanie článku [108 ZFEÚ] ( Ú. v. ES L 83, 1999, s. 1 ; Mim. vyd. 08/001, s. 339), nazvaný „Spolupráca podľa článku [108] ods. 1 [ZFEÚ]“, znie takto: „1.   Komisia získa od daného členského štátu v spolupráci s ním všetky potrebné informácie na posúdenie schém existujúcej pomoci podľa článku [108] ods. 1 [ZFEÚ]. 2.   Ak Komisia uvažuje, že schéma existujúcej pomoci nie je, alebo už nie je zlučiteľná so spoločným trhom, informuje daný členský štát o svojom predbežnom názore a poskytne danému členskému štátu príležitosť predložiť jeho pripomienky v období jedného mesiaca. V riadne odôvodnených prípadoch Komisia môže toto obdobie predĺžiť.“ Článok 18 tohto nariadenia týkajúci sa návrhu príslušných opatrení stanovuje: „Ak Komisia na základe informácií predložených členským štátom podľa článku 17 dospeje k záveru, že existujúca schéma pomoci nie je, alebo už nie je ďalej zlučiteľná so spoločným trhom, vydá odporúčanie navrhujúce príslušné opatrenia pre daný členský štát. Odporúčanie môže navrhovať najmä: a) podstatnú zmenu a doplnenie schémy pomoci, alebo b) zavedenie procesných požiadaviek, alebo c) zrušenie schémy pomoci.“ Článok 19 tohto nariadenia týkajúci sa právnych dôsledkov návrhu príslušných opatrení, stanovuje: „1.   Ak daný členský štát akceptuje navrhované opatrenia a informuje o nich Komisiu, Komisia zaznamená toto zistenie a informuje o ňom členský štát. Členský štát bude viazaný jeho prijatím, aby vykonal príslušné opatrenia. 2.   Ak daný členský štát neakceptuje navrhované opatrenia a Komisia po zvážení argumentov daného členského štátu naďalej považuje tieto opatrenia za potrebné, začne konanie podľa článku 4 [ods. 4]. Články 6, 7 a 9 sa primerane uplatnia s nevyhnutnými zmenami v podrobnostiach.“ Okolnosti predchádzajúce sporu a sporné rozhodnutie Okolnosti predchádzajúce tomuto sporu, ako sú uvedené v bodoch 1 až 12 napadnutého uznesenia, možno zhrnúť nasledujúcim spôsobom. Odvolateľky sú podniky bytovej výstavby ( woningcorporaties , ďalej len „wocos“) so sídlom v Holandsku. Wocos sú neziskové organizácie, ktorých úlohou je nadobúdanie, výstavba a prenajímanie bytov určených najmä pre znevýhodnené osoby a sociálne znevýhodnené skupiny. Wocos vykonávajú aj ďalšie činnosti, akými sú výstavba a prenajímanie bytov s vyšším nájomným, výstavba bytov určených na predaj, ako aj výstavba a prenajímanie budov všeobecného záujmu. Holandské orgány v roku 2002 oznámili Komisii Európskych spoločenstiev všeobecnú schému štátnej pomoci poskytnutú v prospech wocos. Keďže Komisia usúdila, že opatrenia určené na financovanie wocos možno označiť za existujúcu pomoc, holandské orgány v dôsledku toho vzali späť svoje oznámenie. Komisia 14. júla 2005 zaslala holandským orgánom list na základe článku 17 nariadenia č. 659/1999, v ktorom označila všeobecnú schému štátnej pomoci poskytnutú wocos za existujúcu pomoc (pomoc E 2/2005) a vyjadrila svoje pochybnosti o jej zlučiteľnosti so spoločným trhom (ďalej len „list podľa článku 17“). Komisia predbežne uviedla, že holandské orgány musia zmeniť úlohu vo verejnom záujme zverenú wocos tak, aby bolo sociálne bývanie určené pre jasne vymedzenú cieľovú skupinu znevýhodnených osôb alebo sociálne znevýhodnených skupín. Ďalej konštatovala, že wocos musia všetky svoje obchodné činnosti vykonávať v trhových podmienkach, a že na ne nemôže byť poskytnutá štátna pomoc. Nakoniec uviedla, že ponuka sociálnych bytov musí byť prispôsobená dopytu znevýhodnených osôb alebo sociálne znevýhodnených skupín. Komisia a holandské orgány po zaslaní listu podľa článku 17 začali postup spolupráce s cieľom zosúladiť schému pomoci s článkom 106 ods. 2 ZFEÚ. Po skončení konzultácií Komisia na základe článku 18 nariadenia č. 659/1999 navrhla nasledujúce príslušné opatrenia, ktorých cieľom bolo zaručiť súlad dotknutých opatrení s ustanoveniami práva Únie upravujúcimi štátnu pomoc: — obmedzenie sociálneho bývania na jasne vymedzenú cieľovú skupinu znevýhodnených osôb alebo sociálne znevýhodnených skupín, — vykonávanie obchodných činností v trhových podmienkach, pričom pre činnosti týkajúce sa služieb vo verejnom záujme a obchodné činnosti sa musí viesť samostatné účtovníctvo a obe kategórie činností sa musia primerane kontrolovať, — prispôsobenie ponuky sociálnych bytov dopytu znevýhodnených osôb alebo sociálne znevýhodnených skupín. Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland (IVBN), (Združenie inštitucionálnych investorov do nehnuteľností, Holandsko) podalo 16. apríla 2007 na Komisii sťažnosť týkajúcu sa pomoci poskytnutej wocos. V júni 2009 sa k tejto sťažnosti pripojila spoločnosť Vesteda Groep BV. Listom z 3. decembra 2009 holandské orgány akceptovali príslušné opatrenia navrhnuté Komisiou a zaslali jej záväzky na úpravu všeobecnej schémy štátnej pomoci pre wocos v súlade s požiadavkami Komisie. Dňa 15. decembra 2009 Komisia prijala sporné rozhodnutie. Opatrenia nachádzajúce sa vo všeobecnej schéme štátnej pomoci, ktorú poskytuje Holandské kráľovstvo v prospech wocos, a týkajúce sa konania E 2/2005 sú: a) štátne záruky na pôžičky poskytnuté Garančným fondom na výstavbu sociálnych bytov; b) pomoc Ústredného fondu bývania, pomoc na jednotlivé projekty alebo pomoc pri racionalizácii vo forme pôžičiek so zvýhodnenými úrokmi alebo priamych dotácií; c) predaj pozemkov obcami za nižšiu než trhovú cenu; d) právo požičať si od Bank Nederlandse Gemeenten. V spornom rozhodnutí Komisia kvalifikovala každé z týchto opatrení ako štátnu pomoc v zmysle článku 107 ods. 1 ZFEÚ a konštatovala, že holandská schéma financovania sociálneho bývania predstavuje existujúcu pomoc, keďže táto schéma bola vytvorená predtým, ako Zmluva o ES nadobudla v Holandsku platnosť a neskoršie reformy neviedli k jej podstatnejšej zmene. Komisia v odôvodnení 41 sporného rozhodnutia uviedla: „Holandské orgány sa zaviazali zmeniť fungovanie wocos a opatrenia, ktoré im poskytujú výhody. Pokiaľ ide o jednotlivé zmeny, holandské orgány predložili Komisii návrhy ustanovení. Nové pravidlá sú predmetom novej ministerskej vyhlášky, ktorá nadobudla účinnosť 1. januára 2010, a nového zákona o bývaní, ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2011. …“ Komisia preskúmala zlučiteľnosť pomoci E 2/2005 týkajúcej sa schémy financovania wocos zmenenej na základe záväzkov prijatých holandskými orgánmi. V odôvodnení 72 sporného rozhodnutia dospela k záveru, že „pomoc poskytovaná v súvislosti s činnosťami v oblasti sociálneho bývania, t. j. v súvislosti s výstavbou a prenajímaním bytov určených pre jednotlivcov vrátane výstavby a údržby súvisiacich infraštruktúr je zlučiteľná s článkom 106 ods. 2 ZFEÚ“. Komisia v súlade s článkom 19 nariadenia č. 659/1999 zaznamenala záväzky holandských orgánov týkajúce sa pomoci E 2/2005. Komisia prijala 30. augusta 2010 rozhodnutie K(2010) 5841 v konečnom znení, ktoré sa týka štátnej pomoci E 2/2005 a mení a dopĺňa body 22 až 24 sporného rozhodnutia. V tomto pozmeňujúcom rozhodnutí Komisia usúdila, že na základe dôkazov, ktoré má k dispozícii, nemôže dospieť k záveru, že opatrenie d) uvedené v spornom rozhodnutí, teda právo požičať si od Bank Nederlandse Gemeente, spĺňa všetky kritériá štátnej pomoci. Konanie pred Všeobecným súdom a napadnuté uznesenie Návrhom podaným do kancelárie Všeobecného súdu 29. apríla 2010 podali Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest a Stichting Woonstede na základe článku 263 ZFEÚ žalobu o neplatnosť sporného rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týka štátnej pomoci E 2/2005. Uznesením zo 16. decembra 2011, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( T‑202/10 , neuverejnený, EU:T:2011:765 ), Všeobecný súd zamietol túto žalobu ako nedôvodnú. Rozsudkom z 27. februára 2014, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( C‑133/12 P , EU:C:2014:105 ), Súdny dvor zrušil uznesenie zo 16. decembra 2011, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( T‑202/10 , neuverejnený, EU:T:2011:765 ), v rozsahu, v akom toto uznesenie vyhlásilo žalobu podanú žalobkyňami na prvom stupni proti spornému rozhodnutiu za neprípustnú, pokiaľ sa toto rozhodnutie týkalo schémy pomoci E 2/2005 a vo zvyšnej časti žalobu zamietol. Súdny dvor rozhodol, že žaloba podaná proti spornému rozhodnutiu v rozsahu, v akom sa toto rozhodnutie týkalo schémy pomoci E 2/2005, bola prípustná, a vrátil vec Všeobecnému súdu na ďalšie konanie. Vec bola pridelená siedmej komore Všeobecného súdu. V súlade s článkom 119 ods. 1 Rokovacieho poriadku Všeobecného súdu predložila Komisia, rovnako ako žalobkyne na prvom stupni, svoje vyjadrenia a písomné pripomienky, a to 27. marca, resp. 15. apríla 2014. Napadnutým uznesením Všeobecný súd uvedenú žalobu zamietol ako zjavne nedôvodnú. Návrhy účastníkov konania a konanie pred Súdnym dvorom Žalobkyne na prvom stupni svojím odvolaním navrhujú, aby Súdny dvor: — zrušil v celom rozsahu alebo čiastočne napadnuté uznesenie, — vrátil vec Všeobecnému súdu a — uložil Komisii povinnosť nahradiť trovy odvolania, vrátane trov konania, ktoré vznikli v súvislosti s konaním pred Všeobecným súdom. Komisia navrhuje, aby Súdny dvor zamietol odvolanie a uložil uvedeným nadáciám povinnosť nahradiť trovy konania. Pre úplnosť Komisia poukazuje na to, že v prípade, že by Súdny dvor rozhodol, že odvolacie dôvody sú dôvodné, neexistoval by nijaký dôvod na zrušenie celého napadnutého uznesenia, keďže uvedené nadácie neformulovali nijakú výhradu proti zamietnutiu prvého žalobného dôvodu na prvom stupni, ktorý bol založený na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia, keď všetky opatrenia označila za opatrenia, ktoré sú súčasťou schémy pomoci, pričom Komisia dodáva, že by bolo preto vhodné vec vrátiť Všeobecnému súdu na ďalšie konanie. Listom doručeným do kancelárie Súdneho dvora 21. januára 2016 informovali Stichting Allee Wonen a Stichting WoonInvest Súdny dvor o späťvzatí svojho odvolania. Uznesením z 21. marca 2016, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( C‑414/15 P , neuverejnené, EU:C:2016:229 ), predseda Súdneho dvora vymazal Stichting Allee Wonen a Stichting WoonInvest z veci C‑414/15 P a rozhodol, že tieto nadácie a Komisia budú znášať svoje vlastné trovy konania súvisiace s odvolaním podaným uvedenými účastníkmi konania. O odvolaní O prvom odvolacom dôvode založenom na nesprávnom právnom posúdení, nesprávnom posúdení relevantných skutkových okolností a nedostatočnom odôvodnení, keďže Všeobecný súd usúdil, že odvolateľky mali v skutočnosti na mysli list podľa článku 17, pričom preskúmanie Všeobecného súdu sa uvedeného listu netýkalo Argumentácia účastníkov konania V rámci prvého odvolacieho dôvodu namiereného proti bodom 56 až 60, 69 až 74, 81, 82, 86 a 87 napadnutého uznesenia odvolateľky tvrdia, že Všeobecný súd nesprávne usúdil, že žalobné dôvody, ktoré pred ním uviedli, sa v skutočnosti týkali listu podľa článku 17. Okrem toho v bode 59 napadnutého uznesenia Všeobecný súd zo svojho rozsudku z 11. marca 2009, TF1/Komisia ( T‑354/05 , EU:T:2009:66 ), nesprávne vyvodil, že jeho preskúmanie je obmedzené na to, ako Komisia posúdila spôsobilosť záväzkov prijatých s cieľom vyriešiť zistené problémy hospodárskej súťaže a nevzťahuje sa na súvisiacu otázku nevyhnutnosti týchto záväzkov. Zo znenia článku 108 ods. 1 ZFEÚ totiž vyplýva, že definitívne rozhodnutie Komisie musí obsahovať posúdenie tejto otázky. Toto rozhodnutie pokrýva celé konanie uvedené v bodoch 17 až 19 nariadenia č. 659/1999. Preskúmanie súdom Únie by sa preto malo týkať aj otázky, či predchádzajúca situácia bola zlučiteľná s vnútorným trhom. Komisia tvrdí, že rozhodnutie podľa článku 19 ods. 1 nariadenia č. 659/1999 nie je založené na definitívnom konštatovaní, že existujúca schéma pomoci nie je zlučiteľná s vnútorným trhom. Takéto rozhodnutie je výrazom spolupráce uvedenej v článku 108 ods. 1 ZFEÚ a jeho základným princípom nie je záväzné a jednostranné konštatovanie Komisie, ale uznanie tejto inštitúcie a príslušného členského štátu, že schému existujúcej pomoci je potrebné upraviť. Komisia preto nebola povinná vysvetliť vo svojom rozhodnutí, prečo sa domnieva, že takáto schéma nie je alebo už nie je zlučiteľná s vnútorným trhom. Okrem toho komunikácia, ktorá v prejednávanej veci prebiehala medzi Komisiou a holandskými orgánmi v nadväznosti na list podľa článku 17, sa netýkala otázky, či schéma existujúcej pomoci je v súlade s vnútorným trhom, ale spôsobu, akým má byť táto schéma upravená. Posúdenie Súdnym dvorom V bodoch 56 a 57 napadnutého uznesenia Všeobecný súd v podstate usúdil, pričom sa odvolal na body 188 a 189 svojho rozsudku z 11. marca 2009, TF1/Komisia ( T‑354/05 , EU:T:2009:66 ), že Komisia má širokú mieru voľnej úvahy, aby určila príslušné opatrenia, ktoré budú spôsobilé reagovať na jej záver, že dotknutá schéma existujúcej pomoci nie je alebo už nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, pričom z toho vyplýva, že preskúmanie, ktoré mal Všeobecný súd vykonať, sa malo zamerať len na to, či sa Komisia nedopustila zjavne nesprávneho posúdenia, keď konštatovala, že prijaté záväzky mohli vyriešiť problémy s hospodárskou súťažou vyplývajúce zo schémy dotknutej pomoci. Všeobecný súd v bode 59 svojho uznesenia dospel k záveru, že preskúmanie, ktoré má uskutočniť, sa nevzťahuje na posúdenie Komisie súvisiace so schémou pomoci, ktorá predchádzala záväzkom prijatým holandskými orgánmi. V podstate tento záver pripomenul v bodoch 73, 82 a 87 tohto uznesenia. V bodoch 58, 72, 74, 81 a 86 rovnakého uznesenia Všeobecný súd v podstate usúdil, že odvolateľky nespochybňovali posúdenie, ktoré Komisia v napadnutom rozhodnutí vykonala v súvislosti so zlučiteľnosťou schémy existujúcej pomoci, tak ako bola pozmenená na základe záväzkov prijatých holandskými orgánmi, ale preskúmanie Komisie vzťahujúce sa na systém financovania wocos, tak ako vyplýva z pôvodnej holandskej právnej úpravy, predtým, ako bola zmenená a doplnená záväzkami prijatými uvedenými orgánmi, a že toto preskúmanie sa nenachádza v spornom rozhodnutí, ale v liste podľa článku 17. Všeobecný súd preto v bode 60 napadnutého uznesenia odmietol ako irelevantné tvrdenia odvolateliek formulované v rámci druhého žalobného dôvodu, ktorými Komisii vytýkali, že sa v liste podľa článku 17 obmedzila len na konštatovanie, že služby všeobecného hospodárskeho záujmu (SVHZ) neboli dostatočne definované, pričom nebola preukázaná existencia zjavnej chyby v holandskom systéme financovania sociálneho bývania, ďalej v bode 69 až 75 tohto uznesenia uvedený súd implicitne odmietol ako irelevantné tvrdenia odvolateliek formulované v rámci tretieho žalobného dôvodu, okrem toho v bodoch 81 a 82 uvedeného uznesenia odmietol ako irelevantné tvrdenie formulované v rámci šiesteho žalobného dôvodu, ktoré bolo založené na tom, že Komisia sa dopustila nesprávneho posúdenia tým, že podľa nej holandský systém sociálneho bývania obsahoval zjavnú chybu, lebo neupravoval hornú hranicu osobitných príjmov, a napokon v bodoch 86 až 88 rovnakého uznesenia tento súd implicitne odmietol piaty a siedmy žalobný dôvod ako irelevantné. Pokiaľ ide v tejto súvislosti o existujúcu pomoc, článok 108 ods. 1 ZFEÚ priznáva Komisii právomoc priebežne ju skúmať v spolupráci s členskými štátmi. V rámci tohto skúmania Komisia navrhuje členským štátom príslušné opatrenia, ktoré si vyžaduje postupný rozvoj alebo fungovanie vnútorného trhu. Okrem toho článok 108 ods. 2 ZFEÚ stanovuje, že ak Komisia po výzve, aby príslušné strany predložili pripomienky, zistí, že pomoc je nezlučiteľná s vnútorným trhom podľa článku 107 ZFEÚ, alebo ak zistí, že táto podpora sa zneužíva, rozhodne o tom, že príslušný štát túto pomoc v lehote stanovenej Komisiou zruší alebo upraví. Podľa článku 17 ods. 2 nariadenia č. 659/1999 ak Komisia uvažuje, že schéma existujúcej pomoci nie je alebo už nie je zlučiteľná so spoločným trhom, informuje daný členský štát o svojom predbežnom názore a poskytne mu príležitosť predložiť jeho pripomienky v lehote jedného mesiaca. Článok 18 tohto nariadenia uvádza, že ak Komisia na základe informácií predložených členským štátom podľa článku 17 tohto nariadenia dospeje k záveru, že existujúca schéma pomoci nie je, alebo už nie je ďalej zlučiteľná so spoločným trhom, vydá odporúčanie navrhujúce príslušné opatrenia pre daný členský štát. V zmysle článku 19 ods. 1 nariadenia č. 659/1999 ak daný členský štát akceptuje navrhované opatrenia a informuje o nich Komisiu, Komisia zaznamená toto zistenie a informuje o ňom členský štát. Keď teda Komisia prijme rozhodnutie v zmysle článku 26 nariadenia č. 659/1999 „podľa článku… 18 [tohto nariadenia] v spojení s článkom 19 ods. 1 [uvedeného nariadenia]“, v rámci právomoci, ktorá jej prináleží na účely posúdenia zlučiteľnosti štátnej pomoci s vnútorným trhom, schváli záväzky štátu prijaté v súvislosti s príslušnými opatreniami, ktoré mu navrhla v odporúčaní zaslanom podľa článku 18 tohto nariadenia, ako záväzky, ktoré môžu odstrániť jej obavy v súvislosti so súladom schémy existujúcej pomoci s uvedeným trhom a ukončí postup preskúmania podľa článku 108 ods. 1 ZFEÚ. Takéto rozhodnutie nevyhnutne predpokladá, že Komisia predtým posúdila zlučiteľnosť dotknutej schémy pomoci s vnútorným trhom a po zohľadnení informácií, ktoré predložil dotknutý členský štát, dospela k záveru, že táto schéma nie je alebo už nie je zlučiteľná s vnútorným trhom, a preto sú potrebné príslušné opatrenia na nápravu tejto nezlučiteľnosti. Na rozdiel od konštatovania Všeobecného súdu v bode 59 napadnutého uznesenia nemožno posúdenie, ktoré tak Komisia vykonala, ani záver, ktorý z neho vyvodila, vyňať z rámca preskúmania súdmi Únie, inak by bolo narušené právo príjemcov existujúcej pomoci na účinnú súdnu ochranu, tak ako ho zaručuje článok 47 Charty základných práv Európskej únie. Rozhodnutie prijaté Komisiou podľa článku 18 tohto nariadenia v spojení s článkom 19 ods. 1 uvedeného nariadenia v rozsahu, v akom je založené na predbežnom konštatovaní nezlučiteľnosti existujúcej schémy pomoci s vnútorným trhom, môže poškodiť záujmy príjemcov tejto pomoci. V tejto súvislosti Súdny dvor v bode 48 rozsudku z 27. februára 2014, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( C‑133/12 P , EU:C:2014:105 ), poukázal na to, že sporné rozhodnutie od 1. januára 2011, t. j. od okamihu nadobudnutia účinnosti nového zákona o bývaní, zmenilo schému pomoci, ktorej príjemcami boli do tohto okamihu odvolateľky, a tým znevýhodnilo podmienky výkonu ich činností v porovnaní s predchádzajúcimi podmienkami. Práve z toho dôvodu Súdny dvor v bodoch 56 a 57 tohto rozsudku v podstate rozhodol, že odvolateľky majú legitímny záujem na zrušení sporného rozhodnutia v rozsahu, v akom sa týka pomoci E 2/2005, pokiaľ by zrušenie tohto rozhodnutia malo za následok zachovanie predchádzajúcich priaznivejších podmienok. Právo na účinnú súdnu ochranu príjemcov existujúcej pomoci teda predpokladá, že v prípade žaloby podanej proti rozhodnutiu prijatému podľa článku 18 nariadenia č. 659/1999 v spojení s článkom 19 ods. 1 tohto nariadenia budú môcť uvedení príjemcovia spochybniť posúdenie Komisie týkajúce sa tejto schémy, ako aj záver tejto inštitúcie, podľa ktorého uvedená schéma nie je zlučiteľná s vnútorným trhom a na nápravu tejto nezlučiteľnosti sú preto potrebné príslušné opatrenia. Pokiaľ ide o okolnosť, z ktorej v bodoch 58, 74 a 86 napadnutého uznesenia vychádzal Všeobecný súd, že uvedené posúdenie sa nenachádza v spornom rozhodnutí, ale v liste podľa článku 17, je nepochybne potrebné poukázať na to, že podľa ustálenej judikatúry Súdneho dvora dočasné opatrenia, ktoré slúžia na prípravu konečného rozhodnutia, v zásade nie sú aktmi, ktoré môžu byť predmetom žaloby o neplatnosť (rozsudok z 13. októbra 2011, Deutsche Post a Nemecko/Komisia, C‑463/10 P a C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , bod ). Žaloba o neplatnosť podaná proti aktom vyjadrujúcim predbežné stanovisko Komisie by totiž mohla viesť súd Únie k posudzovaniu otázok, ku ktorým ešte táto inštitúcia nemala príležitosť sa vysloviť, čo by tak mohlo mať za následok predbiehanie diskusie o meritórnej stránke veci a miešanie jednotlivých fáz správneho a súdneho konania (rozsudok z 13. októbra 2011, Deutsche Post a Nemecko/Komisia, C‑463/10 P a C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , bod ). Z judikatúry ďalej vyplýva, že dočasný akt nemôže byť predmetom žaloby ani vtedy, keď je preukázané, že na protiprávnosť tohto aktu sa možno odvolávať na podporu žaloby proti konečnému rozhodnutiu, ktorého je uvedený akt prípravnou fázou. Za takých podmienok poskytuje žaloba proti rozhodnutiu, ktorým sa konanie končí, záruku dostatočnej súdnej ochrany (rozsudok z 13. októbra 2011, Deutsche Post a Nemecko/Komisia, C‑463/10 P a C‑475/10 P , EU:C:2011:656 , bod , ako aj citovaná judikatúra). V prejednávanej veci zo sporného rozhodnutia vyplýva, že príslušné opatrenia, ktoré navrhla Komisia podľa článku 18 nariadenia č. 659/1999, sa v podstate prekrývajú s usmerneniami, ktoré táto inštitúcia predbežne poskytla holandským orgánom v liste podľa článku 17. Sporné rozhodnutie teda potvrdilo analýzu, z ktorej tento list vychádzal. Keďže list podľa článku 17 predstavuje prvú etapu vypracovania sporného rozhodnutia, odvolateľkám nemožno brániť, aby na podporu svojej žaloby proti uvedenému rozhodnutiu poukázali na protiprávnosť, ktorá poznačuje posúdenie nachádzajúce sa v tomto liste. Za týchto okolností je potrebné konštatovať, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď odmietol tvrdenia odvolateliek s odôvodnením, že po prvé preskúmanie, ktoré má vykonať, sa nevzťahuje na posúdenie vykonané Komisiou v súvislosti so schémou pomoci, ktorá predchádzala záväzkom prijatým holandskými orgánmi, a po druhé, že toto posúdenie v podstate nebolo súčasťou sporného rozhodnutia. Toto konštatovanie nie je vyvrátené tvrdením Komisie, že záver, podľa ktorého schéma existujúcej pomoci je nezlučiteľná s vnútorným trhom a ktorý je základom rozhodnutia prijatého Komisiou podľa článku 18 nariadenia č. 659/1999 v spojení s článkom 19 ods. 1 tohto nariadenia, nemá definitívnu povahu. Je totiž nutné konštatovať, že vzhľadom na mechanizmus spolupráce medzi Komisiou a členskými štátmi zakotvený v článku 108 ods. 1 ZFEÚ, na ktorom je založený systém kontroly schém existujúcej pomoci, postup podľa tohto ustanovenia nepochybne nevedie na rozdiel od postupu podľa článku 108 ods. 2 prvého pododseku ZFEÚ k formálnemu konštatovaniu nezlučiteľnosti schémy pomoci s vnútorným trhom. Pravdou zostáva, že záver, podľa ktorého je schéma existujúcej pomoci nezlučiteľná s vnútorným trhom, ako aj návrh príslušných opatrení, ktorý z neho vyplýva, nevyhnutne vyvoláva po tom, ako Komisia zaznamenala prijatie týchto opatrení dotknutým členským štátom, rovnaké právne účinky, ako sú tie, ktoré vyplývajú z takéhoto formálneho konštatovania vo vzťahu k tomuto štátu. Keďže však preskúmanie zlučiteľnosti existujúcej pomoci s vnútorným trhom zahŕňa komplexné hodnotenia hospodárskej a sociálnej povahy, Komisia má k dispozícii širokú mieru voľnej úvahy. V tomto rámci sa súdne preskúmanie výkonu tejto voľnej úvahy obmedzuje na preskúmanie dodržiavania procesných pravidiel a pravidiel odôvodnenia, ako aj na preskúmanie vecnej správnosti zistených skutočností a neexistencie nesprávneho právneho posúdenia, zjavne nesprávneho posúdenia skutkových okolností alebo zneužitia právomoci (pozri analogicky rozsudok z 26. septembra 2002, Španielsko/Komisia, C‑351/98 , EU:C:2002:530 , bod ). Z predchádzajúceho vyplýva, že prvý odvolací dôvod sa musí prijať. O druhom odvolacom dôvode založenom na nesprávnom právnom posúdení, nepresnom posúdení relevantných skutkových okolností a nedostatku odôvodnenia, keďže Všeobecný súd dospel k záveru, že príslušné opatrenia navrhované Komisiou boli len návrhmi a ich záväznosť spôsobilo až ich prijatie holandskými orgánmi Argumentácia účastníkov konania V rámci druhého odvolacieho dôvodu namierenému proti bodom 61 až 66, 78 až 80 a 90 až 95 napadnutého uznesenia odvolateľky vytýkajú Všeobecnému súdu, že porušil článok 108 ods. 1 ZFEÚ a nariadenie č. 659/1999, keď v súvislosti s odmietnutím tvrdení týkajúcich sa príslušných opatrení vyžadovaných Komisiou rozhodol, že tieto opatrenia predstavovali iba návrhy, ktorých záväznosť spôsobilo až ich prijatie holandskými orgánmi. Rozsudok z 22. októbra 1996, Salt Union/Komisia ( T‑330/94 , EU:T:1996:154 ), z ktorého vychádzal Všeobecný súd v bode 63 napadnutého uznesenia, sa týkal otázky prípustnosti a nie je relevantný. Okrem toho napadnuté uznesenie narúša účinok rozsudku z 27. februára 2014, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( C‑133/12 P , EU:C:2014:105 ), v ktorom Súdny dvor uznal legitímny záujem odvolateliek na získaní zrušenia sporného rozhodnutia. Komisia uvádza, že Všeobecný súd zohľadnil článok 108 ods. 1 ZFEÚ a úlohu Komisie v rámci postupu spolupráce pri preskúmaní zlučiteľnosti schém existujúcej pomoci s vnútorným trhom. Tvrdí, že jej úloha v rámci tohto konania sa obmedzuje na overenie, či sú záväzky dotknutého členského štátu dostatočné na to, aby z nich vyplývala zlučiteľnosť schémy existujúcej pomoci s vnútorným trhom, a dodáva, že odporúčania príslušných opatrení nie sú záväzné. Okrem toho napadnuté uznesenie nenarúša účinok rozsudku z 27. februára 2014, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( C‑133/12 P , EU:C:2014:105 ), pretože odvolateľky mali možnosť spochybniť spôsob, akým Komisia uplatnila pojem štátna pomoc, ako aj zlučiteľnosť zmenenej schémy s vnútorným trhom. Okrem toho zrušenie sporného rozhodnutia nevyhnutne nezahŕňa zachovanie situácie, ktorá existovala pred zmenou všeobecného systému štátnej pomoci v prospech wocos, keďže rozhodnutie holandského zákonodarcu pristúpiť k takejto zmene má politickú povahu a je založené na viacerých okolnostiach. Okrem toho majú členské štáty voľnosť zrušiť existujúcu schému pomoci, zmeniť ju alebo ju nahradiť inou schémou, ktorá je zlučiteľná s vnútorným trhom. Posúdenie Súdnym dvorom V bodoch 63 a 64 napadnutého uznesenia Všeobecný súd v podstate dospel k záveru, že príslušné opatrenia, ktoré Komisia môže navrhnúť podľa článku 108 ods. 1 ZFEÚ a článku 18 nariadenia č. 659/1999, sú len návrhmi, ktoré dotknutý členský štát môže prijať alebo odmietnuť, a ak ich prijme, je na základe tohto prijatia povinný ich vykonať. V bode 65 tohto uznesenia Všeobecný súd s odkazom na bod 28 rozsudku z 18. júna 2002, Nemecko/Komisia ( C‑242/00 , EU:C:2002:380 ), ako aj na bod 52 rozsudku zo 4. decembra 2013, Komisia/Rada ( C‑121/10 , EU:C:2013:784 ), usúdil, že tieto návrhy príslušných opatrení majú voči členskému štátu záväznú povahu, ak ich tento členský štát prijme. Všeobecný súd pripomenul toto konštatovanie v bode 79 uvedeného uznesenia. Z toho vyplýva, že Všeobecný súd najprv v bode 66 napadnutého uznesenia zamietol ako zjavne nedôvodné tvrdenie odvolateliek formulované v rámci druhého žalobného dôvodu, podľa ktorého Komisia prekročila svoju právomoc, keď požadovala príslušné opatrenia a v spornom rozhodnutí ich označila za záväzné, pričom konštatoval, že odvolateľky nesprávne tvrdia, že Komisia príslušné opatrenia požadovala a v spornom rozhodnutí ich označila za záväzné, a ďalej v bodoch 78 až 80 uvedeného uznesenia zamietol ako zjavne nedôvodné tvrdenia formulované v rámci štvrtého a šiesteho žalobného dôvodu, ktorými odvolateľky vytýkali Komisii jednak to, že sa dopustila nesprávneho právneho posúdenia a zneužila svoje právomoci, keď od holandských orgánov požadovala novú definíciu „sociálneho bývania“, a jednak to, že nesprávne vykladala rozhodnutie Komisie 2005/842/ES z 28. novembra 2005 o uplatňovaní článku 86 ods. 2 Zmluvy o ES na štátnu pomoc vo forme náhrady za služby vo verejnom záujme udeľovanej niektorým podnikom povereným poskytovaním služieb všeobecného hospodárskeho záujmu ( Ú. v. EÚ L 312, 2005, s. 67 ), keď požadovala osobitnú definíciu SVHZ. V tejto súvislosti je potrebné poukázať na to, že Súdny dvor rozhodol, že v rámci konania podľa článku 19 ods. 1 nariadenia č. 659/1999 práve rozhodnutie Komisie, ktorým sa zaznamenávajú návrhy členských štátov, robí tieto návrhy záväznými (rozsudok z 27. februára 2014, Stichting Woonlinie a i./Komisia, C‑133/12 P , EU:C:2014:105 , bod ). Z judikatúry uvedenej v bode 60 tohto rozsudku a citovanej v bode 65 napadnutého uznesenia vyplýva, že príslušné opatrenia, ktoré Komisia navrhuje podľa článku 108 ods. 1 ZFEÚ v rozsahu, v akom sú prijaté členským štátom, majú vo vzťahu k tomuto členskému štátu záväzný účinok, tak ako to vyplýva z článku 19 ods. 1 druhej vety nariadenia č. 659/1999. Toto prijatie však má právne účinky len v prípade, že bolo oznámené tejto inštitúcii, ktorá to zaznamenala a informovala o tom uvedený členský štát podľa článku 19 ods. 1 prvej vety tohto nariadenia. Všeobecnému súdu teda prislúcha, aby preskúmal opodstatnenosť tvrdení odvolateliek uvedených v bode 61 tohto rozsudku, bez ohľadu na príslušnú úlohu, ktorú pri prijímaní príslušných opatrení zohrávajú Komisia členské štáty. Všeobecný súd sa preto v bode 65 napadnutého uznesenia dopustil nesprávneho právneho posúdenia a následne neoprávnene zamietol tvrdenia odvolateliek uvedené v bode 61 tohto rozsudku ako zjavne nedôvodné. Pokiaľ ide o body 90 až 95 napadnutého uznesenia, je nutné konštatovať, že na rozdiel od tvrdenia odvolateliek Všeobecný súd v uvedených bodoch neodmietol ich tvrdenia o príslušných opatreniach, ktoré vyžadovala Komisia, ale preskúmal tie tvrdenia, ktoré boli uvedené na podporu ich ôsmeho žalobného dôvodu. V tomto žalobnom dôvode pritom odvolateľky vytýkali Komisii, že zneužila konanie týkajúce sa existujúcej pomoci a prekročila rámec svojej právomoci, keď schválila obmedzujúci zoznam budov, ktoré možno označiť za „budovy na sociálne účely“, hoci ani v liste podľa článku 17, ani v návrhoch príslušných opatrení neuviedla odporúčania týkajúce sa vypracovania takého zoznamu. Druhý odvolací dôvod v rozsahu, v akom v ňom odvolateľky Všeobecnému súdu vytýkajú, že podľa neho príslušné opatrenia navrhované Komisiou boli len návrhmi a až ich prijatie holandskými orgánmi spôsobilo ich záväznosť, preto nemôže spochybniť posúdenia v bodoch 90 až 95 napadnutého uznesenia. Za týchto okolností musí byť druhý odvolací dôvod prijatý v rozsahu, v akom je zameraný na posúdenia uvedené v bodoch 61 až 66 a 78 až 80 tohto uznesenia. Z vyššie uvedených úvah vyplýva, že napadnuté uznesenie sa musí zrušiť. O vrátení veci Všeobecnému súdu V súlade s článkom 61 prvým odsekom Štatútu Súdneho dvora Európskej únie môže Súdny dvor v prípade zrušenia rozhodnutia Všeobecného súdu buď sám vydať konečný rozsudok, ak to stav konania dovoľuje, alebo vrátiť vec Všeobecnému súdu na rozhodnutie. Keďže v prejednávanej veci Všeobecný súd nepreskúmal sporné rozhodnutie, ako mu to prislúchalo, a neposúdil dôvodnosť tvrdení odvolateliek uvedených v bode 61 tohto rozsudku, bez ohľadu na príslušné úlohy, ktoré pri prijímaní príslušných opatrení zohrávajú Komisia a členské štáty, Súdny dvor sa domnieva, že stav konania nedovoľuje vo veci rozhodnúť. Vec preto treba vrátiť Všeobecnému súdu na ďalšie konanie. O trovách Vzhľadom na to, že vec sa vracia Všeobecnému súdu, o trovách tohto odvolacieho konania sa rozhodne neskôr. Z týchto dôvodov Súdny dvor (prvá komora) rozhodol a vyhlásil: 1. Uznesenie Všeobecného súdu Európskej únie z 12. mája 2015, Stichting Woonlinie a i./Komisia ( T‑202/10 RENV, neuverejnené, EU:T:2015:287 ), sa zrušuje. 2. Vec sa vracia na ďalšie konanie Všeobecnému súdu Európskej únie. 3. O trovách konania sa rozhodne neskôr. Podpisy ( *1 ) Jazyk konania: holandčina.

62019CJ0372

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl SESV 102 straipsnio, prireikus siejamo su 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/26/ES dėl autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo ir daugelyje teritorijų galiojančių teisių į muzikos kūrinius išdavimo, siekiant juos naudoti internetu vidaus rinkoje ( OL L 84, 2014, p. 72 ), 16 straipsniu, išaiškinimo. Šis prašymas pateiktas nagrinėjant du Belgische Vereniging van Auteurs , Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) ir Weareone.World BVBA bei Wecandance NV ginčus dėl SABAM iš jų reikalaujamų autorinių atlyginimų. Teisinis pagrindas Sąjungos teisė Direktyvos 2014/26 8 konstatuojamojoje dalyje nurodyta: „šia direktyva siekiama koordinuoti nacionalines taisykles, susijusias su kolektyvinio administravimo organizacijų galimybe vykdyti autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo veiklą, jų valdymo tvarka ir priežiūros sistema <…>“ Šios direktyvos 16 straipsnyje „Licencijų teikimas“ nustatyta: „1.   Valstybės narės užtikrina, kad kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų derybos dėl licencijų naudoti teises teikimo vyktų sąžiningai. Kolektyvinio administravimo organizacijos ir naudotojai vienas kitam pateikia visą reikalingą informaciją. 2.   Licencijų teikimo sąlygos grindžiamos objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais. <…> Teisių turėtojai gauna tinkamą atlyginimą už jų teisių naudojimą. Išimtinių teisių ir teisių į atlyginimą tarifai turi būti pagrįsti, inter alia , atsižvelgiant į teisių naudojimo prekyboje ekonominę vertę, kūrinių bei kitų objektų pobūdį ir naudojimo sritį, taip pat kolektyvinio administravimo organizacijos teikiamos paslaugos ekonominę vertę. Kolektyvinio administravimo organizacijos informuoja atitinkamą naudotoją apie naudojamus tų tarifų nustatymo kriterijus. <…>“ Belgijos teisė Direktyva 2014/26 į Belgijos teisę buvo perkelta Wet van 8 juni 2017 tot omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2014/26/ES van het Europees Parlement de Raad van 26 februari 2014 betreffende het colletieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en rechten de unitertieverlening van rechten inzake muziekwerken voor het online gebruik van op de droit fiscales (2017 m. birželio 8 d. Įstatymas, kuriuo į Belgijos teisę perkeliama 2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/26/ES dėl autorių teisių ir gretutinių teisių kolektyvinio administravimo ir daugelyje teritorijų galiojančių teisių į muzikos kūrinius išdavimo, siekiant juos naudoti internetu vidaus rinkoje, Belgisch Staatsblad , 2017 m. birželio 27 d., p. 68276). Šio įstatymo 63 straipsniu Ekonominės teisės kodekso XI.262 straipsnis buvo iš dalies pakeistas taip: „1.   Licencijų teikimo sąlygos grindžiamos objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais. <…> Teisių turėtojai gauna tinkamą atlyginimą už jų teisių naudojimą. Išimtinių teisių ir teisių į atlyginimą tarifai turi būti pagrįsti, inter alia , atsižvelgiant į teisių naudojimo prekyboje ekonominę vertę, kūrinių bei paslaugų pobūdį ir naudojimo sritį, taip pat administravimo organizacijos teikiamos paslaugos ekonominę vertę. Administravimo organizacijos informuoja atitinkamą naudotoją apie naudojamus tų tarifų nustatymo kriterijus. <…>“ Pagrindinės bylos ir prejudicinis klausimas SABAM yra pelno siekianti komercinė bendrovė, kuri dėl savo, kaip vienintelės kolektyvinio autorių teisių administravimo organizacijos Belgijoje, padėties šioje teritorijoje turi faktinį monopolį autorinio atlyginimo už autorių teises į muzikos kūrinių atgaminimą ir viešą skelbimą rinkimo ir paskirstymo rinkoje. Weareone.World ir Wecandance atitinkamai nuo 2005 m. ir 2013 m. organizuoja metinius festivalius Tomorrowland ir Wecandance . Šiuose festivaliuose buvo pasinaudota muzikos kūriniais, saugomais autorių teisių, kurias administruoja SABAM. Remiantis sprendimu dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, SABAM šiems festivalio organizatoriams reikalaujamo autorinio atlyginimo dydis nustatomas pagal SABAM vadinamąjį „211 tarifą“ (toliau – „211 tarifas“). Pagrindinėse bylose taikytinos redakcijos „211 tarifas“ apima dvi skirtingas skales, kurias taikydama SABAM naudojasi diskrecija. Ji gali taikyti „minimalų tarifą“, apskaičiuotą pagal plotą, kuriame skamba muzika, arba pagal sėdimų vietų skaičių, arba, kaip buvo šiuo atveju, pagal „bazinį tarifą“. Bazinis tarifas apskaičiuojamas pagal už parduotus bilietus gautas bendrąsias pajamas, įskaitant rėmėjams kaip atlygį duotų bilietų vertę, atėmus mokesčius už rezervavimą, pridėtinės vertės mokestį (PVM) ir galimas miesto rinkliavas arba, alternatyviai, pagal menininkams skirtą biudžetą, t. y. menininkams skirtas sumas jų programai atlikti, kai bendra šio menininkams skirto biudžeto suma viršija iš prekybos bilietais gautas bendrąsias pajamas. Šį bazinį tarifą sudaro aštuonios atskiros pajamų, kurioms taikomas regresinis tarifas, dalys. Festivalio organizatoriui gali būti taikomas minėto bazinio tarifo sumažinamas, atsižvelgiant į faktiškai per renginį grotų muzikos kūrinių, paimtų iš SABAM repertuaro, proporciją. Taigi, jeigu organizatorius per nustatytą terminą pateikia SABAM per renginį grotų kūrinių sąrašą, jam gali būti taikomas bazinio tarifo sumažinimas laikantis šių sąlygų: jeigu SABAM repertuarui priklauso mažiau nei 1/3 grotų kūrinių, taikoma 1/3 bazinio tarifo; jeigu šiam repertuarui priklauso mažiau nei 2/3 grotų kūrinių, tuomet SABAM į sąskaitą įrašo 2/3 bazinio tarifo; galiausiai, jeigu iš minėto repertuaro paimta daugiau kaip 2/3 kūrinių, tuomet SABAM į sąskaitą įrašo viso dydžio tarifą (toliau – „1/3‑2/3 taisyklė“). 2017 m. balandžio 13 d. ir gegužės 5 d. procesiniais dokumentais prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme SABAM pareiškė ieškinius, pirma, Weareone.World ir, antra, Wecandance , siekdama, kad iš jų jai būtų priteistos sumos, atitinkančios autorinius atlyginimus, kuriuos šie festivalių organizatoriai jiems skolingi taikant „211 tarifą“ atitinkamai už 2014 m., 2015 m. ir 2016 m. Tomorrowland festivalius ir 2013 m.–2016 m. Wecandance festivalius. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusiame teisme Weareone.World ir Wecandance ginčijo „211 tarifo“ teisėtumą, motyvuodamos tuo, kad pagal šį tarifą apskaičiuoti autoriniai atlyginimai neatitinka SABAM teikiamų paslaugų ekonominės vertės, ir taip pažeidžiamas SESV 102 straipsnis. Festivalio organizatoriai konkrečiai nurodė, pirma, kad „1/3‑2/3 taisyklė“ nėra pakankamai tiksli. Taikant šiuolaikines technologijas galima tiksliau nustatyti grotus SABAM repertuaro muzikos kūrinius ir jų trukmę. Antra, festivalių organizatoriai kaltina SABAM bazinį tarifą apskaičiavus pagal už parduotus bilietus gautas bendrąsias pajamas arba pagal menininkams skirtą biudžetą, tačiau jiems neleidžiama iš šių bendrųjų pajamų atimti visų išlaidų, patirtų organizuojant šiuos festivalius, kurios nėra susijusios su per šiuos renginius grotais muzikos kūriniais. Šiomis aplinkybėmis šie organizatoriai pažymi, kad pajamos iš bilietų pardavimo nėra susijusios su SABAM teikiamos paslaugos ekonomine verte, nes už jos repertuaro kūrinių naudojimą renginiuose, kurių bilietai brangesni, ji gali reikalauti didesnio atlyginimo. Festivalio dalyviai pasirengę mokėti brangiau už bilietą dėl nuo SABAM paslaugų nepriklausančių veiksnių, kaip antai nuo organizatorių pastangų sukurti „visapusišką patirtį“, siūlomos infrastruktūros ar autorių ir atlikėjų kokybės. Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, kad kyla klausimas, ar SABAM taikomi tarifai atitinka SESV 102 straipsnį ir Direktyvos 2014/26/EB 16 straipsnį. Konkrečiai kalbant, jis teiraujasi, kaip tiksliai dominuojančią padėtį užimanti organizacija turi nustatyti tarifus, kad negalėtų būti laikoma, kad ji, taikydama nesąžiningus tarifus, piktnaudžiauja tokia dominuojančia padėtimi. Šiomis aplinkybėmis ondernemingsrechtbank Antwerpen (Antverpeno darbo teismas) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šį prejudicinį klausimą: „Ar SESV 102 straipsnis, prireikus siejamas su Direktyvos [2014/26] 16 straipsniu, turi būti aiškinamas taip, kad piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi yra tada, kai autorių teisių kolektyvinio administravimo organizacija, vienoje iš valstybių narių turinti faktinį monopolį, muzikos renginių organizatoriams už teisę viešai groti muzikos kūrinius taiko atlyginimo būdą, kuris, be kita ko, paremtas apyvarta, ir: 1) kurio pagrindą sudaro pakopinis fiksuoto dydžio tarifas, o ne toks tarifas, kai, naudojantis šiuolaikinėmis pagalbinėmis techninėmis priemonėmis, tiksliai nustatoma, kokią renginio metu grotos muzikos dalį sudaro kolektyvinio administravimo organizacijos administruojamas repertuaras? 2) Pagal kurį atlyginimas už naudojimąsi licencija priklauso ir nuo išorinių veiksnių, kaip antai bilieto kainos, maisto ir gėrimų kainų, biudžeto pasirodantiems menininkams ir kitoms biudžete numatytoms išlaidoms, pavyzdžiui, dekoracijoms?“ Dėl prejudicinio klausimo Pirmiausia primintina, kad iš suformuotos jurisprudencijos matyti, jog pagal bendradarbiavimo tarp nacionalinių teismų ir Teisingumo Teismo procedūrą, įtvirtintą SESV 267 straipsnyje, pastarasis nacionaliniam teismui turi pateikti naudingą atsakymą, kuris leistų išspręsti šio nagrinėjamą bylą. Atsižvelgiant į tai, Teisingumo Teismui gali prireikus tekti performuluoti jam pateiktus klausimus (2019 m. gruodžio 18 d. Sprendimo IT Development, C‑666/18 , EU:C:2019:1099 , punktas ir 2019 m. gruodžio 19 d. Sprendimo Nederlands Uitgeversverbond ir Groep Algemene Uitgevers, C‑263/18 , EU:C:2019:1111 , punktas ir juose nurodyta jurisprudencija). Nagrinėjamu atveju pažymėtina, kad nors prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas prašo Teisingumo Teismo priimti sprendimą dėl SESV 102 straipsnio, prireikus siejamo su Direktyvos 2014/26 16 straipsniu, išaiškinimo, iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad šio teismo klausimas konkrečiai susijęs su sąvokos „piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi“, kurios nėra nei šiame 16 straipsnyje, nei jokioje kitoje šios direktyvos nuostatoje, nes šia direktyva, pagal jos 8 konstatuojamąją dalį, pirmiausia siekiama koordinuoti nacionalines taisykles, susijusias su kolektyvinio administravimo organizacijų galimybe vykdyti autorių teisių ir gretutinių teisių administravimo veiklą, jų valdymo tvarka ir priežiūros sistema. Šiomis aplinkybėmis prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo klausimą reikia nagrinėti atsižvelgiant tik į SESV 102 straipsnį, kartu pripažįstant, kad šio 16 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje įtvirtinti reikšmingi kriterijai vertinant, ar rinkdama autorinius atlyginimus tokia institucija nustato nesąžiningus tarifus, ar ne. Taip pat pažymėtina, kad šio klausimo antroje dalyje prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas konkrečiai Teisingumo Teismo teiraujasi dėl „211 tarife“ nustatyto ryšio tarp, viena vertus, reikalaujamo autorinio atlyginimo ir, kita vertus, „išorinių veiksnių“, kaip antai bilieto kainos, maisto ir gėrimų kainų, biudžeto pasirodantiems menininkams ir kitoms biudžete numatytoms išlaidoms, pavyzdžiui, dekoracijoms. Vis dėlto, kaip matyti iš sprendimo dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą, pagrindinėje byloje nagrinėjami autoriniai atlyginimai buvo apskaičiuoti pagal už parduotus bilietus gautas bendrąsias pajamas, o ne pagal organizatorių menininkams skirtą biudžetą. Be to, pateiktu klausimu konkrečiai siekiama išsiaiškinti, ar organizatorių išlaidos, be kita ko, susijusios su dekoracijomis, priešingai, nei numatyta „211 tarife“, turėtų būti atskaitytos iš už parduotus bilietus gautų bendrųjų pajamų, siekiant apskaičiuoti mokėtiną autorinį atlyginimą. Šiomis aplinkybėmis pažymėtina, kad savo klausimu prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia išsiaiškinti, ar SESV 102 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad dominuojančia padėtimi yra piktnaudžiaujama, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, kai faktinį monopolį valstybėje narėje turinti kolektyvinio administravimo organizacija už teisę viešai skelbti autorių teisių saugomus muzikos kūrinius muzikos renginių organizatoriams taiko skalę, pagal kurią, pirma, autoriniai atlyginimai apskaičiuojami pagal tarifą, taikomą už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, be galimybės iš šių pajamų išskaičiuoti visų išlaidų, susijusių su festivalio organizavimu, kurios niekaip nėra susijusios su jame grotais muzikos kūriniais, ir, antra, taikoma pakopinio dydžio tarifų sistema, siekiant nustatyti, kuri tų kūrinių dalis yra iš kolektyvinio administravimo organizacijos repertuaro. Pagal SESV 102 straipsnio pirmą pastraipą kaip nesuderinamas su vidaus rinka draudžiamas bet koks vienos ar kelių įmonių piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi vidaus rinkoje arba didelėje jos dalyje, galintis paveikti valstybių narių tarpusavio prekybą. Kaip matyti iš šio straipsnio antros pastraipos a punkto, tai, kad dominuojančią padėtį užimanti įmonė nustato nesąžiningas sandorio sąlygas, yra piktnaudžiavimas ja. Iš karto reikia pažymėti, kad, pirma, administravimo organizacija, kaip antai SABAM, yra įmonė, kuriai taikomas SESV 102 straipsnis (šiuo klausimu žr. 2014 m. vasario 27 d. Sprendimo OSA, C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punktą). Iš tiesų, kadangi tokia kolektyvinio administravimo organizacija turi autorių teisių, susijusių su tam tikra saugomų kūrinių kategorija, administravimo monopolį valstybės narės teritorijoje, darytina išvada, kad ji užima dominuojančią padėtį didelėje vidaus rinkos dalyje, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį (šiuo klausimu žr. 2014 m. vasario 27 d. Sprendimo OSA, C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją). Dėl kolektyvinio administravimo organizacijų reikalaujamų autorinių atlyginimų Teisingumo Teismas ne kartą yra nusprendęs, kad tokių organizacijų veikla gali reikšti piktnaudžiavimą, vadinasi, būti draudžiama pagal SESV 102 straipsnį, kai nustatydamos autorinio atlyginimo dydį tokios organizacijos praktiškai taiko pernelyg dideles kainas, kurių negalima pagrįsti šių organizacijų teikiamų paslaugų, apimančių viso minėtų organizacijų administruojamų autorių teisių saugomų muzikos kūrinių repertuaro pateikimą naudotojams, ekonomine verte (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Kanal 5 ir TV 4, C‑52/07 , EU:C:2008:703 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją; 2014 m. vasario 27 d. Sprendimo OSA, C‑351/12 , EU:C:2014:110 , punktą ir 2017 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16 , EU:C:2017:689 , punktą). Ar tokie autoriniai atlyginimai yra pernelyg dideli, turi nustatyti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į konkretų nagrinėjamą atvejį ir į visas bylos aplinkybes (šiuo klausimu žr. 1987 m. balandžio 9 d. Sprendimo Basset, 402/85 , EU:C:1987:197 , punktą ir 1989 m. liepos 13 d. Sprendimo Tournier, 395/87 , EU:C:1989:319 , punktą). Tai nustatydamas jis visų pirma turi atsižvelgti į ypatingą autorių teisių pobūdį ir ieškoti tinkamos pusiausvyros tarp autorių teisių saugomų muzikos kūrinių autorių intereso gauti atlyginimą už šių kūrinių naudojimą ir naudotojų intereso galėti šiuos kūrinius naudoti protingomis sąlygomis (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Kanal 5 ir TV 4, C‑52/07 , EU:C:2008:703 , ir punktą). Siekiant patikrinti, ar kolektyvinio administravimo organizacijos nustatytų tarifų dydis yra teisingas tiek atsižvelgiant į autorių teisę į tinkamą atlyginimą, tiek į teisėtus naudotojų interesus, reikia, be kita ko, atsižvelgti ne tik į pačios kolektyvinio administravimo teikiamos paslaugos ekonominę vertę, bet ir į kūrinių naudojimo pobūdį ir apimtį, taip pat į dėl tokio naudojimo atsiradusią ekonominę vertę. Šiuo klausimu, nors Teisingumo Teismas priminė, kad reikia įvertinti, ar yra per didelė disproporcija tarp faktiškai patirtų išlaidų ir reikalaujamos kainos, ir, jei taip, išnagrinėti, ar buvo nustatyta nesąžininga kaina apskritai arba palyginti su konkuruojančiomis paslaugomis, jis taip pat pažymėjo, kad yra kitų būdų, leidžiančių nustatyti, ar kaina yra per didelė (šiuo klausimu žr. 2017 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16 , EU:C:2017:689 , ir punktus bei juose nurodytą jurisprudenciją). Konkrečiai dėl kolektyvinio administravimo organizacijų nustatytų autorinių atlyginimų, pažymėtina, kad, kaip išvados 33 punkte pažymėjo generalinis advokatas, remiantis šiais būdais galima kainas, kurių sąžiningumas ginčijamas, palyginti su referenciniais rodikliais, kaip antai dominuojančią padėtį užimančios įmonės praeityje už tas pačias paslaugas toje pačioje atitinkamoje rinkoje taikytomis kainomis, tokios įmonės taikytomis kitokių, susijusių ar panašių, paslaugų kainomis arba skirtingų tipų klientams taikomomis kainomis, arba kitų įmonių už tą pačią paslaugą ar panašias paslaugas kitose nacionalinėse rinkose taikytomis kainomis, tačiau su sąlyga, kad šis palyginimas daromas remiantis vienodu pagrindu (šiuo klausimu, ypač kiek tai susiję su paskutiniu lyginimo pagrindu, žr. 2017 m. rugsėjo 14 d. Sprendimo Autortiesību un komunicēšanās konsultāciju aģentūra – Latvijas Autoru apvienība, C‑177/16 , EU:C:2017:689 , punktą bei jame nurodytą jurisprudenciją). Į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo užduotus klausimus reikia atsakyti atsižvelgiant į šiuos vertinimus. Pirmiausia prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar tai, kad kolektyvinio administravimo organizacija muzikos renginių organizatoriams taiko skalę, pagal kurią autoriniai atlyginimai apskaičiuojami pagal tarifą, taikomą už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, be galimybės iš šių pajamų išskaičiuoti visų išlaidų, susijusių su festivalio organizavimu, kurios neturi jokio ryšio su jame grotais muzikos kūriniais, yra piktnaudžiavimas dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį. Tame teisme Weareone.World ir Wecandance iš tiesų teigė, kaip buvo pažymėta šio sprendimo 17 punkte, kad, pirma, iš bilietų pardavimo gautos pajamos nėra susijusios su SABAM teikiamos paslaugos ekonomine verte, nes už tų pačių jos repertuaro kūrinių naudojimą renginiuose, kurių bilietai brangesni, ji gali reikalauti didesnio atlyginimo. Tokių festivalių bendrųjų pajamų, kokios nagrinėjamos pagrindinėje byloje, dydį lemia organizatorių pastangos šiuose festivaliuose sukurti „visapusišką patirtį“, siūloma infrastruktūra ar autorių ir atlikėjų kokybė. Šios išlaidos, kurias SABAM, apskaičiuodama festivalio organizatorių mokėtinus autorinius atlyginimus, atsisako atimti iš bendrųjų pajamų sumos, nėra susijusios su jos teikiama ekonomine paslauga. Pirma, dėl klausimo, ar kolektyvinio administravimo organizacija gali pažeisti SESV 102 straipsnį, festivalio organizatoriams taikydama skalę, pagal kurią autoriniai atlyginimai apskaičiuojami pagal tarifą, kuris taikomas už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, pažymėtina, kad Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, jog autoriniai atlyginimai už įrašytų muzikos kūrinių viešą grojimą diskotekose, kurio dydis buvo nustatytas atsižvelgiant į tų diskotekų apyvartą, yra normalus naudojimasis autoriaus teisėmis ir jų rinkimas savaime nėra piktnaudžiavimas, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį (šiuo klausimu žr. 1987 m. balandžio 9 d. Sprendimo Basset, 402/85 , EU:C:1987:197 , , , ir punktus ir 1989 m. liepos 13 d. Sprendimo Tournier, 395/87 , EU:C:1989:319 , punktą). Teisingumo Teismas taip pat yra nusprendęs dėl autorinio atlyginimo, nustatomo kaip procentas nuo transliuotojų pajamų iš televizijos transliavimo visuomenei arba, kitu atveju, nuo pajamų iš reklamos ir (arba) abonentinio mokesčio rinkimo, kad jeigu toks atlyginimas apskaičiuojamas atsižvelgiant į transliuotojų pajamas, jis iš principo atspindi protingą santykį su kolektyvinio administravimo organizacijos teikiamos paslaugos ekonomine verte (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Kanal 5 ir TV 4, C‑52/07 , EU:C:2008:703 , ir punktus). Tokia jurisprudencija, iš kurios matyti, kad kolektyvinio administravimo organizacijos autorinio atlyginimo tarifų skalė, grindžiama iš muzikinio renginio gautų pajamų procentine dalimi, turi būti laikoma įprastu autorių teisių naudojimu ir iš principo atspindi protingą santykį su kolektyvinio administravimo organizacijos teikiamos paslaugos ekonomine verte, gali būti pritaikyta tarifų skalei, kaip antai nagrinėjamai pagrindinėje byloje, pagal kurią autoriniai atlyginimai apskaičiuojami pagal tarifą, kuris taikomas už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, todėl tai, kad kolektyvinio administravimo organizacija taiko tokią skalę, savaime nėra piktnaudžiaujamasis elgesys, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį. Iš tiesų, taikydama tokią skalę SABAM siekia teisėto tikslo, t. y. apsaugoti savo narių teises ir interesus esant santykiams su jų muzikos kūrinių naudotojais (šiuo klausimu žr. 1989 m. liepos 13 d. Sprendimo Tournier, 395/87 , EU:C:1989:319 , punktą). Be to, pagal tokią skalę apskaičiuoti autoriniai atlyginimai yra atlygis, mokėtinas už viešą autorių teisių saugomų muzikos kūrinių skelbimą. Šis atlygis turi būti analizuojamas atsižvelgiant į šio panaudojimo vertę ekonominiuose santykiuose (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Kanal 5 ir TV 4, C‑52/07 , EU:C:2008:703 , punktą), kuri priklauso nuo faktinio asmenų, besimėgaujančių saugomu kūriniu, skaičiaus (šiuo klausimu žr. 2011 m. spalio 4 d. Sprendimo Football Association Premier League ir kt., C‑403/08 ir C‑429/08 , EU:C:2011:631 , punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją), ir muzikos kūrinių naudojimo svarbos nagrinėjamam renginiui. Antra, kalbant apie organizatorių pastangas sukurti šiuose festivaliuose „visapusišką patirtį“, siūlomą infrastruktūrą ar autorių ir atlikėjų kokybę, negalima atmesti galimybės, kaip teigia Weareone.World ir Wecandance , kad tokios investicijos gali turėti įtakos bilieto kainai, kurios galima reikalauti, vadinasi, ir autorinio atlyginimo, kurio pagrįstai gali reikalauti SABAM, dydžiui. Vis dėlto ši aplinkybė negali paneigti šio sprendimo 39 punkte nurodytoje jurisprudencijoje padarytos išvados. Iš tiesų, pirma, kaip išvados 63 ir 68 punktuose iš esmės pažymėjo generalinis advokatas, ši jurisprudencija buvo priimta dėl tarifų skalės, kurią kolektyvinio administravimo organizacijos taikė naudotojams pagal jų bendrąsias pajamas, neatskaičius visų jiems teikiant paslaugas patirtų išlaidų ir neatsižvelgiant į tai, kad ši apyvarta galėjo gerokai priklausyti nuo veiksnių, kurie nėra susiję su saugomais muzikos kūriniais. Taigi tokie veiksniai, kaip antai nurodyti šio sprendimo 42 punkte, savaime neprieštarauja kolektyvinio administravimo organizacijai mokėtinų autorinių atlyginimų skaičiavimui pagal tokią skalę, jeigu joje atsižvelgiama į visas reikšmingas aplinkybes, visų pirma į tas, kurios paminėtos šio sprendimo 41 punkte nurodytoje jurisprudencijoje. Kita vertus, vertinat šiuos veiksnius gali būti labai sunku objektyviai nustatyti konkrečias išlaidas, kurios neturėtų ryšio su grotais muzikos kūriniais, vadinasi, ir su kolektyvinio teisių valdymo organizacijos paslauga, arba tokiu pat būdu nustatyti jų ekonominę vertę bei jų poveikį pajamoms, gautoms pardavus bilietus į atitinkamus festivalius. Be to, jeigu kolektyvinio administravimo organizacijai būtų nustatyta pareiga visais atvejais atsižvelgti į tokius ypač heterogeniškus ir subjektyvius veiksnius, nustatant autorinių atlyginimų už saugomų muzikos kūrinių naudojimą skalę, ir atlikti konkretų jų patikrinimą, nes priešingu atveju ši skalė galėtų būti pripažinta piktnaudžiavimu, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį, tai galėtų neproporcingai padidinti išlaidas, patirtas administruojant sutartis ir prižiūrint saugomų muzikos kūrinių naudojimą. Darytina išvada, kad tai, jog kolektyvinio administravimo organizacija nustato skalę, pagal kurią autorinis atlyginimas apskaičiuojamas pagal tarifą, kuris taikomas už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, nors iš šių pajamų negalima atskaityti visų su tokių renginių organizavimu susijusių išlaidų, savaime nėra piktnaudžiavimas, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį. Nepaisant to, kas išdėstyta, kaip priminta šio sprendimo 28 ir 29 punktuose, kolektyvinio administravimo organizacijos taikomai autorinių atlyginimų tarifų skalei, grindžiamai už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, gali būti taikomas šiame straipsnyje numatytas draudimas, jei faktiškai pagal šią skalę apskaičiuoto autorinio atlyginimo dydis neturi pagrįsto ryšio su teikiamos paslaugos ekonomine verte; tai turi nustatyti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į konkretų nagrinėjamą atvejį ir į visas bylos aplinkybes, įskaitant nustatyto autorinio atlyginimo tarifo dydį ir pajamų bazę, kuria remiantis apskaičiuojamas šis tarifo dydis. Antra, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas siekia išsiaiškinti, ar tai, kad kolektyvinio administravimo organizacija muzikos renginių organizatoriams nustato mokėtinus autorinius atlyginimus, grindžiamus tarifų skale, kurioje naudojama pakopinio fiksuoto dydžio tarifų sistema, kaip antai numatyta „1/3‑2/3 taisyklė“, siekiant nustatyti, kuri grotų muzikos kūrinių dalis yra iš šios administravimo organizacijos repertuaro, yra piktnaudžiavimas, kaip tai suprantama pagal SESV 102 straipsnį. Teisingumo Teismas jau turėjo progą pažymėti, kad kolektyvinio administravimo organizacijos taikomuose tarifuose atsižvelgiama į faktiškai panaudotų autorių teisių saugomų muzikos kūrinių skaičių (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Kanal 5 ir TV 4, C‑52/07 , EU:C:2008:703 , punktą ir 2009 m. liepos 16 d. Sprendimo Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland / Komisija, C‑385/07 P , EU:C:2009:456 , punktą). Šiuo klausimu pažymėtina, kad nagrinėjamu atveju „211 tarife“ tam tikra dalimi atsižvelgiama į faktiškai grotų autorių teisių saugomų muzikos kūrinių skaičių, nes, kaip pažymėta šio sprendimo 12 punkte, pagal „1/3‑2/3 taisyklę“ festivalio organizatoriui gali būti taikomas minėto bazinio tarifo sumažinamas atsižvelgiant į faktiškai per renginį grotų SABAM repertuaro muzikos kūrinių proporciją. Iš Teisingumo Teismo jurisprudencijos taip pat matyti, kad tam tikromis aplinkybėmis tokia autorinių atlyginimų tarifų skalė, kurioje atsižvelgiama į faktiškai grotų muzikos kūrinių skaičių, gali būti piktnaudžiaujamojo pobūdžio, jeigu egzistuoja kitas būdas tiksliau identifikuoti ir apskaičiuoti šių kūrinių naudojimą, ir kad naudojant šį kitą būdą galima pasiekti tą patį teisėtą tikslą – apsaugoti muzikos autorių, kompozitorių ir leidėjų interesus, neproporcingai nepadidinant išlaidų, susijusių su sutarčių valdymu ir autorių teisių saugomų muzikos kūrinių naudojimo stebėjimu (šiuo klausimu žr. 2008 m. gruodžio 11 d. Sprendimo Kanal 5 ir TV 4, C‑52/07 , EU:C:2008:703 , punktą). Be to, atrodo, kad „1/3‑2/3 taisyklėje“ tik labai bendrai atsižvelgiama į faktiškai grotų SABAM repertuaro muzikos kūrinių skaičių. Iš tiesų, kaip pažymėjo Wecandance , Weareone.World ir Europos Komisija, dėl šios taisyklės SABAM beveik sistemingai gauna pajamas, kurios gali būti gerokai didesnės už pajamas, atitinkančias tokį skaičių. SABAM šiuo klausimu tvirtina, kad dabartinė identifikavimo technologija yra labai brangi ir kad papildomos administravimo išlaidos atsiranda dėl jos pareigos nuo surinkimo etapo tiksliau identifikuoti organizatoriaus naudojamą repertuaro dalį. Kaip matyti iš šio sprendimo 29 punkto, nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į konkretų nagrinėjamą atvejį ir į visas bylos aplinkybes, įskaitant nagrinėjamas pagrindinėje byloje, pateiktų duomenų, susijusių su nagrinėjamos kolektyvinės bendrovės repertuaro kūrinių naudojimu, prieinamumą ir patikimumą, taip pat turimas technologines priemones, turi patikrinti, ar egzistuoja kitas būdas tiksliau identifikuoti šiuos kūrinius ir apskaičiuoti jų naudojimą, atsižvelgiant į šio sprendimo 52 punkte nurodytas sąlygas. Šiuo atveju atrodo, kad kelios aplinkybės patvirtina SABAM galimybę naudoti tokį kitą būdą, tačiau tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas. Iš tiesų, pirma, pažymėtina, jog tam, kad būtų taikoma „1/3‑2/3 taisyklė“, reikalaujama tiksliai nustatyti grotų SABAM repertuaro muzikos kūrinių dalį, nes SABAM šią taisyklę įgyvendina, kaip pažymėta šio sprendimo 12 punkte, tik tuomet, kai organizatorius per nustatytą terminą jai pateikia per atitinkamą renginį grotų SABAM repertuaro muzikos kūrinių sąrašą, kad SABAM galėtų nustatyti, ar iš jos repertuaro paimta mažiau nei trečdalis, ar mažiau nei du trečdaliai grotų muzikos kūrinių. Iš principo toks sąrašas leidžia dar tiksliau nustatyti per renginį grotų muzikos kūrinių, kurie paimti iš SABAM repertuaro, proporcinę dalį. Antra, Wecandance ir Weareone.World nurodė techninius patobulinimus, konkrečiai susijusius su muzikos atpažinimo programinės įrangos kūrimu, kurie leidžia tiksliai identifikuoti grotus SABAM repertuaro muzikos kūrinius. Taigi, negalima atmesti galimybės, kad tokios technologinės priemonės geba tiksliau identifikuoti ir kiekybiškai įvertinti grotus kūrinius. Galiausiai, trečia, Weareone.World nurodė, kad egzistuoja kiti grotų kūrinių identifikavimo ir kiekybinio įvertinimo būdai, kuriuos SABAM patvirtino kitose „211 tarifo“ redakcijose, pavyzdžiui, naudojimasis patvirtinta priežiūros įmone arba „1/3‑2/3 taisyklę“ laikinai pakeisti taisykle, leidžiančia tiksliau nustatyti grotų muzikos kūrinių, kurie buvo paimti iš jos repertuaro, proporcinę dalį. Atsižvelgiant į visa tai, kas išdėstyta, į pateiktą klausimą reikia atsakyti, kad SESV 102 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nėra piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, kai faktinį monopolį valstybėje narėje turinti kolektyvinio administravimo organizacija už teisę viešai skelbti autorių teisių saugomus muzikos kūrinius muzikos renginių organizatoriams taiko skalę, pagal kurią: – pirma, autoriniai atlyginimai apskaičiuojami pagal tarifą, kuris taikomas už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, be galimybės iš šių pajamų išskaičiuoti visų festivalio organizavimo išlaidų, kurios niekaip nėra susijusios su jame grotais muzikos kūriniais, jeigu, atsižvelgiant į visas svarbias šioje byloje nagrinėjamo atvejo aplinkybes, administravimo organizacijos faktiškai pagal šią skalę nustatyti autoriniai atlyginimai nėra pernelyg dideli, atsižvelgiant į, be kita ko, kūrinių naudojimo pobūdį ir apimtį, dėl tokio naudojimo atsiradusią ekonominę vertę ir šios administravimo organizacijos paslaugų ekonominę vertę; tai turi patikrinti nacionalinis teismas. – Antra, joje naudojama pakopinio fiksuoto dydžio tarifo sistema, siekiant nustatyti grotų muzikos kūrinių, paimtų iš šios administravimo organizacijos repertuaro, dalį, jeigu egzistuoja kitas būdas tiksliau identifikuoti ir apskaičiuoti šių kūrinių naudojimą ir jų auditoriją, ir kad naudojant šį kitą būdą galima pasiekti tą patį teisėtą tikslą – apsaugoti muzikos autorių, kompozitorių ir leidėjų interesus, neproporcingai nepadidinant išlaidų, susijusių su sutarčių valdymu ir autorių teisių saugomų muzikos kūrinių naudojimo stebėjimu; tai turi patikrinti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į konkretų nagrinėjamą atvejį ir į visas bylos aplinkybes, įskaitant pateiktų duomenų prieinamumą ir patikimumą, taip pat turimas technologines priemones. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (penktoji kolegija) nusprendžia: SESV 102 straipsnis turi būti aiškinamas taip, kad nėra piktnaudžiaujama dominuojančia padėtimi, kaip tai suprantama pagal šį straipsnį, kai faktinį monopolį valstybėje narėje turinti kolektyvinio administravimo organizacija už teisę viešai skelbti autorių teisių saugomus muzikos kūrinius muzikos renginių organizatoriams taiko skalę, pagal kurią: – autoriniai atlyginimai yra apskaičiuojami pagal tarifą, kuris taikomas už parduotus bilietus gautoms bendrosioms pajamoms, be galimybės iš šių pajamų išskaičiuoti visų festivalio organizavimo išlaidų, kurios niekaip nėra susijusios su jame grotais muzikos kūriniais, jeigu, atsižvelgiant į visas svarbias šioje byloje nagrinėjamo atvejo aplinkybes, administravimo organizacijos faktiškai pagal šią skalę nustatyti autoriniai atlyginimai nėra pernelyg dideli, atsižvelgiant į, be kita ko, kūrinių naudojimo pobūdį ir apimtį, dėl tokio naudojimo atsiradusią ekonominę vertę ir šios administravimo organizacijos paslaugų ekonominę vertę; tai turi patikrinti nacionalinis teismas, ir – joje naudojama pakopinio fiksuoto dydžio tarifo sistema, siekiant nustatyti grotų muzikos kūrinių, paimtų iš šios administravimo organizacijos repertuaro, dalį, jeigu egzistuoja kitas būdas tiksliau identifikuoti ir suskaičiuoti šių kūrinių naudojimą ir jų auditoriją, ir kad naudojant šį kitą būdą galima pasiekti tą patį teisėtą tikslą – apsaugoti muzikos autorių, kompozitorių ir leidėjų interesus, neproporcingai nepadidinant išlaidų, susijusių su sutarčių valdymu ir autorių teisių saugomų muzikos kūrinių naudojimo stebėjimu; tai turi patikrinti nacionalinis teismas, atsižvelgdamas į konkretų nagrinėjamą atvejį ir į visas bylos aplinkybes, įskaitant pateiktų duomenų prieinamumą ir patikimumą, taip pat turimas technologines priemones. Parašai. ( *1 ) Proceso kalba: nyderlandų.

62010CJ0148

en

This reference for a preliminary ruling concerns the interpretation of Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service (OJ 1998 L 15, p. 14), and in particular Article 19 of that directive, as amended by Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 (OJ 2002 L 176, p. 21) and of the same directive as amended by Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008 (OJ 2008 L 52, p. 3), and of Article 49 TFEU. The reference has been made in proceedings between DHL International NV, formerly Express Line NV (‘Express Line’), and the Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie (Belgian Institute for Postal Services and Telecommunications, ‘the BIPT’) concerning payment of the fee to the financing of the postal sector ombudsman service which Express Line is required to pay. Legal context European Union law Recitals 10 and 35 in the preamble to Directive 97/67 read: ‘(10) Whereas, in accordance with the principle of subsidiarity, a set of general principles should be adopted at Community level, whilst the choice of the exact procedures should be a matter for the Member States, which should be free to choose the system best adapted to their own circumstances; … (35)      Whereas the need for improvement of quality of service means that disputes have to be settled quickly and efficiently; whereas, in addition to the forms of legal redress available under national and Community law, a procedure dealing with complaints should be provided, which should be transparent, simple and inexpensive and should enable all relevant parties to participate’. According to Article 2(1), (14) and (17) of Directive 97/67: ‘For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: (1)      “postal services”: services involving the clearance, sorting, transport and delivery of postal items; … (14)      “authorisations”: means any permission setting out rights and obligations specific to the postal sector and allowing undertakings to provide postal services and, where applicable, to establish and/or operate postal networks for the provision of such services, in the form of a “general authorisation” or “individual licence” as defined below: –        “general authorisation” means an authorisation, regardless of whether it is regulated by a “class licence” or under general law and regardless of whether such regulation requires registration or declaration procedures, which does not require the undertaking concerned to obtain an explicit decision by the national regulatory authority before exercising the rights stemming from the authorisation, –        “individual licence” means an authorisation which is granted by a national regulatory authority and which gives an undertaking specific rights, or which subjects that undertaking’s operations to specific obligations supplementing the general authorisation where applicable, where the undertaking is not entitled to exercise the rights concerned until it has received the decision by the national regulatory authority; … (17)      “user”: any natural or legal person benefiting from universal service provision as a sender or an addressee’. Articles 3 and 4 of Directive 97/67 provide that Member States are to designate one or more providers of a universal service, that is to say, a service involving the permanent provision of a postal service of specified quality at all points in their territory at affordable prices for all users. As regards those providers which are not designated, Member States may, pursuant to Article 9 of Directive 97/67, introduce either general authorisations, for postal services which fall outside the scope of the universal service, or authorisation procedures including individual licences, for postal services which fall within the scope of the universal service. Furthermore, under Article 7 of Directive 97/67, Member States were generally permitted, to the extent necessary to ensure the maintenance of universal service, to reserve services to a universal service provider or providers until 31 December 2010. Article 19 of Directive 97/67 provides: ‘Member States shall ensure that transparent, simple and inexpensive procedures are drawn up for dealing with users’ complaints, particularly in cases involving loss, theft, damage or non-compliance with service quality standards. Member States shall adopt measures to ensure that those procedures enable disputes to be settled fairly and promptly with provision, where warranted, for a system of reimbursement and/or compensation. Without prejudice to other possibilities of appeal under national and Community legislation, Member States shall ensure that users, acting individually or, where permitted by national law, jointly with organisations representing the interests of users and/or consumers, may bring before the competent national authority cases where users’ complaints to the universal service provider have not been satisfactorily resolved. In accordance with Article 16, Member States shall ensure that the universal service providers publish, together with the annual report on the monitoring of their performance, information on the number of complaints and the manner in which they have been dealt with.’ Recital 28 in the preamble to Directive 2002/39 reads: ‘It might be appropriate for national regulatory authorities to link the introduction of licences to requirements that consumers of the licensees’ services are to have transparent, simple and inexpensive procedures available to them for dealing with their complaints, regardless of whether they relate to the services of the universal service provider(s) or to those of operators holding authorisations, including individual licence-holders. It might be further appropriate for these procedures to be available to users of all postal services, whether or not they are universal services. Such procedures should include procedures for determining responsibility in case of loss of, or damage to, mail items.’ Article 19 of Directive 97/67, as amended by Directive 2002/39, provides: ‘Member States shall ensure that transparent, simple and inexpensive procedures are drawn up for dealing with users’ complaints, particularly in cases involving loss, theft, damage or non-compliance with service quality standards (including procedures for determining where responsibility lies in cases where more than one operator is involved). Member States may provide that this principle is also applied to beneficiaries of services which are: –        outside the scope of the universal service as defined in Article 3, and –        within the scope of the universal service as defined in Article 3, but which are not provided by the universal service provider. Member States shall adopt measures to ensure that the procedures referred to in the first subparagraph enable disputes to be settled fairly and promptly with provision, where warranted, for a system of reimbursement and/or compensation. Without prejudice to other possibilities of appeal under national and Community legislation, Member States shall ensure that users, acting individually or, where permitted by national law, jointly with organisations representing the interests of users and/or consumers, may bring before the competent national authority cases where users’ complaints to the universal service provider have not been satisfactorily resolved. In accordance with Article 16, Member States shall ensure that the universal service providers publish, together with the annual report on the monitoring of their performance, information on the number of complaints and the manner in which they have been dealt with.’ Recital 42 in the preamble to Directive 2008/6 reads: ‘(42) In line with existing rules in other service areas and in order to increase consumer protection, it is appropriate to extend the application of minimum principles concerning complaint procedures beyond universal service providers. With a view to increasing the effectiveness of complaint handling procedures, it is appropriate to encourage the use of out-of-court settlement procedures as set out in Commission Recommendation 98/257/EC of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes [OJ 1998 L 115, p. 31] and Commission Recommendation 2001/310/EC of 4 April 2001 on the principle for out-of-court bodies involved in the consensual resolution of consumer disputes [OJ 2001 L 109, p. 56]. Consumer interests would also be furthered through the enhanced inter-operability between operators resulting from access to certain elements of infrastructure and services, and the requirement for cooperation between national regulatory authorities and consumer protection bodies. In order to protect the interests of users in the event of theft or loss of, or damage to, postal items, Member States should introduce, where warranted, a system of reimbursement and/or compensation.’ Article 2(17) of Directive 97/67, as amended by Directive 2008/6, provides: ‘For the purposes of this Directive, the following definitions shall apply: … (17)      “User”: any natural or legal person benefiting from postal service provision as a sender or an addressee’. Article 19 of Directive 97/67, as amended by Directive 2008/6, provides: ‘1.      Member States shall ensure that transparent, simple and inexpensive procedures are made available by all postal service providers for dealing with postal users’ complaints, particularly in cases involving loss, theft, damage or non-compliance with service quality standards (including procedures for determining where responsibility lies in cases where more than one operator is involved), without prejudice to relevant international and national provisions on compensation schemes. Member States shall adopt measures to ensure that the procedures referred to in the first subparagraph enable disputes to be settled fairly and promptly with provision, where warranted, for a system of reimbursement and/or compensation. Member States shall also encourage the development of independent out-of-court schemes for the resolution of disputes between postal service providers and users. 2.      Without prejudice to other possibilities of appeal or means of redress under national and Community legislation, Member States shall ensure that users, acting individually or, where permitted by national law, jointly with organisations representing the interests of users and/or consumers, may bring before the competent national authority cases where users’ complaints to undertakings providing postal services within the scope of the universal service have not been satisfactorily resolved. In accordance with Article 16, Member States shall ensure that the universal service providers and, wherever appropriate, undertakings providing services within the scope of the universal service, publish, together with the annual report on the monitoring of their performance, information on the number of complaints and the manner in which they have been dealt with.’ National law The Law of 21 March 1991 on the reform of certain public commercial undertakings ( Belgisch Staatsblad of 27 March 1991, p. 6155), as amended by the Royal Decree of 9 June 1999 ( Belgisch Staatsblad of 18 August 1999, p. 30697), transposed into the Belgian legal system a number of measures, including Directive 97/67. That law designates a universal service provider and reserves to that provider certain postal services. An individual licence must be obtained in order to provide a non-reserved postal service which falls within the scope of the universal service. The provision of a postal service which falls outside the scope of the universal service is subject to the requirement, inter alia , of a declaration to the BIPT. Article 43b of that law, as amended by the Law of 21 December 2006 providing for the establishment of an ombudsman service for the postal sector and amending the Law of 13 June 2005 concerning electronic communication ( Belgisch Staatsblad of 23 January 2007, p. 2965; ‘the 1991 Law’), provides: ‘1.      An ombudsman service for the postal sector shall be set up within the [BIPT], with responsibility in matters relating to the users of the following undertakings: (1)      [the universal service provider]; (2)      undertakings which provide postal services … and which are subject to a licensing requirement …; (3)      undertakings which provide postal services … and which are subject to a declaration requirement … Matters relating to users are matters relating to the interests of users who do not themselves provide postal services. … 3.      The ombudsman service for the postal sector shall be responsible for the following tasks: (1)      examining all user complaints relating to: (a)      the activities of [the universal service provider] … (b)      the postal activities of the undertakings referred to in paragraph 1(2) and (3) of the present article. (2)      For the purposes of this chapter, “postal activities” means: … (3)      acting as a mediator in order to facilitate an amicable settlement in disputes between the undertakings referred to in paragraph 1 of the present article and users; (4)      making a recommendation to the undertakings referred to in paragraph 1 of the present article in the event that an amicable settlement cannot be reached. A copy of the recommendation shall be sent to the complainant; (5)      providing users who contact them verbally or in writing with the best available advice on their rights and interests; (6)      issuing, at the request of the minister responsible for the postal sector, the minister responsible for consumer protection, the [BIPT] or the consultative committee for postal services, opinions in relation to its tasks; (7)      cooperating with: (a)      other independent sector-specific dispute commissions or independent ombudsmen …; (b)      foreign ombudsmen or bodies having an equivalent function which act as an appeal body handling complaints falling within the area of responsibility of the ombudsman service for the postal sector. Where appropriate, cooperation agreements may be concluded by the minister responsible for consumer affairs. 4.      The complaints of end-users shall be admissible only where the complainant has lodged a complaint in accordance with the internal procedure of the undertaking concerned. The complaints of end-users shall be inadmissible where they are lodged anonymously or are not lodged in writing with the ombudsman service for the postal sector. … 5.      The ombudsman service for the postal sector may, where a complaint is made to it, investigate on site the books, correspondence, minutes and, in general, all the documents and records of the undertaking or undertakings concerned relating directly to the subject‑matter of the complaint, with the exception of items covered by the confidentiality of correspondence. It may request any explanations or information from the administration and personnel departments of the undertakings concerned and carry out all the checks required for its investigation. Information obtained in this way shall be treated as confidential where disclosure might generally cause damage to the undertaking. Within the bounds of its area of responsibility, the ombudsman service shall not make enquiries at the instance of any authority. Examination of a complaint shall cease where it is the subject of legal proceedings. 6.      The undertaking concerned shall have a time-limit of 20 working days within which to provide reasons for its decision where it fails to follow the recommendation referred to in paragraph 3(4) of the present article. The reasoned decision shall be sent to the complainant and to the ombudsman service. After the time-limit referred to in the preceding subparagraph has expired, the ombudsman service shall send a reminder to the undertaking concerned. The latter shall have a further time-limit of 20 working days within which to provide reasons for its decision where it fails to follow the recommendation referred to in paragraph 3(4) of the present article. The reasoned decision shall be sent to the complainant and to the ombudsman service. On failure to meet the time-limit concerned, the undertaking must implement the opinion in respect of specific and personal compensation for the complainant. 7.      If a user’s complaint is declared admissible by the postal sector ombudsman service, recovery proceedings shall be suspended by the operator for a maximum period of four months from the time the complaint is lodged with the ombudsman service or until such time as the ombudsman service for the postal sector has drawn up a recommendation or an amicable settlement can be reached.’ Article 45b of the 1991 Law governs the financing of the ombudsman service for the postal sector, providing for an annual ‘ombudsman fee’ to be paid to the BIPT by those undertakings referred to in Article 43b(1) of that law which have a turnover of more than EUR 500 000. The amount of the fee payable is determined annually by the BIPT according to a formula which, in essence, takes into account, first, the turnover of the undertaking in question for the preceding year from activities which fall within the area of responsibility of the ombudsman service and, secondly, the number of complaints against that undertaking which have been dealt with by the ombudsman service during the preceding year. Any fees not paid by the due date are automatically to bear interest at the statutory rate plus 2%. The dispute in the main proceedings and the questions referred for a preliminary ruling Express Line is part of the DHL group of companies, with its principal place of business in Bonn (Germany). Express Line describes its activity as consisting, inter alia, of providing express delivery services, that is to say, the transport of documents, parcels, pallets and wagon loads by means of individualised air or road transport. At the beginning of 2006, the BIPT gave Express Line and several other undertakings providing courier and express delivery services formal notice that they should apply for an individual licence or make a declaration, in accordance with the relevant provisions of the 1991 Law relating to the provision of services which the BIPT regarded either as non-reserved postal services falling within the scope of the universal service, or as postal services falling outside the scope of the universal service. On 23 November 2006, in accordance with the 1991 Law, Express Line made in respect of some of its services a declaration relating to the provision of postal services falling outside the scope of the universal service. However, it made that declaration subject to the express proviso that it did not accept the classification of its express delivery services as ‘postal services’. By letter of 11 July 2007 the BIPT informed Express Line that it came within the remit of the ombudsman service and that it was therefore regarded as liable for the ombudsman fee, and asked it for information in order to calculate the amount of the required fee. Express Line maintained its position by registered letter, denying that it came within the remit of the postal sector ombudsman service and was therefore required to pay the fee to finance that service. It claimed that its express delivery services were not postal services but transport and logistics services with added value, designed for businesses. On 13 November 2008 the BIPT held that Express Line had contravened the 1991 Law and gave it formal notice that it should supply the information needed for the calculation of the amount of the ombudsman fee it was liable to pay, failing which an administrative fine would be imposed. Express Line brought an action against that notice before the national court. It was in those circumstances that the Hof van beroep te Brussel (Court of Appeal, Brussels) (Belgium) decided to stay the proceedings and to refer the following questions to the Court of Justice for a preliminary ruling: ‘(1)      Must the provisions of Directive 97/67 …, as amended by Directive 2002/39 …, and in particular, but not exclusively, Article 19 thereof, in view inter alia of the amendments introduced by Directive 2008/6 …, which must be transposed into national law by 31 December 2010 at the latest, be understood and interpreted as precluding Member States from imposing a mandatory external complaints scheme on providers of non‑universal postal services on the ground that: (a)      as regards the applicable complaints procedures for the protection of the users of postal services, the Directive provides for full harmonisation; or on the ground that (b)      that obligation was imposed by Directive 2002/39 … only on the universal service provider and, following Directive 2008/6 …, is imposed on all universal service providers, even though, according to the wording of the [third] subparagraph of Article 19(1) of [Directive 97/67 …, as amended by] Directive 2008/6 …, Member States may only encourage, but may not impose, the development of independent schemes for the resolution of disputes between the providers of postal services, other than universal postal services, and end-users? (2)      If the answer to the first question is that the Postal Directive does not, as such, preclude Member States from imposing on the providers of non‑universal postal services a mandatory external complaints scheme as envisaged by the first subparagraph of Article 19(2) [of Directive 97/67, as amended by Directive 2008/6] for the providers of universal postal services, must the principles relating to the free movement of services (Article 49 et seq. EC; now Article 56 et seq. TFEU) be interpreted in such a way that restrictions on the free movement of services, introduced by a Member State on grounds of overriding reasons in the public interest relating to consumer protection, whereby the providers of non-universal postal services are made subject to a mandatory external complaints scheme as provided for in the first subparagraph of Article 19(2) [of Directive 97/67, as amended by Directive 2008/6] for the providers of universal postal services, can be considered compatible with the Treaty on the Functioning of the European Union even if, in the application of the complaints scheme concerned, no distinction is made between the complaints of consumers and those of other end-users, although the vast majority of the users of those services (in the present case, express delivery and courier services) are business users?’ Consideration of the questions referred Preliminary observations According to Express Line, first, the national court should have referred an additional question to the Court, but had expressly refused to do so, namely whether Article 2(1) of Directive 97/67 must be interpreted as precluding national legislation which regards as postal services not only those services which cover all the activities of clearance, sorting, transport and delivery of postal items, but also services covering one or more of such activities. Secondly, the applicant in the main proceedings considers that, since it has withdrawn its pleas relating to European Union law in the main proceedings, the present order for reference serves no purpose. In that regard, it should be borne in mind that, in the context of the cooperation between the Court of Justice and the national courts provided for by Article 267 TFEU, it is solely for the national court before which the dispute has been brought, and which must assume responsibility for the subsequent judicial decision, to determine in the light of the particular circumstances of the case both the need for a preliminary ruling in order to enable it to deliver judgment and the relevance of the questions which it submits to the Court (see, inter alia, Case C‑306/99 BIAO [2003] ECR I‑1, paragraph 88; Case C‑217/05 Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio [2006] ECR I‑11987, paragraph 16; and Case C‑260/07 Pedro IV Servicios [2009] ECR I‑2437, paragraph 28). The right to determine the questions to be put to the Court thus devolves upon the national court alone and the parties may not change their tenor. In addition, to alter the substance of the questions referred for a preliminary ruling, or to answer the additional questions mentioned by the applicants in the main proceedings in their observations, would be incompatible with the Court’s function under Article 267 TFEU and with its duty to ensure that the governments of the Member States and the parties concerned are given the opportunity to submit observations under Article 23 of the Statute of the Court of Justice of the European Union, bearing in mind that under that provision only the order of the referring court is notified to the interested parties (see Case C‑138/08 Hochtief and Linde-Kca-Dresden [2009] ECR I‑9889, paragraphs 21 and 22 and the case-law cited). Moreover, the Court cannot give a ruling where the procedure before the court making the reference for a preliminary ruling has already been terminated (Case C‑343/90 Lourenço Dias [1992] ECR I‑4673, paragraph 18), nor does Article 267 TFEU entitle the Court to assess the immediacy of the relevance of questions referred with regard to the proceedings pending before the national court, even where the domestic law with which the case is concerned has been modified (Case 43/71 Politi [1971] ECR 1039, paragraph 3). In the present case, since the national court has accepted neither the need nor the relevance of a question concerning the cumulative or alternative nature of the activities covered by the term ‘postal services’ within the meaning of Article 2(1) of Directive 97/67, the Court cannot undertake an analysis in that regard. Further, since the national court has not formally withdrawn its reference for a preliminary ruling, despite the request to that effect made by the applicant in the main proceedings, and the main proceedings have not been terminated, it must be held that the Court’s answer to the questions referred by that court are still necessary in order to enable the latter to deliver judgment. The first question By its first question, the national court asks, in essence, whether Directive 97/67, in the light of the amendments made by Directives 2002/39 and 2008/6, must be interpreted as precluding national legislation which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services. As a preliminary point, it should be noted that Article 19 of Directive 97/67, both in its original version and in the version as amended by Directives 2002/39 and 2008/6, lays down two types of procedure for dealing with complaints by users of postal services, namely, an internal procedure whereby a complaint is made to the service provider and an external procedure whereby a complaint is made to the competent national authority. The national court expresses doubts as to the possibility of imposing a mandatory external complaints procedure on providers of postal services which are outside the scope of the universal service, given that, according to that court, Directive 97/67 carried out full harmonisation as regards complaints procedures and such an obligation was imposed only on universal service providers, following the amendments made by Directive 2002/39, and on all other providers of postal services falling within the scope of the universal service, following the amendments made by Directive 2008/6. In that regard, it should first be noted that, contrary to the view of the national court, Directive 97/67 does not carry out a full harmonisation of the complaints procedures for which it provides. As is clear from recital 10 in the preamble to Directive 97/67, that directive constitutes a framework of general principles adopted at European Union level, the determination of the exact procedures being a matter for the Member States (Case C‑240/02 Asempre and Asociación Nacional de Empresas de Externalización y Gestión de Envíos y Pequeña Paquetería [2004] ECR I‑2461, paragraph 30), which must be free to choose the system best adapted to their own circumstances. Further, such absence of full harmonisation is all the more evident in the case of the complaints procedures provided for in Directive 97/67. It is apparent from recital 35 and from Article 19 of Directive 97/67, in its original version and subsequent versions, that the complaints procedures, which must be transparent, simple and inexpensive, are on the one hand intended to improve the quality of service by providing that any disputes are settled quickly, fairly and efficiently and on the other are in addition to the means of legal redress available under national and European Union law. Secondly, the other doubts expressed by the national court as to whether the 1991 Law complies with Directive 97/67 must be dismissed because they do not reflect the content of the relevant provisions of that directive, in its original version or in its subsequent versions, as regards complaints procedures. Directive 97/67 has always provided that such procedures are additional to the means of legal redress available under national law and, hence, that Member States had freedom of action in that regard. While the amendments made to that directive have progressively limited that freedom of action, the restrictions and guidelines thus laid down are designed to extend the complaints procedures to any provider of postal services. Thus, first of all, under Article 2(17) and the first and third paragraphs of Article 19 of Directive 97/67, Member States were to ensure that internal and external procedures for dealing with complaints were drawn up, by universal service providers, relating solely to the provision of universal services. The obligation incumbent on Member States therefore was confined to such services and such service providers, and those States still enjoyed freedom of action allowing them to make available other means of redress. Then, Directive 2002/39 added inter alia a fresh paragraph to Article 19, according to which Member States could provide that the ‘principle’ of ensuring that procedures for dealing with complaints be drawn up would also be applicable with regard to persons benefiting from services which fell outside the scope of the universal service or which fell within the scope of that service but were not provided by the universal service provider. In essence, since the wording of the original version of the third paragraph of Article 19 was not amended, the obligation on Member States and their freedom of action, referred to in paragraph 41 above, remained the same in both versions of Directive 97/67. However, as is apparent from recital 28 in the preamble to Directive 2002/39, the purpose of the amendments incorporated into Article 19 of Directive 97/67 was to encourage Member States to extend the internal complaints procedures for the benefit of users of all postal services, whether universal services or not, and irrespective of whether the provider of those services is the universal service provider or the holder of an authorisation. Lastly, Directive 2008/6 amended inter alia Article 2(17) of Directive 97/67 and the first paragraph of Article 19 of that directive, as amended by Directive 2002/39, by providing that all postal service providers must draw up internal procedures for dealing with users’ complaints; users being defined as any natural or legal person benefiting from postal service provision. The third subparagraph of Article 19(1) of Directive 97/67, as amended by Directive 2008/6, which is a new provision, provides that Member States must also encourage the development of independent out-of-court schemes for the resolution of disputes between postal service providers and users. The first subparagraph of Article 19(2) also contains a new obligation since it extends the external procedure for dealing with users’ complaints to undertakings providing postal services within the scope of the universal service. As is apparent from recital 42 in the preamble to Directive 2008/6, those amendments are intended to extend the application of the minimum principles laid down for dealing with complaints beyond universal service providers. It follows that Directive 97/67, in its original version and in its amended versions, envisages the complaints procedures for which it provides as a minimum framework that is to be additional to the means of redress available under national and European Union law, and Member States therefore have freedom of action to lay down exact procedures and choose the system best adapted to their own circumstances, subject to the restrictions and guidelines laid down in that directive. Those restrictions and guidelines consist, first, in the obligation to ensure that the universal service provider or universal service providers establish internal and external procedures for dealing with users’ complaints, an obligation already laid down in the original version of Directive 97/67. Further, Directive 97/67 imposed the obligation to ensure the establishment of internal procedures by all postal service providers and of external procedures by undertakings providing postal services within the scope of the universal service, an obligation introduced by Directive 2008/6, in addition to the guidelines already laid down in Directive 2002/39. Lastly, there is an obligation under Directive 97/67 to encourage the development of independent out-of-court schemes for the resolution of disputes between postal service providers and users, an obligation introduced by Directive 2008/6. Therefore, national legislation such as the 1991 Law, which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services, not only is not incompatible with Directive 97/67, in its original version and in its amended versions, but also complies with the obligation laid down in that directive, following its amendment by Directive 2008/6, to encourage the development of independent, out-of-court schemes for the resolution of disputes between postal service providers and users. Consequently, the answer to the first question referred is that Directive 97/67, in its original version and in the versions as amended by Directives 2002/39 and 2008/6, must be interpreted as not precluding national legislation which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services. The second question By its second question, the referring court asks, in essence, whether Article 56 TFEU must be interpreted as precluding national legislation which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services. As a preliminary point, it should be noted that although Express Line is a company incorporated under Belgian law, it is none the less part of the DHL group of companies, with its principal place of business in Germany. Moreover, it is not apparent from the order for reference or from the facts in the main proceedings that those proceedings relate to a particular provision of services between two or more Member States. In those circumstances, the freedom at issue in the main proceedings is not freedom to provide services but freedom of establishment. Consequently, the second question must be construed as asking whether Article 49 TFEU must be interpreted as precluding national legislation, such as the 1991 Law, which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services. According to the national court, the obligation to submit to such a procedure constitutes a restriction on the freedom of establishment of providers of postal services which are outside the scope of the universal service originating in Member States other than the Kingdom of Belgium which seek to establish themselves in that Member State. Although that restriction may be justified by an overriding reason in the public interest relating to consumer protection, Article 49 TFEU does not allow the mandatory imposition of that procedure in the case of disputes concerning postal services such as express delivery services, where a large majority of users are business users. In that regard it should be observed that, as noted in paragraph 35 of this judgment, Directive 97/67 does not carry out a full harmonisation of the procedures for dealing with complaints by users of postal services and, consequently, that the Member States have freedom of action in that regard, subject to the limits imposed by European Union law. With regard to freedom of establishment for nationals of one Member State on the territory of another Member State, according to settled case‑law, such freedom includes the right to take up and pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings under the conditions laid down for its own nationals by the law of the Member State of establishment (see Case C‑247/08 Gaz de France – Berliner Investissement [2009] ECR I‑9225, paragraph 54 and the case-law cited). As regards companies or firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered office, central administration or principal place of business within the European Union, that freedom includes, pursuant to Article 54 TFEU, the right to exercise their activity in the Member State concerned through a subsidiary, branch or agency (see, inter alia, Case C‑307/97 Saint-Gobain ZN [1999] ECR I‑6161, paragraph 35; Case C‑196/04 Cadbury Schweppes and Cadbury Schweppes Overseas [2006] ECR I‑7995, paragraph 41; and Case C‑524/04 Test Claimants in the Thin Cap Group Litigation [2007] ECR I‑2107, paragraph 36). The Court has held on a number of occasions that Article 49 TFEU precludes any national measure which, even if applicable without discrimination on grounds of nationality, is liable to hinder or render less attractive the exercise by Union nationals of the freedom of establishment that is guaranteed by the Treaty and that such restrictive effects may arise where, on account of national legislation, a company may be deterred from setting up subsidiary bodies, such as permanent establishments, in other Member States and from carrying on its activities through such bodies (Case C‑384/08 Attanasio Group [2010] ECR I‑2055, paragraphs 43 and 44 and the case-law cited). In the present case, the measure in question does not involve any restriction on freedom of establishment. First, that measure is applied, without discrimination on grounds of nationality, to all providers established in Belgium of postal services which are outside the scope of the universal service. Secondly, as the Advocate General stated in point 77 of his Opinion, operators cannot expect Member States not to have structures in place which afford legal protection for the interests of their customers and provide out-of-court procedures for settling disputes. Lastly, nearly all Member States have extended the external complaints schemes to providers of postal services which are outside the scope of the universal service. In those circumstances, it cannot validly be claimed that the mere fact of imposing on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services is liable to hinder or render less attractive the exercise by Union nationals of the freedom of establishment that is guaranteed by the Treaty. Consequently, the answer to the second question is that Article 49 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services. Costs Since these proceedings are, for the parties to the main proceedings, a step in the action pending before the national court, the decision on costs is a matter for that court. Costs incurred in submitting observations to the Court, other than the costs of those parties, are not recoverable. On those grounds, the Court (Third Chamber) hereby rules: 1. Directive 97/67/EC of the European Parliament and of the Council of 15 December 1997 on common rules for the development of the internal market of Community postal services and the improvement of quality of service, in its original version and in the versions as amended by Directive 2002/39/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 and by Directive 2008/6/EC of the European Parliament and of the Council of 20 February 2008, must be interpreted as not precluding national legislation which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services. 2. Article 49 TFEU must be interpreted as not precluding national legislation which imposes on providers of postal services which are outside the scope of the universal service a mandatory external procedure for dealing with complaints from users of those services. [Signatures] Language of the case: Dutch.

62000CJ0463

sv

Domskäl 1 Europeiska gemenskapernas kommission har, genom ansökan som inkom till domstolens kansli den 21 december 2000, med stöd av artikel 226 EG väckt talan mot Konungariket Spanien om fastställelse av att artiklarna 2, 3.1 och 3.2 jämte artikel 1 i Ley 5/1995 de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas (lag nr 5/1995 om en rättslig reglering av försäljning av statens andelar i vissa företag) av den 23 mars 1995 (BOE nr 72 av den 25 mars 1995, s. 9366, nedan kallad lag nr 5/1995) och de kungliga tillämpningsdekret som utfärdats med tillämpning av artikel 4 i denna lag (kungligt dekret nr 3/1996 av den 15 januari 1996 beträffande Repsol SA (BOE nr 14 av den 16 januari 1996, s. 1133, nedan kallat kungligt dekret nr 3/1996), kungligt dekret nr 8/1997 av den 10 januari 1997 beträffande Telefónica de España SA och Telefónica Servicios Móviles SA (BOE nr 10 av den 11 januari 1997, s. 907, nedan kallat kungligt dekret nr 8/1997), kungligt dekret nr 40/1998 av den 16 januari 1998 beträffande Corporación Bancaria de España SA (Argentaria) (BOE nr 15 av den 17 januari 1998, s. 1851, nedan kallat kungligt dekret nr 40/1998), kungligt dekret nr 552/1998 av den 2 april 1998 beträffande Tabacalera SA (BOE nr 80 av den 3 april 1998, s. 11370, nedan kallat kungligt dekret nr 552/1998) och kungligt dekret nr 929/1998 av den 14 maj 1998 beträffande Endesa SA (BOE nr 129 av den 30 maj 1998, s. 17939, nedan kallat kungligt dekret nr 929/1998)) är oförenliga med artiklarna 43 EG och 56 EG, såvitt det i dessa föreskrivs tillämpning av en ordning med administrativt förhandstillstånd, - som inte är motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset, - som saknar objektiva, varaktiga och offentliggjorda kriterier, - som inte är förenlig med proportionalitetsprincipen. 2 Genom beslut av domstolens ordförande av den 1 juni 2001 har Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland tillåtits att intervenera till stöd för Konungariket Spaniens yrkanden. Tillämpliga bestämmelser Gemenskapsrätten 3 Artikel 56.1 EG har följande lydelse: "Inom ramen för bestämmelserna i detta kapitel skall alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land vara förbjudna." 4 I artikel 58.1 b EG föreskrivs följande: "Bestämmelserna i artikel 56 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att ... b) vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra överträdelser av nationella lagar och andra författningar, särskilt i fråga om beskattning och tillsyn över finansinstitut, eller att i administrativt eller statistiskt informationssyfte fastställa förfaranden för deklaration av kapitalrörelser eller att vidta åtgärder som är motiverade med hänsyn till allmän ordning eller allmän säkerhet." 5 Bilaga 1 till rådets direktiv 88/361/EEG av den 24 juni 1988 för genomförandet av artikel 67 i fördraget (EGT L 178, s. 5; svensk specialutgåva, område 10, volym 1, s. 44) innehåller en nomenklatur för kapitalrörelser som avses i artikel 1 i direktivet. I bilagan räknas bland annat följande kapitalrörelser upp: "I - Direkta investeringar ... 1) Etablering och utvidgning av filialer eller nya företag som uteslutande ägs av den som tillhandahåller kapitalet, samt fullständiga förvärv av befintliga företag. 2) Förvärv av del i nya eller befintliga företag i syfte att upprätta eller vidmakthålla varaktiga ekonomiska relationer. ..." 6 Av förklaringarna i slutet av bilaga 1 till direktiv 88/361 framgår att med "direkta investeringar" skall förstås: "Investeringar av alla slag som görs av fysiska personer eller av handels- eller industriföretag eller finansiella företag och som har till syfte att upprätta varaktiga och direkta relationer mellan den person som tillhandahåller kapitalet och den företagare eller det företag som får tillgång till kapitalet för sin ekonomiska verksamhet. Detta begrepp skall således förstås i vidaste bemärkelse. ... I fråga om de företag som nämns under I.2 i nomenklaturen och som är aktiebolag föreligger delägande genom direkt investering, då den aktiepost som innehas av en fysisk person, något annat företag eller någon annan aktieägare gör det möjligt för innehavaren att, i enlighet med nationell lagstiftning om aktiebolag eller på annan grund, effektivt medverka i ledningen eller kontrollen av bolaget. ..." 7 Nomenklaturen i bilaga 1 till direktiv 88/361 omfattar även följande kapitalrörelser: "III - Aktiviteter med värdepapper som normalt omsätts på kapitalmarknaden ... ... A. Transaktioner med värdepapper på kapitalmarknaden 1. Utlänningars förvärv av inhemska värdepapper som omsätts på en fondbörs ... ... 3. Utlänningars förvärv av inhemska värdepapper som inte omsätts på en fondbörs ... ..." 8 I artikel 295 EG föreskrivs följande: "Detta fördrag skall inte i något hänseende ingripa i medlemsstaternas egendomsordning." Nationell rätt 9 I Spanien regleras förutsättningarna för privatisering av företag i den offentliga sektorn i lag nr 5/1995. I artiklarna 1-4 i denna lag föreskrivs följande: "Artikel 1. Subjektivt tillämpningsområde Denna lag skall tillämpas på: 1. Handelsföretag vars bolagskapital vid tidpunkten när denna lag träder i kraft direkt eller indirekt ägs till mer än 25 procent av staten, och som på något av de sätt som anges i handelslagstiftningen kontrolleras av staten i dess egenskap av delägare, under förutsättning att det i den verksamhet som det bedriver, självt eller med stöd av en andel i andra bolag, a) tillhandahåller viktiga tjänster eller offentliga tjänster som formellt har förklarats utgöra sådana, b) bedriver verksamhet som genom föreskrifter i lag och av skäl som motiveras av allmänintresset är föremål för en särskild administrativ kontrollordning som framför allt avser dem som bedriver verksamheten, eller c) helt eller delvis är undantaget från att utsättas för fri konkurrens enligt föreskrifterna i artikel 90 i Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen. 2. Handelsföretag som ingår i en koncern i enlighet med artikel 4 i lag nr 24/1988 av den 28 juli 1988 om värdepappersmarknaden, i vilken något av företagen som avses i punkt 1 ovan har en dominerande ställning, under förutsättning att någon av de omständigheter som avses i a, b och c i nämnda punkt föreligger. Artikel 2. Villkor för tillämpning Ordningen med administrativa förhandstillstånd som anges i artikel 3 och följande artiklar i denna lag, tillämpas när det allmänna genom staten har en ägarandel i de företag som avses i föregående artikel som motsvarar någon av följande beskrivningar: 1. När ägarandelen genom en eller flera på varandra följande rättshandlingar avyttras så att andelen minskas med ett procenttal som är lika med eller större än 10 procent av bolagskapitalet, och statens direkta eller indirekta ägarandel i detta kapital understiger 50 procent. 2. När ägarandelen som en direkt eller indirekt följd av en rättshandling eller transaktion minskas till ett procenttal som understiger 15 procent av bolagskapitalet. Artikel 3. Administrativt förhandstillstånd 1. När någon av förutsättningarna för tillämpning som anges i föregående artikel föreligger, och det finns stöd härför i det kungliga dekretet till vilket det hänvisas i artikel 4 i denna lag, kan administrativt förhandstillstånd krävas för följande beslut som fattas av beslutsorganen i de handelsföretag som anges i artikel 1 i denna lag: a) Frivillig upplösning, fission eller fusion av företaget. b) Alla former av avyttring eller pantsättning av tillgångarna eller ägarandelar i bolag som är nödvändiga för att fullfölja bolagsändamålet i företaget och som är ämnade för detta ändamål. c) Ändring av bolagsändamålet. 2. Även när någon av förutsättningarna för tillämpning som anges i artikel 2 i denna lag föreligger, kan administrativt förhandstillstånd krävas för nedanstående åtgärder på de villkor som fastställts i det kungliga dekret till vilket det hänvisas i följande artikel: a) Åtgärder som består i rättshandlingar som avser avyttring av bolagskapitalet, vilka innebär, i form av en eller flera på varandra följande rättshandlingar, en minskning av statens ägarandel i det företag som omfattas av den särskilda ordning som föreskrivs i denna lag, med en procentsats som är lika med eller större än 10 procent. b) Direkt eller indirekt förvärv, även genom utomstående förvaltare eller mellanmän, av andelar i bolagskapitalet eller andra värdepapper som kan ge omedelbar eller medelbar rätt till teckning eller förvärv av dessa andelar, när förvärvet medför ett innehav av minst 10 procent av bolagskapitalet. ... Artikel 4. Ordningen med administrativt tillstånd 1. Ordningen med administrativt förhandstillstånd upprättas genom kungligt dekret som antagits av konseljen på förslag av den minister som är behörig på området och efter yttrande från lagrådet. 2. Det kungliga dekret genom vilket den ordning som avses i denna artikel upprättas, skall ha trätt i kraft innan de rättshandlingar som anges i artikel 2 företas. I dekretet fastställs följande: a) Dess subjektiva tillämpningsområde. b) De konkreta rättshandlingar som bland dem som anges i artikel 3 fordrar ett administrativt förhandstillstånd. c) Vilket organ som skall ha behörighet att bevilja tillstånd. d) Giltighetsperioden för ordningen med administrativa tillstånd. 3. Med undantag av det fall som fastställs i punkt 2 d ovan, skall ordningen med administrativa tillstånd ändras eller upphävas genom samma förfarande som det som fastställs i punkt 1 i denna artikel." 10 De allmänna tillämpningsföreskrifterna för lag nr 5/1995 har fastställts i kungligt dekret nr 1525/1995 av den 15 september 1995 (BOE nr 230 av den 26 september 1995, s. 28616, nedan kallat kungligt dekret nr 1525/1995). 11 Dessutom föreskrivs, med tillämpning av artikel 4 i denna lag, i de kungliga dekreten nr 3/1996, 8/1997, 40/1998, 552/1998 och 929/1998 att tillståndsordningen skall tillämpas på företag som är verksamma inom respektive bransch för olja, telekommunikation, bankverksamhet, tobak och elektricitet. I respektive kungligt dekret fastställs i enlighet med artikel 4.2 i lag nr 5/1995 deras subjektiva tillämpningsområde med hänvisning till denna lag, de rättshandlingar som omfattas av tillståndsordningen, det administrativa organ som har behörighet att bevilja tillstånd och det datum då ordningen upphör att gälla, vilket i enlighet med dekreten har fastställts till en period som sträcker sig från den 5 oktober 2000 till den 8 juni 2008. Administrativt förfarande 12 Kommissionen informerade den spanska regeringen i skrivelse av den 26 oktober 1998 om att ordningen med administrativa förhandstillstånd som fastställts i lag nr 5/1995 och i de kungliga dekreten nr 3/1996, 8/1997, 40/1998, 552/1998 och 929/1998, skulle kunna medföra att bestämmelserna i EG-fördraget om fri rörlighet för kapital och etableringsfrihet åsidosätts. I skrivelsen gav kommissionen den spanska regeringen tillfälle att inom två månader inkomma med synpunkter. 13 Den spanska regeringen besvarade denna formella underrättelse i en skrivelse av den 27 januari 1999 i vilken den hävdade att de ifrågasatta åtgärderna var förenliga med gemenskapsrätten. I en skrivelse av den 18 mars 1999 preciserade nämnda regering sin ståndpunkt. 14 Eftersom kommissionen inte ansåg att de svar som lämnats var tillräckliga, riktade den ett motiverat yttrande till Konungariket Spanien den 2 augusti 1999, varvid denna regering uppmanades att följa det motiverade yttrandet inom två månader från delgivningen av detsamma. 15 Den spanska regeringen besvarade det motiverade yttrandet i en skrivelse av den 3 november 1999. I denna skrivelse gav den en detaljerad redogörelse för systemet i Spanien med privatisering av vissa företag som är verksamma inom offentlig sektor, och återupprepade sin ståndpunkt att de ifrågasatta åtgärderna var förenliga med gemenskapsrätten, särskilt såvitt avser artiklarna 43 EG, 56 EG och 295 EG. 16 Eftersom kommissionen inte var nöjd med detta svar, väckte den förevarande talan vid domstolen. Upptagande till sakprövning Parternas grunder och argument 17 Den spanska regeringen har åberopat tre grunder för avvisning. 18 För det första har den gjort gällande att de ordningar som har upprättas genom kungligt dekret nr 40/1998 och kungligt dekret nr 552/1998, i ändrad lydelse enligt kungligt dekret nr 67/2000 av den 21 januari 2000 (BOE nr 28 av den 2 februari 2000, s. 4700), har upphört att gälla den 17 februari 2001 respektive den 5 oktober 2000. Talan bör således inte upptas till prövning såvitt avser dessa båda ordningar. 19 Beträffande de ordningar som upprättats genom de kungliga dekreten nr 3/1996, 8/1997 och 929/1998, vilka fortfarande är i kraft, har den spanska regeringen, för det andra, gjort gällande att talan inte kan prövas i det avseendet, eftersom kommissionen i sin ansökan inte har hänvisat till de relevanta lagbestämmelserna på ett korrekt sätt. Kommissionen har nämligen enbart nämnt artikel 1.1 i lag nr 5/1995, medan det i själva verket är i enlighet med artikel 1.2 - som rör företagskoncerner - som nämnda ordningar är tillämpliga. 20 Enligt den spanska regeringen skall nämnda ansökan, för det tredje, inte upptas till prövning såvitt avser artikel 3.1 i lag nr 5/1995, vilken rör beslut som fattas av företagens beslutsorgan, eftersom kommissionen i sina yttranden har hänvisat till "åtgärder" i enlighet med artikel 3.2 och inte till sådana beslut som fattas av beslutsorganen. 21 Kommissionen har yrkat att domstolen inte skall bifalla avvisningsyrkandet på dessa grunder. 22 Vad gäller de ordningar som införts genom kungligt dekret nr 40/1998 och 552/1998, i ändrad lydelse, har kommissionen gjort gällande att de upphörde att gälla efter att den frist som fastställts i det motiverade yttrandet för att följa detsamma hade löpt ut, det vill säga den 2 oktober 1999. Av fast rättspraxis följer att förekomsten av ett fördragsbrott skall bedömas mot bakgrund av den situation som rådde vid utgången av denna frist. 23 Vad gäller påståendet att artikel 1.2 i lag nr 5/1995 inte nämnts i ansökan, har kommissionen hävdat att den på flera ställen i ansökan, allmänt, har nämnt denna artikel utan att göra någon åtskillnad mellan artikelns två punkter. Även om domstolen skulle anse att koncerner inte omfattas av talan, innebär det inte att talan inte kan upptas till prövning såvitt avser moderbolagen. Kungligt dekret nr 8/1997 beträffande Telefónica de España SA och Telefónica Servicios Móviles SA rör under alla omständigheter inte hela koncernen utan avser uttryckligen två företag i koncernen. 24 Vad gäller besluten som fattats av företagens beslutsorgan, har kommissionen anfört att artikel 3.1 och 3.2 i lag nr 5/1995 nämns såväl på första sidan av ansökan som i yrkandena. Dessutom nämns beslut av företagen specifikt i själva ansökan eller så hänvisas det däri på ett allmänt sätt till samtliga åtgärder som kräver tillstånd. Det kan således inte påstås att talan inte är preciserad. Domstolens bedömning 25 Vad gäller den första avvisningsgrunden räcker det att konstatera att det följer av domstolens rättspraxis att förekomsten av ett fördragsbrott skall bedömas mot bakgrund av den situation som rådde i medlemsstaten vid utgången av den frist som har angivits i det motiverade yttrandet och domstolen skall inte beakta senare förändringar (se, bland annat, dom av den 5 december 2002 i mål C-174/01, kommissionen mot Luxemburg, REG 2002, s. I-0000, punkt 18). Med hänsyn till att det motiverade yttrandet är daterat den 2 augusti 1999 och att fristen för att följa yttrandet är två månader, kan det förhållandet, att de ordningar som upprättats genom de kungliga dekreten nr 40/1998 och nr 552/1998, i ändrad lydelse, upphörde att gälla den 17 februari 2001 respektive den 5 oktober 2000, inte påverka förekomsten av ett eventuellt fördragsbrott vid utgången av denna frist. 26 Den första avvisningsgrunden kan således inte godtas. 27 Vad gäller den andra och den tredje avvisningsgrunden, skall det framhållas att det i artikel 38.1 c i rättegångsreglerna föreskrivs att ansökan skall innehålla uppgifter om föremålet för talan samt en kortfattad framställning av grunderna för denna. I det förevarande fallet framgår med tillräcklig tydlighet av ansökan att talan särskilt avser de kungliga tillämpningsdekreten som antagits med stöd av lag nr 5/1995, varav vissa rör självständiga företag och andra rör företagskoncerner, och att bestämmelserna i denna lag endast har angivits i den mån de utgör den rättsliga grunden för de ifrågavarande dekreten. Det saknar således betydelse att kommissionen inte varje gång uttryckligen har hänvisat till artikel 1.1 eller 1.2 i lag nr 5/1995. Vad gäller beslut som fattas av företagens beslutsorgan som avses i artikel 3.1 i denna lag, framgår det klart av ansökan att talan avser åtgärder som har vidtagits med tillämpning av artikel 3.1 i lag nr 5/1995 liksom de åtgärder som har vidtagits med tillämpning av artikel 3.2 i denna lag. Ansökan är följaktligen klar och otvetydig. 28 Den andra och den tredje avvisningsgrunden kan således inte godtas. 29 Härav följer att talan kan tas upp till prövning i sin helhet. Prövning i sak Parternas grunder och argument 30 I ansökan har kommissionen inledningsvis hänvisat till sitt meddelande 97/C 220/06 av den 19 juli 1997 om vissa juridiska aspekter på gemenskapsinterna investeringar (EGT C 220, s. 15, nedan kallat meddelandet från 1997). Kommissionen har erinrat om att den i detta meddelande har tillkännagivit sin ståndpunkt avseende tolkningen av fördragets bestämmelser om fri rörlighet för kapital och etableringsfrihet i samband med åtgärder som vidtas av en medlemsstat vid privatisering av ett offentligt företag. 31 Enligt punkt 7 i meddelandet från 1997 skall alla åtgärder som innebär att det krävs ett administrativt förhandstillstånd för att förvärva aktier som ger kontroll över företaget, för att fullständigt utöva den rösträtt som är förenad med dessa och inneha ledningen i företaget betraktas såväl som en inskränkning i direkta investeringar som görs av investerare från en annan medlemsstat som en inskränkning i rätten att göra portföljinvesteringar eftersom tillståndsförfarandena i fråga skulle kunna användas för att hindra ekonomiska aktörer som vill göra portföljinvesteringar från att förvärva minoritetsandelar som överstiger de fastställda tröskelvärdena. 32 Enligt kommissionen uppfyller inte den möjlighet som finns i ifrågavarande nationella lagstiftning att kräva ett administrativt förhandstillstånd för vissa rättshandlingar de villkor som anges i meddelandet från 1997 och innebär således ett åsidosättande av artiklarna 43 EG och 56 EG. 33 Vad särskilt gäller den fria rörligheten för kapital har kommissionen hänvisat till dom av den 14 mars 2000 i mål C-54/99, Église de scientologie (REG 2000, s. I-1335, punkt 14), av vilken det följer att en nationell föreskrift som innehåller ett krav på förhandstillstånd för utländska direktinvesteringar utgör en restriktion för den fria rörligheten för kapital. 34 Även om medlemsstaterna i enlighet med de undantag som anges i fördraget kan föreskriva begränsningar av den fria rörligheten för kapital och av etableringsfriheten, under vissa omständigheter som rör utövande av offentlig makt, allmän ordning, allmän säkerhet och skyddet för folkhälsan, skall dessa undantag, enligt kommissionens mening, tolkas restriktivt och deras räckvidd kan inte ensidigt fastställas av medlemsstaterna. Dessutom skall de uppfylla proportionalitetskriterierna vara förenliga med rättssäkerhetsprincipen och inte ha vidtagits enbart av ekonomiska skäl (dom av den 31 mars 1993 i mål C-19/92, Kraus, REG 1993, s. I-1663, svensk specialutgåva, volym 14, s. I-167, och av den 30 november 1995 i mål C-55/94, Gebhard, REG 1995, s. I-4165). 35 Överväganden av enbart ekonomisk eller administrativ art kan under alla omständigheter inte utgöra tvingande hänsyn av allmänintresse som kan motivera begränsningar av de friheter som föreskrivs i fördraget. Tabacalera SA, som tillverkar tobak, och bankkoncernen Corporación Bancaria de España SA (Argentaria) kan vid första anblick inte omfattas av en motivering som grundas på tvingande hänsyn av allmänintresse. Ordningarna med förhandstillstånd som omfattar de övriga företagen i fråga innehåller inte något villkor och skulle kunna tillämpas i alla situationer efter myndighetens eget skön. Vad gäller Telefónica de España SA och Telefónica Servicios Móviles SA omfattar kungligt dekret nr 8/1997 dessutom även mobiltelefonitjänster utanför Spanien. Vad gäller Endesa SA har detta bolag bildats särskilt för att gynna utvecklingen av den koncern i vilken den ingår på de internationella marknaderna och särskilt i Sydamerika. Det bolaget bidrar enligt kommissionen uppenbarligen inte till bibehållandet av en tjänst som är strategisk för den spanska ekonomin. 36 Enligt kommissionen strider den omtvistade ordningen, särskilt artikel 3.2 i lag nr 5/1995 men även artikel 3.1 i denna lag, under alla omständigheter mot proportionalitetsprincipen. En ordning med administrativa förhandstillstånd, vilken oundvikligen är mer ingripande än en kontroll i efterhand, måste omfattas av mycket stränga krav. Detta är emellertid inte fallet i förevarande mål. I den ifrågavarande ordningen saknas insyn, villkoren för beviljande av tillstånd är varken definierade eller förutsebara och nämnda ordning ger inte enskilda någon möjlighet att få exakt kännedom om omfattningen av deras rättigheter och skyldigheter. 37 Den spanska regeringen har enligt kommissionen inte visat att administrativa förhandstillstånd utgör den minst ingripande metoden som står till dess förfogande eller att den utgör det enda effektiva sättet att övervaka, kontrollera och eventuellt förbjuda vissa investeringar som strider mot de mål som eftersträvas. Denna ordning ger dessutom myndigheten en möjlighet att godtyckligt diskriminera investerare från andra medlemsstater. 38 Kommissionen gjorde vid förhandlingen gällande att den delar den bedömning som domstolen gjort i de domar som meddelats i liknande mål efter det att talan hade väckts, det vill säga domarna av den 4 juni 2002 i mål C-367/98, kommissionen mot Portugal (REG 2002, s. I-4731), i mål C-483/99, kommissionen mot Frankrike (REG 2002, s. I-4781), och i mål C-503/99, kommissionen mot Belgien (REG 2002, s. I-4809). Domstolen ansåg i dessa domar att en ordning med förhandstillstånd, såsom den i det förevarande fallet, är oförenlig med den fria rörligheten för kapital. 39 Den spanska regeringen har i andra hand, eftersom den har gjort gällande att talan skall avvisas, gjort gällande att kommissionens bedömning saknar grund och att talan skall ogillas i sak. Den har för det första i detalj redogjort för förfarandet för privatisering av sektorn för offentliga företag i Spanien samt de konstitutionella bestämmelser som rör detta förfarande i syfte att visa att dessa är fullständigt rättsenliga med beaktande av den nationella rätten. Konungariket Spanien hade endast för avsikt att i början av privatiseringsprocessen vidta kompletterande åtgärder som garanterar att det särskilda uppdrag som har anförtrotts de berörda företagen sköts på ett korrekt sätt. 40 Denna regering har vidare hänvisat till kungligt dekret nr 1525/1995, i vilket det i skälen anges att "den tillståndsordning som införs genom lag nr 5/1995 av den 23 mars och, följaktligen, detta kungliga dekret skall tillämpas i enlighet med bestämmelserna i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen angående etableringsrätten och den fria rörligheten för kapital". Härav följer att även gemenskapsrätten har iakttagits till fullo. 41 Den spanska regeringen har även hänvisat till principen om neutralitet i fördraget vad gäller egendomsordningen, vilken anges i artikel 295 EG. Den delar generaladvokaten Ruiz-Jarabo Colomers åsikt i dennes förslag till avgörande inför domarna i de ovannämnda målen kommissionen mot Portugal, kommissionen mot Frankrike och kommissionen mot Belgien, att liknande ordningar som är i kraft i Portugal, Frankrike och Belgien skall anses vara förenliga med gemenskapsrätten med stöd av artikel 295 EG. Den har gjort gällande att eftersom medlemsstaterna har rätt att privatisera företag i offentliga sektorn skall den rättsliga principen om att "den som kan åstadkomma det stora, kan åstadkomma det lilla" tillämpas. 42 Under alla omständigheter är ordningen med administrativa förhandstillstånd enligt lag nr 5/1995 förenlig med den fria rörligheten för kapital och etableringsfriheten. Vad gäller de beslut av beslutsorgan i företag som räknas upp i artikel 3.1 i denna lag, gäller samtliga dessa beslut bibehållandet av företagets bolagsändamål eller dess egendom och motiveras av bibehållandet av kontinuitet i företaget. En investerare från en annan medlemsstat får dessutom förvärva sådana aktieposter som ger kontroll över företaget som avses i artikel 3.2 i lag nr 5/1995 på samma villkor som gäller för spanska medborgare. Den ifrågavarande ordningen innebär således ingen diskriminering på grundval av nationalitet. 43 Även om de omtvistade bestämmelserna eventuellt skulle kunna beröra etableringsfriheten begränsar de enligt den spanska regeringen med säkerhet inte den fria rörligheten för kapital. Ordningen med administrativa förhandstillstånd syftar inte till att hindra att kapital från andra medlemsstater kommer ut på de nationella finansiella marknaderna eller att reglera den rättsliga ordningen för de transaktioner som genomförs i detta syfte. Den gällande materiella rätten i varje medlemsstat utgör en av faktorerna på marknaden som inte kan anses strida mot den fria rörligheten för kapital. Dessutom rör den ifrågavarande ordningen enbart rättigheter som rör aktieägarnas inflytande, såsom rösträtt, medan deras ekonomiska rättigheter inte berörs. 44 Ordningen med administrativa förhandstillstånd är enligt den spanska regeringen under alla omständigheter motiverad av tvingande hänsyn till allmänintresset, vilka består i ett strategiskt intresse samt behovet av att säkerställa kontinuitet i tillhandahållandet av offentliga tjänster. Hänvisningar till denna garanti förekommer i alla de ifrågavarande kungliga dekreten. Det ankommer nämligen på medlemsstaterna att garantera en trygg försörjning, ekonomisk och social solidaritet samt skydd för konsumenternas intressen. 45 Enligt den spanska regeringen är den ifrågavarande ordningen även förenlig med proportionalitetsprincipen. Säkerställandet av kontinuitet vid tillhandahållandet av offentliga tjänster utgör ett klart, objektivt och icke-diskriminerande kriterium vilket även är förenligt med rättssäkerhetsprincipen, även om det innebär tillämpning av ett utrymme för skönsmässig bedömning. Myndigheten omfattas dessutom alltid av rättsregler vid utövandet av denna befogenhet. 46 En uttömmande förteckning över de skäl som medför avslag på ansökan om det administrativa tillståndet i fråga, såsom kommissionen har begärt, är enligt den spanska regeringen inte nödvändigt och skulle paralysera myndighetens handlingsmöjligheter. 47 Dessutom är samtliga åtgärder som rör tillämpning av bestämmelserna i fråga underkastade en domstolskontroll i enlighet med nationell rätt, vilken grundas på artiklarna 9.3, 103 och 106 i den spanska konstitutionen. Den ordning som tvisten rör saknar således inte insyn. 48 Den spanska regeringen har slutligen hänvisat till artikel 86.2 EG. Utan att i detalj utveckla sina argument har den gjort gällande att denna bestämmelse utgör en allmän regel enligt vilken medlemsstaterna får vidta åtgärder som inte endast avviker från konkurrensbestämmelserna i fördraget utan även avviker från andra bestämmelser i fördraget. 49 Förenade kungarikets regering, som har intervenerat till stöd för den spanska regeringens yrkanden, har gjort gällande att det måste göras en åtskillnad mellan den rättsliga befogenheten att uppställa krav på förhandstillstånd vid förvärv av delar av ett bolag, såsom föreskrivs i artikel 3.2 i lag nr 5/1995, och den rättsliga befogenheten att hindra beslut i bolaget angående överlåtelse av egendom och tillgångar eller andra beslut som rör den löpande förvaltningen, såsom följer av artikel 3.1 i samma lag. Till skillnad från det första slaget av befogenhet, kan det andra slaget av befogenhet med säkerhet inte utgöra ett hinder för etableringsfriheten eller den fria rörligheten för kapital, varvid den inte behöver motiveras. 50 Kommissionens bedömning är enligt Förenade kungarikets regering felaktig i den del kommissionen anser att alla åtgärder som hindrar eller gör det mindre lockande att utöva de friheter som föreskrivs i fördraget inte får vara diskriminerande och dessutom måste vara motiverade av skäl som hänför sig till en proportionerlig tillämpning av rättsliga krav. Det följer tydligt av domstolens rättspraxis att åtgärder som inte hindrar tillträdet till marknaden inte behöver motiveras på detta sätt (se särskilt dom av den 24 november 1993 i de förenade målen C-267/91 och C-268/91, Keck och Mithouard, REG 1993, s. I-6097, punkt 17; svensk specialutgåva, volym 14, s. I-431). Domstolens bedömning Artikel 56 EG 51 För det första skall det erinras om att artikel 56.1 EG inför fri rörlighet för kapital mellan medlemsstater och mellan medlemsstater och tredje land. I artikeln föreskrivs att, inom ramen för bestämmelserna i fördragets kapitel med rubriken "Kapital och betalningar", alla restriktioner för kapitalrörelser mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land skall vara förbjudna. 52 Det finns inte någon definition av begreppen kapitalrörelser respektive betalningar i fördraget. Det är emellertid klarlagt att direktiv 88/361 tillsammans med den till direktivet bifogade nomenklaturen är vägledande vid definition av begreppet kapitalrörelser (se dom av den 16 mars 1999 i mål C-222/97, Trummer och Mayer, REG 1999, s. I-1661, punkterna 20 och 21). 53 Enligt punkterna I och III i nomenklaturen i bilaga 1 till direktiv 88/361 och enligt förklaringarna i bilagan utgör direkta investeringar i form av förvärv av företag genom köp av aktier samt förvärv av värdepapper på kapitalmarknaden kapitalrörelser i den mening som avses i artikel 56 EG. Enligt nämnda förklaringar utmärks direkta investeringar av en faktisk möjlighet att medverka i ledningen eller kontrollen av företaget. 54 Mot bakgrund av dessa överväganden skall det undersökas huruvida den ordning som följer av lag nr 5/1995 och de kungliga dekreten nr 3/1996, 8/1997, 40/1998, 552/1998 och 929/1998 utgör en restriktion av kapitalrörelserna mellan medlemsstaterna, eftersom det krävs ett förhandstillstånd av den nationella myndigheten för att fatta beslut i handelsföretag som rör - upplösning, fission eller fusion av företaget, - avyttring eller pantsättning av tillgångarna eller ägarandelar i bolag som är nödvändiga för att fullfölja bolagsändamålet, - ändring av bolagsändamålet, - avyttring av bolagskapitalet som innebär en minskning av statens ägarandel med en procentsats som är lika med eller större än 10 procent, - förvärv av andelar i företag som medför ett innehav av minst 10 procent av bolagskapitalet, när statens ägarandel i företagets bolagskapital har minskats med minst 10 procent och kommit att bli mindre än 50 procent eller denna ägarandel har minskats till mindre än 15 procent av bolagskapitalet. 55 Den spanska regeringen har inledningsvis gjort gällande att åtgärderna i artikel 3.2 i lag nr 5/1995 är tillämpliga utan åtskillnad med avseende på nationalitet. Det rör sig således inte om en diskriminerande behandling av medborgare från andra medlemsstater. Följaktligen anser denna regering att de ifrågavarande åtgärderna inte utgör något hinder för den fria rörligheten för kapital. 56 Domstolen anser inte att detta argument kan godtas. Det följer nämligen av punkt 44 respektive 40 i domarna i de ovannämnda målen kommissionen mot Portugal och kommissionen mot Frankrike att förbudet i artikel 56 EG går längre än att enbart eliminera skillnader i behandlingen av aktörer på finansmarknaderna som grundas på nationalitet. 57 Bestämmelser som, i likhet med dem som föreskrivs i artikel 3.2 i lag nr 5/1995, begränsar förvärv av andelar i företag utgör ett hinder för den fria rörligheten för kapital. 58 Vad gäller de åtgärder som föreskrivs i artikel 3.1 i lag nr 5/1995 har Förenade kungarikets regering med stöd av domen i de ovannämnda målen Keck och Mithouard gjort gällande att de inte hindrar tillträdet till marknaden och att de inte är av sådan art att de kan inverka på den fria rörligheten för kapital. 59 Detta argument kan inte godtas. De ifrågavarande åtgärderna har inte en verkan som motsvarar verkan av de bestämmelser som i domen i de ovannämnda förenade målen Keck och Mithouard har ansetts falla utanför tillämpningsområdet för artikel 30 i EG-fördraget (nu artikel 28 EG i ändrad lydelse). 60 Enligt nämnda dom är tillämpningen på varor från andra medlemsstater av nationella bestämmelser, som begränsar eller förbjuder vissa försäljningsformer i importstaten, inte ägnad att hindra handeln mellan medlemsstaterna, förutsatt att bestämmelserna tillämpas på samtliga berörda näringsidkare som bedriver verksamhet inom det nationella territoriet och förutsatt att de såväl rättsligt som faktiskt påverkar avsättningen av inhemska varor och varor från andra medlemsstater på samma sätt. Skälet till detta är att denna tillämpning inte anses hindra varornas tillträde till marknaden i importstaten eller försvåra deras tillträde jämfört med inhemska varor (dom av den 10 maj 1995 i mål C-384/93, Alpine Investments, REG 1995, s. I-1141, punkt 37). 61 Även om det i det förevarande fallet är riktigt att de ifrågavarande hindren för investeringstransaktionerna utan åtskillnad är tillämpliga på såväl personer som är bosatta i medlemsstaten som på personer som inte är det, kan det inte desto mindre konstateras att de påverkar situationen som sådan för en person som vill förvärva en andel i ett företag, och de kan således medföra att investerare i andra medlemsstater avstår från att göra sådana investeringar och påverkar, följaktligen, tillträdet till marknaden (se även dom meddelad denna dag i mål C-98/01, kommissionen mot Förenade kungariket, REG 2003, s. I-0000, punkt 47). 62 Mot denna bakgrund finns det skäl att anse att de ifrågavarande bestämmelserna som dels grundas på artikel 3.2 i lag nr 5/1995, dels på artikel 3.1 i samma lag utgör en restriktion av kapitalrörelserna i den mening som avses i artikel 56 EG. 63 Denna bedömning påverkas inte av det förhållandet, vilket har åberopats av den spanska regeringen, att det i skälen i kungligt dekret nr 1525/1995 anges att den ifrågavarande ordningen skall tillämpas i enlighet med gemenskapsrätten. 64 Ett sådant påstående kan för det första inte göra kravet på förhandstillstånd förenligt med gemenskapsrätten när det saknas en lämplig motivering. För det andra kan en sådan abstrakt regel inte med säkerhet garantera att den konkreta tillämpningen av den ifrågavarande ordningen alltid kommer att ske i enlighet med de krav som uppställs i gemenskapsrätten. 65 Det skall således undersökas huruvida, och i förekommande fall på vilka villkor, den omtvistade begränsningen kan anses motiverad beträffande de olika företag som omfattas av de kungliga dekreten i fråga. 66 Som domstolen har slagit fast (se domarna i de ovannämnda målen kommissionen mot Portugal, punkt 47, kommissionen mot Frankrike, punkt 43, och kommissionen mot Belgien, punkt 43), kan medlemsstaternas farhågor under vissa omständigheter motivera att de behåller ett visst inflytande över privatiserade företag som tidigare varit offentliga, när dessa företag tillhandahåller tjänster av allmänt eller strategiskt intresse. 67 Ovannämnda farhågor ger emellertid inte medlemsstaterna rätt att åberopa sina egendomsordningar, i den mening som avses i artikel 295 EG, till stöd för inskränkningar i de friheter som föreskrivs i fördraget när inskränkningarna är ett resultat av att medlemsstatens aktieinnehav i ett privatiserat företag är förbundet med privilegier. Nämnda artikel undantar nämligen inte medlemsstaternas egendomsordningar från fördragets grundläggande bestämmelser (se domarna i de ovannämnda målen kommissionen mot Frankrike, punkt 44, och kommissionen mot Belgien, punkt 44). 68 Den fria rörligheten för kapital, som är en grundläggande princip i fördraget, kan endast inskränkas genom nationella bestämmelser som motiveras av hänsyn som avses i artikel 58.1 EG eller av tvingande hänsyn till allmänintresset. För att vara motiverade skall de nationella bestämmelserna dessutom vara ägnade att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och den skall, för att uppfylla proportionalitetskravet, inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål (se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen kommissionen mot Portugal, punkt 49, kommissionen mot Frankrike, punkt 45, och kommissionen mot Belgien, punkt 45). 69 Domstolen har redan slagit fast att när det är fråga om ett system i vilket ett administrativt förhandstillstånd krävs, vilket är fallet med den aktuella ordningen, måste detta krav stå i proportion till det eftersträvade målet på så sätt att målet inte skulle kunna uppnås genom åtgärder med mindre begränsande verkan, bland annat genom införandet av en ordning där deklaration sker i efterhand (se, för ett liknande resonemang, dom av den 14 december 1995 i de förenade målen C-163/94, C-165/94 och C-250/94, Sanz de Lera m.fl., REG 1995, s. I-4821, punkterna 23-28, dom av den 20 februari 2001 i mål C-205/99, Analir m.fl., REG 2001, s. I-1271, punkt 35, och domarna i de ovannämnda målen kommissionen mot Portugal, punkt 50, och kommissionen mot Frankrike, punkt 46). En sådan ordning måste vara grundad på objektiva kriterier som inte är diskriminerande och de berörda företagen måste i förväg känna till dessa kriterier. Dessutom måste alla som berörs av en åtgärd med begränsande verkan av denna typ ha möjlighet att få åtgärden överprövad (domarna i de ovannämnda målen Analir m.fl., punkt 38, kommissionen mot Portugal, punkt 50, och kommissionen mot Frankrike, punkt 46). 70 I det förevarande fallet har den spanska regeringen gjort gällande att den ifrågavarande ordningen är motiverad av ett tvingande hänsyn till allmänintresset, vilket är förbundet både med ett strategiskt intresse och med behovet av att säkerställa kontinuitet i tillhandahållandet av offentliga tjänster. I detta hänseende kan det omgående konstateras att företaget Tabacalera SA, som tillverkar tobak, och koncernen Corporación Bancaria de España SA (Argentaria), som är en affärsbankskoncern inom den traditionella banksektorn och beträffande vilken det inte har påståtts att den skulle utföra uppgifter som det ankommer på en centralbank eller ett liknande organ att utföra, inte utgör företag som tillhandahåller offentliga tjänster. Den spanska regeringen har inte visat att det föreligger särskilda omständigheter av vilka det följer att denna bankkoncern fyller en offentlig funktion genom att enbart hänvisa till "vissa verksamheter" som tidigare utgjorde en del av de offentliga sparbankernas befogenhet. Härav följer att de ifrågavarande ordningarna rörande Tabacalera SA och Corporación Bancaria de España SA (Argentaria) inte är motiverade. 71 Vad gäller de tre andra företagen i fråga, som är verksamma inom branscherna för olja, telekommunikation och elektricitet, kan det inte förnekas att målet att trygga försörjningen av sådana produkter, eller tillhandahållandet av sådana tjänster i en krissituation inom den berörda medlemsstaten, kan utgöra ett skäl grundat på allmän säkerhet (se för liknande omständigheter domarna i de ovannämnda målen kommissionen mot Frankrike, punkt 47, och kommissionen mot Belgien, punkt 46) och skulle, följaktligen, kunna anses motivera en inskränkning i den fria rörligheten för kapital. 72 Domstolen har emellertid även slagit fast att de krav som den allmänna säkerheten ställer skall tolkas restriktivt, särskilt när det är fråga om undantag från den grundläggande principen om fri rörlighet för kapital, så att deras räckvidd inte kan bestämmas ensidigt av varje medlemsstat utan kontroll av gemenskapsinstitutionerna. Således kan allmän säkerhet åberopas enbart då det föreligger ett verkligt och tillräckligt allvarligt hot som påverkar ett grundläggande samhällsintresse (se bland annat domarna i de ovannämnda målen Église de scientologie, punkt 17, kommissionen mot Frankrike, punkt 48, och kommissionen mot Belgien, punkt 47). 73 Det skall således undersökas om de ifrågavarande bestämmelserna rörande dessa tre företag vid ett verkligt och allvarligt hot i den berörda medlemsstaten kan trygga minimiförsörjningen av oljeprodukter och elektricitet samt en miniminivå vad gäller telekommunikationstjänster och att de inte går utöver vad som är nödvändigt för att nå detta mål. 74 Vad gäller kommissionens anmärkning angående artikel 3.2 i lag nr 5/1995, skall det i detta hänseende erinras om att det i den ordning som införts genom denna bestämmelse föreskrivs att såväl avyttringar av bolagskapitalet, som innebär en minskning av statens ägarandel med en procentsats som är lika med eller större än 10 procent, i den mån denna ägarandel har kommit att understiga 50 procent eller denna ägarandel har minskats till mindre än 15 procent av bolagskapitalet, som förvärv av en ägarandel som medför ett innehav av minst 10 procent av bolagskapitalet skall godkännas av en företrädare för staten. Statens utövande av denna rättighet är enligt de tillämpliga bestämmelserna inte underkastat några villkor. De berörda investerarna erhåller ingen information om de särskilda och objektiva omständigheter på grundval av vilka ett förhandstillstånd kommer att beviljas eller nekas. 75 En sådan oklarhet gör att enskilda inte har möjlighet att få kännedom om omfattningen av de rättigheter och skyldigheter som de har enligt artikel 56 EG, och en sådan ordning måste således anses strida mot rättssäkerhetsprincipen (se domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Frankrike, punkt 50). 76 Myndigheten har härvid nämligen ett mycket vidsträckt utrymme för skönsmässig bedömning, vilket utgör ett allvarligt hinder för den fria rörligheten för kapital och kan leda till att denna blir obefintlig. Den ifrågavarande ordningen går således utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det eftersträvade mål som har åberopats av den spanska regeringen, det vill säga att hindra ett avbrott i försörjningen av oljeprodukter, elektricitet och telekommunikationstjänster. 77 Vad gäller kommissionens anmärkning angående artikel 3.1 i lag nr 5/1995 som rör kravet på ett administrativt förhandstillstånd vid beslut om upplösning, fission eller fusion av företaget, avyttring eller pantsättning av tillgångar eller ägarandelar som är nödvändiga för att fullfölja bolagsändamålet i företagen samt ändring av bolagsändamålet, har den spanska regeringen vid förhandlingen gjort gällande att den ifrågavarande ordningen skall anses tillåten eftersom den uppvisar likheter med den ordning som prövats i domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Belgien, vilken godkändes av domstolen eftersom den endast rörde vissa tillgångar i bolagen i fråga samt vissa förvaltningsbeslut, och eftersom den inte rörde begränsningar avseende investerarna i sig eller deras ägarandelar som sådana. 78 Härvid skall det framhållas att det för det första följer av punkterna 49-52 i domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Belgien att den ordning som prövades i den domen var en ordning där invändningar kunde resas i efterhand, vilket är mindre ingripande än en ordning med förhandstillstånd vilket är fallet i förevarande mål (se, för ett liknande resonemang, dom av den 5 mars 2002 i de förenade målen C-515/99, C-519/99-C-524/99 och C-526/99-C-540/99, Reisch m.fl., REG 2002, s. I-2157, punkt 37). Vidare kännetecknades den första ordningen av att den särskilt räknade upp de berörda strategiska tillgångarna samt de exakta förvaltningsbeslut som kunde ifrågasättas. Slutligen begränsades den administrativa myndighetens ingripande till enbart de fall där ändamålen med energipolitiken kunde äventyras. Alla beslut som fattades inom dessa ramar skulle vara formellt motiverade och var underkastade en effektiv domstolskontroll. 79 Dessa kriterier är inte uppfyllda beträffande den ordning som grundas på en tillämpning av artikel 3.1 i lag nr 5/1995 och de kungliga dekreten rörande de berörda företagen i branscherna för olja, telekommunikation och elektricitet. De "tillgångar ... eller ägarandelar i bolag som är nödvändiga för att fullfölja bolagsändamålet i företaget och som är ämnade för detta ändamål", som anges i artikel 3.1 b i denna lag, är endast noggrant fastslagna i vissa av nämnda dekret. Frivillig upplösning, fission eller fusion av företaget eller ändring av bolagsändamålet, som anges i artikel 3.1 a och c i denna lag utgör inte, till skillnad från de beslut som var aktuella i domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Belgien (punkt 50), specifika förvaltningsbeslut utan beslut som är grundläggande för driften av ett företag. Ingripandet av den administrativa myndigheten är i det förevarande fallet, i motsats till vad som var fallet i målet rörande Konungariket Belgien, inte underkastat något villkor som begränsar denna myndighets utrymme för skönsmässig bedömning. Det förhållandet att det tycks vara möjligt att överpröva sådana beslut i domstol förändrar inte denna bedömning eftersom varken lagen eller de ifrågavarande dekreten innehåller kriterier som är tillräckligt precisa för att den nationella domstolen skall kunna kontrollera den administrativa myndighetens utövande av detta utrymme för skönsmässig bedömning. 80 Mot bakgrund av att den ifrågavarande ordningen saknar objektiva och precisa kriterier finns det skäl att anse att denna går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå det mål som har åberopats av den spanska regeringen. 81 Denna bedömning påverkas inte av att det genom de tre berörda kungliga dekreten har införts en ordning med en giltighetstid som är begränsad till 10 år. Den omständigheten att en underlåtelse att uppfylla de skyldigheter som följer av fördraget är tidsbegränsad förändrar inte det förhållandet att det är fråga om ett fördragsbrott. 82 Denna bedömning påverkas inte heller av den spanska regeringens argument angående artikel 86.2 EG. Det skall härvid framhållas att även om det är riktigt att denna bestämmelse, jämförd med artikel 86.1 i fördraget, avser att förena medlemsstaternas intresse av att använda vissa företag, i synnerhet inom den offentliga sektorn, som instrument för den ekonomiska politiken eller socialpolitiken, med gemenskapens intresse av att konkurrensreglerna iakttas och att den gemensamma marknadens enhetlighet bevaras (dom av den 19 mars 1991 i mål C-202/88, Frankrike mot kommissionen, REG 1991, s. I-1223, punkt 12, svensk specialutgåva, volym 11, s. I-97, och av den 23 oktober 1997 i mål C-157/94, kommissionen mot Nederländerna, REG 1997, s. I-5699, punkt 39), måste denna medlemsstat emellertid på ett detaljerat sätt redogöra för skälen till att det kan ifrågasättas att ett företag som den har anförtrott uppgifter av allmänt ekonomiskt intresse skulle kunna fullgöra dessa under godtagbara ekonomiska villkor om de påtalade åtgärderna avskaffades (domen i det ovannämnda målet kommissionen mot Nederländerna, punkt 58). 83 Den spanska regeringen har emellertid inte givit någon förklaring till varför det skulle vara fallet i förevarande mål. Argumentet angående artikel 86.2 EG kan följaktligen inte godtas. 84 Det finns således skäl att fastställa att Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 56 EG genom att bibehålla artiklarna 2, 3.1 och 3.2 i lag nr 5/1995 samt de kungliga dekreten nr 3/1996, 8/1997, 40/1998, 552/1998 och 929/1998, såvitt det i dessa föreskrivs tillämpning av en ordning med administrativt förhandstillstånd. Artikel 43 EG 85 Kommissionen har även yrkat att domstolen skall fastställa att artikel 43 EG har åsidosatts, det vill säga att etableringsfriheten såvitt avser företag har åsidosatts. 86 Domstolen framhåller i detta hänseende att, i den mån de ifrågavarande bestämmelserna utgör hinder för etableringsfriheten, sådana hinder är en direkt följd av, och kan inte särskiljas från, de ovan prövade hindren för den fria rörligheten för kapital. Eftersom det har konstaterats att artikel 56 EG har åsidosatts, är det inte nödvändigt att separat pröva de ifrågavarande åtgärderna mot bakgrund av fördragets bestämmelser om etableringsfrihet. Beslut om rättegångskostnader Rättegångskostnader 87 Enligt artikel 69.2 i rättegångsreglerna skall tappande part förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna, om detta har yrkats. Kommissionen har yrkat att Konungariket Spanien skall förpliktas att ersätta rättegångskostnaderna. Eftersom Konungariket Spanien har tappat målet, skall kommissionens yrkande bifallas. Med tillämpning av artikel 69.4 första stycket i rättegångsreglerna skall Förenade kungariket, som har intervenerat i målet, bära sin rättegångskostnad. Domslut På dessa grunder beslutar DOMSTOLEN följande dom: 1) Konungariket Spanien har underlåtit att uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 56 EG genom att bibehålla artiklarna 2, 3.1 och 3.2 i Ley 5/1995 de régimen jurídico de enajenación de participaciones públicas en determinadas empresas (lag nr 5/1995 om en rättslig reglering av försäljning av statens andelar i vissa företag) av den 23 mars 1995, samt kungligt dekret nr 3/1996 av den 15 januari 1996 beträffande Repsol SA, kungligt dekret nr 8/1997 av den 10 januari 1997 beträffande Telefónica de España SA och Telefónica Servicios Móviles SA, kungligt dekret nr 40/1998 av den 16 januari 1998 beträffande Corporación Bancaria de España SA (Argentaria), kungligt dekret nr 552/1998 av den 2 april 1998 beträffande Tabacalera SA och kungligt dekret nr 929/1998 av den 14 maj 1998 beträffande Endesa SA, såvitt det i dessa föreskrivs tillämpning av en ordning med administrativt förhandstillstånd. 2) Konungariket Spanien skall ersätta rättegångskostnaderna. 3) Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland skall bära sin rättegångskostnad.

62002CJ0442

lt

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą yra susijęs su EB 43 straipsnio išaiškinimu. Nacionalinės teisės aktai Pagal šioje byloje taikomos Pinigų ir finansų kodekso redakcijos L. 312‑3 straipsnį: „Nepaisant bet kokios priešingos nuostatos, bet kuriai kredito įstaigai, gaunančiai visuomenės lėšas į indėlių iki pareikalavimo arba trumpesnio nei penkerių metų termino sąskaitas, nesvarbu, kokiu būdu, draudžiama už šias lėšas mokėti didesnes nei bankų ir finansų reikalų komiteto taisyklių arba ūkio ministro įsakymu nustatytas palūkanas.“ Bankų ir finansų reikalų komiteto taisyklės Nr. 86-13, patvirtintos 1986 m. gegužės 14 d. Ūkio ir finansų ministro įsakymu (JORF, 1986 m. gegužės 15d., p. 6330), draudžia mokėti palūkanas už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo. Minėtas draudimas yra taikomas Prancūzijoje gyvenančių asmenų, neatsižvelgiant į jų pilietybę, atidarytose sąskaitose eurais laikomiems indėliams iki pareikalavimo. Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai Pagal Prancūzijos teisę įsteigta Caixa Bank France (toliau – CaixaBank ) bendrovė, kurios buveinė Prancūzijoje, ir kuri yra pagal Ispanijos teisę įsteigtos įmonės Caixa Holding , turinčios savo buveinę Ispanijoje bei valdančios Caixa grupės dukterines kredito įstaigas, dukterinė bendrovė, nuo 2002 m. vasario 18 d. pradėjo vykdyti savo veiklą Prancūzijoje, mokėdama už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo nustatytas metines 2 % palūkanas, jeigu sąskaitos likutis buvo ne mažesnis kaip 1 500 eurų. 2002 m. balandžio 16 d. Bankų ir finansų reikalų komiteto sprendimu CaixaBank buvo uždrausta sudaryti naujas sutartis su Prancūzijos gyventojais dėl palūkanų mokėjimo už sąskaitose eurais laikomus indėlius iki pareikalavimo ir anuliuoti galiojančių sutarčių sąlygas, numatančias, kad už tokių indėlių laikymą mokamos palūkanos. CaixaBank dėl šio sprendimo pateikė kasacinį skundą Conseil d`Etat , kuri nusprendė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui šiuos prejudicinius klausimus: „1.      Ar valstybės narės nustatytas draudimas teisėtai joje įsisteigusiai banko įstaigai mokėti palūkanas už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo ir už kitas susigrąžinamas lėšas sudaro kliūtį įsisteigimo laisvei, jeigu šiuo klausimu 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje Nr. 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo bei vykdymo nieko nėra pasakyta? 2.      Jeigu atsakymas į pirmąjį klausimą yra teigiamas, kokiais privalomais bendrojo intereso pagrindais galima remtis šioje byloje, norint tokią kliūtį pateisinti?“ Dėl prejudicinių klausimų Pirmiausia primintina, kad 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva Nr. 2000/12/EB dėl kredito įstaigų veiklos pradėjimo ir vykdymo (OL L 126, p. 1) pagrindinėje byloje nagrinėjamu atveju nėra taikoma būtent ta dalimi, kurioje šioje direktyvoje nenumatyti apribojimai steigti tokias įmones, kaip antai CaixaBank , kurios, būdamos kitoje valstybėje narėje įsteigtų kredito įstaigų dukterinės įmonės, naudojasi įsisteigimo laisve valstybėje narėje. Prašymą dėl prejudicinio sprendimo pateikęs teismas savo klausimais iš esmės klausia, ar EB 43 straipsniui prieštarauja valstybės narės teisės aktai, draudžiantys kredito įstaigai, kitos valstybės narės bendrovės dukterinei bendrovei, mokėti palūkanas už pirmosios valstybės narės gyventojų atidarytose sąskaitose eurais laikomus indėlius iki pareikalavimo. EB 43 straipsnyje įtvirtinta įsisteigimo laisvė, aiškinant kartu su EB 48 straipsniu, suteikiama fiziniams asmenims, valstybių narių piliečiams bei juridiniams asmenims minėtos nuostatos prasme. Išskyrus numatytas išimtis ir sąlygas, ji apima teisę imtis savarankiškai dirbančių asmenų veiklos bei ja verstis bet kurioje valstybėje narėje, steigti ir valdyti bendroves, steigti atstovybes, padalinius arba filialus (žr. 1999 m. gegužės 11 d. Sprendimo Pfeiffer , Rink. p. I‑2835, 18 punktą). Tokios bendrovės kaip CaixaBank teisinę padėtį reglamentuoja Bendrijos teisė pagal EB 43 straipsnį. EB 43 straipsnis nustato įsisteigimo laisvės apribojimų panaikinimą. Tokiais apribojimais laikomos visos priemonės, kurios draudžia, kliudo arba dėl kurių naudojimasis šia laisve tampa mažiau patrauklus (žr. 1995 m. lapkričio 30 d. Sprendimo Gebhard , C‑55/94, Rink. p. I‑4165, 37 punktą; 2001 m. vasario 1 d. Sprendimo Mac Quen ir kt. C‑108/96, Rink. p. I‑837, 26 punktą ir 2002 m. spalio 17 d. Sprendimo Payroll ir kt. , C‑79/01, Rink. p. I‑8923, 26 punktą). Toks Prancūzijos teisės aktuose nustatytas draudimas mokėti palūkanas už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo, kuris kitų nei Prancūzija, valstybių narių bendrovėms yra rimta kliūtis siekiant vykdyti savo veiklą per dukterines bendroves minėtoje valstybėje narėje, daranti poveikį jų patekimui į rinką. Todėl šis draudimas turi būti laikomas apribojimu EB 43 straipsnio prasme. Taigi šis draudimas gali sudaryti kliūčių kredito įstaigoms, užsienio bendrovių dukterinėms bendrovėms, visuomenės kapitalo surinkimui, atimdamas iš jų galimybę mokėti palūkanas už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo, veiksmingai konkuruoti su steigimosi valstybėje narėje tradiciškai įsteigtomis kredito įstaigomis, turinčiomis platų padalinių tinklą, tad ir didesnes nei minėti filialai galimybes surinkti kapitalą iš visuomenės. Kai kredito įstaigos, užsienio bendrovių dukterinės įmonės, siekia patekti į valstybės narės rinką, konkuruodamos pasinaudojant palūkanomis už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo, tai yra vienas veiksmingiausių metodų siekiant šio tikslo. Todėl toks draudimas apsunkina šių bendrovių patekimą į rinką. Nors Prancūzijos vyriausybė posėdyje patvirtino, kad yra sąskaitų rūšių, panašių į sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo, pavyzdžiui, terminuotos 15 dienų sąskaitos, kurioms netaikomas palūkanų draudimas ir kurios padėjo tokioms kredito įstaigoms, kaip antai CaixaBank , konkuruoti su Prancūzijos kredito įstaigomis renkant visuomenės lėšas ir didinant savo rinkos dalį Prancūzijoje, vyriausybė pripažino, kad, priešingai nei sąskaitose laikomi indėliai iki pareikalavimo, tokios sąskaitos neleido naudotis banko kortelėmis arba čekiais. Todėl šis ginčijamas draudimas sukelia kliūtį CaixaBank ir į jį panašių kredito įstaigų veiklai rinkti visuomenės kapitalą, ir tos kliūties negali pakeisti net ir kitų rūšių indėlių sąskaitų egzistavimas. Ginčijamu draudimu pagrindinėje byloje nustatytas apribojimas šioms dukterinėms bendrovėms vykdyti bei plėtoti savo veiklą yra dar svarbesnis, nes akivaizdu, kad visuomenės indėlių priėmimas ir kreditų suteikimas neabejotinai yra pagrindinė kredito įstaigų veikla (žr., inter alia , Direktyvos Nr. 2000/12 I Priedo 1 straipsnio 1 dalį). Iš nusistovėjusios teismų praktikos matyti, kad, jei kaip ir šioje pagrindinėje byloje, tokia priemonė taikoma visiems asmenims arba įmonėms, vykdančioms savo veiklą priimančioje valstybėje narėje, ji gali būti pateisinama, kai atitinka privalomus bendrojo intereso pagrindus bei yra tinkama garantuoti, jog bus įgyvendintas ja siekiamas tikslas, neviršijant to, kas būtina tam tikslui pasiekti (žr. 2000 m. liepos 4 d. Sprendimo Haim , C‑424/97, Rink. p. I‑5123, 57 punktą; minėto sprendimo Mac Quen ir kt. 26 punktą ir 2002 m. sausio 15 d. Sprendimo Komisija prieš Italiją , C‑439/99, Rink. p. I‑305, 23 punktą). Todėl reikia išnagrinėti, ar Prancūzijos vyriausybės pateikti argumentai atitinka šiuos kriterijus. Siekdama pateisinti ginčijamu teisės aktu nustatytą įsisteigimo laisvės apribojimą, Prancūzijos vyriausybė nurodė vartotojų apsaugą ir vidutinio bei ilgalaikio termino santaupų laikymo skatinimą. Pirmiausia pagrindinėje byloje ginčijamas draudimas buvo būtinas siekiant užtikrinti, kad pagrindinės banko teikiamos paslaugos išliktų nemokamos. Įvedus palūkanų už sąskaitose laikomų indėlių iki pareikalavimo mokėjimą, iš esmės padidėtų bankų operacijų sąnaudos, dėl kurių kompensavimo išaugtų mokesčiai bei įvairios banko teikiamos paslaugos, kurios dabar yra nemokamos, būtų apmokestintos, ypač čekių išdavimas. Tačiau reikia nurodyti, kad nors vartotojų apsauga yra vienas iš privalomųjų reikalavimų, pateisinančių fundamentaliosios sutartimi garantuojamos įsisteigimo laisvės apribojimą, pagrindinėje byloje ginčijamas draudimas, net ir darant prielaidą, jog dėl to vartotojui suteikiami kai kurie privalumai, yra priemonė, akivaizdžiai viršijanti tai, kas būtina pasiekti minėtą tikslą. Galiausiai, net ir įsivaizduojant, jog panaikinus draudimą mokėti palūkanas už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo vartotojams bus neišvengiamai padidintos pagrindinių banko teikiamų paslaugų kainos arba mokesčiai už čekius, vartotojui turi būti suteikta galimybė pasirinkti arba sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo, už kuriuos palūkanos nėra mokamos, išliekant kai kurioms nemokamoms banko paslaugoms, arba sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo, už kuriuos palūkanos mokamos, kredito įstaigoms įgyjant teisę apmokestinti teikiamas banko paslaugas, kurios buvo nemokamos, pavyzdžiui, čekių išdavimą. Dėl Prancūzijos valdžios institucijų pareikšto susirūpinimo skatinti ilgalaikio termino santaupų laikymą reikia nurodyti, kad nors draudimas mokėti palūkanas už sąskaitose laikomus indėlius iki pareikalavimo yra iš tikrųjų tinkamas skatinant laikyti vidutinio ir ilgalaikio termino santaupas, vis dėlto tai yra priemonė, viršijanti tai, kas būtina pasiekti tokį tikslą. Atsižvelgiant į tai, kas buvo pasakyta, į pateiktus prejudicinius klausimus reikia atsakyti taip, kad EB 43 straipsniui prieštarauja valstybės narės nacionalinės teisės aktai, kuriais draudžiama kredito įstaigai, kitos valstybės narės bendrovės dukterinei bendrovei, mokėti palūkanas už pirmosios valstybės narės gyventojų atidarytose sąskaitose eurais laikomus indėlius iki pareikalavimo. Dėl bylinėjimosi išlaidų Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas etapų nacionalinio teismo nagrinėjamoje byloje, išlaidų klausimą turi spręsti nacionalinis teismas. Kitų šalių, kurios pateikė Teisingumo Teismui savo pastabas, išlaidos nėra atlygintinos. Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (didžioji kolegija) nutaria: EB 43 straipsnis neleidžia valstybės narės nacionalinės teisės aktų, kuriais draudžiama kredito įstaigai, kitos valstybės narės bendrovės dukterinei bendrovei, mokėti palūkanas už pirmosios valstybės narės gyventojų atidarytose sąskaitose eurais laikomus indėlius iki pareikalavimo. Parašai. * Proceso kalba: prancūzų.

62017TJ0073

fi

Asian tausta Kantajana oleva RS työskenteli 16.6.2010–15.6.2013 Euroopan komissiossa tehtäväryhmän III sopimussuhteisena toimihenkilönä. Hän hoiti 16.6.2013–15.6.2016 tehtäviään väliaikaisena toimihenkilönä Euroopan unionin muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen (jäljempänä palvelussuhteen ehdot) 2 artiklan b alakohdan nojalla tehdyn sopimuksen mukaisesti. Työsopimusten tekemiseen toimivaltainen viranomainen myönsi 1.10.2015 ja 30.11.2015 väliseksi ajaksi kantajalle palkatonta lomaa palvelussuhteen ehtojen 17 artiklan nojalla. Komissio julkaisi 9.2.2016 ilmoituksen kokeisiin perustuvasta sisäisestä kilpailusta varallaololuettelon laatimiseksi palkkaluokan 2 sihteerien/virkailijoiden (AST/SC 2), palkkaluokan 2 hallintoavustajien (AST 2) ja palkkaluokan 6 hallintovirkamiesten (AD 6) myöhempää palvelukseen ottamista varten (jäljempänä kilpailuilmoitus). Näiden kolmen kilpailun viitteet olivat seuraavat: COM/01/AST-SC/16 (AST/SC 2) – Sihteerit/virkailijat, COM/02/AST/16 (AST 2) – Hallintoavustajat ja COM/03/AD/16 (AD 6) – Hallintovirkamiehet. Kilpailuilmoituksen III jakson, jonka otsikko on ”Kilpailun osallistumisedellytykset”, 2.1 kohdassa todettiin hakijoiden hallinnollisesta asemasta erityisesti seuraavaa: ”Hakijalta edellytetään a) vähintään 42 kuukauden pituista – ei välttämättä yhtäjaksoista – palvelusaikaa komissiossa virkamiehenä, väliaikaisena toimihenkilönä tai sopimussuhteisena toimihenkilönä; virastojen tai muiden toimielinten palveluksessa suoritettuja työskentelyjaksoja ei oteta huomioon; komission palveluksessa tilapäisenä toimihenkilönä, ylimääräisenä toimihenkilönä, paikallisena toimihenkilönä tai lähetettynä kansallisena asiantuntijana suoritettuja työskentelyjaksoja ei myöskään oteta huomioon; b) toimimista komission virkamiehenä, väliaikaisena toimihenkilönä tai sopimussuhteisena toimihenkilönä sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden vähintään 12 kuukauden aikana; näiden 12 kuukauden aikana hakijan hallinnollisen aseman on oltava ollut ’työtehtävissä oleva’, ’asepalveluksen suorittamista varten myönnetyllä virkavapaalla’, ’vanhempain- tai perhevapaalla’, ’yksikön edun mukaisesti siirrettynä tilapäisesti muihin tehtäviin’ tai ’omasta pyynnöstään siirrettynä tilapäisesti muihin tehtäviin’ (siirron ensimmäisten kuuden kuukauden aikana) Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 37 artiklassa tarkoitetulla tavalla.” Kantaja toimitti hakemuksen sisäiseen kilpailuun COM/02/AST/16 (AST 2) ajankohtana, jota ei ole tarkemmin täsmennetty. Sisäisen kilpailun COM/02/AST/16 (AST 2) valintalautakunta ilmoitti kantajalle 11.4.2016 päätöksestään hylätä hänen hakemuksensa (jäljempänä riidanalainen päätös), koska hän ei täyttänyt kilpailuilmoituksessa vahvistettua edellytystä, jossa vaadittiin, että hakijan ”hallinnollisen aseman on oltava ollut sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden vähintään 12 kuukauden aikana ’työtehtävissä oleva’, ’asepalveluksen suorittamista varten myönnetyllä virkavapaalla’, ’vanhempain- tai perhevapaalla’, ’yksikön edun mukaisesti siirrettynä tilapäisesti muihin tehtäviin’ tai ’omasta pyynnöstään siirrettynä tilapäisesti muihin tehtäviin’ (siirron ensimmäisten kuuden kuukauden aikana) [Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen] 37 artiklassa tarkoitetulla tavalla” (jäljempänä riidanalainen edellytys). Kantaja valitti 11.7.2016 riidanalaisesta päätöksestä. Nimittävä viranomainen hylkäsi hänen valituksensa 21.10.2016 tekemällään päätöksellä, joka annettiin kantajalle tiedoksi 24.10.2016, ja toimitti päätöksensä kantajan edustajille. Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 3.2.2017 toimittamallaan kannekirjelmällä. Kantaja pyysi 3.2.2017 päivätyllä kirjeellä yhtäältä tunnistetietojen poistamista unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 66 artiklan mukaisesti ja hänen asiansa yhdistämistä keskinäisen yhteyden perusteella asiaan T-55/17, Healy v. komissio, kyseisen työjärjestyksen 68 artiklan mukaisesti. Kantajaa ja komissiota kehotettiin 15.2.2017 päivätyllä kirjeellä esittämään huomautuksensa käsiteltävän asian sekä asian T-55/17, Healy v. komissio, ja asian T-79/17 Schoonjans v. komissio, mahdollisesta yhdistämisestä. Kantaja ilmoitti 23.2.2017 päivätyllä kirjeellä kannattavansa käsiteltävän asian yhdistämistä asiaan T-55/17, Healy v. komissio, ja asiaan T-79/17, Schoonjans v. komissio, eikä hän pyytänyt oikeudenkäyntiasiakirjoihin ja asiakirja-aineistoon sisältyvien tietojen käsittelemistä luottamuksellisina. Komissio jätti vastineensa 4.4.2017. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi kantajan tunnistetietojen poistamista koskevan pyynnön 6.4.2017 tekemällään päätöksellä. Kantaja ilmoitti 18.5.2017 päivätyllä kirjeellä luopuvansa oikeudestaan toimittaa vastauskirjelmä. Kantaja pyysi 30.5.2017 päivätyllä kirjeellä istunnon pitämistä. Unionin yleisen tuomioistuimen yhdeksännen jaoston puheenjohtaja päätti 14.11.2017 tekemällään päätöksellä olla yhdistämättä käsiteltävää asiaa asiaan T-55/17, Healy v. komissio, ja asiaan T-79/17, Schoonjans v. komissio. Asianosaisten suulliset lausumat ja unionin yleisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin antamat vastaukset kuultiin 18.1.2018 pidetyssä istunnossa. Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin – kumoaa riidanalaisen päätöksen – velvoittaa komission suorittamaan hänelle 5000 euroa korvauksena hänelle väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä – velvoittaa komission korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Komissio vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin – hylkää kanteen – velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Oikeudellinen arviointi Kumoamisvaatimukset Asianosaisten lausumat Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu lähinnä kilpailuilmoitusta koskevaan lainvastaisuusväitteeseen, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen perustana oleva riidanalainen edellytys on ristiriidassa yhtäältä Euroopan unionin virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen (jäljempänä henkilöstösäännöt) 24 a artiklan ja 27 artiklan ensimmäisen kohdan ja toisaalta yhdenvertaisen kohtelun periaatteen kanssa. Kantajan mukaan henkilöstösääntöjen 29 artiklasta ilmenee, että toimielimen sisäiset kilpailut ovat avoimia kaikille sen palveluksessa oleville henkilöille, myös väliaikaisille toimihenkilöille, ja että kaikki poikkeukset tästä periaatteesta on perusteltava asianmukaisesti yksikön edun kannalta. Kantajan mukaan on kiistatonta, että hän oli komission palveluksessa ajankohtana, jona hän jätti hakemuksen sisäiseen kilpailuun COM/02/AST/16 (AST 2) ja jona hänen hakemuksensa tarkasteltiin. Kantaja katsoo myös, että tämä olisi ensimmäinen kerta, kun komissio tulkitsee edellytyksen, jonka mukaan hakijan on ”oltava toimielimen palveluksessa”, merkitsevän, että hänen on oltava ollut työtehtävissä toimivan työntekijän hallinnollisessa asemassa (tai jollakin kilpailuilmoituksessa tarkoitetulla lomalla) kilpailuun rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymisajankohtaa edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Toisin kuin nimittävä viranomainen 21.10.2016 tekemässään päätöksessä katsoi, riidanalainen edellytys ei kantajan mukaan mahdollistanut kahden tavoitteen saavuttamista eli mahdollisuutta käyttää erittäin pätevää ja välittömästi palvelukseen otettavaa henkilöstöä sekä vakinaistaa yksikön edun nojalla komission palveluksessa pitkään yhtäjaksoisesti työskennelleet sopimussuhteiset ja väliaikaiset toimihenkilöt. Ensimmäiseksi kantaja katsoo, ettei minkään perusteella voida olettaa, että hän voisi olla ”vähemmän välittömästi palvelukseen otettava” kuin toinen työntekijä, jolle oli myönnetty pitempi loma (esimerkiksi vanhempainvapaa tai asepalveluksen suorittamista varten myönnetty virkavapaa) mutta jolla oli lyhyempi palvelusaika. Kantajan mukaan riidanalaisella edellytyksellä loukataan myös yhdenvertaisen kohtelun periaatetta, koska hakijoita kohdeltiin eri tavoin ilman objektiivista perustelua sen mukaan, minkä tyyppisellä lomalla he olivat olleet sisäiseen kilpailuun COM/02/AST/16 (AST 2) rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymisajankohtaa edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Kantajan mukaan nimittävä viranomainen erehtyy katsoessaan, että tätä periaatetta on noudatettu, koska kaikkia hakijoita, jotka olivat virkavapaalla henkilökohtaisista syistä tai palkattomalla lomalla, kohdeltiin samalla tavalla. Tätä erilaista kohtelua ei voida kantajan mukaan selittää myöskään sillä, että, toisin kuin henkilökohtaisista syistä virkavapaalla olevat työntekijät, vanhempain- tai perhevapaalla olevat työntekijät pysyvät Euroopan unionin yhteisessä sairausvakuutusjärjestelmässä ja kerryttävät eläkeoikeuksia. Lopuksi kantaja kiistää, että hänen lomansa oli henkilökohtainen valinta, jolla ei ollut yhteyttä yksikön etuun. Kantajan mukaan yhtäältä tällainen loma myönnetään palvelussuhteen ehtojen 17 artiklan mukaan vain, jos hakemus on yksikön edun mukainen. Toisaalta kyseinen loma mahdollisti hänelle ammatilliseen täydennyskoulutukseen osallistumisen, joka on otettava huomioon henkilöstösääntöjen 24 a artiklan mukaisesti. Toiseksi kantaja katsoo, ettei kilpailuilmoituksessa ole mitään perustaa komission palveluksessa olleiden työntekijöiden vakinaistamisen tavoitteelle. Lisäksi kilpailuilmoituksessa todetaan muun muassa, että hakijoilta edellytetään vähintään 42 kuukauden palvelusaikaa, jonka ei välttämättä tarvitse olla yhtäjaksoinen. Edellä esitetyistä syistä kantaja katsoo, että riidanalaisella edellytyksellä rikotaan henkilöstösääntöjen 24 a ja 27 artiklaa, koska silla ei ole yhteyttä sisäisen kilpailun COM/02/AST/16 (AST 2) hakijoiden ansioihin. Joka tapauksessa, kun otetaan huomioon kantajan lyhyt loma, hän väittää lähinnä, että riidanalainen edellytys johtaa lopputulokseen, joka on suhteeton kilpailuilmoituksella tavoiteltuun päämäärään nähden. Komissio kiistää kantajan väitteen. Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta Henkilöstösääntöjen 24 a artiklassa säädetään seuraavaa: ”Näillä on helpotettava virkamiehen ammatillista täydennyskoulutusta, jos se on yksikköjen moitteetonta toimintaa koskevien vaatimusten mukaista ja vastaa yksikköjen omia etuja. Tämä täydennyskoulutus otetaan huomioon myös urakehityksessä.” Henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisessä kohdassa säädetään seuraavaa: ”Palvelukseen ottamisessa on pyrittävä varmistamaan, että toimielin saa palvelukseensa mahdollisimman päteviä, tehokkaita ja ehdottoman luotettavia virkamiehiä, jotka otetaan palvelukseen unionin jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta maantieteellisesti mahdollisimman laajalta alueelta. Virkaa ei saa varata tietyn jäsenvaltion kansalaisille.” Aluksi on palautettava mieleen oikeuskäytännössä vahvistetut periaatteet, jotka koskevat kilpailun järjestämiseen sovellettavia edellytyksiä ja yksityiskohtaisia sääntöjä. Ensinnäkin kilpailuilmoituksen keskeinen tehtävä on antaa asianomaisille henkilöille mahdollisimman täsmällistä tietoa niiden edellytysten luonteesta, joita avoimena olevassa toimessa toimiminen vaatii, jotta näillä henkilöillä on mahdollisuus arvioida, onko heidän aiheellista esittää hakemus (ks. tuomio 31.1.2006, Giulietti v. komissio, T-293/03 , EU:T:2006:37 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Toiseksi toimielimellä on tältä osin laaja harkintavalta määriteltäessä, mitä pätevyyttä koskevia kriteerejä avoimet toimet edellyttävät, ja määriteltäessä näiden kriteerien mukaan ja yksikön edun mukaisesti, mitkä ovat kilpailun järjestämisen edellytykset ja sitä koskevat yksityiskohtaiset säännöt (ks. vastaavasti tuomio 9.10.2008, Chetcuti v. komissio, C-16/07 P , EU:C:2008:549 , ja kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; tuomio 31.1.2006, Giulietti v. komissio, T-293/03 , EU:T:2006:37 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja tuomio 13.12.2006, Heus v. komissio, T-173/05 , EU:T:2006:392 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Sen harkintavallan käytössä, joka toimielimillä on kilpailujen järjestämisessä ja erityisesti hakemusten hyväksymisedellytysten vahvistamisessa, on kuitenkin noudatettava henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisen kohdan ja 29 artiklan 1 kohdan pakottavia säännöksiä. Henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisessä kohdassa määritellään pakottavasti jokaisen palvelukseen ottamisen tarkoitus, ja 29 artiklan 1 kohdassa vahvistetaan avoimien virkojen täyttämisessä noudatettavien menettelyjen puitteet. Tätä harkintavaltaa on näin ollen käytettävä aina täytettäviin virkoihin liittyvien vaatimusten ja yleisemmin yksikön edun mukaisesti (ks. tuomio 13.12.2006, Heus v. komissio, T-173/05 , EU:T:2006:392 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. vastaavasti myös tuomio 17.11.2009, Di Prospero v. komissio, F-99/08 , EU:F:2009:153 , ja kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Erityisesti edellytyksistä, joilla rajoitetaan hakijoiden rekisteröitymistä kilpailuun, voidaan todeta, että vaikka ne ovat omiaan rajoittamaan toimielimen mahdollisuuksia saada palvelukseensa henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitetut parhaat hakijat, tästä ei kuitenkaan seuraa, että kaikki tällaisen rajoituksen sisältävät edellytykset olisivat ristiriidassa edellä mainitun artiklan kanssa. Harkintavalta, joka hallintoviranomaisella on kilpailun järjestämisessä, ja yleisemmin yksikön etu nimittäin antavat toimielimelle mahdollisuuden asettaa edellytyksiä, joita se pitää tarkoituksenmukaisina ja jotka siitä huolimatta, että niillä rajoitetaan hakijoiden osallistumista kilpailuun ja siten väistämättä rekisteröityneiden hakijoiden määrää, eivät kuitenkaan uhkaa vaarantaa henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua tavoitetta mahdollisimman pätevien, tehokkaiden ja ehdottoman luotettavien hakijoiden rekisteröitymisen varmistamisesta (ks. vastaavasti tuomio 17.11.2009, Di Prospero v. komissio, F-99/08 , EU:F:2009:153 , kohta). Tältä osin ja kuten komissio katsoo, oikeuskäytännössä on jo todettu, ettei ole mitään velvollisuutta hyväksyä toimielimen sisäiseen kilpailuun kaikkia kyseisen toimielimen palveluksessa olevia henkilöitä. Tällaisella velvollisuudella loukataan nimittäin kyseisen toimielimen laajaa harkintavaltaa (ks. vastaavasti tuomio 9.10.2008, Chetcuti v. komissio, C-16/07 P , EU:C:2008:549 , – kohta ja tuomio 24.9.2009, Brown v. komissio, F-37/05 , EU:F:2009:121 , kohta). Toimielimen toimihenkilöille ja virkamiehille ei näin ollen voida myöntää ehdotonta oikeutta osallistua toimielimen sisäiseen kilpailuun (ks. vastaavasti tuomio 6.3.1997, de Kerros ja Kohn-Berge v. komissio, T-40/96 ja T-55/96 , EU:T:1997:28 , kohta ja tuomio 8.11.2006, Chetcuti v. komissio, T-357/04 , EU:T:2006:339 , kohta). Henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa ristiriitaisiksi katsotaan ainoastaan edellytykset, joilla rajoitetaan hakijoiden osallistumista kilpailuun ja joihin liittyy uhka siitä, että mahdollisimman pätevien hakijoiden ilmoittautumisen varmistamista koskevan tavoitteen saavuttaminen vaarantuu (ks. vastaavasti tuomio 6.3.1997, de Kerros ja Kohn-Berge v. komissio, T-40/96 ja T-55/96 , EU:T:1997:28 , kohta ja tuomio 17.11.2009, Di Prospero v. komissio, F-99/08 , EU:F:2009:153 , kohta). Kolmanneksi on muistutettava, että kun otetaan huomioon toimielimille tällä alalla myönnetty laaja harkintavalta, yksikön etua koskevan edellytyksen noudattamista valvoessaan unionin yleisen tuomioistuimen on valvottava ainoastaan sitä, onko toimielin pysytellyt kohtuullisissa rajoissa, ja sitä, ettei se ole käyttänyt harkintavaltaansa ilmeisen virheellisellä tavalla (ks. vastaavasti tuomio 19.6.2015, Z v. unionin tuomioistuin, T-88/13 P , EU:T:2015:393 , kohta). Seuraavaksi on myös palautettava mieleen, millä edellytyksin toimielimet voivat edellyttää sisäisen kilpailun hakijoilta tietyn pituista palvelusaikaa. Tältä osin on jo todettu, että tiettyä palvelusvuosien määrää koskeva vaatimus on asianmukainen keino varmistaa, että virkamiehillä on henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisessä kohdassa edellytetty pätevyys, ja taata siten yksikön etu. Tietynpituinen palvelusaika ja siten huomattava työkokemus Euroopan unionin toimielimissä on nimittäin ”varma osoitus” edellä mainitusta pätevyydestä (ks. vastaavasti tuomio 13.12.2006, Heus v. komissio, T-173/05 , EU:T:2006:392 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tällaisella palvelusaikaa koskevalla vaatimuksella voidaan varmistaa, että sisäiseen kilpailuun hyväksyttyihin henkilöihin sovelletaan tietyn ajanjakson ajan toimielinten hallintohenkilöstöön sovellettavia ehtoja, erityisesti arviointia ja kuria koskevia sääntöjä, ja että he ovat osoittaneet kykynsä tässä yhteydessä. Palvelukseenottomenettelyllä näin ollen varmistetaan, että toimielin saa palvelukseensa mahdollisimman päteviä, tehokkaita ja ehdottoman luotettavia virkamiehiä, sellaisina kuin se on itse arvioinut näitä ominaisuuksia (ks. vastaavasti tuomio 13.12.2006, Heus v. komissio, T-173/05 , EU:T:2006:392 , kohta). Oikeuskäytännössä on nimittäin hyväksytty palvelusaikaa koskevaksi edellytykseksi kolme vuotta (tuomio 6.3.1997, de Kerros ja Kohn-Berge v. komissio, T-40/96 ja T-55/96 , EU:T:1997:28 , kohta ja tuomio 17.11.2009, Di Prospero v. komissio, F-99/08 , EU:F:2009:153 , kohta), viisi vuotta (tuomio 13.12.2006, Heus v. komissio, T-173/05 , EU:T:2006:392 , , ja kohta) ja kymmenen vuotta (tuomio 21.11.2000, Carrasco Benítez v. komissio, T-214/99 , EU:T:2000:272 , ja kohta), koska asianomainen toimielin oli käyttänyt näissä asioissa laajaa harkintavaltaansa noudattaessaan yksikön etuun liittyvää edellytystä. Lisäedellytyksestä, jonka mukaan hakijana olevilta virkamiehiltä ja toimihenkilöiltä edellytetään tietyn palvelusajan lisäksi, että he ovat olleet toimielimen palveluksessa yhtäjaksoisesti kyseisessä palvelusaikaa koskevassa edellytyksessä tarkoitetun jakson ajan, voi sitä vastoin olla seurauksena, että sisäisestä kilpailusta suljetaan pois virkamiehiä tai toimihenkilöitä, joilla on yhtä pitkä tai pitempi palvelusaika kuin viimeksi mainitussa edellytyksessä vaaditaan. Tästä seuraa, että jos toimielin ei ole esittänyt perusteluja, tällaista edellytystä on pidettävä lainvastaisena (ks. vastaavasti tuomio 6.3.1997, de Kerros ja Kohn-Berge v. komissio, T-40/96 ja T-55/96 , EU:T:1997:28 , – kohta). Käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että kilpailuilmoituksen III jakson, jonka otsikko on ”Kilpailun osallistumisedellytykset”, 2.1 kohdan a ja b alakohdassa edellytetään, että hakijoiden on täytynyt 42 kuukauden – ei välttämättä yhtäjaksoisen – palvelusajan lisäksi työskennellä sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana komission palveluksessa ja olla näiden 12 kuukauden aikana työtehtävissä olevan työntekijän hallinnollisessa asemassa, asepalveluksen suorittamista varten myönnetyllä virkavapaalla, vanhempain- tai perhevapaalla, yksikön edun mukaisesti siirrettynä tilapäisesti muihin tehtäviin tai omasta pyynnöstään siirrettynä tilapäisesti muihin tehtäviin enintään kuudeksi kuukaudeksi. Näin ollen käy ilmi, että kilpailuilmoituksessa edellytetään, että hakijat ovat sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana olleet komission palveluksessa yhtäjaksoisesti ja jossakin edellä 47 kohdassa mainitussa hallinnollisessa asemassa, joissa ei mainita muun muassa henkilökohtaisista syistä myönnettyä virkavapautta. On todettava, että riidanalaisesta edellytyksestä seuraa, että kilpailuilmoituksessa tarkoitetusta sisäisestä kilpailusta suljetaan pois tietyt virkamiehet tai toimihenkilöt, joilla on kilpailuilmoituksessa edellytettyä 42 kuukauden palvelusaikaa pitempi palvelusaika, pelkästään sen perusteella, etteivät he olleet komission palveluksessa yhtäjaksoisesti sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana esimerkiksi siksi, että he olivat – vaikkakin vain lyhytaikaisella – virkavapaalla henkilökohtaisista syistä. Tällaisessa tilanteessa on myös kantaja, jolla on 69 kuukauden palvelusaika mutta joka oli kaksi kuukautta henkilökohtaisista syistä myönnetyllä virkavapaalla sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Komissio perustelee riidanalaista edellytystä vain sillä, että kyseisen edellytyksen tavoitteena oli ottaa palvelukseen paitsi ansioituneita ja erittäin päteviä virkamiehiä myös sellaisia, jotka voidaan ottaa välittömästi palvelukseen toteen näytetyn kokemuksensa ansiosta. On totta, että tämä tavoite mainittiin nimenomaisesti kilpailuilmoituksen otsikon ”Yleiset säännöt” alla. Komissio ei kuitenkaan mainitse mitään täytettävien virkojen ominaispiirteisiin liittyvää erityisolosuhdetta, joka edellyttäisi, että ainoastaan komission palveluksessa sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana yhtäjaksoisesti olleet toimihenkilöt voitaisiin ottaa välittömästi palvelukseen, ja jolla voitaisiin näin ollen perustella se, että toimihenkilöt, jotka eivät olleet komission palveluksessa yhtäjaksoisesti kyseisenä aikana erityisesti siksi, että he olivat virkavapaalla henkilökohtaisista syistä, suljetaan pois riidanalaisesta sisäisestä kilpailusta, vaikka heidän palvelusaikansa olisi edellytettyä 42 kuukauden palvelusaikaa pitempi. Näissä olosuhteissa on katsottava, että komissio käytti harkintavaltaansa ilmeisen virheellisellä tavalla edellyttäessään kilpailuilmoituksessa tietyn palvelusajan lisäksi, että hakijat olivat olleet komission palveluksessa yhtäjaksoisesti sähköistä rekisteröitymistä koskevan määräajan päättymispäivää edeltäneiden 12 kuukauden aikana. Joka tapauksessa ei voida päätellä, että toimihenkilö olisi pätevämpi tai enemmän välittömästi palvelukseen otettava pelkästään sen perusteella, että hän oli eri tyyppisellä lomalla. Tähän ratkaisuun on päädyttävä etenkin siksi, että riidanalainen edellytys johtaa paradoksaalisesti tiettyjen toimihenkilöiden, kuten kantajan, poissulkemiseen, vaikka he olivat lyhyemmän lomansa vuoksi edellisten 12 kuukauden aikana kauemmin komission palveluksessa kuin muut toimihenkilöt, jotka kuitenkin hyväksyttiin kyseessä olevaan sisäiseen kilpailuun. Tämä on ristiriidassa komission toteamuksen kanssa, sillä vastatessaan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen komissio totesi, että tämän edellytyksen avulla oli mahdollista vakinaistaa työntekijöitä, jotka olivat osoittaneet ansainneensa tulla vakinaistetuiksi työsuorituksillaan ja tehokkaalla toiminnallaan, joita oli voitu arvioida mahdollisimman uudella ja siis luotettavalla tavalla. Henkilökohtaisista syistä virkavapaalla olleiden työntekijöiden poissulkeminen ei näin ollen ole perusteltua tavoiteltujen päämäärien eikä henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisen kohdan perusteella. Tätä päätelmää ei kumoa se komission istunnossa mainitsema väitetty uhka, että syrjintäkiellon periaatetta olisi loukattu, jos hyväksymisedellytykset olisivat olleet erilaiset sen mukaan, ovatko asianomaiset työntekijät sopimussuhteisia toimihenkilöitä vai väliaikaisia toimihenkilöitä. Tältä osin on todettava, että toisin kuin komissio väitti vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen, on merkityksetöntä, että kyseessä oli ensimmäinen vuoden 2013 henkilöstösääntöjen uudistuksen jälkeen järjestetty sopimussuhteisille toimihenkilöille avoin sisäinen kilpailu, ja että tästä syystä päinvastaista aikaisempaa käytäntöä ei ollut. Tämä seikka on sitäkin vähemmän merkityksellinen, koska käsiteltävässä asiassa kantaja ei ollut sopimussuhteinen toimihenkilö vaan väliaikainen toimihenkilö. Komissiolla oli joka tapauksessa myös oikeus yhdenmukaistaa sopimussuhteisten ja väliaikaisten toimihenkilöiden hyväksymisedellytyksiä oikeuskäytännössä esitettyjä periaatteita noudattaen. Kaiken edellä esitetyn perusteella ja tarvitsematta edes lausua mahdollisesta henkilöstösääntöjen 24 a artiklan rikkomisesta tai yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamisesta on hyväksyttävä lainvastaisuusväite, jonka mukaan riidanalainen edellytys on ristiriidassa henkilöstösääntöjen 27 artiklan ensimmäisen kohdan kanssa, ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava. Vahingonkorvausvaatimus Koska riidanalaisen päätöksen kumoaminen ei kantajan mukaan ole riittävä korvaus hänelle väitetysti aiheutuneesta henkisestä kärsimyksestä, hän vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa komission maksamaan hänelle 5000 euroa. Komissio vastaa, että koska riidanalainen päätös ei ole lainvastainen, tämä unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäisen kerran esitetty vaatimus on hylättävä. Vaikka kyseinen päätös olisi lainvastainen, sen kumoaminen on komission mukaan joka tapauksessa riittävä korvaus väitetyistä henkisestä kärsimyksestä. On muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan lainvastaisen toimen kumoaminen voi sinällään olla asianmukainen ja periaatteessa riittävä korvaus henkisestä kärsimyksestä, joka tästä toimesta on voinut aiheutua (tuomio 9.11.2004, Montalto v. neuvosto, T-116/03 , EU:T:2004:325 , kohta; ks. vastaavasti myös tuomio 9.7.1987, Hochbaum ja Rawes v. komissio, 44/85, 77/85, 294/85 ja 295/85 , EU:C:1987:348 , kohta). Lainvastaisen toimen kumoaminen ei kuitenkaan itsessään voi olla asianmukainen korvaus silloin, kun yhtäältä riidanalaisessa toimessa esitetään sellainen nimenomaisesti kielteinen arvio kantajan kyvyistä, joka saattaa loukata häntä (ks. vastaavasti tuomio 7.2.1990, Culin v. komissio, C-343/87 , EU:C:1990:49 , – kohta; tuomio 23.3.2000, Rudolph v. komissio, T-197/98 , EU:T:2000:86 , kohta ja tuomio 13.12.2005, Cwik v. komissio, T-155/03, T-157/03 ja T-331/03 , EU:T:2005:447 , ja kohta), ja kun toisaalta kantaja osoittaa, että hänelle on aiheutunut henkistä kärsimystä, joka on erotettavissa kumoamisen perustana olevasta lainvastaisuudesta ja jota ei voida kokonaan korjata tällä kumoamisella (tuomio 6.6.2006, Girardot v. komissio, T-10/02 , EU:T:2006:148 , kohta ja tuomio 19.11.2009, Michail v. komissio, T-49/08 P , EU:T:2009:456 , kohta). Käsiteltävässä asiassa kantaja katsoo, että hänelle aiheutunut henkinen kärsimys johtuu siitä, ettei komissio pystynyt sijoittamaan häntä olosuhteisiin, joissa kilpailu olisi pitänyt järjestää, jotta taattaisiin kaikkien hakijoiden yhdenvertainen kohtelu ja arvioinnin objektiivisuus. On todettava, että yhtäältä kantaja ei väitä, että komissio teki hänen kyvyistään kielteisen arvion, joka saattaa loukata häntä, ja toisaalta hän ei osoita, että hänelle on aiheutunut henkistä kärsimystä, joka on erotettavissa kumoamisen perusteena olevasta lainvastaisuudesta. Näissä olosuhteissa ja edellä 58 ja 59 kohdassa muistutetun oikeuskäytännön mukaisesti unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että riidanalaisen päätöksen kumoaminen on asianmukainen ja riittävä korvaus henkisestä kärsimyksestä, jota kantajalle on voinut aiheutua kyseisen päätöksen lainvastaisuuden vuoksi. Vahingonkorvausvaatimus on näin ollen hylättävä. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella kanne on hyväksyttävä siltä osin kuin siinä vaaditaan riidanalaisen päätöksen kumoamista ja hylättävä muilta osin. Oikeudenkäyntikulut Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska komissio on olennaisilta osin hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimuksen mukaisesti. Näillä perusteilla UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Sisäisen kilpailun COM/02/AST/16 (AST 2) valintalautakunnan päätös, jolla hylätään RS:n hakemus, kumotaan. 2) Kanne hylätään muilta osin. 3) Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Gervasoni Kowalik-Bańczyk Mac Eochaidh Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä syyskuuta 2018. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: ranska.

62007CJ0337

hu

Az előzetes döntéshozatal iránti kérelem a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 társulási tanácsi határozat (a továbbiakban: 1/80 határozat) 7. cikke első bekezdésének értelmezésére irányul. A Társulási Tanácsot az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulás létrehozásáról szóló, egyrészről a Török Köztársaság, másrészről az Európai Gazdasági Közösség tagállamai és a Közösség által 1963. szeptember 12-én Ankarában aláírt, a Közösség nevében az 1963. december 23-i 64/732/EGK tanácsi határozattal ( HL 1964. 217., 3685. o. ) megkötött, jóváhagyott és megerősített megállapodás létesítette. E kérelmet az I. Altun török állampolgár és a Land Baden-Württemberg között az érdekeltnek a német államterületről való kiutasítása miatt folyamatban lévő eljárásban terjesztették elő. Jogi háttér Az 1/80 határozat Az 1/80 határozat 6. cikkének (1) és (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „(1)   A családtagok szabad munkavállalásra való jogosultságáról szóló 7. cikk sérelme nélkül, valamely tagállam rendes munkaerőpiacához tartozó török munkavállaló ebben a tagállamban: — egy év rendes foglalkoztatás után jogosult arra, hogy munkavállalási engedélyét ugyanannál a munkáltatónál megújítsa, amennyiben munkaviszonyban áll; — három év rendes foglalkoztatás után – és a közösségi tagállamok munkavállalóinak biztosítandó elsőbbségre is figyelemmel – jogosult arra, hogy ugyanazon foglalkozás vonatkozásában a választása szerinti munkáltatónál jelentkezzen bármely, rendes feltételek mellett meghirdetett és e tagállam munkaügyi hatóságánál bejelentett állásajánlatra; — négy év rendes foglalkoztatás után jogosult a választása szerinti bármely munkaviszonyban történő munkavállalásra. (2)   Az éves szabadság és az anyaság, a munkahelyi baleset vagy a rövid betegség miatti távollét beleszámít a rendes foglalkoztatás idejébe. Az önhibán kívüli munkanélküliség időtartama, amelyet a hatáskörrel rendelkező hatóságok szabályosan megállapítottak, valamint a hosszabb betegség miatti távollét nem számít ugyan bele a rendes foglalkoztatás idejébe, de nem érinti a korábbi foglalkoztatási időtartam alatt megszerzett jogokat.” [nem hivatalos fordítás] Az 1/80 határozat 7. cikke ekként rendelkezik: „Valamely tagállam rendes munkaerőpiacához tartozó török munkavállaló családtagja, aki engedélyt kapott arra, hogy a munkavállalóhoz költözzön: — jogosult – a Közösség tagállamai munkavállalóinak biztosítandó elsőbbségre is figyelemmel – bármely állásajánlatra jelentkezni, amennyiben ott már legalább három éve jogszerűen lakóhellyel rendelkezik; — jogosult a választása szerinti bármely munkaviszonyban történő szabad munkavállalásra, amennyiben ott legalább öt éve jogszerűen lakóhellyel rendelkezik. A török munkavállaló gyermeke, aki a fogadó államban szakmai képesítést szerzett, az érintett tagállamban való tartózkodásának időtartamától függetlenül jelentkezhet bármely állásajánlatra, amennyiben egyik szülője az érintett tagállamban legalább három évig jogszerűen munkaviszonyban állt.” [nem hivatalos fordítás] Ugyanezen határozat 14. cikkének (1) bekezdése szerint: „E szakasz rendelkezéseit a közrend, a közbiztonság és a közegészség miatt indokolt korlátozásokra is figyelemmel kell alkalmazni.” [nem hivatalos fordítás] A Genfi Egyezmény A menekültek jogállásáról szóló Genfben, 1951. július 28-án aláírt egyezmény (az Egyesült Nemzetek Szerződéseinek Tára [1954], 189. kötet, 150. o. 2545. sz.] 1954. április 22-én lépett hatályba. Ezen egyezménynek az alapügy tényállása idején hatályos változata a menekültek jogállásáról szóló 1967. január 31-én New Yorkban aláírt jegyzőkönyv által módosított, 1967. október 4-én hatályba lépett egyezmény (a továbbiakban: Genfi Egyezmény). A Genfi Egyezmény 1A. cikkének 2. pontja értelmében a „menekült” kifejezés alkalmazandó minden olyan személyre, „aki faji, illetőleg vallási okok, nemzeti hovatartozás, meghatározott társadalmi csoporthoz tartozás avagy politikai meggyőződése miatti üldözéstől való megalapozott félelme miatt az állampolgársága – hontalan esetén szokásos tartózkodási helye – szerinti országon kívül tartózkodik, és nem tud, vagy az üldözéstől való félelmében nem kíván oda visszatérni.” A Genfi Egyezmény 5. cikke szerint az egyezmény egyetlen rendelkezése „sem sértheti a menekültek számára ezen egyezménytől függetlenül biztosított jogokat vagy kedvezményeket”. Az alapeljárás és az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések Az alapeljárás felperese, Ibrahim Altun, Ali Altun fia, 1985. január 1-jén született. Ez utóbbi szintén török állampolgár, 1996. március 27-én érkezett Németországba menedékkérőként. A Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge (külföldi menekültek elismeréséért felelős szövetségi hivatal) 1996. április 19-én hozott határozatával menekültként ismerte el. Erre tekintettel A. Altun 1996. május 23-án határozatlan időre szóló németországi tartózkodási engedélyt kapott. Több lakóhely-változtatást követően A. Altun 2000. január 1-je óta Böblingenben lakik. A. Altun először 1999. július hónapban végzett kereső tevékenységet, egy stuttgarti munkaerő-kölcsönző cégnél helyezkedett el. 2000. április 1-jétől egy élelmiszergyártó cég alkalmazásában állt, mindaddig, amíg e cég 2002. június 1-jén csődöt jelentett. A. Altunt ekkor felszólították arra, hogy az Arbeitsamtnál (munkaügyi hivatal) munkanélküliként vetesse magát nyilvántartásba, munkaszerződése pedig hivatalosan 2002. július 31-én szűnt meg. 2002. június 1-je és 2003. május 26. között munkanélküli ellátásban részesült. A. Altun 1999 júniusában feleségét, fiát és lányait érintő családegyesítési eljárást indított. I. Altun, miután a Németországi Szövetségi Köztársaság illetékes külképviseletétől vízumot kapott, 1999. november 30-án érkezett Németországba, és az apjához költözött. 1999. december 9-én2000. december 31-ig érvényes tartózkodási engedélyt kapott. Ezt az engedélyt meghosszabbították 2002. december 31-ig, majd 2003. december 8-ig. 2002. szeptember 26-án I. Altun az Arbeitsamtnál munkanélküliként nyilvántartásba vetette magát, majd 2003. szeptember 1-jétől egy munkanélküli fiatalok számára szervezett tanfolyamon vett részt, amelyet 2004. április 2-án félbehagyott. I. Altunt egy tizenhat éves lány sérelmére elkövetett nemi erőszak kísérlete miatt 2003. április 28-án előzetes letartóztatásba helyezték, amely 2003. május 27-ig tartott. Az Amtsgericht Böblingen 2003. szeptember 16-án hozott ítéletével egy év és három hónap, próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. I. Altun 2003. november 20-án tartózkodási engedélyének ismételt meghosszabbítását kérte, amelyet a Stadt Böblingen 2004. április 20-i határozatával megtagadott. Ez utóbbi felszólította továbbá, hogy e határozat kézhezvételétől számított három hónapon belül hagyja el a Németországi Szövetségi Köztársaság területét, kilátásba helyezve, hogy ha e felszólításnak nem tesz eleget, visszatoloncolják Törökországba. A Stadt Böblingen álláspontja szerint I. Altun súlyos bűncselekményt követett el, amely a német jog szerint a tartózkodási jog meghosszabbítása iránti kérelem tekintetében elutasítási ok. Továbbá úgy vélte, hogy I. Altunt nem illetik meg az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése szerinti jogok. Mivel az alapeljárás felperese által az említett elutasító határozat ellen benyújtott ellentmondás szintén elutasításra került, ez utóbbi keresetet nyújtott be a Verwaltungsgericht Stuttgarthoz, arra hivatkozva, hogy tartózkodási joga nem vizsgálható kizárólag a nemzeti jog alapján, hanem azt az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdésére tekintettel is vizsgálni kell. Mivel úgy vélte, hogy ilyen körülmények között a jogvita megoldása érdekében szükség van a közösségi jog értelmezésére, a Verwaltungsgericht Stuttgart felfüggesztette az eljárást, és előzetes döntéshozatal végett az alábbi kérdéseket terjesztette a Bíróság elé: „1) Az […] 1/80 határozat 7. cikkének [első bekezdéséből] fakadó jogok megszerzése megkívánja-e, hogy a »családegyesítésre jogosult«, akinél a családtag a hároméves időszak alatt jogszerűen lakóhellyel rendelkezik, ezen időszak egésze alatt megfeleljen az […] 1/80 határozat 7. cikkének [első bekezdése] szerinti feltételeknek? 2) Megszerezhetik-e a családtagok az […] 1/80 határozat 7. cikkének [első bekezdéséből] fakadó jogokat, ha a »családegyesítésre jogosult« e hároméves időszakban különböző munkaadóknál két év és hathavi időtartamban folytatott keresőtevékenységet, utána pedig hat hónapig önhibáján kívül munkanélküli volt, és ezt követően hosszabb ideig az is maradt? 3) Hivatkozhat-e az […] 1/80 határozat 7. cikkének [első bekezdésére] az is, aki családtagként olyan török állampolgárhoz költözésre kapott engedélyt, akinek tartózkodási joga és ezáltal valamely tagállam rendes munkaerőpiacához való hozzáférése egyedül a Törökországban elszenvedett politikai üldöztetése miatt részére biztosított politikai menedékjogon alapszik? 4) A harmadik kérdésre adandó igenlő válasz esetén: akkor is hivatkozhat-e egy családtag az […] 1/80 határozat 7. cikkének [első bekezdésére], ha a »családegyesítésre jogosult« (jelen esetben az apa) részére biztosított politikai menedékjog és az ezen alapuló tartózkodási jog, valamint a rendes munkaerőpiachoz való hozzáférés valótlan nyilatkozatokon alapszik? 5) A negyedik kérdésre adandó nemleges válasz esetén: ilyen esetben az […] 1/80 határozat 7. cikkének [első bekezdéséből] fakadó jogok családtagoktól való megtagadása előtt szükséges-e, hogy a »családegyesítésre jogosult« (jelen esetben az apa) jogait megelőzően formálisan megvonják, illetve visszavonják?” Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdésekről Az első és a második kérdésről Első és második kérdésével, amelyeket együtt kell vizsgálni, a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kívánja megtudni, hogy egy török munkavállaló gyermekét megilletik-e az 1/80 határozat 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdéséből fakadó jogok akkor, ha a török munkavállalóval közös háztartásban való háromévi együttélés során ez utóbbi két év és hathavi időtartamban folytatott keresőtevékenységet, a fennmaradó hat hónapban pedig munkanélküli volt. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése a tagállamokban közvetlen hatállyal rendelkezik, ezért az e rendelkezés feltételeinek megfelelő török állampolgárok közvetlenül hivatkozhatnak az ebben számukra biztosított jogokra (a C-351/95. sz. Kadiman-ügyben 1997. április 17-én hozott ítélet [EBHT 1997., I-2133. o.] 28. pontja és a C-325/05. sz. Derin-ügyben 2007. július 18-án hozott ítélet [EBHT 2007., I-6495. o.] 47. pontja). A Bíróság azt is kimondta, hogy az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdésében a török munkavállaló gyermekének az érintett tagállamban való munkavállalást illetően biztosított jogok szükségszerűen magukban foglalják az érintett ezzel összefüggő tartózkodási jogát; ha nem így lenne, a munkaerőpiacon való részvétel és a tényleges munkavállalás joga teljesen elenyészne (lásd többek között a fent hivatkozott Derin-ügyben hozott ítélet 47. pontját). Amint az magának az 1/80 határozat 7. cikke első bekezdése első francia bekezdésének szövegéből következik, a török munkavállaló gyermeke számára biztosított azon jog, hogy a fogadó tagállamban bármely állásajánlatra jelentkezzen, két feltételhez kötött, miszerint e török munkavállalónak ezen állam rendes munkaerőpiacához kell tartoznia, a gyermeknek pedig ott már legalább három éve jogszerűen lakóhellyel kell rendelkeznie. Le kell szögezni, hogy az első feltétel nem az 1/80 határozat 6. cikkének első bekezdésében szereplő „rendes foglalkoztatás” fogalmára irányul, hanem kizárólag a „rendes munkaerőpiachoz való tartozás” fogalmához kötődik. A török munkavállalónak a rendes munkaerőpiachoz való tartozását illetően a Bíróság az 1/180 határozat 6. cikke (1) bekezdése értelmezésének keretében úgy ítélte meg, hogy e fogalom minden olyan munkavállalóra kiterjed, aki megfelel a fogadó tagállam törvényi és rendeleti előírásainak, és akinek így jogában áll e tagállam területén kereső tevékenységet folytatni (a C-1/97. sz. Birden-ügyben 1998. november 26-án hozott ítélet [EBHT 1998., I-7747. o.] 51. pontja és a C-294/06. sz., Payir és társai ügyben 2008. január 24-én hozott ítélet [EBHT 2008., I-203. o.] 29. pontja). Egyébiránt a munkaviszony átmeneti megszakítása ellenére az 1/80 határozat (1) bekezdésének értelmében a török munkavállaló továbbra is jelen van a fogadó tagállam hivatalos munkaerőpiacán mindaddig, amíg más kereső tevékenység kereséséhez erre ésszerűen szüksége van, bármi legyen is az érintett fogadó tagállami munkaerőpiacról való távollétének az oka, amennyiben e távollét ideiglenes jellegű (a C-383/03. sz. Dogan-ügyben 2005. július 7-én hozott ítélet [EBHT 2005., I-6237. o.] 19. és 20. pontja). Egy török munkavállaló csak akkor van kizárva a rendes munkaerőpiacról, ha objektíve már nincs esélye a munkaerőpiacra való újbóli beilleszkedésre, vagy ha túllépte azt az ésszerű időszakot, amelyen belül ideiglenes inaktivitását követően új munkaviszony létesítése elvárható (lásd e tekintetben a C-340/97. sz. Nazli-ügyben 2000. február 10-én hozott ítélet [EBHT 2000., I-957. o.] 44. pontját és a fent hivatkozott Dogan-ügyben hozott ítélet 23. pontját). A. Altun önhibáján kívüli munkanélkülisége, amely annak következménye volt, hogy az őt foglalkoztató vállalkozás csődöt jelentett, önmagában nem lehet akadálya annak, hogy ez utóbbi továbbra is a fogadó tagállam rendes munkaerőpiacához tartozzon. A rendes munkaerőpiachoz való tartozás 1/180 határozat 6. cikkének (1) bekezdése szerinti fogalmával kapcsolatban a jelen ítélet 23–25. pontjában kifejtettek alkalmazhatók e határozat 7. cikke első bekezdésének értelmezése tekintetében. Az említett fogalomnak az 1/80 határozat 6. cikke, illetve annak 7. cikke keretében történő különböző értelmezése megbontaná a Társulási Tanács által a török munkavállalók fogadó tagállambeli helyzetének fokozatos megszilárdítása céljából létrehozott rendszer koherenciáját. Emlékeztetni kell rá, hogy az 1/80 határozat célja az e határozat valamely rendelkezésében megállapított feltételeknek megfelelő és ennélfogva az e határozatban biztosított jogokban részesülő török állampolgároknak a fogadó tagállamba történő fokozatos beilleszkedésének elősegítése (a fent hivatkozott Derin-ügyben hozott ítélet 23. pontja). A lakóhelyre vonatkozó feltételt illetően az 1/80 határozat 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdése előírja a török munkavállaló családtagja számára, hogy legalább három éven át megszakítás nélkül ez utóbbinál lakjon. Az állandó ítélkezési gyakorlat ugyanis megköveteli, hogy a családegyesítés, amely a török munkavállaló családtagjának a fogadó tagállam területére történő belépésének jogcíme volt, e munkavállaló háztartásában, meghatározott ideig tartó tényleges együttélésben nyilvánuljon meg, amíg az érintett nem teljesíti maga is az e tagállam munkaerőpiacára való jutás feltételeit (lásd a C-329/97. sz. Ergat-ügyben 2000. március 16-án hozott ítélet [EBHT 2000., I-1487. o.] 34. pontját és a fent hivatkozott Derin-ügyben hozott ítélet 51. pontját). Ebből következik, hogy annak a török munkavállalónak, akivel a családtag együtt él, mindazon időszak alatt a fogadó tagállam rendes munkaerőpiacához kell tartoznia, amely szükséges ahhoz, hogy a családtag az e tagállam munkaerőpiacára jutáshoz való jogot megszerezze. A jelen ítélet 22. pontjában említett két feltételnek egyidejűleg kell teljesülnie. Az 1/80 határozat 7. cikke első bekezdésének ez az értelmezése következik e rendelkezés szövegéből és céljából, valamint a Bíróság ítélkezési gyakorlatából. Ez utóbbi ugyanis kimondta, hogy az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdésében biztosított jogokat – a fogadó tagállam rendes munkaerőpiacához tartozó török munkavállalóval való együttlakási időszak után – a családtag akkor is gyakorolhatja, ha ez a munkavállaló már nem tartozik e tagállam munkaerőpiacához (lásd a C-467/02. sz. Cetinkaya-ügyben 2004. november 11-én hozott ítélet [EBHT 2004., I-10895. o.] 32. pontját). Az a körülmény, hogy a munkavállaló már nem teljesíti a fogadó tagállam munkaerőpiacára jutáshoz való jog megnyíltának feltételét azt követően, hogy családtagja maga is megszerezte e jogot, ez utóbbit nem kérdőjelezheti meg. Megállapítandó, hogy annak érdekében, hogy a török munkavállaló családtagja az 1/180 határozat 7. cikkének első bekezdése értelmében megszerezze a fogadó tagállam munkaerőpiacára jutáshoz való jogot, legalább a hároméves együttlakási időszak folyamán teljesülnie kell azon feltételnek, hogy a török munkavállaló a rendes munkaerőpiachoz tartozik. A kérdést előterjesztő bíróság álláspontja szerint az alapeljárás felperese több mint három évig élt együtt az apjával, vagyis 1999. november 30-tól, Németországba történő érkezésétől 2004. április 20-ig, a tartózkodási engedélyének meghosszabbítását megtagadó határozat meghozataláig. A nemzeti bíróság arra is rámutat, hogy A. Altun 2004. április 20-ig, két és fél évig folytatott kereső tevékenységet, majd ezt követően hat hónapig, 2002. júniusától önhibáján kívül munkanélküli volt. A jelen ügyben tehát teljesülnek az 1/80 határozat 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdésében előírt, a török munkavállalónak a fogadó tagállam rendes munkaerőpiacához való tartozására, és azon időszakra vonatkozó feltételek, mialatt a családtagnak e tagállamban jogszerűen lakóhellyel kell rendelkeznie. A fenti megfontolások alapján az első és a második kérdésre az a válasz, hogy az 1/80 határozat 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdése úgy értelmezendő, hogy a török munkavállaló gyermekét megilletik az e rendelkezésből fakadó jogok abban az esetben, ha a gyermeknek e munkavállalóval való háromévi együttlakása idején ez utóbbi két év és hat hónapon át kereső tevékenységet folytatott, a következő hat hónapban pedig munkanélküli volt. A harmadik kérdésről A kérdést előterjesztő bíróság e kérdésével lényegében arra vár választ, hogy az a körülmény, hogy egy török munkavállaló politikai menekültként szerezte meg a tartózkodási jogot valamely tagállamban, és ennek következtében az e tagállam munkaerőpiacához való hozzáférés jogát, akadálya-e annak, hogy családtagját megillessék az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdéséből fakadó jogok. Az állandó ítélkezési gyakorlat szerint az 1/80 határozat által a török állampolgároknak biztosított jogok elismerése nem függ attól, hogy eredetileg milyen okból biztosítottak számukra beutazási és tartózkodási jogot a fogadó tagállamban (lásd e tekintetben az 1/80 határozat 6. cikkével kapcsolatban a C-237/91. sz. Kus-ügyben 1992. december 16-án hozott ítélet [EBHT 1992., I-6781. o.] 21. és 22. pontját, valamint a fent hivatkozott Payir és társai ügyben hozott ítélet 40. pontját; ugyanezen határozat 7. cikkével kapcsolatban a C-355/93. sz. Ergolu-ügyben 1994. október 5-én hozott ítélet [EBHT 1994., I-5113. o.] 22. pontját). Így tehát az 1/180 határozat 7. cikkének első bekezdése a török munkavállaló családtagjának a fogadó tagállam munkaerőpiacához való hozzáférési jogának elismerését és ennek megfelelően e tagállamban való tartózkodási jogát nem teszi függővé attól, hogy ez utóbbi milyen körülmények között szerezte meg a belépési és tartózkodási jogot. A kérdést előterjesztő bíróság úgy véli, hogy a menekülteknek már megfelelő védelmet nyújtanak a Genfi Egyezmény által számukra biztosított jogok, és a származási országukkal kötött társulási megállapodás hatályát nem szükséges kiterjeszteni rájuk. Ez a „kettős kedvezményezettség” nem tűnik helyénvalónak. E tekintetben ki kell emelni, hogy a Genfi Egyezmény 5. cikke értelmében az egyezmény egyetlen rendelkezése sem sértheti a menekültek számára ezen egyezménytől függetlenül biztosított jogokat vagy kedvezményeket. Az 1/80 határozat azonban olyan jogokat biztosít a török munkavállalók családtagjai számára, amelyekre azok a Genfi Egyezmény keretében nem hivatkozhatnak. Míg ugyanis az 1/80 határozat 7. cikke feljogosítja a török munkavállaló családtagját arra, hogy a fogadó tagállam területén bármely állásajánlatra jelentkezzen, amennyiben teljesülnek bizonyos, különösen az e tagállamban való tartózkodás időtartamával kapcsolatos feltételek, addig a Genfi Egyezmény a politikai menekült családtagja számára nem biztosít ilyen természetű jogot. Igaz, hogy az 1/80 határozat nem fosztja meg a tagállamokat azon hatáskörüktől, hogy szabályozzák a török állampolgároknak mind a területükre való beutazását, mind pedig első foglalkoztatásuk feltételeit (lásd a fent hivatkozott Payir és társai ügyben hozott ítélet 36. pontját). Ha azonban az 1/80 határozat alkalmazását amiatt tagadnák meg, mert A. Altun politikai menekülti jogállással rendelkezett, amikor megkapta a Németország területére való belépésre és ott-tartózkodásra vonatkozó engedélyt, ez megkérdőjelezné az őt és családtagjait e határozat alapján megillető jogokat. Ezért a harmadik kérdésre az a válasz, az a körülmény, hogy egy török munkavállaló politikai menekültként szerezte meg a tartózkodási jogot valamely tagállamban és ennek következtében az e tagállam munkaerőpiacához való hozzáférés jogát, nem akadálya annak, hogy családtagját megillessék az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdéséből fakadó jogok. A negyedik és az ötödik kérdésről A kérdést előterjesztő bíróság a negyedik és az ötödik kérdésével, amelyeket együttesen kell vizsgálni, lényegében arra keres választ, hogy adott esetben megkérdőjelezhetők-e, és ha igen, milyen feltételekkel, a török munkavállaló családtagját az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése alapján megillető jogok, ha az érintett munkavállaló számára valótlan nyilatkozatok alapján biztosították a politikai menekülti jogállást. A kérdést előterjesztő bíróság kifejti, az ezzel kapcsolatos kétségei abból adódnak, hogy ténykörülmények egész sora enged arra következtetni, hogy az A. Altun által a menekültügyi kérelem keretében előadott információk nem felelhettek meg a valóságnak. A Bíróság ítélkezési gyakorlata értelmében valamely török állampolgár fogadó tagállambeli munkaviszonyának szabályszerű volta e tagállam munkaerőpiacán való biztos és nem átmeneti helyzetet és ebből kifolyólag nem vitatott tartózkodási jogot feltételez (a C-192/89. sz. Sevince-ügyben 1990. szeptember 20-án hozott ítélet [EBHT 1990., I-3461. o.] 30. pontja és a C-4/05. sz. Güzeli-ügyben 2006. október 26-án hozott ítélet [EBHT 2006., I-10279. o.] 38. pontja). E tekintetben a Bíróság kimondta, hogy az olyan tartózkodási engedély megadását követően munkaviszonyban töltött időszakok, amelyet ez utóbbi csak büntetőjogi felelősségének megállapítását eredményező megtévesztő magatartása alapján kapott meg, nem alapulnak biztos helyzeten, és átmeneti helyzetben megszerzettnek tekintendők, mivel az érdekelt az érintett időszakokban jogszerűen nem rendelkezett tartózkodási joggal (lásd többek között a C-285/95. sz. Kol-ügyben 1997. június 5-én hozott ítélet [EBHT 1997., I-3069. o.] 27. pontját és a C-37/98. sz. Savas-ügyben 2000. május 11-én hozott ítélet [EBHT 2000., I-2927. o.] 61. pontját). Az, hogy a török munkavállaló olyan tartózkodási engedéllyel rendelkezve állt munkaviszonyban, amelyet büntetőjogi felelősségének megállapítását eredményező megtévesztő magatartása alapján kapott meg, nem keletkeztethet jogokat ez utóbbi javára, és részéről nem alapozhat meg jogos elvárást (a fent hivatkozott Kol-ügyben hozott ítélet 28. pontja). Továbbá, tekintettel a török munkavállalót az 1/80 határozat alapján megillető jogok és e határozat 7. cikke alapján azon családtagját megillető jogok közötti kapcsolatra, aki engedélyt kapott arra, hogy hozzá költözzön, e munkavállaló megtévesztő magatartása hatással lehet családtagjai jogi helyzetére. E hatásokat azonban azon időpont vonatkozásában kell megítélni, amikor a fogadó tagállam nemzeti hatóságai meghozzák az említett török állampolgár tartózkodási engedélyének visszavonásáról szóló határozatot. Ha a török állampolgár tartózkodási engedélyének visszavonásakor családtagjai jogainak megszerzése még folyamatban van, mivel a tényleges együttlakási időtartamra vonatkozóan az 1/180 határozat 7. cikkének első bekezdésében előírt feltétel még nem teljesült, a tagállamoknak jogukban áll levonni e munkavállaló megtévesztő magatartásának következményeit annak családtagjait illetően. Amint viszont ez utóbbiak saját jogot szereztek a fogadó tagállam munkaerőpiacára jutáshoz, és ehhez kapcsolódóan megszerezték az ott-tartózkodás jogát, ezeket a jogokat nem lehet megkérdőjelezni az említett munkavállaló tartózkodási jogát érintő múltbeli szabálytalanságok miatt. Minden más megoldás a jogbiztonság elvét sértené, amely az állandó ítélkezési gyakorlat szerint különösen azt követeli meg, hogy a jogi rendelkezések egyértelműek, pontosak és hatásaikat illetően előre láthatóak legyenek, különösen olyankor, amikor a magánszemélyekre nézve kedvezőtlen következményeik lehetnek (lásd ebben az értelemben a C-143/93. sz. Van Es Douane Agenten ügyben 1996. február 13-án hozott ítélet [EBHT 1996., I-431. o.] 27. pontját és a C-158/07. sz. Förster-ügyben 2008. november 18-án hozott ítélet [EBHT 2008., I-8507. o.] 67. pontját). A török munkavállaló családtagjait az 1/180 határozat 7. cikkének első bekezdése alapján megillető, a munkaerőpiachoz való hozzáféréshez való jogot továbbá megfosztaná lényegétől, ha az illetékes nemzeti hatóságok feltételhez köthetnék vagy bármely módon korlátozhatnák a török migráns munkavállalónak az említett határozat által közvetlenül biztosított, pontosan meghatározott jogok alkalmazását (lásd a fent hivatkozott Ergat-ügyben hozott ítélet 41. pontját és a C-453/07. sz. Er-ügyben 2008. szeptember 25-én hozott ítélet [EBHT 2008., I-7299. o.] 27. pontját). Az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése által a török munkavállaló e bekezdésben megállapított feltételeket teljesítő családtagjai számára biztosított jogok csak két okból korlátozhatók, mégpedig vagy azért, mert a török migráns tagállam területén való jelenléte – személyes magatartása folytán – az ugyanezen határozat 14. cikkének (1) bekezdése értelmében vett közrendet, közbiztonságot vagy közegészséget ténylegesen és súlyosan veszélyeztetőnek minősül, vagy azért, mert az érintett jogos indok nélkül jelentős időtartamra elhagyta a fogadó tagállam területét (lásd a fent hivatkozott Cetinkaya-ügyben hozott ítélet 36. és 38. pontját, valamint az Er-ügyben hozott ítélet 30. pontját). Az előző pontban kifejtett korlátozások kimerítő jellegét kérdőjelezné meg, ha a nemzeti hatóságok a migráns munkavállaló családtagjai által megszerzett saját jogokat feltételekhez köthetnék, korlátozhatnák, vagy visszavonhatnák ez utóbbi munkavállaló belépési és tartózkodási joga megadása körülményeinek felülvizsgálata vagy újraértékelése útján. A negyedik és az ötödik kérdésre ezért az a válasz, hogy az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése úgy értelmezendő, hogy ha valamely török munkavállaló számára valótlan nyilatkozatok alapján biztosították a politikai menekülti jogállást, a családtagját e rendelkezés alapján megillető jogok nem kérdőjelezhetők meg, ha ez utóbbi e munkavállaló tartózkodási engedélyének visszavonásakor teljesíti az említett rendelkezésben előírt feltételeket. A költségekről Mivel ez az eljárás az alapeljárásban részt vevő felek számára a kérdést előterjesztő bíróság előtt folyamatban lévő eljárás egy szakaszát képezi, ez a bíróság dönt a költségekről. Az észrevételeknek a Bíróság elé terjesztésével kapcsolatban felmerült költségek, az említett felek költségeinek kivételével, nem téríthetők meg. A fenti indokok alapján a Bíróság (harmadik tanács) a következőképpen határozott: 1) Az Európai Gazdasági Közösség és Törökország közötti társulási megállapodás által létrehozott Társulási Tanácsnak a társulás fejlesztéséről szóló, 1980. szeptember 19-i 1/80 határozata 7. cikke első bekezdésének első francia bekezdése úgy értelmezendő, hogy a török munkavállaló gyermekét megilletik az e rendelkezésből fakadó jogok abban az esetben, ha a gyermeknek e munkavállalóval való három évi együttlakása idején ez utóbbi két év és hat hónapon át kereső tevékenységet folytatott, a következő hat hónapban pedig munkanélküli volt. 2) Az a körülmény, hogy egy török munkavállaló politikai menekültként szerezte meg a tartózkodási jogot valamely tagállamban, és ennek következtében az e tagállam munkaerőpiacához való hozzáférés jogát, nem akadálya annak, hogy családtagját megillessék az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdéséből fakadó jogok. 3) Az 1/80 határozat 7. cikkének első bekezdése úgy értelmezendő, hogy ha valamely török munkavállaló számára valótlan nyilatkozatok alapján biztosították a politikai menekülti jogállást, a családtagját e rendelkezés alapján megillető jogok nem kérdőjelezhetők meg, ha ez utóbbi e munkavállaló tartózkodási engedélyének visszavonásakor teljesíti az említett rendelkezésben előírt feltételeket. Aláírások ( *1 ) Az eljárás nyelve: német.

62015CJ0496

fi

Ennakkoratkaisupyyntö koskee SEUT 45 artiklan ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011 ( EUVL 2011, L 141, s. 1 ) 7 artiklan tulkintaa. Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Alphonse Eschenbrenner, joka on Ranskassa asuva ja Saksassa työskentelevä Ranskan kansalainen ja Bundesagentur für Arbeit (Saksan liittovaltion työvoimavirasto, jäljempänä työvoimavirasto) ja joka koskee Saksan tuloveron fiktiivistä huomioon ottamista tälle työntekijälle maksetun palkkaturvan määrän määrittämisen yhteydessä. Asiaa koskevat oikeussäännöt Kansainvälinen oikeus Kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja vastavuoroiseen hallinnolliseen ja oikeudelliseen apuun tulo- ja varallisuusveroa sekä elinkeinoveroa ja kiinteistöveroa koskevissa asioissa liittyvien sääntöjen vahvistamiseksi tehdyn, 21.7.1959 allekirjoitetun Ranskan tasavallan ja Saksan liittotasavallan välisen sopimuksen (jäljempänä Ranskan ja Saksan välinen verosopimus) 13 artiklan sanamuoto on seuraava: ”(1) Ellei jäljempänä seuraavien kappaleiden määräyksistä muuta johdu, työnantajalle tehdystä työstä saaduista tuloista kannetaan vero vain siinä sopimusvaltiossa, jossa tulojen lähteenä oleva työ tehdään. Tällaisina työnantajalle tehdystä työstä saatuina tuloina on pidettävä virkamiehen, toimenhaltijan ja työntekijän palkkaa lisäansioineen sekä kaikkia vastaavia, muiden kuin 14 artiklassa tarkoitettujen henkilöiden suorittamia tai myöntämiä etuja. – – (5) a) Edellä [1 kappaleesta] poiketen henkilöiltä, jotka saavat tulonsa sopimusvaltion rajavyöhykkeellä sijaitsevalle työnantajalle tehdystä työstä ja joiden vakituinen asuinpaikka sijaitsee toisen sopimusvaltion rajavyöhykkeellä, jonne he palaavat normaalisti päivittäin, voidaan kantaa vero vain kyseisessä toisessa valtiossa; – –” Tämän sopimuksen 14 artiklassa määrätään seuraavaa: ”(1)   Virkamiehen, toimenhaltijan tai työntekijän palkasta ja niitä vastaavista vastikkeista sekä eläkkeistä, jotka jompikumpi sopimusvaltioista, jokin osavaltio taikka sopimusvaltion tai osavaltion julkisoikeudellinen oikeushenkilö maksaa toisessa sopimusvaltiossa asuville luonnollisille henkilöille suoritettavien tai aiemmin suoritettujen hallinnollisten tai sotilaallisten tehtävien perusteella, voidaan kantaa vero ainoastaan ensin mainitussa sopimusvaltiossa. – – (2)   Edellä olevan (1) kappaleen ensimmäistä virkettä sovelletaan myös 1. summiin, joita suoritetaan lakisääteisten sosiaalivakuutusten perusteella; – –” Unionin oikeus Asetus N:o 492/2011 Asetuksen N:o 492/2011 I luvun otsikko on ”Työ, yhdenvertainen kohtelu ja työntekijän perhe”. Siihen kuuluvassa 2 jaksossa, jonka otsikko on ”Työskentely ja yhdenvertainen kohtelu”, olevassa 7 artiklassa säädetään seuraavaa: ”1.   Jäsenvaltion kansalaista ei työntekijänä saa kansalaisuutensa vuoksi saattaa toisen jäsenvaltion alueella kotimaisiin työntekijöihin verrattuna eri asemaan työ- ja palvelussuhteen ehtojen suhteen; tämä koskee erityisesti palkkausta, irtisanomista ja työttömyyden sattuessa paluuta saman alan työhön tai uudelleen työllistämistä. 2.   Hänen on saatava samat sosiaaliset ja verotukseen liittyvät edut kuin kotimaisten työntekijöiden.” – –” Direktiivi 2008/94/EY Työntekijöiden suojasta työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/94/EY ( EUVL 2008, L 283, s. 36 ) I luvussa, jonka otsikko on ”Soveltamisala ja määritelmät”, olevan 1 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Tätä direktiiviä sovelletaan työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuviin saataviin työnantajalta, joka on 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla maksukyvytön.” Direktiivin 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään seuraavaa: ”Tällä direktiivillä ei ole vaikutusta siihen, miten kansallisessa lainsäädännössä määritellään käsitteet ’työntekijä’, ’työnantaja’, ’palkka’, ’saavutettu oikeus’ ja ’tulevaisuuteen kohdistuva oikeus’.” Tämän saman direktiivin II luvussa, jonka otsikko on ”Palkkaturvajärjestelmiä koskevat säännökset”, olevan 3 artiklan sanamuoto on seuraava: ”Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat toimenpiteet, jotta palkkaturvajärjestelmät turvaavat, jollei 4 artiklasta muuta johdu, työsopimuksista tai työsuhteista, myös työsuhteen päättymisen yhteydessä maksettavasta erorahasta, jos tästä on säädetty kansallisessa lainsäädännössä, johtuvien maksamatta olevien työntekijöiden saatavien suorituksen. Palkkaturvajärjestelmä turvaa maksamattomat palkkasaatavat tiettyä jäsenvaltioiden määrittämää päivää edeltävältä ja/tai tapauksen mukaan sen jälkeiseltä ajalta.” Kyseisen direktiivin 4 artiklassa, joka on samassa luvussa, säädetään seuraavaa: ”1.   Jäsenvaltiot voivat rajoittaa palkkaturvajärjestelmien 3 artiklassa tarkoitettua vastuuta. 2.   Käyttäessään 1 kohdassa tarkoitettua mahdollisuutta jäsenvaltion on vahvistettava sen ajan kesto, jolta palkkaturvajärjestelmän on vastattava maksamatta olevista saatavista. Tämä aika ei kuitenkaan saa olla lyhyempi kuin 3 artiklan toisessa kohdassa tarkoitettua päivää edeltävä ja/tai sen jälkeinen ajanjakso, joka kattaa työsuhteen kolme viimeistä kuukautta. – – 3.   Jäsenvaltiot voivat asettaa enimmäismääriä palkkaturvajärjestelmän suoritettavaksi tuleville maksuille. Nämä enimmäismäärät eivät saa alittaa tasoa, joka on yhteensopiva tämän direktiivin sosiaalisen tavoitteen kanssa. – –” Saksan lainsäädäntö Tuloverolain (Einkommensteuergesetz) 3 §:n 2 momentin b kohdassa säädetään palkkaturvan vapauttamisesta verosta. Sosiaaliturvalain (Sozialgesetzbuch, jäljempänä SGB) III osan, jonka otsikko on ”Työllisyyden edistäminen” (jäljempänä SGB III) 165 §:n, jonka otsikko on ”Oikeudet”, 1 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään seuraavaa: ”Työntekijöillä on oikeus palkkaturvaan, jos he ovat työskennelleet Saksassa ja jos heillä on työnantajansa maksukyvyttömyyden tapauksessa maksamattomia palkkasaatavia työsopimuksen viimeisten kolmen kuukauden ajalta.” SGB III:n 167 §:ssä, joka otsikko on ”Palkkaturvan määrä”, säädetään seuraavaa: ”(1)   Palkkaturva suoritetaan nettopalkan suuruisena, jolloin nettopalkalla tarkoitetaan bruttopalkkaa SGB III:n 341 §:n 4 momentissa tarkoitetun maksujen laskemisen kuukausittaisen enimmäismäärän rajoissa, vähennettynä lakisääteisillä pidätyksillä. (2)   Jos työntekijä – – 2. ei ole tuloverovelvollinen Saksan alueella eikä hänelle suoritettavasta palkkaturvasta kanneta veroa häneen sovellettavien säännösten nojalla, palkasta on vähennettävä vero, joka olisi pidätetty tästä suorituksesta, mikäli työntekijä olisi ollut tuloverovelvollinen Saksan alueella.” SGB III:n 169 §:n otsikko on ”Saatavan siirto”, ja sen ensimmäisessä virkkeessä säädetään seuraavaa: ”Palkkasaatavat, jotka antavat oikeuden palkkaturvaan, siirretään [työvoimavirastolle], kun palkkaturvaa haetaan.” Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset Eschenbrenner, joka on Ranskan kansalainen, asuu Rahlingissa (Ranska) lähellä Saksan rajaa. Hän työskenteli vuodesta 1996 lähtien kuljettajana Philipp’s Reisen ‑nimisessä yrityksessä Pirmasensissa (Saksa). Toimivaltaisen ranskalaisen verotoimiston johtajan laatiman todistuksen mukaan Eschenbrenner täytti tämän työpaikan vuoksi tarvittavat edellytykset, jotta häntä voitiin pitää Ranskan ja Saksan välisen verosopimuksen 13 artiklan 5 kappaleen a kohdassa tarkoitettuna rajatyöntekijänä, ja näin ollen hänen Saksasta saamastaan palkasta kannettiin vero Ranskassa. Philipp’s Reisen ‑yritystä vastaan aloitettiin 29.6.2012 maksukyvyttömyysmenettely. Vaikka tämä yritys maksoi palkat ja muut palkanluonteiset suoritukset täysimääräisesti maaliskuuhun 2012 saakka, Eschenbrennerillä oli maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamispäivänä työnantajaltaan 5571,88 euron suuruinen saatava vuoden 2012 huhtikuun ja kesäkuun välisen ajan palkkoina. Eschenbrenner jätti 13.7.2012 palkkaturvaa koskevan hakemuksen kyseisten maksamattomien palkkasaatavien vuoksi. Työvoimavirasto laski tämän palkkaturvan määrän vähentämällä Eschenbrennerin bruttopalkasta 3550,24 euroa, jotka väliaikainen selvittäjä oli myöntänyt ennakkomaksuna 1.4. ja 28.6.2012 välisen jakson osalta sekä sosiaalimaksuja ja hänelle huhtikuun osalta kulukorvauksina maksettua ennakkoa vastaavan summan. Lisäksi virasto vähensi tästä palkasta SGB III:n 167 §:n 2 momentin mukaisesti tuloveroa vastaavat summat, jotka laskettiin Saksan lainsäädännön mukaisesti ja jotka olivat suuruuksiltaan kyseessä olevilta kolmelta kuukaudelta 185 euroa, 175 euroa ja 173 euroa. Tämän seurauksena Eschenbrennerille myönnettiin 18.7.2012 tehdyllä päätöksellä yhteensä 356,77 euron suuruinen palkkaturva. Eschenbrenner väitti tästä päätöksestä tekemässään oikaisuvaatimuksessa lähinnä, että palkkaturvan laskemisen yhteydessä veron vähentäminen Saksassa sovellettavan verokannan mukaan merkitsi syrjintää ja on näin ollen ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, koska hän ei ollut verovelvollinen Saksassa. Virasto hylkäsi tämän oikaisuvaatimuksen 18.9.2002 tekemällään päätöksellä. Eschenbrenner nosti viraston päätöksestä kanteen ja vetosi siihen, että palkkaturvan laskentatapa oli ristiriidassa unionin oikeuden kanssa, sillä se ei mahdollistanut Eschenbrennerin kaltaisille rajatyöntekijöille palkkaturvaa, jonka määrä vastaisi heidän aikaisempaa nettopalkkaansa. Toisin kuin Saksassa työskenteleville ja asuville henkilöille, on rajatyöntekijöille maksettavan palkkaturvan määrä Eschenbrennerin mukaan alhaisempi kuin heidän aikaisempi nettopalkkansa muun muassa Saksassa ja Ranskassa sovellettavien verokantojen välisten erojen vuoksi. Sozialgericht Speyerin (Speyerin sosiaaliasioita käsittelevä tuomioistuin, Saksa) hylättyä Eschenbrennerin kanteen hän valitti tuomiosta Landessozialgericht Rheinland-Pfalziin (Rheinland-Pfalzin osavaltion ylempi sosiaalituomioistuin, Mainz, Saksa). Kyseinen tuomioistuin katsoo, että Eschenbrennerin vaade voi menestyä vain, jos yhdenvertaista kohtelua saksalaisten työntekijöiden kanssa koskeva vaatimus, sellaisena kuin siitä määrätään tai säädetään unionin oikeudessa, sulkee pois mahdollisuuden ottaa saksalainen tulovero fiktiivisesti huomioon SGB III:n 167 §:n 2 momentin mukaisesti palkkaturvan määrää laskettaessa. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että palkkaturva on asetuksen N:o 492/2011 7 artiklassa tarkoitettu sosiaalinen etu, ja katsoo, että tämän viimeksi mainitun säännöksen mukaan rajatyöntekijöitä ei saa kansalaisuutensa vuoksi kohdella eri tavalla kuin kotimaisia työntekijöitä ja että heidän on muun muassa saatava samat sosiaaliset ja verotukseen liittyvät edut kuin nämä viimeksi mainitut. Tältä osin oikeuskäytännössä on sen mukaan jo katsottu, että saksalaisesta tuloverosta fiktiivisesti tehty veron vähennys merkitsi välillistä syrjintää yhtäältä entisille Saksassa liittoutuneiden joukkojen palveluksessa olleille siviilityöntekijöille lisänä maksettavaa siirtymäajan korvausta laskettaessa (tuomio 16.9.2004, Merida, C‑400/02 , EU:C:2004:537 ) ja toisaalta eläkkeelle siirtymistä edeltävää osa-aikatyötä koskevaan järjestelmään kuuluville työntekijöille suoritettavaa palkanlisää laskettaessa (tuomio 28.6.2012, Erny, C‑172/11 , EU:C:2012:399 ). Toisin kuin näissä kahdessa edellä mainitussa asiassa kyseessä olleissa tilanteissa, pääasian tilanteessa SGB III:n 167 §:n 2 momentti ei johda tosiasiallisesti kaksinkertaiseen verotukseen, koska Ranskan ja Saksan välisen verosopimuksen 14 artiklan 2 kappaleen 1 kohdan mukaisesti palkkaturvasta kannetaan vero siinä valtiossa, jossa se on myönnetty, koska tämä korvaus on vapautettu Saksassa verosta tuloverolain 3 §:n 2 momentin b kohdan mukaisesti ja koska näin ollen vain vero, joka olisi pitänyt maksaa Saksassa, otetaan palkkaturvan laskemisen yhteydessä fiktiivisesti huomioon. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo kuitenkin, että palkkaturvan on lähtökohtaisesti oltava samansuuruinen kuin työntekijän aikaisempi nettopalkka. Jos SGB III:n 167 §:n 2 momentissa säädetyn laskentamenetelmän mukaisesti rajatyöntekijät asetetaan heille maksettavan palkkaturvan määrän osalta vastaavaan asemaan kuin henkilöt, jotka asuvat ja työskentelevät Saksassa, ei tämä menetelmä mahdollistaisi nimenomaan sitä, että työntekijöille maksetaan heidän aikaisempaa nettopalkkaansa vastaava korvaus. Kansallinen tuomioistuin pohtii lisäksi, onko tällainen lopputulos yhteensopiva direktiivin 2008/94 kanssa. Se viittaa muun muassa tuomioon 4.3.2004, Barsotti ym. ( C‑19/01, C‑50/01 ja C‑84/01 , EU:C:2004:119 ) ja tuomioon 17.11.2011, van Ardennen ( C‑435/10 , EU:C:2011:751 ) ja katsoo, että vaikka jäsenvaltiot voivat kyseisen direktiivin nojalla asettaa enimmäismääriä palkkaturvajärjestelmästä suoritetuille maksuille, direktiivissä säädetään kuitenkin maksamattomien palkkasaatavien korvaamisesta kokonaisuudessaan näitä enimmäismääriä pienempien määrien tapauksessa. Käsiteltävän asian olosuhteissa kyseessä olevan lainsäädännön soveltamisesta seuraa, että maksamattomia palkkasaatavia ei korvata kokonaisuudessaan. Kyseinen tuomioistuin täsmentää myös, että toisin kuin ensimmäisenä oikeusasteena asiaa käsitellyt tuomioistuin ratkaisussaan katsoi, on epäselvää, onko Eschenbrennerillä Saksan lainsäädännön mukaan mahdollisuus vedota työnantajaansa vastaan saatavaan, joka vastaa SGB III:n 167 §:n 2 momentin mukaisesti lasketun palkkaturvan määrän ja hänen aikaisemman bruttopalkkansa määrän välistä erotusta. Näissä olosuhteissa Landessozialgericht Rheinland-Pfalz päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: ”1) Onko se, että työnantajan maksukyvyttömyystapauksessa aiemmin Saksassa työskennelleeltä työntekijältä, joka asuu toisessa jäsenvaltiossa ja joka ei ole tuloverovelvollinen Saksassa eikä velvollinen maksamaan veroa palkkaturvasta häneen sovellettavien säännösten mukaan, vähennetään hänelle kuuluvan palkkaturvan laskennan perustana olevasta palkasta fiktiivisesti vero, joka palkasta olisi vähennetty jos tämä työntekijä olisi ollut tuloverovelvollinen Saksassa, jos tämä työntekijä ei voi enää esittää työnantajalle bruttomääräistä jäännöspalkkaa koskevaa vaatimusta, yhteensopivaa unionin primaarioikeuden määräysten ja/tai johdetun oikeuden säännösten [erityisesti SEUT 45 artiklan ja asetuksen N:o 492/2011 7 artiklan] kanssa? 2) Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko se sitä vastoin yhteensopivaa Euroopan unionin primaarioikeuden määräysten ja/tai johdetun oikeuden säännösten kanssa silloin, jos työntekijä voi edellä kuvatussa tilanteessa edelleen esittää työnantajalleen bruttomääräistä jäännöspalkkaa koskevan vaatimuksen?” Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu Ensimmäinen kysymys Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko SEUT 45 artiklaa ja asetuksen N:o 492/2011 7 artiklaa tulkittava pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa siten, että ne eivät ole esteenä sille, että sen palkkaturvan määrä, jonka jäsenvaltio myöntää rajatyöntekijälle, joka ei ole tuloverovelvollinen tässä valtiossa eikä velvollinen maksamaan veroa palkkaturvasta, vahvistetaan vähentämällä kyseisen palkkaturvan laskennan perustana olevasta palkasta tulovero, sellaisena kuin se kannetaan kyseisessä valtiossa, mikä johtaa siihen, ettei kyseinen rajatyöntekijä saa, toisin kuin tässä samassa valtiossa asuvat ja työskentelevät henkilöt, palkkaturvaa, jonka määrä vastaa hänen aikaisempaa nettopalkkaansa. Lisäksi tämä tuomioistuin pohtii, millä tavoin tähän arvioon vaikuttaa se seikka, ettei tällainen rajatyöntekijä voi esittää työnantajalleen vaatimusta siitä osasta hänen aikaisempaa bruttomääräistä palkkaansa, jota hän ei saanut tämän vähentämisen vuoksi. Alustavasti on kuvailtava palkkaturvan verokohtelua Eschenbrennerin kaltaisten rajatyöntekijöiden tapauksessa. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on selvää, että Ranskan ja Saksan välisen verosopimuksen 14 artiklan 2 kappaleen 1 kohdan mukaisesti toimivalta kantaa vero Saksan liittotasavallan toimivaltaisten viranomaisten myöntämistä sosiaalisista eduista, kuten kyseessä olevasta palkkaturvasta, kuuluu tälle viimeksi mainitulle valtiolle. Samalla tavoin ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdystä päätöksestä ilmenee, että käsiteltävässä asiassa Eschenbrenneriltä ei tosiasiallisesti kanneta veroa Ranskassa tästä palkkaturvasta. Lisäksi Saksan verolainsäädännössä vapautetaan tämä sama palkkaturva tuloverosta tuloverolain 3 §:n 2 momentin b kohdan mukaisesti. Näin ollen palkkaturvan myöntäminen ei johda pääasian olosuhteissa kaksinkertaiseen verotukseen eikä siitä kanneta saksalaista tuloveroa sen virallisessa merkityksessä. Sitä vastoin sen osalta otetaan huomioon fiktiivisesti vero, joka Eschenbrennerin palkasta olisi pidätetty siinä tapauksessa, että hän olisi ollut tuloverovelvollinen Saksassa työnantajansa maksukyvyttömyyttä edeltäneen jakson aikana. Tältä osin pääasian olosuhteet eroavat olosuhteista, joista oli kyse 16.9.2004 annetussa tuomiossa Merida ( C‑400/02 , EU:C:2004:537 ) ja 28.6.2012 annetussa tuomiossa Erny ( C‑172/11 , EU:C:2012:399 ), joihin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on viitannut ja joissa oli kyse tilanteista, joissa kyseessä olleista suorituksista kannettiin tosiasiallisesti vero kahdessa jäsenvaltiossa. Toisin kuin pääasiassa kyseessä olevassa tilanteessa, toimivalta kantaa vero näissä viimeksi mainituissa tuomioissa kyseessä olleista suorituksista kuului Ranskan ja Saksan välisen verosopimuksen nojalla yhdelle jäsenvaltiolle, kun taas mainituista suorituksista vähennettiin vero fiktiivisesti toisessa jäsenvaltiossa (ks. tuomio 16.9.2004, Merida, C‑400/02 , EU:C:2004:537 , ja kohta ja tuomio 28.6.2012, Erny, C‑172/11 , EU:C:2012:399 , kohta). Siltä osin kuin seuraavaksi on kyse yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta, SEUT 45 artiklan 2 kohdassa määrätään, että työntekijöiden vapaa liikkuvuus merkitsee, että kaikki kansalaisuuteen perustuva jäsenvaltioiden työntekijöiden syrjintä työsopimuksen tekemisessä sekä palkkauksessa ja muissa työehdoissa poistetaan. Tämä määräys pannaan täytäntöön asetuksen N:o 492/2011 7 artiklan 2 kohdassa, jossa täsmennetään, että jäsenvaltion kansalaisen on työntekijänä saatava muiden jäsenvaltioiden alueella samat sosiaaliset ja verotukseen liittyvät edut kuin kotimaisten työntekijöiden. Aluksi on todettava, että SGB III:n 167 §:n 2 momentin mukaiseen laskentamenetelmään ei kuulu erilainen kohtelu asianomaisten työntekijöiden kansalaisuuden mukaan, koska työntekijöiden välinen ero tehdään erityisesti sen mukaan, onko työntekijä verovelvollinen Saksassa vai ei. Eschenbrenner väittää ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa, että SGB III:n 167 §:n 2 momentti, joka ei merkitse kansalaisuuteen perustuvaa välitöntä syrjintää, vaikuttaa kuitenkin hänen kannaltaan epäsuotuisasti sellaisten henkilöiden tilanteeseen nähden, jotka työskentelevät ja asuvat Saksassa ja jotka saavat samaa palkkaturvaa. Tältä osin on muistutettava, että sekä SEUT 45 artiklaan että asetuksen N:o 492/2011 7 artiklaan kirjatulla yhdenvertaisen kohtelun periaatteella ei kielletä ainoastaan kansalaisuuteen perustuvaa välitöntä syrjintää vaan myös kaikki sellaiset välillisen syrjinnän muodot, joissa tosiasiallisesti päädytään samaan lopputulokseen muita erotteluperusteita soveltamalla (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2016, Bragança Linares Verruga ym., C‑238/15 , EU:C:2016:949 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kansallisen oikeuden säännöstä, vaikka sitä sovellettaisiin kansalaisuudesta riippumatta, on pidettävä välillisesti syrjivänä, jos sen vaikutukset kohdistuvat sen ominaislaadun vuoksi enemmän siirtotyöläisiin kuin kotimaisiin työntekijöihin ja jos säännöksellä saatetaan sen vuoksi kohdella ensiksi mainittuja huonommin, jollei se ole objektiivisesti perusteltu ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään (tuomio 5.12.2013, Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12 , EU:C:2013:799 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Sen määrittelemistä varten, merkitseekö SGB III:n 167 §:n 2 momentin mukainen palkkaturvan laskentamenetelmä SEUT 45 artiklan ja asetuksen N:o 492/2011 7 artiklan vastaista erilaista kohtelua, on siis tarkasteltava, kohdellaanko Eschenbrennerin kaltaista rajatyöntekijää Saksassa työskentelevää ja asuvaa työntekijää heikommin, kun heidän tilanteensa ovat muuten täysin samanlaiset. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan Saksassa asuville ja työskenteleville henkilöille maksetaan palkkaturva SGB III:n 167 §:n 1 momentin mukaan lähtökohtaisesti heidän aikaisemman nettopalkkansa suuruisena. Siltä osin kuin sitä vastoin on kyse Eschenbrennerin kaltaisista rajatyöntekijöistä, jotka eivät ole tuloverovelvollisia Saksassa, palkkaturvan laskentamenetelmästä säädetään SGB III:n 167 §:n 2 momentissa, jonka mukaan kyseisen työntekijän aikaisemmasta palkasta on vähennettävä vero, joka olisi pidätetty tästä palkasta, mikäli työntekijä olisi ollut tuloverovelvollinen Saksassa. Ranskan ja Saksan välisen verosopimuksen mukaisesti Eschenbrennerin palkasta kannettiin hänen työssä käydessään tulovero Ranskassa, jossa sovellettava verokanta oli pääasian tosiseikkojen ajankohtana Saksassa sovellettavaa verokantaa alhaisempi. Näin ollen tämän rajatyöntekijän tapauksessa edellisessä kohdassa mainittu laskentamenetelmä johti väistämättä siihen, ettei hänelle maksetun palkkaturvan määrä vastannut hänen aikaisempaa nettopalkkaansa. Siltä osin, onko tällainen lopputulos yhteensopiva SEUT 45 artiklan ja asetuksen N:o 492/2011 7 artiklan kanssa, on muistutettava, kuten tämän tuomion 28 kohdassa on todettu, että tässä asiassa toimivalta kantaa vero palkkaturvasta kuuluu Ranskan ja Saksan välisen verosopimuksen mukaisesti Saksan liittotasavallalle. Se seikka, että tämä valtio vapauttaa palkkaturvan verosta ja säätää samalla sen määrän laskemista varten, että siitä pidätetään summa, joka vastaa tässä samassa valtiossa voimassa olevan verokannan mukaan lasketun tuloveron määrää, ei millään tavoin muuta toteamusta, jonka mukaan pääasiassa kyseessä oleva kansallinen lainsäädäntö on seurausta tämän valtion verotustoimivallan käyttämisestä. Kuten Saksan hallitus istunnossa esitti, tästä verosta vapauttamisesta ja fiktiivisestä veronpidätyksestä on säädetty muun muassa sen vuoksi, että vältettäisiin, kun otetaan huomioon palkkaturvaa koskevien hakemusten määrä yritysten maksukyvyttömyystapauksissa, kaksivaiheinen verotusmenettely, jossa otetaan ensin huomioon palkkojen bruttomäärät palkkaturvan laskemista varten ja kannetaan tämän jälkeen palkkaturvasta tulovero. Vaikka Eschenbrennerin kaltaisten rajatyöntekijöiden palkkaturvan laskentamenetelmä vahvistetaan SGB III:n 167 §:n 2 momentissa eli sosiaalilainsäädännön säännöksessä, kyseisessä säännöksessä viitataan kuitenkin tuloveroon ja sen mukaan tulovero otetaan huomioon palkkaturvan määrän laskemista varten. Tästä seuraa, että tämän kansallisen lainsäädännön vaikutusta työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen on arvioitava siten, että otetaan huomioon verotuksellisia toimenpiteitä koskeva unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö. Vaikka on niin, että jäsenvaltioiden on välitöntä verotusta koskevaa toimivaltaansa käyttäessään noudatettava unionin oikeutta ja erityisesti EUT-sopimuksessa taattuja perusvapauksia (ks. tuomio 23.2.2016, komissio v. Unkari, C‑179/14 , EU:C:2016:108 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy kuitenkin ilmi, että unionin oikeus ei ole esteenä työntekijöiden vapaaseen liikkuvuuteen aiheutuville epäedullisille seurauksille, jotka johtuvat jäsenvaltioiden verokantojen erilaisuudesta (ks. vastaavasti tuomio 12.5.1998, Gilly, C‑336/96 , EU:C:1998:221 , ja kohta) Kun näin ollen otetaan huomioon jäsenvaltioiden asiaa koskevan sääntelyn väliset eroavuudet, työntekijän päätös käyttää oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen muun muassa SEUT 45 artiklan nojalla voi tapauskohtaisesti olla tällaiselle työntekijälle verotuksellisesti enemmän tai vähemmän edullinen tai epäedullinen (ks. analogisesti syrjintäkiellon periaatteesta tuomio 15.7.2004, Lindfors, C‑365/02 , EU:C:2004:449 , kohta ja tuomio 12.7.2005, Schempp, C‑403/03 , EU:C:2005:446 , kohta; sijoittautumisvapaudesta tuomio 6.12.2007, Columbus Container Services, C‑298/05 , EU:C:2007:754 , kohta ja tuomio 28.2.2008, Deutsche Shell, C‑293/06 , EU:C:2008:129 , kohta ja pääomien vapaasta liikkuvuudesta tuomio 7.11.2013, K, C‑322/11 , EU:C:2013:716 , kohta). Tässä asiassa Eschenbrennerille maksetun palkkaturvan määrä on alhaisempi kuin nettopalkka, jota hänelle maksettiin ennen hänen työnantajansa maksukyvyttömyyttä, ja tämä epäedullinen seuraus aiheutuu vain siitä seikasta, että jäsenvaltiossa, joka palkkaturvan myöntää ja jonka toimivaltaan sen verottaminen kuuluu, sovellettava verokanta oli palkkaturvan määrän vahvistamisen päivänä korkeampi kuin se verokanta, jota sovellettiin jäsenvaltiossa, jossa tämä työntekijä asui työssä käydessään. Pääasiassa kyseessä olevien kaltaisten jäsenvaltioiden erilaisten verosäännösten vaikutus Eschenbrennerin kaltaiselle rajatyöntekijälle maksetun palkkaturvan määrään on lisäksi luonteeltaan satunnainen siltä osin kuin se riippuu kunkin yksittäistapauksen erityispiirteistä. Tämä määrä voi nimittäin olla korkeampi tai alhaisempi kuin kyseisen työntekijän aikaisempi nettopalkka asianomaisissa jäsenvaltioissa voimassa olevien verokantojen mukaan. Koska näin ollen pääasiassa kyseessä oleva epäedullinen seuraus johtuu vain asianomaisten jäsenvaltioiden verotaulukkojen välisistä eroista, SEUT 45 artikla ja asetuksen N:o 492/2011 7 artikla eivät ole esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaiselle lainsäädännölle. Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen direktiivistä 2008/94 esittämillä toteamuksilla. Direktiivin 2008/94 1 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaan direktiiviä sovelletaan työntekijöiden työsopimuksista tai työsuhteista johtuviin saataviin työnantajalta, joka on maksukyvytön. Oikeuskäytännössä katsotaan vakiintuneesti, että tämän direktiivin sosiaaliseen päämäärään sisältyy se, että työntekijöille on työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa varmistettava Euroopan unionissa tietty vähimmäissuoja heidän työsopimuksista tai työsuhteista johtuvien, määrätyltä ajanjaksolta maksamatta olevien palkkasaataviensa maksun varmistamiseksi (ks. tuomio 17.11.2011, van Ardennen, C‑435/10 , EU:C:2011:751 , kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja vastaavasti tuomio 24.11.2016, Webb-Sämann, C‑454/15 , EU:C:2016:891 , ja kohta). Jäsenvaltioiden on siis varmistettava sellaisen enimmäismäärän rajoissa, joka niillä on oikeus asettaa työntekijöiden erääntyneistä saatavista olevalle vastuulle, kaikkien kyseessä olevien saatavien maksaminen (ks. vastaavasti tuomio 4.3.2004, Barsotti ym., C‑19/01, C‑50/01 ja C‑84/01 , EU:C:2004:119 , kohta). Vaikka palkkaturvajärjestelmien on näin ollen korvattava nämä maksamatta olevat palkat muun muassa direktiivin 2008/94 3 artiklan nojalla, ”palkan” käsite ja sen sisältö määritellään kuitenkin kyseisen direktiivin 2 artiklan 2 kohdan mukaan kansallisessa lainsäädännössä (ks. tuomio 16.7.2009, Visciano, C‑69/08 , EU:C:2009:468 , 28 oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä on täsmennettävä maksamatta olevien palkkojen verokohtelu silloin, kun palkkaturvajärjestelmät korvaavat ne direktiivin 2008/94 mukaisesti. Täten täsmennetyllä järjestelmällä ei kuitenkaan saada loukata kyseisen direktiivin sosiaalista päämäärää, sellaisena kuin siitä on muistutettu tämän tuomion 52 kohdassa, eikä yleisemmin unionin oikeutta. Edellä todetusta seuraa, että direktiivissä 2008/94 ei edellytetä, että jäsenvaltiot varmistavat työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa työntekijälle korvauksen, jonka määrä vastaa tämän työntekijän aikaisempaa bruttopalkkaa, mukaan lukien muun muassa tämän palkan veroon liittyvä osuus. Näissä olosuhteissa on katsottava, että direktiivissä 2008/94 ei edellytetä myöskään, että työntekijällä on työnantajaansa vastaan saatava, jonka määrä vastaa hänen aikaisemman bruttopalkkansa veroon liittyvää osuutta, jota myönnetty palkkaturva ei kata. Samalla tavoin tämä seikka ei vaikuta vastaukseen, joka ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on annettava siitä, onko asianomainen kansallinen lainsäädäntö yhteensopiva SEUT 45 artiklan ja asetuksen N:o 492/2011 7 artiklan kanssa. Näissä viimeksi mainituissa ei nimittäin edellytetä, että Eschenbrennerin kaltaiselle rajatyöntekijälle on maksettava palkkaturva, jonka määrä vastaa hänen aikaisempaa bruttopalkkaansa, kuten tämän tuomion 49 kohdassa todetusta käy ilmi, eikä niissä näin ollen edellytetä myöskään, että tällä työntekijällä on pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa työnantajaansa vastaan saatava, jonka määrä vastaa hänen aikaisemman bruttopalkkansa osaa, jota myönnetty palkkaturva ei korvaa. Edellä todetun valossa ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että SEUT 45 artiklaa ja asetuksen N:o 492/2011 7 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa sen palkkaturvan määrä, jonka jäsenvaltio myöntää rajatyöntekijälle, joka ei ole tuloverovelvollinen tässä valtiossa eikä velvollinen maksamaan veroa palkkaturvasta, vahvistetaan vähentämällä kyseisen palkkaturvan laskennan perustana olevasta palkasta tulovero, sellaisena kuin se kannetaan kyseisessä valtiossa, mikä johtaa siihen, ettei kyseinen rajatyöntekijä saa, toisin kuin tässä samassa valtiossa asuvat ja työskentelevät henkilöt, palkkaturvaa, jonka määrä vastaa hänen aikaisempaa nettopalkkaansa. Tältä osin on vaikutuksetonta, ettei tällainen rajatyöntekijä voi esittää työnantajalleen vaatimusta siitä osasta hänen aikaisempaa bruttomääräistä palkkaansa, jota hän ei saanut tämän vähentämisen vuoksi. Toinen kysymys Ensimmäiseen kysymykseen annetun vastauksen vuoksi toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata. Oikeudenkäyntikulut Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi. Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: SEUT 45 artiklaa ja työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta unionin alueella 5.4.2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 492/2011 7 artiklaa on tulkittava siten, että ne eivät ole esteenä sille, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa sen palkkaturvan määrä, jonka jäsenvaltio myöntää rajatyöntekijälle, joka ei ole tuloverovelvollinen tässä valtiossa eikä velvollinen maksamaan veroa palkkaturvasta, vahvistetaan vähentämällä kyseisen palkkaturvan laskennan perustana olevasta palkasta tulovero, sellaisena kuin se kannetaan kyseisessä valtiossa, mikä johtaa siihen, ettei kyseinen rajatyöntekijä saa, toisin kuin tässä samassa valtiossa asuvat ja työskentelevät henkilöt, palkkaturvaa, jonka määrä vastaa hänen aikaisempaa nettopalkkaansa. Tältä osin on vaikutuksetonta, ettei tällainen rajatyöntekijä voi esittää työnantajalleen vaatimusta siitä osasta hänen aikaisempaa bruttomääräistä palkkaansa, jota hän ei saanut tämän vähentämisen vuoksi. Allekirjoitukset ( *1 ) Oikeudenkäyntikieli: saksa.

62006TJ0223

fi

Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä olevan 9 artiklan mukaisesti esittämällään valituksella parlamentti vaatii kumottavaksi Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen asiassa F-102/05, Eistrup vastaan parlamentti, 13.7.2006 antamaa määräystä (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa; jäljempänä valituksenalainen määräys), jolla virkamiestuomioistuin hylkäsi tutkimatta jättämistä koskevan väitteen, jonka parlamentti oli esittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen, jota Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen perustamisesta 2.11.2004 tehdyn neuvoston päätöksen 2004/752/EY, Euratom (EUVL L 333, s. 7) 3 artiklan 4 kohdan nojalla sovelletaan mutatis mutandis virkamiestuomioistuimeen, 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan rikkomisen perusteella siitä syystä, että sen sijaan, että ensimmäisessä oikeusasteessa kantajana olleen asianosaisen asianajaja olisi allekirjoittanut kannekirjelmän käsin, siinä oli ainoastaan kyseisen asianajajan allekirjoituksen toisintava leima. Menettely ensimmäisessä oikeusasteessa Eistrup vaati alun perin yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa 20.10.2005 nostetulla kanteella yhtäältä kumottavaksi 13.12.2004 tehtyä päätöstä, jolla parlamentti oli määrittänyt kantajan mukaan liian pieneksi sen korvauksen määrän, joka kantajalle oli suoritettava siitä syystä, että kantajan palaaminen työtehtäviin hänen henkilökohtaisista syistä myönnetyn virkavapaansa päätyttyä oli viivästynyt, ja 12.7.2005 tehtyä päätöstä, jolla hylättiin 13.12.2004 tehdystä päätöksestä tehty valitus, ja toisaalta parlamentin velvoittamista korvaamaan hänelle aiheutunut vahinko. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajan todettua, että kannekirjelmässä oli leima, jolla toisinnettiin Eistrupin asianajajan allekirjoitus, hän pyysi 25.10.2005 päivätyllä kirjeellä mainittua asianajajaa esittämään huomautuksensa siitä, noudatettiinko asiassa työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan määräyksiä, joiden mukaan ”jokaisen oikeudenkäyntiasiakirjan alkuperäiskappaleen on oltava asianosaisen asiamiehen tai asianajajan allekirjoittama”. Eistrupin asianajaja vahvisti 5.11.2005 päivätyissä huomautuksissa olevansa kannekirjelmään merkityn allekirjoituksen tekijä. Hän lisäsi myös, että asiassa tulee Tanskan oikeuden tavoin hyväksyä kyseisenlainen allekirjoitustapa. Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaaja antoi parlamentille tiedoksi kannekirjelmän ja kopion edellä mainituista huomautuksista. Parlamentti esitti erillisellä, 15.12.2005 jätetyllä asiakirjalla työjärjestyksen 114 artiklan 1 kohdan nojalla oikeudenkäyntiväitteen. Kantaja toimitti huomautuksensa tästä väitteestä 10.4.2006. Päätöksen 2004/752 3 artiklan 3 kohdan nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin siirsi 15.12.2005 antamallaan määräyksellä nyt esillä olevan asian virkamiestuomioistuimeen. Kanne kirjattiin virkamiestuomioistuimen kirjaamossa asianumerolla F-102/05. Virkamiestuomioistuimen pyynnöstä Eistrupin asianajaja toimitti 16.6.2006 virkamiestuomioistuimen kirjaamoon kannekirjelmästä omakätisesti allekirjoitetun version. Tässä tilanteessa virkamiestuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella määräyksellä parlamentin esittämän oikeudenkäyntiväitteen. Valituksenalainen määräys Muistutettuaan ensin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asiassa T-37/98, FTA ym. vastaan neuvosto, 24.2.2000 antamassaan määräyksessä (Kok. 2000, s. II-373; jäljempänä asiassa FTA annettu määräys) tulkinnut työjärjestyksensä 43 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa siten, että siinä edellytetään kantajan asianajajan omakätistä allekirjoitusta, virkamiestuomioistuin myönsi, että se, että Eistrupin asianajaja oli käyttänyt allekirjoituksensa toisintavaa leimaa, muodosti sääntöjenvastaisuuden. Virkamiestuomioistuimen mukaan kannekirjelmän jättämisvaiheessa todettu tällainen sääntöjenvastaisuus ei kuitenkaan voinut johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen, kun asian olosuhteet otettiin huomioon (valituksenalaisen määräyksen 22–24 kohta). Tältä osin virkamiestuomioistuin katsoo valituksenalaisen määräyksen 25 kohdassa, että Eistrupin asianajajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajan 25.10.2005 päivättyyn kirjeeseen antamassaan vastauksessa esittämät selvitykset eivät jättäneet pienintäkään epäilystä siitä, että kyseinen asianajaja todella oli allekirjoittanut kannekirjelmän. Tältä osin virkamiestuomioistuin viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-34/02, Le Levant 001 ym. vastaan komissio, 22.2.2006 antamaan tuomioon (Kok. 2006, s. II-267, 56 kohta), jossa oli kyse työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesta valtuutuksesta, jonka oikeushenkilön edustaja oli antanut asianajajalle kanteen nostamiseksi ja joka oli allekirjoitettu leimalla. Riidanalaisen määräyksen 26 kohdassa virkamiestuomioistuin muistuttaa, että Eistrupin asianajajan esittämien selvitysten jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaaja antoi kannekirjelmän tiedoksi parlamentille. Virkamiestuomioistuin lisäsi vielä määräyksen 27 kohdassa, että se oli vastaanottanut Eistrupilta kannekirjelmästä hänen asianajajansa omakätisesti allekirjoittaman version. Valituksenalaisen määräyksen 28 kohdassa virkamiestuomioistuin toteaa, ettei parlamentti ollut maininnut mitään seikkoja, joilla osoitettaisiin, että puolustautumisoikeuksia loukataan, mikäli kanteen todettaisiin täyttävän työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaiset tutkittavaksi ottamista koskevat edellytykset. Virkamiestuomioistuin katsoi esillä olevan asian olosuhteiden valossa täten, että kanteen tutkimatta jättäminen kyseessä olevan kaltaisen menettelyllisen edellytyksen noudattamatta jättämisen johdosta, jolla ei ole merkittävää vaikutusta lainkäyttöön, olisi omiaan loukkaamaan suhteettomasti perusoikeutta, joka koskee Eistrupilla olevaa oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn, erityisesti, koska kyse on ensimmäisestä oikeusasteesta (valituksenalaisen määräyksen 29 kohta). Valituksenalainen määräys annettiin parlamentille tiedoksi 17.7.2006. Valitus Menettely Parlamentti esitti nyt käsiteltävänä olevan valituksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.8.2006 jättämällään valituskirjelmällä. Työjärjestyksen 146 artiklassa määrätään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kirjelmien antamisen jälkeen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja asianosaisia kuultuaan päättää ratkaista valituksen ilman suullista käsittelyä, jollei joku asianosaisista esitä pyyntöä, jossa yksilöidään syyt siihen, miksi hän haluaa tulla kuulluksi. Tämä pyyntö on esitettävä kuukauden kuluessa siitä, kun asianosaiselle on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä. Eistrup pyysi 10.11.2006 jättämässään vastineessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään istunnon pitämisestä, ”kun otetaan huomioon se, että riidanalaisen muodollisuuden merkitys [Eistrupin] ja hänen parlamenttia vastaan nostamansa kanteen kannalta [on] ratkaiseva”. Tämä pyyntö on hylättävä yhtäältä, koska se on ennenaikainen työjärjestyksen 146 artiklan määräyksiin nähden, ja toisaalta, koska siinä ei esitetä konkreettisesti ja täsmällisesti syitä siihen, miksi Eistrup halusi tulla kuulluksi. Parlamentti pyysi 6.12.2006 päivätyllä kirjelmällä työjärjestyksen 143 artiklan mukaisesti lupaa toimittaa vastauskirjelmä. Tämä pyyntö hylättiin 13.12.2006 tehdyllä päätöksellä. Kirjallinen menettely päätettiin samana päivänä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (valituksia käsittelevä jaosto) totesi esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella, etteivät osapuolet olleet esittäneet pyyntöä istunnon pitämisestä kirjallisen käsittelyn päättymisen ilmoittamisesta alkavan kuukauden määräajan kuluessa, ja päätti työjärjestyksen 146 artiklan mukaisesti ratkaista asian ilman suullista käsittelyä. Asianosaisten vaatimukset Parlamentti vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin –        kumoaa valituksenalaisen määräyksen –        ratkaisee asian lopullisesti todeten oikeudenkäyntiväitteen olevan perusteltu –        jättää kanteen tutkimatta –        määrää oikeudenkäyntikuluista lain mukaisesti. Eistrup vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin –        ensisijaisesti hylkää valituksen –        toissijaisesti palauttaa asian virkamiestuomioistuimeen –        velvoittaa parlamentin korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Asianosaisten lausumat Parlamentti esittää valituksensa tueksi yhden valitusperusteen, joka koskee sitä, että virkamiestuomioistuin rikkoi yhteisön oikeutta. Valitusperuste on kaksiosainen ja perustuu työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan rikkomiseen ja oikeusvarmuuden periaatteen loukkaamiseen. Valitusperusteen ensimmäisessä osassa parlamentti katsoo, että virkamiestuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, koska se ei ole jättänyt Eistrupin nostamaa kannetta tutkimatta työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan rikkomisen johdosta, vaikka Eistrupin asianajaja ei ollut merkinnyt omakätistä allekirjoitusta kannekirjelmään. Mitä tulee virkamiestuomioistuimen viittaukseen edellä mainitussa asiassa Le Levant 001 ym. vastaan komissio annettuun tuomioon, parlamentti korostaa, että kyseisessä tuomiossa oli kyse työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan b alakohdasta eikä sen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta. Parlamentin mukaan mainitun 44 artiklan 5 kohdan b alakohdan rikkominen on 44 artiklan 6 kohdan mukaan korjattavissa, kun taas korjaamisesta ei ole määrätty mitään siinä tilanteessa, että rikkominen kohdistuu 43 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan, joka koskee vaatimusta siitä, että osapuolen asianajajan on allekirjoitettava alkuperäiset oikeudenkäyntiasiakirjat. Mainittu tuomio ei täten ole merkityksellinen nyt esillä olevassa asiassa. Sikäli kuin virkamiestuomioistuin toteaa valituksenalaisen määräyksen 25 kohdassa, että ”kantajan asianajaja todella on kanteen allekirjoittaja”, ja tällä toteamuksella annetaan ymmärtää, että asianajaja todella on kanteen allekirjoittaja, koska hän on itse merkinnyt allekirjoitusta vastaavan leiman alkuperäiseen kannekirjelmään, parlamentti pohtii leiman käytön hyödyllisyyttä kannekirjelmän omakätisen allekirjoituksen sijasta, mikäli kyseinen henkilö on tilanteessa läsnä. Joka tapauksessa jälkikäteen on mahdotonta varmistua varmuudella siitä, että asianajaja kannekirjelmän lähettämishetkellä todella on vahvistanut olevansa kannekirjelmän sisällön takana. Valitusperusteen toisessa osassa parlamentti moittii virkamiestuomioistuinta siitä, että se on loukannut oikeusvarmuuden periaatetta, koska se on jättänyt noudattamatta työjärjestyksen määräyksiä, jotka koskevat kanteen tutkittavaksi ottamista. Missään yhteisön oikeuden säännöksessä tai määräyksessä ei rajoiteta oikeutta vedota työjärjestyksen rikkomiseen ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa tällä rikkomisella on loukattu puolustautumisoikeuksia. Allekirjoitusta koskeva vaatimus on tutkittavaksi ottamisen edellytys samalla tavoin kuin menettelyllisten määräaikojen noudattaminen ja täten virkamiestuomioistuin ei voi vedota suhteellisuusperiaatteeseen ja asianosaisten oikeuteen saada asiansa käsitellyksi tuomioistuimessa voidakseen olla soveltamatta työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa. Eistrup toteaa vastauksena, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksessä tai siihen viittaavissa teksteissä ei täsmennetä, kuinka ”allekirjoitus” on ymmärrettävä. Lisäksi asiassa FTA annetussa määräyksessä tai missään muussakaan tuomioistuinratkaisussa ei esitetä selkeää määritelmää kyseisestä käsitteestä ja vielä vähemmän ”omakätisen allekirjoituksen” käsitteestä. Lisäksi eräissä oikeusjärjestyksissä, kuten Tanskan oikeusjärjestyksessä, leiman käyttö on yleisesti hyväksyttyä oikeudenkäyntiasiakirjojen yhteydessä. Joka tapauksessa asiassa on tapahtunut anteeksiannettava erehdys, ja täten kannetta ei voida jättää tutkimatta. Tältä osin Eistrup väittää ensinnäkin, että työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdassa ei millään tavoin täsmennetä, onko kannekirjelmän allekirjoituksen täytettävä tietyt muotovaatimukset. Hän lisää, että asianosaisille osoitettujen käytännön ohjeiden (EYVL 2002, L 87, s. 48) (I kohdan 2 alakohta) mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei sähköpostitse toimitettujen asiakirjojen yhteydessä hyväksy ”tietokoneella luotua” allekirjoituksen näköiskappaletta. Sitä vastoin mainitulla kohdalla ei estetä käsin luodun allekirjoituksen näköiskappaleen toimittamista. Mitä tulee 3.3.1994 annettujen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajan ohjeiden (EYVL L 78, s. 32), joita on muutettu viimeksi 5.6.2002 (EYVL L 160, s. 1), 6 artiklan 3 kohtaan, jonka mukaan kirjaaja voi hyväksyä ainoastaan sellaiset asiakirjat, joissa on kyseisen asianosaisen asianajajan tai asiamiehen alkuperäinen allekirjoitus, Eistrup katsoo, että mainitusta kohdasta ei saada mitään selkeää ajatusta siitä, kuinka ”allekirjoitus” tai ”alkuperäinen” allekirjoitus on ymmärrettävä. Eistrupin mukaan näin ollen on pohdittava fyysisen allekirjoituksen merkitystä. Tällä pyritään takaamaan allekirjoitetun asiakirjan sisällön autenttisuus, eheys ja kiistaton luonne ja erityisesti vakuuttamaan vastaanottaja siitä seikasta, että allekirjoituksen on merkinnyt määrätty henkilö eli allekirjoitusta vastaava henkilö. Eistrup katsoo tämän johdosta, että leiman käytön on katsottava – ainakin Tanskassa – täyttävän nämä edellytykset ja täten sitä on pidettävä vastaavanlaisena kuin kuulakärki- tai mustekynällä tehtyä omakätistä allekirjoitusta. Lisäksi myös sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) pitää allekirjoituksen näköiskappaleen käyttöä hyväksyttävänä allekirjoitustapana (asia T-6/05, DEF-TEC Defense Technology v. SMHV – Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), tuomio 6.9.2006, 3 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tällaisen leiman väärinkäytösvaaraa koskeva ongelma on Tanskan oikeudessa ratkaistu siten, että allekirjoituksen näköiskappaleen käyttäjälle on asetettu velvollisuus todistaa, että väärinkäytös tietyssä tapauksessa on tapahtunut. Täten leimalla merkittyyn allekirjoitukseen sovelletaan alkuperäisolettamaa. Toisin sanottuna allekirjoituksen näköiskappaleen käyttäjä kantaa leiman käyttöön liittyvän vastuun. Lisäksi vaara allekirjoituksen väärentämisestä ei koske ainoastaan leiman käyttöä vaan myös kuulakärkikynällä tehtyjä allekirjoituksia. Tässä yhteydessä Eistrup korostaa, ettei parlamentti ole missään vaiheessa kiistänyt sitä, että Eistrupin asianajaja oli saanut valtuutuksen Eistrupin edustamiseksi, että kyseinen asianajaja todella oli laatinut kannekirjelmän tai että samainen asianajaja oli merkinnyt allekirjoituksen näköiskappaleen. Toiseksi Eistrup kiistää parlamentin väitteen, jonka mukaan edellä mainitussa asiassa Le Levant 001 ym. vastaan komissio annettuun tuomioon ei voitaisi vedota, koska siinä oli kyse asiakirjasta, jonka puutteellisuudet voitiin – toisin kuin nyt esillä olevassa asiassa – työjärjestyksen 44 artiklan 6 kohdan nojalla korjata. Eistrup korostaa, että mainitussa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei suinkaan pitänyt korjaamista tarpeellisena vaan katsoi, että työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohtaa ei ollut rikottu, koska leimalla merkitty allekirjoitus valtuutuksessa, jonka asiakas oli antanut asianajajalleen, oli täysin pätevä. Kyseinen tuomio on merkityksellinen nyt esillä olevan asian kannalta, koska kirjaajan ohjeiden 7 artiklan 3 kohdasta ilmenee selvästi, että työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti esitettäviin asiakirjoihin on sisällytettävä asianajajalle annettu valtakirja, jonka on ”allekirjoittanut” kyseisen oikeushenkilön edustaja. Jotta kyseinen valtakirja olisi pätevä, sen on täten täytettävä allekirjoitusta koskeva edellytys. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kuitenkin edellä mainitussa asiassa Le Levant 001 ym. vastaan komissio antamassaan tuomiossa hyväksynyt leiman käytön. Asiassa FTA annetun määräyksen osalta Eistrup väittää, että kyseiseen määräykseen johtaneessa asiassa ratkaiseva kysymys oli sen selvittäminen, saattoiko muu henkilö kuin kantajien asianajaja pätevästi allekirjoittaa kannekirjelmän hänen nimissään, eikä sen ratkaiseminen, kuinka mainittu allekirjoitus oli kannekirjelmään merkittävä. Kyse on täten sivuhuomautuksesta sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohtaa siten, että siinä edellytetään ”omakätistä allekirjoitusta” Lisäksi jättämällä täsmentämättä, miten ”omakätinen allekirjoitus” oli ymmärrettävä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jättänyt ratkaisematta kysymyksen siitä, voitiinko leiman käyttöä pitää pätevänä allekirjoitustapana. Kolmanneksi Eistrup väittää, että leiman käyttöä on ainakin Tanskassa pidettävä pätevänä fyysisenä allekirjoituksena ja musteella kirjoitettuun allekirjoitukseen verrattavana. Tilanne on näin esimerkiksi esitettäessä oikeudenkäyntiasiakirjoja tanskalaisissa tuomioistuimissa. Neljänneksi Eistrup väittää, että joka tapauksessa leiman käyttöä hänen asianajajansa toimesta on pidettävä anteeksiannettavana erehdyksenä. Tältä osin hän vetoaa seuraaviin seikkoihin: –        yhteisön oikeudessa ei ole selvästi määritelty käsitettä ”allekirjoitus” eikä käsitettä ”alkuperäinen” allekirjoitus –        käytännön ohjeissa asianosaisille kielletään ainoastaan tietokoneella luodun allekirjoituksen näköiskappaleen käyttö –        yhteisön oikeuskäytännön mukaan oikeudenkäyntiasiakirjat voidaan allekirjoittaa leimalla, kunhan asiassa ei ole mitään epäilystä siitä, että tekijä on vahvistanut olevansa kannekirjelmän sisällön takana ja että hänellä on pätevä valtuutus –        nyt esillä olevassa asiassa ei ole mitään epäilystä kannekirjelmän laatijan henkilöllisyydestä –        allekirjoituksen toisintavan leiman käyttö on Tanskassa sallittua –        esillä olevan kanteen tutkimatta jättäminen olisi äärimmäisen vakava toimi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta Valituksellaan parlamentti moittii virkamiestuomioistuinta siitä, että se on tehnyt oikeudellisen virheen soveltaessaan työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, sellaisena kuin sitä tulkitaan oikeusvarmuuden periaatteeseen nähden. Mainitun oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevän määräyksen mukaan ”jokaisen oikeudenkäyntiasiakirjan alkuperäiskappaleen on oltava [kyseisen] asianosaisen asiamiehen tai asianajajan allekirjoittama”. Tätä määräystä on tulkittava siten, että siinä edellytetään, että alkuperäisessä kannekirjelmässä on oltava kantajan valtuuttaman asianajajan omakätinen allekirjoitus (asiassa FTA annetun määräyksen 23, 26 ja 27 kohta). Tällainen tulkinta on omaksuttu kirjaajan ohjeissa, joiden 6 artiklan 3 kohdassa velvoitetaan kirjaaja hyväksymään ainoastaan asiakirjat, joissa on ”asianajajan – – alkuperäinen allekirjoitus”. Virkamiestuomioistuin on täten perustellusti katsonut valituksenalaisen määräyksen 24 ja 25 kohdassa, että se, että Eistrupin asianajaja käytti allekirjoituksensa toisintavaa leimaa kannekirjelmää jätettäessä, muodosti sääntöjenvastaisuuden, koska kyseisellä leimalla tehty allekirjoitus ei ollut välittömästi merkitty allekirjoitus, kuten työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa edellytetään. Vaikka kyseessä olevalla leimalla nimittäin on toisinnettu asianajajan allekirjoituksen muoto, tästä huolimatta tällainen allekirjoitustapa on luonteeltaan välillinen ja kannekirjelmässä ei ollut asianajajan alkuperäistä allekirjoitusta. Mikään Eistrupin esittämistä väitteistä ei ole sen luonteinen, että sillä horjutettaisiin tätä johtopäätöstä. Niinpä ensimmäiseksi on hylättävä pätemättömänä Eistrupin väite, joka perustuu edellä mainitussa asiassa Le Levant 001 ym. vastaan komissio annettuun tuomioon ja jossa hän esittää, että koska kyseisessä tuomiossa hyväksyttiin kanteen nostamiseksi asianajajalle työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaisesti annettuun valtuutukseen merkityn allekirjoituksen näköiskappale, tuomiossa määriteltiin kirjaajan ohjeiden 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu käsite ”allekirjoitus”, ja että tällä määritelmällä on merkitystä nyt esillä olevan asian kannalta (ks. edellä 34 kohta). Tältä osin riittää, kun todetaan, että työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan b alakohdassa edellytetään ainoastaan ”selvitystä siitä, että asianajajalle annettu valtuutus [on annettu asianmukaisesti]”. Tällaisen selvityksen ei välttämättä ole oltava asiakirja, jossa on valtuuttajan omakätinen allekirjoitus. Vaikka kirjaajan ohjeiden 7 artiklan 3 kohdassa edellytetään ”valtakirjaa, jonka on allekirjoittanut – – oikeushenkilön edustaja”, tätä kohtaa ei voida tulkita siten, että sillä muutetaan työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan b alakohdassa olevaa määräystä – jota ei edes voitaisi muuttaa kirjaajan ohjeilla – vaan se on paremminkin ymmärrettävä siten, että siinä viitataan tällaisen valtuutuksen tavanomaisimpaan muotoon sulkematta kuitenkaan pois mitään muuta mahdollisuutta osoittaa, että valtuutus on annettu asianmukaisesti. Sitä vastoin työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan sanamuoto ei salli allekirjoittamattoman kannekirjelmän hyväksymistä, vaikka osoitettaisiinkin, että asianajaja tai asiamies, jonka nimissä kannekirjelmä on jätetty, on hyväksynyt sen muun muotoisesti kuin merkitsemällä omakätisen allekirjoituksen. Toiseksi, kun otetaan huomioon työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa esitetty muodollinen vaatimus, vetoaminen edellä mainitussa asiassa FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR annettuun tuomioon, jossa viitataan SMHV:n sisäiseen päätökseen, jonka mukaan asiasta vastaavien virkailijoiden allekirjoituksen näköiskappaleen käyttö viraston päätöksissä, tiedoksiannoissa ja ilmoituksissa on mahdollista, on merkityksetön nyt esillä olevassa asiassa. Yleisesti ottaen sillä seikalla, että faksin, teleksin, sähkeen tai sähköpostin käyttö on hyväksyttyä aloilla, joihin ei sovelleta yhtä ankaria muotoedellytyksiä, kuten tiedonannot yhteisön tavaramerkkiä koskevissa asioissa (yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen 55 ja 79–82 sääntö (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1)), ei ole merkitystä asian kannalta. Kolmanneksi sama pätee väitteeseen, jonka mukaan asianosaisille osoitettujen käytännön ohjeiden I kohdan 2 alakohdasta on a contrario pääteltävä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyy sähköpostia käytettäessä käsin luodun allekirjoituksen näköiskappaleen (ks. edellä 30 kohta). Mainituissa ohjeissa on kyse ainoastaan teknisten tiedonsiirtovälineiden käytöstä sellaisina kuin niitä tarkoitetaan työjärjestyksen 43 artiklan 6 kohdassa. Tämän johdosta näillä ohjeilla ei ole merkitystä kyseisen artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan tulkinnan kannalta. Virkamiestuomioistuin on kuitenkin katsonut, että kun otetaan huomioon asian olosuhteet, se, että Eistrupin asianajaja oli rikkonut työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa, ei voinut johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen. Virkamiestuomioistuin katsoi täten, että omakätistä allekirjoitusta koskevaa vaatimusta voidaan olla soveltamatta, mikäli asian olosuhteet sitä edellyttävät. Tältä osin on muistutettava, että se, että valtuutuksen saanut asianajaja ei ole omakätisesti allekirjoittanut kannekirjelmää, ei kuulu niihin muotovirheisiin, jotka voidaan korjata yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan toisen kohdan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 6 kohdan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaajan ohjeiden 6 artiklan 1, 4 ja 5 kohdan mukaisesti. Lisäksi, vaikka työjärjestyksen 43 artiklan 6 kohdassa, työjärjestykseen 6.12.2000 tehtyjen muutosten jälkeen (EYVL L 322, s. 4), sallitaankin faksin ja sähköpostin käyttö, tietojen välittäminen pätevästi näillä teknisillä välineillä edellyttää, että ”asiakirjan allekirjoitettu alkuperäiskappale” toimitetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon viimeistään kymmenen päivän kuluessa. Lisäksi, vaikka työjärjestyksen 43 artiklan 7 kohdassa, työjärjestykseen 12.10.2005 tehtyjen muutosten jälkeen (EYVL L 298, s. 1), mahdollistetaan se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavalla päätöksellä määrittää edellytykset, joiden täyttyessä kirjaamoon sähköisesti toimitettua oikeudenkäyntiasiakirjaa ”pidetään kyseisen asiakirjan alkuperäiskappaleena”, on kuitenkin todettava, että tällaista päätöstä ei ole vielä tehty. Tämän johdosta yhteisön oikeudenkäyntimenettelyä sääntelevien määräysten nykytilassa asianajajan omakätisesti kannekirjelmän alkuperäiskappaleeseen merkitsemä allekirjoitus on ainoa keino varmistua siitä, että vastuun kyseisen asiakirjan laatimisesta ja sisällöstä kantaa henkilö, jolla on oikeus edustaa kantajaa yhteisöjen tuomioistuimissa (ks. vastaavasti asiassa FTA annetun määräyksen 25 ja 26 kohta). Työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisen omakätistä allekirjoitusta koskevan vaatimuksen tarkoituksena on täten oikeusvarmuuteen pyrkien varmistaa kannekirjelmän autenttisuus ja sulkea pois vaara siitä, että kannekirjelmää ei tosiasiassa ole laatinut sitä varten valtuutettu henkilö. Tätä vaatimusta on näin ollen pidettävä olennaisena muotomääräyksenä, ja sitä on tulkittava tiukasti, joten sen noudattamatta jättäminen johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen. Mitä tulee kantajan valtuuttaman asianajajan allekirjoituksen toisintavan leiman merkitsemiseen kannekirjelmään, tältä osin on todettava, että tällainen välillinen ja mekaaninen tapa ”allekirjoittaa” ei itsessään mahdollista sen toteamista, että asianajaja itse on välttämättä allekirjoittanut kyseessä olevan oikeudenkäyntiasiakirjan. Virkamiestuomioistuimen valituksenalaisen määräyksen 25 kohdassa esittämän sen toteamuksen osalta, jonka mukaan Eistrupin asianajajan esittämät selvitykset eivät jättäneet pienintäkään epäilystä siitä, että kyseinen asianajaja todella oli allekirjoittanut kannekirjelmän, on huomautettava, että kannekirjelmää, joka sen jättämishetkellä sisältää olennaisen virheen, ei voida korjata pelkällä jälkikäteisellä ja varsinaisesta oikeudenkäyntiasiakirjasta erillisellä ilmoituksella, koska vaatimus omakätisestä allekirjoituksesta ei kuulu niiden muotomääräysten joukkoon, jotka voidaan korjata oikeudenkäynnin kuluessa (ks. edellä 48 kohta). Lisäksi tällainen ilmoitus ei myöskään ole itsessään riittävä, jotta sillä tehtäisiin päteviksi sähköpostit tai faksit, mikäli niiden lisäksi ei ole toimitettu ”asiakirjan allekirjoitettua alkuperäiskappaletta”. On lisättävä, että vaikka Eistrup on vahvistanut, että hänen asianajajansa oli henkilökohtaisesti allekirjoittanut kannekirjelmän asianajajan allekirjoituksen toisintavalla leimalla (valituksenalaisen määräyksen 20 kohta), tästä huolimatta on todettava, että kannekirjelmän allekirjoitustapa kuuluu puhtaasti kyseessä olevan asianajotoimiston sisäisen toiminnan piiriin eikä sitä tavanomaisesti voida saattaa sen paremmin vastapuolen kuin tuomioistuimenkaan valvonnan alaiseksi. Kyse ei täten ole olosuhteesta, joka objektiivisesti on sen luonteinen, että sen ansiosta voidaan varmistua epäilyksettä siitä, että vastuun kyseisen asiakirjan laatimisesta ja sisällöstä on kantanut Eistrupin asianajaja. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-229/05 P, PKK ja KNK vastaan neuvosto, 18.1.2007 antamalla tuomiolla (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ei estetä tähän johtopäätökseen päätymistä. Tuossa tuomiossa, jossa oli kyse kantajan asianajajan lausumista, joilla pyrittiin legitimoimaan kantajan hänelle antama valtuutus, yhteisöjen tuomioistuin totesi, että nämä lausumat, jotka on antanut jäsenvaltion asianajajayhteisön jäsen, jota tämän johdosta sitovat ammattieettiset säännöt, riittävät tuon asian erityisolosuhteissa sen toteen näyttämiseen, että kantaja on kelpoinen valtuuttamaan asianajajia. Kyseisen tuomion erityispiirteen muodosti kuitenkin se seikka, että kantajana oli järjestö, joka ei ollut oikeushenkilö, minkä johdosta yhteisöjen tuomioistuin korosti, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön, yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen määräyksiä ei ollut luotu siinä tarkoituksessa, että kyseisen kaltaiset järjestöt voisivat nostaa kanteita. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tässä poikkeuksellisessa tilanteessa oli asianmukaista välttää liiallista muodollisuutta ja hyväksyä se, että kantajana oleva järjestö voi millä tahansa keinolla näyttää toteen, että sillä oli oikeus valtuuttaa asianajajat. Sitä vastoin nyt esillä olevassa asiassa ei ole kyse tällaisesta poikkeuksellisesta tilanteesta, koska omakätistä allekirjoitusta koskeva vaatimus, joka on olennainen menettelymääräys (ks. edellä 51 kohta), on nimenomaisesti vahvistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan määräyksissä, sellaisina kuin niitä on tulkittu edellä mainitussa oikeuskäytännössä. Tätä päätelmää ei horjuteta myöskään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-158/99, Thermenhotel Stoiser Franz ym. vastaan komissio, 13.1.2004 antamalla tuomiolla (Kok. 2004, s. II-1, 42–45 kohta), koska mainittuun tuomioon johtaneessa asiassa kannekirjelmä todella sisälsi kantajan asianajajan omakätisen allekirjoituksen ja koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin saattoi varmistaa kyseisen allekirjoituksen autenttisuuden vertaamalla sitä kyseisen asianajajan muihin allekirjoituksiin, eli objektiivisten seikkojen perusteella eikä ainoastaan asianajajan jälkikäteisen ja kyseessä oleviin asiakirjoihin nähden ulkopuolisen lausuman perusteella. Edellä esitetyistä syistä omakätisen allekirjoituksen puuttumista ei voida myöskään katsoa korjatuksi siitä syystä, että Eistrupin kannekirjelmä oli annettu vastaajalle tiedoksi tai että virkamiestuomioistuin oli vastaanottanut Eistrupilta kannekirjelmästä hänen asianajajansa omakätisesti allekirjoittaman version (valituksenalaisen määräyksen 27 kohta). Kanne ei nimittäin luonnollisestikaan voi tulla sellaiseksi, että se voidaan ottaa tutkittavaksi, pelkästään siitä syystä, että se annetaan tiedoksi vastapuolelle. Eistrupin uuden kannekirjelmän toimittamisen osalta riittää, kun todetaan, että se on jätetty virkamiestuomioistuimeen vasta 16.6.2006. Kuten parlamentti on perustellusti todennut, tämä jättäminen on tapahtunut kanteelle asetetun määräajan päätyttyä. Lopuksi on muistutettava, että virkamiestuomioistuin katsoi, ettei parlamentti ollut osoittanut, että puolustautumisoikeuksia loukattaisiin, jos kanne otettaisiin tutkittavaksi, kun taas kanteen jättäminen tutkimatta sellaisen menettelyllisen edellytyksen noudattamatta jättämisen vuoksi, jolla ei ole merkittävää vaikutusta lainkäyttöön, loukkaisi suhteettomasti perusoikeutta, joka koskee oikeutta tuomioistuinkäsittelyyn (valituksenalaisen määräyksen 28 ja 29 kohta). Tältä osin on korostettava, että työjärjestyksen 43 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu omakätistä allekirjoitusta koskeva vaatimus on olennainen menettelymääräys (ks. edellä 51 kohta). Olennaisen menettelymääräyksen rikkominen puolestaan johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen (ks. vastaavasti asia T-101/92, Stagakis v. parlamentti, määräys 8.2.1993, Kok. 1993, s. II-63, 8 kohta) ilman, että on tarpeen tutkia tällaisen rikkomisen vaikutuksia tai esimerkiksi selvittää, onko omakätisen allekirjoituksen puuttuminen kannekirjelmästä aiheuttanut vahinkoa vastapuolelle (ks. vastaavasti asia C-286/95 P, komissio v. ICI, tuomio 6.4.2000, Kok. 2000, s. I-2341, 42 ja 52 kohta). Tämän johdosta se, että kantajan valtuuttama asianajaja merkitsee kannekirjelmään allekirjoituksensa toisintavan leiman, johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen riippumatta niistä olosuhteista, jotka valituksenalaisessa määräyksessä on otettu huomioon. Edellä esitetyillä perusteilla virkamiestuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että todettu menettelysääntöjen rikkominen ei voinut johtaa kanteen tutkimatta jättämiseen, kun otettiin huomioon asian olosuhteet. On kuitenkin muistutettava, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen esittämät perustelut olisivatkin yhteisön oikeuden vastaisia, valitus on hylättävä, jos tuomiolauselman tueksi on esitetty sellaisia muita perusteluita, että siitä ilmenevä lopputulos on perusteltu (ks. asia C-30/91 P, Lestelle v. komissio, tuomio 9.6.1992, Kok. 1992, s. I-3755, 28 kohta; ks. vastaavasti myös asia C-294/95 P, Ojha v. komissio, tuomio 12.11.1996, Kok. 1996, s. I-5863, 52 kohta). Nyt esillä olevassa asiassa Eistrup on vedonnut tapahtuneen erehdyksen anteeksiannettavaan luonteeseen. Tältä osin on todettava, että anteeksiannettava erehdys ei voi johtaa siihen, että sen johdosta voitaisiin ottaa tutkittavaksi kanne, josta puuttuu omakätinen allekirjoitus, vaan siihen, että kanteelle asetettu määräaika ei asianosaisen osalta kulu ja täten kannekirjelmän sääntöjenmukaisesti allekirjoitettua versiota, joka jätettiin virkamiestuomioistuimen kirjaamoon 16.6.2006, ei olisi jätetty liian myöhään. Riittää kuitenkin, kun todetaan, että Eistrup ei ole vedonnut poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jotka olisivat estäneet hänen asianajajaansa merkitsemästä omakätistä allekirjoitusta kannekirjelmään, eikä osoittanut, että hänen asianajajansa on allekirjoitusleimaa käyttäessään noudattanut kaikkea sitä huolellisuutta, jota edellytetään tavanomaisella tavalla asioista perillä olevalta henkilöltä (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-33/89 ja T-74/89, Blackman v. parlamentti, tuomio 16.3.1993, Kok. 1993, s. II-249, 34 kohta ja asia T-63/96, Fichtner v. komissio, tuomio 9.7.1997, Kok. H. 1997, s. I-A-189 ja II-563, 25 kohta). Merkityksellisten tekstien ja erityisesti kirjaajan ohjeiden 6 artiklan 3 kohdan ja asiassa FTA annetun määräyksen sisällön tarkastelun olisi tullut johtaa siihen, että kyseinen asianajaja, huolellisena ja asioista perillä olevana ammattilaisena allekirjoittaa kannekirjelmän omakätisesti. Tästä syystä esillä olevassa asiassa ei voida pätevästi vedota anteeksiannettavan erehdyksen käsitteeseen. Tästä syystä valituksenalainen määräys on kumottava. Oikeudenkäyntiväite Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä olevan 13 artiklan 1 kohdan mukaan, jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi, mikäli se kumoaa virkamiestuomioistuimen päätöksen, ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. Nyt esillä olevassa asiassa tilanne on näin. Edellä olevista 38–67 kohdasta ilmenee, että parlamentin virkamiestuomioistuimessa esittämä oikeudenkäyntiväite on hyväksyttävä. Tämän seurauksena Eistrupin kanne on jätettävä tutkimatta. Oikeudenkäyntikulut Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 148 artiklan ensimmäisessä kohdassa määrätään, että jos valitus on perusteltu ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee itse riidan, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Saman työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa, jota sovelletaan valitukseen kyseisen työjärjestyksen 144 artiklan nojalla, määrätään, että asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Kuitenkin mainitun työjärjestyksen 88 artiklan mukaan, jota sovelletaan toimielinten työjärjestyksen 144 artiklan ja 148 artiklan toisen kohdan nojalla tekemiin valituksiin, yhteisöjen ja niiden henkilöstön välisissä riita-asioissa toimielinten on lähtökohtaisesti vastattava omista kustannuksistaan. Näin ollen kukin osapuoli vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan. Näillä perusteilla YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (valituksia käsittelevä jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti: 1) Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen asiassa F-102/05, Eistrup vastaan parlamentti, 13.7.2006 antama määräys kumotaan. 2) Eistrupin virkamiestuomioistuimessa asiassa F-102/05 nostama kanne jätetään tutkimatta. 3) Kumpikin asianosainen vastaa sekä menettelystä ensimmäisessä oikeusasteessa että valituksesta aiheutuneista omista oikeudenkäyntikuluistaan. Vesterdorf Jaeger Pirrung Vilaras Legal Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä toukokuuta 2007. E. Coulon B. Vesterdorf kirjaaja presidentti * Oikeudenkäyntikieli: tanska.

62018CJ0253

da

Anmodningen om præjudiciel afgørelse vedrører fortolkningen af artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 ( EUT 2007, L 315, s. 1 ). Denne anmodning er indgivet i forbindelse med en tvist mellem Stadt Euskirchen (Euskirchen, Tyskland) og Rhenus Veniro GmbH & Co. KG (herefter »Rhenus Veniro«) vedrørende en påtænkt indgåelse uden forudgående udbud af en kontrakt om offentlig personbefordring med bus og andre køretøjer. Retsforskrifter Forordning nr. 1370/2007 Artikel 2 i forordning nr. 1370/2007 med overskriften »Definitioner« har følgende ordlyd: »I denne forordning forstås ved: a) »offentlig personbefordring«: ydelser i forbindelse med personbefordring af almen økonomisk interesse, der tilbydes offentligheden på et ikke-diskriminerende og kontinuerligt grundlag b) »kompetent myndighed«: enhver offentlig myndighed eller gruppe af offentlige myndigheder i en eller flere medlemsstater, som har beføjelse til at gribe ind i offentlig personbefordring inden for et bestemt geografisk område, og ethvert andet organ, som har fået overdraget en sådan beføjelse […] h) »kontrakt uden forudgående udbud«: kontrakt om offentlig trafikbetjening, der indgås med en bestemt operatør af offentlig trafikbetjening uden nogen forudgående udbudsprocedure […] j) »intern operatør«: en juridisk selvstændig enhed, over hvilken en kompetent lokal myndighed eller i tilfælde af en gruppe myndigheder mindst én kompetent lokal myndighed udøver en tilsvarende kontrol som over sine egne tjenestegrene […]« Forordningens artikel 4, stk. 7, bestemmer: »Det skal klart fremgå af udbudsmateriale og kontrakter om offentlig trafikbetjening, om og i givet fald i hvilket omfang underentrepriser kan komme på tale. Ved underentrepriser er den operatør, der har fået til opgave at forvalte og levere offentlig personbefordring i henhold til denne forordning, forpligtet til selv at udføre en væsentlig del af denne offentlige personbefordring. […]« Forordningens artikel 5 med overskriften »Indgåelse af kontrakter om offentlig trafikbetjening« er affattet således: »1.   Kontrakter om offentlig trafikbetjening indgås efter reglerne i denne forordning. Servicekontrakter eller kontrakter om offentlig trafikbetjening som defineret i [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/17/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester ( EUT 2004, L 134, s. 1 )] eller [Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/18/EF af 31. marts 2004 om samordning af fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter ( EUT 2004, L 134, s. 114 )] vedrørende offentlig personbefordring med bus eller sporvogn indgås efter procedurerne fastlagt i disse direktiver, i det omfang sådanne kontrakter ikke er udformet som koncessionskontrakter om tjenesteydelser som defineret i disse direktiver. Hvis kontrakter skal indgås i overensstemmelse med direktiv [2004/17] eller [2004/18], anvendes stk. 2-6 ikke. 2.   Medmindre national ret forbyder det, kan lokale kompetente myndigheder – uanset om der er tale om en enkelt myndighed eller en gruppe af myndigheder, der varetager integreret offentlig personbefordring – træffe afgørelse om selv at varetage den offentlige trafikbetjening eller indgå kontrakt uden forudgående udbud om offentlig personbefordring med en juridisk selvstændig enhed, over hvilken den kompetente lokale myndighed, eller i tilfælde af en gruppe af myndigheder mindst én kompetent lokal myndighed udøver en tilsvarende kontrol som over sine egne tjenestegrene. Når en kompetent lokal myndighed træffer en sådan afgørelse, finder følgende anvendelse: […] b) Betingelsen for at anvende dette stykke er, at den interne operatør og enheder, som denne operatør har blot den mindste indflydelse på, driver offentlig personbefordring inden for det geografiske område, der henhører under den kompetente lokale myndighed — bortset fra udgående linjer eller andre underordnede elementer af denne virksomhed, der strækker sig ind på tilstødende kompetente lokale myndigheders område — og ikke deltager i udbudsprocedurer vedrørende offentlig personbefordring uden for det område, der henhører under den kompetente lokale myndighed. […] e) Såfremt underentrepriser kommer på tale, jf. artikel 4, stk. 7, er den interne operatør forpligtet til selv at udføre den overvejende del af den offentlige personbefordringstjeneste. 3.   En kompetent myndighed, der entrerer med andre tredjeparter end interne operatører, skal indgå kontrakter om offentlig trafikbetjening på grundlag af en udbudsprocedure, […] […]« Samme forordnings artikel 7 med overskriften »Offentliggørelse« bestemmer i stk. 2: »Hver kompetent myndighed træffer sådanne foranstaltninger, at der senest ét år inden offentliggørelsen af udbuddet eller ét år inden indgåelsen af kontrakten uden forudgående udbud offentliggøres mindst følgende oplysninger i Den Europæiske Unions Tidende : a) navn og adresse på den kompetente myndighed b) den type kontrakt, der forventes indgået c) den trafikbetjening og det geografiske område, kontrakten potentielt omfatter. […]« Direktiv 2014/23/EU Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter ( EUT 2014, L 94, p. 1 ), trådte i kraft den 17. april 2014, og dets bestemmelser skulle gennemføres i medlemsstaterne senest den 18. april 2016. Direktivets artikel 5 med overskriften »Definitioner« bestemmer: »I dette direktiv forstås ved: 1) »koncessioner«: koncessioner på bygge- og anlægsarbejder eller på tjenesteydelser som defineret i litra a) og b): a) »koncession på bygge- og anlægsarbejder«: en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt, hvorved en eller flere ordregivende myndigheder eller kontraherende enheder overdrager ansvaret for udførelse af bygge- og anlægsarbejder til en eller flere økonomiske aktører, hvor vederlaget for denne overdragelse enten udelukkende består i retten til at udnytte de bygge- og anlægsarbejder, der er omfattet af kontrakten, eller i denne ret sammen med betaling af en pris b) »koncession på tjenesteydelser«: en gensidigt bebyrdende kontrakt, der indgås skriftligt, hvorved en eller flere ordregivende myndigheder eller kontraherende enheder overdrager ansvaret for levering og forvaltning af tjenesteydelser, som ikke omfatter de i litra a) omhandlede bygge- og anlægsarbejder, til en eller flere økonomiske aktører, hvor vederlaget for denne overdragelse enten udelukkende består i retten til at udnytte de tjenesteydelser, der er omfattet af kontrakten, eller i denne ret sammen med betaling af en pris. […]« Direktiv 2014/24/EU Artikel 12 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU af 26. februar 2014 om offentlige udbud og om ophævelse af direktiv 2004/18/EF ( EUT 2014, L 94, s. 65 ), som har overskriften »Offentlige kontrakter mellem enheder i den offentlige sektor«, bestemmer i stk. 1: »1.   En offentlig kontrakt, som en ordregivende myndighed tildeler en privatretlig eller offentligretlig juridisk person, falder uden for direktivets anvendelsesområde, når samtlige følgende betingelser er opfyldt: a) [D]en ordregivende myndighed underkaster den pågældende juridiske person en kontrol, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene. b) [M]ere end 80% af aktiviteterne i den kontrollerede juridiske person udføres i forbindelse med gennemførelsen af de opgaver, den har fået betroet af den kontrollerende ordregivende myndighed eller af andre juridiske personer, der kontrolleres af den pågældende ordregivende myndighed […] c) [D]er er ikke nogen direkte privat kapitalandel i den kontrollerede juridiske person med undtagelse af ikkekontrollerende eller ikkeblokerende former for private kapitalandele krævet i henhold til nationale lovbestemmelser, jf. traktaterne, som ikke udøver en afgørende indflydelse på den kontrollerede juridiske person. En ordregivende myndighed anses for at udøve en kontrol over en juridisk person, der svarer til den kontrol, den fører med sine egne tjenestegrene, jf. første afsnit, litra a), hvis den udøver en bestemmende indflydelse på både strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger i den kontrollerede juridiske person. En sådan kontrol kan også foretages af en anden juridisk person, der selv kontrolleres på samme måde af den ordregivende myndighed. 2.   Stk. 1 gælder også, når en kontrolleret juridisk person, som er en ordregivende myndighed, tildeler en kontrakt til sin kontrollerende ordregivende myndighed eller en anden juridisk person, der kontrolleres af den samme ordregivende myndighed, såfremt der ikke er nogen direkte privat kapitalandel i den juridiske person, som den offentlige kontrakt tildeles, med undtagelse af ikkekontrollerende eller ikkeblokerende former for private kapitalandele krævet ved nationale lovbestemmelser, jf. traktaterne, som ikke udøver en afgørende indflydelse på den kontrollerede juridiske person. 3.   En ordregivende myndighed, der ikke udøver kontrol over en privatretlig eller offentligretlig juridisk person som omhandlet i stk. 1, kan alligevel uden at anvende dette direktiv tildele en offentlig kontrakt til den pågældende juridiske person, når samtlige følgende betingelser er opfyldt: a) [D]en ordregivende myndighed udøver sammen med andre ordregivende myndigheder en kontrol over den juridiske person, der svarer til den kontrol, de udøver over deres egne afdelinger. b) [M]ere end 80% af aktiviteterne i den juridiske person udføres i forbindelse med gennemførelsen af opgaver, den har fået betroet af de kontrollerende ordregivende myndigheder eller af andre juridiske personer, der kontrolleres af de samme ordregivende myndigheder […] c) [D]er er ikke nogen direkte privat kapitalandel i den kontrollerede juridiske person med undtagelse af ikkekontrollerende eller ikkeblokerende former for private kapitalandele krævet i henhold til nationale lovbestemmelser, jf. traktaterne, som ikke udøver en afgørende indflydelse på den kontrollerede juridiske person. I henhold til første afsnit, litra a), kontrollerer ordregivende myndigheder i fællesskab en juridisk person, når samtlige følgende betingelser er opfyldt: i) [D]en kontrollerede juridiske persons beslutningstagende organer sammensættes af repræsentanter fra alle deltagende ordregivende myndigheder. De enkelte repræsentanter kan repræsentere flere eller alle deltagende ordregivende myndigheder. ii) [D]e ordregivende myndigheder kan i fællesskab udøve bestemmende indflydelse på de strategiske målsætninger og væsentlige beslutninger i den kontrollerede juridiske person […] iii) [D]en kontrollerede juridiske person varetager ikke en interesse, der er i modstrid med de kontrollerende ordregivende myndigheders interesser. 4.   En kontrakt, der udelukkende er indgået mellem to eller flere ordregivende myndigheder, falder uden for dette direktivs anvendelsesområde, når samtlige følgende betingelser er opfyldt: a) [K]ontrakten etablerer eller gennemfører et samarbejde mellem de deltagende ordregivende myndigheder med det formål at sikre, at de offentlige tjenester, som de skal udøve, leveres med henblik på at opfylde mål, som de er fælles om. b) [G]ennemførelsen af dette samarbejde er udelukkende underlagt hensyn med relation til offentlighedens interesser […] c) [D]e deltagende ordregivende myndigheder udfører på det åbne marked mindre end 20% af de aktiviteter, der berøres af samarbejdet. 5.   Ved fastsættelsen af procentdelen for aktiviteterne nævnt i stk. 1, første afsnit, litra b), stk. 3, første afsnit, litra b), og stk. 4, litra c), tages der hensyn til den gennemsnitlige samlede omsætning eller et hensigtsmæssigt alternativt aktivitetsbaseret mål såsom omkostninger, som den pågældende juridiske person eller ordregivende myndighed har haft for så vidt angår tjenester, varer og bygge- og anlægsarbejder i de tre år forud for kontrakttildelingen. Når omsætningen, eller alternative aktivitetsbaserede mål såsom omkostninger, på grund af det tidspunkt, hvor den pågældende juridiske person eller ordregivende myndighed blev etableret eller påbegyndte sine aktiviteter, eller på grund af, at dennes aktiviteter er blevet omorganiseret, enten ikke foreligger for de forudgående tre år eller ikke længere er relevant, er det tilstrækkeligt at påvise, at målingen af aktiviteten er troværdig, især i form af fremskrivning af forretningsplaner.« Direktiv 2014/25/EU Artikel 11 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/25/EU af 26. februar 2014 om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF ( EUT 2014, L 94, s. 243 ) med overskriften »Transporttjenester« bestemmer følgende: »Dette direktiv gælder for tilrådighedsstillelse eller drift af net til betjening af offentligheden inden for transport med jernbane, automatiske systemer, sporvogn, trolleybus, bus eller kabel. For transportydelser anses et net for at bestå, hvis driften foregår på betingelser, f.eks. vedrørende ruter, kapacitet og betjeningshyppighed, der er fastsat af en kompetent myndighed i en medlemsstat.« Artikel 28 i direktiv 2014/25 med overskriften »Kontrakter mellem ordregivende myndigheder« indeholder i det væsentlige bestemmelser, der svarer til artikel 12 i direktiv 2014/24, som anført i nærværende doms præmis 9. Tvisten i hovedsagen og det præjudicielle spørgsmål Stadt Euskirchen er en kompetent myndighed som omhandlet i artikel 2, litra b), i forordning (EF) nr. 1370/2007. I medfør af denne forordnings artikel 7, stk. 2, offentliggjorde Stadt Euskirchen den 8. december 2016 i supplementet til Den Europæiske Unions Tidende en forhåndsmeddelelse vedrørende en påtænkt indgåelse af en kontrakt om offentlig personbefordring med bus og andre køretøjer uden forudgående udbud, som ikke antog form af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, jf. denne forordnings artikel 5, stk. 2. I henhold til denne forhåndsmeddelelse skulle den nævnte kontrakt, som vedrørte den årlige gennemførelse af mere end 1 mio. km, indgås med SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH (herefter »SVE«), som var et selskab, der var helejet af Stadt Euskirchen, for 120 måneder fra den 1. januar 2019. Eftersom SVE hverken havde køretøjer eller chauffører til selv at gennemføre den aftale, der var genstand for den offentlige kontrakt, meddelte selskabet, at det havde til hensigt at indgå en kontrakt om underentreprise med RVK Regionalverkehr Köln GmbH (herefter »RVK«), som var et selskab, der leverede transporttjenester på hele det område, som Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Sieg (den fælleskommunale transportsammenslutning Rhein-Sieg, Tyskland) dækkede. Selskabsandelene i RVK ejes med 12,5% hver af Kölner Verkehrsbetriebe AG, Kreisholding Rhein Sieg GmbH, Rhein-Erft Verkehrsgesellschaft mbH, Elektrische Bahn der Stadt Bonn und des Rhein Sieg Kreises SBB GmbH og Stadtwerke Bonn Verkehrs GmbH samt Kreis Euskirchen (Euskirchen amt, Tyskland) og Rheinisch-Bergischer Kreis (Rhin-Berg amt, Tyskland). De resterende selskabsandele ejes med 2,5% af Oberbergischer Kreis (Oberberg amt, Tyskland) og med 10% af den erhvervsdrivende, der forestod underentreprisen. I løbet af 2016 tog SVE imod tilbuddet om at købe 2,5% af selskabsandelene i RVK pr. 1. januar 2019, som var den dag, gennemførelsen af den offentlige kontrakt, der blev påtænkt indgået, skulle begynde. Rhenus Veniro indgav en klage over den planlagte indgåelse af en kontrakt uden forudgående udbud til det kompetente Vergabekammer (klagenævn for udbud, Tyskland). Ved afgørelse af 16. maj 2017 pålagde Vergabekammer (klagenævnet for udbud) Stadt Euskirchen et forbud mod at indgå kontrakten med SVE. I denne forbindelse anførte Vergabekammer (klagenævnet for udbud) indledningsvis, at SVE ikke opfyldte det kriterium om personlig gennemførelse af transportkontrakten, der er fastsat i artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1370/2007. Klagenævnet anførte endvidere, at RVK udførte transporttjenester på andre geografiske områder end Stadt Euskirchen, hvilket var i strid med disse bestemmelser. Endelig anførte nævnet, at RVK’s aktiviteter ikke kunne tilregnes SVE, eftersom sidstnævnte blot ville eje 2,5% af RVK pr. 1. januar 2019. SVE har indbragt sagen for Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale i appeldomstol i Düsseldorf, Tyskland) til prøvelse af afgørelsen fra Vergabekammer (klagenævnet for udbud) og gjort gældende, at klagenævnet havde anvendt artikel 5 i forordning nr. 1370/2007 ukorrekt, eftersom RVK var genstand for de kompetente myndigheders fælles kontrol og udførte sine tjenester på disse myndigheders område. Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale i appeldomstol i Düsseldorf) har indledningsvis bemærket, at afgørelsen af tvisten afhænger af Domstolens besvarelse på de anmodninger om præjudiciel afgørelse, som den er forelagt i sagen Verkehrsbetrieb Hüttebräucker og Rhenus Veniro (forenede sager C-266/17 og C-267/17), om anvendelsen af artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1370/2007 på offentlige kontrakter, der ikke er koncessionskontrakter om tjenesteydelser. Såfremt Domstolen besvarer dette spørgsmål bekræftende, ønsker Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale i appeldomstol i Düsseldorf) oplyst, om artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1370/2007 tilsigter at finde anvendelse, når den interne operatør lader den overvejende del af en kontrakt, som denne operatør er tildelt, udføre af et selskab, som den kun ejer en selskabsandel på 2,5% af, idet resten af selskabsandelene direkte eller indirekte ejes af andre kompetente myndigheder. Under disse omstændigheder har Oberlandesgericht Düsseldorf (den regionale appeldomstol i Düsseldorf) besluttet at udsætte sagen og forelægge Domstolen følgende præjudicielle spørgsmål: »Udelukker artikel 5, stk. 2, […] litra e), i forordning […] nr. 1370/2007 med forpligtelsen til selv at udføre den overvejende del af den offentlige personbefordringstjeneste, at den interne operatør kan lade denne overvejende del af tjenesten udføre af et selskab, hvori han ejer 2,5% af selskabsandelene, og den øvrige del af selskabsandelene ejes direkte eller indirekte af andre kompetente myndigheder?« Om det præjudicielle spørgsmål Med spørgsmålet ønsker den forelæggende ret nærmere bestemt oplyst, om artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1370/2007 finder anvendelse på indgåelse af kontrakter om offentlig personbefordring med bus uden forudgående udbud, der ikke antager form af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser, og i bekræftende fald om denne bestemmelse tillader den interne operatør at lade den overvejende del af denne tjeneste udføre af et selskab, som denne operatør kun ejer 2,5% af. Det skal i denne forbindelse fremhæves, at Domstolen allerede har fastslået, at hvad angår de markeder, der normalt falder ind under det materielle og tidsmæssige anvendelsesområde for direktiv 2004/17 eller 2004/18, er kontrakter om offentlig personbefordring med bus uden forudgående udbud, der ikke antager form af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser som omhandlet i disse direktiver, ikke underlagt artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1370/2007, men den ordning for indgåelse af kontrakter uden forudgående udbud, der er skabt i henhold til disse direktiver (jf. i denne retning dom af 21.3.2019, Verkehrsbetrieb Hüttebräucker og Rhenus Veniro, C-266/17 og C-267/17 , EU:C:2019:241 , præmis - ). Hvad angår direktiv 2014/24 og 2014/25, der ophævede og erstattede henholdsvis direktiv 2004/17 og 2004/18, og som i modsætning til disse sidstnævnte direktiver ikke længere definerer begrebet »koncessionskontrakt«, som nu er underlagt direktiv 2014/23, har Domstolen bemærket, at disse to direktiver i det første direktivs artikel 12 og det andet direktivs artikel 28 har kodificeret og præciseret Domstolens praksis på området for indgåelse af kontrakter uden forudgående udbud, hvilket gør det klart, at EU-lovgiver har tilsigtet, at denne ordning med indgåelse af kontrakter uden forudgående udbud tilknyttes disse to direktiver (jf. i denne retning dom af 21.3.2019, Verkehrsbetrieb Hüttebräucker og Rhenus Veniro, C-266/17 og C-267/17 , EU:C:2019:241 , præmis og ). I det foreliggende tilfælde blev den i hovedsagen omhandlede forhåndsmeddelelse vedrørende en påtænkt indgåelse af en kontrakt om offentlig personbefordring med bus og andre køretøjer uden forudgående udbud offentliggjort den 8. december 2016, mens direktiv 2014/24 og 2014/25 allerede fandt anvendelse på dette tidspunkt, da den fastsatte frist for deres gennemførelse var udløbet. Henset til ovenstående betragtninger skal det præjudicielle spørgsmål besvares med, at artikel 5, stk. 2, i forordning nr. 1370/2007 skal fortolkes således, at den ikke finder anvendelse på indgåelse af kontrakter om offentlig personbefordring med bus uden forudgående udbud, der ikke antager form af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser som omhandlet i direktiv 2014/23. Sagsomkostninger Da sagens behandling i forhold til hovedsagens parter udgør et led i den sag, der verserer for den forelæggende ret, tilkommer det denne at træffe afgørelse om sagsomkostningerne. Bortset fra nævnte parters udgifter kan de udgifter, som er afholdt i forbindelse med afgivelse af indlæg for Domstolen, ikke erstattes. På grundlag af disse præmisser kender Domstolen (Tiende Afdeling) for ret: Artikel 5, stk. 2, i Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1370/2007 af 23. oktober 2007 om offentlig personbefordring med jernbane og ad vej og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1191/69 og (EØF) nr. 1107/70 skal fortolkes således, at den ikke finder anvendelse på indgåelse af kontrakter om offentlig personbefordring med bus uden forudgående udbud, der ikke antager form af en koncessionskontrakt om tjenesteydelser som omhandlet i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU af 26. februar 2014 om tildeling af koncessionskontrakter. Underskrifter ( *1 ) – Processprog: tysk.

62008CJ0115

bg

Преюдициалното запитване се отнася до тълкуването на членове 10 ЕО, 12 ЕО, 28 ЕО и 43 ЕО. Запитването е отправено в рамките на спор между Land Oberösterreich [провинция Горна Австрия] и ČEZ as (наричано по-нататък „ČEZ“) по повод на вредни въздействия или опасност от вредни въздействия, свързани с йонизиращо лъчение, които засягали земеделски земи в Австрия, собственост на посочената провинция, поради експлоатирането от страна на ČEZ на атомна електроцентрала, разположена в Темелин, на територията на Чешката репу-блика. Правна уредба Общностна правна уредба Договорът за Евратом Съгласно член 1, втора алинея АЕ: „Общността има за задача да допринесе за повишаването на жизнения стандарт в държавите членки и за развитието на отношенията с другите страни, чрез създаването на условия, необходими за бързото установяване и развитие на ядрената енергетика.“ Член 2 АЕ гласи: „За да осъществи задачата си при условията, предвидени в настоящия договор, Общността трябва: […] б) да установява единни стандарти за сигурност с цел опазване здравето на работниците и на населението и да осигурява тяхното прилагане; в) да улеснява инвестициите и осигурява, по-специално като насърчава начинанията на предприятията, създаването на основни съоръжения, необходими за развитието на ядрената енергетика в Общността; […]“ Членове 30—39 АЕ съставляват глава 3, озаглавена „Здравеопазване и безопасност“, от дял II, озаглавен „Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика“, от Договора за Евратом. Член 30 АЕ предвижда: „В Общността са установени основни стандарти за опазване здравето на населението и на работещите срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения. Изразът „основни стандарти“ означава: а) максимално допустими дози с достатъчна безопасност; б) максимално допустими дози на облъчване и замърсяване; […]“ Съгласно член 31 АЕ: „Основните стандарти се изготвят от Комисията, след като тя е получила становището на група лица, определени от Научния и технически комитет измежду научни експерти, и в частност експерти по обществено здраве в държавите членки. […] След консултации с [Европейския парламент], Съветът, с квалифицирано мнозинство по предложение на Комисията, която му изпраща становищата на тези комитети, получени от нея, установява основните стандарти.“ Член 32 АЕ гласи: „По искане на Комисията или на държава членка основните стандарти могат да бъдат преразгледани или допълвани, в съответствие с процедурата, определена в член 31. Комисията е длъжна да разгледа всяко искане, съставено от държава членка.“ Член 33 АЕ предвижда: „Всяка държава членка приема съответните законови, подзаконови и административни разпоредби, за да осигури спазването на основните стандарти […] Комисията отправя съответни препоръки за хармонизиране на разпоредбите, приложими от държавите членки в тази област. За тази цел държавите членки са длъжни да съобщят на Комисията разпоредбите, които се прилагат към датата на влизането в сила на настоящия договор, както и всякакви последващи проекторазпоредби от същия характер. […]“ Член 35 АЕ гласи следното: „Всяка държава членка създава необходимите съоръжения за осъществяването на постоянно наблюдение на нивото на радиоактивността във въздуха, водата и почвата и да осигури спазването на основните стандарти. Комисията има право на достъп до тези съоръжения; тя може да проверява тяхното функциониране и ефективност.“ Съгласно член 36 АЕ: „Компетентните органи периодично предоставят информация относно проверките, посочени в член 35, на Комисията, така че тя да бъде информирана за нивото на радиоактивност, която може да окаже влияние върху населението.“ Член 37 АЕ предвижда: „Всяка държава членка е длъжна да предоставя на Комисията такива общи данни, които се отнасят до всеки план за изхвърляне на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, което ще позволи да се определи дали осъществяването на такъв план може да предизвика радиоактивно замърсяване на водата, почвата и въздушното пространство на друга държава членка. Комисията, след като се консултира с групата експерти, посочена в член 31, предоставя своето становище в срок от шест месеца.“ Член 38 АЕ предвижда: „Комисията отправя препоръки до държавите членки относно нивото на радиоактивност във въздуха, водата и почвата. В спешни случаи Комисията приема директива, която изисква от съответната държава членка да вземе в срок, посочен от Комисията, всички необходими мерки за предотвратяване превишаването на основни стандарти и осигуряване спазването на разпоредбите. Ако въпросната държава не спази директивата на Комисията в определения срок, Комисията или която и да е заинтересована държава членка може незабавно, като изключение от разпоредбите на членове 141 и 142 да сезира незабавно Съда.“ Член 192 АЕ гласи следното: „Държавите членки вземат всички подходящи мерки, било общи или специални, за да осигурят изпълнението на задълженията, възникващи от настоящия договор, или от действие, предприето от институциите на Общността. Те са длъжни да действат за постигането на целите на Общността. Те се въздържат от каквато и да било мярка, която би могла да застраши постигането на целите на настоящия договор.“ Конвенция за ядрената безопасност Присъединяването на Европейската общност за атомна енергия към Конвенцията за ядрена безопасност, приета на 17 юни 1994 г., е одобрено с Решение 1999/819/Eвратом на Комисията от ( ОВ L 318, стр. 20 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 5, стр. 214). Всички държави членки също са страни по тази конвенция. Трета алинея от декларацията, приложена към посоченото Решение 1999/819, изменено с Решение 2004/491/Евратом на Комисията от 29 април 2007 година ( ОВ L 172, стр. 7 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 12, стр. 38), предвижда, че Общността притежава компетенциите, разпределени между […] държави[те] членки, в областите, обхванати от член 7 и членове от 14 до 19 от Конвенцията, както е предвидено в Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, в член 2, буква б) и в съответните членове от дял II, глава 3, озаглавена „Здраве[опазване] и безопасност“. Съгласно член 1, подточка ii) от Конвенцията за ядрена безопасност същата има за цел по-специално „да се създадат и поддържат в ядрените съоръжения ефективни средства за защита от потенциална радиационна опасност с цел да се защитят отделните лица, обществото като цяло и околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения от такива съоръжения“. Член 7 от Конвенцията за ядрена безопасност предвижда: „1.   Всяка договаряща се страна създава и поддържа законодателна и регулираща основа за управление на безопасността на ядрените съоръжения. 2.   Законодателната и регулиращата основа предвижда: i) въвеждане на съответни национални изисквания и приемане на нормативни актове в областта на ядрената безопасност; ii) система за лицензиране по отношение на ядрените съоръжения и забрана на експлоатацията на ядрени съоръжения без разрешение; iii) система на регулиращи инспекции и оценки за определяне на съответствието на ядрените съоръжения с прилаганите нормативни актове и условията на разрешенията; iv) осигуряване изпълнението на съответните нормативни актове и условията на разрешенията, включително прекратяване, изменение или анулиране.“ Член 8, параграф 1 от същата конвенция предвижда: „Всяка договаряща се страна създава или назначава регулиращ орган, на който се възлага осъществяването на законодателната и регулиращата основа, посочена в чл. 7, и на който се предоставят достатъчни пълномощия, компетенция и финансови и човешки ресурси, необходими за изпълнение на възложените му задължения.“ Член 14 от посочената конвенция, озаглавен „Оценка и проверка на безопасността“, предвижда: „Всяка договаряща се страна приема съответни мерки да осигури, че: i) всеобхватни и систематични оценки на безопасността се извършват преди изграждането и въвеждането в експлоатация на ядреното съоръжение и през целия срок на неговата експлоатация. Такива оценки се отразяват подробно в документите, впоследствие те се актуализират в светлината на опита от експлоатация и важната нова информация в областта на безопасността и се разглеждат в рамките на компетенцията на регулиращия орган; ii) проверка с помощта на анализ, наблюдения, изпитания и инспектиране се извършва с цел да се осигури постоянно съответствие на техническото състояние и условията за експлоатация на ядреното съоръжение с неговия проект, действащите национални изисквания за безопасност и пределите и условията за експлоатация.“ Член 15 от Конвенцията за ядрена безопасност, озаглавен „Радиационна защита“, предвижда: „Всяка договаряща се страна приема съответни мерки да осигури, че при всички експлоатационни състояния дозите на облъчване на персонала и населението, предизвикани от ядреното съоръжение, се поддържат на разумно постижимото ниско ниво и че нито едно физическо лице не получава дози на облъчване, превишаващи предписаните национални дозови предели.“ Членове 16—19 от посочената конвенция, озаглавени съответно „Аварийна готовност“, „Избор на площадка“, „Проектиране и изграждане“ и „Експлоатация“, установяват различни задължения, свързани с тези въпроси. Директива 96/29/Евратом Директива 96/29/Евратом на Съвета от 13 май 1996 година относно постановяване на основните норми на безопасност за защита на здравето на работниците и населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращото лъчение ( ОВ L 159, стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 5, том 3, стр. 166), е приета на основание на членове 31 АЕ и 32 АЕ. Съгласно член 2, параграф 1 от посочената директива: „Настоящата директива се прилага за всички практически използвания, които включват риск от йонизиращо лъчение, което се излъчва от изкуствен източник или от естествен източник на лъчение в случаите, когато естествени радионуклиди са или са били обработвани с оглед на техните свойства радиоактивност, делене и възпроизвеждане, а именно: а) производството, обработката, манипулирането, използването, съхраняването, транспортирането, вноса и износа от Общността и изхвърлянето на радиоактивни вещества; б) експлоатацията на електрическо оборудване, излъчващо йонизиращо лъчение и съдържащо части, работещи при разлика между потенциали, по-голяма от 5 киловолта. в) всяко друго практическо използване, определено от държавата членка.“ Член 4 от същата директива, озаглавен „Разрешаване“, предвижда в параграф 1, буква а): „Освен в случаите, предвидени в този член, всяка държава членка трябва да изисква предварително разрешение за следните практически използвания: а) експлоатация и спиране на експлоатацията на всяко съоръжение от ядрения горивен цикъл; […]“ Член 6, параграф 3 от Директива 96/29 предвижда: „В допълнение всяка държава членка осигурява: а) в контекста на оптимизацията всички облъчвания да са сведени до възможния минимум, като се отчитат икономическите и социалните фактори; б) без да се засягат разпоредбите на член 12, сумата от дозите от всички съответни практически използвания да не превишават границите на дозите, постановени в този дял за облъчвани работници, обучаващи се нови работници и студенти и лица от населението.“ Член 13 от посочената директива установява границите на дозите за лица от населението. Включеният в дял VIII, озаглавен „Прилагане на радиационната защита на населението при нормални обстоятелства“, член 43 от същата директива, озаглавен „Основни принципи“, предвижда: „Всяка държава членка създава необходимите условия за осигуряване на най-добрата възможна защита на населението на основата на принципите, изложени в член 6, и за прилагане на основните принципи, уреждащи експлоатационната защита на населението.“ Член 44 от Директива 96/29, озаглавен „Условия за разрешаване на практически използвания, включващи риск от йонизиращо лъчение за населението“, предвижда: „Експлоатационната защита на населението при нормални обстоятелства от практически използвания, подлежащи на получаване на предварително разрешение, означава всички разпоредби и проучвания за откриване и елиминиране на фактори, които по време на дадена работа, включваща излагане на йонизиращо лъчение, биха могли да създадат риск за облъчване на населението, който не може да бъде пренебрегнат от гледна точка на радиационната защита. Тази защита включва следните задачи: а) проверка и одобряване на планове за съоръжения, включващи риск от облъчване, и на предложените разположения на тези съоръжения на въпросната територия от гледна точка на радиационната защита; б) даване на разрешение за експлоатация на нови такива съоръжения при положение, че е осигурена адекватна защита срещу облъчване или радиоактивно замърсяване, които биха могли да се разпрострат извън периметъра, като се отчитат, ако имат връзка, демографските, метеорологичните, геоложките, хидроложките и екологичните условия; в) проверка и одобряване на планове за изхвърляне на радиоактивни отпадъци. Тези задачи се извършват в съответствие с правилата, постановени от компетентните органи, на основание на степента на включения риск за облъчване.“ Член 45 от посочената директива, озаглавен „Оценки на дозите на населението“, гласи следното: „Компетентните органи: а) осигуряват оценките на дозата от практическите използвания, упоменати в член 44, да са възможно най-реалистични за населението като цяло и за контролните групи на населението на всички места, където могат да се появят такива групи; б) определят честотата на оценките и правят необходимото за идентифициране на контролните групи на населението, като отчитат ефективните начини на поемане на предаване на радио активни вещества; в) осигуряват, като отчитат радиационните рискове, оценките на дозите на населението да включват: — оценка на дозите, дължащи се на външни лъчения, като посочват, когато е необходимо, качеството на въпросното лъчение, — оценка на постъпването на радионуклиди, като посочват характера на радионуклидите и, когато е необходимо, техните физически и химически състояния, и определяне на активността и концентрацията на тези радионуклиди, — оценка на дозите, които контролните групи от населението биха могли да получат и определяне на характеристиките на тези групи. г) изискват да се води документация, свързана с измерванията на външното облъчване, оценките на постъпванията на радионуклиди и радиоактивно замърсяване, както и с резултатите на оценките на дозите, получени от контролните групи и от населението.“ Член 46 от същата директива, озаглавен „Контрол“, предвижда: „По отношение на защитата на здравето на населението всяка държава членка създава система за контрол на прилагането на разпоредбите, въведени в съответствие с тази директива, и започването на наблюдение в зоната на радиационната защита.“ Член 47 от Директива 96/29, озаглавен „Отговорности на предприятията“, предвижда в параграф 1: „Всяка държава членка изисква предприятията, отговорни за практическите използвания, упоменати в член 2, да ги извършват в съответствие с принципите на защита на здравето на населението в сферата на радиационната защита и по-специално изпълняват следните задачи в рамките на съоръженията: а) постигане и поддържане на оптимално ниво на защита на околната среда и населението; б) проверка на ефективността на техническите съоръжения за защита на околната среда и населението; в) приемане пускането в експлоатация от гледна точка на наблюдението на радиационната защита на оборудване и процедури за измерване и оценка, когато е необходимо, на облъчването и радиоактивното замърсяване на околната среда и населението; г) редовно калиброване на измервателните уреди и редовна проверка на тяхната техническа годност и правилно използване.“ Членове 48—53 от посочената директива, които съставляват дял IХ, се отнасят до намесата при радиационни аварии. Член 54 от същата директива гласи: „Настоящата директива установява основните норми за защита на здравето на професионално заети лица и гражданите от опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение с цел тяхното еднообразно прилагане от държавите членки. Ако държава членка одобри граници на дозите, които са по-строги от тези, постановени в тази директива, тя уведомява Комисията и държавите членки.“ Безспорно е, че Република Австрия не е съобщила подобна информация нито на Комисията, нито на другите държави членки. Национална правна уредба Член 364, параграф 2 от австрийския граждански кодекс (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, наричан по-нататък „ABGB“) предвижда: „Собственикът на недвижим имот може да забрани на своя съсед въздействията, произтичащи от неговия имот, от отпадни води, дим, газ, топлина, миризми, шум, вибрации и други подобни вредни въздействия, доколкото последните надхвърлят обичайното ниво за местните условия и създават пречки по-специално за нормалното използване на недвижимия имот. Във всички случаи прякото изхвърляне без специално правно основание е незаконосъобразно.“ Член 364а от ABGB предвижда: „При все това, ако нарушението, което надхвърля това ниво, е предизвикано от минно съоръжение или от съоръжение, за което е издадено административно разрешение за съседния имот, собственикът може да предяви иск само за поправяне на претърпените вреди, дори ако последните произтичат от обстоятелства, които не са били взети предвид в процедурата за административно разрешение.“ Спорът в главното производство и неговият контекст Land Oberösterreich е собственик на имот, предназначен за земеделие и за аграрни изследвания, върху който е разположено аграрно училище. Този имот се намира в Австрия, на около 60 km от атомната електроцентрала Темелин, която от своя страна е на чешка територия, на 50 km от австрийската граница. Тази електроцентрала се експлоатира от предприятието за доставка на енергия ČEZ — акционерно дружество, регистрирано по чешкото право, чийто мажоритарен собственик е чешката държава. През 1985 г. чешките власти издават разрешение за изграждането и експлоатацията на атомната електроцентрала Темелин и на 9 октомври 2000 г. тя е въведена експериментално в експлоатация. През 2001 г. Land Oberösterreich заедно с други частни собственици сезират Landesgericht Linz с искове на основание член 364, параграф 2 от ABGB, с които искат да се разпореди на ČEZ да прекрати вредните въздействия или опасността от вредни въздействия, свързани с йонизиращо лъчение, които могат да произтичат от посочената централа. Според Land Oberösterreich радиоактивността, породена от нормалното функциониране на тази атомна електроцентрала, или във всички случаи опасността от радиоактивно замърсяване, свързана с експлоатацията и с евентуални нередности при нейното функциониране, щели да ѝ попречат трайно да използва нормално имота си. Ето защо условията за предявяване на иск за преустановяване на вредни въздействия, евентуално превантивно, били налице. Впрочем посочената централа е била обект на преговори между Република Австрия и Чешката репу-блика. На 12 декември 2000 г. в Melk (Австрия) е подписан протокол, свързан с тези преговори. На двете държави приемат документ, озаглавен „Заключения от процеса от Мелк и неговото проследяване“, на който се позовава по-специално Съвместната декларация на Чешката репу-блика и Република Австрия относно двустранното споразумение за атомната електроцентрала Темелин, приложена към Заключителния акт към Договора относно присъединяването към Европейския съюз на десетте нови държави членки, сред които е и Чешката репу-блика, подписан в Атина на ( ОВ L 236, стp. 17 ) — декларация, с която двете държави членки потвърждават, че ще изпълняват своите двустранни задължения в рамките на посочените заключения. От 2003 г. атомната електроцентрала Темелин работи на пълен капацитет. Както следва от Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския парламент относно ядрената безопасност в Европейския съюз от 6 ноември 2002 г. (COM(2002) 605 окончателен), в рамките на преговорите, довели до присъединяването на десетте нови държави членки през 2004 г., въпросите относно ядрената безопасност на централите на държавите кандидатки са били предмет на особено внимание вследствие на приемането на резолюциите на Европейския съвет от Кьолн от 3 и , с които на Комисията се възлага да гарантира прилагането на високи стандарти за безопасност в Централна и Източна Европа. В резултат от така извършената оценка в определени случаи се стига или до извеждане от експлоатация на ядрени реактори, или до препоръки за подобряването им, за да достигнат ниво на безопасност, сходно със съществуващото в Европейския съюз за сходни реактори — препоръки, за чието ефективно изпълнение следят Комисията и Съветът (вж. по-специално точка 4 от въведението към посоченото съобщение, както и точка 1.1, буква б) и точка 3.2 от същото). Така едновременно с процеса от Мелк, в който Комисията играе активна роля за улесняване на диалога между австрийските и чешките власти, се извършва оценка на безопасността на атомната електроцентрала в Темелин от Комисията и от Съвета, на същото основание като останалите ядрени съоръжения на страните кандидатки, и резултатите от тази проверка показват, че при изпълнение на предложените препоръки тази централа предоставя задоволително ниво на ядрена безопасност (вж. точка 1.1, буква б) от посоченото съобщение). Освен това, както е видно от точка 5.3.2 от Съобщение на Комисията за обобщение на дейностите на Комисията, проведени през 2004 г. и 2005 г., в приложение на дял II, глави 3—10 от Договора за Евратом (COM(2006) 395 окончателен), след присъединяването на Чешката репу-блика към Европейския съюз, през 2004 г. и 2005 г. в Темелин са извършени проверки в приложение на член 35 АЕ. На 24 ноември 2005 г. Комисията приема и Становище относно плана за изхвърляне на радиоактивни отпадъци, резултат от изменения на площадката на ядрената електроцентрала в Темелин в Чешката репу-блика, в съответствие с член 37 от Договора за Евратом ( ОВ C 293, стр. 40 ). В посоченото становище Комисията по-специално приема, че „изпълнението на плана за изхвърляне на радиоактивни отпадъци под каквато и да е форма, произтичащо от изменения на площадката на атомната електроцентрала Темелин […], както при нормална работа, така и в случай на инцидент от вида и с мащабите, посочени в общите данни, няма вероятност да доведе до значително радиоактивно замърсяване от здравна гледна точка на водите, почвата или въздуха в друга държава членка“. На 3 ноември 2006 г. се извършва проверка на двата реактора на електроцентралата Темелин и се изготвя окончателна декларация за съответствие с действащата правна уредба. Преюдициалните въпроси Landesgericht Linz посочва, че съгласно предходната съдебна практика член 364a от ABGB, който изключва предявяването на иск за преустановяване на вредни въздействия, когато става въпрос за съоръжения, за които е издадено административно разрешение, се прилага и за съоръжения, разрешението за които е издадено от чуждестранни органи, когато изглежда, че съответното вредно въздействие е разрешено от международното право и че условията за издаване на разрешение, приложими в държавата на произход, по същество са равностойни на предвидените в Австрия. В решение от 4 април 2006 г. Oberster Gerichtshof обаче е постановил, че само разрешенията, издадени от австрийските органи, попадат в приложното поле на посочения член 364a. Всъщност тази разпоредба се основавала единствено на преценката на противоречиви вътрешни интереси и нищо не обосновавало налагането от страна на австрийския законодател на ограничения на правото на собственост, свързани с увредени поземлени имоти в Австрия, единствено в интерес на чуждестранна икономика и в името на чуждестранен обществен интерес. Според Landesgericht Linz така приетото от Oberster Gerichtshof тълкуване би могло до наруши общностното право, тъй като третира различно съоръженията, на които е издадено разрешение от австрийските органи, и тези, които са разрешени от органите на друга държава членка. Тъй като счита, че нито Договорът за ЕО и Договорът за Евратом, нито произтичащото от тях вторично право съдържат правила за предоставянето на разрешение за атомни електроцентрали и за признаването на тези разрешения в държави членки, различни от издалите разрешението, запитващата юрисдикция иска да установи дали така посоченото различно третиране нарушава член 10 ЕО, 12 ЕО, 28 ЕО или 43 ЕО. При тези условия Landesgericht Linz решава да спре производството и да постави на Съда следните преюдициални въпроси: „1) а) Представлява ли мярка с равностоен ефект по смисъла на член 28 ЕО обстоятелството, че по силата на съдебно решение, разпореждащо преустановяването на нарушение и постановено от юрисдикция на съседна държава членка, което има изпълнителна сила във всички държави членки по силата на [Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела ( ОВ L 12, 2001 г., стр. 1 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74)], от дадено предприятие, което експлоатира електроцентрала в държава членка в съответствие с нейното законодателство и с приложимите разпоредби на общностното право и произвежда в нея електричество, доставяно в различни държави членки, поради възможни вредни въздействия от тази електроцентрала се изисква да приспособи съоръжението към техническите правила на друга държава членка, а в случай че мерките за приспособяване се окажат невъзможни поради сложността на цялото съоръжение — дори да преустанови експлоатацията му, както и че поради тълкуването на националното законодателство от най-висшата юрисдикция на тази страна въпросната юрисдикция на съседна държава членка не може да вземе предвид разрешението за експлоатация на електроцентралата, съществуващо в държавата членка по мястото на нейното установяване, макар че в рамките на такова производство за преустановяване на нарушение тази юрисдикция би взела предвид национално разрешение на инсталацията, така че в крайна сметка съдебно решение за преустановяване на нарушение не би могло да се постанови по отношение на съоръжение, което е получило разрешение в държавата на съда? б) Следва ли установените с разпоредбите на Договора за ЕО съображения да се тълкуват в смисъл, че при всички обстоятелства е незаконосъобразно въз основа на правото на една държава членка да се прави разграничение между националните и чуждестранните разрешения на съоръженията с мотива, че следва да се защитава единствено националната, а не някоя чуждестранна икономика, тъй като това представлява чисто икономически мотив, който не е признат като заслужаващ защита в контекста на основните свободи? в) Следва ли закрепените в разпоредбите на Договора за ЕО съображения и свързаният с тях принцип на пропорционалност да се тълкуват в смисъл, че извършеното съгласно правото на една държава членка общо разграничение между националните и чуждестранните разрешения за съоръженията е във всички случаи незаконосъобразно, поради обстоятелството, че експлоатацията на съоръжение, разрешена в държавата членка по установяване, трябва да се преценява от националните юрисдикции на друга държава членка във всеки отделен случай с оглед на действителните рискове от експлоатацията му за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве или с оглед на други допустими императивни съображения от обществен интерес? г) Следва ли с оглед на принципа на пропорционалност, който трябва да се преценява в контекста на съображенията, юрисдикциите на държава членка да разглеждат предоставеното в държавата членка по установяване разрешение за експлоатация на съоръжение по същия начин като национално разрешение за съоръжение, щом предоставеното в държавата членка по установяване разрешение от правна гледна точка е по същество равностойно на национално разрешение за съоръжение? д) Отразява ли се върху преценката на предходните въпроси обстоятелството, че разрешеното в държавата членка по установяване съоръжение е атомна електроцентрала, щом в друга държава членка, където има висящо производство за преустановяване на нарушение във връзка с опасения от вредни въздействия от тази електроцентрала, експлоатацията на този тип съоръжения е забранена per se, макар че там се експлоатират други ядрени съоръжения? е) Ако описаното в буква а) от въпрос 1 по-горе тълкуване на националното право нарушава член 28 ЕО, следва ли юрисдикциите на държавата членка, пред които е висящ такъв иск за преустановяване на нарушение, да тълкуват националното право в съответствие с общностното право, така че изразът „съоръжение, за което е издадено административно разрешение“ да обхваща както националните, така и чуждестранните разрешения за експлоатация, предоставени от административните органи на други държави членки? 2) а) Съвместимо ли е със съдържащата се в член 43 ЕО забрана на ограниченията върху свободата на установяване на граждани на държава членка на територията на друга държава членка обстоятелството, че по силата на съдебно решение, разпореждащо преустановяването на нарушение и постановено от юрисдикция на съседна държава членка, което има изпълнителна сила във всички държави членки по силата на Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, от дадено предприятие, което експлоатира електроцентрала в държава членка в съответствие с нейното законодателство и с приложимите разпоредби на общностното право и в нея произвежда електричество, доставяно в различни държави членки, поради възможни вредни въздействия от тази електроцентрала се изисква да приспособи съоръжението към техническите правила на друга държава членка, а в случай че мерките за приспособяване се окажат невъзможни поради сложността на цялото съоръжение — дори да преустанови експлоатацията му, както и че поради тълкуването на националното законодателство от най-висшата юрисдикция на тази страна въпросната юрисдикция на съседна държава членка не може да вземе предвид разрешението за експлоатация на електроцентралата, съществуващо в държавата членка по мястото на нейното установяване, макар че в рамките на такова производство за преустановяване на нарушение тази юрисдикция би взела предвид национално разрешение за инсталацията, така че в крайна сметка съдебно решение за преустановяване на нарушение не би могло да се постанови по отношение на инсталация, която е получила разрешение в държавата на съда? б) Следва ли съображенията, които обосновават ограничение на свободата на установяване, да се тълкуват в смисъл, че при всички обстоятелства е незаконосъобразно въз основа на правото на една държава членка да се прави разграничение между националните и чуждестранните разрешения на съоръженията с мотива, че следва да се защитава единствено националната, а не някоя чуждестранна икономика, тъй като това представлява чисто икономически мотив, който не е признат като заслужаващ защита в контекста на основните свободи? в) Следва ли закрепените в разпоредбите на Договора за ЕО съображения, които обосновават ограничение на свободата на установяване, и по-специално принципът на пропорционалност, да се тълкуват в смисъл, че извършеното съгласно правото на една държава членка общо разграничение между националните и чуждестранните разрешения за съоръжения е във всички случаи незаконосъобразно, поради обстоятелството че експлоатацията на съоръжение, разрешено в държавата членка по установяване, трябва да се преценява от националните юрисдикции на друга държава членка във всеки отделен случай с оглед на действителните рискове от експлоатацията ѝ за обществения ред, обществената сигурност или общественото здраве или с оглед на други допустими императивни съображения от обществен интерес? г) Следва ли с оглед на принципа на пропорционалност, който трябва да се преценява в контекста на съображенията, обосноваващи засягане на свободата на установяване, юрисдикциите на държава членка да разглеждат предоставеното в държавата членка по установяване разрешение за експлоатация на съоръжение по същия начин като национално разрешение за съоръжение, щом предоставеното в държавата членка по установяване разрешение от правна гледна точка е по същество равностойно на национално разрешение за съоръжение? д) Отразява ли се върху преценката на предходните въпроси и в контекста на свободата на установяване обстоятелството, че разрешеното в държавата членка по установяване съоръжение е атомна електроцентрала, щом в друга държава членка, където има висящо производство за преустановяване на нарушение във връзка с опасения от вредни въздействия от атомна електроцентрала, експлоатацията на този тип съоръжения е забранена per se, макар че там се експлоатират други ядрени съоръжения? е) Ако описаното в буква а) от въпрос 2 по-горе тълкуване на националното право нарушава член 43 ЕО, следва ли юрисдикциите на държавата членка, пред които е висящо такова производство за преустановяване на нарушение, да тълкуват националното право в съответствие с общностното право, така че изразът „съоръжение, за което е издадено административно разрешение“ да обхваща както националните, така и чуждестранните разрешения за експлоатация, предоставени от административните органи на други държави членки? 3) а) Представлява ли забранена от член 12 ЕО непряка дискриминация, основана на гражданството, обстоятелството, че в рамките на предявен от частни лица иск за преустановяване на нарушение от дадено съоръжение юрисдикциите на държава членка вземат предвид предоставеното от националните административни органи разрешение за въпросното съоръжение, което води до изключване на правото срещу това съоръжение да се получи съдебно разпореждане за преустановяване на експлоатацията или за приспособяване [към техническите правила в държавата на съда], докато в рамките на такъв иск тези юрисдикции не вземат предвид разрешенията за експлоатация, предоставени в други държави членки от административните органи на посочените държави членки? б) Попада ли подобна дискриминация в приложното поле на Договора за ЕО предвид обстоятелството, че тя засяга правните условия, при които експлоатиращите такива инсталации предприятия могат да се установят в държава членка, както и правните условия, при които тези предприятия произвеждат електричество и го доставят в други държави членки, така че е налице поне непряка връзка с осъществяването на основните свободи? в) Може ли такава дискриминация да бъде обоснована с обективни съображения, доколкото съответните юрисдикции на държавата членка не пристъпват към преценка за всеки отделен случай на обстоятелствата, на които се основава разрешението за съоръжението в държавата членка по установяване? Не би ли съответствало на принципа на пропорционалност юрисдикциите на друга държава членка да вземат предвид чуждестранното разрешение, предоставено в държавата членка по установяване, при условие че поне от правна гледна точка това разрешение е по същество равностойно на национално разрешение за съоръжение? г) Ако описаното в буква а) от въпрос 3 по-горе тълкуване на националното право нарушава член 12 ЕО, следва ли юрисдикциите на държавата членка, пред които е висящо производство за преустановяване на нарушение, да тълкуват националното право в съответствие с общностното право, така че изразът „съоръжение, за което е издадено административно разрешение“ да обхваща както националните, така и чуждестранните разрешения за експлоатация, предоставени от административните органи на други държави членки? 4) а) Прилага ли се закрепеният в член 10 ЕО принцип за лоялно сътрудничество във връзка с приложението на общностното право и към отношенията между държавите членки? б) Следва ли от принципа за лоялно сътрудничество да се изведе заключението, че държавите членки не трябва взаимно да затрудняват и дори осуетяват суверенните си действия и че това се отнася по-специално до съответните им решения относно планирането, изграждането и експлоатацията на ядрени съоръжения на тяхна територия? в) Ако описаното в буква а) от въпрос 4 по-горе тълкуване на националното право нарушава член 10 ЕО, следва ли юрисдикциите на държавата членка, пред които е висящо такова производство за преустановяване на нарушение, да тълкуват националното право в съответствие с общностното право, така че изразът „съоръжение, за което е издадено административно разрешение“ да обхваща както националните, така и чуждестранните разрешения за експлоатация, предоставени от административните органи на други държави членки?“ Предварителна бележка Според австрийското правителство запитващата юрисдикция не представяла точна информация за член 364а от ABGB. Съдебната практика всъщност показвала, че издадените в Австрия разрешения също не попадат в приложното поле на тази разпоредба, когато са приети след процедура, в която на съседа не е признато качеството на страна, или при наличие на нарушения или на сериозна опасност за живота или за здравето. Следователно описаната от запитващата юрисдикция разлика в третирането не била установена. Land Oberösterreich изтъква, че обратно на това, което произтича от акта за преюдициално запитване, изразът „съоръжение, за което е издадено административно разрешение“, съдържащ се в член 364а от ABGB, може да се прилага и за разрешенията, издадени от органите на друга държава. Такъв би бил случаят, когато вредното въздействие е позволено от международното право, условията за издаване на разрешение в държавата по установяване са равностойни на предвидените в държавата на съда и собственикът на застрашения имот е имал възможност да участва в процедурата по издаване на разрешение като страна. В случая обаче било безспорно, че съгласно австрийското право не може да се даде разрешение за атомна електроцентрала, че издаденото разрешение на ČEZ не съответства нито на техническите стандарти, нито на процесуалните изисквания, действащи към този момент, както и че Land Oberösterreich не е могла да участва в съответната процедура по издаване на разрешение. В това отношение трябва обаче да се припомни, че Съдът не следва да се произнася по тълкуването на национални разпоредби, тъй като това тълкуване попада в изключителната компетентност на националните юрисдикции. Така, когато Съдът е сезиран с преюдициално запитване от национална юрисдикция, той трябва да се придържа към тълкуването на националното право, което му е изложила националната юрисдикция (в този смисъл вж. по-специално Решение от 2 октомври 2008 г. по дело Heinrich Bauer Verlag, C-360/06, Сборник, стр. I-7333, точка 15 и цитираната съдебна практика). По преюдициалните въпроси Предварителни съображения Както следва от самия текст на преюдициалните въпроси, при формулирането им запитващата юрисдикция изхожда от предпоставката, според която решението, което тя евентуално следва да постанови и чиято последица би била да принуди ČEZ да приспособи атомната електроцентрала Темелин или дори да преустанови експлоатацията ѝ, при условие че не е в състояние да направи изискваните промени, би се ползвало със силата, която притежават във всички държави членки съдебните решения, постановени в съответствие с разпоредбите на Регламент № 44/2001. В становището си чешкото правителство повдига две възражения срещу основателността на тази предпоставка. На първо място, то оспорва приложимостта на разпоредбите на Регламент № 44/2001 по отношение на така очертаното съдебно решение. Член 66, параграф 1 от посочения регламент всъщност изключвал по принцип такава приложимост по отношение на съдебни производства, които, подобно на главното производство, са образувани преди влизането в сила на този регламент. Освен това в случая не намирало приложение нито едно от двете изключения, предвидени в параграф 2 от същия член. От една страна, в действителност искът по главното производство не бил предявен след влизането в сила на Конвенцията от 27 септември 1968 година относно компетентността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела ( ОВ L 299, 1972 г., стр. 32 ; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 10, стр. 3) между съответните две държави, тъй като Чешката репу-блика не е била страна по тази конвенция при предявяването на иска. От друга страна, в случая компетентността на австрийските юрисдикции произтичала не от правилата за компетентност съобразно съдържащите се в глава II от този регламент правила, а от чисто вътрешно правило за компетентност, основано на местожителството на ищеца по главното производство. На второ място, чешкото правителство поддържа, че дори да се допусне, че разпоредбите на Регламент № 44/2001 са приложими, член 34, точка 1 от този регламент, който предвижда, че съдебно решение не се признава, ако признаването явно противоречи на обществения ред в държавата членка, в която то се иска, в случая намирал приложение пред чешките юрисдикции. При все това предвид предстоящия отговор на въпросите, поставени от запитващата юрисдикция, Съдът не следва да се произнася по така формулираните възражения на чешкото правителство, нито по-общо по тълкуването на разпоредбите на Регламент № 44/2001. По допустимостта на преюдициалните въпроси Land Oberösterreich поддържа, че преюдициалните въпроси са недопустими на две основания. От една страна, прекомерната дължина на посочените въпроси, както и обстоятелството, че в тях се посочват множе-ство доводи и фактически елементи, водели до невъзможност да се формулират ясни отговори. В това отношение Съдът обаче констатира, че естеството на правните и фактическите обстоятелства, които се съдържат както в мотивите на акта за преюдициално запитване, така и в текста на преюдициалните въпроси, му позволява да упражни възложената му компетентност. От друга страна, Land Oberösterreich поддържа, че не съществува достатъчна връзка между разглежданата в главното производство ситуация и общностното право, така че преюдициалните въпроси имали изкуствен или хипотетичен характер. В това отношение е важно да се подчертае, че въпросът дали ситуация като тази в главното производство попада в приложното поле на посочените от запитващата юрисдикция общностни разпоредби е въпрос по съществото на делото, свързан с тълкуването на последните, така че евентуалните съмнения в това отношение не могат да засегнат допустимостта на преюдициалните въпроси. От това следва, че преюдициалното запитване е допустимо. По идентифицирането на общностните разпоредби, чието тълкуване се иска В своя акт за преюдициално запитване запитващата юрисдикция изразява съмненията си относно съответствието на член 364а от ABGB с общностното право с оглед на различното третиране, което тази разпоредба въвежда, от една страна, между предприятията, притежаващи съоръжение, за което е издадено административно разрешение в Австрия, и срещу които не може да се предяви иск, евентуално превантивен, за преустановяване на вредното въздействие от страна на съседите, и от друга страна, предприятие, което подобно на ČEZ притежава съоръжение, в случая атомна електроцентрала, за което е издадено разрешение от компетентните органи на друга държава членка, и срещу което предприятие може да бъде предявен такъв иск за преустановяване на вредно въздействие. В това отношение запитващата юрисдикция идентифицира по-специално четири разпоредби от Договора за ЕО, които според нея биха могли да се противопоставят на подобна разлика в третирането, а именно съответно членове 10 ЕО, 12 ЕО, 28 ЕО и 43 ЕО. Становища, представени на Съда Без да се засягат становищата, които те впрочем поддържат по отношение на гореспоменатите четири разпоредби от Договора за ЕО, ČEZ, чешкото, френското и полското правителство, както и Комисията твърдят, че различни разпоредби от Договора за Евратом и от приетата въз основа на него правна уредба са релевантни с оглед на така очертаната от запитващата юрисдикция проблематика. Като счита, че разглежданата в главното производство разлика в третирането е забранена на основание член 12 ЕО, в това отношение Комисията по-специално твърди, че установената в тази разпоредба забрана за дискриминация, основана на гражданство, съставлява общ принцип, който се прилага и в рамките на Договора за Евратом, или че най-малкото обстоятелството, че е налице предприятие, което попада в приложното поле на Договора за Евратом, подкрепя тезата, че за това предприятие се прилага член 12 ЕО. По-конкретно, от членове 30—32 АЕ и Директива 96/29, както и от член 37 АЕ следвало, че разглежданата в главното производство ситуация попада в сферата на Договора за Евратом. По време на съдебното заседание Комисията пояснява по-специално в това отношение, че ако държава членка изключва възможността да бъде уважен иск за превантивно преустановяване на вредно въздействие, когато за дейността, стояща в основата на нарушението, е издадено административно разрешение, тази държава членка не може да допусне такъв иск, когато въпросната дейност е на атомна електроцентрала, установена в друга държава членка, където за нея е издадено административно разрешение. Всъщност според Комисията подобна разлика в третирането не може да бъде обоснована, по-специално доколкото наличието на такова разрешение — въз основа на правото, произтичащо от Договора за Евратом — показва, че спазването на допустимите стойности относно излагането на йонизиращо лъчение в рамките на нормална експлоатация е било надлежно проверено и е предмет на постоянен надзор. Според чешкото правителство в главното производство се прилагат членове 30—39 АЕ, както и членове 7, 8 и 14 от Конвенцията за ядрена безопасност. Проверката от страна на австрийските юрисдикции на разрешението, издадено за експлоатацията на атомната електроцентрала Темелин от Съвета за ядрена безопасност — чешкия национален орган, определен в съответствие с член 8 от посочената конвенция — нарушавала горепосочените разпоредби, и по-специално признатите на този национален орган правомощия, както и следователно член 192 АЕ. Всички тези разпоредби предполагали по-конкретно задължение за взаимно доверие между държавите членки относно издадените от тях разрешения и надзора, който упражняват. Според твърдението на ČEZ в съдебното заседание обстоятелството, че австрийска юрисдикция извършва преценка на издаденото от компетентния чешки орган административно разрешение или на безопасността на атомната електроцентрала Темелин, засяга компетентността на Чешката репу-блика, така както е призната от Конвенцията за ядрена безопасност, и нарушава както посочената конвенция, така и принципа на лоялност, изведен в член 192 АЕ. Полското правителство счита, че членове 30—39 АЕ, Директива 96/29, и по специално член 4, параграф 1, буква а) и членове 13, 44 и 45 от нея, както и Конвенцията за ядрена безопасност, по-конкретно членове 7, 14 и 15 от нея, установяват хармонизирани минимални стандарти в областта на допустимите дози на излъчване на йонизиращо лъчение, които трябва да спазва всяка атомна електроцентрала, за да може да получи разрешение за експлоатация. Посочените разпоредби предвиждали и извършване на редовни оценки на безопасността и на проверки с помощта на анализ, наблюдения, изпитания и инспектиране, и позволявали както на Комисията, чрез проверки на място и посредством информацията, която трябва да ѝ се съобщава, така и на съседните държави членки, чрез консултации между страните и предоставяне на информация, да извършват оценка на дейността на атомните електроцентрали. При тези условия запитващата юрисдикция трябвало само да провери дали ČEZ притежава разрешение за атомната електроцентрала Темелин, за да не наруши член 192 АЕ. След като встъпва в процеса в устната фаза на производството, френското правителство твърди, че в рамките на настоящото дело трябва да се вземат предвид членове 30—32 АЕ, 33 АЕ, 35 АЕ, 37 АЕ и 38 АЕ, разглеждани в светлината на практиката на Съда, както и Директива 96/29, чиято специфична цел е да очертаят рамка, която да позволи предпазване на населението от рисковете, свързани с ядрените съоръжения. Посоченото правителство освен това подчертава, че условията на функциониране на атомната електроцентрала Темелин са били предмет на задълбочен контрол от страна на Комисията през процеса на присъединяване, като експлоатацията ѝ не е поставена под въпрос по този повод. Френското правителство изтъква и проверките, извършени от Комисията, и положителното становище на последната, споменати в точки 47 и 48 от настоящото решение. Според същото правителство така установената от Договора за Евратом рамка не допуска възможността юрисдикция на държава членка да разпореди на експлоатиращия атомна електроцентрала — която се експлоатира в друга държава членка в съответствие с изискванията, произтичащи от свързаната с посочената рамка правна уредба — да приспособи или да преустанови дейността на тази електроцентрала. Освен това по време на съдебното заседание полското и френското правителство посочват, че споделят гледната точка на Комисията, според която установеният в член 12 ЕО принцип на недопускане на дискриминация, основана на гражданство, съставлява общ принцип, който се прилага и в областта на Договора за Евратом. Според тези правителства в случая посоченият принцип бил нарушен от произтичащата от член 364a от ABGB разлика в третирането по отношение на атомните електроцентрали с разрешение, издадено в държава членка, различна от Република Австрия, при спазване на стандартите, предмет на минимална общностна хармонизация. Съображения на Съда Обстоятелството, че от формална гледна точка националната юрисдикция е формулирала преюдициалния въпрос чрез позоваване на определени разпоредби на общностното право, не пречи на Съда да предостави на тази юрисдикция всички насоки за тълкуване, които могат да бъдат полезни за решаване на делото, с което е сезирана, независимо дали е направено позоваване в изложението на въпросите (вж. по-специално Решение от 15 септември 2005 г. по дело Ioannidis, C-258/04, Recueil, стр. I-8275 , точка 20 и цитираната съдебна практика, както и Решение от по дело Ritter-Coulais, C-152/03, Recueil, стр. I-1711 , точка 29 и цитираната съдебна практика). В това отношение Съдът е длъжен да извлече от цялата информация, предоставена от националния съд, и по-специално от мотивите на акта за преюдициално запитване, въпросите на общностното право, които изискват тълкуване, като се вземе предвид предметът на спора (вж. по-специално Решение от по дело Tissier, 35/85, Recueil, стр. 1207 , точка 9). В случая в самото начало следва да се отбележи, че спорът в главното производство по същество се отнася да въпроса дали индустриална дейност, състояща се в експлоатация на атомна електроцентрала, може да се преследва по съдебен ред и евентуално какви технически условия могат да се наложат на такава електроцентрала поради вредни въздействия или опасност от вредни въздействия, за които се твърди, че засягат поземлени имоти, намиращи се в друга държава членка, поради евентуалното им излагане на йонизиращото лъчение, произтичащо от тази електроцентрала. Поради своя предмет такава индустриална дейност обаче в значителна степен попада в приложното поле на Договора за Евратом и е безспорно, че последният съдържа и група правила именно относно защитата на населението и на околната среда от йонизиращото лъчение. Освен това следва да се подчертае, че на основание член 234 ЕО и член 150 АЕ Съдът разполага с идентична по своя характер компетентност за тълкуване на разпоредбите, свързани с Договора за ЕО и с Договора за Евратом. Обстоятелството, че от формална гледна точка запитващата юрисдикция е сезирала Съда на основание член 234 ЕО и иска от последния тълкуване на разпоредби от Договора за ЕО, не пречи на Съда да предостави на тази юрисдикция всички насоки за тълкуване, които могат да бъдат полезни за решаване на делото, с което е сезирана, включително когато те попадат в обхвата на Договора за Евратом и предполагат Съдът да се произнесе на основание на предоставената му по член 150 АЕ компетентност (вж. в този смисъл Решение от 15 януари 1986 г. по дело Hurd, 44/84, Recueil, стр. 29 , точки 1 и 14). В допълнение трябва да се припомни, че член 305, параграф 2 ЕО предвижда изрично, че разпоредбите на Договора за ЕО не дерогират тези на Договора за Евратом. В случая се оказва, че разглеждането на специфичните принципи и разпоредби, съдържащи се в Договора за Евратом и в някои актове, приети въз основа на последния, позволява — както ще бъде изложено по-нататък — да се отговори на въпросите, повдигнати от запитващата юрисдикция. По принципа за забрана на дискриминация, основана на гражданството, в приложното поле на Договора за Евратом По наличието на посочения принцип Следва да се припомни, че член 12 ЕО, на който се прави позоваване в третия преюдициален въпрос, забранява всяка дискриминация, основана на гражданство, в областта на прилагане на Договора за ЕО. Макар Договорът за Евратом да не съдържа изрична разпоредба, съответстваща на посочения член от Договора за ЕО, при все това, както Съдът подчертава съвсем рано, принципът, установен с член 12 ЕО, е част от „принципите“ на Общността и правилото за национален режим представлява една от основните правни разпоредби на последната (вж. по-специално Решение от 21 юни 1974 г. по дело Reyners, 2/74, Recueil, стр. 631 , точки 15 и 24). Посоченият член 12, който забранява всяка дискриминация, основана на гражданство, впрочем представлява само специфичен израз на общия принцип на равенство, като самият принцип на равенство е един от основните принципи на общностното право (в този смисъл вж. по-специално Решение от 8 октомври 1980 г. по дело Überschär, 810/79, Recueil, стр. 2747 , точка 16 и Решение от по дело Комисия/Италия, C-224/00, Recueil, стр. I-2965 , точка 14). С оглед на гореизложеното става ясно, че противоречи както на целите, така и на съгласуваността на Договорите възможността в областта на прилагане на Договора за Евратом да се толерира дискриминация, основана на гражданството, която е забранена в приложното поле на Договора за ЕО на основание член 12 ЕО. Следва също така да се признае, че макар да е предвиден изрично само в член 12 ЕО, в областта на прилагане на общностното право принципът за забрана на всяка дискриминация, основана на гражданство, представлява общ принцип, който се прилага и в рамките на Договора за Евратом. По наличието в главното производство на разлика в третирането, основана на гражданство, в приложното поле на Договора за Евратом На първо място, съгласно постоянната съдебна практика правилата за равно третиране на собствени и на чужди граждани или юридически лица забраняват не само явната дискриминация, основана на гражданството или седалището, когато става въпрос за дружества, но и всички прикрити форми на дискриминация, които чрез прилагане на други разграничителни критерии фактически водят до същия резултат (вж. по-специално Решение от 13 юли 1993 г. по дело Commerzbank, C-330/91, Recueil, стр. I-4017 , точка 14 и Решение по дело Комисия/Италия, посочено по-горе, точка 15). В това отношение от акта за преюдициално запитване произтича, че член 364a от ABGB предвижда, че срещу предприятие, притежаващо индустриално съоръжение на австрийска територия, за което е издадено административно разрешение от компетентните австрийски органи, по принцип не може да се предяви иск на основание член 364, параграф 2 от ABGB, целящ преустановяване на вредни въздействия по отношение на имотите на съседите, които са предизвикани или съществува опасност да бъдат предизвикани от посоченото съоръжение. В този случай съсед на това съоръжение може да предяви иск само за поправяне на действително причинените на имота му вреди, дори ако последните произтичат от обстоятелства, които не са били взети предвид в процедурата за административно разрешение. Следователно член 364а от ABGB не прави никакво разграничение, нито с оглед на точното естество на индустриалната дейност, за която се експлоатира съоръжението, предмет на такова разрешение, нито с оглед на обстоятелствата, взети предвид в процедурата за издаване на разрешение. За сметка на това запитващата юрисдикция изтъква, че срещу предприятие, притежаващо, подобно на ČEZ, индустриално съоръжение на територията на друга държава членка, в която разполага с всички изискуеми административни разрешения, издадени от органите на тази държава членка, може да бъде предявен иск за преустановяване на вредни въздействия на основание член 364, параграф 2 от ABGB, без това предприятие да може да се позове на изключението, предвидено в това отношение в член 364а от ABGB. Безспорно е обаче, че предприятията, които експлоатират съоръжение, разположено в държава членка, различна от Република Австрия, обикновено са установени в тази друга държава членка. От това следва, че разликата в третирането, въведена с член 364, параграф 2 и член 364a от ABGB в ущърб на съоръженията, които притежават административно разрешение, издадено в държава членка, различна от Република Австрия, фактически води до същия резултат като разликата в третирането, основана на гражданство. На второ място, след като се установи посочената разлика в третирането, следва да се провери дали в случая тя се вписва в приложното поле на Договора за Евратом. В това отношение, макар несъмнено Договорът за Евратом да не съдържа дял, посветен на съоръженията за производство на ядрена енергия, все пак дял II от този договор, озаглавен „Разпоредби за поощряване напредъка в областта на ядрената енергетика“, съдържа глава 3, озаглавена „Здравеопазване и безопасност“, която цели да гарантира защитата на общественото здраве в ядрения сектор (вж. по-специално Решение от 29 март 1990 г. по дело Гърция/Съвет, C-62/88, Recueil, стр. I-1527 , точка 17). Съдът многократно е постановявал, че разпоредбите на посочената глава 3 трябва да се тълкуват широко, за да се гарантира полезното им действие (вж. по-специално Решение от 10 декември 2002 г. по дело Комисия/Съвет, C-29/99, Recueil, стр. I-11221 , точка 78). По този начин, след като отбелязва, че посочената глава 3 прилага член 2, буква б) АЕ, който възлага на Общността „да установява единни стандарти за сигурност с цел опазване здравето на работниците и на населението и да осигурява тяхното прилагане“, Съдът постановява по-конкретно, че тази защита не може да се постигне без контрол върху източниците на вредни лъчения (вж. Решение по дело Комисия/Съвет, посочено по-горе, точка 76). В точка 72 от Решение по дело Комисия/Съвет, посочено по-горе, Съдът — който е трябвало да се произнесе относно обхвата на общностната компетентност за целите на сключването на Конвенцията за ядрена безопасност — установява, че Общността разполага с компетентност, която дели с държавите членки, за да приеме на основание член 15 от посочената конвенция съответни мерки, за да осигури, че при всички експлоатационни състояния дозите на облъчване на персонала и населението, предизвикани от ядреното съоръжение, се поддържат на разумно постижимото ниско ниво и че нито едно физическо лице не получава дози на облъчване, превишаващи предписаните национални дозови предели. В точка 82 от същото Решение по дело Комисия/Съвет Съдът припомня и предходната съдебна практика, според която за да се определят границите на правомощията на Общността, не следва да се прави изкуствена разлика между защитата на здравето на населението и безопасността на източниците на йонизиращи лъчения. Съдът по-специално стига до заключение, че Общността разполага и с определена външна компетентност в областите, до които се отнасят членове 7, 14 и 16—19 от Конвенцията за ядрена безопасност, уреждащи съответно разрешителния режим, приложим за изграждането и експлоатацията на атомните електроцентрали, оценката и проверката на безопасността, аварийната готовност, избора на площадка, проектирането и изграждането на атомните електроцентрали, както и тяхната експлоатация. По отношение на член 7 от Конвенцията за ядрена безопасност Съдът по-специално е постановил, че макар Договорът за Евратом да не предоставя на Общността компетентността да разрешава изграждането или експлоатацията на ядрените съоръжения, на основание членове 30—32 АЕ същата, с цел защита на здравето, разполага с нормативна компетентност, за да установи разрешителен режим, който държавите членки трябва да прилагат. Всъщност подобен законодателен акт съставлява мярка, която допълва посочените в член 30 АЕ основни стандарти (Решение по дело Комисия/Съвет, посочено по-горе, точки 88 и 89). Освен това като тълкува член 37 АЕ — разпоредба, която следва да се приложи, за да се избегне опасността от радиоактивно замърсяване на водата, почвата или въздушното пространство на друга държава членка — Съдът постановява по-специално че посоченият член трябва да се тълкува в смисъл, че на Комисията трябва да се предоставят общите данни относно план за изхвърляне на радиоактивни отпадъци, преди това изхвърляне да бъде разрешено от компетентните органи на съответната държава членка. В това отношение Съдът отбелязва изключително голямото значение на насоките, които Комисията, след като се консултира с групата експерти, може да даде на тази държава членка, и че последната трябва да може да ги разгледа задълбочено при такива условия, които позволяват предложенията на Комисията да бъдат взети предвид преди издаването на разрешението (Решение от 22 септември 1988 г. по дело Land de Sarre и др., 187/87, Recueil, стр. 5013 , точки 12—16, както и Решение от по дело Комисия/Обединено кралство, C-61/03, Recueil, стр. I-2477 , точка 39). От всичко изложено по-горе следва, че издаването на административни разрешения за изграждането и за функционирането на ядрени съоръжения, в техния аспект, свързан със защитата на здравето срещу опасности за населението, произтичащи от йонизиращо лъчение, се вписва в приложното поле на Договора за Евратом. Целта на иска по главното производство обаче е да се определи дали последиците или опасността от последици от настоящо или бъдещо йонизиращо лъчение, произтичащо от атомната електроцентрала Темелин, независимо от издадените разрешения за тази централа обосновават разпореждане, според което ČEZ трябва да приспособи последната или дори да я затвори, с цел да се предотвратят или да се ограничат такива последици или опасности. От това следва, че що се отнася до иск като този по главното производство, посочената в точка 97 от настоящото решение разлика в третирането се вписва в приложното поле на Договора за Евратом. По наличието на обосновка В съответствие с практиката на Съда направената в точка 107 от настоящото решение констатация не е достатъчна, за да се изведе заключение за несъвместимост на посочените национални разпоредби със забраната за дискриминация, основана на гражданство, в приложното поле на Договора за Евратом. За тази цел е необходимо още да се провери дали това, че на основание член 364а от ABGB не се вземат предвид административните разрешения, издадени за ядрени съоръжения, които са разположени на територията на държави членки, различни от Република Австрия, и че за тези съоръжения се прилагат единствено разпоредбите на член 364, параграф 2 от ABGB, може да бъде обосновано от обективни съображения, несвързани с гражданството, и дали в такъв случай подобна разлика в третирането е пропорционална на преследваната легитимна цел (в този смисъл вж. по-специално, относно член 12 ЕО, Решение по дело Комисия/Италия, посочено по-горе, точка 20, Решение от 5 юни 2008 г. по дело Wood, C-164/07, Сборник, стр. I-4143, точка 13 и Решение от по дело Huber, C-524/06, Сборник, стр. I-9705, точка 75). Що се отнася, от една страна, до въпроса, поставен в буква б) от първия и от втория преюдициален въпрос, достатъчно е да се отбележи, че волята на австрийския законодател да вземе предвид интересите на националните икономически оператори, като изключи тези на икономическите оператори, установени в други държави членки, не може да се приеме за обосновка на разликата в третирането, произтичаща от разглежданото в главното производство законодателство. Точно както не могат да обосноват пречка пред основните принципи на свободно движение на стоки или на свободно предоставяне на услуги (вж. по-специално Решение от 28 април 1998 г. по дело Decker, C-120/95, Recueil, стр. I-1831 , точка 39 и Решение от по дело Kohll, C-158/96, Recueil, стр. I-1931 , точка 41), така цели от чисто икономическо естество не могат да обосноват дискриминация, основана на гражданство, в приложното поле на Договора за Евратом. Що се отнася, от друга страна, до обосновката, която би могла да се изведе от защитата на живота или на здравето, посочена от запитващата юрисдикция, или пък от защитата на околната среда или на правото на собственост, също изтъкнати от Land Oberösterreich, не изглежда, че те могат да обосноват разлика в третирането, като разглежданата в главното производство, между административните разрешения, издадени от австрийските органи за индустриални съоръжения, разположени в Австрия, и тези, които са предоставени от компетентните органи на друга държава членка за атомна електроцентрала, разположена на територията на последната държава. В това отношение следва най-напред да се подчертае, че както произтича от четвъртата алинея на преамбюла към Договора за Евратом, подписалите го държави са „загрижени да създадат условия за безопасност, необходима за премахването на опасностите за живота и здравето на населението“. От своя страна член 2, буква б) ЕО пояснява, че за да осъществи задачата си, при условията, предвидени в посочения договор, Общността трябва „да установява единни стандарти за сигурност с цел опазване здравето на работниците и на населението и да осигурява тяхното прилагане“. Такива условия, които са пояснени в членове 30—39 АЕ, съставляващи дял II, глава 3 от Договора за Евратом, имат за цел — като Съдът отбелязва по-рано — да осигурят съгласувана и ефикасна защита на здравето на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращо лъчение, независимо от неговия източник и независимо от категориите лица, които са изложени на тези облъчвания (Решение от 4 октомври 1991 г. по дело Парламент/Съвет, C-70/88, Recueil, стр. I-4529 , точки 13 и 14). Членове 30 АЕ и 31 АЕ предвиждат по-конкретно задължение за Общността, след като получи становището на група научни експерти, да приеме основни стандарти за опазване здравето на населението срещу опасностите, произтичащи от йонизиращите лъчения. Както произтича от член 33, първа алинея АЕ, всяка държава членка приема съответните законови, подзаконови и административни разпоредби, за да осигури спазването на така установените от Комисията основни стандарти. Същият член, втора алинея обаче предоставя на Комисията компетентност да отправя съответни препоръки за хармонизиране на разпоредбите, приложими от държавите членки в тази област. Както пояснява Съдът, това правомощие да отправя препоръки може да намери приложение по-специално при аспектите, свързани с проектирането и с изграждането, както и с експлоатацията на ядрено съоръжение, които позволяват да се гарантира спазването на основните стандарти. Освен това от своя страна държавите членки са длъжни да съдействат за изготвянето на тези препоръки, чрез посочените в член 33, трета алинея АЕ съобщения (Решение по дело Комисия/Съвет, посочено по-горе, точка 105). Посочените основни стандарти, които трябва да се ръководят по-специално от принципа на оптимизация на защитата (вж. в този смисъл Решение от 25 ноември 1992 г. по дело Комисия/Белгия, C-376/90, Recueil, стр. I-6153 , точка 27) и които са изменяни многократно, за да се отчете развитието на научното познание в областта на радиоактивната защита, са установени в Директива 96/29. Както следва от точки 23—34 от настоящото решение, Директива 96/29 съдържа също различни разпоредби, свързани с разрешителните режими, с надзора, с проверките и с намесата при радиационни аварии — разпоредби, които трябва да бъдат въведени от държавите членки по отношение на практики, включващи риск от йонизиращо лъчение за населението. На второ място следва да се подчертае, че установеният от Договора за Евратом правен механизъм за защита на здравето, не се ограничава до това да предпише основни стандарти, а включва и една значителна част, свързана с контрола за тяхното спазване, както и с постоянно наблюдение на нивото на радиоактивността във въздуха, водата и почвата. Разпоредбите на дял II, глава 3 от посочения договор всъщност образуват едно организирано цяло, с което на Комисията се предоставят достатъчно широки правомощия за защитата на населението и околната среда срещу опасност от ядрено замърсяване (вж. посочените по-горе Решение по дело Land de Sarre и др., точка 11 и Решение по дело Комисия/Съвет, точка 79). Такъв по-специално е предметът на членове 35—38 АЕ, които както Съдът посочва по-рано, предоставят по-конкретно на Комисията значителни правомощия (Решение по дело Комисия/Обединено кралство, посочено по-горе, точка 35). Така член 35 АЕ задължава държавите членки да създадат необходимите съоръжения за осъществяването на постоянно наблюдение на нивото на радиоактивността във въздуха, водата и почвата и да осигури спазването на основните стандарти. По силата на член 35, втора алинея АЕ на Комисията се признава право на достъп до тези съоръжения, за да проверява тяхното функциониране и ефективност. Освен това член 36 АЕ предвижда задължение на компетентните национални органи да предоставят периодично информация на Комисията относно проверките, посочени в член 35, така че тази институция да бъде информирана за нивото на радиоактивност, което може да окаже влияние върху населението. Както е видно от точка 47 от настоящото решение, през 2004 г. и 2005 г. Комисията извършва проверки в Темелин в приложение на член 35 АЕ. Както бе напомнено в точка 104 от настоящото решение, член 37 АЕ цели да се избегне опасността от радиоактивно замърсяване на водата, почвата или въздушното пространство на друга държава членка. По силата на тази разпоредба общите данни относно план за изхвърляне на радиоактивни отпадъци трябва да се предоставят на Комисията, преди това изхвърляне да бъде разрешено от компетентните органи на съответната държава членка, за да се даде възможност на посочената държава членка да се запознае с насоките, които Комисията може да ѝ даде, след като се консултира с групата експерти, и да ги разгледа задълбочено при такива условия, които позволяват предложенията на Комисията да бъдат взети предвид преди издаването на разрешението. Съдът вече е подчертал в това отношение значението на ролята на Комисията в тази област, която единствено има общ поглед върху развитието на дейностите в ядрения сектор на цялата територия на Общността (Решение по дело Land de Sarre и др., посочено по-горе, точки 12 и 13). Както бе посочено в точка 48 от настоящото решение, в съответствие с член 37 от Договора за Евратом на 24 ноември 2005 г. Комисията приема становище, съгласно което тази институция стига до заключение, че изпълнението на плана за изхвърляне на радиоактивни отпадъци под каквато и да било форма, произтичащо от изменения на площадката на атомната електроцентрала Темелин, както при нормална работа, така и в случай на инцидент от вида и с мащабите, посочени в общите данни, няма вероятност да доведе до значително радиоактивно замърсяване от здравна гледна точка на водите, почвата или въздушното пространство на друга държава членка. Накрая, член 38 АЕ предоставя на Комисията правомощие, от една страна, да отправя препоръки до държавите членки относно нивото на радиоактивност във въздуха, водата и почвата, и от друга страна, да приема в спешни случаи директива, която изисква от съответната държава членка да вземе в срок, посочен от Комисията, всички необходими мерки за предотвратяване на превишаването на основни стандарти и осигуряване на спазването на разпоредбите. Ако въпросната държава не спази директивата на Комисията в определения срок, Комисията или която и да е заинтересована държава членка може незабавно, като изключение от разпоредбите на членове 141 и 142, да сезира Съда. На трето място, следва да се припомни, че както Европейската общност за атомна енергия, така и нейните държави членки, са страни по Конвенцията за ядрена безопасност, която съгласно член 1, подточка ii) има за цел по-специално „да се създадат и поддържат в ядрените съоръжения ефективни средства за защита от потенциална радиационна опасност с цел да се защитят отделните лица, обществото като цяло и околната среда от вредното въздействие на йонизиращите лъчения от такива съоръжения“. В това отношение член 15 от посочената конвенция предвижда, че всяка договаряща се страна приема съответни мерки да осигури, че при всички експлоатационни състояния дозите на облъчване на персонала и населението, предизвикани от ядреното съоръжение, се поддържат на разумно постижимото ниско ниво. Освен това подточка iii) от преамбюла на тази конвенция отново потвърждава, че „отговорността за ядрената безопасност носи държавата, под юрисдикцията на която се намира ядреното съоръжение“, докато съгласно член 7, параграф 2 от същата конвенция всяка договаряща се страна е длъжна по-специално да създаде законодателна и регулираща основа, която да включва по-конкретно система за лицензиране по отношение на ядрените съоръжения и забрана на експлоатацията на ядрени съоръжения без разрешение, система на регулиращи инспекции и оценки за определяне на съответствието на ядрените съоръжения с прилаганите нормативни актове и условията на разрешенията, както и мерки за осигуряване изпълнението на съответните нормативни актове и условията на разрешенията. На четвърто място, следва да се припомни, че както бе посочено в точки 45 и 46 от настоящото решение, в рамките на преговорите, довели до присъединяването на десетте нови държави членки към Европейския съюз на 1 май 2004 г., въпросите относно безопасността на атомните електроцентрали на тези държави, включително централата Темелин, са били проверени от Комисията, в резултат от което са изготвени общностни препоръки за подобряването им, за да достигнат ниво на ядрена безопасност, сходно със съществуващото в Европейския съюз за сходни реактори — препоръки, за чието ефективно изпълнение впоследствие следят Комисията и Съветът. Важно е да се подчертае също, че при лошо функциониране на системата за защита, установена съгласно Договора за Евратом, държавите членки разполагат с различни възможности за действие, за да постигнат корекциите, които могат да се окажат необходими в това отношение. На първо място, член 32 АЕ дава право на всяка държава членка да поиска преразглеждане или допълване на основните стандарти, установени съгласно членове 30 АЕ и 31 АЕ — искане, което при такъв случай Комисия та е длъжна да разгледа. На следващо място, съгласно член 142 АЕ всяка от държавите членки може да сезира Съда, ако счита, че друга държава членка не е изпълнила някое от задълженията, произтичащо от Договора за Евратом. При описаните в член 38 АЕ спешни случаи това сезиране дори може да стане незабавно. На последно място, членове 145—149 АЕ предвиждат, подобно на съответните разпоредби от Договора за ЕО, механизми за съдебен контрол както на законосъобразността на актовете на Съвета или на Комисията, така и на случаите, в които тези институции не се произнасят в нарушение на Договора за Евратом. При тези условия следва да се констатира, че когато държава членка е приела вътрешна разпоредба, която подобно на член 364а от ABGB — както посочва запитващата юрисдикция — прегражда възможността за предявяване на иск за преустановяване на вредно въздействие, когато нарушението или твърдяната опасност от нарушение произтичат от индустриално съоръжение, за което има издадено административно разрешение, посочената държава членка не може да изключи по принцип от приложното поле на такава разпоредба разрешенията, издадени за ядрени съоръжения, разположени в други държави членки, като твърди, че това изключение е обосновано по съображения за защита на живота, на общественото здраве, на околната среда или на правото на собственост. Всъщност подобно изключване напълно пренебрегва обстоятелството, че общностната правна уредба, както е описана в точки 111—134 от настоящото решение и в която частично се вписват такива разрешения, допринася съществено именно за осигуряването на такава защита. Посоченото изключване не може да се квалифицира и като необходимо за постигането на посочените цели за защита, а следователно не може и да се приеме, че отговаря на изискването за пропорционалност. По задължението за тълкуване на националното право по начин, който да гарантира съответствието му с общностното право Както е видно по-специално от първия въпрос, буква е), втория въпрос, буква е), третия въпрос, буква г) и четвъртия въпрос, буква в), запитващата юрисдикция иска да се установят и последиците, до които може да доведе евентуално несъответствие с общностното право на възприетото понастоящем тълкуване от националните юрисдикции по отношение на разглежданата в главното производство правна уредба. В това отношение следва да се припомни, че съгласно постоянната съдебна практика по член 10 ЕО, която намира приложение и по отношение на член 192 АЕ, задължението на държавите членки по силата на тези разпоредби да предприемат всички необходими мерки, общи или специални, годни да осигурят изпълнението на произтичащите от общностното право задължения, тежи върху всички органи на държавите членки, включително върху съдебните органи в рамките на тяхната компетентност. Така националната юрисдикция трябва, доколкото е възможно, да даде на приложимия вътрешен закон тълкуване, което е в съответствие с изискванията на общностното право. Ако такова прилагане в съответствие с изискванията на общностното право не е възможно, националната юрисдикция има задължението да приложи общностното право в неговата цялост и да защити правата, които то предоставя на частноправните субекти, като при необходимост оставя без приложение всяка разпоредба, чието прилагане в конкретния случай би довело до противоречие с общностното право (вж. по-специално Решение от 4 февруари 1988 г. по дело Murphy и др., 157/86, Recueil, стр. 673 , точка 11, както и Решение от по дело Engelbrecht, C-262/97, Recueil, стр. I-7321 , точки 38—40). С оглед на всичко изложено по-горе на поставените въпроси следва да се отговори, че принципът за забрана на дискриминация, основана на гражданството, в приложното поле на Договора за Евратом, не допуска прилагането на правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, по силата на която срещу предприятие, което притежава необходимите административни разрешения за експлоатация на атомна електроцентрала, разположена на територията на друга държава членка, може да бъде предявен съдебен иск за преустановяване на вредни въздействия или на опасност от вредни въздействия, произтичащи от това съоръжение, по отношение на съседни имоти, докато срещу предприятията, които имат индустриални съоръжения в държавата членка на съда и които се ползват от административно разрешение в тази държава, не може да се предяви такъв иск, а само иск за обезщетение на вреди, нанесени на съседен имот. Следва да се отговори също, че националната юрисдикция трябва, доколкото е възможно, да даде на приложимия вътрешен закон тълкуване, което е в съответствие с изискванията на общностното право. Ако такова прилагане в съответствие с изискванията на общностното право не е възможно, националната юрисдикция има задължението да приложи общностното право в неговата цялост и да защити правата, които то предоставя на частноправните субекти, като при необходимост оставя без приложение всяка разпоредба, чието прилагане в конкретния случай би довело до противоречие с общностното право. По съдебните разноски С оглед на обстоятелството, че за страните по главното производство настоящото дело представлява отклонение от обичайния ход на производството пред запитващата юрисдикция, последната следва да се произнесе по съдебните разноски. Разходите, направени за представяне на становища пред Съда, различни от тези на посочените страни, не подлежат на възстановяване. По изложените съображения Съдът (голям състав) реши: 1) В приложното поле на Договора за Евратом принципът за забрана на дискриминация, основана на гражданството, не допуска прилагането на правна уредба на държава членка като разглежданата в главното производство, по силата на която срещу предприятие, притежаващо необходимите административни разрешения за експлоатация на атомна електроцентрала, разположена на територията на друга държава членка, може да бъде предявен съдебен иск за преустановяване на вредни въздействия или на опасност от вредни въздействия, произтичащи от това съоръжение, по отношение на съседни имоти, докато срещу предприятията, които имат индустриални съоръжения в държавата членка на съда и които се ползват от административно разрешение в тази държава, не може да се предяви такъв иск, а само иск за обезщетение на вреди, нанесени на съседен имот. 2) Националната юрисдикция трябва, доколкото е възможно, да даде на приложимия вътрешен закон тълкуване, което е в съответствие с изискванията на общностното право. Ако такова прилагане в съответствие с изискванията на общностното право не е възможно, националната юрисдикция има задължението да приложи общностното право в неговата цялост и да защити правата, които то предоставя на частноправните субекти, като при необходимост оставя без приложение всяка разпоредба, чието прилагане в конкретния случай би довело до противоречие с общностното право. Подписи ( *1 ) Език на производството: немски.